Subvención al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria

 20/11/2026
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Real Decreto 1020/2026, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria para el programa “Sandbox AgriFoodTech”, con cargo al ejercicio 2026 (BOE de 20 de noviembre de 2026). Texto completo.

REAL DECRETO 1020/2026, DE 18 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL PROGRAMA “SANDBOX AGRIFOODTECH”, CON CARGO AL EJERCICIO 2026.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (en adelante MICIU), creado a través del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre , por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluyendo la investigación científica, así como de la política del Gobierno en materia de universidades y las actividades que a estas les son propias.

De acuerdo con el Real Decreto 472/2024, de 7 de mayo , por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del MICIU, a este departamento le corresponde la coordinación de actividades de promoción de ámbitos estratégicos en materia de innovación, así como el impulso de programas conjuntos con Comunidades Autónomas y Entidades Locales en materia de innovación, sin perjuicio de las competencias de otros órganos del departamento.

Por otro lado, la disposición adicional trigésima primera de la ley de la Ciencia establece que, con el fin de fomentar la investigación y la innovación de vanguardia, el Gobierno y las Comunidades Autónomas en sus ámbitos de competencia podrán establecer bancos de pruebas regulatorios que permitan la ejecución de proyectos pilotos de I+D+I con arreglo a un marco normativo y administrativo adecuados, para garantizar el respeto a la legalidad y la competitividad internacional del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cabe mencionar también que, a efectos del otorgamiento de financiación pública para su construcción y mejora, los espacios de experimentación de proyectos piloto de I+D+I podrán ser considerados infraestructuras de ensayo y experimentación de acuerdo con la Comunicación de la Comisión: Marco sobre ayudas estatales de investigación, de desarrollo e innovación de 28 de octubre de 2022 (2022/C 414/01). Se encaja así legalmente la posibilidad de financiar estos espacios de experimentación en el sector de I+D+I, cumpliendo los preceptos contenidos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La brecha tecnológica, con potencias como Estados Unidos y China, se agranda, y el sector agroalimentario no es una excepción. Es un sector donde la adopción de tecnologías emergentes y la inversión en I+D es crucial para impulsar la competitividad y la seguridad alimentaria, así como abordar desafíos como la descarbonización y la sostenibilidad de nuestro modelo económico. España, con su fuerte base agroalimentaria, tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar en Europa este desafío, tal y como recoge la reciente Estrategia Nacional de Alimentación, en la que las innovaciones biotecnológicas y digitales son claves para mejorar nuestra productividad, ofrecer alimentos nutritivos, proteger el medio ambiente y adaptarnos a las nuevas demandas.

Sin embargo, la inversión en I+D+ I no es el único reto al que se enfrenta el sector agroalimentario. Es clave acelerar la llegada de esas innovaciones al mercado. Por eso, es importante trabajar en nuevos modelos que faciliten la experimentación y validación de tecnologías en sectores muy regulados, como el agroalimentario. En este sentido, los sandboxes agroalimentarios representan una herramienta clave para acelerar la innovación y la transferencia tecnológica en un sector que enfrenta desafíos crecientes y en el que la digitalización, la inteligencia artificial, la biotecnología y la agricultura de precisión van a ser cruciales en la producción y distribución de alimentos.

Los Planes Complementarios son un instrumento que se enmarca en el Componente 17: “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dirigido a establecer colaboraciones con las Comunidades Autónomas en acciones de I+D+I que tengan objetivos similares, para crear sinergias territoriales, alinear la ejecución de los fondos y establecer prioridades comunes.

El Plan Complementario de Agroalimentación (AGROALNEXT) se puso en marcha tras la suscripción de un Convenio Marco , en 2022, entre el MICIU y siete Comunidades Autónomas: La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Extremadura y la Comunidad Foral de Navarra. Este Plan tiene por objetivo la transformación del sector agroalimentario en un escenario más verde, sostenible, saludable y digital, superando la brecha entre los descubrimientos científicos, el desarrollo de tecnología y su implementación. El propósito final de AGROALNEXT es favorecer la doble transformación, digital y sostenible del sector agroalimentario, para así incrementar su competitividad y alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales fijados en el Pacto Verde, a la vez que se garantiza el suministro de alimentos sanos, seguros, sostenibles y accesibles a la población, como persigue la Estrategia de la Granja a la Mesa de la UE.

