Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar

 18/11/2026
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Ley de Cantabria 11/2026, de 10 de noviembre, de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 16 de noviembre de 2026). Texto completo.

LEY DE CANTABRIA 11/2026, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO Y DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.

PREÁMBULO

La Constitución Española, en el apartado primero del artículo 27, reconoce el derecho de todos a la educación, consagrando la educación como un derecho fundamental de todas las personas.

La Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre , que aprueba el Estatuto de Autonomía para Cantabria atribuye, en el apartado primero del artículo 28, a la Comunidad Autónoma de Cantabria la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado primero del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado primero del artículo 149, y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, establece en el apartado primero del artículo 104 que las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea y, en el apartado segundo del mismo artículo, que las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

Esa misma ley, en el apartado primero del artículo 105, atribuye a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, la adopción de las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

Se reconoce, en el apartado tercero del artículo 124 del mismo cuerpo legal, la condición de autoridad pública de los miembros del equipo directivo y del profesorado y la presunción de veracidad "iuris tantum" o salvo prueba en contrario de los hechos constatados por ellos, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, pueda señalar o aportar el propio alumnado.

Por otra parte, la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre , de Educación de Cantabria, dedica su título V a la formación de profesorado y al reconocimiento y valoración de la función docente, en similares términos a los recogidos en el artículo 104 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

La presente ley se enmarca en el contexto de un modelo educativo inclusivo sustentado en el impulso de la calidad, que tiene como uno de los ejes fundamentales la educación en valores y transmite a la comunidad educativa la importancia de la educación en valores, el esfuerzo, la realización personal, el respeto, el bienestar de todos sus miembros, el buen trato y la convivencia positiva.

La función educativa de los docentes es fundamental para el desarrollo integral del alumnado, atendiendo no solo a los aspectos intelectuales, sino también a aquellos otros que inciden en su desarrollo personal y social. A través de su labor, los docentes no solo transmiten conocimientos académicos, sino que también promueven la educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida.

Procede, por tanto, potenciar y reconocer desde las instituciones públicas el valor esencial de la función docente para, de esta manera, aumentar la consideración social del profesorado como instrumento imprescindible en la creación de un clima escolar óptimo que redunde en la mejora cualitativa y cuantitativa de los resultados del sistema educativo.

Se pretende, además, favorecer en todas las etapas educativas el reconocimiento de la labor del profesorado, de su experiencia y especial esfuerzo a lo largo de su vida profesional.

Es imprescindible que el refuerzo normativo de la autoridad del profesorado se articule desde un enfoque equilibrado, garantista y coherente con los principios de convivencia escolar, inclusión y participación de las familias.

Esta ley reconoce la doble dimensión de la autoridad del profesorado, vinculada al ejercicio responsable de la función docente. Una vertiente fundamentada en su prestigio y conocimiento, y otra otorgada por el ordenamiento jurídico, garante de la convivencia y del derecho a la educación. Ambas son esenciales para asegurar un entorno escolar seguro y respetuoso.

En este mismo sentido, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio , de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, profundiza y completa el marco establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, configurando un sistema integral de prevención, detección y actuación frente a cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia y reconociendo expresamente, en sus capítulos IV y V, el ámbito educativo como espacio esencial de protección.

Por otra parte, de conformidad con el apartado tercero del artículo 12 de la Ley 3/2025, de 30 de junio, de Políticas de Juventud de Cantabria, corresponde a la consejería competente en materia de educación promover entornos educativos que propicien el bienestar emocional de todo el alumnado, fomentando una cultura de centro que favorezca una adecuada convivencia y permita a los jóvenes comprender y valorar la diversidad en todas sus formas.

