Ordenación del Turismo

Ley 8/2026, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid (BOCAM de 10 de noviembre de 2026). Texto completo.

LEY 8/2026, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1999, DE 12 DE MARZO, DE ORDENACIÓN DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PREÁMBULO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en sus apartados 17 y 21, la Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional, y en materia de promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

La Ley 1/1999, de 12 de marzo , de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, tenía como objetivo solventar disfunciones y lagunas que, por su importante incidencia en la actividad económica sectorial, venían siendo reclamadas a la administración prácticamente desde antes de su elaboración y que incidían en aspectos fundamentales relacionados con la planificación y la organización turística.

Desde su entrada en vigor se han producido las novedades normativas que a continuación se mencionan y que afectan a las materias en ella contenidas, lo que hace necesario una modificación de la misma como seguidamente se recoge.

La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo , se realizó mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre , de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, el cual modifica en su artículo cuarto el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , que afecta directamente a la materia de viajes combinados y a los ahora denominados servicios de viajes vinculados.

En el artículo 170 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se dispone que el régimen de infracciones y sanciones aplicable a lo dispuesto en su libro cuarto, regulador de los viajes combinados y servicios de viajes vinculados, será el previsto en la legislación específica sobre la materia dictada por las administraciones públicas competentes en materia de turismo o por aquellas que en cada caso tengan atribuida la competencia por razón de la materia. Las sanciones que se establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Es por ello que, se ha estimado la conveniencia de modificar el régimen sancionador de la Ley 1/1999, de 12 de marzo , adaptándolo a la normativa transpuesta.

Por otro lado, para cumplir con el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 y Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre , por el que se regula el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, se actualiza el texto de la ley recogiendo que la administración de oficio practicará la inscripción en el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos, de la actividad o establecimiento, una vez presentada la correspondiente declaración responsable o comunicación por el interesado.

Además, se amplían los derechos y deberes de los usuarios turísticos y los derechos y obligaciones de las empresas y establecimientos turísticos, se incorpora la mención a la libertad de precios de la actividad turística, se da una nueva redacción al acceso y permanencia en los establecimientos de alojamiento turístico, se redefinen conceptos como los grupos de clasificación de las agencias de viajes para adecuarlos al Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre , se actualizan, elevándolas a rango legal, las modalidades de los servicios de alojamiento turístico incluyendo a las hosterías (hostels), a las viviendas de uso turístico y a las áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámperes y similares con tracción propia, se incluyen ajustes técnicos en el contenido de la declaración responsable y en del régimen de la disciplina turística, se permite la posibilidad de ampliar la delimitación y el ámbito de aplicación de las empresas de intermediación por vía reglamentaria, se establece el plazo máximo de 6 meses para resolver y notificar la resolución de los siguientes procedimientos administrativos en materia de ordenación del turismo: sancionador, solicitud de dispensas en alojamiento turístico y declaración de imposibilidad del ejercicio de la actividad turística y se añade un artículo referido a los seguros y garantías.

La ley consta de un único artículo, con un total de veintisiete apartados, una disposición adicional única, una disposición derogatoria única y una disposición final única.

Esta ley es coherente con los principios de buena regulación previstos en los artículos 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo , del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

Esta norma da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, en cuanto la razón de interés general en que se funda es la protección de todos los ciudadanos y usuarios implicados, así como de los diferentes agentes que intervienen en la gestión y desarrollo del turismo en la Comunidad de Madrid, a la vez que es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En virtud del principio de proporcionalidad se contiene la regulación imprescindible para el correcto funcionamiento del sector turístico autonómico al desarrollar sus funciones turísticas, regulando los conceptos básicos necesarios para la gestión de los derechos y obligaciones de contenido turístico y dejando al desarrollo reglamentario todo aquello que no sea necesario establecer por ley, no existiendo otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

Es acorde con el principio de seguridad jurídica porque es coherente con el ordenamiento jurídico vigente nacional y de la Unión Europea y crea un marco normativo turístico claro que facilita el conocimiento y comprensión para las empresas y usuarios.