Este programa cuenta con la línea de actuación 5: “Transferir el conocimiento y las soluciones generadas, facilitar la prueba y escalado de las mismas, conseguir llegar a los innovadores y a los early adopters, así como obtener información del mercado y sus necesidades para orientar y mejorar la investigación y las soluciones generadas, facilitando su adopción”. Para ello, se hace necesario conectar a todos los agentes que participan en la cadena de valor. Se pretende así fortalecer el impacto de la I+D+i, incrementando la explotación de los resultados de investigación y aumentar la incorporación de soluciones y tecnologías avanzadas e innovadoras en la industria agroalimentaria.

La Comunidad Foral de Navarra, a través del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), coordina las actividades científico-técnicas que llevan a cabo las siete Comunidades Autónomas que participan en el programa.

El CNTA es una asociación empresarial sin ánimos de lucro y está reconocido oficialmente como Centro Tecnológico y como Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) por el MICIU. Su propósito es ser referente nacional y contribuir a la mejora de la competitividad y de calidad en el sector agroalimentario. Actualmente CNTA, es uno de los principales Centros de I+D agroalimentaria a nivel nacional, con sedes en las Comunidades Autónomas de Navarra y La Rioja, en las que el sector agroalimentario es una de las actividades de mayor peso específico de ambas regiones, y Madrid. Tiene un liderazgo reconocido en toda España, coordinando, como se ha mencionado anteriormente, uno de los proyectos tractores de la industria agroalimentaria del PERTE Agroalimentario: Spain Food Valley.

Dentro de la línea de actuación 5 del Programa AGROALNEXT, el CNTA ha impulsado la creación de un Hub Innovación: EATEX Food Innovation Hub, con el apoyo del Gobierno de Navarra y la colaboración de más de 10 centros de I+D del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI). Es un lugar de encuentro, sin forma jurídica propia, creado para impulsar la innovación colaborativa, la transferencia e implantación de tecnología en la industria alimentaria.

Con el fin de desarrollar la promoción de este espacio de experimentación colaborativo en el ámbito agroalimentario, se formalizó un Protocolo General de actuación firmado el 17 de marzo de 2025, en el que participan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital (DUITD), el Gobierno de la Rioja a través del Departamento de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA).

Derivado de este protocolo, el MICIU, junto con el Gobierno Foral de Navarra, el Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y CNTA, lanzaron, en noviembre de 2025, el Sandbox AgriFoodtech, iniciativa público-privada pionera para validar soluciones disruptivas en el sector agroalimentario antes de su adopción a gran escala. EATEX Food Innovation Hub, es el encargado del diseño, implantación y gestión de las actividades y programas del Sandbox, que forma parte del Plan Complementario de Agroalimentación citado anteriormente, así como de la construcción del ecosistema de colaboradores y expertos necesarios para su funcionamiento.

El Sandbox AgriFoodtech es un espacio de experimentación en tecnologías alimentarias. Este espacio ayudará al ecosistema innovador de tecnologías alimentarias a desarrollar pruebas en un entorno controlado que permitan abordar los desafíos económicos, sociales éticos y regulatorios de innovaciones tecnológicas de carácter disruptivo, asegurando que los beneficios y las oportunidades de las tecnologías alimentarias superan los posibles riesgos previstos, propiciando un alineamiento de la innovación en el sector de la agroalimentación con la regulación. Al mismo tiempo, las autoridades competentes podrán ensayar nuevos enfoques regulatorios y beneficiarse de los aprendizajes generados.

Se trata de un entorno de trabajo, colaboración y pruebas que pretende reducir la brecha entre la velocidad de la innovación y el ritmo de actualización de las normas, garantizando al mismo tiempo la protección del interés público. A través de diferentes herramientas y mecanismos, se pretende apoyar la adaptación de los marcos normativos y regulatorios a la realidad cambiante de la innovación tecnológica y, viceversa, reducir la incertidumbre regulatoria, dando al sector un espacio para explorar cómo se aplica la normativa y qué orientación y cambios serían necesarios para escalar e implementar la innovación.

El campo de trabajo es la innovación regulatoria que busca que las normas no sean un freno, sino un habilitador del cambio. Esto implica pasar de una regulación rígida y prescriptiva a modelos más flexibles, basados en resultados o desempeño, donde se fomenta la experimentación y la colaboración público-privada para cocrear normas.