La Comunidad Autónoma de Cantabria persigue a través de esta ley conseguir un clima de convivencia positiva en el que se dignifique la profesión docente. Con este fin, se establece un modelo de convivencia basado en un enfoque educativo, en el que el profesorado desempeña un papel esencial como referente, garante y promotor de la convivencia. Este modelo se sustenta en un marcado carácter educativo y recuperador, garantizando el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurando la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ello, la ley se estructura en tres títulos. El título preliminar establece las disposiciones generales, definiendo el objeto, el ámbito de aplicación y los principios inspiradores. El título I regula la autoridad del profesorado y dedica el capítulo I a reconocer los derechos del profesorado en el ejercicio de su función docente, mientras que el capítulo II se centra en la protección jurídica y el establecimiento de medidas de apoyo del profesorado. El título II regula la convivencia en los centros educativos y dedica el capítulo I a sus disposiciones generales, el capítulo II a las conductas contrarias a las normas de convivencia y el capítulo III a las medidas a adoptar ante dichas conductas. La ley concluye con cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Esta ley ha sido elaborada cumpliendo los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 46 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de Cantabria, la presente ley ha sido redactada utilizando lenguaje no sexista.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto:

a) Reconocer y garantizar la autoridad pública del profesorado y fomentar la consideración y el respeto en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y de garantizar el derecho a la educación propiciando un adecuado clima de convivencia.

b) Establecer el marco general de un modelo de convivencia, basado en un enfoque proactivo y educativo, en el que el profesorado actúe como referente y como instrumento garante y promotor de la convivencia.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La presente ley será de aplicación en los centros educativos no universitarios sostenidos por fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que impartan alguna de las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación.

2. Lo dispuesto en esta ley será de aplicación a las actividades desarrolladas en el interior del centro educativo y a las actividades que, realizadas fuera del recinto del centro, estén directamente relacionadas con actividades lectivas, complementarias o extraescolares, vinculadas a la función docente, incluidas las que se realicen a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos.

Artículo 3. Principios generales.

Los principios generales que inspiran esta ley son los siguientes:

a) El derecho a la educación, consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución Española.

b) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza y del papel fundamental del profesorado en el desarrollo de las capacidades del alumnado, de su deseo de aprender, su sentido del esfuerzo y su espíritu crítico.

c) La valoración de la educación y la formación de calidad como herramientas esenciales para la igualdad de oportunidades, el progreso individual de las personas y el desarrollo de la sociedad.

d) El reconocimiento del centro escolar como ámbito de aprendizaje de los valores de convivencia, tolerancia y respeto mutuo, así como de desarrollo de la personalidad de los alumnos.

e) La autonomía de los centros como elemento clave que contribuye a la mejor gestión y dinamismo en la toma de decisiones.

f) Fomentar el diálogo entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, a través del consejo escolar del centro y la comisión de convivencia, para promover la participación y la reflexión en la toma de decisiones en materia de convivencia.

g) Modular el carácter disciplinario del marco de convivencia mediante procesos ágiles y un lenguaje adaptado al contexto educativo.

h) La priorización de soluciones consensuadas ante los conflictos que pudieran suscitarse.

i) La actitud responsable en el uso de las tecnologías de la relación, información y comunicación.

j) El impulso, por parte de la Administración educativa, de los mecanismos necesarios para facilitar la función del profesorado y su reconocimiento y prestigio social.

TÍTULO I

Autoridad del profesorado

CAPÍTULO I

Derechos del profesorado

Artículo 4. Derechos del profesorado en el ejercicio de la función docente.

El profesorado, en el ejercicio de su función docente, gozará de los siguientes derechos:

a) Al respeto y la consideración debidos por parte del alumnado, de sus familias y de los demás miembros de la comunidad educativa.

b) A desempeñar su labor docente en un clima de orden y respeto a sus derechos y a su dignidad e integridad física y moral.

c) A tomar, en el ámbito de sus competencias, decisiones ágiles, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje.

d) A solicitar la colaboración de las familias y demás miembros de la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas de convivencia.

e) A ser apoyado por la Administración educativa, que procurará que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden, conforme a la importancia social de la labor que desempeña.

f) A ejercer sus funciones docentes con autonomía pedagógica y con la capacidad de actuación necesaria para prevenir, detectar y corregir las conductas que alteren la convivencia, de conformidad con la normativa vigente.

