LEY 9/2026, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE LA ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PREÁMBULO
I
Toda Administración pública está sometida, por mandato del artículo 9 de la Constitución, al principio de legalidad. La adecuación al derecho de cualquier actuación administrativa es un pilar esencial del desarrollo de las políticas públicas y constituye la garantía básica para el respeto de los derechos de los ciudadanos. La Abogacía de una Administración presta, por ello, un servicio esencial informando en derecho las distintas actuaciones que se someten a su consulta, velando por el respeto del ordenamiento jurídico y garantizando que sus competencias se puedan ejercer con la seguridad y la convicción de situarse en el marco de la legalidad.
A su vez, la Abogacía desarrolla una labor imprescindible en la defensa de la Administración ante cualquier jurisdicción. El control jurisdiccional no puede ser pleno sin una garantía de tutela judicial efectiva, y esta requiere necesariamente una defensa guiada no solo por la mayor rigurosidad y diligencia, sino que, a su vez, sea sensible a la tutela del interés general que subyace en cualquier proceso judicial en el que es parte la Administración.
II
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid viene desarrollando ambas funciones, habiéndose regulado su actuación hasta el momento por la Ley 3/1999, de 30 de marzo , de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, que vertebró por primera vez en el ámbito de esta Administración el funcionamiento de sus servicios jurídicos, al poco tiempo de la creación del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.
El paso del tiempo ha revelado la necesidad de acometer una nueva regulación. La labor de asesoramiento jurídico que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid viene realizando debe profundizarse a fin de acercar y conectar esa labor con el desarrollo de las actuaciones públicas. Se dota, con ello, a la gestión pública de un instrumento accesible para compatibilizar en todo momento la legalidad y el ejercicio de sus competencias. La exigencia de informes jurídicos preceptivos, como sistema de garantía de legalidad, debe acompañarse de un refuerzo de la posibilidad de formular consultas jurídicas que permita que las actuaciones de mayor relevancia y complejidad cuenten con un diseño jurídico viable desde su inicio. Con ello se dota de una mayor eficiencia a los órganos gestores y se aporta certidumbre al procedimiento, asegurando la legalidad del resultado final.
Por otra parte, conviene orientar con mayor detalle la labor de defensa judicial, al tiempo que se encamina hacia un principio de racionalización de la litigiosidad, procurando un asesoramiento que guíe adecuadamente la estrategia de defensa en juicio, pero que también evite aquellos procesos en los que no exista una defensa viable. En este sentido, la actividad procesal debe ser igualmente enfatizada mediante una ordenación rigurosa, partiendo de una visión unívoca de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, pues la defensa de la legalidad comienza en el asesoramiento y se culmina con la defensa ante los órganos judiciales.
En suma, se trata de ahondar en la funcionalidad y coordinación interna de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, facilitando su interconexión con los distintos centros gestores en su función de asegurar el respeto a la legalidad en cada actuación; una interconexión que debe mantenerse cuando se gestiona la defensa en un proceso judicial. Esta modernización de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid responde a las necesidades que se vienen planteando ante la evolución del ordenamiento, la creciente complejidad de la acción pública y la intensificación del control jurisdiccional de las Administraciones, que exigen una actualización integral del marco jurídico regulador de la asistencia jurídica, la representación y la defensa de la Administración autonómica. Por ello, se considera necesaria la aprobación de una nueva ley que sustituya a la Ley 3/1999, de 30 de marzo , y dote a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de una regulación sistemática, clara y adaptada a las necesidades actuales.
III
La ley se estructura en seis capítulos, seguidos de cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
En el capítulo I, que comprende los artículos 1 a 3, se regulan las funciones de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sistematizando las tres áreas de actuación esenciales. Como función primigenia, el artículo 1 se refiere al asesoramiento, representación y defensa de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos, así como de los entes de derecho público de régimen especial cuya normativa reguladora así lo prevea. De la anterior función se deslinda, por sus notas singulares, la asistencia letrada para el personal de la Comunidad de Madrid, consignada en el artículo 3. Por su parte, el artículo 2 contempla la posibilidad de prestar asistencia jurídica, mediante la suscripción de convenio, tanto a las restantes entidades del sector público institucional de la Comunidad de Madrid no comprendidas en el artículo 1 como a las entidades locales de la Comunidad de Madrid.