Como resultado del trabajo desarrollado en AGROALNEXT en 2024 y 2025, el Sandbox AgriFoodtech ha pasado de ser un concepto definido a convertirse en una iniciativa estructurada y operativa, con gobernanza, plan de acción y herramientas de ejecución y gestión, que se ha posicionado como una iniciativa de gran interés y potencial para el sector agroalimentario.

Con el lanzamiento del Sandbox AgriFoodtech, España se posiciona como líder en Europa en la adopción de este modelo, ya testado en otros sectores estratégicos, para la industria agroalimentaria. El programa fomenta el diálogo entre la industria y las autoridades regulatorias, acelerando la llegada de innovaciones al mercado bajo un marco normativo sólido. Además, está generando aprendizajes regulatorios clave, cuyas conclusiones se compartirán con las autoridades competentes, contribuyendo a la evolución de la normativa agroalimentaria en España y Europa.

En el marco de este Protocolo se ha lanzado un Programa Sandbox AgriFoodtech, de acceso a capacidades científico-tecnológicas para testeo y validación técnica y regulatoria de innovaciones, en el ámbito agroalimentario. Dentro de este programa se van a lanzar llamadas a proyectos para que las entidades interesadas puedan obtener apoyo para explorar y experimentar sus innovaciones. La primera llamada a proyectos se realizó el 11 de abril de 2025, quedando seleccionados seis proyectos. La segunda llamada a proyectos se ha lanzado en abril 2026 y permitirá a las empresas agroalimentarias seguir testando innovaciones en un entorno controlado y generar evidencias clave para su desarrollo, reforzando el papel de este instrumento para acercar industria y regulador.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , establecen que podrán concederse de forma directa y “con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.

Navarra cuenta con una industria agroalimentaria de calidad, innovadora y comprometida con su territorio, siendo un referente europeo. Con una facturación anual de 4.500 M€ más 1.129 M€ del sector primario, Navarra ofrece una fuerte base agroalimentaria que cubre prácticamente la totalidad de la cadena de valor, desde el sector primario hasta la industria agroalimentaria.

El sector agroalimentario es la segunda gran área de la economía navarra, supone el 5 % del total del PIB regional y 14 % del PIB Industrial. Es un sector dinámico donde las exportaciones de productos agroalimentarios navarros suponen un 12 % del total de exportaciones, creciendo en un 40 % anual desde el 2014, por encima de otros sectores en Navarra. La agroalimentación tiene un valor estratégico incuestionable en nuestro país, no solo por su peso económico, sino también por su capacidad para contribuir a la cohesión social.

El objetivo de esta subvención directa es apoyar al Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, para dar continuidad en el tiempo al Sandbox AgriFoodtech, dotándole de financiación y soporte operativo, con el fin de garantizar su funcionamiento, ampliación y consolidación como plataforma de referencia a nivel nacional e internacional en innovación regulatoria agroalimentaria. A través de este real decreto, se pretende apoyar el desarrollo de actividades estratégicas, la ejecución de llamadas a proyectos, la puesta en marcha de foros de innovación regulatoria, la ampliación de los entornos de prueba y la difusión de los resultados obtenidos, contribuyendo así a reducir incertidumbres regulatorias, facilitar la transferencia de conocimiento y reforzar la colaboración entre administración, industria, centros de I+D+I y otros actores relevantes del ecosistema.

Por último, señalar que el Sandbox AgriFoodtech, se alinea con la política de I+D+I del MICIU, tal como se contempla en el PEICTI 2024-2027 en la Línea Estratégica alimentación, bioeconomía y medio natural, donde se contempla como ámbito de intervención una cadena agroalimentaria, segura, salubre, inteligente y sostenible, que juega un papel clave en la transformación y fortalecimiento del tejido productivo y científico dentro del sector agroalimentario español y de forma regionalizada en la Comunidad Autónoma de Navarra. Esta iniciativa busca impulsar la competitividad de la industria nacional en el sector agroalimentario mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras, la sostenibilidad ambiental y la digitalización de sectores clave. Además, fomenta la cohesión social, la seguridad y la salud pública, garantizando un crecimiento equilibrado y sostenible.

