LEY 6/2026, DE 13 DE NOVIEMBRE, DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El marco competencial que determinan el artículo 149.1.8.ª y 6.ª. de la Constitución Española y los vigentes artículos 30.27 y 31.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la conservación, la modificación y el desarrollo del derecho civil propio de las Illes Balears, ha tenido hasta hoy un desarrollo escaso, especialmente insólito si se compara con lo que ha sucedido en las otras comunidades autónomas que tienen asumida la misma competencia legislativa exclusiva.
Esta ley pretende, también, superar la atonía que ha presidido los cuarenta años de competencia legislativa sobre el derecho civil propio y seguir el diseño de política legislativa afianzado en la necesidad de renovar e impulsar el derecho civil. Ciertamente, la Compilación de 1961 y su adaptación a la Constitución por la Ley 8/1990, de 28 de junio, de la Compilación del derecho civil de las Illes Balears, originadas en circunstancias políticas, económicas y sociales muy diferentes de las actuales, a pesar de su altura técnica y eficacia en la conservación de algunas instituciones civiles propias, son insuficientes e inadecuadas para las nuevas realidades y necesidades de los habitantes de las Illes Balears.
La Compilación ha prestado un servicio importante en la conservación de nuestro derecho civil, pero resulta insuficiente para ordenar todas las relaciones patrimoniales del matrimonio que se producen en la sociedad actual. Por lo tanto, resulta imprescindible adaptar las instituciones propias a la cambiante realidad social, lo que, además de ser una necesidad, es una exigencia inherente al ejercicio de la competencia legislativa asumida.
II
Esta ley sigue el diseño de política legislativa que se propuso en el Informe elaborado por la Comisión de Expertos para el Estudio de una Posible Reforma de la Compilación de Derecho Civil de Baleares (BOCAIB n.º 153, de 1 de diciembre de 1998), nombrada por el Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 1998, donde se planteó un cambio de sentido en la política legislativa sobre el derecho civil de las Illes Balears, a través de la creación de la Comisión Asesora de Derecho Civil de las Illes Balears. Esta Comisión diseñó, finalmente y por unanimidad (sesiones de 30 de marzo y 28 de abril de 2009), la vía para desarrollar el derecho civil propio mediante la elaboración y redacción de propuestas de leyes especiales sectoriales que irían derogando y sustituyendo parcialmente la Compilación o bien decidir si estas leyes sectoriales se refundirían, finalmente, en una nueva compilación o en otro cuerpo normativo del derecho civil de las Illes Balears.
La extinta (por la Ley 7/2017, de 3 de agosto) Comisión Asesora de Derecho Civil de las Illes Balears decidió que la primera ley sectorial a preparar sería la del régimen patrimonial del matrimonio. Se debe recordar que el régimen económico del matrimonio en las Illes Balears ha tenido y tiene una importancia singular por sus raíces históricas que armonizan con la sociedad balear, con sus singularidades territoriales por islas, que quedan reflejadas en la regulación y estructura de esta ley. También cabe recordar que el régimen económico regulado en la Compilación es una de las pocas instituciones donde hubo unanimidad entre los juristas para mantenerlo, en el momento de la elaboración del Código Civil español.
III
Los materiales que han servido de base a la discusión y la elaboración de este texto legal han sido el Anteproyecto de ley de modificación del título I de los libros I y II de la Compilación, redactado y entregado al Gobierno por la Comisión Asesora en 2004; el Proyecto de ley por el que se reforma el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre , de reforma del título I del libro I de la Compilación de derecho civil de las Illes Balears, del régimen económico conyugal y reenumeración y titulación de todos los artículos, entregado al Gobierno y aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2007, que decayó por finalizar la legislatura; el Anteproyecto de ley de régimen patrimonial del matrimonio (2010-2012), que modificó el anterior proyecto procediendo a dividirlo en dos partes, una reguladora del derecho aplicable en Mallorca y Menorca, correspondiente a los libros I y II de la Compilación, y una segunda parte que regulaba la materia correspondiente a Eivissa y Formentera del libro III de la Compilación. Finalmente, el Anteproyecto de ley de régimen patrimonial del matrimonio, publicado en el BOIB por resolución del consejero de Presidencia de 11 de septiembre de 2013, para formular enmiendas antes de la aprobación por el Consejo de Gobierno. Una vez formuladas las enmiendas y nombrada la nueva Comisión Asesora, por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 14 de marzo de 2014, se procedió a debatir dichas enmiendas introduciendo en el texto del Anteproyecto las rectificaciones oportunas y se presentó, seguidamente, este anteproyecto al consejero de Presidencia para su aprobación y comenzar su tramitación parlamentaria, que no se inició.
A todo este material, base de esta ley, deben añadirse las propuestas presentadas por el Consejo Asesor de Derecho Civil propio de Eivissa y Formentera, así como las leyes de las diferentes comunidades autónomas relativas al régimen económico matrimonial y la familia que se han promulgado en los últimos años, y también la doctrina y la jurisprudencia más reciente.
Extinguida la Comisión Asesora y nombrado un nuevo órgano que la suple, el Consejo Asesor de Derecho Civil de las Illes Balears, este inició sus trabajos, que culminaron con la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears (BOIB n.º 148, de 17 de noviembre de 2022; BOE n.º 290, de 3 de diciembre de 2022). Una vez nombrado, por haber finalizado su mandato (disposición adicional quinta de la Ley 7/2017, de 3 de agosto), el nuevo Consejo Asesor, como órgano permanente de consulta y asesoramiento del Gobierno y del Parlamento, y también de los consejos insulares cuando lo soliciten, en materia de derecho civil de las Illes Balears, empezó sus trabajos con la elaboración de la regulación del régimen patrimonial de los cónyuges, con la participación del Consejo Asesor de Derecho Civil propio de Eivissa y Formentera.
IV
La Ley se denomina “del régimen patrimonial del matrimonio”, puesto que no se limita, como hacía hasta ahora la Compilación, a regular el régimen económico matrimonial propio de las diferentes islas, sino que comprende los diferentes aspectos patrimoniales que derivan del hecho de contraer matrimonio con el fin de que, en las situaciones en que sea aplicable esta ley, la regulación sea completa, sin tener que acudir a ordenamientos supletorios, al dotar de un sistema jurídico privado al ámbito de las relaciones patrimoniales del matrimonio y de la pareja estable, que irán conformando y adecuando otra parte de la Compilación.
La Ley, que se divide en tres títulos, sigue la estructura de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears; dedica el título I a regular las disposiciones comunes en todo el territorio balear; el título II, a preceptuar el régimen patrimonial del matrimonio que rige para Mallorca y Menorca, y el título III, dedicado a la normativa aplicable en Eivissa y Formentera. Concluye con una parte final que comprende una disposición adicional, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.
El título I, disposiciones generales comunes, son normas de aplicación general en todo el territorio de las Illes Balears, regula el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley; los principios generales en que se inspira, con especial desarrollo de las diferentes vertientes del principio de igualdad entre los cónyuges en cuanto a derechos y deberes, dirección familiar y domicilio, siguiendo el mandato constitucional (artículos 14 , 32.1 y 39 de la Constitución) y estatutario (artículos 13 , 16.3 y 17 del Estatuto de Autonomía), la Ley balear 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres (BOIB n.º 99, de 4 de agosto de 2016), aplicando la corresponsabilidad al ámbito de las relaciones entre cónyuges, y la Ley 8/2018, de 31 de julio , de apoyo a las familias (BOIB n.º 97, de 7 de agosto de 2018). A efectos de esta ley, el apartado 1 del artículo 4 define la familia conyugal formando un núcleo amplio, propio de la sociedad actual, donde ha aumentado el número de familias reconstituidas, conformadas por el progenitor, su cónyuge o pareja, e hijos, de uno o del otro y, si hay, de los hijos comunes. En esta línea de actualización, se prescinde de utilizar los términos marido y mujer, para denominarlos cónyuges.
El título II se dedica a las disposiciones aplicables en Mallorca y Menorca, y se divide en seis capítulos.
Los cuatro primeros capítulos conforman un régimen patrimonial primario para los cónyuges que queden sujetos al derecho civil de las Illes Balears, con independencia de su régimen económico matrimonial.
El capítulo I regula las cargas familiares y define qué se entiende por carga familiar, que, hasta ahora, se tenía que conformar a partir de la doctrina jurisprudencial (STSJIB 1/1998, de 3 de septiembre de 1998) por falta de regulación, y quiénes son sus beneficiarios. La Ley distingue entre la obligación de levantarlas, que recae sobre los cónyuges, y determina dos formas específicas de levantamiento directo, el trabajo para la familia y la aportación del uso de la vivienda familiar y el ajuar doméstico, así como la contribución a este levantamiento que, en primer lugar, será según pacto; se regulan la afección del patrimonio de cada cónyuge a su levantamiento y la responsabilidad ante terceros, solidaria o subsidiaria, según los casos.
El trabajo para la familia no solo es una forma de levantamiento de las cargas familiares, sino que da derecho, al cónyuge que ha trabajado para la familia, a un crédito compensatorio, cuando los cónyuges estén sometidos al régimen económico matrimonial de separación de bienes.
El artículo 9 determina qué se entiende por trabajo para la familia, que es el trabajo realizado para la casa. Se establecen unos criterios para facilitar al juez la determinación de la cuantía del crédito para nivelar la eventual incidencia de dicho trabajo, con principal atención a la pérdida de oportunidades por parte del cónyuge que lo ha realizado, así como en relación con el aumento del patrimonio del otro cónyuge. Para esta determinación es importante tener en cuenta el tipo de trabajo prestado, el nivel de dedicación y la duración, y, especialmente, cómo le ha afectado en la pérdida de oportunidades, y en relación con el aumento del patrimonio del otro cónyuge beneficiado por este trabajo que le ha permitido mayor dedicación a su actividad profesional o empresarial.
Se ha creído conveniente no incluir en el artículo 9 la colaboración en la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge, al ser un trabajo distinto que, a veces, no redunda en la pérdida de oportunidades; a pesar de todo, este trabajo, que aprovecha a la familia, tiene que retribuirse al cónyuge que ha colaborado. Por esta razón, el artículo 42 prevé dos tipos de créditos, uno compensatorio, del artículo 9.1, y otro indemnizatorio, para resarcir dicha colaboración no retribuida o retribuida de forma insuficiente al cónyuge que la ha prestado, que se tendrá que satisfacer de acuerdo con los precios de mercado, salvo que los cónyuges pacten otra cosa.
Estos dos créditos son exigibles, solo en el supuesto de extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes. En los supuestos que la extinción del régimen económico se produzca por muerte o por declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, estos créditos solo serán exigibles si no son cubiertos por lo que le corresponde en la herencia del cónyuge premuerto, o haya recibido antes por pacto sucesorio; en todo caso, tendrá derecho a reclamar la diferencia a los herederos.
Se establece finalmente, la compatibilidad de ambos créditos con la pensión compensatoria regulada en el derecho del Estado.
El capítulo II define la vivienda familiar y el ajuar familiar en el artículo 14, y se excluyen del concepto de ajuar familiar y, consiguientemente, del derecho de predetracción los bienes de extraordinario valor, sean artísticos, históricos o de ornamentación, dado el nivel de vida de la familia, y también los bienes muebles de origen familiar, de tanta tradición en nuestras islas, así como las joyas; se ha entendido que tampoco son objeto de predetracción, porque no tienen el concepto de ajuar, otros objetos artísticos e históricos que no sean de extraordinario valor, porque puedan tener un valor sentimental para el cónyuge que sea su titular.
Por otro lado, se regula la legitimación restringida para llevar a cabo actos de disposición o gravamen sobre estos bienes. La antes mencionada Sentencia del TSJIB 1/1998, de 3 de septiembre, entendía aplicable en este campo la plena libertad de disposición por parte de su titular, en consonancia con el histórico régimen de absoluta separación de bienes. La realidad social y las exigencias de protección a los integrantes de la familia impuso un cambio, y la Ley 7/2017, de 3 de agosto, modificó el artículo 4 de la Compilación. En este sentido, los artículos 15, 16 y 17 regulan la exigencia del consentimiento del cónyuge no titular por actos de disposición, enajenación o gravamen de la vivienda familiar. Para la realización de estos actos se imponen obligaciones relativas a la manifestación del carácter de la vivienda, como también prohibiciones de autorización y de registro para notarios y registradores. Se regula igualmente la anulabilidad de dichos actos y su inoponibilidad a terceros de buena fe a título oneroso cuando la manifestación sea inexacta o falsa. Este consentimiento del cónyuge no titular se exige también para los actos de disposición de los bienes que constituyen el ajuar familiar.
En el capítulo III se regulan dos derechos viudales de naturaleza familiar, no sucesoria, uno, de nuevo cuño, aunque no ajeno a la tradición jurídica de las Illes Balears, derivado del any de plor, instituido por el Privilegio de Sancho I el día 1 de junio de 1316, y que provenía de la antigua “goida”, que era una de las garantías para recuperar los bienes dotales que otorgaba a la mujer el derecho a retener los bienes de su marido premuerto hasta que el heredero le hubiera satisfecho la dote y las donaciones propter nuptias. Este derecho que regula el artículo 18 otorga al cónyuge supérstite el derecho a poseer la vivienda familiar durante el año siguiente a la muerte del otro cónyuge. Y otro, que se mantiene, consistente en la predetracción del ajuar doméstico sin computarlo en el haber hereditario, que entronca con el antiguo derecho “a part de cambra”, que constituían “les robes de lli i llana”, costumbre recogida en el libro III, título XII, 7, de la Recopilació de les Franqueses i Dret Municipal de Mallorca de 1622, y que era compatible con el usufructo, como declaró la Real Audiencia del Reino de Mallorca en Sentencia de 27 de marzo de 1668.
Asimismo, la nueva regulación se encuentra en consonancia con los principios 4.º. y 8.º. del anexo de la Recomendación 15 adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 16 de octubre de 1981, sobre los derechos de los cónyuges relativos a la ocupación de la vivienda de la familia y la utilización de los objetos que integran el ajuar doméstico.
