Medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones

Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada Adam (BOE de 11 de noviembre de 2026). Texto completo.

REAL DECRETO-LEY 33/2026, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES EN RESPUESTA A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS INUNDACIONES Y OTROS SUCESOS ACAECIDOS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 19 DE OCTUBRE DE 2026, COMO CONSECUENCIA DE LA DEPRESIÓN AISLADA EN NIVELES ALTOS (DANA), DENOMINADA ADAM.

I

Entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 se produjo un episodio meteorológico de carácter excepcional asociado a la depresión aislada en niveles altos (DANA) denominada “Adam”, que afectó de forma particularmente intensa al litoral mediterráneo y, especialmente, al sur de la provincia de Valencia y al norte de la provincia de Alicante.

Las precipitaciones alcanzaron valores extraordinarios, con acumulados superiores a 700 l/m² en determinados puntos de las comarcas de La Safor y la Marina Alta, registrándose intensidades y volúmenes de lluvia que superaron ampliamente los valores habituales para este ámbito territorial. La extraordinaria magnitud del episodio provocó importantes inundaciones y desbordamientos de cauces, afectando particularmente a las cuencas de los ríos Vaca, barranco de Beniopa, río Vernissa, río Serpis, rambla Gallinera, río Girona y río Gorgos, así como otros barrancos y cauces de la zona en la Cuenca del Júcar.

Asimismo, en la zona costera colindante con las provincias de Murcia y Alicante, en la cuenca del Segura, en los términos municipales de Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares en la Cuenca del Segura, se produjeron precipitaciones extraordinarias que alcanzaron los 175 l/m2, produciendo importantes crecidas en ramblas y barrancos que desbordaron con afectación a municipios de la cuenca del Mar Menor. Como consecuencia de ello, se han visto igualmente afectadas las obras de drenaje transversal de las infraestructuras del postrasvase en su intersección con dichas ramblas.

Las avenidas generadas dieron lugar a importantes procesos de erosión, transporte de sedimentos y arrastre de vegetación y otros elementos, produciendo alteraciones en la morfología fluvial y graves afecciones sobre el dominio público hidráulico y sus zonas asociadas.

Como consecuencia de dichas avenidas extraordinarias, se produjeron daños generalizados en cauces, márgenes, escolleras, así como otras obras e infraestructuras vinculadas a la gestión y conservación del dominio público hidráulico. Asimismo, se generaron numerosas obstrucciones y tapones por acumulación de restos vegetales, sedimentos y materiales arrastrados por la corriente, comprometiendo la capacidad de desagüe de los cauces y aumentando el riesgo frente a futuros episodios de crecida.

La especial gravedad de los efectos ocasionados por esta DANA, así como la amplitud territorial de su impacto, que ha generado importantes perjuicios en el área mediterránea, tanto en dichas zonas como en otras, como las Illes Balears, la Región de Murcia o el litoral andaluz, hizo necesaria la declaración de estas zonas como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026. La declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil permite a los distintos departamentos ministeriales, dentro de sus respectivos ámbitos competenciales, articular medidas destinadas a contribuir a paliar los perjuicios ocasionados.

Los efectos de la DANA Adam se han extendido, en particular, a ámbitos donde han generado una gran afectación a sectores económicos esenciales, como es el caso de la agricultura y la ganadería, afectando no solo a las explotaciones, sino a las vías pecuarias y caminos agrícolas. Por otra parte, se han visto afectados de manera intensa, en las zonas más castigadas por la DANA, el dominio hidráulico y el dominio público marítimo terrestre.

Desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería, se han visto afectadas cosechas de frutales y hortalizas, se han alterado las vías por donde debe canalizarse la actividad agrícola y ganadera, pues se han producido daños de diferente calibre en caminos, vallas o taludes. Se han constatado los daños de forma objetiva a través, entre otros, de los partes del sistema de seguros agrarios combinados, que demuestran que durante, esos tres días, la afección a los elementos y estructuras productivas primarias han sido de especial relevancia y aconsejan una rápida intervención de los poderes públicos en todas las provincias afectadas.

Asimismo, la DANA Adam ha ocasionado daños personales y materiales de considerable entidad, con afecciones a locales comerciales, equipamientos y existencias, así como interrupciones o limitaciones de la actividad económica. Estos sucesos han incidido directamente sobre el normal funcionamiento de numerosas actividades económicas desarrolladas en las zonas afectadas.

El comercio minorista desempeña una función esencial desde una perspectiva económica, social y territorial, contribuyendo al abastecimiento de la población, al mantenimiento del empleo y a la vertebración de los municipios. La configuración del sector, integrado en buena medida por personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas y medianas empresas, determina una especial vulnerabilidad ante fenómenos extraordinarios que dañan los establecimientos, instalaciones, equipamientos, maquinaria, mobiliario, mercancías o existencias, interrumpen el acceso a suministros esenciales o fuerzan el cierre temporal, dificultando el normal desarrollo de la actividad.

Por su parte, el sector turístico y la hostelería constituyen actividades económicas de especial relevancia en los territorios afectados, tanto por su contribución al empleo y a la actividad económica como por su capacidad para dinamizar otros sectores productivos. Los fenómenos meteorológicos adversos pueden ocasionar daños en los establecimientos e instalaciones turísticas, así como interrupciones de la actividad que comprometan la continuidad de los negocios, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas y personas trabajadoras autónomas. Resulta, por tanto, necesario extender las medidas extraordinarias de apoyo a estos establecimientos, con el fin de facilitar su recuperación, preservar el empleo y contribuir a la reactivación económica de los destinos afectados.

Las consecuencias de fenómenos meteorológicos de esta naturaleza no se limitan a los daños físicos sobre determinados bienes. Los daños sufridos por el establecimiento y la interrupción, suspensión o limitación efectiva de la actividad pueden comprometer la liquidez y continuidad de los negocios, retrasar su reapertura y, en los casos más graves, determinar su cierre definitivo. Por ello, la medida se dirige a aquellos operadores económicos que ejerzan su actividad en establecimientos que acrediten una afección directa, efectiva y vinculada a los episodios meteorológicos comprendidos en este real decreto-ley.

II

El presente real decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes de respuesta a los daños ocasionados por la DANA “Adam” en octubre de 2026, en diferentes municipios afectados por las lluvias intensas e inundaciones.

La norma consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en cinco capítulos, treinta artículos, siete disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales.

El capítulo I contempla el objeto y ámbito de aplicación de la norma.

El capítulo II establece medidas en materia agraria, delimitándose su específico ámbito de aplicación temporal, territorial y material, para contribuir a paliar la situación provocada por los efectos de la DANA Adam, que ha generado cuantiosas pérdidas en cultivos con especial relevancia económica, como son los cítricos, las hortalizas y el caqui.

El sector agroalimentario es un sector estratégico, por su relevancia económica y social, y porque garantiza la seguridad alimentaria de la población, suministrando los productos más esenciales, los alimentos. Se trata de un ámbito de actividad sometido a grandes tensiones causadas por factores exógenos que han ido superponiéndose, de los que destaca la concatenación de los efectos, en algunos casos devastadores, de fenómenos climatológicos extraordinarios de diversa índole, como es el recientemente producido por la DANA “Adam”.

Por ello, resulta necesario adoptar medidas de apoyo específicas para la recuperación de las explotaciones agrarias que han resultado más gravemente afectadas por los efectos de la citada DANA.

Así, este capítulo establece, en primer lugar, una medida centrada en el apoyo complementario al que ya brinda el sistema de seguros agrarios a los agricultores para atender el coste de la prima de las pólizas, de modo que se complemente la subvención ya concedida a los titulares de pólizas del seguro agrario contratadas en las zonas afectadas, hasta alcanzar el 70 % del coste total de la prima, máximo que permite la normativa europea. De esta manera, aquellos productores que participan de tal sistema de seguros, que supone un elemento esencial de sostenibilidad del sector primario, pasan a recibir un importe adicional que contribuya a paliar los costes de contratación del seguro, apoyando el mantenimiento y sostenibilidad de su actividad primaria y, al mismo tiempo, fomentando el aseguramiento como política agraria estructural para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de modo que se contribuya a la consolidación de dicho modelo.

En segundo lugar, se contempla una ayuda dirigida a paliar daños ocasionados por la DANA Adam en la producción asegurada, dirigida a compensar la parte no indemnizada a los titulares de pólizas del seguro agrario combinado que resulten con siniestro indemnizable, en aplicación de las condiciones del contrato suscrito. De esta manera, los productores asegurados pasan a recibir una compensación que les resarza de los daños sufridos y no indemnizados en su producción y, al propio tiempo, se fomenta el aseguramiento como política esencial en la materia.

Asimismo, se prevén medidas para contribuir a la recuperación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, como medida necesaria para apoyar la recuperación de las explotaciones agrícolas afectadas y el entorno rural de dichas zonas.

Finalmente, se prevén medidas para mejorar la financiación de las explotaciones, reforzando la solvencia empresarial y permitiendo el acceso al crédito como palanca de recuperación de la actividad en las zonas afectadas.

A través de estas medidas se contribuye a asegurar la viabilidad empresarial y, con ello, el mantenimiento de tejido productivo y de empleo en la zona; así como de la provisión de bienes públicos que ofrece dicho sector, que van desde la preservación del paisaje y la protección ambiental hasta la fijación de población en el medio rural o la correcta redistribución de rentas, teniendo en cuenta que el sector agroalimentario, por su trascendencia en términos sociales, económicos y medioambientales, tiene un carácter estratégico tanto en España como en toda la Unión Europea. Su misión básica es la de proporcionar al ciudadano alimentos sanos, seguros y que además respondan a sus expectativas de calidad, misión que la actual coyuntura puede poner en riesgo.

Asimismo, estas medidas tienen por objeto ayudar a paliar las consecuencias de la DANA que pudieran comprometer la continuidad productiva de las explotaciones agrarias. En particular, se pretende que estas ayudas compensen las situaciones derivadas de la alteración de las condiciones edafológicas, la persistente saturación hídrica del suelo y la consiguiente merma de su capacidad productiva, factores que pueden provocar retrasos en las labores agrícolas, asfixia radicular, proliferación de patógenos y un incremento significativo de los riesgos de sanidad vegetal. De este modo, el apoyo público contribuye a restablecer las condiciones mínimas para la actividad agraria.

El capítulo III prevé, en materia de reparación de daños en el dominio público hidráulico y de infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal, la posibilidad de tramitar por el procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las actuaciones necesarias para la reparación de los daños y la protección del dominio público hidráulico, así como las de reparación, rehabilitación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas.

Se aprueban sendos créditos extraordinarios: uno a la Confederación Hidrográfica del Júcar por importe de 3.000.000 euros y otro a la Confederación Hidrográfica del Segura por importe de 1.500.000 euros.

También se prevé la realización de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, que se ve agravada por los efectos del cambio climático en las zonas afectadas por la DANA Adam. Estas actuaciones se tramitarán por el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, debido a la necesidad de actuar de forma inmediata.