Asimismo, esta ayuda permitirá que, desde el CNTA, se contribuya a la mejora del emprendimiento innovador para la consecución del objetivo de 2,12 % del PIB en I+D según la Estrategia Española de Ciencia Tecnología e Innovación 2021-2027, siguiendo la meta marcada por la Comisión Europea para 2023 en la que cada Estado Miembro debe invertir el 3 % del PIB en I+D+i y que la inversión pública represente el 1,25 % del PIB. Este objetivo también se incluye en el Pacto Ciencia e Innovación y en la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio , de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Para determinar el procedimiento de concesión directa, omitiendo la regla general de la concurrencia competitiva, se ha tenido en cuenta el liderazgo del CNTA dentro del ecosistema de innovación del sector agroalimentario, su conocimiento y experiencia en el Sandbox AgriFootech y su localización en Navarra, lugar que tiene uno de los clústeres líderes de agroalimentación en España. Además, el sandbox agroalimentario del CNTA es el único a nivel nacional en materia de agroalimentación, y cuenta con el respaldo tanto del MICIU como de un organismo regulador, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA). Es por ello que cumple los requisitos predeterminados para poder prestar los servicios descritos.

En virtud de lo anteriormente señalado, se considera que quedan suficientemente acreditados los rasgos identificativos de interés público y social, así como la presencia de esas razones en el proyecto del CNTA, lo que justifica la dificultad de su convocatoria pública y la elección del procedimiento de concesión directa de esta subvención.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) de la misma norma legal deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda.

Se considera que la presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por razones de interés general, tal y como se ha expuesto anteriormente, constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado para la consecución de los objetivos previstos en la regulación; al de proporcionalidad, en tanto que no afecta a los derechos y obligaciones generales de la ciudadanía y las obligaciones que se imponen a las entidades beneficiarias de las subvenciones son las mínimas imprescindibles para asegurar el cumplimiento de su finalidad; y al de eficiencia, ya que la iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. Asimismo, responde al principio de transparencia, toda vez que la necesidad de la propuesta y sus objetivos constan de manera clara y explícita en este preámbulo y en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, que es accesible a la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia, y se sometió el proyecto de real decreto al trámite de información pública; y al principio de seguridad jurídica, toda vez que la norma contempla las garantías necesarias para la adecuada ejecución de las subvenciones en ella previstas, de conformidad en todo caso con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , así como con su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .

La elaboración y tramitación de este real decreto se ha efectuado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se han emitido los informes de la Abogacía del Estado en el Departamento y del Ministerio de Hacienda, conforme al artículo 17.1 y 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, que tiene atribuida por el artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención a favor del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, con cargo al ejercicio 2026, para el Programa “Sandbox AgriFoodTech”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y en todas aquellas disposiciones administrativas que resulten de aplicación.

Artículo 3. Procedimiento de concesión.

1. Se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , por concurrir razones de interés público y económico y que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.

Las razones que acreditan el interés público y económico de la concesión de esta subvención se basan en que el programa Sandbox AgriFoodTech que se está desarrollando en el CNTA se ha posicionado como iniciativa única y de referencia, pionera en la innovación regulatoria aplicada al sector agroalimentario, contando con la implicación conjunta de tanto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta (regulador en materia agroalimentaria) y las comunidades autónomas de Navarra y La Rioja, que requiere de apoyo para asegurar su operatividad.

2. La entidad interesada deberá presentar la siguiente documentación, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del presente real decreto en el “Boletín Oficial del Estado”:

a) Documento de solicitud formal de la subvención.

b) Certificaciones que acrediten que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del estado de cumplimiento de tales obligaciones a través de certificados telemáticos, en cuyo caso aquella no deberá aportar la certificación correspondiente.

No obstante, la entidad podrá denegar expresamente su consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

c) Declaración responsable de la entidad solicitante en la que manifieste no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2, con excepción de lo dispuesto en su apartado e), ni en las establecidas en el artículo 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

d) Presupuesto detallado con desglose de todos los costes que implicarán las actuaciones subvencionadas y su distribución temporal, que habrá de aportarse con carácter previo a la resolución de concesión. El presupuesto no podrá superar la cuantía máxima de 3.000.000 euros, que es el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El presupuesto de la actividad presentado por la entidad beneficiaria servirá de referencia para la determinación final del importe de la subvención a conceder, calculándose éste como un porcentaje del coste final de la actividad.