Se cumple con el principio de transparencia, habiéndose realizado los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60.1 y 2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, 4.2.a) y d), 5 y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo , y, una vez aprobada la norma se publica en el Portal de Transparencia.

En cuanto al principio de eficiencia cabe indicar que la presente ley se adecua al mismo ya que en su aplicación la norma regula los conceptos turísticos para la mejor gestión de los derechos y obligaciones con contenido turístico de la Comunidad de Madrid y sin imponer cargas administrativas innecesarias.

Artículo único. Modificación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo , de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid.

La Ley 1/1999, de 12 de marzo , de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, queda modificada como sigue:

Uno. Se añaden las letras i) y j) al artículo 8, con la siguiente redacción:

“i) A acceder a los establecimientos turísticos abiertos al público y tener libre entrada y permanencia en ellos, sin más limitaciones que las establecidas por la reglamentación específica de cada actividad y, en su caso, por el reglamento de régimen interior del establecimiento, sin que pueda haber discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, identidad o expresión de género, otras características sexuales u orientación sexual, discapacidad, religión, opinión u otra circunstancia personal o social.

“j) Recibir, cuando la contratación o comercialización se efectúe por medios digitales, información transparente, veraz e integra sobre las características esenciales del servicio, el precio total, las condiciones de contratación, cancelación y reembolso y cualquier otra condición relevante para la decisión de contratación”.

Dos. Se añaden las letras d), e), f) y g) al artículo 9, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 9. Deberes.

Los usuarios turísticos están obligados a:

a) Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos.

b) Someterse a las prescripciones particulares de los establecimientos y empresas cuyos servicios disfruten o contraten y muy particularmente, a los reglamentos de uso o de régimen interior, siempre que no contravengan lo previsto en las leyes y en los reglamentos de desarrollo de las mismas.

c) Pagar el precio de los servicios utilizados, en el momento de la presentación de la factura o en el plazo pactado.

d) Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación en función del servicio turístico contratado.

e) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos turísticos.

f) En el caso del servicio turístico de alojamiento, respetar la fecha y hora pactadas de salida del establecimiento, dejando libre la unidad de alojamiento ocupada.

g) Hacer un uso adecuado de los establecimientos, instalaciones, espacios y recursos utilizados y evitar comportamientos que puedan causar daños, molestias desproporcionadas o alteraciones injustificadas de la convivencia”.

Tres. Se modifica la letra b) y se añaden las letras l), m) y n) al artículo 12, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 12. Obligaciones.

Son obligaciones de las empresas turísticas:

a) Destinar sus instalaciones a la prestación de los servicios turísticos objeto de regulación por la presente Ley.

b) Informar a los usuarios, con carácter previo a la contratación, de las características esenciales y condiciones de prestación de los servicios, su precio final y los conceptos incluidos o excluidos, las condiciones de accesibilidad y, cuando resulten aplicables, las normas de utilización o convivencia y las circunstancias conocidas que puedan afectar de forma significativa a su prestación o disfrute.

c) Facilitar los bienes y servicios con la máxima calidad en los términos contratados, de acuerdo con la categoría del establecimiento, en su caso, y con lo dispuesto en las reglamentaciones correspondientes.

d) Dar la máxima publicidad a los precios de todos los servicios y notificarlos a la Administración, cuando sea preceptivo.

e) Facturar los servicios de acuerdo con los precios establecidos.

f) Cuidar del buen funcionamiento y mantenimiento de todas las instalaciones y servicios del establecimiento.

g) Garantizar en las instalaciones y servicios turísticos la salud y seguridad de las personas y la seguridad de los bienes en los términos establecidos en la legislación vigente.

h) Cuidar del buen trato dado a los clientes, por parte del personal de la empresa.

i) Facilitar al cliente, cuando lo solicite, la documentación preceptiva para formular reclamaciones.

j) Facilitar a la Administración la información y documentación preceptiva para el correcto ejercicio de las atribuciones que legal y reglamentariamente le correspondan.

k) Informar a los usuarios de los datos de identificación de la entidad prestadora de los servicios turísticos debiendo hacer constar de forma clara e inequívoca los datos exigidos por la normativa aplicable.

l) Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.

m) Mantener vigentes y actualizados los seguros de responsabilidad civil y otras garantías a los que les obliga la normativa que les sean de aplicación.

n) Informar a los usuarios de la existencia de un seguro o, en su caso, de otras garantías y, en particular, de los datos de la entidad aseguradora y de la cobertura geográfica del seguro”.

