El Tribunal de Cuentas cree que la financiación local es "insuficiente" y que debería "replantearse"

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, cree que el actual sistema de financiación municipal es "insuficiente" y que el Parlamento y el Gobierno deberían "replanteárselo", porque el 13% de participación en los tributos del Estado que corresponde a los ayuntamientos es prácticamente el mismo porcentaje que al inicio del periodo democrático.

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha señalado este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas durante la presentación del 'Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el real decreto ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales'.

"Es absolutamente obvio que mantener un 13% de participación de los ayuntamientos en el conjunto de la financiación de las administraciones públicas es un porcentaje que no se corresponde con el procedimiento descentralizador que ha sufrido este país, porque no se diferencia mucho del que ya tenía antes (de que comenzara dicho proceso)", ha afirmado el presidente.

De ello se puede inferior, ha continuado, que "posiblemente" el marco de financiación no está "adecuadamente diseñado" y que es necesaria una "reflexión conjunta" para "replantearse un marco de financiación insuficiente", a su parecer.

Sobre todo teniendo en cuenta que los ayuntamientos deben cumplir el principio de estabilidad presupuestaria, lo que significa que no pueden acumular déficit, lo que en muchos casos provoca un "cumplimiento formal" que oculta "embolsamientos de deudas no declaradas, que periódicamente tienen que aflorar".

NO FUERON A PEQUEÑAS EMPRESAS.

El decreto analizado en este informe articuló una línea de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los ayuntamientos con deudas vencidas y no pagadas antes del 30 de abril de 2011 pudieran pagarlas, pero que imponía un tipo de interés fijo del 6,5% TAE y obligaba a devolver el crédito sin plazo de carencia, bajo la amenaza de detraer recursos de la participación en los ingresos del Estado si no se cumplían los tiempos.

Estas condiciones provocaron que sólo 1.029 entidades se acogieran al plan, por un importe de 967,7 millones de euros, de los que el 90%fueron para quince ayuntamientos y el 19,5% acabó en manos de grandes empresas, uniones temporales de empresas y gestoras de grandes obras municipales con las que las administraciones tenían importantes deudas, ya que no se articuló ningún mecanismo para que los pagos atendieran prioritariamente a pymes y autónomos.

Es más, hasta el 14% del importe total se acabó pagando directamente a las entidades bancarias que habían anticipado los recursos financieros, sin que el ICO ofreciera entonces "directamente a los proveedores" mayor liquidez.

Así, el Tribunal cree que el programa "contribuyó a solucionar ciertas tensiones de tesorería a corto plazo aunque exigía asumir compromisos de difícil cumplimiento a medio y largo plazo", lo que no contribuyó a atenuar la morosidad en las entidades locales. Además, al no exigirse a los ayuntamientos un plan de saneamiento no se vieron obligados a adoptar una "mayor disciplina presupuestaria", lo que llevó a que gran parte tuviera que repetir al año siguiente.

SIN CASTIGO.

Además, aunque el 36% de las entidades que se acogieron a la medida no abonaron las cantidades en plazo al ICO, sólo 171 sufrieron retenciones en sus participaciones en los ingresos del Estado, porque ya tenían cantidades comprometidas por otras deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. Así, a 31 de enero de este año no se habían recuperado todavía los importes correspondientes a 202 entidades locales.

El Tribunal de Cuentas critica asimismo que la gestión de la carga financiera de este programa de pago a proveedores se trasladó a las corporaciones surgidas tras las elecciones municipales de 2011, "lo que supone una excepción frente al régimen general, en el que cualquier operación de endeudamiento de las entidades locales que no tenga por finalidad financiar inversiones debe quedar cancelada antes de la renovación de la Corporación".

Comentarios