Consejo de Política Fiscal y Financiera
- Se fija un límite de déficit del 1,3% del PIB en 2013 y del 19,1% de la deuda para el conjunto de las comunidades autónomas
27 de Junio de 2013.-. La propuesta fue aprobada por amplia mayoría de 10 Comunidades Autónomas (Galicia, La Rioja, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Madrid, Extremadura y Baleares) 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Contó con dos abstenciones (País Vasco y Navarra) y cuatro votos en contra (Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias).
Esta modificación tiene en cuenta la modificación de la senda de consolidación fiscal aprobada por el Consejo Ecofin del 21 de junio de 2013. En cuanto a la deuda, se ha fijado un tope de deuda en 2013 para el conjunto de las Comunidades Autónomas para 2013 en el 19,1%, desde el actual 16%.
Igualmente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado al CPFF la siguiente propuesta de objetivos de déficit y deuda del conjunto de las Comunidades Autónomas para el trienio 2014-2016, y que será acordada por el Consejo de Ministros de este viernes:
Año | Objetivo Déficit | Objetivo Deuda |
2014 | 1% PIB | 20% PIB |
2015 | 0,7% PIB | 20,5% PIB |
2016 | 0,2 PIB | 20,3% PIB |
Comisión para la reforma de las Administraciones (CORA)
Además, se informó sobre los trabajos realizados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y en el que se contienen medidas relativas al adelgazamiento de su estructura, que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
La CORA aboga por ajustar determinados organismos, que se encuentran innecesariamente duplicados en sus funciones y organización con los estatales, sin merma de la calidad de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Además, las Comunidades Autónomas pueden y deben mejorar su eficiencia a través de la planificación conjunta y la cooperación en materias como la justicia, las infraestructuras o la educación, sin olvidar la publicación de todas las licitaciones.
Por último, el CPFF ha aprobado una propuesta para que los Gobiernos de las Comunidades Autónomas adopten medidas normativas necesarias para incorporar la recomendación de que los órganos de control interno de la gestión económica-financiera realicen anualmente actuaciones de control con el objeto de asegurarse que los órganos gestores han comunicado a las oficinas de contabilidad la totalidad de los gastos devengados.
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