Aragondigital.es 28.09.15
El Gobierno de Aragón convocará nuevas plazas públicas en el primer trimestre de 2016, así lo ha asegurado el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, en la Comisión celebrada este lunes.
Zarazaga no ha especificado el número de plazas pero ha afirmado que iremos en los plazos que nos indica la norma, para que la gestión pública sea a través de funcionarios que cubran al máximo el sistema público de prestación de servicios. Por ello en el primer trimestre del año en curso se generará una oferta pública de empleo para que todos los puestos puedan ser ocupados por personal interino.
El director también ha hablado de la oferta de 2007-2011 y ha explicado que pese a que hay sentencias judiciales estamos en disposición de ver de qué manera vamos a asumir la ejecución de esas sentencias, y con ello estaremos en disposición de consolidar de manera definitiva en el sistema de función pública 3.000 puestos.
En la comisión, celebrada a petición del Partido Popular para desgranar las que serán las líneas de actuación en esta cuestión durante los próximos meses, el PP ha incidido en la lentitud, el exceso de burocracia y la escasa cercanía con el ciudadano de las instituciones públicas.
Por ello, el nuevo Ejecutivo autonómico buscará un impulso de la reforma de la función pública desde la profesionalización de la gestión, la simplificación y racionalización de los trámites, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación, con el objetivo de convertir el trabajo de los funcionarios de la Administración en una herramienta de progreso social, ha explicado Zarazaga.
Algo muy necesario ya que como ha explicado el ciudadano demanda un servicio público de calidad y arrastra y una profunda desafección tanto a las instituciones como a los trabajadores, por todo ello tachan de imprescindible consolidar la administración para que sea una herramienta de progreso social.
Para acometer estos retos, Zarazaga ha hablado de una nueva ley de Función Pública Aragonesa ya que la vigente es absolutamente limitada y limitante para los retos que pretende adoptar el Gobierno, que garantice una administración concebida para el mejor servicio al ciudadano, que apueste por sus trabajadores como el mejor activo, y todo ello dentro de un marco sostenible de legislatura.
El ciudadano se convertirá así en el centro de nuestras políticas, y se establecerá como valor primordial, impulsar un plan de calidad integral en la prestación del servicio público, que se basará en compromisos reales. También se ha hablado del Plan Anual de Inspección de Servicios, al que fijaremos objetivos y actuaciones susceptibles de evaluación, el primer valor será establecer unas nuevas reglas éticas con la sociedad y la aprobación de un código ético y de conducta para el conjunto de los empleados.
En segundo lugar se entenderá la Administración Autonómica como una organización en la que sus recursos corresponden a los principios de eficacia, sostenibilidad y transparencia, un modelo integral, operativo y eficiente, con principios como la racionalización de cuerpos y escalas funcionariales, la adaptación al nuevo espacio europeo de educación superior, o el fomento de la transparencia. Todo ello para articular una administración moderna al servicio de los ciudadanos y que apuesta por los propios trabajadores.
Respuestas
Desde el Grupo Socialista, Alfredo Sancho ha coincidido con el director general en la necesidad de retomar el proyecto de ley de la función pública, un aspecto en el que ha destacado que existe consenso. Para este parlamentario, las cartas de servicio actuales en la función pública no cumplen su papel ni marcan objetivos, por lo que ha animado a Zarazaga a poner en marcha en este sentido indicadores precisos y a que exista evaluación.
Marta de Santos ha sido la encargada de defender la postura de Podemos en relación a los empleados y la función pública,trabajadores que sacan valoraciones maravillosas a pesar de las trabas. El trabajo hecho hasta ahora en esta materia no se corresponde con el tiempo que estamos viviendo, ha criticado en relación a las acciones de anteriores gobierno, y ha apostado porque, desde ahora, el proceso de construcción de la función pública se haga con la participación de ciudadanos y agentes sociales y ponernos en el siglo XXI recuperando muchos derechos perdidos.
Elena Allué (PAR) ha considerado que hay grandes retos encima de la mesa en materia de Función Pública. Unas temas que, según ha recordado esta diputada, ya fueron introducidos en el debate de investidura y que ahora, según ha defendido, es necesario especificar un poco más el desarrollo. Ha realizado una intervención muy general, ha añadido en este sentido, reclamando información sobre cuestiones como el número de empresas públicas que van a desaparecer o cuántos cargos menos tiene este gobierno.
También Ramiro Domínguez (Ciudadanos), entre otros temas, se ha referido a los cargos públicos, para los que ha defendido accesos con criterios estrictos de profesionalidad y con primacía del sistema de oposición. Hay cosas que se ven mucho en la Administración pública pero se tratan poco en estos sitios, ha defendido este diputado. En su opinión, no puede tolerarse que el cambio de Gobierno genere para muchos una promoción al margen del mérito y la capacidad. Además, Ramírez ha mostrado su deseo de que pronto se pueda debatir el nuevo proyecto de ley de función pública.
Por parte del Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha trasladado al director general que no sigan la senda del anterior Ejecutivo y también que traiga una ley cuanto antes. Si es verdad que estaba madura y que los sindicatos estaban de acuerdo va a ser muy sencillo, ha manifestado este parlamentario. En su opinión, además, es muy importante e interesante la realización de un plan de calidad así como mejorar el servicio público a la ciudadanía.
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