3. Si la solicitud o los documentos que la acompañan no reúnen los requisitos, establecidos en este real decreto, el órgano instructor requerirá a la entidad beneficiaria para que la subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que, si así que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. El procedimiento se resolverá mediante la resolución de concesión de la subvención por parte de la persona titular de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o persona titular del órgano en quien delegue.

5. El plazo máximo para dictar y notificará la resolución será de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a la entidad interesada a entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención en virtud del artículo 25.5 Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. La resolución de concesión será notificada a la entidad beneficiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo , tendrá el siguiente contenido mínimo, de acuerdo con lo establecido en este real decreto:

a) La indicación de la entidad beneficiaria, la actividad a realizar y el plazo de ejecución.

b) La cuantía de la subvención y la aplicación presupuestaria del gasto.

c) El presupuesto de adquisición de las actividades a financiar.

d) La forma del pago y los requisitos exigidos para su abono.

e) El plazo y régimen de justificación.

7. La concesión de las subvenciones será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos dispuestos por el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo , por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

8. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o impugnarse directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Artículo 4. Entidad beneficiaria.

Será entidad beneficiaria de esta subvención el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, (CNTA). Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, creada en 1981 (como Laboratorio del Ebro), por iniciativa de la Asociación Industrial de Conservas Vegetales del Valle del Ebro, con el objetivo de contribuir al desarrollo e innovación de las empresas alimentarias.

Artículo 5. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. La entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no deberá estar incursa en ninguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este real decreto y, en particular, a las siguientes:

a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención, descritas en el artículo 6.

b) Acreditar ante el órgano competente la realización de la actividad objeto de subvención mediante la presentación de una cuenta justificativa antes de la fecha prevista en el artículo 13.4.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y supervisión que efectúe el órgano competente y las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas al que facilitarán cuanta información les sea requerida.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones o entes públicos o privados, así como facilitar toda la información requerida por el órgano gestor de las subvenciones.

e) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la actividad subvencionada mediante la inclusión de la imagen institucional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como de leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación.

f) Conservar la documentación justificativa de la aplicación de los fondos concedidos en tanto no prescriba el derecho de la Administración a practicar el reintegro de estos.

Artículo 6. Actuaciones a financiar y gastos subvencionables.

1. Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que se destinen a alcanzar el objetivo de la subvención establecido en el artículo 1 y que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para la realización de la actuación objeto de subvención y se realicen en el plazo establecido en este real decreto. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. En concreto, serán subvencionables las inversiones en capital y en gastos corrientes que se destinen para la puesta en marcha de las siguientes actuaciones:

a) Proyectos del “Programa de acceso a capacidades científico-tecnológicas para testeo y evaluación técnica y regulatoria de innovaciones en el ámbito agroalimentario”.

b) Proyectos de I+D+i promovidos por el foro de innovación regulatoria, desarrollados por el CNTA para el Sandbox AgrifoodTech.

c) Ampliación del entorno de pruebas. Infraestructura de experimentación en condiciones relevantes.

El presupuesto de gastos subvencionables quedará incorporado a la resolución de concesión de la subvención concretando definitivamente las inversiones y equipamiento que serán financiados.

3. Serán gastos subvencionables:

a) Gastos de personal, incluyendo las retribuciones brutas, las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y otros conceptos laborales derivados del personal contratado para la ejecución de las actuaciones subvencionadas.

Se exigirá la cumplimentación por parte de las personas trabajadoras imputadas a la ayuda, de partes de trabajo con carácter semanal o mensual en que se expresen que destina su jornada laboral, total o parcialmente, a actividades relativas a las actuaciones especificadas en este anexo, durante el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, en los que se especifiquen las horas de dedicación a la actividad subvencionadas, y a las demás actividades en que intervengan, estén financiadas o no por las ayudas.

b) Gastos generales de funcionamiento y estructura, como, suministros, material fungible.

c) Gastos vinculados al desarrollo de las actividades subvencionadas, como la organización de jornadas, encuentros, acciones de formación o sensibilización, elaboración de informes y estudios, edición y distribución de publicaciones o recursos, así como logística o distribución asociada al proyecto.

d) Gastos asociados a colaboraciones profesionales, incluidas aquellas de carácter esporádico, necesarias para el desarrollo de actividades concretas vinculadas a la ejecución de la subvención, así como la contratación de servicios técnicos o especializados.

e) Gastos de la compra de equipos, que incluirán el precio de adquisición, el transporte, instalación y montaje, Calibración y puesta en marcha.

f) Dietas y gastos de viaje: Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantías determinadas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo , sobre indemnizaciones por razón del servicio, siempre que no superen en su conjunto el 5 % del importe total de la actividad subvencionada.

g) los costes indirectos, hasta el 25 % de los gastos directos del presupuesto (excluyen los viajes).