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 12 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 12 bis. Seguros y otras garantías.

1. Para la prestación de actividades y servicios turísticos será necesario que los prestadores cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños que estas empresas puedan provocar en la prestación de la actividad o del servicio turístico de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

2. Para las actividades de agencias de viajes, organizadoras o minoristas, de viajes combinados o empresas que faciliten servicios de viajes vinculados, será necesario constituir una garantía, individual o colectiva, frente a la insolvencia y, en su caso, repatriación del destinatario del servicio.

3. La normativa reglamentaria de desarrollo de cada una de las actividades y servicios previstos en los apartados anteriores podrá fijar, cuando resulte necesario y proporcionado, las cuantías y características de los seguros y otras garantías equivalentes exigibles en atención a la naturaleza y al riesgo propio de cada actividad o servicio”.

Cinco. Se modifica la redacción de la letra b) y se añaden las letras d), e) y f) al artículo 13, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 13. Derechos.

Las empresas y entidades turísticas tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en las actividades de promoción turística realizadas por la consejería competente en materia de turismo de la Comunidad de Madrid.

b) Participar en los programas de fomento turístico y solicitar las ayudas y subvenciones destinadas al desarrollo del sector.

c) Participar en la adopción de decisiones por los poderes públicos en los términos previstos en la legislación vigente, a través de sus asociaciones u órganos de representación.

d) Obtener el reconocimiento, por parte de la administración turística competente, de la clasificación administrativa de los establecimientos de su titularidad, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos legalmente exigidos.

e) Impulsar, a través de sus asociaciones profesionales, el desarrollo y ejecución de programas de cooperación pública y privada de interés general para el sector turístico.

f) Proponer, a través de sus asociaciones profesionales, la realización de estudios, investigaciones y publicaciones que contribuyan a la mejora del desarrollo de la empresa turística en la Comunidad de Madrid”.

Seis. Se añade un nuevo artículo 13 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 13 bis. Precios.

1. Los precios de la actividad turística serán libremente determinados y ofertados y estarán a disposición de los usuarios turísticos, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la normativa en materia de protección de los consumidores y usuarios.

2. Los precios se exhibirán al público mediante carteles perfectamente visibles o legibles en el lugar donde efectivamente se presten los servicios, a través de un soporte escrito y en los canales de difusión online si se tuvieran.

3. Asimismo, se deberán cumplir las normas sobre facturación y cancelación de servicios turísticos en los términos previstos en la normativa sobre protección de consumidores y usuarios que resulte de aplicación”.

Siete. Se modifica la redacción del título y del apartado 1 y se suprimen los apartados 2, 3 y 4 del artículo 15, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 15. Requisitos en los establecimientos turísticos.

Los establecimientos turísticos quedan sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos reglamentariamente determinados, sin perjuicio de los exigidos por otras normativas sectoriales”.

Ocho. Se añade un nuevo artículo 15 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 15 bis. Acceso y permanencia en los establecimientos turísticos.

1. Los establecimientos turísticos tienen la consideración de públicos, sin que el libre acceso a los mismos pueda ser restringido por razones de raza, sexo, identidad o expresión de género, otras características sexuales u orientación sexual, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga discriminación.

2. Las condiciones de accesibilidad a los establecimientos turísticos serán las determinadas por la normativa aplicable a cada tipo de establecimiento.

