El Consell baraja reducir el papel de los sindicatos en la Función Pública

La Conselleria de Haciencia y Administración Pública ultima estos días un decreto mediante el cual establecerá los criterios generales para reorganizar los puestos de trabajo de la Generalitat. En el documento se incluirá también una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) después de que la actual lleve sin actualizar desde el año 2008, a pesar de que la ley establece su publicación en un diario oficial cada año.

Las Provincias

Las reuniones entre los responsables de Administración Pública y los distintos representantes de los sindicatos con reprensentación en la mesa de negociación de la Función Pública se han sucedido a lo largo de las pasadas semanas sin demasiado punto de entendimiento, según los segundos. Entre otros motivos por el nuevo papel que el Consell parece tener reservado para las fuerzas sindicales. Si el texto no difiere demasiado del punto en el que se encuentra en la actualidad, la denominada comisión de condiciones de trabajo pasará a perder buena parte de su función negociadora para convertirse en una comisión mixta que tendrá la única obligación de reunirse dos veces por año.

La novedad pasaría por que en lugar de negociar las creaciones, modificaciones o amortizaciones de puestos de trabajo con los sindicatos, el Consell pasaría a dar cuenta cada seis meses de los acuerdos adoptados, según fuentes presentes en la negociación. Algo que desde el Ejecutivo se trata de suavizar, alegando que la negociación del nuevo decreto está aún en proceso, por lo que no hay ninguna decisión cerrada. Desde los sindicatos se oponen <<frontalmente>> a esta propuesta porque provocaría <<un apagón informativo>> y sólo dejaría a los representantes sindicales con opción a recurrir decisiones del Consell y no a consensuarlas.

Otro de los aspectos más controvertidos del decreto pasa por establecer un criterio provincial para la localización del puesto de trabajo de algunos sectores de empleados relacionados con el sector educativo. Según fuentes de la negociación, se plantea tanto la inclusión en este aspecto de puestos de atención directa de los centros (educadores por ejemplo) como de personal auxiliar adscrito a la conselleria. Se trata de que tengan disponibilidad provincial según demanda. Es decir, pueden ver modificado su lugar de trabajo en el ámbito de toda la provincia en la que esté adscrito.

Aunque desde ambas partes se insiste en que las negociaciones siguen su curso y las medidas definitivas se llevarán a una mesa de negociación de próxima convocatoria, lo cierto es que hay decisiones que tienen poco margen de maniobra. Es el caso de la supresión de las jefaturas de unidad, que desaparecerán con la nueva clasificación de puestos. Esa medida podría afectar a unas 600 plazas de la administración, con titulación de antiguo grado medio, según fuentes sindicales.

Eso sí, desde la conselleria de Hacienda insisten en que el proceso no está cerrado y no hay ninguna decisión firme sobre el decreto.