4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto indirecto equivalente, podrá ser considerado subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.

6. Del mismo modo no serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:

a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.

b) Los intereses de demora, recargos, multas y sanciones administrativas y penales.

c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos ni los descuentos efectuados, ni los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.

d) Los gastos que no estén debidamente justificados.

Artículo 7. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución de las actuaciones se iniciará cuando se ejecute efectivamente el pago regulado en el artículo 11 de este real decreto y finaliza el 31 de diciembre de 2028.

Artículo 8. Obligación de relacionarse por medios electrónicos.

1. Las solicitudes, comunicaciones, notificaciones y demás trámites derivados de los procedimientos y de las actuaciones de ejecución y justificación de la subvención que se recogen en este real decreto se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mediante el registro electrónico accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

2. Los requerimientos de subsanación, las comunicaciones y las notificaciones se podrán a disposición de la entidad interesada en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú), y complementariamente a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de acuerdo con el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo .

Artículo 9. Modificación de la resolución.

1. Podrá modificarse la resolución de concesión como consecuencia de la alteración de las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, de conformidad con el artículo 17.3, l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, asimismo la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, según lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. A tenor de lo establecido en el artículo 61 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando la subvención tenga por objeto impulsar determinada actividad del beneficiario, se entenderá comprometido a realizar dicha actividad en los términos planteados en su solicitud, con las modificaciones que, en su caso, se hayan aceptado por la Administración a lo largo del procedimiento de concesión o durante el periodo de ejecución, siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión y tal como se indica en el apartado 2 del citado artículo, en el caso de que la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, deberá recabar del beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho de tercero.

3. Dicha modificación deberá de ser solicitada inmediatamente en el momento que aparecen las causas que justifican dicha modificación y siempre antes de que finalice el plazo de ejecución, estipulado en el artículo 7 de este real decreto y en concordancia con el artículo 64 del reglamento que desarrolla la ley General de Subvenciones, debiendo estar debidamente justificada, no pudiendo estar motivada en razones de oportunidad o conveniencia, ni puede obedecer a culpa o negligencia por parte del beneficiario. En ningún caso la modificación puede variar el objeto, destino o finalidad de la subvención o suponer la asunción de compromisos financieros superiores a los establecidos en la resolución inicial.

4. Estas circunstancias deberán responder a alguna de las siguientes:

a) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la concesión, y que no fuesen previsibles con anterioridad.

b) Que se justifique la conveniencia de incorporar a la actuación objeto de subvención inicialmente solicitada, mejoras que no alteren el objetivo de esta y que no fuesen previsibles con anterioridad.

c) Que se justifique la necesidad de ajustar la actividad a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad identificadas o aprobadas con posterioridad a la adjudicación de la ayuda.

d) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la ejecución de la actuación en los términos inicialmente definidos.

5. El plazo de ejecución podrán ampliarse, lo que constituye una circunstancia específica de modificación de la resolución de concesión. La modificación del plazo de ejecución deberá solicitarse por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria un mes antes de su finalización y su autorización se realizará por resolución motivada del órgano concedente, en el plazo máximo de 2 meses. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución no tiene carácter administrativo, por estar íntimamente ligado a la actividad y a su conclusión física y técnica, no podrá ser ampliado por un período mayor de doce meses.

6. La modificación de la resolución de concesión podrá ser acordada por el órgano concedente de la subvención siempre que no dañe derechos de terceros y que la actividad modificada tenga igual o superior relevancia, calidad y proyección nacional o internacional que la original.

7. La resolución de modificación se notificará en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de aquella en el registro electrónico, accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dictó o la impugnación directa ante la resolución jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 10. Cuantía y financiación.

El importe de la subvención ascenderá a 3.000.000,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se establezca al efecto en el presupuesto de gastos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Artículo 11. Pago de la subvención y Constitución de garantías.