Como es sabido, las entidades integrantes del sector público institucional cuentan con personalidad jurídica diferenciada, personal y presupuesto propios, pudiendo organizar su asesoramiento jurídico en la forma que estimen más idónea. Sin embargo, en la medida en que forman parte de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, la Ley 3/1999, de 30 de marzo , ya contempló la opción de que pudieran ser asistidas por los letrados de la Comunidad de Madrid; posibilidad que la Ley 9/2015, de 28 de diciembre , de medidas fiscales y administrativas, extendió a las entidades locales del ámbito autonómico, a semejanza de las previsiones contenidas al efecto en la normativa reguladora de la Abogacía General del Estado y como parte de las funciones de la Comunidad de Madrid de asistencia y colaboración con las mismas. La presente ley mantiene dicha posibilidad, que permite a las anteriores entidades beneficiarse del rigor y calidad técnica de los letrados de la Comunidad de Madrid, al tiempo que puede suponerles un importante ahorro presupuestario derivado de la optimización de los recursos públicos. En todo caso, se adapta la regulación de este extremo a la vigente configuración del sector público institucional de la Comunidad de Madrid, que ha sido objeto de una importante modificación por la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
El capítulo II, los artículos 4 y 5 se dedican en exclusiva al Abogado General de la Comunidad de Madrid, dotando de la necesaria especificación sus funciones principales. Destaca, dentro de la vocación de la ley de dar una mayor accesibilidad a las funciones de consulta, la posibilidad de asesorar al Gobierno sobre las actuaciones de singular trascendencia, al margen de la fase en la que se encuentren. Se introduce también la deseable preferencia de que su nombramiento recaiga en un letrado de la Comunidad de Madrid y, en todo caso, la necesidad de que sea designado entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional, como garantía de idoneidad para el ejercicio de las funciones.
El capítulo III, compuesto por los artículos 6 a 12, regula la organización básica de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. La determinación de la estructura concreta se deja abierta a su desarrollo reglamentario, lo que preserva la competencia del Gobierno para determinar la organización de la Administración y para acomodarla a las necesidades que se planteen en el futuro.
Con todo, en este capítulo se encuentran novedades importantes. En primer lugar, se define la estructura mínima de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Esta estructura responde a las dos principales actuaciones que desarrolla, al margen de las ulteriores precisiones organizativas y el concreto diseño por el que se pueda ir optando en el futuro. La actuación consultiva se centraliza en la Dirección de Asesoramiento Jurídico, denominación que identifica mejor la amplitud de las funciones que se desarrollarán. Por su parte, la actuación procesal se ejercerá por la Dirección de Litigios, denominación que igualmente refleja con mayor claridad la presencia de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ante cualquier orden jurisdiccional. Junto con las anteriores direcciones, se prevé también una Secretaría Técnica cuya concreta ubicación en la estructura se deberá precisar mediante las disposiciones reglamentarias que aborden la organización interna definitiva. Esta Secretaría Técnica asumirá diversas atribuciones, guiada en todo momento por la transversalidad y sirviendo como unidad para fomentar la coordinación interna.
En el capítulo IV, formado por los artículos 13 a 16, se asienta la regulación esencial del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, a cuyos funcionarios se les asigna en exclusiva los puestos de trabajo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Dentro de esta regulación se impone el acceso por oposición libre, contemplándose el contenido y las condiciones mínimas que debe revestir el procedimiento selectivo a fin de cumplir el mandato constitucional de acceso a la función pública respetando la igualdad, el mérito y la capacidad, mediante unas pruebas congruentes con la exigencia y cualificación que se espera de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.
En el capítulo V los artículos 17 a 25 recogen y ordenan la actuación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, partiendo de los principios que deben guiarla. En la búsqueda de una sistemática más ordenada, se regulan en un solo artículo los informes preceptivos, incluyendo también los que se refieren al ejercicio de acciones judiciales. En esta regulación se pasa a diferenciar los informes preceptivos de las consultas jurídicas, que serían aquellas que se realizan por los órganos gestores competentes con relación a las dudas jurídicas que se les puedan plantear, incluyendo aquellas relativas a actuaciones de singular relevancia que se encuentren en su fase inicial.