Las donaciones por razón de matrimonio están reguladas en el capítulo IV. Su régimen y su eficacia están determinados por su fundamento, el futuro matrimonio a contraer; son las denominadas donaciones ob causam. Si pasado el año desde la aceptación de la donación no se ha contraído matrimonio, la donación es ineficaz. Especial atención se presta a su revocabilidad, por nulidad del matrimonio, por incumplimiento de cargas y por ingratitud. En el supuesto de que la donación por razón de matrimonio fuera otorgada por terceras personas, además de las causas de revocación mencionadas, también lo serán la separación legal y el divorcio.
El artículo 23 regula la acción de revocación que debe ejercitarse por procedimiento judicial; también se podrá instar la revocación en escritura pública en el supuesto de que donante y donatario reconozcan de forma expresa la causa de revocación. El plazo para el ejercicio de la revocación es de un año de caducidad a contar desde que el donante tuvo conocimiento de su causa. Finalmente, el artículo 24 determina los efectos de la revocación.
El capítulo V regula las capitulaciones matrimoniales, una institución de gran tradición histórica al ser el instrumento de organización de la familia que se constituía a partir de la celebración del matrimonio, regulador de las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y también de ámbito sucesorio.
Las capitulaciones matrimoniales son el instrumento público donde los futuros contrayentes o los cónyuges pueden determinar, modificar o sustituir el régimen económico que regulará sus relaciones patrimoniales; además, el artículo 25 permite establecer pactos en previsión de ruptura matrimonial, regulados por otros derechos civiles autonómicos, que permiten acordar las cuestiones personales y patrimoniales tras la ruptura matrimonial antes de que se produzca conflicto, así como pactar la dote o constituir un patrimonio afecto al levantamiento de las cargas familiares, u otros pactos lícitos por razón de matrimonio. En el ámbito sucesorio, se permite pactar donación universal de bienes presentes y futuros, entre los futuros contrayentes o entre los cónyuges, o bien con terceros, así como otorgar pacto de definición con sus ascendientes de quienes son futuros legitimarios, y si han contraído matrimonio pueden pactar uno u otro cónyuge o ambos definición de sus futuros derechos legitimarios en la sucesión de su consorte, que se regula por primera vez en la disposición final primera y segunda de esta ley.
El régimen económico matrimonial se regula en el capítulo VI, dividido en dos secciones, y la segunda sección, a su vez, se divide en dos subsecciones.
La sección primera contiene las disposiciones generales y empieza, en el artículo 32, por las relativas a la autonomía de la voluntad que tienen los cónyuges para determinar, mediante el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, el régimen económico que regirá su matrimonio y, a falta de estas o si son ineficaces, determina que el régimen legal supletorio es el de separación de bienes. También proclama, esta sección primera, el principio de libre contratación entre cónyuges, de importante tradición histórica. Los cónyuges, en las Illes Balears, han tenido siempre autonomía patrimonial y libertad de contratación. Además, la situación de la mujer en las Illes Balears ha sido, históricamente, de gran autonomía patrimonial. El “Stil 11” de 1344, dado por Arnau d'Erill, permitía a la mujer casada afianzar a su marido, en contra de la prohibición romana, siempre que hubiera renunciado al Senatus Consultum Vellaeanum, situación que no se daba en otros derechos civiles propios.
Se ha considerado necesario incluir en el artículo 35 una regla sobre revocación de donaciones entre cónyuges, para dotarla de más claridad y sencillez. Se limita a un año el tiempo para interponer la acción de revocación y, en cuanto a la legitimación, corresponde exclusivamente al cónyuge, y a sus herederos solo en el caso de haber muerto aquel una vez ejercitada la acción.
El régimen de separación de bienes ha sido tradicionalmente en todas las Illes Balears el legal supletorio, y como tal es objeto de regulación en la sección segunda; tiene sus raíces en nuestra sociedad y es el resultado del histórico régimen dotal. Se caracteriza por la independencia de los patrimonios conyugales y la falta de comunicación tanto de ganancias como de deudas, excepto si son cargas familiares, caso en que es de aplicación el artículo 12.
En la subsección primera se define el régimen de separación de bienes, se determinan cuáles son propios de cada cónyuge y las reglas de administración y apoderamiento, y, si bien se aplican supletoriamente las reglas del mandato, no se permite, salvo autorización, que el cónyuge mandatario nombre sustituto, por el propio carácter del matrimonio, que solo deposita en el otro cónyuge la confianza para dicho cometido.
En cuanto a las adquisiciones onerosas realizadas por un cónyuge, se establece como regla de partida que la titularidad pertenece al que figura como tal en el título adquisitivo formal, y se añade que, si ha sido pagada o satisfecha la contraprestación o precio por el otro cónyuge, se aplicará la presunción de gratuidad establecida para los contratos entre cónyuges. Con esta regla se pretende solucionar el conflicto de intereses que se produce en estos supuestos aplicando el criterio de la seguridad del tráfico inmobiliario y la evitación del enriquecimiento injusto. Se trata, por lo tanto, de una presunción iuris tantum, por lo que es posible el ejercicio de acciones por parte del cónyuge que pagó la contraprestación o precio, cuando esta adquisición obedezca a una causa ajena a la donación.
Por otra parte, la regulación se completa con la admisión de cualquier medio de prueba respecto de la pertenencia de un bien a uno u otro cónyuge, a falta de título, y en el artículo 40 el establecimiento de la presunción de cotitularidad por mitades indivisas, como regla de cierre. Asimismo, se presume, salvo prueba en contra, la pertenencia exclusiva a uno de los cónyuges de los bienes muebles de uso personal y de los directamente destinados a su actividad.
La subsección segunda regula la extinción del régimen de separación de bienes y posterior liquidación de créditos y deudas entre los cónyuges. Se enumera una previsión detallada de los créditos y deudas que entran en la liquidación. Se determina que dicha liquidación se debe llevar a cabo de conformidad con lo acordado en las capitulaciones matrimoniales, o con los pactos en previsión de la ruptura matrimonial otorgados fuera de capitulaciones. El tercer párrafo del artículo 41 permite a cualquiera de los cónyuges pedir simultáneamente, en los procedimientos de separación, divorcio y nulidad, y en los dirigidos a obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, la acción de división de los bienes que tengan en comunidad ordinaria, como la liquidación de créditos y deudas si no existe acuerdo entre ellos. El apartado 2 del artículo 42 prevé, en el supuesto de que la extinción del régimen fuera por muerte o declaración de fallecimiento, que los créditos determinados en los apartados a) y b) sean exigibles solo en el supuesto de que no sean cubiertos por lo que corresponda al cónyuge acreedor por sucesión mortis causa o hubiera recibido anteriormente por pacto sucesorio.
Determinados los créditos, se han de compensar para que resulte exigible un crédito único, que se tiene que pagar en metálico, o en bienes, en su caso, en el plazo máximo de tres años.
El título III de la Ley regula las relaciones patrimoniales del matrimonio en las islas de Eivissa y Formentera. Se divide en siete capítulos y da una solución de conjunto a la materia, a su vez autónoma y propia de las Pitiüses. Los cuatro primeros capítulos constituyen un verdadero régimen matrimonial primario, dado que sus normas son para todos los matrimonios sujetos a las disposiciones aplicables en Eivissa y Formentera, cualquiera que sea su régimen económico conyugal. En cuanto a las cargas familiares y su levantamiento, objeto del capítulo I, pocas diferencias se aprecian respecto al resto del territorio balear, si tenemos en cuenta que, desde 2017, tanto el libro I como el libro III de la Compilación reconocían que el trabajo para la familia realizado por uno de los cónyuges podía dar derecho a una compensación. Ahora bien, la tradición jurídica pitiusa hace que la coincidencia en esta concreta materia no sea plena en todo el archipiélago. Ciertamente, cuando el régimen económico pactado en espòlits sea el de acolliment en la quarta part dels milloraments, el crédito que debe percibir el cónyuge acogido, una vez liquidado el régimen, resulta incompatible con el crédito compensatorio derivado del exceso de contribución al levantamiento de las cargas familiares. Por otra parte, y siguiendo el parecer del Consejo Asesor del Derecho Civil propio de Eivissa y Formentera, la Ley 7/2017 resolvió la cuestión de la responsabilidad por obligaciones fundadas en el levantamiento de las cargas familiares con el criterio de la solidaridad frente a terceros, tanto en los casos en que las hubieran contraído ambos cónyuges como cuando las había contraído solo uno de ellos en ejercicio de la potestad doméstica. La Ley que ahora se presenta adopta esta misma solución.
El capítulo II trata de la vivienda familiar y del ajuar doméstico, con una regulación igualmente propia y autónoma para las islas Pitiüses, aunque parecida a la de las islas de Mallorca y Menorca, sobre todo en cuanto al régimen de disposición y gravamen, dado que la Ley 7/2017 modificó tanto el artículo 4 como el 67 de la Compilación, en el sentido de exigir el consentimiento del cónyuge no propietario o, de lo contrario, autorización judicial.
El capítulo III contempla dos beneficios viudales que, a pesar de no haber sido nunca recogidos en el libro III de la Compilación, sí que han estado presentes en las islas Pitiüses: el derecho del cónyuge supérstite a continuar en la posesión de la vivienda familiar durante el año siguiente a la muerte del otro, y el de predetracción del ajuar familiar, siempre que en ambos supuestos los cónyuges no estén separados legalmente ni de hecho. El derecho a mantener la posesión de la vivienda familiar deriva de la institución del any de plor; mientras que el derecho a predetraer el menaje familiar entronca con l'acolliment en la meitat dels draps de cambra, blancs i llistats, que el marido acostumbraba a prometer en espòlits a favor de la esposa en previsión de morir antes que ella. Ambas instituciones jurídicas han tenido como premisa la existencia de una comunidad de vida entre los cónyuges al tiempo de producirse la muerte de uno de ellos.
El capítulo IV regula las donaciones por razón de matrimonio, con normas sobre el concepto, el objeto, la forma y la caducidad de las donaciones propter nuptias, las cuales quedan sin efecto si el matrimonio en atención al cual se hacen no se contrae en el plazo de un año desde la aceptación. Y se regula su revocación, recogiendo las causas y el plazo para el ejercicio de esta facultad, que también es de un año y que se cuenta desde que el donante haya tenido conocimiento de la causa.
Considerando que, en algunos casos, resulta difícil concretar el momento en el que se tiene conocimiento de la existencia de la causa de revocación, se ha optado por computar el plazo del año desde que se tiene noticia de la misma, con independencia de cuál sea la vía para revocar la donación, escritura pública o acción judicial. En este último supuesto, de no haber alcanzado un acuerdo por cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias regulados en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el plazo de un año se computará conforme a los términos previstos en dicha ley.
Como se ha expuesto, se ha optado por dotar de redacción propia a la posibilidad (que ya existía en la práctica) de revocar las donaciones propter nuptias por acuerdo ante notario, con el fin de concretar el contenido mínimo de la escritura de revocación y como una actuación puramente potestativa e independiente de la vía judicial.
La idea de regular el contenido mínimo de la escritura de revocación y los requisitos de validez del poder especial que podrá otorgar el donatario responden a la finalidad de agilizar los trámites en el sentido de que, como en la mayor parte de los casos haya habido contactos previos entre las partes o sus abogados o, si procede, en el proceso de mediación, en estos contactos ya se podrá conocer si el cónyuge donatario admitirá o no la concurrencia de la causa de revocación. Si la admite, lo puede hacer en un poder especial que confiera a estos efectos o por comparecencia personal en la escritura de revocación. Si no la admite, se acudirá directamente a la vía judicial.
Por excepción, dado que las donaciones por razón de matrimonio otorgadas en espòlits a favor del hijo o hija tienen, además de las generales, unas causas especiales de revocación previstas en el artículo 67.3, atendiendo a la especialidad de éstas, se establece que se pueden revocar unilateralmente por la parte donante en escritura pública acreditando la concurrencia de la causa de revocación y sin que sea necesario que la parte donataria la reconozca expresamente.
Finalmente, y en cuanto a los efectos que produce la revocación de las donaciones propter nuptias, se prevé, como regla general, el reintegro del bien donado al patrimonio del donante y, en caso de imposibilidad, el reembolso de su valor; en cuanto a los frutos, el donatario tendrá que restituir los que hubiera percibido desde que conste fehacientemente la voluntad revocatoria del donante mediante cualquier intento de solución extrajudicial del conflicto -como burofax, papeleta de conciliación o solicitud de mediación- y, a falta de acuerdo, desde la interposición de la demanda o desde el otorgamiento de la escritura de revocación, según se haya optado por la vía judicial o por la notarial.
El capítulo V tiene por objeto la regulación de los espòlits, denominación que secularmente han recibido las capitulaciones matrimoniales en las islas de Eivissa y Formentera. Si la reforma legislativa de 2017 introdujo normas sobre aspectos que hasta entonces no estaban previstos legalmente, como por ejemplo la fijación de un plazo de caducidad en caso de otorgamiento prenupcial, en esta ley se ha tratado de una manera más sistematizada su posible contenido distinguiendo entre los pactos relativos al régimen económico conyugal, los referidos a instituciones familiares y sucesorias y, por último, los establecidos en previsión de crisis o incluso de ruptura matrimonial. Estos últimos ya se preveían desde 2017 en el libro III de la Compilación como una verdadera novedad, y, sin duda, evidencian que los espòlits, concebidos históricamente sobre la idea del matrimonio indisoluble en vida de los cónyuges, son susceptibles de adaptarse a las actuales vicisitudes de las parejas casadas. Ahora se profundiza en el tratamiento de los pactos en previsión de crisis o de ruptura y, como requisito de validez, se establece que cuando se hayan convenido en espòlits prenupciales debe haber una antelación mínima de treinta días entre la fecha de la firma y la de celebración del matrimonio, para garantizar que ambas partes emiten su consentimiento de manera plenamente libre. También, se han regulado de una manera más completa los requisitos para la modificación y las consecuencias que la nulidad matrimonial, la separación legal y el divorcio tienen sobre las capitulaciones: aunque en estos supuestos, como regla general, todo lo que se ha convenido en espòlits es ineficaz, se establecen excepciones, ya sea porque se trata de pactos contenidos en los espòlits que, por su propia naturaleza, están destinados a subsistir, como por ejemplo los establecidos en previsión de crisis o de ruptura, ya sea porque no tenían su causa en la celebración de las nupcias y, a pesar de ello, se incluyeron en la escritura de espòlits. Asimismo, se prevén casos en que la ineficacia no es automática, sino que precisa el ejercicio de la facultad de revocación, como sucede con las donaciones propter nuptias y con los pactos sucesorios otorgados en contemplación del matrimonio.