CAPÍTULO II

Protección jurídica y medidas de apoyo del profesorado

Artículo 5. Autoridad pública.

El profesorado y los miembros del equipo directivo tendrán la consideración de autoridad pública, vinculada al ejercicio responsable de sus funciones. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados personalmente por el profesorado, en el desempeño de sus funciones, gozarán de presunción de veracidad “iuris tantum” cuando se formalicen documentalmente en el curso de los procedimientos instruidos en relación con las conductas que incumplan las normas de convivencia, sin perjuicio de las pruebas que el alumnado o los padres o representantes legales puedan aportar en defensa de sus derechos e intereses.

Artículo 6. Deber de colaboración.

Los padres o representantes legales deberán respetar y fomentar el respeto de las normas establecidas por el centro y las indicaciones educativas del profesorado.

Artículo 7. Apoyo y reconocimiento.

Las medidas de apoyo y reconocimiento serán:

a) Reconocer la labor del profesorado.

b) Regular protocolos de convivencia ante indicios de cualquier modalidad de acoso y/o violencia en el ámbito educativo.

c) Promover el bienestar, la cultura de la prevención y la resolución constructiva de conflictos.

d) Promover la asistencia jurídica y psicológica al profesorado ante las situaciones de conflicto derivadas de su ejercicio profesional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 17 de julio , de organización y funcionamiento del Servicio Jurídico.

e) Reconocer la experiencia y el esfuerzo del profesorado.

f) Fomentar una formación de calidad del profesorado como instrumento esencial para la igualdad de oportunidades.

g) Promover una carrera docente de calidad.

h) Garantizar el derecho del profesorado y los miembros del equipo directivo a la desconexión digital, vinculada al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas, a fin de garantizar, fuera del horario de trabajo, el respeto de su tiempo al descanso, vacaciones, permisos y licencias, así como su intimidad personal y familiar.

TÍTULO II

Convivencia en los centros educativos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 8. Normas de convivencia.

1. A efectos de esta ley, la convivencia en los centros educativos se entiende como la construcción colectiva de un entorno escolar seguro y emocionalmente saludable, donde la prevención de la violencia, la restauración del daño y el ejercicio responsable de la autoridad docente se integran para favorecer el bienestar de toda la comunidad educativa.

2. Los centros educativos elaborarán un plan de convivencia que se incorporará al proyecto educativo del centro, con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado, las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente y la resolución pacífica de conflictos. El plan de convivencia recogerá las actividades que se programen en los siguientes ámbitos:

a) Preventivo.

b) Normativo.

c) Resolutivo y relacional.

3. Cada centro educativo elaborará las normas de convivencia, que se incluirán dentro de las normas de organización y funcionamiento, favoreciendo la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo su difusión.

Artículo 9. Medidas educativas.

1. Las medidas educativas tendrán por objetivo fortalecer las capacidades personales del alumnado y favorecer su desarrollo personal y social, asegurando el bienestar emocional del alumnado y el bienestar de la comunidad educativa.

2. Las normas de convivencia concretarán las medidas educativas que deberán adoptarse para favorecer la convivencia en el centro educativo. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes:

a) Círculos de diálogo.

b) Prácticas restaurativas.

c) Programas de competencias socioemocionales.

d) Conciliación escolar.

e) Sesiones formativas.

f) Talleres de convivencia.

g) Acciones formativas de concienciación.

h) Programas de desarrollo de habilidades sociales.

i) Cualquier otra de carácter análogo.

j) Programas específicos de mediación.

3. Estas medidas se podrán adoptar en cualquier momento y se aplicarán en colaboración con el tutor y, en su caso, con las estructuras generales de orientación y el coordinador de bienestar y protección, y buscarán implicar al resto del profesorado y a las familias para lograr, conjuntamente, el desarrollo adecuado de las acciones propuestas y del proceso educativo. Las medidas educativas son compatibles con las medidas correctoras.