Se regula también en este capítulo V la actuación ante los órganos judiciales, fomentando la cooperación que debe existir con los órganos gestores, pues el éxito de las acciones judiciales precisa en la mayoría de los casos disponer la información y medios de prueba adecuados. Una mención especial requiere la concreta regulación del proceso para conceder asistencias letradas al personal de la Comunidad de Madrid cuando se encuentren personalmente involucrado en procesos o acciones judiciales que deriven del ejercicio de sus funciones.
Para finalizar el articulado, los artículos 26 y 27 forman el capítulo VI, que incorpora una también muy necesaria consideración al restante personal que integra la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tanto el personal que realiza las indispensables labores de tramitación y gestión procesal, como el personal de apoyo administrativo, cuyo desempeño es imprescindible para que las funciones de asesoramiento, representación y defensa puedan desarrollarse puntualmente.
En la disposición adicional primera se prevén las especialidades procesales que son propias de la condición de Administración pública, con un régimen análogo al de la Administración General del Estado. Se contempla también, en la disposición adicional segunda, la posible participación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en medios alternativos de solución de controversias, habilitando el uso de este tipo de medios si tal fuera el interés de la Comunidad de Madrid.
La disposición adicional tercera regula la posibilidad de externalizar asuntos que correspondan a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, manteniendo con ello una facultad que ya estaba presente en el anterior texto legal. No obstante, la posibilidad de su empleo parte de un ánimo restrictivo y limitado solo a casos y circunstancias muy específicas, que deberán contar en todo caso con el parecer favorable del Abogado General. De igual manera, se mantiene, en la disposición adicional cuarta, la posibilidad de habilitar funcionarios para el ejercicio de las funciones propias de los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, sin que los funcionarios habilitados puedan, en ningún caso, ocupar un puesto de trabajo de letrado.
La disposición adicional quinta prevé la posibilidad de asignar un complemento de productividad, en el marco de las normas que regulan este complemento en el ámbito de la Comunidad de Madrid. También se prevé el abono de la oportuna compensación por el trabajo efectivamente realizado como consecuencia de los convenios suscritos por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que merece una especial consideración por cuanto se trata de una actividad laboral que se suma al trabajo ordinario de los letrados de la Comunidad de Madrid.
IV
Dadas las razones antes expuestas para acometer una regulación integral de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, la única vía para su consecución es la aprobación de una nueva ley que sustituya a la Ley 3/1999, de 30 de marzo , cumpliéndose con los principios de necesidad y eficacia.
Asimismo, la ley cumple el principio de proporcionalidad, en la medida que incluye tan solo la regulación imprescindible para atender los objetivos perseguidos por dicha norma, defiriendo al desarrollo reglamentario la normación de aspectos más de detalle relativos al funcionamiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
La ley se ajusta al principio de seguridad jurídica dada la coherencia de su contenido con el conjunto del ordenamiento jurídico estatal y autonómico.
Se cumple con el principio de transparencia, habiéndose realizado los trámites de audiencia e información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y 4.2.d) y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo . Además, una vez aprobada, la ley se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Su contenido también resulta acorde con el principio de eficiencia, pues su aprobación no supone el establecimiento de cargas administrativas innecesarias o accesorias para los ciudadanos, sino que, por el contrario, debe entenderse que redunda en un beneficio general que engarza con la vocación última de esta ley, que es dotar a la Comunidad de Madrid de una Abogacía General de la Comunidad de Madrid mejor estructurada para ofrecer una mejor asistencia jurídica como garantía del sometimiento de la Administración de la Comunidad de Madrid a la ley y al derecho.
Esta ley cumple con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.
CAPÍTULO I
Funciones de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Artículo 1. Asistencia jurídica a la Comunidad de Madrid.
1. Corresponde a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el asesoramiento jurídico y la representación y defensa letrada, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos.
2. También corresponderá a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el asesoramiento jurídico y la representación y defensa letrada, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, de sus entes de derecho público de régimen especial, cuando su normativa reguladora así lo prevea.
Artículo 2. Asistencia jurídica mediante la suscripción de convenio.
1. Mediante la suscripción del oportuno convenio, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid podrá asumir el asesoramiento jurídico y la representación y defensa letrada, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, de las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad de Madrid no comprendidas en el artículo anterior.