Adicionalmente, se llevarán a cabo otras actuaciones previstas en el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los efectos del Cambio Climático que sean necesarias para mejorar la resiliencia del litoral de la Comunitat Valenciana.

Para la realización de todas estas actuaciones de emergencia, se aprueba un crédito extraordinario por importe de setenta millones de euros.

El capítulo IV de este real decreto-ley regula diversas medidas tributarias y financieras dirigidas a paliar los efectos de la DANA Adam, incluyendo una serie de beneficios fiscales. En primer lugar, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes al ejercicio 2026 cuando afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA “Adam”, previéndose la posibilidad de que los contribuyentes que hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal puedan solicitar la devolución de las cantidades ingresadas. Además, se establece que los beneficios fiscales establecidos en los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas serán compensados por la Hacienda del Estado, con el fin de evitar pérdidas de ingresos a las entidades locales afectadas.

Asimismo, se conceden exenciones de la tasa de acreditación catastral a la expedición por parte de la Dirección General del Catastro de certificaciones sobre inmuebles ubicados en municipios contemplados en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley.

Se contempla también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1425/2025, de 9 de diciembre , por la que se desarrollan para el año 2026 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.

En el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria aplicable a las entidades locales afectadas por la catástrofe, se prevé habilitar el destino del superávit presupuestario de 2025, 2026 y 2027 para financiar inversiones financieramente sostenibles, excepcionando la aplicación de determinados requisitos y condiciones que se aplican con carácter general. Dichas inversiones deben tener una relación directa con los daños ocasionados por el siniestro, tanto si tienen por finalidad su reparación como la prevención de futuros daños derivados de acontecimientos similares. Es preciso destacar que se extiende ese tratamiento diferenciado a las inversiones de esa naturaleza que se inicien en 2026 y se financien con el superávit de 2025, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio , por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Asimismo, se prevé la posibilidad de que, mediante acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se puedan financiar determinadas necesidades financieras en 2027 con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Se establece un régimen excepcional en la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de modo que a efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales se tendrán en cuenta de forma separada los gastos extraordinarios que realicen las entidades locales afectadas por las circunstancias contempladas en este real decreto-ley, en respuesta a los daños causados por la DANA, denominada Adam.

Igualmente, se excepciona en 2026 y en 2027 la obligación de formular un plan económico-financiero por parte de las entidades locales afectadas por la catástrofe como consecuencia de incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, que se hayan producido o se puedan producir en las liquidaciones de presupuestos de 2025 y de 2026, respectivamente, con independencia del motivo por el que se hayan producido aquellos incumplimientos. Asimismo, se excepciona la posible aplicación de medidas coercitivas a las que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debiendo destacarse la no exigibilidad de acuerdos de no disponibilidad de créditos que, en condiciones normales, se deben adoptar por las administraciones públicas para asegurar el cumplimiento de aquellas reglas fiscales en los casos de falta de presentación, de falta de aprobación o de incumplimiento del plan económico-financiero.

Por lo que se refiere al ámbito financiero de las Comunidades Autónomas, por un lado, se contempla la posible financiación por parte de la Comunitat Valenciana de los gastos extraordinarios necesarios en respuesta a la DANA Adam, mediante la asignación en 2026 y 2027 de recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. También se regula la contabilización separada de estos gastos y su tratamiento a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.

El capítulo V recoge una medida específica de apoyo al comercio minorista, el sector turístico y la hostelería destinada a favorecer la continuidad, recuperación y reactivación económica de los establecimientos afectados en la Comunitat Valenciana.

La configuración de la medida como una ayuda de cuantía fija responde a la necesidad de proporcionar un apoyo económico inmediato y proporcionado a la distinta estructura de los destinatarios finales, sin condicionar su concesión a una valoración pericial individualizada de los daños. Por ello, se establece una ayuda de 5.000 euros para las personas trabajadoras autónomas y de 10.000 euros para las pequeñas y medianas empresas y las entidades sin personalidad jurídica que cumplan los requisitos exigidos. Estas cuantías permitirán atender necesidades inmediatas de reparación, reposición, reapertura y liquidez derivadas de los daños sufridos, sin condicionar la concesión a una valoración individualizada, manteniendo al mismo tiempo los controles necesarios para comprobar la efectiva afección del establecimiento, el cumplimiento de los requisitos establecidos y la observancia de la normativa de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

Para articular esta respuesta se establece una subvención directa a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, que asumirá la gestión, coordinación y ejecución de las actuaciones contempladas en este real decreto-ley, así como la aplicación y justificación de los fondos recibidos.

La Ley 4/2014, de 1 de abril , Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, regula específicamente la naturaleza, finalidad y funciones de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. En particular, configura a la Cámara de España como una corporación de derecho público cuya finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses generales de las empresas españolas.

Asimismo, la Ley 4/2014, de 1 de abril , recoge las funciones público-administrativas de las Cámaras de Comercio, entre otras, tramitar programas públicos de ayudas a las empresas en los términos en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a la Administración del Estado, de conformidad con el artículo 5.1.f) de la Ley 4/2014, de 1 de abril. El ejercicio de estas funciones en el ámbito estatal corresponde a la Cámara de Comercio de España, quien lo realiza en coordinación con las Cámaras de Comercio territoriales, de conformidad con el artículo 21.1.d) de la Ley 4/2014, de 1 de abril.

La utilización de la red cameral permite disponer de un instrumento próximo al tejido comercial y empresarial y facilitar una aplicación coordinada de la medida en los distintos territorios afectados, sin perjuicio de la participación de las cámaras territoriales respectivas y de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas.

La concesión directa de la subvención se justifica por el carácter extraordinario de los acontecimientos que motivan la medida, la necesidad de movilizar de forma inmediata los recursos disponibles y la necesidad de articular una gestión homogénea y coordinada en los distintos territorios afectados. Estas circunstancias dificultan acudir a un procedimiento de concurrencia competitiva sin poner en riesgo la inmediatez perseguida por la intervención.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, permite excepcionalmente la concesión directa cuando concurran razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten la convocatoria pública.

Debe distinguirse la condición de beneficiaria de la subvención estatal, que corresponde a la Cámara de España, de la de los operadores económicos que reciban las ayudas financiadas con cargo a aquella. La presente norma establece directamente los requisitos sustantivos para acceder a tales ayudas, sus condiciones esenciales y los correspondientes mecanismos de comprobación y control, reservándose al convenio la concreción de los aspectos instrumentales necesarios para su ejecución.

La norma se completa con una serie de disposiciones adicionales y finales.

La disposición adicional primera recoge una ayuda extraordinaria destinada a compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias causados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para el caso de parcelas en que se aprecie una imposibilidad material o una manifiesta desproporción entre el coste de restauración y sus características físicas o productivas.

El proceso para recuperar el potencial productivo y compensar las pérdidas de renta de las explotaciones afectadas por dicha DANA se encuentra en su fase final, en el marco del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con actuación en 26.261 hectáreas, tanto mediante la ejecución de obras de reparación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como mediante ayudas a los titulares de las explotaciones. En dicho proceso se ha constatado que una fracción mínima, de en torno al 0,1 % de dicha superficie, presenta características que hacen inviable su restauración, atendiendo a sus condiciones productivas, tamaño de la explotación, localización, daños generados o requisitos técnicos, necesidades específicas para intervenir sobre ellas o por entrañar una manifiesta desproporción entre la superficie susceptible de arreglo y el coste asociado. Para poder culminar los trabajos de recuperación de estas explotaciones, se incorpora un mecanismo de compensación específico para que sus titulares, cuando sean productores primarios, puedan recibir un importe que permita la continuidad de su actividad agraria y subvenga las pérdidas padecidas por dicho acontecimiento, en atención a sus especiales caracteres y necesidades, que se sujetará al mismo sistema de ayudas de Estado previsto para dicho real decreto-ley.

La disposición adicional segunda amplía el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones previsto en el artículo 120.1.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para aquellas actuaciones declaradas de emergencia en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, para hacer frente a las consecuencias derivadas de los fenómenos contemplados en el presente real decreto-ley.

La disposición adicional tercera contempla el refuerzo de plantillas en la lucha contra las emergencias climáticas, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como en las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura y en la demarcación de costas del ámbito territorial de aplicación de este real decreto-ley, a fin de atender eficazmente las emergencias climáticas, en particular en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, cauces y la protección de la costa.

La disposición adicional cuarta habilita la asignación de recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para financiar gastos extraordinarios en respuesta a la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 y a las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. También se regula la contabilización separada de estos gastos.

Por su parte, la disposición adicional quinta regula medidas extraordinarias para garantizar la capacidad pericial del Consorcio de Compensación de Seguros. La magnitud, intensidad concentración temporal y extensión territorial de los acontecimientos comprendidos en este real decreto-ley, así como el elevado volumen de solicitudes de indemnización derivadas de aquellos, exigen reforzar de manera inmediata la capacidad pericial, médica y técnica del Consorcio de Compensación de Seguros. La necesidad de este refuerzo no se agota en la respuesta inicial al acontecimiento, sino que se manifiesta de forma sucesiva a medida que se presentan las solicitudes y se identifican, durante su tramitación, las actuaciones necesarias para comprobar y valorar los daños. Por ello, se establece un régimen excepcional y temporal de contratación de emergencia que permite incorporar profesionales y asignarles encargos sucesivos mientras persista una insuficiencia significativa de la capacidad ordinaria. Estas medidas se limitan a las necesidades estrictamente indispensables y directamente vinculadas a los acontecimientos extraordinarios delimitados en este real decreto-ley, con sujeción a los principios de necesidad proporcionalidad y control.

La disposición adicional sexta prevé que, con carácter excepcional, se pueda diferir, hasta un máximo determinado, el cese de los interinos para los nombrados específicamente para afrontar, en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, en las respectivas delegaciones del Gobierno. También se prevé diferir, a través de la disposición adicional séptima, el cese de los funcionarios interinos que fueron designados para las imprescindibles tareas relacionadas con la respuesta a los daños causados por la devastadora DANA, en diferentes municipios de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

La disposición final primera prevé, con salvaguarda de su carácter de acto administrativo, la modificación del Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025.

La disposición final segunda modifica la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, declarando exentas en dicho Impuesto las ayudas públicas por daños personales derivadas de incendio, inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras causas naturales, siempre que se declare previamente la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil en los términos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio , del Sistema Nacional de Protección Civil, como ocurre en el presente caso.

Igualmente, se declara, con efectos de 1 de enero de 2025, la exención en el Impuesto de las ayudas aprobadas por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales cuando se concedan por las causas anteriores, y los beneficiarios y requisitos para la percepción de la ayuda previstos en la normativa reguladora de la ayuda sean idénticos o análogos a los establecidos para la percepción de una ayuda pública concedida por el Estado que persiga la misma finalidad, como consecuencia de la misma catástrofe, que haya sido declarada exenta.

