El Gobierno plantea reducir la jornada de los empleados públicos en función de los turnos y el ámbito de actividad

 01/02/2018
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El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, señaló este miércoles que el Gobierno está proponiendo a los empleados públicos "una negociación sobre la duración de la jornada en función de los turnos de la función pública". Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno devuelva a los funcionarios la jornada de 35 horas semanales tal y como piden los sindicatos en la negociación que mantienen con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para mejorar sus condiciones laborales, Montoro señaló que el Gobierno está planteando revisar la duración de la jornada en función de los turnos y de los ámbitos de actividad del empleo público.

Elperiodicodearagon.com 31.01.18

Para ello, tendrá que emitir valoraciones sobre las intervenciones públicas, rendir cuentas sobre la calidad de los servicios, proporcionar criterios e instrumentos para la sostenibilidad de los servicios públicos y fomentar el conocimiento y el compromiso de las personas que trabajan en la Administración con los principios de ética, integridad y rendición de cuentas.

Se trata de un órgano de coordinación que estará presidido por el consejero de Hacienda y Administración Pública e integrado por once personas en representación de los Departamentos de la Administración.

Las actividades previstas para el presente ejercicio se centran en la emisión del informe de seguimiento de las actuaciones del Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos, la publicación del informe anual sobre la calidad de los servicios públicos, la elaboración de pautas de evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, así como el impulso y fomento de la formación en evaluación de las personas que trabajan en la Administración.

Esta comisión se suma a los instrumentos que el Gobierno ha desarrollado ya para fomentar altos estándares de conducta en la Administración Pública y entre los que destacan la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y la Ley de Integridad y Ética Públicas.

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