2. Asimismo, el asesoramiento jurídico y la representación y defensa letrada, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, de las entidades locales comprendidas dentro del territorio de la Comunidad de Madrid podrá atribuirse a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, mediante la suscripción del oportuno convenio.
3. Los convenios suscritos al amparo de este precepto deberán establecer una compensación económica en favor de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3. Asistencia letrada al personal de la Comunidad de Madrid.
1. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid podrá asumir la representación y defensa letrada de las autoridades y empleados públicos de la Comunidad de Madrid y de sus organismos autónomos, así como de sus entes de derecho público de régimen especial cuya normativa así lo prevea, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, cualquiera que sea su posición procesal y el estado del procedimiento, siempre que tales procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de sus funciones y que no exista conflicto de intereses con la Comunidad de Madrid.
2. Los convenios previstos en el artículo 2.1 podrán prever la representación y defensa letrada del personal de las entidades integrantes del sector público institucional de la Comunidad de Madrid no comprendidas en el apartado anterior, ante toda clase de órganos judiciales y en todo tipo de procesos jurisdiccionales, cualquiera que sea su posición procesal y el estado del procedimiento, siempre que tales procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de sus funciones y velando especialmente por la inexistencia de conflicto de intereses con la Comunidad de Madrid.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio del derecho de la autoridad o empleado público de encomendar, a su costa, la llevanza de los procedimientos judiciales en que sea parte a los abogados y procuradores que considere más convenientes para la defensa de sus intereses.
CAPÍTULO ll
El Abogado General de la Comunidad de Madrid
Artículo 4. Nombramiento.
1. El Abogado General de la Comunidad de Madrid será nombrado y separado mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería a la que esté adscrita la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
2. El Abogado General será nombrado preferentemente de entre los letrados de la Comunidad de Madrid y, en todo caso, deberá ser un jurista de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional que forme parte de alguno de los cuerpos de letrados de las Administraciones públicas, de los órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas.
Artículo 5. Funciones del Abogado General de la Comunidad de Madrid.
1. Al Abogado General le corresponden las funciones de dirección y coordinación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, y en concreto, las siguientes:
a) Asumir la representación institucional de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
b) Fijar los criterios generales de interpretación del ordenamiento jurídico en el ámbito de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
c) Asesorar jurídicamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a sus miembros en todas aquellas actuaciones de singular trascendencia, cuando así se requiera expresamente.
d) Organizar la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, dirigiendo, impulsando y coordinando la actuación de los distintos órganos y unidades que la integran.
e) Validar la emisión de los informes sobre disposiciones de rango legal, así como los informes y actuaciones procesales de singular trascendencia.
f) Impulsar la realización de estudios jurídicos en interés de la Comunidad de Madrid.
g) Emitir las instrucciones y órdenes de servicio necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de criterio y funcionamiento coordinado de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
h) Nombrar y cesar, o adscribir y remover, según proceda, a los letrados en los distintos destinos de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
i) Cualesquiera otras funciones que le sean normativamente atribuidas.
2. El Abogado General podrá reservarse el conocimiento de cualquier asunto, y estará habilitado para el ejercicio de todas las funciones correspondientes a los letrados de la Comunidad de Madrid.
CAPÍTULO III
Organización de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Artículo 6. Estructura interna de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
1. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid contará, al menos, con la siguiente estructura:
a) La Dirección de Asesoramiento Jurídico.
b) La Dirección de Litigios.
2. Los responsables de las anteriores direcciones serán nombrados necesariamente de entre los letrados de la Comunidad de Madrid con al menos seis años de ejercicio profesional.
3. Mediante decreto, oído el Abogado General, se determinará la estructura orgánica de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, determinándose también el rango jerárquico de las distintas áreas que conformen su estructura.
Artículo 7. Dirección de Asesoramiento Jurídico.
La Dirección de Asesoramiento Jurídico conocerá, con carácter general, de los asuntos sometidos a informe o consulta jurídica.
Artículo 8. Funciones de la Dirección de Asesoramiento Jurídico.