Por otro lado, para el caso de los sucesos catastróficos declarados o que se declaren emergencia de protección civil, se hace necesario, por un principio de justicia, equiparar el tratamiento tributario de las ayudas públicas que en su caso se concedan, ya sean recibidas del Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.

La disposición final tercera recoge los títulos competenciales que amparan la aprobación de este real decreto-ley. Por su parte, la disposición final cuarta se refiere a la habilitación para el desarrollo de lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio . La disposición final quinta determina la entrada en vigor de la norma el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

III

El artículo 86 de la Constitución Española faculta al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución , al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Así, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia del Alto Tribunal exige, por un lado, “la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación”, es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, “la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella” (SSTC 29/1982 , de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997 , de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003 , de 3 de julio, FJ 4, 61/2018 , de 7 de junio, FJ 4).

En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982 , de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997 , de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002 , de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003 , de 3 de julio, FJ 3).

Existe una conexión directa entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita y las medidas contenidas en este real decreto-ley. La entidad y proximidad temporal de los daños ocasionados, su incidencia inmediata sobre la continuidad de los establecimientos afectados y la necesidad de que el apoyo económico pueda desplegarse con la mayor celeridad justifican una intervención normativa inmediata. La utilización del real decreto-ley resulta necesaria porque la tramitación de una ley por el procedimiento ordinario, e incluso por el procedimiento de urgencia, no permitiría movilizar los recursos con la inmediatez requerida, ni atender a las necesidades surgidas con la efectividad que demanda la ciudadanía.

En este sentido, es de extraordinaria y urgente necesidad proteger y apoyar al sector agrario, que se está viendo gravemente afectado por fenómenos meteorológicos adversos de distinta naturaleza -entre los que destaca la reciente DANA Adam por su virulencia-, que ha generado cuantiosas pérdidas en cultivos con especial relevancia económica, como son los cítricos, las hortalizas y el caqui, y que ha afectado también a caminos agrícolas de uso público y a infraestructuras de regadío.

El sector agroalimentario es un sector estratégico, por su relevancia económica y social, y porque garantiza la seguridad alimentaria de la población, suministrando los productos más esenciales, los alimentos. Se trata además de un ámbito de actividad sometido a grandes tensiones causadas por factores exógenos que han ido superponiéndose, de los que destaca la concatenación de los efectos, en algunos casos devastadores, de fenómenos climatológicos extraordinarios de diversa índole, como es el recientemente producido por la DANA Adam. Por ello, resulta necesario adoptar medidas de apoyo específicas para la recuperación de las explotaciones agrarias que han resultado más gravemente afectadas por los efectos de la citada DANA.

En cuanto a las medidas relativas a aquellas actuaciones necesarias para la reparación, rehabilitación y mejora del dominio público hidráulico, de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas y del dominio público marítimo-terrestre afectado por la DANA Adam, así como las de mejora de la resiliencia de la costa de la Comunitat Valenciana, se hacen necesarias por las consecuencias que han acarreado las avenidas extraordinarias acaecidas durante la DANA, que produjeron daños generalizados en los cauces, márgenes, escolleras, así como en otras obras e infraestructuras vinculadas a la gestión y conservación del dominio público hidráulico.

Por lo que se refiere a las medidas financieras aplicables a las entidades locales afectadas y a la Comunitat Valenciana para hacer frente a las consecuencias de la DANA Adam, su extraordinaria y urgente necesidad deriva de que la reparación de los daños producidos por la catástrofe conllevan gastos extraordinarios y puntuales que deben tener un régimen excepcional a efectos de su consideración respecto a la aplicación de las reglas fiscales de este ejercicio y el siguiente, de forma que se puedan destinar los recursos propios o los que se asignen a través de los mecanismos extraordinarios de financiación a atender esas necesidades de gasto.

Además, es imprescindible habilitar la asignación de recursos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2027 a la Comunitat Valenciana para que pueda atender las necesidades de financiación derivadas de los gastos extraordinarios derivados de la DANA de octubre de 2024 y a la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar los gastos extraordinarios derivados de las inundaciones. Sin esta regulación no sería posible que las comunidades autónomas pudieran atender la totalidad de sus gastos en la prestación de servicios públicos fundamentales y que las comunidades afectadas por situaciones catastróficas graves puedan acometer la reparación de los daños acaecidos.

En lo que respecta a las medidas extraordinarias de apoyo a la recuperación y reactivación del comercio minorista, del sector turístico y de la hostelería, cabe destacar que los fenómenos meteorológicos adversos producidos durante el mes de octubre de 2026 constituyen acontecimientos sobrevenidos, imprevisibles y de extraordinaria intensidad que han ocasionado daños materiales e interrupciones relevantes de actividad en establecimientos de comercio minorista, turismo y hostelería situados en los territorios afectados. Los daños en locales, instalaciones, equipamientos, maquinaria, mobiliario, mercancías y existencias, así como las dificultades de acceso, las interrupciones de suministros y los cierres temporales, han generado necesidades inmediatas de reparación, reposición, limpieza y liquidez.

La situación descrita afecta especialmente a personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas y medianas empresas, que representan una parte sustancial de los sectores destinatarios y disponen, por lo general, de una menor capacidad financiera para afrontar daños sobrevenidos y periodos de inactividad. La pérdida inmediata de ingresos, unida a los gastos necesarios para recuperar los establecimientos, puede comprometer la reapertura y continuidad de negocios que eran viables antes de los episodios meteorológicos.

La necesidad de la intervención no responde, por tanto, a una conveniencia genérica de política económica, sino a la urgencia de evitar que una perturbación temporal y extraordinaria produzca efectos económicos y sociales irreversibles, como el cierre definitivo de establecimientos, la destrucción de empleo, la pérdida de tejido empresarial y el deterioro de los servicios de proximidad y de la actividad turística en los territorios afectados. La efectividad de la medida depende de que las ayudas puedan tramitarse y abonarse en un plazo próximo a la producción de los daños, cuando las necesidades de liquidez y reparación resultan más intensas.

Existe pues, como ocurre con el resto de medidas incluidas en esta norma, una conexión directa y específica entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad y las decisiones adoptadas. Las ayudas de cuantía fija permiten ofrecer una respuesta rápida, homogénea y previsible, evitando que su concesión dependa de una peritación económica individualizada, sin perjuicio de la obligación de acreditar una afección directa, efectiva y causalmente vinculada al correspondiente episodio meteorológico. La diferenciación entre los 5.000 euros por establecimiento para personas trabajadoras autónomas y los 10.000 euros para pymes y entidades sin personalidad jurídica responde a la distinta dimensión organizativa y económica de los destinatarios y a su diferente capacidad para afrontar los costes de recuperación.

La concesión directa de la subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España es igualmente adecuada para atender la situación urgente. Su coordinación con las cámaras territoriales permite utilizar una estructura ya implantada en los territorios afectados y próxima a los establecimientos destinatarios, evitando el tiempo y los costes que exigiría la creación de un nuevo dispositivo administrativo estatal de gestión. Este modelo facilita la difusión de las ayudas, la recepción y comprobación de las solicitudes y su abono mediante procedimientos homogéneos.

La dotación máxima de 15 millones de euros y la posibilidad de destinar hasta el 3 por ciento a los gastos indispensables de gestión guardan relación con la extensión territorial de los episodios, la pluralidad de sectores afectados y la necesidad de disponer de una capacidad operativa suficiente para tramitar, comprobar y abonar las ayudas con rapidez. En todo caso, el acceso no deriva de la mera ubicación en un municipio incluido en el ámbito de aplicación, sino que exige acreditar individualmente la afección directa y efectiva del establecimiento o de la actividad.

La medida tiene carácter extraordinario, temporal y limitado a los establecimientos afectados por los episodios y territorios expresamente delimitados en la norma. No establece un régimen general o permanente de apoyo a los sectores incluidos, sino una respuesta singular frente a una emergencia concreta y temporalmente identificada.

En lo que respecta a las medidas en materia de personal funcionario interino en las Delegaciones del Gobierno de Andalucía, Extremadura y Comunitat Valenciana, conviene advertir que el punto de partida sigue siendo el mismo marco general de actuación que el que ya quedó definido en el propio expositivo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre y el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, esto es, que la situación que afrontan los municipios afectados justifica la concurrencia de motivos que acreditan la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas como la de la prórroga del nombramiento o diferimiento del cese de los funcionarios interinos que gestionan las ayudas recogidas en dichos reales decretos-leyes.

Se estima, en conclusión, que la regulación respeta los límites materiales previstos en el artículo 86.1 de la Constitución Española. No afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución , al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general. La norma se limita a establecer medidas extraordinarias dentro del ámbito de las competencias estatales, sin alterar el reparto constitucional de competencias ni impedir la adopción de medidas complementarias por las comunidades autónomas y las entidades locales.

IV

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación. Responde a los principios de necesidad y eficacia dado que hace frente a la situación que ya se ha expuesto. Persigue pues un objetivo de interés general consistente en favorecer la rápida recuperación de los sectores productivos e infraestructuras que han resultado afectados por los daños provocados por la DANA Adam, y que requieren la intervención del Estado mediante las medidas que se adoptan en esta norma.

Se atiende al principio de proporcionalidad, al establecer las medidas indispensables para alcanzar dicho objetivo. Igualmente se da cumplimiento al principio de seguridad jurídica, por cuanto la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico. Además, ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible de muchas de las medidas a implementar y ante las alternativas posibles, hacen que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente. Establece por otra parte una regulación clara y suficiente de los requisitos esenciales de acceso y funcionamiento de las ayudas.

Por lo que al principio de transparencia se refiere, y si bien la norma está exenta de la realización de los trámites de consulta pública y audiencia e información pública, tal y como establece el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los objetivos que pretende este real decreto-ley están nítidamente explicados tanto la parte expositiva del mismo como en la Memoria que lo respalda. Igualmente, el principio de transparencia se materializa por medio de la publicación de la norma en el “Boletín Oficial del Estado” y con su posterior remisión al Congreso de los Diputados para su convalidación en debate público.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, en este real decreto-ley se ha procurado que la norma genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía, simplificando la gestión y limitando las cargas administrativas a aquellas imprescindibles para el necesario control de los fondos públicos.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 11.ª, 13.ª, 14.ª, 22.ª, 23.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en materia de hacienda general; legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma; legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; y seguridad pública.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de las Ministras y Ministros de Hacienda; de Industria y Turismo; de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Política Territorial y Memoria Democrática; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y de Economía, Comercio y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto-ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes de respuesta a los daños ocasionados por la depresión aislada en niveles altos (en adelante DANA), denominada Adam, entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, en diferentes municipios afectados por las lluvias intensas e inundaciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas previstas en los capítulos IV y V de este real decreto-ley serán de aplicación a los municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la DANA Adam los días 18 y 19 de octubre de 2026 que estén incluidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2026, por la que se amplía la relación de municipios afectados por la DANA Adam de los días 18 y 19 de octubre de 2026, contenida en los anexos de los Decretos 168/2026, 169/2026, 173/2026 y 174/2026, del Consell, publicada en el “Diario Oficial de la Generalitat de Valencia” núm. 10484 de 2 de noviembre de 2026.