4. El profesorado podrá requerir al alumnado, tanto dentro del recinto escolar como durante el desarrollo de actividades complementarias o extraescolares, la entrega inmediata de cualquier objeto o sustancia que porte y cuya tenencia esté prohibida por las normas de convivencia del centro, represente un riesgo para la salud o la integridad personal propia o ajena, o perturbe el normal desarrollo de la actividad docente.

El objeto o sustancia será depositado por el profesorado en la dirección del centro, garantizando su custodia y quedando a disposición de los padres o representantes legales, si el alumno que lo porta fuese menor de edad, o del propio alumno, si fuese mayor de edad, una vez terminada la jornada escolar o la actividad complementaria o extraescolar, salvo en los supuestos previstos en el párrafo siguiente.

Cuando el objeto o sustancia intervenido pudiera constituir un riesgo para la seguridad o integridad de las personas, o existieran indicios de que su tenencia pudiera ser constitutiva de infracción penal o administrativa, la dirección del centro pondrá los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, quedando el objeto o sustancia intervenido a disposición de estas cuando proceda.

5. Excepcionalmente, en atención a la conducta disruptiva y con el propósito de preservar el adecuado clima de convivencia, la dirección del centro podrá disponer el cambio de grupo del alumno, ya sea con carácter temporal o definitivo.

Artículo 10. Medidas correctoras.

1. Las medidas correctoras se aplicarán conforme a lo establecido en el capítulo III, para corregir las conductas contrarias a las normas de convivencia desde una perspectiva educativa y reparadora, priorizando la realización de trabajos o actividades con impacto positivo en la comunidad educativa.

2. La aplicación de medidas correctoras ante conductas contrarias a las normas de convivencia estará regida por los siguientes criterios:

a) Se tendrá en cuenta la edad del alumnado y demás circunstancias personales, familiares y sociales. A tal fin, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre dichas circunstancias.

b) Las medidas correctoras, de carácter educativo y reparador, deben garantizar el respeto a los derechos de los miembros de la comunidad educativa y procurar la mejora de la convivencia en el centro educativo.

c) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni su derecho a la escolaridad.

d) El alumnado no podrá ser privado del derecho a la evaluación continua.

e) No podrán imponerse medidas contrarias a la integridad física, psíquica o moral, ni a la dignidad personal del alumnado.

f) Cada centro educativo concretará en sus normas de convivencia la atención educativa que el profesorado deberá prestar al alumnado en situación de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, actividades complementarias o al centro educativo. El centro deberá disponer de los medios tecnológicos y digitales necesarios para asegurar la continuidad educativa.

g) El cambio de centro educativo tendrá carácter excepcional y se acordará de conformidad con la normativa básica estatal y autonómica aplicable, garantizando la continuidad del proceso educativo y la escolarización del alumnado.

Artículo 11. Medidas provisionales.

1. Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento educativo corrector o durante su tramitación, podrá? adoptarse como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, actividades o al centro, por un periodo que no será? superior a cinco días lectivos. Dicha medida será aplicada de forma motivada, conforme al principio de proporcionalidad, y deberá ser comunicada al alumno, así como a los representantes legales del alumnado menor de edad.

2. En caso de violencia con riesgo para la integridad física o psicológica del alumno, se adoptarán de forma motivada e inmediata y durante el tiempo necesario, las medidas pertinentes para garantizar la protección y seguridad del mismo. Estas medidas podrán incluir, entre otras, las previstas en los párrafos b), c) y d) del artículo 17 de esta ley.

3. La dirección del centro podrá alzar o modificar las medidas provisionales que hayan sido adoptadas, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

CAPÍTULO II

Conductas contrarias a las normas de convivencia

Artículo 12. Conductas contrarias a las normas de convivencia.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia en los centros educativos se tipifican en:

a) Conductas perjudiciales para la convivencia.

b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Artículo 13. Conductas perjudiciales para la convivencia.

