Laverdad.es 30.08.12
El diputado de CHA Gregorio Briz ha cargado contra la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que ahora mismo se encuentra paralizada, y además de pedir la comparecencia del consejero Antonio Suárez, ha presentado una proposición no de ley para que las Cortes defiendan el Estatuto de Autonomía y las competencias propias en materia de entes locales y organización territorial.
En este sentido, se ha preguntado si las desavenencias en política territorial entre PP y PAR son tan grandes para que no favorezcan ninguna propuesta firme en esta materia.
Asimismo, Briz se ha mostrado contrario a que las diputaciones asuman competencias de los ayuntamientos porque "para eso tenemos las comarcas", que, a su juicio, las gestionan mucho mejor y que ofrecen servicios directos, al contrario que las instituciones provinciales, que además gastan más, según el diputado.
También ha denunciado la desaparición de 43 entidades menores en Aragón, hecho que ha calificado como "grave" y que ha causado descontento en las zonas afectadas.
En cuanto a la supresión del 30 por ciento de los concejales, ha recordado que muchos de ellos no cobran y que esta medida tiene el "objeto político de eliminar a las minorías y reforzar más el bipartidismo, si cabe".
Por contra, Gregorio Briz ha criticado que no se acometa el problema de la mala financiación de los ayuntamientos y que no se escojan otras medidas para paliar el déficit público, como una reordenación de ministerios.
Así, para CHA la reforma es una "agresión a la autonomía local aragonesa y a nuestro modelo de convivencia", además de una "vuelta a la centralización y a un modelo decimonónico como las diputaciones", y ha comparado a los conservadores del siglo XIX con el actual PP por su gusto por "colocar a dedo" a los administradores locales.
"Esto es muy peligroso y CHA no lo va a permitir", ha añadido Briz, a la vez que ha asegurado que se puede buscar una mayor eficiencia y eficacia en las comarcas, pero que el problema no es el número de consejeros, que son la representación de los ciudadanos, sino los cargos de confianza.
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