2. La persona titular de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana podrá ampliar, mediante resolución, el ámbito territorial de aplicación de estas medidas a otros municipios no incluidos en la resolución a que se refiere el apartado anterior en los que se hayan producido daños como consecuencia directa de la DANA Adam los días 18 y 19 de octubre de 2026, siempre que, atendiendo a la naturaleza, intensidad y extensión de los daños constatados, resulte justificada su inclusión. Estas resoluciones se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”.

3. Las medidas previstas en los capítulos II y III de este real decreto-ley serán de aplicación conforme se determina en dichos capítulos.

CAPÍTULO II

Medidas en materia agraria

Artículo 3. Ámbito de aplicación y régimen jurídico.

1. Las medidas previstas en este capítulo serán de aplicación a los municipios afectados por la DANA Adam entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, conforme se determina en cada artículo.

2. Con la finalidad de facilitar la gestión y obtención de las ayudas contempladas en este capítulo, las mismas no requerirán la autorización prevista en el artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Además, las previstas en los artículos 4 y 5 no estarán sujetas tampoco a las restantes disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre ; en particular lo previsto en el artículo 13, salvo los títulos II y IV de dicha ley.

3. A las ayudas previstas en este capítulo, así como en la disposición adicional primera, les resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de Modificación Parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio, y en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre , del Impuesto sobre Sociedades.

4. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para aprobar, mediante orden ministerial, las modificaciones, adaptaciones y concreciones que resulten precisas.

Artículo 4. Ayuda extraordinaria para incrementar la ayuda a la prima del seguro de titulares de pólizas del seguro agrario combinado que hayan sufrido siniestro indemnizable como consecuencia de la DANA Adam.

1. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal consistente en el incremento de la subvención ya concedida, destinada a titulares de pólizas de seguro agrario combinado que hayan sufrido siniestro indemnizable como consecuencia de la DANA Adam entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 que hayan comunicado el parte de siniestro a AGROSEGURO antes de que hayan transcurrido cinco días hábiles desde entrada en vigor de este real decreto-ley.

Esta ayuda complementará a la concedida por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y por las comunidades autónomas, hasta alcanzar el 70 % de la prima del seguro, conforme al máximo permitido por la vigente normativa comunitaria sobre ayudas estatales al sector agrario, conforme al punto 1.2.1.6 del capítulo 1 de las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales (C 485/01). Este límite del 70 % se aplicará también a las pólizas del seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, siempre y cuando el titular de la póliza haya suscrito también un seguro de explotación con cobertura de inundación o riesgos excepcionales para animales vivos (líneas de seguro de ganado de vida), con resultado de siniestro indemnizable como consecuencia de la DANA Adam.

El Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados cumple con lo establecido en las citadas Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales, publicadas mediante Comunicación de la Comisión Europea (2022/C 485/01). Así, la ayuda de Estado contemplada en dicho Plan ha sido reconocida como compatible con el mercado interior comunitario en virtud de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2025 [Ayuda N.º SA.120707 (2025/N)] - Ayudas para el pago de primas de seguros) hasta el 31 de diciembre de 2029.

Esta ayuda se aplicará a quienes sean titulares de pólizas contratadas y en vigor en la fecha de ocurrencia de la DANA con parcelas o explotaciones aseguradas que hayan resultado siniestradas e indemnizables por tal motivo y dispongan de las correspondientes actas de tasación definitivas.

2. El importe de esta subvención suplementaria correspondiente a cada póliza se calculará detrayendo la cuantía de la subvención que ya se hubiera otorgado por ENESA y, en su caso, por la comunidad autónoma correspondiente, de modo que el importe a abonar se obtiene conforme a la siguiente fórmula:

Ayuda = (0,7× coste de la prima) − (subvención ENESA + subvención autonómica)

3. Esta subvención complementaria se concederá en el ámbito del plan anual de seguros agrarios en el que se suscribió la póliza, estando, por tanto, sujeta a los requisitos establecidos en el correspondiente plan, en los mismos términos que las demás pólizas.

4. El pago de esta ayuda se efectuará por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA (AGROSEGURO) en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre y cuando estuvieran disponibles las correspondientes actas de tasación definitivas, en la cuenta corriente que figure en la póliza del asegurado, en virtud del convenio entre la Agrupación y la Entidad Estatal de seguros Agrarios, O.A. (ENESA). En el caso de que, dos meses después de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley no estuvieran disponibles las citadas actas, el pago se realizará en el plazo máximo de un mes a contar desde el día en que estén disponibles.

5. El crédito estimado para atender esta ayuda se adicionará al presupuesto aprobado para el Cuadragésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025, publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

6. Al objeto de financiar las ayudas previstas en este artículo, se aprueba la concesión de un suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la aplicación 21.01.000X.41400, por importe de 700.000,00 euros.

Este importe podrá ser librado en una única vez.

El suplemento de crédito anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto del organismo 102 “Entidad Estatal de Seguros Agrarios” de la Sección 21 “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”:

a) En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 400.01 por importe de 700.000,00 de euros.

b) En el presupuesto de gastos, en la aplicación 21.102.416A.471.00, por importe de 700.000,00 de euros.

La financiación del suplemento de crédito anterior se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, en el Presupuesto del Estado.

Artículo 5. Ayuda extraordinaria para compensar daños no indemnizados por el seguro agrario a los titulares de pólizas que resulten con siniestro indemnizable.

1. Se aprueba una ayuda extraordinaria, bajo el sistema de ayudas de minimis, destinada a compensar el valor económico de la producción asegurada dañada por los efectos de la DANA Adam a los titulares de pólizas del seguro agrario combinado, en la parte no cubierta por la indemnización del seguro en aplicación de las condiciones establecidas en la póliza contratada.

2. Serán beneficiarios de esta ayuda los titulares de pólizas de seguros agrícolas o de producciones ganaderas con cobertura de accidentes y enfermedades animales, con parcelas o explotaciones aseguradas cuyas producciones aseguradas hayan resultado con siniestro indemnizable por daños ocasionados por la DANA Adam entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 que hayan comunicado el parte de siniestro a AGROSEGURO antes de que hayan transcurrido cinco días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

3. El importe concreto de la ayuda se determinará a partir de las valoraciones y condiciones recogidas en las actas de tasación definitivas de las correspondientes pólizas. En concreto, se calculará restando al importe del daño total valorado en la peritación del seguro, el importe de la indemnización que le corresponda en aplicación de las condiciones establecidas en el contrato de la póliza de seguro combinado y al amparo del artículo 59.2 del Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre , sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre .

4. En el caso de pólizas cuyos titulares sean entidades asociativas, éstas procederán al pago del importe correspondiente a cada socio siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la distribución de las indemnizaciones del seguro agrario.

5. No se concederá la ayuda cuando el importe a percibir por la persona o entidad beneficiaria resulte inferior a 100 euros.

6. El procedimiento de concesión de esta ayuda, que será electrónico, se tramitará de oficio y se instruirá por el órgano de la Subsecretaría que determine la persona titular de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se ajustará a las siguientes reglas:

a) El procedimiento se iniciará de oficio con la publicación por la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, de la primera de las sucesivas relaciones con los posibles beneficiarios en los que concurran los requisitos establecidos en este artículo, así como la cuantía de la ayuda a recibir.

Las relaciones a las que se refiere el párrafo anterior se publicarán a medida que se vaya disponiendo de las tasaciones definitivas de daños de cada una de las producciones en las explotaciones de los afectados.

Dichas relaciones se confeccionarán con base en los datos facilitados a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA (Agroseguro), de conformidad con el convenio existente entre ambas entidades, obtenidos a partir de las pérdidas que figuran en las correspondientes actas de tasación del seguro.

b) Las personas y entidades que figuren en alguna de las relaciones a las que se refiere la letra anterior dispondrán de un plazo de cinco días hábiles desde la publicación de aquélla para rechazar la ayuda o comunicar los errores materiales de identificación o de información personal que pudieran apreciar en la misma. Dicha comunicación se realizará por los medios electrónicos que se indiquen en la correspondiente relación.

c) Transcurrido el plazo previsto en la letra anterior, la Subsecretaría procederá a los pagos de la ayuda a las personas y entidades beneficiarias que no hubieran renunciado, abonándose en la cuenta bancaria que figura en la póliza del asegurado, proporcionada por ENESA.

d) Una vez publicada la última de las relaciones previstas en la letra a), quienes no figuren en ninguna de las relaciones publicadas podrán entender denegada la concesión de la ayuda. Contra dicha denegación cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, computándose el plazo de interposición del recurso a partir de la fecha de publicación de la última relación.

7. La concesión de las ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente, así como al cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, especialmente en referencia a no superar el tope individual y nacional establecidos en el mismo.

8. Al objeto de financiar la ayuda prevista en este artículo, se aprueba la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la aplicación 21.01.411M.476 “Ayudas por daños en la actividad agraria causados por la DANA”, por importe de 3.000.000,00 de euros.

El crédito extraordinario anterior tendrá naturaleza incorporable.

La financiación del crédito extraordinario anterior, así como de las incorporaciones de crédito que se tramiten, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Medidas para la recuperación de caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riego.

1. Se autoriza, con carácter excepcional, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar las actuaciones para la recuperación por emergencia de los caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riego que hayan resultado dañadas entre los días 17 y 19 de octubre de 2026 por efecto de la DANA Adam como consecuencia de su ubicación en zonas que, en dichas fechas, se vieran afectadas por precipitaciones acumuladas que, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hubieran superado el criterio de aviso nivel rojo por tormentas de acuerdo al Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta).

En concreto, las actuaciones estarán comprendidas dentro de uno de los siguientes ámbitos:

a) Reparación y acondicionamiento de caminos agrícolas de uso público de acceso a las diferentes parcelas e instalaciones agrarias.

b) Limpieza y, si procede, reparación de instalaciones, balsas o sistemas de almacenamiento de agua para el riego, acequias, tuberías, canales y compuertas, y elementos hidráulicos y energéticos, pertenecientes a una Comunidad de Regantes o a una comunidad de usuarios de agua de ámbito agrario.

En ningún caso las actuaciones comprenderán la reparación o sustitución de elementos que estén asegurados.

2. Las Administraciones públicas en el caso de los caminos agrícolas de uso público afectados y las comunidades de regantes o las comunidades de usuarios del agua afectadas presentarán una comunicación de daños y solicitud de reparación dirigida a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las solicitudes se presentarán por la persona titular de la alcaldía del municipio o de la presidencia de la comunidad de regantes o comunidad de usuarios. En el primero de los casos, la solicitud deberá acompañarse de un informe de los servicios técnicos del ayuntamiento o, en su defecto, del secretario del ayuntamiento en el que se acredite la existencia de los daños comunicados y su encaje con lo dispuesto en el apartado 1. En el caso de las comunidades de regantes o comunidades de usuarios, el informe será del técnico responsable de la comunidad y, en su defecto, por parte del Presidente.

