Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 5 de noviembre de 2026, en la demanda n.º 8122/24, F.W. c. España

En este asunto una ciudadana siria refugiada en España y con una discapacidad física muy severa sostenía que la separación de sus hijos se basó esencialmente en su discapacidad, en su situación económica precaria y en su condición de víctima de violencia de género. Alegaba que el Estado no había desplegado apoyos suficientes para evitar la separación familiar y que había sido discriminada por razón de discapacidad. El TEDH considera que, en las circunstancias concretas del caso, la declaración de desamparo y el acogimiento de los hijos de la demandante constituyeron una injerencia legítima y proporcionada en la vida familiar, justificada por el interés superior de los menores y no basada en una discriminación por discapacidad.

Texto de la Sentencia

HECHOS

La demandante, ciudadana siria refugiada en España y con una discapacidad física muy severa sostenía que la separación de sus hijos se basó esencialmente en su discapacidad, en su situación económica precaria y en su condición de víctima de violencia de género. Alegaba que el Estado no había desplegado apoyos suficientes para evitar la separación familiar y que había sido discriminada por razón de discapacidad.

La demandante llegó a España en 2017 desde Turquía junto con su marido y tres hijos en el marco de un programa de reasentamiento de refugiados. Uno de los hijos sufría una grave discapacidad derivada de una parálisis cerebral. La propia demandante presentaba una discapacidad física muy elevada que limitaba significativamente su autonomía.

Poco después de su llegada, se produjeron graves problemas familiares. El marido fue condenado por violencia de género contra la demandante. Además, los servicios sociales detectaron numerosas circunstancias de vulnerabilidad: ausencia de vivienda estable, falta de red familiar de apoyo, dificultades para atender adecuadamente a los menores, rechazo de determinadas ayudas ofrecidas por las instituciones y una situación de especial dependencia de la hija mayor, que asumía frecuentemente tareas de cuidado de sus hermanos y de su madre.

En mayo de 2018, la Dirección General de Familia e Infancia de la Comunidad de Madrid declaró provisionalmente a los tres menores en situación de desamparo y asumió su tutela. Los niños fueron ingresados en centros de protección. La Administración consideró que la demandante no podía garantizar por sí sola la atención necesaria de los menores, especialmente teniendo en cuenta la ausencia del padre, la discapacidad de uno de los hijos y la inexistencia de apoyos familiares.

Durante los dos años siguientes se elaboraron numerosos informes por parte de servicios sociales, centros de protección infantil, la Fundación Madrina y otros organismos públicos. Estos informes mostraban elementos positivos, como el fuerte vínculo afectivo entre la madre y los hijos y la existencia de capacidades parentales adecuadas desde el punto de vista emocional. Sin embargo, también destacaban la persistencia de graves dificultades materiales y asistenciales, especialmente la necesidad de apoyo permanente de terceros para el cuidado cotidiano de los menores.

El 16 de diciembre de 2020 la administración confirmó formalmente la situación de desamparo y mantuvo las medidas de protección. Posteriormente, la decisión fue ratificada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 75 de Madrid, por la Audiencia Provincial de Madrid y, finalmente, por el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación. El Tribunal Constitucional también inadmitió el recurso de amparo.

POSICIÓN DE LAS PARTES ANTE EL TRIBUNAL

La demandante sostuvo que las autoridades españolas habían vulnerado su derecho a la vida familiar porque la declaración de desamparo se había basado realmente en su discapacidad y en su pobreza; no se habían explorado suficientemente medidas menos restrictivas; el Estado no había proporcionado los apoyos necesarios para mantener unida a la familia; las autoridades no habían trabajado eficazmente para lograr la reunificación familiar.

Por su parte, el Gobierno defendió que la intervención estaba prevista por la ley, perseguía la protección de los menores y se apoyaba en una valoración individualizada de una situación familiar extremadamente compleja. Argumentó además que el acogimiento tuvo siempre carácter temporal, que se mantuvieron los contactos familiares y que la Administración realizó un seguimiento continuado con vistas a una eventual reunificación.

CRITERIO DEL TEDH

El TEDH comienza recordando su jurisprudencia consolidada según la cual la separación de un menor de su familia es una medida excepcional que debe responder al interés superior del niño y estar basada en razones suficientes y pertinentes. Asimismo, recuerda que existe una obligación positiva de los Estados de favorecer la reunificación familiar siempre que sea posible.

Aplicando estos principios al caso concreto, el Tribunal observa que las autoridades españolas no fundamentaron sus decisiones exclusivamente en la discapacidad de la demandante. Junto a ese elemento concurrieron otros factores relevantes: la falta de vivienda estable; la ausencia de una red familiar de apoyo; las limitaciones prácticas para atender a cuatro menores, uno de ellos con discapacidad grave; las conductas del padre, condenado por violencia de género y con problemas de alcohol; la falta inicial de conciencia de la demandante sobre las dificultades existentes; el rechazo de determinadas ayudas y servicios ofrecidos.

El Tribunal destaca igualmente que las medidas adoptadas tuvieron carácter temporal y reversible. La demandante conservó la patria potestad, mantuvo contacto regular con sus hijos y las condiciones de visita se fueron ampliando progresivamente. Además, las autoridades revisaron constantemente la situación familiar mediante informes periódicos. Especial importancia otorga el TEDH al hecho de que las autoridades no abandonaron el objetivo de la reunificación familiar. De hecho, uno de los hijos, C., regresó finalmente con su madre cuando las circunstancias mejoraron, mientras que los otros menores continuaron manteniendo contactos frecuentes con ella y pernoctas en el domicilio familiar.

En consecuencia, el Tribunal considera que las autoridades españolas actuaron dentro de su margen de apreciación y que los motivos utilizados para justificar la medida de protección fueron pertinentes, suficientes y orientados al interés superior de los menores.

Respecto del artículo 14, el Tribunal reconoce que la discapacidad está protegida frente a la discriminación y que los padres con discapacidad no pueden ser considerados automáticamente incapaces para ejercer la parentalidad. Además, recuerda que los Estados deben proporcionar apoyos razonables para facilitar la vida familiar.

Sin embargo, entiende que en este caso las decisiones nacionales no se basaron en estereotipos sobre la discapacidad. Según el Tribunal, la situación fue evaluada de forma individualizada y se tuvieron en cuenta múltiples factores concretos. Además, la actuación de las autoridades mostró que nunca consideraron la discapacidad de la demandante como un impedimento permanente para ejercer la maternidad, pues mantuvieron abierta la posibilidad de reunificación y, de hecho, devolvieron a uno de los hijos a su cuidado cuando fue posible.

Por ello concluye que no existió trato discriminatorio por razón de discapacidad, situación económica o condición de víctima de violencia de género.

El TEDH declara la demanda admisible, pero resuelve por unanimidad que:

- No hubo violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

- No hubo violación del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 8.

La sentencia confirma así que, en las circunstancias concretas del caso, la declaración de desamparo y el acogimiento de los hijos de la demandante constituyeron una injerencia legítima y proporcionada en la vida familiar, justificada por el interés superior de los menores y no basada en una discriminación por discapacidad.

Contra la sentencia cabe plantear recurso ante la Gran sala del Tribunal.

Madrid, a 6 de noviembre de 2026

Alfonso Brezmes Martinez de Villarreal

Agente del Reino de España ante el Tribunal