El capítulo VI está dedicado a una institución que, en realidad, forma parte del contenido de los espòlits: el usufructo universal capitular. Las amplias facultades que comprende lo erigen en un auténtico usufructo de regencia a favor del cónyuge viudo. Revelan este carácter los términos -ama, senyora i usufructuària- en que históricamente el futuro marido acostumbraba a constituirlo en caso de premorir a la mujer. La regulación contenida hasta ahora en el artículo 68 de la Compilación reflejaba debidamente la importancia y arraigo de la figura en la sociedad pitiusa, y es por ello que la ley que ahora se presenta hace suya esta misma regulación, añadiendo solo un párrafo en el que se explicitan las dos posibles modalidades de constitución del usufructo universal capitular: unilateral y recíproca.
“Del régimen económico matrimonial” es como se intitula el capítulo VII, dividido internamente en tres secciones. La sección primera contiene las disposiciones generales sobre esta materia concreta, relativas a la determinación del régimen económico, que necesariamente se debe pactar en escritura de espòlits, como también sus modificaciones, las referidas a la libre contratación entre cónyuges y a la revocación de las donaciones otorgadas entre ellos. El régimen revocatorio de estas donaciones es el mismo que el que establece el capítulo IV para las otorgadas por razón de matrimonio. La sección segunda se ocupa del régimen de separación de bienes que, en Eivissa y Formentera, como en el resto del archipiélago, es el legal supletorio. Pero la coincidencia entre islas no es total. Así, y respecto a la administración de los bienes del otro cónyuge, se reconoce al cónyuge gestor la posibilidad de nombrar sustituto, salvo prohibición expresa del cónyuge propietario. Por otro lado, y aunque se apliquen las normas del mandato, al finalizar el apoderamiento, el cónyuge administrador solo tendrá que restituir al otro los frutos existentes y, en cuanto a los consumidos, solo el equivalente de aquellos con que se enriqueció. En cuanto a la liquidación del régimen, interesa destacar que las acciones de regreso entre cónyuges a que se refiere el artículo 79.1.d) solo pueden derivarse de la responsabilidad solidaria por razón de deudas contraídas en el levantamiento de las cargas familiares, puesto que el régimen de separación de bienes pitiuso desconoce la responsabilidad subsidiaria. La sección tercera aborda por primera vez en las Illes Balears la normación sistemática de un régimen económico convencional, de raíz consuetudinaria, privativo de las islas Pitiüses, que desde el siglo xiii se ha convenido en espòlits: el acolliment en la quarta part dels milloraments. Se prevén dos modalidades, unilateral y recíproca, según se determine anticipadamente en los espòlits quién será el acollit (cónyuge acogido) o, de otro modo, su determinación quede diferida a la liquidación del régimen. Siguiendo la praxis insular, el acolliment en la quarta part dels milloraments se configura en la presente ley como una modalidad de régimen de participación en ganancias, dado que nunca ha conllevado ninguna comunidad de adquisiciones durante su vigencia.
Cierra el contenido de la Ley una parte final. La disposición adicional única exhorta a los poderes públicos a que fomenten el uso de la mediación familiar como sistema alternativo a la vía judicial para la resolución de los conflictos que se puedan presentar en materias de esta ley, siempre que sea susceptible de resolución por esta técnica; incluso, fomentar su uso antes o durante el procedimiento judicial de resoluciones de conflictos, con el fin de llegar a la mejor solución para todos los afectados.
Tres disposiciones transitorias determinan su aplicación a los matrimonios contraídos y subsistentes en el momento que entre en vigor, sin perjuicio de que los procesos de separación, divorcio y nulidad matrimonial iniciados anteriormente se rijan por la normativa sustantiva vigente al iniciarlos; que lo dispuesto para la liquidación de créditos y deudas a la extinción del régimen económico matrimonial solo se aplique a los extinguidos posteriormente a la entrada en vigor de la Ley; que los regímenes económicos matrimoniales y los capítulos otorgados de conformidad con la legislación anterior produzcan los efectos que se prevén, y que, en cambio, la liquidación del régimen convencional de acolliment en la quarta part dels milloraments se rija por las disposiciones de esta ley aunque se haya pactado antes de que entre en vigor. Y una disposición derogatoria única, que deja sin efecto el título I del libro I; el artículo 65 del libro II, en lo que se remite al mencionado título I del libro I, y el título I del libro III de la Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears, aprobada por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre.
La Ley incluye también cinco disposiciones finales, de las cuales la primera modifica la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
Por un lado, esta disposición final primera modifica la rúbrica de su capítulo III del título II “La definición” sustituyéndola por “La definición entre descendientes legitimarios y sus ascendientes”, institución de gran arraigo histórico desde el Privilegio de Jaime I de 1274. Igualmente, y como consecuencia de la derogación del título I del libro III de la Compilación, la disposición final primera modifica los artículos 51.3 y 62.4 de la mencionada Ley 8/2022, de 11 de noviembre, relativos a los pactos sucesorios pitiusos otorgados en espòlits; la remisión que hasta ahora hacían estos dos preceptos al artículo 66 de la Compilación, queda sustituida por una remisión a las normas de la presente ley relativas a esta materia.
Por otro lado, la disposición final primera introduce una modificación por adición en la mencionada Ley 8/2022, de 11 de noviembre , introduciendo un capítulo IV en el título II, al regular por primera vez la definición entre cónyuges. No se ha introducido en el título III, de Eivissa y Formentera, porque en el derecho pitiuso el cónyuge no es legitimario. En la tramitación parlamentaria de la Ley 7/2017, de 3 de agosto por la cual se modifica la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears (BOIB n.º 96, de 5 de agosto de 2017) decayó la propuesta de regulación de definición entre cónyuges. El número de parejas que pasan a segundas o terceras relaciones es mayor que en tiempos pasados, como también las nuevas familias reconstituidas y también el hecho de contraer matrimonio a una edad en que, probablemente, ya no se tendrá descendencia y que uno o ambos cónyuges tienen hijos de relaciones anteriores o no. Por estos hechos usuales en nuestra sociedad, se ha entendido que esta institución da la posibilidad de organizar, en vida la situación del otro miembro de la pareja, permitiendo el pago anticipado de la legítima que le corresponderá en la sucesión de su consorte, que es el único derecho sucesorio de origen legal exigible, y evitar futuras controversias. La ley permite a los cónyuges otorgar pactos sucesorios como la donación universal de bienes presentes y futuros, pero no permitía el pacto de definición de legítima al estar regulado exclusivamente entre ascendientes y descendientes futuros legitimarios. La definición al cónyuge la podrán otorgar uno o ambos en capitulaciones matrimoniales, siempre que sean postnupciales, o fuera de ellos en documento público; como también las parejas estables.
El nuevo capítulo IV de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , contiene cinco artículos que van del 50 bis al 50 sexies, reguladores de la definición entre cónyuges y parejas estables; el artículo 50 bis determina el concepto de definición de legítima entre cónyuges, puesto que no se regula la definición por más de la legítima, que no es un derecho legalmente debido; los derechos sucesorios voluntarios siempre se conservan porque rige el principio de la libertad de testar. Se regulan las causas de ineficacia sobrevenida, que corresponden a situaciones en que la legítima no es debida, sea por premoriencia, por la separación legal, por el divorcio o por la nulidad matrimonial si el cónyuge que ha definido sus derechos legitimarios ha obrado de mala fe, y las causas de revocación en los artículos 50 ter y 50 quater, respectivamente, con sus efectos y el ejercicio de la acción. El artículo 50 quinquies determina el efecto de la definición, el cual, dado que la legítima se ha satisfecho anticipadamente, no confiere acción para reclamar la legítima ni su suplemento, en su caso; asimismo, queda sin efecto cualquier disposición sobre la legítima, ordenada por el cónyuge causante, sea en testamento, en donación universal o en codicilo, tanto anterior como posterior al otorgamiento de la definición. Este efecto es consecuencia del hecho de que el cónyuge supérstite ya ha recibido anticipadamente los derechos legitimarios y rige el principio que de una sucesión no se puedan detraer dos legítimas, por esta razón tampoco podrá tener derecho a lo que le concede la sucesión intestada al consorte en el artículo 45 de la Compilación, si bien tendrá derecho, si procede, a ser heredero intestado.
En todo caso, el cónyuge que ya fue satisfecho por sus derechos legitimarios anticipadamente podrá reclamar los derechos sucesorios voluntarios, ordenados en testamento o en donación universal, o bien por sucesión intestada. Para cerrar el capítulo IV, se incluye el artículo 50 sexies, que regula alguna particularidad de la definición otorgada por los miembros de la pareja estable, por el hecho de que su relación no puede acabar en separación, divorcio o nulidad.
Finalmente, la disposición final primera se ocupa de la corrección del error que aparece en el segundo párrafo del artículo 37 de la ya citada Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears. El artículo 37.2 regula un supuesto de preterición no intencional o errónea, y por error figuran los términos “preterición intencional”, que se han intentado corregir.
La disposición final segunda modifica la Ley 18/2001, de 19 de diciembre , de parejas estables. Así, la disposición final segunda determina, en primer lugar, la modificación del apartado 5 del artículo 5 por la derogación de los artículos de la Compilación en materia de aplicación supletoria del régimen patrimonial del matrimonio; y, en segundo lugar, adiciona un artículo 1 bis a la mencionada Ley 18/2001, de 19 de diciembre, sobre ampliación de su ámbito de aplicación, dado que hay muchas parejas convivenciales que no se constituyen en el Registro de Parejas Estables de la comunidad autónoma de las Illes Balears por desconocimiento de sus efectos; por esta razón, si concurren unos requisitos de fuerte estabilidad de la pareja que convive more uxorio, como es haber convivido más de diez años y tener descendencia en común, si pueden probar la actual convivencia, podrá ser de aplicación supletoria la mencionada Ley 18/2001, de 19 de diciembre , para el supuesto de no haberse previsto otra cosa. Es un reconocimiento a la posesión de estado.
Las tres últimas disposiciones finales regulan, respectivamente, el título competencial para legislar, la autorización para refundir esta ley y la entrada en vigor.
Por lo que respecta a la disposición final cuarta, siguiendo el procedimiento de actualización y desarrollo de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears, que contiene el derecho civil tan arraigado en nuestro territorio, se hace necesaria su refundición en un texto moderno que dé cabida a las últimas reformas legislativas y ofrezca una sistemática que facilite la incorporación de las actualizaciones en el texto legal. Por esta razón, se autoriza al Gobierno a refundir, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, la Compilación y los textos legales vigentes de derecho civil de las Illes Balears que se enumeran, así como la presente ley, en un nuevo texto que se denominará Ley de Derecho Civil de las Illes Balears.
Esta ley regula de manera completa dentro del marco constitucional y estatutario, el régimen patrimonial de los matrimonios sujetos al ordenamiento civil de las Illes Balears. Hace posible un texto necesario que, partiendo de las tradiciones que, desde hace siglos, caracterizan a cada una de las islas, regula los efectos patrimoniales que derivan del hecho de contraer matrimonio y que requería de manera inaplazable una ordenación moderna, actualizada y conforme a las realidades de las sociedades isleñas de nuestros días.
La normativa que se propone cumple el principio de eficacia para la consecución de las finalidades perseguidas porque, ya sea con las reglas previstas para Mallorca y Menorca, ya sea con las previstas para Eivissa y Formentera, y sin perjuicio de las comunes a todo el archipiélago -fundamentadas sobre todo en principios y valores de rango constitucional y del derecho de la Unión Europea, y también de rango estatutario-, contiene un conjunto de preceptos legales que encabezan los respectivos derechos en materia de régimen patrimonial del matrimonio, lo que redundará también en el cumplimiento del principio de seguridad jurídica, incluidas las ideas de exhaustividad, claridad, certeza y desarrollo rigurosos de toda la materia propia del régimen patrimonial del matrimonio.
Esta ley cumple el principio de proporcionalidad, porque, además del amplio alcance de su objeto, intenta atender a la diversidad de consecuencias y eventualidades patrimoniales, de cualquier naturaleza, que los efectos del matrimonio comportan y también en las parejas estables, que igualmente regula y mejora. Y da soluciones a situaciones que, en las Illes Balears, por ahora, no la tienen en su totalidad con rango de ley propia, y conforme con los principios del ordenamiento civil isleño, según las necesidades y los requerimientos, a su vez, de cada isla. Además, la Ley arbitra respuestas a los supuestos de posibles crisis en el matrimonio, en que era necesaria una reglamentación de las repercusiones patrimoniales de estas crisis, pensando en los aplicadores del derecho. Especialmente, lo hace con una atención añadida inexcusable para una regulación autónoma ex novo, como esta, con vistas a los eventuales procesos judiciales que se produzcan.
Finalmente, se han respetado los principios de eficiencia, calidad y simplificación, dado que la Ley no regula procedimientos que suponen nuevas cargas administrativas a la ciudadanía, sino que, precisamente, en la vertiente procesal civil, de conformidad con el marco constitucional y estatutario más estricto, se remite a los procedimientos judiciales previstos en la legislación estatal vigente, incluido el llamamiento a la intervención notarial como solución alternativa a la vía judicial. Además, la Ley fomenta el uso efectivo de la mediación familiar, en la resolución de los conflictos que se puedan producir, de forma que cumple, concretamente, los principios de eficiencia y simplificación respecto a los procesos judiciales.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES COMUNES
Artículo 1
Objeto y aplicación
1. Esta ley tiene como objeto la regulación de las relaciones económicas derivadas del matrimonio.
2. Es aplicable a los matrimonios cuyos efectos se rigen por el ordenamiento civil de las Illes Balears.
Artículo 2
Principios generales
La regulación de las relaciones económicas derivadas del matrimonio se inspira en el principio de plena igualdad entre los cónyuges, de protección de la familia y de sus miembros discapacitados o en situación de dependencia, de protección integral de los hijos menores y de libertad de pacto, sin más limitaciones que las que establece esta ley.