Las comunicaciones se presentarán a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://sede.mapa.gob.es/ según el formulario que se pondrá a disposición en el tablón de anuncios de dicha sede, acompañando la documentación adicional que se indique.

El plazo de presentación de la comunicación será de siete días hábiles, improrrogables, desde la publicación de la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria que apruebe el citado formulario en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada.

3. Recibidas las comunicaciones de daños, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria realizará a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA) cuantas actuaciones resulten necesarias para la verificación de los daños y de la información presentada en cada comunicación y la valoración económica de las actuaciones que en su caso sean precisas, así como para la planificación de las obras correspondientes. SEIASA emitirá un informe por cada una de las comunicaciones indicando si procede la aplicación de lo dispuesto en este artículo que se acompañará, en su caso, de una memoria valorada de las actuaciones a desarrollar.

Con el fin de garantizar una actuación eficaz y eficiente de los recursos disponibles, concentrando los esfuerzos en la reparación de las infraestructuras con daños de mayor envergadura, las actuaciones valoradas se limitarán a aquellas comunicaciones cuyos daños comprobados tengan un importe de ejecución material superior a 100.000,00 euros.

4. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria procederá, en el caso de que el informe señalado en el apartado anterior haya acreditado la existencia de daños a los que resulte de aplicación lo dispuesto en este artículo, a validar este informe. A consecuencia de ello, SEIASA incluirá estos trabajos en la planificación de obras y seleccionará la empresa o empresas adecuadas a contratar para la realización de las obras, la asistencia técnica a la dirección de obra necesaria, y la vigilancia de la seguridad y salud. Estos contratos tendrán carácter de emergencia conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

5. Para el ejercicio por SEIASA de las funciones encomendadas en este artículo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación transferirá a SEIASA los fondos asignados a las actuaciones indicadas en el presente artículo, con las siguientes obligaciones por su parte:

a) Realizar la comprobación de los daños comunicados y valorar aquellos que sean susceptibles de ser recuperados por cumplir los preceptos de este artículo.

b) Aportar las memorias valoradas de esos daños a la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, así como la ejecución de las actuaciones inherentes a las mismas.

c) La dirección facultativa de las obras, que se llevará a efecto para la correcta implementación de cada contrato o encargo de ejecución de obra.

d) La contratación con terceros se regirá por el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, aplicable a las sociedades mercantiles públicas.

e) Realizará la recepción y liquidación de las obras en base al informe validado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, en los términos establecidos en los instrumentos jurídicos conformados entre las empresas constructoras y la Sociedad Mercantil Estatal para la ejecución de la obra.

f) SEIASA presentará, para la justificación del cumplimiento del objetivo del presente artículo, en relación con cada informe valorado: el acta de recepción de las obras, un informe de obra elaborado por la Dirección facultativa de las mismas, en el que se incluya un resumen de los principales aspectos de la actuación, así como la declaración de costes totales de la actuación.

g) SEIASA entregará las obras a los titulares de las infraestructuras una vez practicada la liquidación del “coste total de la actuación”, previo visto bueno de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria mediante la correspondiente acta de entrega.

6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, llevará a cabo:

a) La validación de los informes valorados que SEIASA presente por ser susceptibles de ser beneficiados a través del presente artículo.

b) La verificación y control documental y sobre el terreno de la ejecución de las obras conforme al informe validado, a su recepción por SEIASA.

7. Se declaran de interés general de la Administración General del Estado todas las actuaciones incluidas en este artículo. Asimismo, se declaran de utilidad pública y de urgencia a los efectos previstos en los artículos 9 y 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa. Completada la ejecución de las actuaciones, las obras resultantes se pondrán a disposición de sus titulares para su puesta en servicio, conservación y explotación.

8. De forma excepcional, cuando las actuaciones sobre el terreno descritas en este artículo lo hagan imprescindible por persistir las circunstancias contempladas en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá declarar de forma motivada la continuidad de la emergencia.

9. Estas actuaciones se realizarán sin perjuicio del derecho de repetición que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pueda ejercer en caso de que las actuaciones estuvieran ya cubiertas por una póliza de aseguramiento en vigor.

10. Al objeto de financiar las medidas previstas en este artículo, se aprueba la concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la aplicación 21.08.414A.740 “Actuaciones a través de SEIASA para la recuperación del potencial agrícola. Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre.”, por importe de 85.000.000,00 de euros.

El crédito extraordinario anterior tendrá naturaleza incorporable.

La financiación del crédito extraordinario anterior, así como de las incorporaciones de crédito que se tramiten, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 7. Línea de ayudas DANA/ICO-MAPA-SAECA.

1. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrirá un nuevo plazo, que concluirá como máximo el 1 de marzo de 2028, de solicitud de la convocatoria de 26 de diciembre de 2024 de la línea establecida en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, durante el cual podrán presentarse también los beneficiarios recogidos en el artículo 3.1 e) del Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación, sin necesidad de una nueva convocatoria, con el crédito disponible y para todo el territorio nacional. No se requerirá el anexo IV de la citada convocatoria.

2. El Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, S.M.E., para la gestión de ayudas del MAPA en la Línea “ICO MAPA SAECA” en el marco de la Línea “ICO Garantía SGR/SAECA” se modificará con objeto de adecuarlo a lo establecido en los apartados anteriores.

3. Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abrirá un nuevo plazo de solicitud de la convocatoria de 26 de diciembre de 2024 de la línea establecida en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, que concluirá como máximo el 1 de marzo de 2028, sin necesidad de una nueva convocatoria, con el crédito disponible y para todo el territorio nacional.

Artículo 8. Consideración de fuerza mayor.

La afectación de los productores primarios por los acontecimientos objeto de este real decreto-ley se considera causa de fuerza mayor a los efectos de dar por cumplidas las obligaciones contenidas en las normas reguladoras de su actividad.

La invocación de este principio se aplicará al incumplimiento total o parcial de una o más obligaciones exclusivamente debido a la DANA y solo durante el período en que la DANA o sus consecuencias impidan el cumplimiento de dichas obligaciones.

CAPÍTULO III

Medidas de emergencia para la reparación de daños en el dominio público hidráulico y en el dominio público marítimo-terrestre

Artículo 9. Obras de emergencia para la reparación de daños en el dominio público hidráulico y de infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal.

1. Las actuaciones necesarias para la reparación de los daños y la protección del dominio público hidráulico, así como las de reparación, rehabilitación y mejora de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas por la DANA Adam se podrán tramitar por el procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

2. Al objeto de financiar las obras previstas en este artículo, se aprueba la concesión de los siguientes créditos extraordinarios en el Presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:

a) Crédito extraordinario en la aplicación 23.05.000X.71009 “A la Confederación Hidrográfica del Júcar para financiar actuaciones necesarias para paliar los daños en el dominio público hidráulico provocados por la DANA Adam”, por importe de 3.000 miles de euros.

El crédito extraordinario anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto del organismo 107 “Confederación Hidrográfica del Júcar” de la Sección 23 “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”:

1.º En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 70011 “Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar actuaciones necesarias para paliar los daños en el dominio público hidráulico provocados por la DANA Adam”, por importe de 3.000 miles de euros.

2.º En el presupuesto de gastos, en el programa “452A Gestión e infraestructuras del agua”, concepto 612 “Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre.”, por importe de 3.000 miles de euros.

b) Crédito extraordinario en la aplicación 23.05.000X.71013 “A la Confederación Hidrográfica del Segura para financiar actuaciones necesarias para paliar los daños en el dominio público hidráulico provocados por la DANA Adam”, por importe de 1.500 miles de euros.

El crédito extraordinario anterior tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto del organismo 109 “Confederación Hidrográfica del Segura” de la Sección 23 “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”:

1.º En el presupuesto de ingresos, en el subconcepto 70012 “Del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para financiar actuaciones necesarias para paliar los daños en el dominio público hidráulico provocados por la DANA Adam”, por importe de 1.500 miles de euros.

2.º En el presupuesto de gastos, en el programa “452A Gestión e infraestructuras del agua”, concepto 612 “Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre.”, por importe de 1.500 miles de euros.

La financiación de los anteriores créditos extraordinarios se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 10. Actuaciones de emergencia para la reparación de daños en dominio público marítimo-terrestre y otras actuaciones para la mejora de la resiliencia de la costa de la Comunitat Valenciana.

1. Las actuaciones necesarias para la reparación de los daños y la protección del dominio público marítimo-terrestre en el ámbito afectado por el temporal Adam se podrán tramitar por el procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

2. Asimismo podrán abordarse otras actuaciones previstas en el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los efectos del Cambio Climático que sean necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del litoral de la Comunitat Valenciana frente a futuros fenómenos meteorológicos adversos y otros efectos del cambio climático.

3. Al objeto de financiar estas actuaciones, se aprueba la concesión en el Presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de un crédito extraordinario, al que se otorga el carácter de incorporable, en la aplicación 23.06.456D.616 “Para financiar actuaciones necesarias para paliar los daños en el dominio público marítimo-terrestre provocados por el temporal ADAM y para mejorar la resiliencia del litoral de la Comunitat Valenciana”, por importe de 70.000 miles de euros.

La financiación de los anteriores créditos extraordinarios, y de las incorporaciones de crédito que se tramiten, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO IV

Medidas tributarias y financieras

Artículo 11. Beneficios fiscales.

1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2026 referidas a los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales situados en los municipios o zonas de los mismos a que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley, que hayan resultado dañados como consecuencia directa de la DANA denominada Adam, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, así como en caso de pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas.

2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2026 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad, situados en los municipios o zonas de los mismos a que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley, que hayan resultado dañados como consecuencia directa de la DANA, denominada Adam, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad hasta la reparación de los daños sufridos. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio de aquella, que surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2025.

3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos previstas en los apartados anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.

4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los apartados anteriores, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.

5. La disminución de ingresos en tributos locales que las exenciones y reducciones previstas en los apartados anteriores produzcan en los ayuntamientos y diputaciones provinciales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo .

6. Estarán exentas de la tasa de acreditación catastral, establecida en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , la expedición por parte de la Dirección General del Catastro de certificaciones sobre inmuebles ubicados en municipios contemplados o zonas de los mismos a que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley.

Artículo 12. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.

Para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de las inundaciones y situaciones catastróficas a que se refiere el artículo 2 del presente real decreto-ley y conforme a las previsiones contenidas en el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo , la persona titular del Ministerio de Hacienda, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAC/1425/2025, de 9 de diciembre , por la que se desarrollan para el año 2026 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 13. Inversiones realizadas por las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma como consecuencia de la DANA, denominada Adam.

1. Las inversiones que se realicen para paliar los daños consecuencia de las inundaciones y otros sucesos a que se refiere el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026 y para prevenir futuros daños derivados de acontecimientos similares, realizadas por las entidades locales que, estando incluidas en el artículo 2 de esta norma, cumplan con los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de inversiones financieramente sostenibles, a efectos de la utilización del superávit presupuestario de los ejercicios de 2025, de 2026 y de 2027.