3. El acceso y la permanencia en los establecimientos de alojamiento turísticos estarán condicionados al cumplimiento de reglamentos de uso o régimen interior si se opta por su existencia. Estos reglamentos son de carácter voluntario, no podrán contravenir, en ningún caso, lo dispuesto en esta ley y deberán encontrarse disponibles de forma bien visible en los lugares de acceso al establecimiento, así como en las páginas web de las empresas que dispongan de ellas.

4. Los titulares de los establecimientos turísticos podrán negar la admisión en sus establecimientos o impedir la permanencia en sus instalaciones a quienes incumplan alguno de los deberes que establece el artículo 9. Estas condiciones para el ejercicio del derecho de admisión deberán constar en lugar visible en la entrada de los establecimientos y respetar los derechos que se recogen en el artículo 8 i) y en el apartado 1 de este artículo 15 bis en cuanto a la prohibición de discriminación.

5. Los titulares de las empresas turísticas o de los establecimientos de alojamiento turísticos pueden solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad para desalojar de un establecimiento a las personas que incumplan las reglas usuales de convivencia social y a las que pretendan entrar con finalidades distintas del pacífico disfrute del servicio que se presta o de la actividad que se desarrolla.

6. El régimen de admisión de animales domésticos en un establecimiento de alojamiento turístico debe constar en lugares visibles del establecimiento y en la información de promoción.

7. De conformidad con lo establecido por la normativa sectorial, las personas con discapacidad, deben poder entrar al mismo acompañadas de perros de asistencia”.

Nueve. Se modifica el artículo 20, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 20. Oficinas de Turismo y Red de Oficinas de Turismo de la Comunidad de Madrid.

1. Las Oficinas de Turismo son servicios de información, acogida, orientación y asistencia al visitante y constituyen instrumentos para la promoción del patrimonio cultural, histórico, natural, gastronómico y comercial y para la vertebración territorial de la actividad turística.

2. La Comunidad de Madrid impulsará y coordinará la Red de Oficinas de Turismo, en colaboración con las entidades locales y demás entidades públicas que participen en la prestación de servicios de información turística.

3. La Red promoverá la distribución territorial equilibrada de los flujos turísticos y facilitará al visitante información sobre el conjunto de los destinos y recursos turísticos de la Comunidad de Madrid, prestando especial atención a los municipios y territorios con menor intensidad turística.

4. Las oficinas integradas en la Red deberán garantizar una información veraz, actualizada, accesible y de calidad y dispondrán de personal adecuadamente formado.

5. La Comunidad de Madrid impulsará la digitalización de la Red y la incorporación de herramientas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial destinados a mejorar la información, orientación y personalización de la experiencia turística, facilitar información multilingüe y accesible y favorecer una distribución territorial sostenible de los flujos turísticos.

6. Estas herramientas podrán facilitar, cuando los datos se encuentren disponibles, información actualizada sobre movilidad y transporte público, recursos turísticos, horarios, eventos, accesibilidad y alternativas de visita.

7. La utilización de sistemas de inteligencia artificial tendrá carácter complementario a la atención profesional y presencial y se realizará con respeto a los principios de transparencia, accesibilidad, protección de datos y demás normativa aplicable.

8. Reglamentariamente se establecerán los requisitos mínimos de calidad, accesibilidad, formación, información y servicios necesarios para la incorporación a la Red”.

Diez. Se modifica la redacción del título y de los apartados 1, 2, 3 y 4 y se añade el apartado 5 del artículo 21, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 21. Declaración responsable y comunicación.

1. Los establecimientos turísticos están obligados a presentar ante la dirección general competente en materia de turismo, el inicio de su actividad, o cualquier modificación, incluida el cambio de titularidad que afecte a la declaración inicial, a través de una declaración responsable y el cese de su actividad mediante una comunicación.

2. A dichos efectos se entiende por declaración responsable el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional, conforme a lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/2025, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La dirección general competente en materia de turismo podrá efectuar, en cualquier momento, la comprobación del contenido de la declaración responsable y de la comunicación de cese.