Artículo 3
La igualdad entre cónyuges
1. Los cónyuges tienen en el matrimonio los mismos derechos y deberes de orden doméstico y con relación al cuidado y la atención de los restantes miembros de la familia.
2. Los cónyuges están obligados a proporcionarse recíprocamente y de manera periódica información suficiente sobre la gestión de sus ingresos y patrimonio, y de los resultados de sus actividades económicas, para subvenir a las cargas familiares.
Artículo 4
La familia y su dirección
1. A los efectos de esta ley, la familia es el núcleo que forman los cónyuges, los hijos comunes, los propios de uno o de otro, y también el resto de descendientes y ascendientes, siempre que convivan en la vivienda familiar.
2. La dirección de la familia corresponde a los dos cónyuges de común acuerdo, los cuales deben adoptar sus decisiones en interés del conjunto de sus miembros. Sin embargo, en situaciones excepcionales de urgencia y de imposibilidad de obtener el consentimiento del cónyuge, la dirección de la familia puede ser ejercida provisionalmente por el otro.
3. Ningún cónyuge se puede atribuir la representación del otro si no le ha sido conferida, sin perjuicio de la presunción que establecen el artículo 7.3 y el artículo 49 de esta ley, respectivamente.
Artículo 5
Domicilio familiar
Los cónyuges deciden de común acuerdo el domicilio familiar, y en caso de desacuerdo lo decidirá la autoridad judicial haciendo prevalecer el interés de la familia. Ello no obstante se presume que el domicilio familiar es la vivienda familiar.
TÍTULO II
DISPOSICIONES APLICABLES EN MALLORCA Y MENORCA
CAPÍTULO I
De las cargas familiares y su levantamiento
Artículo 6
De las cargas familiares y sus beneficiarios
1. Tienen la consideración de cargas familiares las necesarias para el mantenimiento de la familia de acuerdo con su nivel de vida y los usos sociales. En particular, son en todo caso cargas familiares las originadas por:
a) Alimentos, que incluyen todo lo que es indispensable para la manutención, la vivienda, el vestido y la asistencia médica; la educación y la instrucción durante la minoría de edad, y en la mayoría, si la formación no ha concluido por razones ajenas al alimentado.
b) Atenciones de previsión, incluidas médicas y sanitarias.
c) Los gastos de conservación de la vivienda familiar para mantener su habitabilidad.
2. No son cargas familiares las que responden al interés exclusivo de uno de los cónyuges, ni las derivadas de la gestión y defensa de los bienes privativos.
3. Son beneficiarios de las cargas los miembros de la familia, aunque los ascendientes y descendientes no comunes que convivan en el domicilio familiar solo lo serán en el supuesto de que lo necesiten.
Artículo 7
Obligación de levantamiento de las cargas familiares
1. Las cargas familiares pueden levantarse tanto de forma directa como mediante el abono del importe de su coste. La obligación de levantamiento recae sobre los cónyuges, sin perjuicio de la contribución que prevé el artículo siguiente para el resto de miembros de la familia.
2. La contracción de obligaciones para el levantamiento de cargas familiares la llevarán a cabo de común acuerdo ambos cónyuges.
3. No obstante, cualquiera de los cónyuges puede contraer obligaciones para atender las necesidades y los gastos familiares ordinarios de acuerdo con los usos y el nivel de vida de la familia y se presumirá que lo hace con el consentimiento del otro.
Artículo 8
Contribución al levantamiento de las cargas familiares
1. Los cónyuges deben contribuir al levantamiento según lo pactado expresamente entre ellos y, a falta de pacto, en proporción a los ingresos derivados de su actividad y de sus bienes, y, si no son suficientes, o la proporción resultara excesivamente perjudicial para uno de los cónyuges, según sus patrimonios, salvo que exista de un patrimonio afecto.
2. Los otros miembros de la familia deben contribuir equitativamente al levantamiento de las cargas según sus posibilidades, incluyendo las pensiones a que tengan derecho, y de acuerdo con los gastos que generen, mientras convivan en la unidad familiar.
3. Si alguna de las personas obligadas no contribuye al levantamiento de las cargas, cualquiera de los cónyuges puede solicitar al juez la adopción de las medidas pertinentes para asegurar su cumplimiento.
Artículo 9
Trabajo para la familia
1. Se entiende por trabajo para la familia el trabajo para la casa, el cuidado y la atención de los hijos y descendientes y de los ascendientes que convivan en la vivienda familiar.
2. El trabajo para la familia es una de las formas de levantamiento directo de las cargas familiares si no está retribuido y, si lo está de manera insuficiente, computará la diferencia.
3. El trabajo para la familia dará derecho a un crédito compensatorio solo en el supuesto del artículo 42 de esta ley.
Artículo 10
Aportación de la vivienda y el ajuar familiar por uno de los cónyuges
1. La aportación por uno de los cónyuges de la vivienda y el ajuar para su uso como vivienda familiar es una de las formas de levantamiento directo de las cargas familiares, si aquella no está retribuida o compensada, y, si lo está de manera insuficiente, computará la diferencia.
2. La valoración de esta aportación, a falta de pacto, será efectuada por la autoridad judicial ponderando su coste en el mercado.
Artículo 11
Afección de bienes
Los bienes propios de cada cónyuge están afectos al levantamiento de las cargas familiares, sin perjuicio de la existencia de un patrimonio especialmente afecto.
Artículo 12
Responsabilidad ante terceros
1. Ante terceros, ambos cónyuges responden solidariamente de las obligaciones que contraen conjuntamente para el levantamiento de las cargas familiares, y de las contraídas por uno de ellos para atender las necesidades y gastos ordinarios de la familia del artículo 7.3 de eta ley.
2. De las obligaciones contraídas por uno de los cónyuges para atender las necesidades y gastos familiares, no indicados en el apartado anterior, responde ante terceros el cónyuge que las contrajo y, subsidiariamente, el otro.
3. Las reglas de responsabilidad de los párrafos anteriores se aplicarán sin perjuicio de los criterios de contribución interna que se deriven del artículo 8 de esta ley.
Artículo 13
Responsabilidad subsidiaria del cónyuge no contratante
1. La efectividad de la responsabilidad subsidiaria que establece el artículo anterior exige la ejecución previa de los bienes del cónyuge contratante. Sin embargo, la demanda puede interponerse contra ambos cónyuges solicitando la condena, con carácter principal, del cónyuge contratante y, subsidiariamente, del otro cónyuge.
2. El embargo y el apremio de los bienes del cónyuge no contratante no procederá hasta que hayan sido objeto de realización los del cónyuge que contrajo la obligación y en la medida necesaria para cubrirla.
3. No procede la exigencia de responsabilidad subsidiaria respecto de obligaciones contraídas cuando el matrimonio esté separado de hecho, sin perjuicio de los criterios de contribución interna que se deriven de la regla del artículo 8 de esta ley.
CAPÍTULO II
De la vivienda y el ajuar familiar
Artículo 14
Conceptos
1. Se entiende por vivienda familiar aquella donde residen habitualmente los cónyuges o uno de ellos con la mayor parte de los hijos comunes.
2. El ajuar familiar comprende los muebles, los enseres, la ropa y otros bienes de uso ordinario de la vivienda familiar. No tienen esta consideración los objetos de valor extraordinario atendiendo al nivel de vida de la familia, ni las joyas, ni los muebles de origen familiar, ni los objetos artísticos o históricos.
Se presume que los bienes que integran el ajuar familiar pertenecen por mitades indivisas a cada cónyuge, salvo prueba en contrario.
Artículo 15
Legitimación para los actos de disposición o gravamen
1. El cónyuge titular o cotitular de cualquier derecho sobre la vivienda familiar y su ajuar no podrá realizar actos de disposición, enajenación o gravamen sobre la misma sin el consentimiento expreso del otro cónyuge.
2. Si el cónyuge no titular no presta su consentimiento, el juez podrá autorizar el acto pretendido, en interés de la familia.
3. Las reglas establecidas en los dos apartados anteriores tienen carácter imperativo.
Artículo 16
Obligación de manifestar el carácter de la vivienda
1. Cualquier acto de disposición, enajenación o gravamen de derechos sobre una vivienda, realizado por una persona casada, exige la manifestación del transmitente sobre si constituye la vivienda familiar.
2. Los notarios se abstendrán de autorizar y los registradores de inscribir los títulos que contengan actos de disposición, enajenación o gravamen de derechos sobre una vivienda otorgados por una persona casada, sin la manifestación negativa sobre su carácter de vivienda familiar, o sin la constancia fehaciente del consentimiento del otro cónyuge o la autorización judicial.
3. La omisión de la manifestación mencionada en el contrato impide al adquirente ampararse, si procede, en la protección prevista en el artículo 17.3 de esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades del transmitente.
Artículo 17
Ineficacia de los actos de disposición o gravamen
1. Los actos de disposición, enajenación o gravamen realizados sin el consentimiento del otro cónyuge o de la autorización judicial firme son anulables a instancia de aquel.
2. La acción de anulación caducará en el plazo de cuatro años a contar desde la inscripción en el Registro de la Propiedad o desde que el cónyuge legitimado haya tenido conocimiento de la disposición, enajenación o gravamen.
3. La ineficacia del acto no puede oponerse al adquirente de buena fe y a título oneroso, en los casos de manifestación inexacta o falsa sobre el carácter de la vivienda, sin perjuicio de lo que disponga la legislación hipotecaria. En este caso, el cónyuge transmitente responderá ante el otro de los daños y perjuicios irrogados a la familia por su actuación.
CAPÍTULO III
De los derechos viudales de origen familiar
Artículo 18
Derecho del cónyuge supérstite al mantenimiento de la posesión de la vivienda familiar
1. El cónyuge supérstite no separado legalmente o de hecho, que no tenga derecho al uso de la vivienda familiar, por cualquier título, puede mantener la posesión durante el año posterior a la muerte del otro, siempre que no incurra en causa de indignidad sucesoria y que el derecho a poseer forme parte de la herencia.
En todo caso, el cónyuge supérstite separado de hecho, que no tenga derecho al uso de la vivienda familiar, por cualquier título, podrá mantener la posesión durante el año posterior a la muerte del otro cónyuge si habitaba en dicha vivienda familiar en el momento de la muerte de su consorte.
2. Este derecho no debe computarse en el haber hereditario del cónyuge supérstite.
3. El citado derecho se extingue, en todo caso, si durante el año siguiente a la muerte del cónyuge el supérstite contrae nuevas nupcias, constituye una pareja estable o de hecho, o incumple los deberes inherentes a la patria potestad respecto de los hijos habidos con el cónyuge premuerto.
Artículo 19
Predetracción del ajuar familiar
Cuando se produzca la muerte de uno de los cónyuges, los bienes integrantes del ajuar familiar serán propiedad del supérstite si no está separado legalmente, y no se computarán en su haber.
CAPÍTULO IV
De las donaciones por razón de matrimonio
Artículo 20
Concepto
Las donaciones por razón de matrimonio son actos de disposición a título gratuito realizados en consideración a la futura celebración de un matrimonio, por parte de uno de los contrayentes a favor del otro, o por terceros a favor de uno de ellos o de los dos.
Artículo 21
Objeto
1. Los bienes donados conjuntamente a los futuros contrayentes les pertenecen en proindiviso ordinario por partes iguales, salvo que el donante haya realizado expresamente la disposición en otros términos.
2. Las donaciones universales de bienes presentes y futuros por razón de matrimonio se otorgarán de conformidad con la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
Artículo 22
Ineficacia y revocación
1. Las donaciones por razón de matrimonio quedan sin efecto si este no se contrae en el plazo de un año a contar desde la aceptación.
2. Estas donaciones son revocables por declaración de nulidad del matrimonio, incumplimiento de cargas e ingratitud del donatario.
Las otorgadas por terceros, lo serán, además, por la separación legal y el divorcio.
3. Son causas de ingratitud:
a) La denegación indebida de alimentos.
b) Los actos penalmente condenables realizados por el donatario, como atentar contra la vida, lesiones graves, actos contra la libertad, la integridad moral y la libertad sexual si el ofendido es el donante, su cónyuge, su pareja estable o de hecho, su descendiente o ascendiente.
c) El incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.
4. En todo caso, son irrevocables los regalos de boda de bienes muebles cuyo valor se ajuste a los usos, atendiendo el nivel de vida de la familia.
Artículo 23
Acción de revocación
1. La acción de revocación de las donaciones propter nuptias caduca en el plazo de un año a contar desde que el donante tuvo conocimiento de su causa.
2. Esta acción solo puede ser ejercitada por el donante mediante el correspondiente procedimiento judicial. No obstante, si la causa revocatoria es la nulidad del matrimonio y el donante es uno de los contrayentes, la revocación solo podrá ser instada por el declarado de buena fe en la sentencia de nulidad.
Los herederos se pueden subrogar en su posición si la acción fue ejercitada en tiempo y forma por el donante.
3. La donación también podrá ser revocada mediante escritura pública otorgada por donante y donatario, personalmente o mediante poder especial, de la que resulte el reconocimiento en forma expresa de la causa de revocación.
Artículo 24
Efectos de la revocación
Revocada la donación en sentencia firme o en escritura pública, se producirán los siguientes efectos:
1.º. En caso de revocación por causa de nulidad, separación legal, divorcio o ingratitud, quedarán subsistentes las transmisiones y, en general, gravámenes y actos de disposición anteriores a la anotación de la demanda judicial de revocación, siempre que recaiga sentencia estimatoria dentro del plazo de vigencia de la anotación o la inscripción de la escritura pública en el Registro de la Propiedad.
Los actos posteriores quedarán sin efecto.