1. El libramiento del importe de la subvención se realizará, mediante transferencia bancaria, a partir del día siguiente a la fecha de firma de la resolución de concesión, mediante un solo pago con carácter anticipado, de acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tal efecto la entidad beneficiaria habrá de tener reconocida, previamente, una cuenta bancaria ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Los posibles rendimientos financieros que se pudieran derivar del libramiento por anticipado de los fondos deberán aplicarse al objeto de la ayuda.

2. Con carácter previo al cobro de la subvención, deberá quedar acreditado que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con anterioridad al libramiento, y declarar que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En caso de que se hubiesen aportado certificaciones para acreditar el cumplimiento de las obligaciones indicadas, no será necesario aportar nuevas certificaciones si las aportadas con carácter previo a la adopción de la resolución no han rebasado el plazo de seis meses de validez según se prevé en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003 .

3. Se considera necesario realizar un pago anticipado por la totalidad de la subvención a la entidad beneficiaria, debido a que la financiación es necesaria desde el principio para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

4. El pago anticipado requerirá la constitución previa de garantías por un importe igual al 100 % de la ayuda, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) El plazo para la constitución de las garantías será de diez días hábiles contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución de concesión.

b) Las garantías se constituirán ante la Caja General de Depósitos, exclusivamente bajo una de las siguientes modalidades, recogidas en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, y según lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio , de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras:

1.º Avales prestados por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades de garantía recíproca.

2.º Seguros de caución otorgados por entidades aseguradoras.

c) Las garantías no se entenderán constituidas hasta su presentación y validación ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

d) La aportación de los resguardos de constitución de garantías, ante la Subdirección General de Políticas de Innovación de la Secretaría General de Innovación, se realizará por medios electrónicos, a cuyos efectos estará disponible el registro electrónico accesible a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades deberá realizarse dentro del plazo establecido para la constitución de garantías.

e) Las garantías deberán estar constituidas en el momento del pago y su período de vigencia será de duración indefinida, teniendo validez hasta su cancelación por parte del órgano concedente, quien las liberará tras la certificación final, si en ella se acredita el cumplimiento total de las condiciones establecidas en la resolución de concesión o, en su caso, tras el reintegro total o parcial de la ayuda correspondiente.

f) La falta de constitución de garantías en el plazo establecido se entenderá como una renuncia por parte de la entidad beneficiaria a la totalidad de la ayuda concedida, y conllevará la pérdida del derecho al cobro. La pérdida del derecho al cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.

g) En el caso de que el importe justificado de la ayuda que figure acreditado en la certificación final fuera inferior a la ayuda concedida se iniciará el oportuno procedimiento de reintegro. Si la entidad beneficiaria no efectuara el pago del reintegro más los intereses de demora correspondientes, se procederá a solicitar la incautación de la garantía asociada.

h) En caso de otros incumplimientos y, previo el oportuno procedimiento de reintegro, si la entidad beneficiaria no efectuara el reintegro, se procederá a solicitar la incautación de la garantía que corresponda. Cuando proceda, la incautación se realizará según la normativa aplicable para la tramitación y ejecución de las garantías recogida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , así como en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre , por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

5. Corresponderá a la Intervención Delegada competente la fiscalización de todas y cada una de las fases del gasto de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno, una vez se encuentre el expediente original completo, reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda.

Artículo 12. Compatibilidad con otras fuentes de financiación.

1. La subvención concedida será compatible con cualesquiera otras ayudas, ingresos o recursos de aquellas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que la suma de dichas ayudas, ingresos o recursos recibidos, incluida la que se regula en este real decreto, no supere el coste total de la actividad subvencionada.

2. La entidad beneficiaria de esta subvención deberá comunicar la obtención de los recursos a los que se hace referencia en el apartado anterior. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos según establece el artículo 14.1. d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con esta subvención, con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas según el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13. Régimen de justificación.

1. La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas, la realización de la actividad y la consecución de los objetivos previstos, mediante la presentación de una cuenta justificativa de acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que contendrá, como mínimo:

a) Una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que informe sobre la aplicación de los fondos recibidos, las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica, justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

2.º Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

4.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

5.º Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario.

c) Material gráfico por el que se describa la publicidad realizada de las actividades subvencionadas, en el que figure de forma visible el logotipo (imagen institucional) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para dar adecuada publicidad al origen público de los proyectos y actuaciones subvencionadas.