4. La comprobación de la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la administración competente en materia de turismo de la mencionada declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al ejercicio de la actividad correspondiente. Igualmente, podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período máximo de un año.

5. La presentación de la declaración responsable cumplimentada conforme a los requisitos exigidos en este artículo, se considerará título jurídico suficiente para poder iniciar la actividad turística de que se trate, sin perjuicio de las facultades de comprobación, inspección y control atribuidas a la Administración turística y del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas en el resto de normas sectoriales que le resulten de aplicación”.

Once. Se añade un nuevo artículo 22, con la siguiente redacción:

“Artículo 22. Plazo para resolver y notificar.

Se establece el plazo máximo de seis meses para resolver y notificar la resolución de los siguientes procedimientos administrativos en materia de ordenación del turismo: sancionador, solicitud de dispensas en alojamiento turístico y declaración de imposibilidad del ejercicio de la actividad turística”.

Doce. Se modifica el título, la redacción de los apartados 1, 2, 3 y 4 y se añaden los apartados 5 y 6 del artículo 23, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 23. Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos.

1. Se denomina Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos a la base de datos informatizada que reúne el conjunto de inscripciones y datos concernientes a las empresas y entidades que desarrollan actividades turísticas reconocidas en esta ley y a sus establecimientos.

2. El Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos tiene por finalidad básica servir de instrumento de conocimiento del sector de forma que facilite, entre otras, las actividades de programación, planificación, informativas y estadísticas atribuidas a la administración turística, sin perjuicio de las competencias de la dirección general competente en materia estadística.

3. El Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos que tendrá carácter público se gestionará por la dirección general competente en materia de turismo y la inscripción se practicará de oficio.

4. A efectos estadísticos, de promoción y de constancia de las empresas y entidades que desarrollan actividades turísticas reconocidas en esta ley y sus establecimientos en funcionamiento, la dirección general competente en materia de turismo, elaborará listados de aquellas empresas cuyas modalidades estén contempladas en esta ley.

5. La dirección general competente en materia de turismo podrá consultar en los términos previstos en el artículo 27.3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los registros en los que estén inscritos los prestadores de servicios de otros estados miembros de la Unión Europea que ejerzan su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

6. La modalidad y, en su caso, la clasificación con la que se inscriban las empresas y entidades que desarrollan actividades turísticas reconocidas en esta ley y sus establecimientos en el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos, podrá ser reclasificada previa audiencia a los interesados, de oficio o a instancia de parte”.

Trece. Se modifica la redacción del artículo 25, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 25. Modalidades.

Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Establecimientos hoteleros.

b) Apartamentos turísticos.

c) Campamentos de turismo (Campings).

d) Establecimientos de turismo rural.

e) Hosterías (Hostels).

f) Viviendas de uso turístico.

g) Áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámperes y vehículos similares con tracción propia.

h) Cualquier otra que reglamentariamente se determine”.

Catorce. Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 26, que queda redactado de la siguiente manera:

“2. Se entiende por pensiones aquellos otros establecimientos que, ofreciendo alojamiento en habitaciones, con o sin comedor u otros servicios complementarios, por sus estructuras y características no alcanzan los niveles exigidos para los hoteles. Cuando las pensiones tengan un mínimo de veinte plazas de alojamiento y un mínimo de diez habitaciones, podrán denominarse hostales.

Los alojamientos, con o sin comedor, que ofrecen elementales servicios, sin alcanzar los niveles necesarios para ser clasificados con estrellas se considerarán pensiones con la denominación de casas de huéspedes”.

Quince. Se modifica la redacción del artículo 28, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 28. Campamentos de turismo.

Se consideran campamentos de turismo los establecimientos turísticos situados en espacios de terreno debidamente delimitados y acondicionados con los correspondientes servicios e instalaciones, para su ocupación temporal por aquellas personas que pretenden hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos, mediante la utilización de elementos de acampada, a quienes se proporciona una prestación de servicios a cambio de un precio.