Con carácter extraordinario, en relación con los requisitos recogidos en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional, sólo será exigible que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, sin descontar el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , a aquellos ayuntamientos que estén sujetos a un plan de sostenibilidad financiera aprobado con arreglo a acuerdos precedentes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; y que, por aplicación del aprobado el 21 de abril de 2025, tengan algún préstamo vigente con el Fondo de Financiación a Entidades Locales cuyo período de amortización se amplió en 20 años.

2. Excepcionalmente, las inversiones citadas en el apartado anterior se ejecutarán con carácter prioritario frente a otras inversiones financieramente sostenibles y no les resultarán de aplicación los apartados 1, 2, 4, 6 y 7 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

El anterior régimen excepcional se aplicará a las inversiones mencionadas en el apartado 1 que se inicien en 2026 por las entidades locales incluidas en el artículo 2 de esta norma, financiadas con el superávit presupuestario de 2025, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 13/2026, de 2 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. No obstante, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda iniciarse o ejecutarse en 2026, podrá iniciarse o ejecutarse en 2027, y el gasto autorizado en 2026 o en 2027 se podrá comprometer y reconocer, respectivamente, en el ejercicio 2027 o en 2028, financiándose con cargo al remanente de tesorería del ejercicio inmediato anterior, con el límite del superávit de 2025, que quedará afectado a ese fin por ese importe y la corporación local no podrá incurrir en déficit al final de cada uno de esos ejercicios. En todo caso, los proyectos de inversión deberán haberse iniciado antes del 31 de diciembre de 2027.

En las inversiones mencionadas en el apartado 1 financiadas con el superávit de 2026 que se inicien en 2027 y no puedan ejecutarse al finalizar ese ejercicio, la parte del gasto autorizado en dicho ejercicio se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2028, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2027, que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. Asimismo, la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2028.

En las inversiones mencionadas en el apartado 1 financiadas con el superávit de 2027 que se inicien en 2028 y no puedan ejecutarse al finalizar ese ejercicio, la parte del gasto autorizado en dicho ejercicio se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2029, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2028, que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. Asimismo, la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2029.

Las Entidades Locales podrán tramitar como gastos plurianuales las inversiones financieramente sostenibles a las que se refiere este artículo, en los términos previstos en el último párrafo del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .

Artículo 14. Financiación por el Fondo de Financiación a Entidades Locales.

1. En aplicación del artículo 40.1.d) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se podrá aprobar la cobertura en 2027 de las necesidades financieras que se deriven de las actuaciones necesarias para paliar los efectos derivados de la catástrofe o prevenir futuros daños ante acontecimientos similares por parte de las entidades locales a las que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley que estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 39.1 del referido real decreto-ley. Por lo que se refiere a las entidades incluidas en el apartado a) de aquel precepto, se tendrá en cuenta la relación de las que han podido solicitar la adhesión al Fondo de Ordenación para cubrir necesidades financieras en 2027, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 2 del presente real decreto-ley. Las entidades locales mencionadas, que no estén incluidas en aquella relación ni en la recogida en el apartado 2 de este artículo, se entenderán comprendidas en el ámbito subjetivo del apartado b) del artículo 39.1 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre.

Las entidades locales que se encuentren en el citado apartado a) y que, de aprobarse, se acojan a la financiación anterior, excepcionalmente sólo quedarán sujetas a la condicionalidad establecida en el artículo 46 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre.

2. En aplicación del artículo 52 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se podrá aprobar la financiación en 2027 de proyectos de inversión que sean necesarios para paliar los efectos derivados de la catástrofe o prevenir futuros daños ante acontecimientos similares por parte de las entidades locales a las que se refiere el artículo 2 de este real decreto-ley que estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. A estos efectos se tendrá en cuenta la relación de las entidades locales que han podido solicitar la adhesión al Fondo de Impulso Económico para cubrir necesidades financieras en 2027, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el presente real decreto-ley.

3. En el acuerdo que, en su caso, pueda adoptar la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinarán las condiciones financieras de los préstamos y los procedimientos que serán de aplicación y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2, se podrán ampliar los municipios beneficiarios de la financiación a la que se refiere este artículo, siempre que hayan sido afectados por la catástrofe.

Artículo 15. Gastos extraordinarios de las entidades locales incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma a efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales.

A efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales, se considerarán de forma diferenciada los gastos extraordinarios que realicen las entidades locales a las que se refiere el artículo 2 del presente real decreto-ley, y que registren contablemente de forma separada, como consecuencia de la DANA, denominada Adam.

La financiación afectada que reciban estas entidades locales para atender los referidos gastos extraordinarios se registrará, a efectos de cumplimiento de las reglas fiscales, en el ejercicio en que se realice el gasto.

Artículo 16. Planes económico-financieros en 2026 y 2027 de las entidades locales afectadas por la DANA, denominada Adam, a las que se refiere este real decreto-ley.

Excepcionalmente, en los ejercicios 2026 y 2027, no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 21 , 23 y 25 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto que se hayan producido en la liquidación del presupuesto de 2025 o que se puedan producir en la del presupuesto de 2026, por parte de las entidades locales a las que se refiere el artículo 2 del presente real decreto-ley.

Artículo 17. Financiación de los gastos extraordinarios en respuesta a la DANA, denominada Adam, de la Comunitat Valenciana.

1. Excepcionalmente, para cubrir las necesidades de financiación derivadas de los gastos extraordinarios ejecutados o que se prevea ejecutar en 2026 y 2027 el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los previstos en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre , para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de la DANA, denominada Adam, acaecida en octubre de 2026.

Sin perjuicio de las especificaciones que realice al efecto la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a estos efectos, se entenderán por gastos extraordinarios los gastos no financieros directamente vinculados a la respuesta, reparación, restitución o reconstrucción derivada de la emergencia o a la prevención de futuros daños derivados de acontecimientos similares y que no hayan sido financiados mediante otros recursos públicos o privados.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la financiación asignada con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para cubrir esos gastos extraordinarios se considerará incluida dentro del ámbito objetivo del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, adicional a las previstas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. El endeudamiento asignado conforme al párrafo anterior se tendrá en cuenta a efectos del objetivo de deuda.

2. A efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales, se considerarán de forma diferenciada los gastos extraordinarios que realice la Comunitat Valenciana y que registre contablemente de forma separada, como consecuencia de la DANA, denominada Adam.

CAPÍTULO V

Medidas extraordinarias de apoyo a la recuperación y reactivación del comercio minorista, del sector turístico y de la hostelería afectados por determinados fenómenos meteorológicos adversos

Artículo 18. Objeto y finalidad.

1. Las presentes medidas tienen por objeto establecer la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para financiar actuaciones extraordinarias destinadas a operadores económicos que ejerzan su actividad en establecimientos de comercio minorista, turísticos y de hostelería que hayan sufrido daños materiales o una interrupción, suspensión o limitación efectiva de su actividad como consecuencia directa de los fenómenos meteorológicos adversos comprendidos en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 19.

2. La subvención tendrá como finalidad contribuir a la continuidad, recuperación y reactivación de la actividad en los establecimientos afectados, así como financiar los gastos estrictamente necesarios para la gestión de dichas ayudas, en los términos previstos en este real decreto-ley.

Artículo 19. Ámbito territorial y situación determinante de la ayuda.

1. El presente capítulo tiene por objeto establecer ayudas directas destinadas a favorecer la continuidad, reapertura y reactivación de establecimientos de comercio, turismo y hostelería afectados por la DANA Adam de los días 18 y 19 de octubre de 2026, ubicados en los municipios de la Comunitat Valenciana comprendidos en el ámbito territorial previsto en el artículo 2.

2. La mera ubicación de un establecimiento dentro del ámbito territorial establecido no determinará el derecho a obtener la ayuda. Será necesario acreditar que el establecimiento o la actividad comercial, turística o de hostelería han sufrido una afección directa, efectiva y causalmente vinculada a alguno de los fenómenos a que se refiere el apartado anterior.

3. Se considerará que existe afección efectiva cuando concurra, al menos, alguna de las siguientes circunstancias:

a) Daños materiales en el establecimiento, instalaciones, equipamiento, maquinaria, mobiliario, mercancías, existencias u otros bienes vinculados a la actividad comercial, turística o de hostelería.

b) Interrupción, suspensión o limitación efectiva de la actividad comercial, turística o de hostelería como consecuencia directa del correspondiente episodio meteorológico.

En ambos casos deberá acreditarse la existencia de una relación directa entre la afección sufrida y alguno de los episodios meteorológicos previstos en el apartado 1.

Artículo 20. Entidad beneficiaria y modelo de gestión.

1. La entidad beneficiaria de la subvención directa regulada en este real decreto-ley será la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en adelante, Cámara de España.

2. La Cámara de España será responsable ante la Administración General del Estado de la gestión de las actuaciones financiadas, de la entrega de los fondos recibidos a los destinatarios finales de acuerdo con los criterios establecidos en el presente real decreto-ley y de la justificación de su entrega.

3. La ejecución territorial podrá realizarse con la participación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación correspondientes a los territorios afectados, en los términos establecidos, en su caso, en el convenio previsto en el presente real decreto-ley y en los instrumentos jurídicos que, en su caso, formalice la Cámara de España. Dicha participación no alterará la condición de beneficiaria ni la responsabilidad de la Cámara de España frente a los órganos concedentes.

4. Los operadores económicos que perciban las ayudas tendrán la consideración de destinatarios finales de las actuaciones financiadas. Sin perjuicio de la condición de beneficiaria de la subvención estatal que corresponde a la Cámara de España, los destinatarios finales quedarán sujetos a los requisitos, obligaciones y controles expresamente establecidos en este real decreto-ley y a las restantes normas que les resulten de aplicación.

Artículo 21. Destinatarios finales.

1. Podrán ser destinatarias finales:

a) Las personas físicas que desarrollen por cuenta propia una actividad de comercio minorista, turística o de hostelería, y estén dadas de alta como trabajadoras autónomas;

b) Las personas jurídicas que desarrollen alguna actividad de comercio minorista, turística o de hostelería y tengan la consideración de pequeña o mediana empresa;

c) Las comunidades de bienes, sociedades civiles y demás entidades sin personalidad jurídica que desarrollen una actividad de comercio minorista, turística o de hostelería.

En todos los casos, la actividad deberá desarrollarse en un establecimiento físico abierto al público ubicado en los municipios de la Comunitat Valenciana comprendidos en el ámbito territorial previsto en el artículo 2, que haya resultado directa y efectivamente afectado por alguno de los episodios contemplados en el artículo 19.

