Los presupuestos de la Junta para 2026 refuerzan a los empleados públicos autonómicos como el eje de una administración moderna, estable y profesional

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha definido el Proyecto de Ley de Presupuestos como un instrumento comprometido con la mejora de las condiciones laborales, la formación y el desarrollo profesional de los empleados públicos, con el objetivo final de garantizar servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Jcyl.es 18.11.25

Luis Miguel González Gago ha visitado el centro de formación, cultura y desarrollo ‘Espacio Valdeavellano’ en el municipio soriano de Valdeavellano de Tera, un espacio gestionado conjuntamente entre la Junta y el ayuntamiento que es utilizado por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) para impartir diferentes acciones de formación para empleados públicos. Estas instalaciones se han convertido en un punto de encuentro para el diálogo y la colaboración entre administraciones, empleados públicos y ciudadanía. Durante esta legislatura, la Consejería ha desarrollado en este espacio 21 actuaciones formativas con 1.385 plazas y para 2025 se han planificado 6 actuaciones con 410 plazas, destacando la formación en liderazgo y gestión pública que se desarrolla actualmente.

Desde este centro, el consejero ha analizado el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, ya presentado en las Cortes, y ha subrayado que están diseñados para que los empleados públicos, como fuerza motora de la Administración autonómica, sigan siendo un pilar sólido, motivado y formado, capaz de ofrecer servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Los presupuestos de 2026 alcanzan un máximo histórico de más de 15.715 millones de euros, un 7,92 % más que el último aprobado, y suponen un 18 % de incremento a lo largo de la legislatura en los fondos destinados a la Dirección General de la Función Pública, pasando de 8,64 millones de euros en 2022 a 10,2 millones en 2026.

La Junta de Castilla y León cuenta con más de 96.000 empleados públicos, distribuidos entre la Administración General (unos 20.600), el sector docente (unos 37.000) y las instituciones sanitarias (unos 38.600). Durante esta legislatura, la Consejería de la Presidencia ha impulsado numerosas medidas para mejorar sus condiciones laborales. Entre ellas se encuentran el decreto que facilita el acceso al empleo público a personas con discapacidad, la regulación del teletrabajo, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la firma del convenio colectivo del personal laboral con mejoras en servicios sociales y el operativo de incendios, así como la actualización de la indemnización por kilometraje y la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario. Todas estas medidas han supuesto un coste consolidado de más de 160 millones de euros, la mayor inversión en capital humano realizada nunca en una legislatura de la Comunidad.

En cuanto a las Ofertas de Empleo Público, entre 2022 y 2024 se han ofertado 3.960 plazas, y antes de finalizar 2025 se aprobará la correspondiente OEP de este año. Además, se han completado los procesos de estabilización de 2.627 plazas y se ha realizado el concurso de traslados de funcionarios con la participación de 4.742 empleados públicos.

La profesionalización de los empleados públicos también ha sido prioritaria; la ECLAP ha ofrecido 3.774 actividades formativas con 164.768 plazas durante la legislatura, incluyendo competencias digitales, prevención de riesgos laborales o igualdad de género. Para estas actuaciones se han destinado 13,6 millones de euros, con un crédito adicional de 1,97 millones previsto para 2026.

Otro hito ha sido la implantación de la carrera profesional horizontal, regulada en el Decreto de diciembre de 2022, que permite a 15.545 empleados públicos percibir, en su nómina mes a mes, un complemento por desarrollo profesional, consolidando en 2026 un gasto aproximado de 43 millones de euros.

González Gago ha destacado que “los presupuestos de 2026 reflejan un firme compromiso con los empleados públicos de Castilla y León, dotando a la Administración de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad, modernos y cercanos a todos los ciudadanos”.

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