Los mencionados elementos de acampada comprenden:

a) Aquellos que puedan ser fácilmente transportables o estén dotados de elementos de rodadura debidamente homologados y exentos de cimentación.

No tendrán esta condición cuando los elementos de rodadura hayan sido retirados o se encuentren inutilizables.

b) Los elementos fijos de alojamiento, tipo bungalós u otras figuras análogas”.

Dieciséis. Se añade un nuevo artículo 29 bis, con la siguiente redacción:

“Artículo 29 bis. Hosterías (Hostels).

Se consideran hosterías (hostels) los establecimientos que ofrecen al público el servicio de alojamiento turístico con carácter temporal, en habitaciones de capacidad múltiple dotadas de camas literas de dos alturas, pudiendo contar, además, con habitaciones dobles o habitaciones individuales, siempre que reúnan los requisitos mínimos contenidos en su correspondiente decreto. Se clasificarán en una única categoría”.

Diecisiete. Se añade un nuevo artículo 29 ter, con la siguiente redacción:

“Artículo 29 ter. Viviendas de uso turístico.

Tienen la consideración de viviendas de uso turístico aquellos pisos, estudios, apartamentos o casas que, de forma habitual, amueblados y equipados en condiciones de uso inmediato, son comercializados y promocionados en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, para ser cedidos en su totalidad con fines de alojamiento turístico, a cambio de un precio y sin carácter de residencia permanente para los usuarios”.

Dieciocho. Se añade un nuevo artículo 29 quater, con la siguiente redacción:

“Artículo 29 quater. Áreas de acogida y pernocta de autocaravanas, cámperes y vehículos similares con tracción propia.

Se entiende por áreas de autocaravanas, cámperes y vehículos similares con tracción propia los establecimientos turísticos ubicados en espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y acondicionados, abiertos al público para la ocupación temporal y uso exclusivo de autocaravanas, cámperes y vehículos similares con tracción propia, y de las personas que en ellas viajen, a cambio de un precio y donde poder efectuar tareas de mantenimiento propias de estos vehículos, tales como vaciado y limpieza de depósitos, suministro de agua y electricidad y facilitar a las personas que viajan en ellas el descanso y en su caso la pernoctación. En estas áreas estará permitida la apertura de toldos, mesas, sillas, así como la nivelación del vehículo y la apertura de ventanas superando el perímetro del mismo, siempre que se haga dentro de los límites de la misma parcela”.

Diecinueve. Se modifica la redacción del artículo 31, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 31. Definición.

1. Constituye intermediación turística la actividad de quienes se dedican profesional y habitualmente al ejercicio de actividad de mediación y organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos.

2. Los servicios de intermediación turística se ofertarán bajo la modalidad de agencias de viajes o cualquier otra que reglamentariamente se determine, si bien estas últimas, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 32, no podrán ejercer la actividad de mediación y organización de servicios turísticos considerados como viajes combinados”.

Veinte. Se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 32, que queda redactado de la siguiente manera:

“3. Atendiendo a las actividades que desempeñan, las agencias de viajes se clasifican en tres grupos:

a) Organizadoras.

b) Minoristas.

c) Organizadoras-minoristas”.

Veintiuno. Se añaden nuevas letras g), h) e i) al artículo 50, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 50. Funciones.

Son funciones de la Inspección de Turismo:

a) La vigilancia y comprobación del cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de turismo.

b) La comprobación de las presuntas infracciones en materia turística objeto, tanto de denuncias y reclamaciones, como de las comunicaciones de órganos administrativos, ya sean éstos, locales, autonómicos, de la Administración General del Estado o de otros Estados miembros de la Unión Europea.

c) La verificación de las condiciones generales y de los requisitos técnicos mínimos exigidos en la normativa turística a las empresas y actividades incluidas en el ámbito de la presente Ley.

d) La comprobación y seguimiento de las actividades de fomento y de las acciones de formación dirigidas a los profesionales del sector turístico.

