La primera reforma del sector público prevé un ahorro inicial de 1,7 millones

El primer proyecto de ley del Gobierno regional para la reordenación del sector público empresarial, al que seguirán otras dos iniciativas más a lo largo del año, contempla un ahorro inicial de 1,7 millones de euros a la espera de definir los ingresos que se obtengan por la venta de patrimonio del Principado.

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Estos datos los ha facilitado hoy la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta General donde ha afirmado que la ley supone "un primer paso necesario, medido y responsable" para racionalizar el sector público autonómico y que sea "más efectivo y armonizado".

El Gobierno, ha subrayado, ha renunciado a apostar por una línea "conservadora y privatizadora que se inclina por eliminar puestos de trabajo sin miramientos y poner servicios en manos privadas".

A su juicio, la supresión o fusión de algunos entes que plantea el proyecto de ley "no significa debilitar" el sistema sino corregir el tamaño de un sector público "moderado" en comparación con el de otras comunidades "articulándolo para que gane en eficiencia" y hacerlo adecuado a las actuales circunstancias económicas.

El texto contempla la supresión del Instituto de Estadística, cuyas funciones asumirá la Consejería de Economía, así como de las empresas Ditasa -que explotar el hotel La Rectoral de Taramundi-; GITPA (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones) y la sociedad Parque de la Prehistoria constituida para impulsar la construcción del equipamiento del mismo nombre en Teverga.

La ley prevé también la venta de las acciones que el Principado controla en la constructora Sedes y la enajenación de la participación pública en Hoasa, que explota el Hotel de la Reconquista, aunque, en ambos casos, no se ha hecho ninguna valoración sobre los ingresos que podrían generar al Principado.

Además cambiará el objeto social de la empresa Serpa, que reducirá sus funciones a asuntos relacionados con el medio rural y el medio ambiente sin competir con la iniciativa privada, y contempla además la fusión de Bomberos y el 112 en el Servicio de Emergencias (SEPA), y de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea, dedicada a la gestión de infraestructuras turísticas y culturales.

Carcedo ha comparecido en la Junta junto a los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Economía, Graciano Torre, y de otros altos cargos del Principado, que ha estado precedida por la presencia en la Cámara de diversos representantes sindicales.

Según la portavoz de Foro, Cristina Coto, el texto llega tarde respecto a las previsiones del propio Gobierno lo que refleja que "no hay voluntad" por parte del Ejecutivo y de ahí el carácter "incompleto" de un texto que afecta, ha apuntado, a sólo once los 81 entes "de esa administración paralela del Principado".

Así, esta iniciativa, ha apuntado Coto, aborda "lo más rápido" y se limita a los aspectos comprometidos en el Plan Económico Financiero pactado con el Gobierno central que afectan sólo a "la periferia" de un sector público autonómico "sobredimensionado".

Para la portavoz del PP, Emma Ramos, se trata de un proyecto de ley "insuficiente" que adolece de "falta de consistencia económica" dado que contempla ingresos potenciales por la venta de acciones de Sedes y Hoasa "que tendrán dificultad para materializarse"

"Para este viaje no hacían falta estas alforjas", ha subrayado tras advertir al Gobierno de que le "molesta" que se le diga que el sector público está sobredimensionado -"si es tan pequeño no haría falta esta reestructuración"- y acusarlo de no tener voluntad de reformarlo sino de alargar el proceso hasta las elecciones.

Por su parte, la diputada de IU Noemí Martín ha mostrado la preocupación de su grupo porque se garantice el empleo en el sector público en un momento de crisis y por la posibilidad de que se "malvenda" patrimonio del Principado, en concreto el inmueble que alberga el Hotel de la Reconquista, en una coyuntura como la actual.

Por último, el parlamentario de UPyD, Ignacio Prendes, ha apunto que los objetivos de la ley "parecen razonables", pero que el texto se queda "corto y podría ir más allá" y ha asegurado estar a la espera de que se remitan las otras iniciativas legislativas anunciadas por el Gobierno, que deberán tener "más enjundia"