En el primer caso, respecto de las cargas y gravámenes que deba soportar el donante, tendrá el derecho de exigir al donatario el valor de estos y el de los frutos percibidos por el donatario que tenían al tiempo de la interposición de la demanda de revocación o del otorgamiento de la escritura pública.
En caso de que se puedan devolver los bienes por no haberse transmitido a terceros, el donatario queda obligado a reintegrarlos con sus frutos en los términos mencionados.
2.º. En caso de incumplimiento de cargas, se producirán los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley hipotecaria y concordantes.
En este caso, el donatario devolverá los bienes donados y los frutos producidos desde el incumplimiento.
CAPÍTULO V
De las capitulaciones matrimoniales
Artículo 25
Concepto y régimen
1. Las capitulaciones matrimoniales son un negocio jurídico familiar y solemne otorgado por los futuros contrayentes o por los cónyuges, mediante el cual pueden establecer, modificar o sustituir su régimen económico y convenir los pactos lícitos que consideren adecuados por razón de matrimonio o de su ruptura.
2. La determinación, modificación o sustitución de un régimen económico podrá hacerse por simple remisión a uno de los previstos legalmente o configurándolo según las necesidades de los otorgantes. En todo caso, las modificaciones o sustituciones de un régimen económico no perjudicarán los derechos adquiridos por terceros.
3. En capitulaciones o fuera de estas, puede pactarse la dote o un patrimonio afecto al levantamiento de las cargas familiares.
La dote o la constitución de un patrimonio afecto al levantamiento de las cargas familiares, pactada fuera de capitulaciones, requiere escritura pública.
4. También pueden incluir la donación universal de bienes presentes y futuros entre los futuros contrayentes o entre los cónyuges; o pacto sucesorio y otros por razón de matrimonio, otorgados con terceros, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
En capitulaciones matrimoniales otorgadas constando matrimonio, los cónyuges podrán otorgarse uno u otro o los dos pacto de definición, de acuerdo con el capítulo IV del título II de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
Artículo 26
Momento de otorgamiento
Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes o después del matrimonio. Las prenupciales solo tienen efecto una vez contraído el matrimonio, siempre que se celebre en el plazo máximo de un año posterior al otorgamiento.
Artículo 27
Forma e inscripción
1. Las capitulaciones y sus modificaciones, para su validez, deberán otorgarse en escritura pública.
2. Para su eficacia frente a terceros, las capitulaciones y sus modificaciones deberán inscribirse en el Registro Civil y, si procede, en otros registros públicos.
Artículo 28
Capacidad
Tienen capacidad para otorgar capitulaciones prenupciales quienes válidamente pueden contraer matrimonio, pero necesitan, si procede, los complementos de capacidad que correspondan. Para otorgar pactos sucesorios en capitulaciones matrimoniales se necesita la capacidad exigida para el otorgamiento del pacto de que se trate.
Artículo 29
Pactos en previsión de ruptura matrimonial
1. Los pactos en previsión de ruptura matrimonial pueden otorgarse en capitulaciones matrimoniales o en otra escritura pública. Cuando sean prenupciales, solo serán válidos si se otorgan al menos treinta días antes de la fecha de celebración del matrimonio.
2. Los pactos de exclusión o limitación de derechos deben tener carácter recíproco y precisar con claridad los derechos que se renuncian o que se limitan.
Artículo 30
Modificación
1. Para modificar o dejar sin efecto las capitulaciones es necesario el consentimiento de todas las personas que las han otorgado o de sus herederos, si la modificación afecta a derechos que aquellas hubieran conferido.
2. Los cónyuges pueden modificar o sustituir el régimen económico matrimonial y los pactos en previsión de ruptura matrimonial sin la intervención de los otros otorgantes de las capitulaciones.
Artículo 31
Ineficacia
1. La nulidad matrimonial, la separación legal o el divorcio producen la ineficacia de las capitulaciones. Esta no afectará a los actos de reconocimiento de hijos, los pactos en previsión de ruptura matrimonial, las donaciones y los pactos sucesorios, que seguirán su régimen legal.
2. La ineficacia de las capitulaciones o de alguno de sus pactos, producida por causas ajenas a las del párrafo anterior, se someterá al régimen propio de la ineficacia declarada.
CAPÍTULO VI
Del régimen económico matrimonial
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 32
Determinación del régimen
El régimen económico matrimonial es el convenido en capitulaciones, formalizadas en escritura pública, antes o durante el matrimonio y, en su defecto, el de separación de bienes.
Artículo 33
Modificación
La modificación del régimen económico matrimonial no perjudica los derechos adquiridos por terceros.
Artículo 34
Libre contratación
1. Los cónyuges pueden otorgar entre sí toda clase de contratos y transmitirse bienes y derechos por cualquier título.
2. En caso de impugnación judicial, se presumirá que la transmisión es gratuita, salvo que los cónyuges prueben su onerosidad.
Artículo 35
Revocación de las donaciones entre cónyuges
1. Las donaciones entre cónyuges son revocables únicamente por incumplimiento de cargas, por ingratitud y por nulidad del matrimonio.
2. La acción de revocación caduca en el plazo de un año a contar desde que el donante tiene conocimiento de la causa de revocación. En el supuesto de nulidad matrimonial, desde la firmeza de la sentencia.
3. Esta acción debe ser ejercitada por el donante y, en el caso de nulidad del matrimonio, siempre que en la sentencia no haya sido declarado de mala fe. Los herederos pueden subrogarse en la acción si esta fue ejercitada en tiempo y forma por el donante.
4. Las causas de ingratitud y los efectos de la revocación son los que disponen los artículos 22.3 y 24 de esta ley, en lo que resulten de aplicación.
Sección segunda
Del régimen de separación de bienes
Subsección primera
Disposiciones generales
Artículo 36
Concepto
En el régimen de separación de bienes cada cónyuge tiene la propiedad de todos sus bienes y, por lo tanto, el disfrute, la administración y la libre disposición, con los límites que establece la ley. Cada cónyuge responde con sus bienes de las obligaciones que haya contraído, salvo lo dispuesto en el artículo 12 de eta ley.
Artículo 37
Bienes propios
Son bienes propios de cada cónyuge todos los que tenía al constituirse el régimen de separación de bienes, de manera voluntaria o legal, y los que después ha adquirido por cualquier título durante su vigencia.
Artículo 38
Administración de los bienes
1. Cualquiera de los cónyuges puede conferir al otro un apoderamiento para administrar sus bienes. También puede condicionarlo, restringirlo o revocarlo en cualquier momento.
2. En el ejercicio de la administración se aplicarán las normas del mandato, pero el administrador no puede designar a ningún sustituto salvo que, expresamente, el otro cónyuge le haya autorizado a hacerlo. Esta prohibición rige en cualquier apoderamiento entre cónyuges.
3. Al finalizar el apoderamiento, el administrador debe rendir cuentas y entregar al otro cónyuge los frutos existentes y el equivalente de aquellos con los que se haya enriquecido.
Artículo 39
Adquisiciones onerosas
Los bienes adquiridos onerosamente durante el matrimonio pertenecen al cónyuge que determina el título adquisitivo válido. Si la contraprestación fue pagada o satisfecha, total o parcialmente, por el otro cónyuge, se presumirá gratuidad, salvo prueba en contrario.
Artículo 40
Determinación de titularidades
1. A falta de título, la pertenencia de un bien o derecho a uno u otro cónyuge puede determinarse por cualquier medio de prueba. Si la determinación no es posible, el bien o el derecho corresponderá a ambos cónyuges por mitades.
2. Se presume que los bienes muebles de uso personal de uno de los cónyuges y los que estén directamente destinados al desarrollo de su actividad le pertenecen exclusivamente.
Subsección segunda
De la extinción del régimen de separación de bienes y la liquidación de los créditos y deudas entre los cónyuges
Artículo 41
Extinción del régimen de separación de bienes
1. El régimen se extingue por acuerdo entre los cónyuges documentado en capitulaciones matrimoniales, por disolución, nulidad o por separación legal del matrimonio.
2. La extinción del régimen de separación de bienes abre el periodo de liquidación de créditos y deudas entre los cónyuges, el cual, si no hay acuerdo, se debe llevar a cabo de conformidad con lo que hubieran acordado en sus capitulaciones matrimoniales o, en su caso, de conformidad con los pactos en previsión de ruptura matrimonial otorgados fuera de capitulaciones y, subsidiariamente, según las reglas de esta sección.
3. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad, y en los dirigidos a obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges puede pedir simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria, así como la liquidación de créditos y deudas, si no existe acuerdo entre ellos.
Artículo 42
Liquidación de créditos y deudas entre los cónyuges
1. La liquidación se inicia con la determinación de los créditos de cada uno de los cónyuges derivados de:
a) El levantamiento de las cargas familiares, de acuerdo con los criterios fijados en los artículos 8 y 10 de esta ley.
b) El crédito compensatorio por el trabajo para la familia del artículo 9 de esta ley, y el crédito indemnizatorio por el trabajo realizado para el otro cónyuge, en los siguientes supuestos:
1) El crédito compensatorio se determina por el exceso de contribución de uno de los cónyuges al levantamiento de las cargas familiares, cuando el valor del trabajo que dicho cónyuge ha realizado para la familia o el cómputo de la diferencia, en caso de que hubiera sido retribuido o compensado, sea superior al que estaba obligado a llevar a cabo.
La valoración del trabajo efectuado para la familia, a falta de pacto, corresponde a la autoridad judicial, que ponderará el coste, la dedicación, la duración, la crianza de hijos y atención de otras personas de la familia dependientes que convivan en la vivienda familiar, la eventual incidencia en el incremento patrimonial de uno de los cónyuges y, especialmente, la pérdida de oportunidades.
2) A falta de acuerdo, el crédito indemnizatorio por la colaboración no retribuida o insuficientemente retribuida que uno de los cónyuges ha realizado en la actividad empresarial o profesional del otro, si no existe acuerdo entre los cónyuges, se calculará conforme a los precios de mercado.
Los créditos por cualquiera de estos dos supuestos son compatibles con la pensión compensatoria que prevé el ordenamiento del Estado, pero deberán reclamarse conjuntamente para que puedan ponderarse.
c) Las acciones de regreso que resulten de la responsabilidad solidaria o subsidiaria regulada en los artículos 12 y 13 de esta ley.
d) La imposibilidad de restituir los bienes donados por el otro cónyuge en caso de revocación de la donación o la compensación equivalente al menor valor que supone el gravamen de acuerdo con el artículo 24 de esta ley.
e) La rendición de cuentas por la administración de los bienes del otro cónyuge de acuerdo con el artículo 38 de esta ley.
f) Los contratos o negocios otorgados entre los cónyuges.
g) Cualquier otro crédito que un cónyuge tenga contra el otro.
2. En caso de extinción del régimen por muerte o declaración de fallecimiento, los créditos de los apartados a) y b) anteriores serán exigibles si el importe que le es adeudado no está cubierto por lo que le corresponda por sucesión mortis causa en la herencia del cónyuge premuerto, o con lo que haya recibido anteriormente de éste por pacto sucesorio. En todo caso, tendrá derecho a reclamar la diferencia a los herederos.
3. Una vez determinados los créditos de ambos cónyuges, se compensarán para que resulte un único crédito exigible.
El crédito se debe pagar en metálico en un plazo máximo de tres años con el interés legal que corresponda. También podrá pagarse en bienes, siempre que exista acuerdo entre las partes o decisión judicial que lo permita.
Artículo 43
División de los bienes en comunidad ordinaria indivisa
1. Cualquiera de los cónyuges puede ejercer, simultáneamente a la liquidación de créditos y deudas entre ellos, la acción de división de cosa común respecto a los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa.
2. La autoridad judicial competente, a petición de uno de los cónyuges, puede formar lotes de bienes con titularidad plena y adjudicarlos a los cónyuges.
TÍTULO III
DISPOSICIONES APLICABLES EN EIVISSA Y FORMENTERA
CAPÍTULO I
De las cargas familiares y su levantamiento
Artículo 44
De las cargas familiares y sus beneficiarios
1. Las cargas familiares son los gastos necesarios para el mantenimiento de la familia de acuerdo con su nivel de vida y los usos sociales. Lo son en todo caso las originadas por:
a) Alimentos, que incluyen todo lo que es indispensable para la manutención, la vivienda, el vestido y la asistencia médica; la educación y la instrucción durante la minoría de edad, y en la mayoría, si la formación no ha concluido por razones ajenas al alimentado.
b) Atenciones de previsión, incluidas médicas y sanitarias.
c) Los gastos de conservación de la vivienda familiar para mantener su habitabilidad.
2. No son cargas familiares las que responden al interés exclusivo de uno de los cónyuges, ni las derivadas de la gestión y defensa de los bienes privativos.
3. Son beneficiarios de las cargas los miembros de la familia, si bien los ascendientes y descendientes no comunes que convivan en el domicilio familiar solo lo serán en el supuesto de que lo necesiten.
Artículo 45
Contribución al levantamiento de las cargas familiares
1. El levantamiento de las cargas familiares puede realizarse de manera directa o indirecta.
2. Los cónyuges contribuirán al levantamiento de las cargas familiares según lo que hayan pactado expresamente; a falta de pacto, en proporción a sus ingresos derivados tanto de la actividad como de los bienes y, si estos no son suficientes, o la proporción resulta excesivamente perjudicial para uno de los cónyuges, contribuirán según sus patrimonios, salvo que exista un patrimonio afecto.
3. Siempre que convivan en la vivienda familiar, los otros miembros de la familia contribuirán equitativamente al levantamiento de las cargas según sus posibilidades, incluyendo las pensiones a que tengan derecho, y de acuerdo con los gastos que generen.
4. Si alguna de las personas obligadas no contribuye al levantamiento de las cargas, cualquiera de los cónyuges puede solicitar al juez la adopción de las medidas pertinentes para asegurar su cumplimiento.
Artículo 46
Levantamiento directo de las cargas familiares
1. El trabajo para la familia, entendido como el cuidado y la atención de los hijos y descendientes y de los ascendientes que convivan en la vivienda familiar, así como el trabajo para la casa, es una de las formas de levantamiento directo de las cargas familiares, si no es retribuido; y si lo es de manera insuficiente, computará la diferencia.