e) La clausura o cierre de establecimientos en los supuestos previstos en la normativa turística en virtud de resolución adoptada por el órgano competente en materia de inspección de turismo.

f) Todas aquellas funciones que se le puedan atribuir para el control de calidad de los servicios turísticos.

g) La vigilancia y comprobación de la publicidad, oferta y comercialización de servicios turísticos realizada a través de páginas web, plataformas digitales, redes sociales y cualesquiera otros canales digitales.

h) La utilización y cruce, de conformidad con la normativa aplicable, de información procedente de registros y sistemas públicos de información con la finalidad de detectar actividades turísticas no declaradas o incumplimientos de la normativa turística.

i) La cooperación y coordinación con las entidades locales y con otras administraciones públicas para el intercambio de información relevante para la inspección y control de la actividad turística”.

Veintidós. Se suprime la letra j) del artículo 57, pasando las actuales letras k) y l) a ser j) y k), respectivamente, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 57. Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a) Las deficiencias en la prestación de los servicios contratados, de conformidad con su naturaleza y con las condiciones y estipulaciones acordadas.

b) Las deficiencias en las condiciones de funcionamiento y limpieza de los locales, instalaciones, mobiliario y enseres.

c) La falta de distintivos, anuncios, documentación e información de exposición pública obligatoria, su exhibición sin las formalidades exigidas o cualquier forma de ocultación de los mismos.

d) La incorrección en el trato al usuario.

e) El incumplimiento de las disposiciones relativas a documentación, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del usuario.

f) La inexistencia de hojas de reclamaciones, o la negativa a entregarlas cuando se soliciten por los clientes.

g) El incumplimiento de las normas que regulan la publicidad de los productos y servicios y sus precios.

h) La no especificación de los conceptos o servicios contratados en los justificantes de pago a entregar al cliente.

i) La deficiencia de información a los usuarios sobre las características o naturaleza de los servicios turísticos.

j) La falta de comunicación, notificación o declaración a la consejería competente en materia de turismo, de las obligaciones exigidas por la normativa turística, o su realización fuera de los plazos establecidos.

k) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones establecidas en esta ley y disposiciones que la desarrollen, siempre que no deba ser calificado como grave o muy grave”.

Veintitrés. Se modifica la redacción de los apartados a), j), k), l), ñ), o), p) y q) del artículo 58, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 58. Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a) La alteración o modificación de alguna de las condiciones contenidas en la declaración responsable, sin haber presentado la declaración responsable exigida en esta ley y en el resto de la normativa turística.

b) La utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que corresponden conforme a su clasificación.

c) La inexistencia de instalaciones o servicios obligatorios, según la normativa turística.

d) La falta manifiesta o generalizada de conservación o limpieza de los enseres, locales e instalaciones.

e) La no prestación de alguno de los servicios contratados, o el incumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad o naturaleza con que aquellos fueron pactados.

f) El incumplimiento de las normas sobre reservas y cancelaciones de plazas o la reserva confirmada de plazas en número superior a las disponibles.

g) La percepción de precios superiores a los notificados, publicitados o contratados, así como el incumplimiento de las disposiciones o normas vigentes en materia de precios.

h) La no expedición o entrega al usuario turístico de los justificantes de pago por los servicios prestados, o la no entrega en el momento de la perfección del contrato de los documentos que le permitan disfrutar de los servicios contratados.

i) Toda publicidad, descripción e información de los servicios que no corresponda a criterios de utilidad, precisión y veracidad, o pueda inducir a engaño o confusión, o que impida reconocer la verdadera naturaleza del servicio que se pretende contratar, así como el incumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos, de las obligaciones de información, cuando por su repercusión sobre los derechos de los usuarios, deba considerarse grave.

j) La obstrucción a la actuación de la inspección turística sin que llegue a impedirla, la negativa o resistencia a facilitar la información requerida por las autoridades competentes o la falta de comparecencia ante los requerimientos de la inspección, en los términos previstos en el artículo 51.2 de esta ley.

k) La negativa o resistencia injustificada a satisfacer el ejercicio de los derechos que las disposiciones turísticas vigentes reconocen al usuario.

l) Cualquier actuación discriminatoria por razón de nacimiento, raza, sexo, identidad o expresión de género, otras características sexuales u orientación sexual, discapacidad, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

m) Permitir la estancia en los alojamientos turísticos por tiempo superior al establecido en la normativa turística.

n) Realizar o consentir obras, edificaciones, instalaciones o construcciones incompatibles o prohibidas en los alojamientos turísticos.