Son conductas perjudiciales para la convivencia las que, no teniendo la consideración de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, están tipificadas como tales en las normas de convivencia del centro y, en todo caso, las que estén en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los actos de incorrección o de desconsideración hacia el profesorado o hacia cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

b) La sistemática falta de realización por parte del alumnado de las actividades educativas orientadas al desarrollo del currículo o el incumplimiento sistemático de las indicaciones del profesorado.

c) Las conductas que dificulten o impidan al alumnado el ejercicio de su derecho a aprender o el cumplimiento del deber de estudiar.

d) La sistemática asistencia al centro sin el material y el equipo precisos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

e) La reiteración de faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia.

f) La sustracción de recursos materiales del centro o pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, de valor económico inferior a trescientos euros.

g) Causar intencionadamente daños leves en las instalaciones, recursos materiales, documentos del centro o en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.

h) El uso, posesión, introducción o comercio de cualquier objeto o sustancia prohibida.

i) La creación, captación, grabación, manipulación, generación, publicación, puesta a disposición o difusión de imágenes, audios, vídeos o contenidos digitales de miembros de la comunidad educativa, mediante cualquier tecnología, cuando resulte contraria a sus derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen, o cuando, atendiendo a las circunstancias del caso, produzca una afectación relevante de la convivencia escolar.

j) El incumplimiento injustificado de las medidas educativas.

k) La incitación a cometer una conducta perjudicial para la convivencia.

Artículo 14. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia:

a) La agresión física, el acoso o cualquier otra manifestación de violencia a miembros de la comunidad educativa.

b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa.

c) Los actos graves de indisciplina, amenazas, coacciones u ofensas, frente a cualquier miembro de la comunidad educativa.

d) Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.

e) La sustracción de recursos materiales del centro o de pertenencias de los miembros de la comunidad educativa de gran valor educativo o de valor económico igual o superior a trescientos euros.

f) Causar intencionadamente daños graves en las instalaciones, recursos materiales, documentos del centro o en las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa.

g) El acceso, utilización, alteración, extracción o difusión no autorizados de documentos, ficheros, cuentas, claves, sistemas o servidores del centro o de datos personales de miembros de la comunidad educativa, cuando la conducta tenga la gravedad suficiente para afectar a la seguridad, integridad, privacidad o funcionamiento del centro.

h) El uso, posesión, introducción o comercio en el centro de objetos o sustancias prohibidas y perjudiciales para la salud e integridad personal.

i) La creación, captación, grabación, manipulación, generación mediante sistemas automatizados o de inteligencia artificial, publicación, puesta a disposición o difusión de agresiones, conductas inapropiadas o contenidos digitales que atenten gravemente contra el honor, la intimidad, la propia imagen o la dignidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

j) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente, la falsificación de documentos o materiales académicos, la creación de perfiles falsos o la generación o difusión de contenidos destinados a aparentar fraudulentamente la identidad de cualquier miembro de la comunidad educativa.

k) El incumplimiento injustificado de medidas correctoras impuestas en el mismo curso escolar.

l) Haber sido sancionado por la comisión de tres o más conductas perjudiciales para la convivencia del centro a lo largo del mismo curso escolar.

m) La incitación para cometer una conducta gravemente perjudicial para la convivencia.

n) La obtención, publicación, puesta a disposición o difusión no autorizada de datos personales, información privada, imágenes, localizaciones u otros datos especialmente sensibles de miembros de la comunidad educativa cuando, atendiendo a las circunstancias, la conducta cause o pueda causar un perjuicio grave.

Artículo 15. Acoso escolar.

1. A los efectos de esta ley, se considera acoso escolar toda forma de vejación o maltrato reiterado entre alumnos, ejercido individual o colectivamente, de manera intencionada, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el aislamiento o vacío social, estableciendo una relación de dominio que genera indefensión. Tendrán igual consideración las conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tuvieran causa en una relación surgida en el ámbito escolar.

2. Se garantizará al alumnado que son víctima de situaciones de acoso escolar la protección de su integridad y dignidad personal y de su derecho a la educación, mediante la adopción de medidas provisionales que impidan la amenaza, el control o el contacto entre víctima y causantes de la situación de acoso, optando de manera prioritaria por la separación del grupo de la persona o personas a quienes inicialmente se atribuyan las conductas objeto de investigación, en aplicación de los artículos 9.5, 11 y concordantes de la presente ley.

