El Gobierno ha anunciado que el déficit de las Administraciones Públicas fue del 6,62% del PIB en 2013

El Gobierno también ha fijado un nuevo sistema de cálculo de la factura eléctrica. Este sistema, que entra en vigor el 1 de abril, implica que las compañías eléctricas tendrán que devolver a los consumidores 300 millones de euros correspondientes al primer trimestre del año.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que establece la nueva metodología para fijar los precios de la electricidad para el pequeño consumidor. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado que con este sistema ese precio ya no estará determinado por una subasta eléctrica trimestral, sino que será el del mercado.

Soria ha subrayado el ahorro que el cambio supondrá para los consumidores, ya que se elimina el coste que en el sistema anterior existía en concepto de cobertura para garantizar el precio a lo largo del trimestre. En los últimos cinco años, ha señalado, esa cobertura ha implicado 1.671 millones de euros, y el nuevo método comportará un ahorro de unos 500 millones sólo en el primer trimestre de este año. El ministro ha destacado, además, que el sistema aprobado hoy permite incrementar la competencia, ya que establece que el número mínimo de clientes para poder constituir una comercializadora baja de 100.000 a 25.000.

En definitiva, ha asegurado, aumenta la capacidad de elección del consumidor, que podrá elegir entre pagar el precio de mercado y dos sistemas alternativos: el contrato bilateral con la compañía eléctrica o un contrato estándar de duración anual que las empresas obligatoriamente tendrán que ofrecer a los usuarios por si éstos prefieren optar por una mayor estabilidad en los precios. En el caso del precio del mercado, será el promedio durante el periodo de la facturación y será fijado por el operador del sistema, Red Eléctrica Española. Si el consumidor dispone de un contador inteligente conectado e integrado, se facturará por horas al precio de cada una en el mercado, ha detallado Soria.

Devolución de 300 millones a los consumidores

El ministro de Industria ha señalado que las compañías cuentan desde el 1 de abril hasta el 1 de julio para adaptar la facturación. En la primera factura emitida con el nuevo sistema, tendrán que devolver a sus clientes el dinero que han pagado de más durante el primer trimestre.

La cuantía global de las devoluciones ascenderá a unos 300 millones y cada usuario recibirá lo que le corresponda según su consumo. En cuanto al momento de la devolución, José Manuel Soria ha afirmado que dependerá de cada compañía: "Quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación antes devolverán; para quienes agoten los tres meses y lleguen hasta el 1 de julio, el último día para devolver será el 30 de agosto".

Déficit de las administraciones públicas

El Gobierno ha avanzado que el conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2013 con un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, de 67.755 millones de euros, lo que representa el 6,62% del PIB, frente al objetivo del 6,5%.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que esta cifra, tan solo una décima por encima del objetivo de estabilidad presupuestaria, demuestra que "la consolidación fiscal y las reformas estructurales han convertido a España en un socio leal, que cumple y que gana en confianza interna y externamente". "España camina por la senda de la consolidación fiscal marcada por las instituciones europeas, pero también consolida un clima de confianza que permite afianzar la recuperación económica y la creación de empleo", ha añadido.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, también ha calificado el dato de positivo: "Estamos ante una desviación de tan sólo doce centésimas, lo que supone estar en la práctica en el cumplimiento del objetivo marcado para el conjunto de las Administraciones Públicas". Esta cifra, ha avanzado, podría quedar por debajo del límite fijado por la Comisión Europea cuando se aplique la nueva forma de calcular el PIB que establece la normativa comunitaria.

El ministro ha apuntado que tanto el déficit de la Administración General del Estado como el de las comunidades autónomas se ha desviado ligeramente al alza en relación con el objetivo marcado. Por su parte, las corporaciones locales "han cumplido de sobra y son las que más están contribuyendo a la credibilidad y a la confianza de nuestras Administraciones Públicas y del conjunto de España ante los mercados financieros mundiales, y las que hacen viable y posible la consecución de ese déficit público", según ha subrayado.