Salvo que el régimen económico matrimonial sea el de acolliment en la quarta part dels milloraments, el trabajo para la familia dará derecho a un crédito compensatorio en los términos previstos en este título.
2. La aportación por uno de los cónyuges de la vivienda y el ajuar para el uso de la familia también es una forma de levantamiento directo de las cargas familiares, si la aportación no es retribuida o compensada; si lo es de manera insuficiente, computará la diferencia.
A falta de pacto, la valoración de esta aportación se efectuará por la autoridad judicial ponderando su coste en el mercado.
Artículo 47
Levantamiento indirecto de las cargas familiares
El levantamiento indirecto de las cargas familiares se efectuará mediante el abono del importe de su coste.
Artículo 48
Afección de bienes
1. Los bienes propios de cada cónyuge están afectos al levantamiento de las cargas familiares.
2. Si hay dote u otros bienes afectos al levantamiento de las cargas familiares, los frutos y las rentas que generen se aplicarán preferentemente a dicha finalidad.
3. La constitución de dote o la afección de bienes al levantamiento de las cargas familiares se realizará en espòlits o en cualquier otra escritura pública.
Artículo 49
Potestad doméstica
Cualquiera de los cónyuges puede contraer obligaciones para atender las necesidades y los gastos familiares ordinarios de acuerdo con los usos y el nivel de vida de la familia, presumiéndose que lo hace con el consentimiento del otro.
Artículo 50
Responsabilidad ante terceros
Ambos cónyuges responden solidariamente ante terceros de las obligaciones que contraen conjuntamente para el levantamiento de las cargas familiares y de las contraídas por uno de ellos en ejercicio de la potestad doméstica, fijada en el artículo anterior. Estas reglas de responsabilidad se aplicarán sin perjuicio de los criterios sobre contribución interna que se derivan del artículo 45 de esta ley.
CAPÍTULO II
De la vivienda y su ajuar familiar
Artículo 51
Concepto de vivienda y ajuar familiar
1. Se entiende por vivienda familiar aquella donde residen habitualmente los cónyuges o uno de ellos con la mayor parte de los hijos comunes.
2. El ajuar familiar comprende los muebles, los enseres, la ropa y otros bienes de uso ordinario de la vivienda familiar. No tienen esta consideración las joyas, los muebles de origen familiar, los objetos artísticos o históricos, ni los de valor extraordinario atendiendo al nivel de vida de la familia.
3. Se presume que los bienes del ajuar familiar pertenecen a los cónyuges por mitades indivisas, salvo prueba en contrario.
Artículo 52
Legitimación y requisitos para los actos de disposición o gravamen
1. El cónyuge titular de cualquier derecho sobre la vivienda familiar y su ajuar no podrá realizar actos de disposición, enajenación o gravamen sin el consentimiento expreso del otro.
2. En ausencia de consentimiento del otro cónyuge, el juez podrá autorizar el acto pretendido, en interés de la familia.
3. Las reglas establecidas en los dos apartados anteriores tienen carácter imperativo.
4. En caso de que un cónyuge realice actos de disposición o gravamen sobre una vivienda, deberá manifestar expresamente si constituye o no la vivienda familiar.
Artículo 53
Ineficacia de los actos de disposición o gravamen
1. Los actos de disposición o gravamen realizados sin el consentimiento del otro cónyuge o de autorización judicial firme son anulables a instancia de aquel, durante el plazo de cuatro años a contar desde la inscripción en el Registro de la Propiedad o desde que el cónyuge legitimado haya tenido conocimiento de la disposición o gravamen.
2. La ineficacia del acto no puede oponerse al adquirente de buena fe y a título oneroso, en los casos de manifestación inexacta o falsa sobre el carácter de la vivienda, sin perjuicio de lo que disponga la legislación hipotecaria. En este caso, el cónyuge transmitente responderá ante el otro de los daños y perjuicios irrogados a la familia por su actuación.
CAPÍTULO III
De los derechos viudales de origen familiar
Artículo 54
Derecho del cónyuge viudo al mantenimiento de la posesión de la vivienda familiar
1. Durante el año siguiente a la muerte o a la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, el supérstite que no tenga derecho al uso de la vivienda familiar por ningún título puede mantener su posesión.
2. No tendrá este derecho el cónyuge supérstite que en el momento de producirse la muerte esté separado legalmente o de hecho.
3. El cónyuge supérstite perderá este derecho si durante el año siguiente a la muerte del otro contrae nuevas nupcias, constituye una pareja estable o de hecho o incumple los deberes inherentes a la patria potestad respecto de los hijos comunes.
Artículo 55
Derecho de predetracción del ajuar familiar
1. A la muerte de uno de los cónyuges los bienes integrantes del ajuar familiar serán propiedad del supérstite y no se computarán en su haber hereditario.
2. No tendrá este derecho el cónyuge supérstite que en el momento de producirse la muerte esté separado legalmente o de hecho.
CAPÍTULO IV
De las donaciones por razón de matrimonio
Artículo 56
Concepto
Son donaciones por razón de matrimonio las hechas en espòlits o fuera de ellos, en consideración a la futura celebración de un matrimonio, por parte de uno de los contrayentes a favor del otro, o por terceros a favor de uno o de ambos contrayentes.
Artículo 57
Objeto y forma
1. Los bienes donados conjuntamente a los futuros contrayentes les pertenecen por mitades indivisas, salvo que el donante haya hecho expresamente la disposición en otra proporción.
2. Las donaciones por razón de matrimonio que tengan por objeto bienes futuros han de otorgarse necesariamente en espòlits o si no, en pacto sucesorio.
Artículo 58
Caducidad y revocación
1. Las donaciones por razón de matrimonio quedan sin efecto si éste no se contrae en el plazo de un año a contar desde la aceptación.
2. Estas donaciones son revocables por declaración de nulidad del matrimonio, incumplimiento de cargas e ingratitud del donatario.
Las otorgadas por terceros, lo serán, además, por la separación legal y el divorcio.
3. Son causas de ingratitud:
a) La denegación indebida de alimentos.
b) Los actos penalmente condenables realizados por el donatario, como atentar contra la vida, lesiones graves, actos contra la libertad, la integridad moral y la libertad sexual si el ofendido es el donante, su cónyuge, su pareja estable o de hecho, su descendiente o ascendiente.
c) El incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.
4. Las donaciones por razón de matrimonio contenidas en espòlits serán revocables por las causas previstas en este artículo y, además, por las del artículo 67.3 de esta ley.
5. En todo caso, son irrevocables los regalos de boda de bienes muebles cuyo valor se ajuste a los usos, de acuerdo con el nivel de vida de la familia.
Artículo 59
Ejercicio de la facultad de revocación
1. La persona donante podrá revocar la donación propter nuptias en el plazo de un año a contar desde que tuvo conocimiento de la causa de revocación. La facultad de revocar puede ejercitarse indistintamente en escritura pública o por vía judicial.
2. La revocación en escritura pública requiere que la parte donataria reconozca expresamente la concurrencia de la causa de revocación en la propia escritura. En este caso la parte donataria podrá comparecer personalmente o a través de representante voluntario a quien haya conferido poder especial para el otorgamiento. En el poder habrá de expresarse necesariamente la causa de revocación que se reconoce, la identidad de la persona donante y el bien o bienes objeto de la donación que se revoca.
3. En el supuesto de revocación en vía judicial, si no se ha llegado a un acuerdo por cualquiera de los medios alternativos de solución de conflictos regulados en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el plazo de un año se contará en los términos previstos en dicha ley.
Artículo 60
Efectos de la revocación
1. Revocada la donación, el bien donado volverá al patrimonio del donante, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe, siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley hipotecaria.
2. La parte donataria deberá reintegrar los bienes donados y los frutos que hubiese percibido desde que conste fehacientemente la voluntad del donante de revocar la donación a través de cualquier solución extrajudicial del conflicto y, a falta de acuerdo, desde la interposición de la demanda o el otorgamiento de la escritura de revocación.
Si la parte donataria no pudiese reintegrarlos quedará obligada a reembolsar a la parte donante el valor que tenían los bienes desde que conste fehacientemente la voluntad del donante de revocar la donación a través de cualquier intento de solución extrajudicial del conflicto y, a falta de acuerdo, desde la interposición de la demanda o el otorgamiento de la escritura de revocación.
En el caso de que existan derechos o gravámenes que hayan de subsistir sobre los bienes donados según lo dispuesto en el apartado 1 anterior, la parte donante podrá optar entre exigir el reintegro de los bienes donados y una compensación económica por la disminución del valor que estos derechos o gravámenes subsistentes les ocasionen o, por el contrario, que la parte donataria le reembolse el valor que tenían los bienes desde que conste fehacientemente la voluntad del donante de revocar la donación a través de cualquier intento de solución extrajudicial del conflicto y, a falta de acuerdo, desde la interposición de la demanda o del otorgamiento de la escritura de revocación.
CAPÍTULO V
De los espòlits
Artículo 61
Concepto
Los espòlits, institución propia de las islas Pitiüses, son un negocio jurídico solemne mediante el cual los cónyuges pueden determinar su régimen económico y convenir otras disposiciones por razón del matrimonio entre sí o, en su caso, con otras personas.
Artículo 62
Momento de otorgamiento
Los espòlits pueden otorgarse antes o después de celebrarse las nupcias. En el primer caso, sólo producen efectos una vez contraído el matrimonio, siempre que se celebre en el plazo de un año contado desde el día de la firma de los espòlits.
Artículo 63
Forma e inscripción
1. Para su validez, los espòlits, así como sus modificaciones, deben otorgarse en escritura pública.
2. Para su eficacia frente a terceros, los espòlits y sus modificaciones deben inscribirse en el Registro Civil y, si procede, en otros registros públicos.
Artículo 64
Capacidad
Tienen capacidad para otorgar espòlits antes de contraer matrimonio quienes válidamente puedan celebrarlo. Respecto a los pactos contenidos en espòlits, se estará a los requisitos de capacidad que establezca la norma reguladora del pacto de que se trate.
Artículo 65
Contenido
1. Los espòlits pueden contener:
a) Disposiciones relativas a la fijación, modificación o sustitución del régimen económico matrimonial. La estipulación de un régimen económico puede hacerse por simple remisión a uno de los regulados en las leyes o bien acomodándolo a las circunstancias particulares de los interesados.
b) Estipulaciones referidas a instituciones de naturaleza familiar y sucesoria que, conforme a sus propias normas reguladoras, admitan su otorgamiento en capitulaciones matrimoniales o, incluso, lo precisen como requisito de validez. En particular, donaciones propter nuptias, dote, escreix, acolliment en la quarta part dels milloraments, pactos sobre la forma y cuantía de la contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio, pactos sucesorios, usufructo universal, fiducia sucesoria, así como cualesquiera otros que los interesados consideren convenientes.
c) Pactos en previsión de crisis y pactos en previsión de ruptura matrimonial.
2. Los pactos de determinación, modificación o sustitución del régimen económico matrimonial sólo serán válidos si se hacen en escritura de espòlits.
3. Los pactos en previsión de crisis o de ruptura matrimonial pueden contenerse en espòlits o en cualquier otra escritura pública. Cuando estos pactos se otorguen en espòlits antes del matrimonio, únicamente serán válidos si se otorgan al menos treinta días antes de la fecha de celebración de las nupcias.
4. Los pactos de exclusión o limitación de derechos deben tener carácter recíproco y precisar con claridad los derechos que se limitan o que se renuncian.
5. Las instituciones contenidas en los espòlits se regirán por lo que hayan convenido las partes y, subsidiariamente, por su regulación específica.
Artículo 66
Modificación
1. Los espòlits pueden modificarse en cualquier momento mediante escritura pública. La modificación no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe per terceros.
2. Para modificar o dejar sin efecto el régimen económico matrimonial, y cualesquiera otras cláusulas convenidas exclusivamente entre los cónyuges, basta el consentimiento de estos.
3. Para modificar o dejar sin efecto cláusulas en que hayan intervenido cualesquiera otras personas, se necesita, además, su concurrencia o la de sus herederos, si la modificación afecta a derechos que aquéllas hayan conferido.
4. Se exceptúan de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores las estipulaciones que, por pacto expreso o por su naturaleza, sean revocables.
Artículo 67
Ineficacia por nulidad, separación legal y divorcio.
1. Los espòlits devendrán ineficaces por nulidad matrimonial, separación legal o divorcio, salvo lo dispuesto en los párrafos siguientes.
2. Pese a la nulidad matrimonial, la separación legal o el divorcio, conservarán su eficacia:
a) El reconocimiento de hijo hecho en espòlits por cualquiera de los cónyuges.
b) Los pactos convenidos en espòlits en previsión de crisis y de ruptura matrimonial, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuelva la sentencia.
c) Aquellos pactos que se sirven de los espòlits como instrumento puramente documental.
3. Serán revocables por la sola voluntad de la persona donante las donaciones por razón de matrimonio hechas en espòlits que se hayan otorgado a favor del hijo o hija, si el matrimonio de éste o ésta ha sido anulado, disuelto por divorcio o se ha separado legalmente y no ha tenido descendencia, o si el hijo o hija vuelve a casarse o se constituye en pareja estable o de hecho.
En este supuesto, la parte donante podrá revocar unilateralmente la donación, aplicándose en todo caso las reglas del capítulo IV. No obstante lo anterior, si la revocación se hace en escritura pública, sólo deberá acreditarse la concurrencia de la causa de revocación y no será necesario que la parte donataria comparezca para su reconocimiento.
4. Serán revocables por la sola voluntad del instituyente:
a) Los pactos sucesorios de institución hechos en espòlits que se hayan otorgado a favor del hijo o hija en ocasión de las nupcias, si el matrimonio anulado, disuelto por divorcio o separado legalmente no ha tenido descendencia o si el hijo o hija vuelve a casarse o se constituye en pareja estable o de hecho.
b) Los heredamientos convenidos a favor de los descendientes del matrimonio en consideración al cual se hayan otorgado los espòlits, si cualquiera de los cónyuges tiene hijos con posterioridad a la declaración de nulidad, al divorcio o a la separación legal.
c) Los pactos sucesorios otorgados a favor del cónyuge, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1.d) de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears.
d) Los pactos sucesorios otorgados a favor de parientes del cónyuge en línea recta y de sus parientes colaterales hasta el cuarto grado.