CAPÍTULO III

Medidas correctoras ante conductas contrarias a las normas de convivencia

Artículo 16. Medidas correctoras ante conductas perjudiciales para la convivencia.

1. Las conductas perjudiciales para la convivencia podrán ser corregidas con las siguientes medidas:

a) Amonestación verbal o apercibimiento por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante la dirección o la jefatura de estudios.

c) Realización de tareas de apoyo al alumnado o profesorado, en horario lectivo, durante un periodo máximo de diez días lectivos.

d) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, recursos materiales del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, preferentemente en horario no lectivo, durante un periodo máximo de diez días lectivos.

e) Realización de trabajos específicos en horario lectivo o no lectivo durante un periodo máximo de diez días lectivos.

f) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro por un periodo máximo de veinte días lectivos.

g) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo máximo de cinco días lectivos.

h) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de cinco días lectivos.

2. La dirección del centro podrá dejar sin efecto las medidas previstas en los párrafos f), g) y h) del apartado 1, cuando motivadamente se constate un cambio positivo en la conducta del alumno afectado por la medida.

3. Las medidas correctoras podrán incorporar, cuando resulte adecuado, actuaciones relacionadas con la educación en ciudadanía digital, el uso responsable de las tecnologías, la protección de datos personales, la reparación de daños digitales y la prevención del ciberacoso.

Artículo 17. Medidas correctoras ante conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser corregidas con las siguientes medidas:

a) Realización, en horario lectivo o no lectivo, de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, recursos materiales del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, durante un periodo máximo de veinte días lectivos.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro por un periodo máximo de sesenta días lectivos. Este periodo podrá ampliarse hasta final de curso para las actividades que incluyan pernoctar fuera del centro, de conformidad con lo establecido en las normas de convivencia del centro.

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período máximo de veinte días lectivos.

d) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período máximo de veinte días lectivos.

e) Cambio de centro educativo. Esta medida tendrá carácter excepcional.

2. La conducta d) del artículo 14 llevará asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.

3. La dirección del centro podrá dejar sin efecto la medida prevista en los párrafos b), c) y d) del apartado 1 de este artículo, cuando motivadamente se constate un cambio positivo en la conducta del alumno afectado por la medida.

Artículo 18. Proporcionalidad y graduación de las medidas correctoras.

1. Las medidas correctoras serán proporcionales a la gravedad de las conductas contrarias a las normas de convivencia.

2. Se consideran circunstancias atenuantes:

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.

b) La reparación espontánea del daño producido.

c) No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia durante el curso escolar.

d) La ausencia de intencionalidad.

e) La petición de excusas, por propia iniciativa, en caso de injurias, ofensas, vejaciones, humillaciones y alteración del desarrollo de las actividades del centro.

f) El ofrecimiento para realizar actuaciones compensadoras del daño causado.

g) La imposibilidad de llegar a un acuerdo de compromiso entre las partes afectadas o cuando dicho compromiso no pueda llevarse a cabo por causas ajenas a la voluntad del alumno que haya incurrido en conductas contrarias a las normas de convivencia.

h) La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o en la resolución pacífica del conflicto.

3. Se consideran circunstancias agravantes:

a) La premeditación.

b) La reiteración.

c) Actos realizados de forma colectiva, o la incitación a ellos, que vayan en contra de los derechos de otros miembros de la comunidad educativa.

d) La difusión o jactancia de conductas contrarias a las normas de convivencia.

e) Cuando la conducta contraria a la convivencia afecte directamente al profesorado.

4. Cuando las medidas correctoras supongan la limitación o modulación temporal de períodos temporales de la participación en actividades educativas o la asistencia al centro, podrán categorizarse en tres niveles:

a) Nivel bajo: en caso de que concurran circunstancias atenuantes, las medidas adoptadas no excederán del veinticinco por ciento del periodo lectivo máximo establecido.

b) Nivel medio: en caso de que concurran circunstancias agravantes y atenuantes o en ausencia de ambas, las medidas adoptadas excederán del veinticinco por ciento del periodo lectivo máximo establecido sin superar el sesenta por ciento de dicho periodo.

c) Nivel alto: en caso de que concurran circunstancias agravantes, las medidas adoptadas excederán del sesenta por ciento del periodo lectivo máximo establecido.