Corresponden a la Dirección de Asesoramiento Jurídico las siguientes funciones:
a) Fijar criterios para la elaboración de informes y dar respuesta a las consultas jurídicas que se planteen.
b) Asumir el asesoramiento de la Comunidad de Madrid en la elaboración de disposiciones normativas, así como en la valoración del aspecto jurídico de las distintas iniciativas de especial relevancia, a petición de los órganos gestores.
c) Validar los informes sobre disposiciones reglamentarias, así como aquellos que se emitan en relación con otros asuntos de especial relevancia.
d) Velar por la uniformidad de criterio en el ámbito de la dirección.
e) Cualesquiera otras funciones que le sean normativamente atribuidas.
Artículo 9. Dirección de Litigios.
La Dirección de Litigios conocerá, con carácter general, de los asuntos sometidos a un proceso judicial, en cualquier jurisdicción y ante cualquier órgano judicial.
Artículo 10. Funciones de la Dirección de Litigios.
Corresponden a la Dirección de Litigios las siguientes funciones:
a) Fijar criterios jurídicos y de actuación ante los órganos judiciales.
b) Reconocer el derecho a la asistencia letrada al personal de la Comunidad de Madrid, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto.
c) Informar la viabilidad de interponer recursos de amparo o promover cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la conformidad del Abogado General.
d) Asumir el asesoramiento jurídico de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de acciones judiciales, así como de las medidas para evitar las mismas.
e) Elevar informe al Abogado General cuando la Comunidad de Madrid venga sosteniendo de forma reiterada un criterio contrario al de los órganos judiciales.
f) Cualesquiera otras funciones que le sean normativamente atribuidas.
Artículo 11. Secretaría Técnica.
1. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid contará con una Secretaría Técnica, cuya ubicación en su estructura, así como el rango jerárquico que le corresponda, se determinará mediante decreto.
2. El responsable de la Secretaría Técnica será nombrado necesariamente de entre los letrados de la Comunidad de Madrid.
Artículo 12. Funciones de la Secretaría Técnica.
Corresponden a la Secretaría Técnica las siguientes funciones.
a) Promover la elaboración de estudios jurídicos relacionados con la actividad de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
b) Proponer la formación continua de los letrados de la Comunidad de Madrid mediante la detección de necesidades formativas y la organización de actividades de perfeccionamiento, sin perjuicio de las competencias de la consejería competente en materia de función pública.
c) Realizar el seguimiento de las aplicaciones informáticas y tecnológicas, procurando que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid cuente con los medios actualizados para el desarrollo de su labor.
d) Ejercer las funciones de secretaría de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la competencia que le corresponde a la secretaría general técnica de la consejería a la que esté adscrita.
e) Cualesquiera otras funciones que le sean normativamente atribuidas.
CAPÍTULO IV
El Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid
Artículo 13. Letrados de la Comunidad de Madrid.
1. Los puestos de trabajo de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que tengan encomendado el desempeño de las funciones de asesoramiento jurídico y representación y defensa letrada se adscribirán, con carácter exclusivo, a los funcionarios del Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.
2. Por el hecho de su nombramiento y toma de posesión, los letrados de la Comunidad de Madrid quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones propias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
3. La representación y defensa por los letrados de la Comunidad de Madrid tendrá carácter institucional y no personal, pudiendo intervenir diferentes letrados en el mismo procedimiento, sin necesidad de habilitación especial ni acto alguno de apoderamiento.
4. Los letrados de la Comunidad de Madrid desarrollarán sus funciones con sujeción al régimen de incompatibilidades en materia de función pública.
Artículo 14. Acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.
1. El acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid será exclusivamente por oposición libre entre licenciados o graduados en Derecho.
2. La oposición al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid se compondrá necesariamente de una parte teórica y de otra práctica y, en todo caso, deberá exigir conocimientos amplios en derecho público y privado.
3. La parte teórica deberá valorar la amplitud y precisión de los conocimientos, la rigurosidad, la comprensión y la claridad en la exposición.
4. La parte práctica consistirá en la elaboración de un escrito procesal y un informe jurídico, en los que se valorará la amplitud, calidad y estructura de los razonamientos jurídicos.
Artículo 15. Tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso.
1. El titular de la consejería a la que esté adscrita la Abogacía General de la Comunidad de Madrid nombrará al tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Abogado General.