2. Podrán ser destinatarias finales quienes cumplan los siguientes requisitos:

a) Desarrollar una actividad de comercio minorista comprendida en el código CNAE 47, comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, o en los epígrafes de las agrupaciones 64, excepto el epígrafe 647.5; 65, excepto el grupo 655; y 97, grupos 971 y 972, del Impuesto sobre Actividades Económicas. O bien desarrollar una actividad de hostelería o turismo comprendida en los siguientes códigos CNAE: 55, Servicios de alojamiento; 56, Servicios de comidas y bebidas; 7721, Alquiler de artículos de ocio y deportivos; 79, actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; 90, Actividades de creación artísticas y artes escénicas; 91, Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; y 932 otras actividades recreativas y de entretenimiento.

b) Encontrarse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores con anterioridad al comienzo del episodio meteorológico que hubiera afectado al establecimiento.

c) Desarrollar su actividad económica de forma efectiva en un establecimiento físico abierto al público.

d) Acreditar la afección efectiva exigida por el artículo 19.

e) Cumplir los requisitos derivados del régimen de ayudas de Estado establecido en el artículo 24.3.

f) Mantener la actividad o comprometerse a reanudarla en el plazo máximo de seis meses desde la concesión de la ayuda.

3. Una misma persona o entidad podrá obtener una ayuda por cada establecimiento en el que desarrolle legítimamente su actividad, siempre que cada establecimiento reúna individualmente todos los requisitos establecidos en este real decreto-ley, sin perjuicio de los límites derivados de la normativa europea sobre ayudas de Estado.

4. Quedan excluidas de esta línea las entidades titulares o gestoras de establecimientos colectivos respecto de los daños producidos en sus zonas, instalaciones, equipamientos o servicios comunes. Esta exclusión no afectará a los establecimientos individuales de comercio minorista, turísticos o de hostelería ubicados en su interior cuando cumplan individualmente los requisitos establecidos en este real decreto-ley.

Artículo 22. Actuaciones financiables.

1. Los fondos concedidos se destinarán prioritariamente a financiar ayudas extraordinarias de cuantía fija por establecimiento afectado destinadas a favorecer la continuidad, reapertura y reactivación de la actividad comercial minorista, turística o de hostelería.

2. También serán financiables los gastos indispensables de gestión, asistencia técnica, comunicación, comprobación, auditoría, seguimiento y evaluación directamente vinculados a la ejecución de la medida y efectivamente soportados por la Cámara de España, así como los costes indirectos imputables a dichas actuaciones, calculados conforme al método y dentro del límite que se establezcan en el convenio.

Artículo 23. Cuantía y financiación.

1. El importe máximo de la subvención directa concedida a la Cámara de España será de 15 millones de euros.

2. La cuantía de la ayuda por establecimiento afectado será:

a) De 5.000 euros, cuando la persona destinataria final sea una persona trabajadora autónoma.

b) De 10.000 euros, cuando la destinataria final sea una pequeña o mediana empresa o una entidad sin personalidad jurídica.

3. Hasta un máximo del 3 % de la subvención podrá destinarse a los gastos previstos en el artículo 22.2.

4. La subvención se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 27.15.431O.486 (“Subvención directa a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España para la reactivación del comercio afectado por la DANA Adam”) del presupuesto del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y a tal efecto se aprueba en el citado concepto la concesión de un crédito extraordinario, al que se le otorga la naturaleza de incorporable, por importe de 15.000 miles de euros. La financiación del crédito extraordinario anterior y de las incorporaciones de crédito que se tramiten, se realizará de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A las transferencias de crédito que, en su caso se tramiten, no les resultarán de aplicación las restricciones reguladas en el artículo 52.1 de la citada Ley General Presupuestaria.

Artículo 24. Régimen de concesión y normativa aplicable.

1. Se concede de forma directa una subvención a la Cámara de España al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Concurren razones de interés público, social y económico que dificultan su convocatoria pública, derivadas del carácter extraordinario e imprevisible de los fenómenos meteorológicos producidos, de la necesidad de movilizar inmediatamente los recursos para atender a los establecimientos afectados y de garantizar una ejecución coordinada en los diferentes territorios incluidos en el ámbito de aplicación.

2. La subvención se regirá por este real decreto-ley, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , por su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , y por las restantes normas nacionales y de la Unión Europea que resulten aplicables.

3. Las ayudas otorgadas a los destinatarios finales estarán sujetas al Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

4. Antes de conceder cada ayuda deberá comprobarse que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excede del límite establecido en dicho Reglamento durante el período temporal que determine este, así como el cumplimiento de sus reglas de acumulación y restantes requisitos.

5. La Cámara de España adoptará los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información, comprobación, registro y conservación documental establecidas en la normativa europea aplicable.

6. Cuando la concesión de la cuantía correspondiente determine la superación del límite de ayudas de minimis disponible para la empresa única, el importe de la ayuda se reducirá hasta la cuantía máxima que pueda concederse sin superar dicho límite.

Artículo 25. Convenio de ejecución.

1. La Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Turismo formalizarán un convenio con la Cámara de España para concretar los aspectos instrumentales de gestión, ejecución, seguimiento, justificación y control de la subvención.

2. El convenio determinará, al menos:

a) El plan de trabajo, calendario y presupuesto de las actuaciones.

b) La documentación necesaria para acreditar los requisitos establecidos en este real decreto-ley.

c) El procedimiento de presentación y tramitación de solicitudes.

d) El sistema de comprobación y abono de las ayudas.

e) Los mecanismos de intervención y colaboración de las cámaras territoriales.

f) Los procedimientos de control del régimen de ayudas de Estado.

g) El régimen de comunicación de otras ayudas percibidas.

h) Los límites y requisitos aplicables a los gastos de gestión.

i) El régimen de justificación y conservación documental.

j) Los sistemas de intercambio de información necesarios para la gestión, comprobación y control.

3. El convenio no podrá modificar los requisitos sustantivos, cuantías, destinatarios ni demás elementos esenciales del régimen de ayudas establecidos en este real decreto-ley.

4. Se constituirá una comisión paritaria de seguimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación y control que correspondan al órgano concedente y a los demás órganos competentes.

Artículo 26. Acreditación de la afección y procedimiento aplicable.

1. Para acceder a la ayuda extraordinaria de cuantía fija prevista en el artículo 23.2, la persona o entidad solicitante deberá acreditar la afección directa y efectiva de su establecimiento comercial minorista, turístico o de hostelería y la relación de causalidad con alguno de los episodios meteorológicos previstos en el artículo 19. La mera localización del establecimiento en un municipio incluido en el ámbito territorial establecido no constituirá acreditación suficiente.

2. La cuantía de la ayuda no dependerá de una valoración o peritación económica individualizada de los daños.

3. La afección efectiva se acreditará mediante la presentación de los siguientes elementos:

a) Declaración responsable de la persona titular o representante de la actividad económica ejercida en el establecimiento afectado, en la que se identifiquen el establecimiento, el episodio meteorológico causante, la naturaleza concreta de los daños o la interrupción, suspensión o limitación sufrida y la relación causal entre ambos.

b) Al menos un elemento documental que aporte indicio suficiente tanto de la realidad de los daños o de la interrupción de la actividad como de su relación directa con el episodio meteorológico. Podrán admitirse, entre otros, certificaciones o informes municipales, actas o comunicaciones de los servicios de emergencia o protección civil, fotografías o vídeos fechados y suficientemente identificables, facturas o presupuestos de limpieza, reparación o reposición, comunicaciones de interrupción de suministros esenciales, resoluciones o avisos oficiales sobre restricciones de acceso o movilidad, comunicaciones de asociaciones comerciales o cámaras territoriales contrastadas por la Cámara de España, u otros documentos de valor probatorio equivalente.

4. En los supuestos de interrupción, suspensión o limitación de la actividad sin daños materiales, la persona o entidad solicitante deberá acreditar tanto la realidad y duración de la afección a la actividad como su relación directa con el episodio meteorológico. A estos efectos, deberá identificar las fechas y circunstancias concretas de la interrupción, suspensión o limitación y aportar documentación que permita comprobar la imposibilidad o dificultad sustancial de desarrollar la actividad comercial, turística o de hostelería.

5. Las ayudas se tramitarán previa solicitud de los interesados mediante el formulario simplificado que se habilite al efecto.

6. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación en la sede electrónica de la Cámara de España, hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible. Cuando la solicitud deba ser subsanada, se considerará como fecha de presentación, a efectos de determinar el orden de prelación, aquella en la que la solicitud quede completa.

7. La Cámara de España podrá requerir documentación complementaria cuando resulte indispensable para verificar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad, así como realizar controles posteriores para comprobar la veracidad de las declaraciones y documentos aportados.

8. Las comprobaciones y verificaciones de requisitos se realizarán preferentemente mediante consultas electrónicas o intercambios directos de información entre las administraciones públicas y entidades competentes. Cuando dichas consultas no sean posibles, se solicitará a la persona o entidad interesada la documentación necesaria, con estricto respeto a la normativa sobre protección de datos personales.

Artículo 27. Pago de la subvención.

1. El pago de la subvención a la Cámara de España se efectuará anticipadamente por el 100 por cien de su importe, con carácter previo a la justificación, de conformidad con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al resultar necesario para permitir la inmediata puesta en marcha de las actuaciones.

2. La Cámara de España quedará exonerada de la constitución de garantías para la percepción del pago anticipado en los términos previstos por la normativa reguladora de subvenciones que resulte aplicable.

Artículo 28. Compatibilidad y acumulación de ayudas.

1. Las ayudas reguladas en este capítulo serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o indemnizaciones procedentes de administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales, de la Unión Europea o internacionales, siempre que dicha compatibilidad resulte admisible conforme al régimen jurídico aplicable a cada una de ellas.

2. Los destinatarios finales deberán declarar las ayudas sometidas al régimen de minimis y las restantes ayudas cuya comunicación resulte necesaria para comprobar el cumplimiento de las reglas de compatibilidad y acumulación aplicables.

3. La compatibilidad establecida en este artículo se entenderá, en todo caso, sin perjuicio del cumplimiento de los límites y reglas de acumulación establecidos en la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado.

4. Cuando se compruebe que una ayuda ha sido concedida incumpliendo dichos límites o requisitos, se procederá, según corresponda, a su minoración o recuperación.

Artículo 29. Obligaciones de la Cámara de España.

1. La Cámara de España estará obligada a:

a) Ejecutar las actuaciones financiadas conforme a este real decreto-ley y al convenio de ejecución.

b) Aplicar los fondos a la finalidad para la que sean concedidos.

c) Garantizar procedimientos objetivos, transparentes y no discriminatorios en la tramitación de las ayudas.

d) Comprobar el cumplimiento de los requisitos de los destinatarios finales.

e) Garantizar el cumplimiento del régimen de ayudas de Estado aplicable.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y de fiscalización que correspondan.

g) Conservar la documentación durante los plazos legalmente exigibles.

h) Garantizar la adecuada publicidad del origen público de los fondos.

i) Mantener mecanismos eficaces de prevención, detección y corrección de irregularidades.

Artículo 30. Justificación, comprobación y control.

1. La Cámara de España justificará ante la Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Turismo la aplicación de los fondos en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del periodo de ejecución fijado en el convenio.