2. La presentación de la justificación de esta subvención por parte del beneficiario deberá realizarse ante la Secretaría General de Innovación, que llevará a cabo las actuaciones pertinentes para comprobar la adecuación del empleo de los recursos transferidos mediante la subvención objeto del presente real decreto. El análisis de la justificación dada se hará atendiendo a las características de la actividad para la cual se concedió la subvención.

3. La ayuda regulada mediante el presente real decreto quedará igualmente sometida a posibles controles financieros que determine la normativa reguladora en materia de subvenciones y, en todo caso, por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas. En el caso de que se detecte un posible fraude o sospecha fundada del mismo, se procederá a la suspensión inmediata del procedimiento de otorgamiento de la subvención.

4. El plazo para la presentación de la justificación será como máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de ejecución.

5. El plazo de justificación podrá ser ampliado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de Reglamento de la Ley General de subvenciones:

a) La ampliación será por un período que no exceda de la mitad de este, a petición del interesado, y siempre que no perjudiquen derechos a terceros.

b) El acuerdo de ampliación, deberá ser notificado a los beneficiarios, mediante resolución de la persona titular de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, o persona titular del órgano en quien delegue.

c) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

6. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en el apartado 4 llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre . La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en ese apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , correspondan.

Artículo 14. Incumplimientos, criterios de graduación de incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, de los intereses devengados por la subvención, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos recogidos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Serán también causa de reintegro el incumplimiento de las obligaciones específicas adicionales que se establecen en el artículo 5 de este real decreto.

2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III de su reglamento.

3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el órgano concedente previsto en el artículo 3.5 de este real decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda será causa de reintegro total de la ayuda, y en su caso de la pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial de objetivos o actividades, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, siempre que el citado cumplimiento parcial se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Se producirá un incumplimiento parcial cuando el importe total de la ayuda concedida no se destine en su totalidad a las actuaciones objeto de subvención de conformidad con lo establecido en el presente real decreto y en la resolución de concesión.

Se considera que el cumplimiento parcial se aproxima significativamente al cumplimiento total, cuando la ejecución de la actividad suponga al menos un 50 por ciento del importe de la subvención. Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando las actividades e inversiones subvencionables se ejecuten en un porcentaje inferior al 50 % de las mismas.

c) El presupuesto de la actividad subvencionada deberá constar en la resolución de concesión y la ejecución deberá ajustarse a esta distribución acordada, salvo desviaciones justificadas que como máximo podrán alcanzar el 15 % del presupuesto total, no pudiendo compensarse más allá de esta desviación justificada unos conceptos con otros y debiendo ser reintegrados los importes previstos para los conceptos de gasto no ejecutados.

d) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

e) La falta de presentación de la documentación justificativa o justificación insuficiente en los términos previstos en el artículo 13, conllevará la devolución de las cantidades percibidas no justificadas o justificadas insuficientemente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 30.8 y 37.1, c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

f) En el caso de incumplimiento de la obligación de dar publicidad a la ayuda concedida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.e), procederá la devolución íntegra de la ayuda si la entidad beneficiaria no aplica las medidas de difusión alternativas propuestas por el órgano concedente de acuerdo con el artículo 31.3, a) y b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

1.º Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá requerir al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.

2.º Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la ley.

5. El titular del órgano concedente será el competente para exigir el reintegro de la subvención.

Artículo 15. Publicidad.

1. En las actuaciones que se lleven a cabo, en todo o en parte, mediante esta subvención, que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, deberá incorporarse de forma visible la imagen institucional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el fin de identificar el origen de carácter público de las subvenciones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre , por el que se establecen los criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, así como lo dispuesto en la Resolución de 5 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

2. La obligación de información, comunicación y publicidad de la subvención, queda establecida en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 31, de su reglamento.

Artículo 16. Infracciones y sanciones.

Las posibles infracciones en materia de subvenciones que pudiesen ser cometidas por la entidad beneficiaria de la subvención se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y en el título IV de su reglamento.

Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

Se mantendrá la confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que se tenga acceso en virtud de la aplicación de la presente disposición, incluso después de que se cumplan sus efectos. Se garantizará que las personas autorizadas para tratar estos datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a seguir las instrucciones del responsable del tratamiento de datos personales, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que habrá que informarles convenientemente.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

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Daniel Casal Oubiña, Ricardo Manuel García Vegas, Mercedes Alda Fernández
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