Cristóbal Montoro ha explicado que una de las causas de la desviación del déficit del Estado es el "deterioro" del presupuesto de la Seguridad Social, que ha pasado a tener un déficit cercano al 1% del PIB que está siendo cubierto por el Estado para garantizar las prestaciones sociales.

A su juicio, la política de austeridad ha sido compatible con el pago de las grandes prestaciones sociales, como las pensiones y el seguro de desempleo. "No hay desviación de gasto, sino que ha habido saneamiento de algunos ministerios como el de Fomento en el que se han aplicado casi 1.500 millones de euros para pagar obligaciones pendientes".

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas también ha destacado que el déficit público estructural se ha reducido casi dos puntos en 2013, lo que favorece la financiación del Estado y de las empresas. "Estamos haciendo la política que tenemos que hacer en España para volver a crecer y a crear empleo", ha dicho.

Montoro ha añadido que detrás de las cifras también está el esfuerzo de la sociedad española, que el Gobierno valora y va a devolver bajando impuestos.

Elecciones europeas

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se convocan elecciones de diputados al Parlamento Europeo. El número de diputados a elegir en España es de 54.

La vicepresidenta del Gobierno ha indicado que las elecciones se celebrarán el 25 de mayo, la campaña electoral comenzará el viernes 9 y finalizará el viernes 23. Los resultados provisionales no podrán ser ofrecidos hasta que el Estado miembro en el que los electores hayan votado en último lugar haya cerrado las urnas.

Uso de aeródromos públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica la definición de aeródromo público y permite flexibilizar su uso, lo que favorecerá la utilización más eficiente de algunas infraestructuras y el desarrollo regional y de la aviación no comercial y deportiva.

Soraya Sáenz de Santamaría ha avanzado que la norma califica como aeródromos de uso público aquellos en los que se pueden realizar operaciones de transporte comercial, pasajeros, mercancías y correo, incluidos los aerotaxis. El resto de aeródromos se considera de uso restringido.

Este cambio implica que las operaciones que hasta ahora se hacían en aeródromos de uso público, como el mantenimiento de aeronaves para el transporte aéreo comercial, las bases de las escuelas de vuelo para pilotos y los vuelos turísticos, podrán realizarse en aeródromos de uso restringido.

Esas medidas permitirán, según estima AENA, una reducción del 30% del coste/hora a medio y largo plazo en ciertos aeropuertos de su red, un incremento del 15% de las operaciones en uso restringido y la ampliación de más de diez mil horas al año el horario en ese uso.

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta del Gobierno, preguntada por la valoración de los incidentes ocurridos en las manifestaciones del pasado fin de semana, ha recalcado que "la violencia va contra la libertad de todos, los que se manifiestan y los que no". Ante la violencia, que "no tiene ninguna justificación en ningún ámbito", la obligación de los Gobiernos democráticos es garantizar la seguridad que "es garantía de la libertad", ha dicho.

Es necesario, ha añadido, encontrar el equilibrio entre el ejercicio del derecho de manifestación y causar los mínimos perjuicios a otros ciudadanos que también tienen derechos. Además, ha hecho un llamamiento a "a que nadie dé ni el más mínimo resquicio o justificación", a las actitudes violentas.

Sobre las objeciones hechas al anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, la vicepresidenta ha sostenido la necesidad de una norma de esta naturaleza para "adaptar el elenco de sanciones administrativas", a conductas que han quedado fuera del ámbito de aplicación del nuevo Código Penal.

A propósito del debate del próximo día 8 de abril en el Congreso sobre la consulta soberanista en Cataluña, la vicepresidenta ha señalado que tendría que ser CiU quien explicara su posición. El Gobierno, ha añadido, "ha dejado bien claro" su criterio sobre la imposibilidad de celebración de la consulta, cuya inconstitucionalidad ha confirmado el Tribunal Constitucional en una sentencia "adoptada por unanimidad".

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