Se suprime la sede de la Audiencia de Cuentas en Gran Canaria

Una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno canario, Coalición Canaria y Partido Socialista, ha hecho saltar las alarmas en la Audiencia de Cuentas y en el Diputado del Común. La propuesta pretende suprimir las oficinas de las instituciones dependientes del Parlamento que estén ubicadas en la isla distinta a la de su sede oficial. La reestructuración se realizará a lo largo del año 2013 bajo el argumento de una mayor racionalización del gasto público.

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La enmienda no sólo persigue suprimir oficinas sino también incluye la modificación de las relaciones de puestos de trabajo antes del 30 de junio del próximo año para cambiar o suprimir las plazas y sus lugares de ubicación. Ante ello, se facilitará el traslado de los funcionarios afectados a otros puestos de trabajo de la Administración autonómica siempre que lo soliciten los interesados.

La Audiencia de Cuentas tiene su sede oficial en Santa Cruz de Tenerife, mientras que en la capital grancanaria el organismo auditor cuenta con el área de fiscalización de la Comunidad Autónoma, por tener su sede la Intervención General. Desde hace 20 años once funcionarios y técnicos se encargan de controlar la actividad económica y financiera de la Administración autonómica desde las oficinas de la Audiencia en Las Palmas de Gran Canaria, situación que se pone en riesgo si se aprueba esta enmienda tal y como está, ya que se centralizaría toda la gestión de la Audiencia en Tenerife.

Fuentes del órgano auditor advierten que esta medida no sólo no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino que puede debilitar la calidad del control financiero del Gobierno canario.

Uno de los logros que se habían conseguido para el próximo año era suprimir el alquiler de la sede de la Audiencia en Gran Canaria al ceder la dirección general de Patrimonio y Educación dos oficinas, lo que representa un ahorro considerable de los gastos corrientes de la entidad. Sin embargo, en el caso de que se centralizara toda la gestión de la Audiencia en Tenerife se podrían incrementar los gastos, ya que los once efectivos de los que dispone la Audiencia en la capital grancanaria no caben en la sede tinerfeña.

Una hipotética centralización del órgano auditor en Santa Cruz de Tenerife supondría también más gastos en traslados, dietas y alojamiento. El artículo 42 de la Ley de la Audiencia de Cuentas de Canarias especifica que las relaciones derivadas de la fiscalización a la Comunidad Autónoma se han de canalizar a través de la Intervención General, que tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Los auditores deben realizar su tarea en coordinación con los técnicos y funcionarios de la Intervención y de la Consejería de Economía y Hacienda, departamento de quien depende.

En el caso de que se modifique la relación de puestos de trabajo y se cambien a los funcionarios de la Audiencia que trabajan en la capital grancanaria, fuentes del órgano auditor estiman que se perdería calidad y rigor en el control externo de la actividad económica y financiera de la Comunidad Autónoma.

Para las fuentes consultadas, esta medida puede atentar contra el principio de independencia en que se basa el ejercicio de la función de control de los fondos públicos. La Audiencia cuenta con cuatro áreas de fiscalización, de las cuales tres se encuentran en la sede de Tenerife -ayuntamientos, cabildos y universidades y entes públicos- y una en Gran Canaria, que se ocupa de la fiscalización de la Comunidad Autónoma.

Fuentes del órgano auditor advierten que Coalición Canaria pretendía pasar la enmienda directamente al pleno del Parlamento de la próxima semana sin más debate, a lo que se ha opuesto tanto el PP como el grupo Mixto. Según ha podido saber este periódico, el PSC también quiere introducir algunos cambios en la enmienda y por eso ha apoyado que el texto se debata hoy en la Comisión de Presupuesto para introducir modificaciones en la misma.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PSC, Manuel Fajardo, advierte que la enmienda será "matizada" en la Comisión de Presupuestos, que analizará las enmiendas parciales a las cuentas autonómicas de cara al pleno del próximo día 27. Fajardo considera que hay un "error de base" y el objetivo final planteado por la Mesa del Parlamento es que los órganos que dependen de la Cámara cuenten con un plan de viabilidad para ahorrar gastos, lo que no significa que se debiliten.

Las directrices emanadas de la Mesa del Parlamento a sus órganos dependientes instan a los mismos a aplicar medidas de ahorro y austeridad ante los ajustes previstos en los presupuestos autonómicos de 2013. La enmienda abarca, además de la Audiencia de Cuentas, al Consejo Consultivo -cuya sede está en La Laguna- y al Diputado del Común, que cuenta con oficinas en las siete islas para atender las peticiones y reclamaciones de los ciudadanos por la actuación de las instituciones públicas.

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