Por viajes y dietas de 2005

El Tribunal de Cuentas condena a tres exdirectivos de Sodercan a pagar 1.800 euros por gastos sin justificar

 25/04/2012
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Estima parcialmente una demanda presentada por la OID el 3 de mayo de 2011

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas ha condenado a tres exdirectivos de Sodercan -Fernando Quintero, exdirector financiero; Francisco Royano, exdirector general; y José Villaescusa, exconsejero delegado-, a pagar a la empresa pública 1.882 euros, más intereses, por gastos de representación sin justificar realizados durante el año 2005.

Estima así parcialmente la demanda de responsabilidad contable por alcance interpuesta en mayo de 2011 por la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que solicitaba que se declarase la existencia de un perjuicio en los fondos públicos a Sodercan de 14.394 euros.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas declara responsables contables directos a los tres exdirectivos citados, a los que condena al pago de 1.882 euros -"el principal de los perjuicios ocasionados a los caudales públicos de Sodercan"- más los intereses, que cifra en 568 euros.

Esta cuantía aglutina los gastos en viajes y dietas realizados en 2005 que, según el Tribunal de Cuentas, no pueden considerarse justificados, ya que "a las facturas no se ha acompañado ninguna documentación, ni el resguardo del pago, ni aparecen los pagos en los extractos bancarios correspondientes al año 2005 aportados por Sodercan".

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas desestima la pretensión de responsabilidad planteada por la OID contra el entonces consejero de Industria, Miguel Angel Pesquera, el exconsejero de Economía, Angel Agudo, Salvador Blanco, Bernardo Riego, Javier Eraso, Rosendo Carriles, Modesto Piñeiro y el exconsejero de Sanidad, Luis Truan, como miembros en 2005 de la Comisión Ejecutiva de Sodercan.

La sentencia del Tribunal de Cuentas, fechada el 9 de abril, ha sido difundida este martes por la OID. La organización señala en un comunicado que su intención es "que el funcionamiento de organismos pagados por el pueblo sean lo más transparente posible ante la sociedad".

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