Artículo 19. Plazos de prescripción.

1. Las conductas perjudiciales para la convivencia prescribirán en el plazo de veinte días lectivos y las gravemente perjudiciales para la convivencia prescribirán a los ochenta días lectivos.

2. El plazo de prescripción de las conductas contrarias a las normas de convivencia comenzará a contarse desde el día en que la conducta se hubiera cometido. En caso de conductas continuadas, dicho plazo comenzará a computar desde la fecha en que finalice la conducta.

3. El plazo de prescripción de las medidas correctoras comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la medida correctora o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

4. Las medidas correctoras prescribirán a la finalización del curso escolar correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto para la medida e) del artículo 17.1.

5. La iniciación del procedimiento de corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, con notificación a la persona interesada, suspenderá el cómputo del plazo de prescripción, que se reanudará si el procedimiento caduca.

6. Los días lectivos serán los establecidos en el calendario escolar publicado oficialmente cada año.

Artículo 20. Responsabilidad y reparación de daños.

1. Los alumnos que individual o colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños al material o a las instalaciones del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Asimismo, deberán restituir lo sustraído o reparar económicamente su valor. Los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos por la legislación vigente.

2. Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, la dirección del centro educativo lo pondrá en conocimiento de la Administración educativa y del Ministerio Fiscal, procediendo la suspensión del procedimiento iniciado, sin perjuicio de la adopción de las medidas provisionales que se estimen pertinentes.

Cuando los daños se produzcan mediante medios digitales, la reparación podrá comprender, cuando resulte técnica y jurídicamente posible, la retirada o rectificación del contenido, la restitución de datos o materiales, la reparación de sistemas afectados y otras actuaciones dirigidas a restablecer la situación alterada.

Disposición adicional primera. Servicios educativos.

Lo dispuesto en esta ley se aplicará al alumnado que utilice el servicio de transporte, residencia o comedor escolar, con las adaptaciones que se regulen en sus normas de convivencia.

Disposición adicional segunda. Centros docentes privados concertados.

En los centros docentes privados concertados la aplicación de esta ley se ajustará a las peculiaridades de su organización y funcionamiento, respetando las atribuciones de competencias establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo .

Disposición adicional tercera. Centros docentes privados no concertados.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los centros docentes privados no concertados, quienes gozarán de autonomía para establecer su régimen interno, elaborar su proyecto educativo y determinar sus normas de convivencia en el marco de la normativa vigente.

Disposición adicional cuarta. Coordinación de bienestar y protección.

1. Los centros docentes donde cursen estudios menores de edad deberán contar con una coordinación de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

2. El equipo directivo designará, de entre el profesorado del claustro, a la persona que, por su formación y cualificación personal y profesional resulte más adecuada para desempeñar las actuaciones propias de la coordinación de bienestar y protección.

3. Las funciones atribuidas a la coordinación de bienestar y protección, en el marco de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, comprenderán los siguientes ámbitos de actuación:

a) Formación, información y sensibilización.

b) Prevención y detección.

c) Coordinación e intervención.

Disposición adicional quinta. Referencias de género.

La utilización de sustantivos de género gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economía de expresión y como referencia genérica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos.

Disposición transitoria única. Normativa reglamentaria de desarrollo.

En tanto no se apruebe una norma de desarrollo de la presente ley, mantendrá su vigencia el Decreto 53/2009, de 25 de junio , que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en lo que no contravenga esta ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Actualización de los valores económicos.

Se habilita al Gobierno de Cantabria, a propuesta del consejero en materia de educación, para actualizar, mediante Decreto, los importes previstos en el artículo 13.f) y en el 14.e).

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

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Daniel Casal Oubiña, Ricardo Manuel García Vegas, Mercedes Alda Fernández
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