Los ajustes y el FLA recortan un 12% la morosidad pública con los autónomos

La deuda de las Administraciones públicas con sus proveedores autónomos y micropymes asciende en la actualidad a 4.811 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,6% respecto a los 5.510 millones que les debían en el último trimestre del pasado año, según los datos que maneja la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Cinco Días

Los autores de este informe, obtenido con más de 800 encuestas a trabajadores por cuenta propia de toda España, explican este descenso de la morosidad pública con los autónomos por el dinero liberado gracias a los ajustes presupuestarios y, sobre todo, a los pagos propiciados por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Sin embargo, las asociaciones de trabajadores autónomos creen que esta deuda, aunque menor, sigue siendo insoportable, hasta ser la principal causa del cierre de pequeños negocios. Por ello, desde la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, recordó ayer que el 16 en marzo, en menos de un mes, entra en vigor la directiva europea que establece sanciones a quienes incumplan los plazos de pago establecidos por ley, que son este año 30 días para las Administraciones públicas y 60 días para el sector privado.

Así, según informan desde Bruselas fuentes comunitarias, si el plazo de los 30 días naturales desde que se recibe la factura no es respetado, "automáticamente y sin necesidad de recordatorio, el acreedor tiene derecho a los intereses de demora que serán el precio del dinero que marque el BCE, más un 8%; además de 40 euros de costes de cobro (que incluyen los gastos de abogado o de agencias de cobro en caso de que se hayan utilizado)". Si el acreedor se gasta más de esos 40 euros, tendrá derecho a exigir el reembolso del resto de dicha cantidad (con documentos probatorios y solicitud a un juez nacional).

Además, desde mediados de marzo todas las cláusulas incluidas en contratos públicos que permitan pagar más allá de los plazos legales (30 días por regla general y hasta un máximo de 60 días naturales para empresas que operen en el sector de la sanidad pública y ciertas empresas públicas) quedarán anuladas automáticamente.

En este escenario, desde ATA se recuerda a los autónomos que podrán reclamar estas sanciones por demora en los tribunales ordinarios, hasta llegar a la jurisdicción europea. Por ello, esta organización ha anunciado que promoverá denuncias contra todas las entidades públicas que incumplan esta directiva para poder cobrar así los intereses que fija la ley a modo de sanción.

Según los datos facilitados ayer por ATA, Cataluña es la comunidad con más facturas impagadas por parte de todas sus Administraciones a los autónomos, con 796 millones (el 16,5% del total). Todas las comunidades han visto descender sus deudas con el sector público, pero destaca Extremadura, con un recorte del 24,6%, en unos 49,8 millones hasta situarse en 153 millones, y País Vasco, con un recorte del 21,2%. Aragón fue donde menos cayó, apenas un 3%. El plazo medio de cobro de las facturas que emiten las Administraciones públicas también se ha reducido pasando de 163 días de media a 148. Aun así este tiempo de demora es sustancialmente superior a los 95 días de media que los autónomos tardan en cobrar del sector privado.

ATA ha detectado también que cuanto mayor es la compañía, más tarda en abonar sus facturas. Así, se pasa desde los 133 días de las empresas de más de 1.000 empleados a los 74 días de las de menos de 9 trabajadores y los 67 días de los autónomos entre sí. Igualmente, no todas las Administraciones tardan lo mismo en pagar. Mientras que la Administración central paga a 47 días de media (aunque sea donde menos actividad tiene este colectivo), las comunidades autónomas lo hacen a 142 días de media y los ayuntamientos, a 154.