El Consell aprueba el proyecto de ley para poner en marcha el Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos

El Consell ha aprobado el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2023 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat con el fin de regular aspectos esenciales para la puesta en marcha del Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, órgano que resolverá los recursos especiales en materia de contratación en el ámbito autonómico.

Gva.es 17.06.25

Este órgano, de carácter administrativo, colegiado y especializado, actuará con autonomía funcional y estará adscrito a la conselleria competente en materia de coordinación de la contratación pública. Su misión será resolver recursos especiales, medidas cautelares, reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

El tribunal ejercerá sus funciones en el ámbito de la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental, las entidades locales de la Comunitat Valenciana, las universidades públicas y los consorcios con mayoría pública.

Estará compuesto por una presidencia y cuatro vocalías, ampliables si el volumen de trabajo lo requiere. La designación de sus miembros se realizará mediante convocatoria pública, por decreto del Consell. Solo podrá acceder personal funcionario de carrera del subgrupo A1 con experiencia acreditada en derecho administrativo vinculado a la contratación pública.

La duración del mandato será de cinco años, con posibilidad de prórroga por una sola vez, y el personal pasará a situación de servicios especiales durante su ejercicio. La ley también establece las causas y procedimiento de remoción, garantizando la independencia e inamovilidad de sus miembros.

Las personas designadas para ejercer la presidencia o las vocalías del tribunal actuarán con independencia y solo podrán ser removidas del cargo por expiración de su mandato, por renuncia aceptada por el Consell, por pérdida de la nacionalidad española, por incumplimiento grave de sus obligaciones, por condena mediante sentencia firme a pena privativa de libertad o de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por razón de delito, así como por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.

Esta norma da cumplimiento al mandato del artículo 161 de la Ley 7/2023, de medidas fiscales, que dispuso la creación del Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Públicos, así como su ámbito objetivo y subjetivo de actuación. También incluye un mandato expreso al Consell para regular en el plazo máximo de seis meses su composición, organización y funcionamiento.

La Conselleria de Hacienda y Economía inició el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto del Consell, por el que se regulaba la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo Valenciano de Contratos Público, y durantes su tramitación advirtió de la necesidad de regular previamente determinados aspectos mediante una norma de rango legal. 

La tramitación de este proyecto de ley tiene por objeto dotar de mayor seguridad jurídica a la regulación en esta materia, particularmente en lo que afecta a la selección, nombramiento y régimen jurídico del personal funcionario designado para formar parte de este y garantizar su independencia e imparcialidad durante el tiempo en el que desempeñe su función. El proyecto del ley ha sido aprobado tras la emisión del preceptivo dictamen por parte del Consell Jurídic Consultiu y ahora será remitido a Les Corts para su tramitación parlamentaria.

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