Murcia aprueba que los empleados públicos cobren en 2013 las pagas extra

El Gobierno de la comunidad autónoma murciana ha aprobado las retribuciones del personal y de los altos cargos de la Administración regional para 2013, que contempla el abono de las dos pagas extraordinarias correspondientes a los meses de junio y diciembre para todo el personal al servicio de la Administración regional.

Europa Press

El Gobierno murciano ha dado luz verde a que los empleados públicos cobren en 2013 las pagas extras de junio y diciembre, según informa Europa PRess. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz José Ballesta ha afirmado que estas retribuciones "no suponen ningún incremento respecto a las percibidas el pasado año, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio".

En cuanto a las retribuciones de los altos cargos, para este año se mantiene la reducción del tres por ciento contemplada en la Ley regional 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública.

Reclamación sindical

Ballesta también se ha referido al recurso administrativo presentado por la Plataforma Sindical y Asociaciones de Empleadas y Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para reclamar la paga extra de Navidad, que fue suspendida a través del Real Decreto Ley 20/2012.

Cabe recordar que esta plataforma está integrada por UGT, CCOO, CSIF, Intersindical, ANPE, SATSE, SIME, UNIONGC, USO, SIAT, Gestha, SIDI, USAE y CEM, y ha acordado reclamar por la vía administrativa y judicial el cobro de la paga extra para todos los afectados, que estiman en unos 70.000.

Ballesta ha explicado que el Gobierno regional ha aplicado el criterio establecido por la Ley general de sanidad presupuestaria, y ha procedido "como la totalidad de las comunidades autónomas".

"Lógicamente, entendemos que estamos sustentados por la legalidad", ha defendido el portavoz, quien ha insistido en que la medida "está aplicada de manera correcta y de acuerdo con la legalidad vigente".

De todas formas, el Gobierno murciano acataría la sentencia "si en su momento, cualquier instancia judicial fallara en sentido contrario".

Ha admitido que la aplicación de esta medida "no agrada a nadie, ciertamente", pero remarca que "ha sido esencial para mantener nuestro equilibrio presupuestario".