2. La justificación adoptará la modalidad que resulte procedente conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y a su Reglamento, e incluirá, al menos:

a) Una memoria técnica de actuación.

b) Una memoria económica.

c) Una relación certificada de los destinatarios finales, establecimientos, municipios, actividades, importes y fechas de pago.

d) La información y documentación relativa a las comprobaciones efectuadas en materia de ayudas de Estado.

e) La acreditación de la publicidad de la financiación estatal.

f) La documentación correspondiente a los gastos de gestión.

g) El informe de una persona auditora de cuentas inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el alcance que se determine en el convenio.

3. La justificación se someterá a las actuaciones de comprobación, control financiero y fiscalización previstas en el ordenamiento jurídico.

4. La existencia de fondos no aplicados no impedirá, por sí sola, considerar cumplida la finalidad de la subvención cuando la menor aplicación de los fondos responda a una demanda real de ayudas inferior a la inicialmente prevista, siempre que se hayan tramitado todas las solicitudes completas presentadas dentro del plazo establecido, se hayan abonado las ayudas correspondientes a las personas o entidades que cumplan los requisitos y no exista incumplimiento imputable a la Cámara de España.

Estas circunstancias serán comprobadas por el órgano concedente, previo informe de la comisión de seguimiento, atendiendo al grado de consecución de los objetivos e indicadores establecidos en el convenio y a la adecuada ejecución de las actuaciones de difusión, gestión, comprobación, pago y justificación.

Una vez declarada cumplida la finalidad de la subvención, los fondos no aplicados y, en su caso, los rendimientos financieros correspondientes se determinarán y devolverán al Tesoro Público en la liquidación ordinaria. Dicha devolución no tendrá la consideración de reintegro por incumplimiento ni dará lugar a la exigencia de intereses de demora.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a las cantidades indebidamente aplicadas, no justificadas o afectadas por alguna de las causas de reintegro previstas en la normativa aplicable.

Disposición adicional primera. Ayuda extraordinaria destinada a compensar la pérdida de renta en explotaciones agrarias causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para el caso de parcelas en que se aprecie una imposibilidad material o una manifiesta desproporción entre el coste de restauración y sus características físicas o productivas.

1. Se aprueba una ayuda para parcelas afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en las que se hayan producido daños cuyas características impidan acometer actuaciones para recuperar su potencial productivo o en las que éstas impliquen una manifiesta desproporción entre el coste de restauración y la extensión o características de la explotación afectada, haciendo esas intervenciones contrarias a los principios de economía y eficiencia y que por tal motivo figuren en un informe elaborado a tal efecto por la empresa pública “Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, S.M.E., M.P.” (TRAGSATEC).

2. Percibirán esta ayuda las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad que sean titulares de alguna explotación agrícola o ganadera en la que se ubiquen las parcelas referidas en el apartado 1.

A estos efectos, se entenderá por titular de explotación agrícola o ganadera aquel que esté inscrito en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas (REA), conforme al Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre , por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola; en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), conforme al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo , por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas; o, en el caso de los productores de material vegetal de reproducción, en el Registro de operadores profesionales de vegetales (ROPVEG), conforme al Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre , por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, lo que se verificará con la información más actualizada de que se disponga.

3. El importe será de 9.900 euros por hectárea, sin perjuicio de que deba ajustarse al régimen de ayudas de Estado aplicable a cada caso.

4. La concesión de esta ayuda no estará sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y se tramitará conforme al siguiente procedimiento:

a) La Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Departamento, en el plazo de cinco días hábiles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, una relación de las parcelas que cumplan los requisitos del apartado 1.

b) Quienes figuren en dicha relación dispondrán de un plazo de cinco días para poder comunicar los errores materiales de identificación o de información personal que pudieran apreciar o para renunciar expresamente a la ayuda. Dicha comunicación se gestionará por medios electrónicos a través de un formulario publicado al efecto en el espacio INFODANA del portal de internet del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/info-dana/ayudas-dana.

c) Transcurrido el plazo al que se refiere la letra anterior, analizadas las comunicaciones recibidas, y una vez realizadas las comprobaciones que, en su caso, procedieren, se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Departamento resolución del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación que contenga la relación final de perceptores con el importe a percibir por cada uno de ellos y se procederá al pago.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria remitirá al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el número de cuenta bancaria en la que hubiera acordado abonar la ayuda del artículo 11 del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, o, en su defecto, los números de cuenta de los que disponga, asociados a la persona o entidad beneficiaria.

d) Transcurrido el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley sin que se haya publicado la resolución prevista en la letra c), podrá entenderse denegada la concesión de la ayuda. Contra dicha denegación cabrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

5. Esta ayuda será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo , por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Disposición adicional segunda. Ampliación del plazo previsto en el artículo 120.1 c) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Las actuaciones que hayan sido declaradas de emergencia, de acuerdo con el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley, para hacer frente a las consecuencias provocadas por los fenómenos contemplados en el presente real decreto-ley, no estarán sujetas a lo previsto en la letra c) del apartado primero de dicho artículo 120.

En estos casos el plazo de inicio de la ejecución podrá extenderse al plazo de tres meses desde la aprobación del expediente de emergencia.

El órgano de contratación deberá justificar la necesidad de la ampliación del plazo de inicio de las actuaciones en el caso de que sea superior al mes.

Disposición adicional tercera. Refuerzo de plantillas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Se aprueba un crédito extraordinario, al que se otorga la naturaleza de incorporable, de 4.000.000 euros en la partida presupuestaria 23.01.451O.121.84 “Refuerzo de plantillas para la lucha contra las emergencias climáticas DANA Valencia 2026”, para apoyar la lucha contra las emergencias climáticas en lo referido a las infraestructuras hidráulicas, cauces y defensa de la costa, mediante el refuerzo de las plantillas y de los medios humanos de las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura, así como de la demarcación y servicios provinciales de costas del ámbito de la Comunidad Valenciana.

La financiación del crédito extraordinario anterior y de la incorporación que en su caso se apruebe se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

A los efectos de distribuir el crédito extraordinario anterior a los servicios implicados, se exonera a las transferencias de crédito que se tramiten de las restricciones previstas en el artículo 52.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Disposición adicional cuarta. Financiación de los gastos extraordinarios en respuesta a la DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 y a las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

1. Excepcionalmente, en 2027 el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los previstos en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre , para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de DANA acaecida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

2. Igualmente, en 2027 se podrán asignar a la Comunidad Autónoma de Extremadura recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los previstos en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre , para cubrir las necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad autónoma en respuesta a la situación de emergencia derivada de diversos fenómenos meteorológicos adversos reconocidos en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Se podrá asignar con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 2027 hasta un importe máximo equivalente al superávit presupuestario registrado en 2024 minorado por el importe de los gastos extraordinarios ejecutados en 2026 ya financiados con cualquier recurso público o privado.

3. A efectos de lo previsto en los dos apartados anteriores, la financiación asignada con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para cubrir esos gastos extraordinarios se considerará incluida dentro del ámbito objetivo del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, adicional a las previstas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. El endeudamiento asignado conforme a los dos apartados anteriores se tendrá en cuenta a efectos del objetivo de deuda.

4. Sin perjuicio de las especificaciones que realice la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a efectos de lo dispuesto en esta disposición se entenderán por gastos extraordinarios los gastos no financieros directamente vinculados a la respuesta, reparación, restitución o reconstrucción derivada de la emergencia o a la prevención de futuros daños derivados de acontecimientos similares y que no hayan sido financiados mediante otros recursos públicos o privados.

5. Se considerarán de forma diferenciada los gastos extraordinarios ejecutados conforme a lo previsto en los apartados anteriores, siempre que se registren contablemente de forma separada.

Disposición adicional quinta. Medidas extraordinarias para garantizar la capacidad pericial del Consorcio de Compensación de Seguros.

Se reconoce la concurrencia de las circunstancias determinantes de la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con respecto de las contrataciones acordadas por los órganos competentes del Consorcio de Compensación de Seguros para la gestión de las solicitudes relacionadas con los episodios de inundación extraordinaria, tempestad ciclónica atípica y demás acontecimientos cubiertos por el seguro de riesgos extraordinarios producidos desde el 18 de octubre de 2026.

No será necesario que la totalidad de los encargos profesionales derivados de una misma emergencia esté asignada dentro del plazo de un mes desde la concurrencia de las circunstancias determinantes de la tramitación de emergencia, cuando la necesidad concreta de la actuación surja posteriormente como consecuencia directa de una solicitud de indemnización vinculada a alguno de los acontecimientos previstos en el apartado anterior.

El Consorcio de Compensación de Seguros dará cuenta de la contratación realizada al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días desde que finalice la gestión de cada siniestralidad.

Disposición adicional sexta. Medidas en materia de personal de las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.

Con carácter excepcional, y a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , se podrá diferir, hasta un máximo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, el cese del personal funcionario interino nombrado en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuyas funciones estén destinadas a atender directamente las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y a dar respuesta a los daños causados por los fenómenos meteorológicos adversos a los que se refiere el citado real decreto-ley.

Disposición adicional séptima. Medidas en materia de personal de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Con carácter excepcional, y a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoséptima del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , se podrá diferir, hasta un máximo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, el cese de un máximo de 20 funcionarios interinos nombrados con motivo de la aprobación de dicho real decreto-ley siempre que las funciones desempeñadas por dichos funcionarios estén destinadas a atender directamente las necesidades derivadas de la emergencia de protección civil y a dar respuesta a los daños causados por la DANA a que se refiere dicha norma.

Disposición final primera. Modificación del Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 (publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Con salvaguarda de su carácter de acto administrativo, se incorpora un nuevo párrafo al apartado décimo del Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 (publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación), con la siguiente redacción:

“De manera adicional al presupuesto asignado en el párrafo primero, la aportación del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 33/2026, de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada Adam, asciende a 700.000,00 euros.”

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Con efectos desde 1 de enero de 2025, se añaden los apartados 5 y 6 en la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedan redactados de la siguiente forma:

“5. Estarán exentas de este Impuesto las ayudas públicas por daños personales sufridos por incendio, inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras causas naturales, siempre que se declare previamente la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil en los términos previstos en la Ley 17/2015, de 9 de julio , del Sistema Nacional de Protección Civil.

6. Estarán exentas de este Impuesto las ayudas públicas concedidas por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales por daños sufridos por incendio, inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras causas naturales, distintas de las previstas en los apartados 1, 3 y 5 anteriores, cuando los beneficiarios y los requisitos para la percepción de la ayuda previstos en la normativa reguladora de la misma sean idénticos o análogos a los establecidos para la percepción de una ayuda pública que persiga la misma finalidad concedida por el Estado como consecuencia de la misma catástrofe que haya sido declarada exenta. La exención se aplicará a las ayudas públicas que se aprueben por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en el ejercicio en que se apruebe la ayuda pública del Estado y en el ejercicio siguiente.”

Disposición final tercera. Títulos competenciales.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 11.ª, 13.ª, 14.ª, 22.ª, 23.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente, las competencias exclusivas sobre las bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica; en materia de hacienda general; legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma; legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección; y seguridad pública.

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el Gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio .

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.