5. La facultad de revocar las donaciones por razón de matrimonio y los pactos sucesorios podrá ejercitarse en un plazo de caducidad de un año contado desde la declaración de nulidad matrimonial, del divorcio o de la separación legal.
CAPÍTULO VI
Del usufructo universal capitular
Artículo 68
Usufructo universal capitular
1. El usufructo universal convenido en espòlits para después de la muerte faculta al usufructuario para regir y gobernar la casa y todos los bienes, el cual queda dispensado de formar inventario y de prestar fianza.
2. El usufructuario queda obligado a prestar, con cargo al usufructo, alimentos al heredero, al consorte de este y a los hijos del cónyuge premuerto y del heredero que vivan en la casa, así como a consentir que se hagan en el usufructo las reducciones necesarias para pagar las legítimas y, en su caso, para constituir la dote.
3. Este usufructo es inalienable, sin perjuicio de que, con el consentimiento del nudo propietario, se enajenen bienes determinados. En este caso, el usufructo subsistirá sobre el producto de la transmisión que no se destine a prestar alimentos o a pagar deudas y legítimas.
4. El usufructo se extinguirá cuando el usufructuario contraiga nuevo matrimonio o conviva en pareja estable o de hecho, si así se hubiese acordado expresamente en los espòlits.
5. El usufructo universal capitular puede convenirse con carácter unilateral o recíproco.
CAPÍTULO VII
Del régimen económico matrimonial
Sección primera
Disposiciones generales
Artículo 69
Determinación del régimen
El régimen económico matrimonial es el convenido en espòlits, formalizados en escritura pública, antes o durante el matrimonio y, en defecto de estos, el de separación de bienes.
Artículo 70
Modificación
Los cónyuges pueden modificar en cualquier momento, mediante espòlits, su régimen económico matrimonial. Las modificaciones no perjudicarán los derechos adquiridos por terceras personas.
Artículo 71
Libre contratación
1. Los cónyuges pueden otorgar entre sí toda clase de contratos y transmitirse bienes y derechos por cualquier título.
2. En caso de impugnación judicial, se presumirá que la transmisión es gratuita, salvo que los cónyuges prueben su onerosidad.
Artículo 72
Revocación de las donaciones entre cónyuges
1. Las donaciones entre cónyuges son revocables únicamente por incumplimiento de cargas, por ingratitud y por nulidad del matrimonio. Las causas de ingratitud son las que dispone el artículo 58.3 de esta ley.
2. La facultad de revocación podrá ejercitarse indistintamente en escritura pública o por vía judicial, con los requisitos y efectos previstos en el capítulo IV de este título.
3. La facultad de revocación caduca en el plazo de un año a contar desde que el donante tiene conocimiento de la causa de revocación. En el supuesto de nulidad, desde la firmeza de la sentencia.
4. Esta revocación debe ser ejercitada por el donante y, en el caso de nulidad del matrimonio, siempre que en la sentencia no haya sido declarada de mala fe. Los herederos se pueden subrogar en la acción si esta fue ejercitada dentro del plazo y en la forma procedente por el donante.
5. Los efectos de la revocación son los establecidos en el artículo 60 de esta ley.
Sección segunda
Del régimen de separación de bienes
Artículo 73
Concepto
En defecto de espòlits, el matrimonio quedará sujeto al régimen de separación de bienes, que reconoce a cada cónyuge la propiedad, el disfrute, la administración y la libre disposición de los bienes propios, con los límites que establece esta ley.
En este régimen económico matrimonial cada cónyuge responde con sus bienes de las obligaciones que haya contraído, a salvo de lo que dispone el artículo 50 de esta ley.
Artículo 74
Bienes propios
Son bienes propios de cada cónyuge los que tenía al establecer el régimen de separación de bienes, y los que después ha adquirido por cualquier título durante su vigencia.
Artículo 75
Adquisiciones onerosas
Los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio pertenecen al cónyuge que determina el título adquisitivo válido. Si la contraprestación fue pagada o satisfecha, total o parcialmente, por el otro cónyuge, se presumirá su gratuidad, salvo prueba en contrario.
Artículo 76
Determinación de titularidades
1. A falta de título, la pertenencia de un bien o derecho a uno u otro cónyuge se puede determinar por cualquier medio de prueba. Si la determinación no es posible, el bien o el derecho corresponderá a ambos cónyuges por mitad.
2. Se presume que los bienes muebles de uso personal de uno de los cónyuges y los que estén directamente destinados al desarrollo de su actividad le pertenecen exclusivamente.
Artículo 77
Administración de los bienes
1. Cualquiera de los cónyuges puede conferir al otro un apoderamiento para administrar sus bienes. También puede condicionarlo, restringirlo o revocarlo en cualquier momento.
2. En el ejercicio de la administración se aplicarán las normas del mandato, sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados siguientes.
3. El cónyuge que administre bienes del otro podrá nombrar sustituto, salvo prohibición expresa del cónyuge propietario. El administrador responde de la gestión del sustituto:
a) Cuando el cónyuge propietario no lo haya facultado para nombrarlo.
b) En caso de falta de idoneidad notoria de la persona escogida por el cónyuge gestor, cuando el otro lo hubiese facultado para nombrar sustituto sin hacer designación expresa de la persona.
c) En caso de que el cónyuge gestor haya dado al sustituto instrucciones inadecuadas.
4. Los actos realizados por el sustituto nombrado contra la prohibición del cónyuge propietario son nulos.
5. Al finalizar el apoderamiento, el cónyuge administrador deberá rendir cuentas y entregar al otro los frutos existentes y el equivalente de los frutos consumidos con los que se haya enriquecido.
Artículo 78
Extinción del régimen de separación de bienes
1. El régimen de separación de bienes se extingue por acuerdo entre los cónyuges documentado en espòlits, por disolución del matrimonio, declaración de nulidad o por separación legal de los cónyuges.
2. La extinción del régimen de separación de bienes abre el período de liquidación de créditos y deudas entre los cónyuges, el cual, si no hay acuerdo, se debe llevar a cabo de conformidad con lo que hubiesen convenido en sus capitulaciones matrimoniales o, en su caso, de conformidad con los pactos en previsión de ruptura matrimonial otorgados fuera de capitulaciones y, subsidiariamente, según las reglas de esta sección.
3. En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad, y en los dirigidos a obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges puede pedir simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria; así como la liquidación de créditos y deudas si no hay acuerdo entre ellos.
Artículo 79
Liquidación de créditos y deudas entre los cónyuges
1. La liquidación del régimen de separación de bienes se inicia con la determinación de los créditos de cada uno de los cónyuges derivados de:
a) El levantamiento de las cargas familiares, de acuerdo con los criterios fijados en los artículos 45 y 46 de esta ley.
b) El crédito compensatorio por el trabajo para la familia del artículo 46.1 de esta ley. Este crédito se determina por el exceso de contribución de uno de los cónyuges al levantamiento de las cargas familiares, cuando el valor del trabajo que este cónyuge ha realizado para la familia o el cómputo de la diferencia, en caso de que hubiese sido retribuido o compensado, sea superior a lo que estaba obligado a llevar a cabo.
La valoración del trabajo efectuado para la familia, a falta de pacto, corresponde a la autoridad judicial, que debe ponderar el coste, la dedicación, la duración, la crianza de hijos y la atención de otras personas de la familia dependientes que convivan en la vivienda familiar, la eventual incidencia en el incremento patrimonial de uno de los cónyuges y, especialmente, la pérdida de oportunidades.
c) El crédito indemnizatorio por la colaboración no retribuida o insuficientemente retribuida que uno de los cónyuges ha realizado en la actividad empresarial o profesional del otro. Si no hay acuerdo entre los cónyuges, este crédito se calculará de acuerdo con los precios de mercado. El crédito compensatorio y el crédito indemnizatorio son compatibles con la pensión compensatoria que prevé el ordenamiento del Estado, pero deberán reclamarse conjuntamente a fin de que se puedan ponderar.
d) Las acciones de regreso que resulten de la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 50 de esta ley.
e) La imposibilidad de restituir los bienes donados por el otro cónyuge en caso de revocación de la donación o la compensación equivalente al menor valor que supone el gravamen de acuerdo con el artículo 60 de esta ley.
f) La rendición de cuentas por la administración de los bienes del otro cónyuge de acuerdo con el artículo 77 de esta ley.
g) Los contratos o negocios otorgados entre los cónyuges.
h) Cualquier otro crédito que un cónyuge tenga contra el otro.
2. En caso de extinción del régimen por muerte o declaración de fallecimiento, los créditos de los apartados a), b) y c) anteriores serán exigibles si el importe que le es adeudado no está cubierto por lo que le corresponda por sucesión mortis causa en la herencia abierta del cónyuge premuerto, o por lo que haya recibido anteriormente por pacto sucesorio. En todo caso, tendrá derecho a reclamar la diferencia a los herederos.
3. Una vez determinados los créditos de ambos cónyuges, se deben compensar a fin de que resulte un único crédito exigible.
4. El crédito se debe pagar en metálico en un plazo máximo de tres años con el interés legal que corresponda. También podrá pagarse en bienes, siempre que haya acuerdo entre las partes o decisión judicial que lo permita.
Artículo 80
División de los bienes en comunidad ordinaria indivisa
1. Cualquiera de los cónyuges puede ejercer, simultáneamente a la liquidación de créditos y deudas entre ellos, la acción de división de cosa común respecto a los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa.
2. La autoridad judicial competente, si lo pide uno de los cónyuges, puede formar lotes de bienes con titularidad plena y adjudicarlos a los cónyuges.
Sección tercera
Del régimen convencional de acolliment en la quarta part dels milloraments
Artículo 81
Concepto
1. El régimen de acolliment en la quarta part dels milloraments atribuye al cónyuge, en el momento de la extinción, el derecho a participar en una cuarta parte de las mejoras, compras y adquisiciones realizadas por el otro durante el tiempo que este régimen haya estado vigente, según las normas establecidas en este capítulo.
2. Se denomina acollit el cónyuge que tiene derecho a participar en las mejoras, compras y adquisiciones realizadas por el otro.
Artículo 82
Forma
El régimen de acolliment en la quarta part dels milloraments debe convenirse en capitulaciones matrimoniales o espòlits.
Artículo 83
Modalidades de acolliment
1. El régimen de acolliment en la quarta part dels milloraments puede pactarse con carácter unilateral o recíproco.
2. El acolliment es unilateral cuando se estipula de antemano cuál de los dos cónyuges es el acollit. En este caso, quien otorga el derecho a participar en sus milloraments recibe la denominación de acollidor.
3. El acolliment es recíproco cuando el derecho a participar en los milloraments se establece a favor de ambos cónyuges indistintamente. En este caso, la determinación del cónyuge acollit queda diferida a la liquidación del régimen.
4. En cualquiera de las dos modalidades de acolliment, los cónyuges pueden acordar una participación en los milloraments distinta a la cuarta parte.
Artículo 84
Régimen jurídico
El acolliment se rige por lo convenido en capitulaciones matrimoniales o espòlits. Subsidiariamente, por las disposiciones del presente capítulo y, en lo no previsto, por la costumbre.
Artículo 85
Vigencia del régimen
1. Durante la vigencia del acolliment en la quarta part dels milloraments son de aplicación las disposiciones generales sobre el régimen de separación de bienes previstas en este título.
2. Asimismo, durante su vigencia, los cónyuges están obligados a informarse recíprocamente sobre la gestión de sus respectivos patrimonios.
Artículo 86
Extinción del régimen
1. El régimen de acolliment en la quarta part dels milloraments se extingue por:
a) La nulidad del matrimonio, la disolución o la separación legal.
b) La voluntad de los cónyuges manifestada en capitulaciones matrimoniales o espòlits.
2. También se extinguirá por resolución judicial, a instancia de uno de los cónyuges, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:
a) Separación de hecho por un período superior a tres meses.
b) Incumplimiento grave o reiterado por el otro cónyuge del deber de informar sobre la gestión del patrimonio.
c) Gestión patrimonial irregular o supervención de alguna circunstancia personal o patrimonial en el otro cónyuge que comprometa gravemente los intereses de quien solicita la extinción.
Artículo 87
Inicio de la liquidación
1. Una vez extinguido el régimen de acolliment, deben cuantificarse los milloraments obtenidos por el cónyuge acollidor o, en caso de haberse pactado la reciprocidad, los obtenidos por cada uno de los cónyuges.
2. Los milloraments son los incrementos de patrimonio obtenidos durante la vigencia del régimen derivados de mejoras, compras y adquisiciones.
3. Se consideran mejoras los aumentos de valor producidos durante la vigencia del régimen en los bienes que tenía el cónyuge acollidor al iniciarse éste y en los adquiridos con posterioridad por título gratuito.
4. Se consideran compras los bienes adquiridos durante la vigencia del régimen por título de compraventa que subsistan en el patrimonio del cónyuge acollidor en el momento de la extinción.
5. Se consideran adquisiciones los bienes adquiridos durante la vigencia del régimen por título oneroso distinto al de compraventa que subsistan en el patrimonio del cónyuge acollidor en el momento de la extinción.
Si el acolliment es recíproco, se atenderá a las mejoras, compras y adquisiciones verificadas por cada uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen, en los términos previstos en los apartados anteriores.
Artículo 88
Reglas de liquidación
1. A falta de pacto, los milloraments se liquidarán según las reglas que establece este artículo.
2. En las mejoras se tienen en cuenta los aumentos de valor referidos en el artículo anterior y se deducen los costes actualizados para obtenerlas. En las compras y adquisiciones debe tenerse en cuenta el valor de los bienes al finalizar el régimen, con deducción de las cargas que los graven y del importe actualizado del precio o de la contraprestación.