2. El tribunal calificador de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid se compondrá de un número impar de juristas de reconocida competencia e igual número de suplentes, que sean funcionarios públicos del Subgrupo Al o equivalente, de los cuales, en todo caso, el presidente y el secretario serán funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.
Artículo 16. Regularidad de las oposiciones.
El Abogado General promoverá la celebración de oposiciones de acceso al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid a fin de garantizar la debida cobertura de los puestos y la correcta prestación del servicio, de conformidad con las previsiones contenidas en las correspondientes ofertas de empleo público.
CAPÍTULO V
Actuación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Artículo 17. Principios de actuación.
1. Los letrados de la Comunidad de Madrid están sujetos al régimen jurídico de los funcionarios públicos, así como a las normas deontológicas profesionales de los abogados, en tanto no sean incompatibles con su condición de funcionarios.
2. Los letrados de la Comunidad de Madrid se atendrán en su actuación al principio de libertad de conciencia e independencia profesional fundada en criterios técnicos, sin perjuicio de la potestad de dirección del Abogado General y de quienes ostenten una jerarquía superior.
3. Particularmente, los letrados de la Comunidad de Madrid se someterán a los siguientes principios de actuación:
a) Actualización y formación constante, con el deber de conocer las innovaciones legislativas y jurisprudenciales.
b) Máxima diligencia profesional en la realización de cualesquiera de sus funciones.
c) Respeto del secreto profesional de aquellos asuntos que conozcan por razón del ejercicio de sus funciones.
d) Imparcialidad y objetividad.
4. Los letrados de la Comunidad de Madrid harán un uso responsable de las herramientas digitales y de inteligencia artificial.
Artículo 18. Disparidad de criterios.
Cuando en cualquier asunto exista disparidad de criterios jurídicos, se impondrá el criterio de quien tenga mayor rango jerárquico, que, en todo caso, deberá reservarse el conocimiento del asunto para sí mismo.
Artículo 19. Informes y consultas jurídicas.
1. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid informará en todos los asuntos que sea preceptivo y responderá a las consultas jurídicas que se le formulen, atendiendo a lo dispuesto en los dos artículos siguientes.
2. Los informes que se emitan desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid serán precisos y examinarán únicamente las cuestiones jurídicas que se susciten en cada caso, sin perjuicio de las recomendaciones o advertencias que se consideren necesarias para una mejor resolución de la cuestión, debiendo estar debidamente fundados en derecho.
3. Las valoraciones jurídicas que se consideren condicionantes de la validez en derecho de la actuación sometida a informe o consulta, o presenten una singular trascendencia jurídica, se expresarán como consideraciones esenciales.
4. En los casos en que una determinada actuación pudiera resultar contraria a derecho o presentase dudas de legalidad, los informes podrán proponer alternativas de actuación que se consideren jurídicamente viables para alcanzar la finalidad pretendida.
5. Los informes emitidos por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid no serán vinculantes, salvo que normativamente se disponga lo contrario.
Artículo 20. Informes preceptivos.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid informará con carácter preceptivo, sobre los siguientes asuntos:
a) Los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales, salvo, en cuanto a estas, las que tengan carácter meramente organizativo.
b) Los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos sujetos a la normativa de contratación del sector público, así como su modificación y resolución.
c) Los demás contratos que se rijan por el derecho administrativo, civil y mercantil y las concesiones demaniales, así como su modificación y resolución.
d) Los contratos modelo de naturaleza laboral que deban formalizarse por escrito y los que se aparten de dichos contratos modelo.
e) Los convenios y sus modificaciones. Este informe podrá venir referido a convenios modelo.
f) El bastanteo de los poderes para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.
g) Los estatutos de las entidades integrantes del sector público institucional en las que participe directamente la Administración de la Comunidad de Madrid, así como sus modificaciones.
h) El ejercicio de acciones judiciales y, en su caso, la viabilidad de la terminación del proceso por transacción o cualquier tipo de acuerdo convencional.
i) Cualquier otro asunto respecto del cual las disposiciones vigentes exijan un informe jurídico con carácter preceptivo.
j) Los expedientes sobre declaración de lesividad de actos propios.
k) La defensa jurídica de las competencias de la Comunidad de Madrid derivadas del Estatuto de Autonomía.
