Hacienda.gob.es 02.04.24
En concreto, en el área de prestaciones, se abordará un análisis y estudio de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de la incapacidad temporal.
Por su parte, también se deberá abordar la evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
El siguiente paso será que la AIREF deberá aportar al Ministerio de Hacienda un Plan de Acción en el plazo de tres meses desde el presente acuerdo, que incorpore, entre otros aspectos, el detalle concreto de las áreas de gasto a analizar, así como el presupuesto y calendario de desarrollo.
Con esta medida el Gobierno avanza en el cumplimiento del compromiso del Plan de Recuperación sobre la eficiencia del gasto público. De hecho, el Consejo de Ministros adoptó el 28 de diciembre de 2021 el Acuerdo por el que se aprobó el ciclo de revisión del gasto público 2022-2026 y se formalizó la fase I de dicho proceso, que se llevará a cabo por áreas específicas de gasto y por fases.
En concreto, el Ministerio de Hacienda identificó las siguientes áreas para ser analizadas en este nuevo ciclo plurianual:
- Gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.
- Prestaciones (ingreso mínimo vital y prestación por incapacidad temporal).
- Ayuda Oficial al Desarrollo.
- Instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos (complementario al ‘Spending Review’ 2018-2021).
- Políticas de empleo.
- Marco Financiero Plurianual 2014-2020.
El Gobierno ya formalizó en diciembre de 2021 la primera fase del nuevo proceso de revisión del gasto (‘Spending Review’) 2022-2026, y seleccionó las dos primeras áreas de análisis: los instrumentos financieros a disposición del sector público para apoyar los sectores productivos (estudio complementario al encargado anteriormente en la tercera fase del anterior ciclo) y el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, actualmente en proceso de elaboración y cuya finalización está prevista para los próximos meses.
Por tanto, ahora se inicia la fase de encargo para otras dos nuevas áreas como son la gestión del IMV y la incapacidad temporal, así como la evaluación de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De esta forma, el Gobierno mantiene su compromiso con la transparencia y la mejora de la calidad del gasto público.
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