3. A la suma obtenida según lo dispuesto en el apartado anterior, se le deben añadir, tratándose de bienes dispuestos por el cónyuge acollidor a título gratuito durante la vigencia del régimen, los siguientes valores:
a) Respecto de los bienes adquiridos antes de la constitución del acolliment y respecto de los adquiridos a título gratuito durante su vigencia, la mejora experimentada, en los términos del apartado 2 de este artículo, desde la constitución del régimen hasta la disposición del bien.
b) Respecto de los bienes comprados o adquiridos onerosamente durante el acolliment, el valor que tenían estos al salir del patrimonio del cónyuge acollidor, con las deducciones que se indican en el apartado 2 de este artículo.
En ambos casos, quedan excluidas las liberalidades de uso y las donaciones consentidas por el otro cónyuge.
4. También debe añadirse el valor obtenido de la aplicación de las reglas anteriores en los casos en que, durante la vigencia del régimen, el cónyuge acollidor haya destruido, deteriorado o enajenado bienes a título oneroso, con intención de perjudicar los derechos del otro cónyuge.
5. De la suma total debe deducirse el importe de las obligaciones del cónyuge acollidor aún no satisfechas.
6. Existen milloraments cuando el resultado de las operaciones mencionadas en los apartados anteriores es positivo.
7. En caso de acolliment recíproco, se aplicarán a ambos cónyuges las reglas de este precepto relativas a los valores de los bienes dispuestos a título gratuito o destruidos, deteriorados o enajenados a título oneroso durante la vigencia del régimen, así como las relativas a la deducción del importe de las obligaciones.
Artículo 89
Crédito resultante del acolliment
1. En el acolliment unilateral, el cónyuge acollit tiene derecho a la cuarta parte de los milloraments que haya obtenido el cónyuge acollidor.
2. En el acolliment recíproco, el crédito se determina por las siguientes reglas:
a) Si solo uno de los cónyuges ha obtenido milloraments, el otro tiene derecho a una cuarta parte de su importe.
b) Si ambos cónyuges han obtenido milloraments, el que haya obtenido menos tiene derecho a una cuarta parte de la diferencia entre los respectivos importes.
Se considera acollit el cónyuge que, con arreglo a lo dispuesto en los subapartados a) y b) anteriores, resulte acreedor por no haber obtenido milloraments o por haber obtenido menos que el otro.
Artículo 90
Pago del crédito de milloraments
1. El crédito de milloraments debe pagarse en dinero, salvo que las partes acuerden otra cosa. No obstante, por causa justificada y a petición de cualquiera de las partes o de sus herederos, el juez puede ordenar su pago total o parcial con bienes del deudor.
2. Por causa justificada y a petición del deudor o de sus herederos, el juez puede aplazar su pago u ordenar que se realice a plazos con un vencimiento máximo de tres años, siempre que se garantice la deuda y se abonen los intereses legales.
Artículo 91
Acciones en defensa del crédito de milloraments
1. Si en el patrimonio del deudor no existen bienes suficientes para satisfacer el crédito de milloraments, el acreedor puede solicitar la reducción de las donaciones y otras transmisiones gratuitas realizadas por el cónyuge acollidor. También puede impugnar los actos realizados por este en fraude del crédito.
2. Estas acciones caducan a los cuatro años contados desde la determinación del crédito de milloraments y no proceden cuando los bienes se hallan en poder de terceras personas adquirentes a título oneroso y de buena fe.
Artículo 92
Compatibilidad de derechos
El crédito de milloraments es compatible con la pensión compensatoria que prevé el ordenamiento del Estado, pero no lo es con el crédito compensatorio ni con el crédito indemnizatorio establecidos en el artículo 79 de esta ley.
Disposición adicional única
Fomento de la mediación familiar
Los poderes públicos fomentarán el uso de la mediación familiar en la resolución de los conflictos que se produzcan en materia de esta ley y que puedan ser objeto de resolución por este sistema, antes de iniciar o iniciada la vía judicial, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero , de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Disposición transitoria primera
Matrimonios contraídos y subsistentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley
Las disposiciones de esta ley se aplican a los matrimonios contraídos y subsistentes en el momento de su entrada en vigor, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera siguiente en relación con los procesos ya iniciados.
Disposición transitoria segunda
Reglas intertemporales
1. Los regímenes económicos matrimoniales y los pactos convenidos en capitulaciones matrimoniales otorgadas de acuerdo con la legislación anterior producen los efectos resultantes de dicha legislación.
2. Los preceptos de esta ley relativos a la liquidación de créditos y deudas entre cónyuges en el régimen económico matrimonial de separación de bienes solo se aplicarán a los regímenes extinguidos con posterioridad a su entrada en vigor.
3. El régimen convencional de acolliment en la quarta part dels milloraments pactado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se liquidará de acuerdo con sus disposiciones, siempre que no se hubiera iniciado el procedimiento judicial de liquidación.
Disposición transitoria tercera
Procesos matrimoniales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley
Los procesos de separación, divorcio y nulidad matrimonial iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley se rigen por la normativa sustantiva vigente en el momento de iniciarlos.
Disposición derogatoria única
Quedan derogados el título I del libro I; el artículo 65 del libro II, en todo cuanto se remite al mencionado título I del libro I, y el título I del libro III del Texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears.
Disposición final primera
Modificación de la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears
Se modifica la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, en los siguientes términos:
1. Se modifica la rúbrica del capítulo III del título II, que pasa a tener la siguiente redacción:
“Capítulo III
La definición entre descendientes legitimarios y sus ascendientes”
2. Se modifica el artículo 51.3, que pasa a tener la siguiente redacción:
“3. Los pactos sucesorios contenidos en capitulaciones matrimoniales (espòlits) se rigen por las normas establecidas en el capítulo V del título III de la Ley del régimen patrimonial del matrimonio y en este título.”
3. Se modifica el artículo 62.4, que pasa a tener la siguiente redacción:
“4. En los supuestos de nulidad, separación legal y divorcio de las personas que otorgaron espòlits por razón de su matrimonio, se estará a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley del régimen patrimonial del matrimonio”.
4. Se adiciona a la Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, un capítulo IV en el título II con la siguiente redacción:
“Capítulo IV
La definición entre cónyuges y parejas estables
Artículo 50 bis
La definición de los futuros derechos legitimarios entre cónyuges
Cualquiera de los cónyuges o los dos podrán otorgar el pacto sucesorio de definición de los futuros derechos legitimarios que pudieran corresponderles en la sucesión de su consorte, en contemplación de una donación, atribución o compensación que reciba o haya recibido del otro, a su satisfacción, con anterioridad.
Artículo 50 ter
Causas de ineficacia sobrevenida y sus efectos
1. La premoriencia del cónyuge que ha definido sus futuros derechos legitimarios; la nulidad matrimonial, si el cónyuge que ha definido ha sido declarado de mala fe; el divorcio, y la separación legal de acuerdo con el artículo 45.1 y 2 de la Compilación supondrán la ineficacia sobrevenida del pacto de definición y darán derecho al cónyuge que ha entregado la atribución patrimonial, en el plazo de un año a contar desde la premoriencia o la sentencia firme de nulidad matrimonial, o de la escritura pública o la sentencia firme de separación legal o divorcio, a ejercer la acción de restitución de la atribución patrimonial entregada a su cónyuge en pago de sus futuros derechos legitimarios.
2. Solo el cónyuge atribuyente tendrá derecho para ejercitar la restitución de la atribución patrimonial entregada en pago de la futura legítima de su consorte, salvo que muera una vez iniciado el proceso, en cuyo caso pueden continuarlo sus herederos.
3. El efecto de la acción de restitución de la atribución patrimonial determinará la recuperación de esta, transmitida por el cónyuge atribuyente, siempre que se conserve en el patrimonio del cónyuge atributario, o de la contraprestación de haberla dispuesto a título oneroso o del valor de los bienes si lo ha sido por título gratuito.
No deberá devolver los frutos obtenidos antes de la interposición de la demanda de restitución. Tampoco afectará a las cargas que el cónyuge atribuido haya constituido sobre estos bienes con anterioridad a la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, pero sí a las constituidas después de dicha anotación preventiva.
Artículo 50 quater
Causas de revocación, ejercicio de la acción y efectos
1. Serán causas de revocación los supuestos en que el cónyuge que ha definido sus futuros derechos legitimarios incurra en cualquiera de las causas de desheredación de los apartados a), b), d), e), f), g) y h) del artículo 7 bis de la Compilación.
2. Solo el otro cónyuge puede ejercer la acción de revocación de la definición indicando la causa concreta, salvo que muera durante el proceso de revocación, en cuyo caso pueden continuarlo sus herederos.
Se exceptúa cuando la causa de desheredación sea haber atentado contra la vida del cónyuge atribuyente con el resultado de muerte, de tal forma que no hubiera podido ejercer la acción. En este caso, sus herederos podrán ejercer la acción de revocación del pacto de definición dentro del año siguiente a la firmeza de la sentencia condenatoria.
3. La acción de revocación caducará a los cinco años a contar desde que el cónyuge conozca o haya podido conocer la causa de desheredación. Si no ejercita la acción, se entenderá que existe perdón.
4. El efecto de la revocación de la definición determinará la recuperación de la atribución patrimonial transmitida por el cónyuge atribuyente que se conserve en el patrimonio del cónyuge atributario o la contraprestación si ha dispuesto los bienes a título oneroso, o de su valor si los ha dispuesto por título gratuito. No deberá devolver los frutos recibidos antes de la interposición de la demanda. No afectará a las cargas que el cónyuge atributario haya constituido sobre estos bienes con anterioridad a la anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad, pero sí a las constituidas después de la mencionada anotación preventiva.
Artículo 50 quinquies
Efectos de la definición entre cónyuges
La definición entre cónyuges impide interponer la acción de suplemento de legítima, y dejará sin efecto cualquier disposición sobre la legítima a favor del cónyuge que ha definido sus futuros derechos legitimarios, ordenada por el otro cónyuge en testamento, en donación universal de bienes presentes y futuros o en codicilo, tanto anteriores como posteriores a la definición. Si muere intestado, el cónyuge que ha definido no tendrá los derechos que le concede el artículo 45 de la Compilación, pero sí podrá ser heredero intestado.
Artículo 50 sexies
Definición de los futuros derechos legitimarios entre parejas estables
También podrán pactar definición las parejas estables sometidas al derecho civil de las Illes Balears, con los mismos efectos que regula el artículo 50 quinquies anterior.
Les será de aplicación la causa de ineficacia sobrevenida por premoriencia de la pareja del artículo 50 ter anterior y sus efectos, así como si existe cancelación de su inscripción como pareja estable en el registro correspondiente, salvo que sea para contraer matrimonio. También serán de aplicación los supuestos de revocación y sus efectos del artículo 50 quater anterior.”
5. El párrafo segundo del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:
“La preterición errónea de legitimarios supondrá la anulación de la donación universal cuando el heredero contractual no sea hijo, ni descendiente, ni cónyuge o pareja estable del donante, siempre que el donante haya ordenado que se respeten las legítimas y que la donación sea válida aunque se dé un supuesto de preterición no intencional.”
Disposición final segunda
Modificación de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre , de parejas estables
1. Se modifica el apartado 5 del artículo 5, con la siguiente redacción:
“5. En todas las relaciones patrimoniales, si consta convivencia, será de aplicación supletoria, en lo que sea compatible, la Ley del régimen patrimonial del matrimonio”.
2. Se adiciona a la mencionada ley un artículo 1 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 1 bis
Ampliación del ámbito de aplicación
Si las partes no han previsto otra cosa, esta ley será de aplicación supletoria a quienes, cumpliendo los requisitos de capacidad y personales exigidos por su artículo 2, hayan convivido un mínimo de diez años, tengan descendencia común y puedan demostrar la actual convivencia”.
Disposición final tercera
Título competencial
Esta ley se dicta al amparo del artículo 30.27 y del artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, de conformidad con el artículo 149.1, reglas 8.ª. y 6.ª. de la Constitución Española.
Disposición final cuarta
Autorización para refundir el texto
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, con el título de “Ley de Derecho Civil de las Illes Balears”, un decreto legislativo que refunda las leyes que se indican a continuación y sus modificaciones:
1.º. La Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears (Ley 8/1990, de 28 de junio y Decreto legislativo 79/1990, de 6 de septiembre , por el que se aprueba el Texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las Illes Balears).
1) La Ley 7/1993, de 20 de octubre, de reforma del artículo 2 del Título Preliminar del Decreto legislativo 79/1990, de 6 de septiembre.
2) La ley 3/2009, de 27 de abril, de modificación de la Compilación Civil de las Illes Balears sobre causas de indignidad sucesoria y desheredación.
3) La Ley 3/2010, de 7 de junio , de constatación de censos y alodios y extinción de los inactivos.
4) La Ley 7/2017, de 3 de agosto, de modificación de la Compilación.
5) La Ley 8/2022, de 11 de noviembre , de sucesión voluntaria paccionada o contractual.
2.º. La Ley 18/2001, de 19 de diciembre , de parejas estables.
1) La Ley 9/2019, de 19 de febrero , de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears.
2) Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo , por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania.
3.º. La Ley 1/2006, de 3 de marzo , de voluntades anticipadas.
1) La Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir.
4.º. La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar.
5.º. La presente ley del régimen patrimonial del matrimonio.
2. La autorización al Gobierno de refundición en el nuevo texto legal debe elaborarse con la estructura seguida en la Compilación, la Ley 8/2022 , de sucesión voluntaria paccionada o contractual, y esta ley del régimen patrimonial del matrimonio; es decir, manteniendo diferenciada, la regulación para Mallorca, para Menorca, y para Eivissa y Formentera, todos ellos encabezados por el Título Preliminar.
Esta autorización de refundición faculta a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deben ser refundidos.
3. La elaboración del texto normativo por refundición se realizará mediante la técnica codificadora y la sistemática adecuada para facilitar el mantenimiento actualizado del nuevo texto de “Derecho Civil de las Illes Balears”.
Disposición final quinta
Entrada en vigor
Esta ley entrará en vigor a los dos meses siguientes de su publicación en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.