Artículo 21. Consultas jurídicas.
1. El Gobierno, así como sus miembros, los viceconsejeros, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los titulares de los órganos de gobierno de los organismos autónomos y de los entes previstos en el artículo 1.2 pueden consultar a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sobre cualquier cuestión jurídica relacionada con los asuntos de su competencia, precisando los puntos que deben ser objeto de asesoramiento.
2. Particularmente, podrán solicitar la participación de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en relación con los anteproyectos de leyes, proyectos de disposiciones reglamentarias, planes o actuaciones de singular relevancia, cuando estén en fase inicial, a fin de evaluar su viabilidad jurídica, sin que dicha participación excluya o condicione el informe preceptivo que en su caso corresponda emitir en el momento oportuno.
3. En el ejercicio de sus funciones de control interno de la gestión económico-financiera del sector público autonómico y cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, el titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid podrá formular consulta sobre las cuestiones jurídicas que pudieran plantearse con ocasión de aquellas.
4. Las respuestas a las consultas jurídicas que se planteen adoptarán la forma de informe y estarán sometidas a las reglas de emisión de estos.
Artículo 22. Actuación ante órganos judiciales.
1. El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional corresponde al órgano que tenga atribuida la competencia, que previamente deberá recabar el correspondiente informe sobre su viabilidad.
2. En su actuación ante los órganos judiciales, los letrados de la Comunidad de Madrid velarán por la mejor defensa de los intereses de la Comunidad de Madrid y desarrollarán con el máximo rigor, en el marco de las normas procesales, todas aquellas actuaciones que contribuyan a ello, dentro del respeto a la legalidad y la buena fe procesal.
3. Los órganos, entidades y organismos de la Comunidad de Madrid están obligados a prestar la debida asistencia y colaboración a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en lo que se requiera para la mejor defensa de los intereses de la Administración y, especialmente, proporcionarán los medios de prueba que sean necesarios en cada caso.
4. Las resoluciones desfavorables a la Comunidad de Madrid se recurrirán en los términos que dispongan las normas procesales siempre que haya motivos fundados para sostener el recurso.
Artículo 23. Reconocimiento de asistencia letrada.
1. Las solicitudes de asistencia letrada deberán cursarse por el titular de la consejería o el titular del centro directivo al que pertenezca el solicitante, y deberán justificar que la actuación cuya defensa se pretende se ha realizado en el ejercicio de sus funciones y es conforme a la legalidad vigente.
2. Con carácter previo a conceder cualquier asistencia letrada, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid examinará la ausencia de conflicto de intereses.
3. La denegación de asistencia letrada no dará derecho por sí misma a indemnización alguna ni al abono de los gastos de defensa que le correspondan al solicitante de la asistencia letrada.
Artículo 24. Participación en órganos colegiados.
Corresponde a los letrados de la Comunidad de Madrid participar en órganos colegiados cuando sean designados para formar parte de estos o cuando así esté previsto por otras disposiciones.
Artículo 25. Actuación mediante suscripción de convenio.
1. Cuando la Abogacía General de la Comunidad de Madrid asuma el asesoramiento jurídico o la representación y defensa letrada de una entidad mediante la suscripción de un convenio, la actuación de los letrados de la Comunidad de Madrid se regirá por las reglas y principios expuestos en esta ley.
2. Con independencia de su destino, los letrados de la Comunidad de Madrid asumirán las actuaciones que les asignen por razón de los convenios suscritos por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
CAPÍTULO VI
Otro personal adscrito a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Artículo 26. Tramitación y gestión procesal.
1. Para la realización de las labores de tramitación y gestión procesal la Abogacía General de la Comunidad de Madrid dispondrá de funcionarios debidamente capacitados al efecto.
2. Corresponde a los funcionarios adscritos a las labores de tramitación y gestión procesal, además de las que puedan ser asignadas, específicamente las siguientes:
a) Recibir y tramitar todas las notificaciones judiciales realizadas a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
b) Remitir todos los escritos que se dirijan a los órganos judiciales.
c) Resolver cuantas incidencias surjan en el intercambio de documentación con los órganos judiciales.