ñ) La falta de actividad comprobada de las agencias de viajes durante tres meses consecutivos, sin causa justificada.

o) La ausencia o falta de mantenimiento o reposición de los seguros, avales y garantías establecidos por la normativa turística.

p) No formalizar el contrato de viaje combinado o de los servicios de viajes vinculados que tengan naturaleza turística, o el incumplimiento de cualquier obligación prevista en la normativa reguladora de los viajes combinados y de los servicios de viajes vinculados realizado por empresas turísticas sujetas a esta ley, siempre que repercuta en la seguridad o los derechos económicos de los usuarios.

q) El incumplimiento de la prohibición de realizar acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

Veinticuatro. Se modifica la redacción de las letras a), b), c) y se añade la letra e) del artículo 59, quedando el artículo redactado de la siguiente manera:

“Artículo 59. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones muy graves:

a) La oferta, prestación de servicios y la realización de actividades sin haber presentado la declaración responsable exigida por esta ley y el resto de la normativa turística.

b) La negativa u obstrucción a la actuación de la inspección turística de forma que llegue a impedirla.

c) La aportación de información o documentos falsos a los órganos competentes en materia de turismo.

d) La utilización de los establecimientos de alojamiento turístico como residencia permanente, o cualquier otra finalidad distinta del uso turístico.

e) El incumplimiento de la resolución que declare la imposibilidad de ejercer la actividad turística, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.4”.

Veinticinco. Se modifica la redacción de la letra b) del apartado 1 del artículo 61, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 61. Determinación de las sanciones.

1. La determinación de las sanciones previstas en esta Ley se formulará de acuerdo con los siguientes criterios:

b) Las multas se impondrán de acuerdo con la siguiente graduación:

1) Infracciones leves, en cuantía de hasta 3000 euros.

2) Infracciones graves, en cuantía comprendida entre 3001 y 30000 euros.

3) Infracciones muy graves, en cuantía comprendida entre 30001 y 300000 euros.

Para la imposición de sanciones pecuniarias se atenderá al principio de que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas”.

Veintiséis. Se modifica la redacción del artículo 68, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 68. Órganos competentes en materia de sanciones.

Son órganos competentes para la imposición de las sanciones a que se refiere esta ley:

a) El titular de la dirección general competente en materia de turismo o el órgano que se determine reglamentariamente, para la imposición de las sanciones por infracciones leves y graves.

b) El titular de la consejería competente en materia de turismo o el órgano que reglamentariamente se determine, para las sanciones por infracciones muy graves, con multa de hasta 90.000 euros o que lleven aparejada la suspensión o cierre por plazo superior a seis meses o revocación.

c) El Consejo de Gobierno, para las infracciones muy graves con multa superior a 90.000 euros o que lleven aparejada la clausura definitiva del establecimiento”.

Veintisiete. Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 69, que queda redactado de la siguiente manera:

“1. Transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador sin que se haya dictado resolución, se producirá su caducidad, con archivo de actuaciones.

En estos casos de caducidad del procedimiento, se aplica la obligación de resolver expresamente y notificar la resolución”.

Disposición adicional única. Evaluación de la eficacia de la Ley.

En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno remitirá a la Asamblea de Madrid un informe de evaluación sobre la eficacia de las modificaciones introducidas, con especial referencia a:

a) Evolución del número de viviendas de uso turístico;

b) Evolución de la oferta ilegal detectada;

c) Actuaciones inspectoras realizadas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo establecido en esta ley.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.