El PP y el PSOE tratarán la reforma de la Administración tras los comicios del 21-O

 17/10/2012
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La revisión anunciada del modelo municipal permitiría retirar competencias a 71 de los 78 concejos asturianos.

LNE.es. 15.10.2012

Los grupos del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados tienen previsto retomar, tras las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco del próximo 21 de octubre, la negociación para acometer la reforma de la Administración. El proceso se inició antes del verano, momento en el que se encontró no sólo con el rechazo de los ayuntamientos gobernados por los socialistas, sino con la crítica de los consistorios en manos del PP.

La postura del Gobierno, recogida en el proyecto de ley de Haciendas Locales, se basa en la reducción de ayuntamientos, la cesión de competencias municipales a las diputaciones y, especialmente, en la eliminación de duplicidades. El PSOE, del lado contrario, ha presentado su propia propuesta de reforma, en la que rechaza suprimir ayuntamientos y ediles.

En Asturias, que la reforma instigada por el Gobierno de Mariano Rajoy saliera adelante permitiría retirar competencias a 71 de los 78 concejos del Principado. Así, el Gobierno regional tendría que hacerse cargo de la gestión de los servicios municipales en aquellos municipios incapaces de ofrecer unos estándares mínimos de calidad en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En Asturias podrían entrar en esta categoría todos los concejos salvo siete: Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres y Castrillón.

Las propuestas hechas por populares y socialistas para, tras las elecciones vascas y gallegas, sentarse a negociar una drástica reforma de la Administración parecen, a priori, insalvables. El Gobierno central -que por su mayoría absoluta en el Congreso tiene todas las de ganar si la negociación con el PSOE no prospera- aspira a eliminar 21.338 concejales, el 31 por ciento de los 68.578 actuales, y a que los municipios no puedan tener más de 35 ediles en sus ayuntamientos. Las diputaciones asumirían los servicios municipales en las localidades de menos de 20.000 habitantes, el sueldo de los concejales se limitaría y se reduciría el número de diputados autonómicos.

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