El Gobierno inyecta 25 millones para Alta Dirección e incentivos al rendimiento

Según el informe oficial de la Intervención General del Estado sobre las modificaciones operadas en los Presupuestos de 2012, el Gobierno ha ampliado en el transcurso del año en 5,5 millones de euros la partida destinada a retribuir a la denominada Alta Dirección.

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En los diez primeros meses del año, Hacienda admite haberse ahorrado más de 183 millones de euros con la congelación de los sueldos de los funcionarios y la no reposición de las vacantes generadas por jubilación u otras circunstancias en la inmensa mayoría de cuerpos de la Administración.

Esta cifra se multiplicará cuando se contabilice el mes de diciembre y se aprecie el impacto final sobre la cuenta de gastos de personal de la Administración del Estado de la supresión de la paga extra de Navidad de los empleados públicos, que algunos sindicatos estiman en más de 1.000 millones de euros.

Tanto este Gobierno como su predecesor llevan ya cuatro ejercicios consecutivos rascando en la nómina de los funcionarios en busca de nuevos ahorros que permitan rebajar la gravosa cuenta de gastos de personal, que cada año le cuesta a las arcas públicas unos 27.000 millones de euros y que se resiste a bajar pese a las medidas adoptadas.

Sin embargo, ese rigor no parece estar aplicándose con igual celo en otros ámbitos.

Según el informe oficial de la Intervención General del Estado sobre las modificaciones operadas en los Presupuestos de 2012, el Gobierno ha ampliado en el transcurso del año en 5,5 millones de euros la partida destinada a retribuir a la denominada Alta Dirección.

¿Qué es la Alta Dirección? Por un parte, las altas instituciones del Estado, es decir, la Casa Real, las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el área de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado residenciada en el Ministerio de la Presidencia.

Por otra, la tupida red de organismos y cuerpos asesores vinculados a la Presidencia del Gobierno.

Aquí se incluye la propia infraestructura de Presidencia, el Consejo de Estado, el Departamento de Relaciones con las Cortes del Gobierno y la retribución a los asesores presidenciales en materia social, económica, laboral y de relaciones exteriores.

En total, unos 2.500 empleados públicos, de los cuales medio centenar tiene rango de alto cargo del Estado.

El informe de la IGAE no especifica el porqué o los porqués de este incremento adicional de los créditos destinados a la Alta Dirección del Estado, y el Ministerio de Hacienda, requerido por este medio, ha rehusado dar explicaciones sobre el particular.

Lo que dicen los datos es que esta ampliación de crédito ha desactivado la mitad del ajuste impuesto en el capítulo de Alta Dirección en las medidas adicionales de recorte presupuestario del mes de julio.

Y también que ha elevado el coste de un capítulo que se había logrado llevar al entorno de los 400 millones hasta los 408,7 millones de euros.

No es el único capítulo relacionado con retribuciones de empleados públicos que ha sido corregido al alza en los últimos meses.

La información proporcionada por la IGAE también revela un incremento de más de 20 millones de euros (3%) en la partida de incentivos al rendimiento, esos premios a la productividad que se reparten en función de la decisión de los responsables de departamento.

Su naturaleza arbitraria, en el sentido de que no se reparten en función de ningún criterio objetivo estipulado, es lo que los hace especialmente controvertidos, particularmente a ojos de las organizaciones sindicales que se han opuesto históricamente al ensanchamiento de esta partida.

¿Por qué? Porque se pueden repartir indistintamente entre funcionarios, personal laboral o eventuales nombrados a dedo y porque pueden dar lugar a su reparto en función de factores no estrictamente profesionales o no estrictamente relacionados con la productividad.

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