3. El Abogado General habilitará a los funcionarios adscritos a las labores de tramitación y gestión procesal para que presenten y reciban toda clase de comunicaciones y escritos ante los órganos judiciales a través de los medios establecidos para ello.
Artículo 27. Personal de apoyo administrativo.
1. El personal de apoyo administrativo tiene como función asegurar el correcto funcionamiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en relación con aquellas funciones administrativas que se precisen para la adecuada gestión de todos los expedientes.
2. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid deberá disponer de personal de apoyo administrativo para la cobertura de todos los servicios.
Disposición adicional primera. Especialidades procesales de la Comunidad de Madrid.
1. Se estará a lo dispuesto en la legislación estatal respecto del régimen de notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal, exención de depósitos y cauciones, tasación de costas, suspensión del curso de los autos, fuero territorial y comparecencia por videoconferencia.
2. En particular, en los procesos en que intervengan los letrados de la Comunidad de Madrid, las notificaciones, citaciones y demás actos de comunicación procesal deberán remitirse directamente a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid en su sede oficial con independencia de la persona, órgano o entidad en cuyo nombre y representación actúen.
Disposición adicional segunda. Otros medios de solución de controversias.
1. Previa autorización expresa del titular de la consejería a la que esté adscrita la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, oído el Abogado General, se podrá asumir la representación y defensa de la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y demás entidades de derecho público previstas en el artículo 1.2 en otros medios adecuados de solución de controversias que pudieran resultar jurídicamente viables en cada caso.
2. En el marco de los convenios suscritos al efecto, las entidades locales y los entes y organismos integrantes de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid contemplados en el artículo 2 podrán solicitar la representación y defensa por parte de los letrados de la Comunidad de Madrid en los medios adecuados de solución de controversias que pudieran resultar jurídicamente viables en cada caso.
Disposición adicional tercera. Externalización de asuntos.
1. Solo en casos extraordinarios, por razón de la especialidad de la materia o de la jurisdicción, o cuando exista un gran volumen de asuntos análogos cuya gestión no pueda ser asumida por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, se podrá encomendar por acuerdo del Consejo de Gobierno la representación y defensa de esos asuntos a abogados en ejercicio no pertenecientes al Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable del Abogado General.
2. Con carácter previo a la preparación de contratos que tengan por objeto el asesoramiento jurídico externo, el órgano proponente lo comunicará a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, debiendo emitirse informe favorable del Abogado General en el plazo de cinco días.
Disposición adicional cuarta. Habilitación de funcionarios para el ejercicio de funciones propias del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid.
En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular de la Consejería a la que esté adscrita la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Abogado General, podrá habilitar a funcionarios de la Comunidad de Madrid que sean licenciados o graduados en Derecho, para que ejerzan funciones propias del cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, con carácter provisional y sin ocupar, en ningún caso, puesto de letrado. La habilitación se extinguirá, si antes no es revocada, en el plazo máximo de un año, sin perjuicio de su renovación, si persisten las mismas circunstancias. La renovación de la habilitación deberá estar motivada en la persistencia de las circunstancias excepcionales que justificaron su otorgamiento.
Disposición adicional quinta. Complemento de productividad.
1. Los letrados de la Comunidad de Madrid que cumplan con los requisitos que se establezcan en la normativa de función pública podrán percibir un complemento de productividad.
En los mismos términos podrá concederse un complemento de productividad al restante personal adscrito a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
2. Adicionalmente, los letrados de la Comunidad de Madrid que asuman funciones de asesoramiento jurídico o representación y defensa letrada derivadas de los convenios suscritos al amparo de lo dispuesto en el artículo 2, percibirán la correspondiente compensación por el trabajo efectivamente realizado.
Disposición transitoria primera. Vigencia del Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
Hasta la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de esta ley, continuará siendo de aplicación el Reglamento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 105/2018, de 19 de junio , en todo aquello que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la misma.
Disposición transitoria segunda. Vigencia de los convenios suscritos al amparo de la normativa anterior.
Los convenios suscritos con entidades del sector público de la Comunidad de Madrid o con entidades locales para el asesoramiento, representación y defensa jurídica por parte de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid conservarán su vigencia en los términos pactados, hasta su extinción o modificación, siempre que no contravengan lo dispuesto en esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogada la Ley 3/1999, de 30 de marzo , de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.