Ayudas destinadas a las explotaciones agrarias

Orden ARP/216/2026, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias para hacer frente a adversidades climáticas con daños significativos sobre la producción agraria y/o sobre el potencial productivo (DOGC de 9 de noviembre de 2026). Texto completo.

ORDEN ARP/216/2026, DE 4 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DESTINADAS A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS PARA HACER FRENTE A ADVERSIDADES CLIMÁTICAS CON DAÑOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA PRODUCCIÓN AGRARIA Y/O SOBRE EL POTENCIAL PRODUCTIVO

Las explotaciones agrarias de Cataluña se encuentran expuestas, con una intensidad y una frecuencia crecientes, a fenómenos climáticos adversos susceptibles de ocasionar pérdidas de producción y daños sobre los elementos productivos. Esta afectación puede comprometer la viabilidad económica de las explotaciones afectadas, la continuidad de la actividad agraria y el equilibrio productivo de los territorios rurales.

En este contexto, se considera necesario disponer de un instrumento normativo estable y flexible que permita activar con celeridad líneas de ayuda adaptadas a la naturaleza de los daños, a su intensidad y al alcance territorial de cada episodio climático adverso. Con esta finalidad, esta Orden establece las bases reguladoras que deben permitir desarrollar, por medio de las convocatorias correspondientes, un conjunto de medidas de apoyo ante adversidades climáticas futuras.

Estas bases se establecen como un sistema marco, de modo que cada convocatoria pueda concretar las líneas de ayuda que se activan, los sectores y las producciones afectados, el ámbito territorial de aplicación, los criterios técnicos de determinación de los daños y el resto de las condiciones específicas necesarias para concretar las ayudas.

Las ayudas que se regulan en esta Orden pueden tener por objeto, por un lado, la compensación de pérdidas de producción directamente imputables a una adversidad climática y, por otro, la recuperación del potencial productivo de las explotaciones agrarias afectadas. Estas ayudas se pueden articular, según corresponda, en el marco de la normativa de la Unión Europea relativa a las ayudas de minimis en el sector agrícola, de la normativa europea que declara compatibles con el mercado interior determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, de las intervenciones, las medidas o los instrumentos de apoyo de la Política agraria común vigente, o de otros instrumentos europeos, estatales o autonómicos que sean aplicables.

En cuanto a la recuperación del potencial productivo específicamente, estas bases prevén que las convocatorias puedan articular tanto ayudas a inversiones en explotaciones agrarias que disponga la normativa europea de exención por categorías aplicable al sector agrario, como ayudas destinadas a reparar los daños causados por fenómenos climáticos adversos asimilables a una catástrofe natural que disponga esta misma normativa, incluyendo, si procede, actuaciones que no tengan naturaleza inversora, pero que sean necesarias para restablecer la normalidad productiva de la explotación.

Asimismo, estas bases se conciben como un instrumento permanente y adaptable, susceptible de amparar las líneas de ayuda que se puedan desarrollar en el marco de la Política agraria común, así como las medidas temporales, excepcionales o extraordinarias que puedan aprobar las instituciones de la Unión Europea para dar respuesta a situaciones de crisis, fenómenos climáticos adversos, perturbaciones graves de los mercados agrarios u otras circunstancias excepcionales que afecten al sector agrario.

La activación de las ayudas mediante la convocatoria correspondiente requiere una valoración técnica previa suficiente, objetiva y verificable, que acredite tanto la concurrencia del episodio climático adverso como su impacto territorial y sectorial. Esta valoración se puede fundamentar, entre otros elementos, en datos agrometeorológicos, inspecciones o comprobaciones sobre el terreno, rendimientos históricos, datos de producción final, registros administrativos, datos estadísticos oficiales, sistemas de información geográfica, teledetección y otras fuentes objetivas, independientes y verificables, así como en datos de siniestralidad procedentes del sistema de seguros agrarios en los cultivos o las producciones con representatividad estadística suficiente.

De acuerdo con la normativa aplicable en materia de subvenciones y la reguladora de las ayudas de estado, estas bases establecen, entre otros elementos, las reglas relativas a las personas beneficiarias, los requisitos de elegibilidad, la delimitación de las actuaciones subvencionables, la determinación del daño, la cuantía de las ayudas, la compatibilidad con otras ayudas o indemnizaciones, el régimen de control, justificación, reintegro y sanciones, así como la previsión expresa de que no se puede producir sobrecompensación y que lo que sea indemnizable por el sistema de seguros agrarios no puede ser objeto de ayuda en el marco de estas bases reguladoras.

Vistos el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre ; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones; el Reglamento de la Ley general de subvenciones , aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio ; la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y demás normativa aplicable;

Visto que la propuesta de estas bases se ha sometido a la consideración de los órganos administrativos facultativos y preceptivos, de acuerdo con la normativa reguladora de subvenciones;

Dado que en la elaboración de esta disposición se han valorado las repercusiones y los efectos de estas subvenciones, y se ha concluido que cumplen los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del artículo 7 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril;

En uso de las atribuciones que me confieren la legislación vigente y, en concreto, el artículo 92.3 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,

Ordeno:

Artículo 1

Se aprueban las bases reguladoras que constan en el anexo que deben regir las ayudas destinadas a las personas titulares de explotaciones agrarias afectadas por episodios de adversidades climáticas futuras que hayan ocasionado daños significativos a escala municipal, comarcal o territorial equivalente, que incluyen las pérdidas de producción o la recuperación del potencial productivo de las explotaciones agrarias o ambas.

La convocatoria de cualquiera de las líneas que prevén estas bases debe justificarse en la existencia de un episodio climático adverso con daños significativos, y debe concretarse la tipología de ayuda, el colectivo destinatario, el ámbito territorial afectado, los gastos o las pérdidas subvencionables, la cuantía o la intensidad de las ayudas y el resto de los elementos esenciales para su concreción.

Las ayudas de estado en régimen de exención por categorías y las ayudas de minimis se sujetan, respectivamente, al Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y al Reglamento 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, o a la normativa que los sustituya.

En estos casos, y en las intervenciones, las medidas o los instrumentos de apoyo de la Política agraria común vigente, o de otros instrumentos europeos, estatales o autonómicos que resulten aplicables, las convocatorias deben concretar la normativa vigente en ese momento.

Disposición adicional

Estas bases deberán adaptarse, en su momento, si es procedente, a la normativa de ayudas de estado o la reguladora de las intervenciones, las medidas o los instrumentos de apoyo de la Política agraria común que modifique o sustituya la vigente actualmente.

Disposición final

Esta Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Anexo

Bases reguladoras

Base 1. Normativa aplicable

Estas bases regulan la línea de ayudas con el código PES25-28_ARP0158 del Plan estratégico de subvenciones 2025-2028, del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

La normativa que regula las subvenciones que otorgan la Administración de la Generalitat de Catalunya, sus organismos autónomos y las entidades que forman el sector público mayoritario de la Generalitat de Catalunya se dicta a raíz del ejercicio de las potestades administrativas.

Son aplicables los preceptos que contiene la normativa siguiente:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones.

- Real decreto 887/2006, de 21 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre , por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

- Ley 26/2010, de 3 de agosto , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

- Decreto 76/2020, de 4 de agosto , de Administración digital.

- Real decreto 203/2021, de 30 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- Ley 19/2014, de 29 de diciembre , de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- Decreto 271/2019, de 23 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento del Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña.

- Orden ECO/172/2015, de 3 de junio , sobre las formas de justificación de subvenciones.

También es aplicable lo que dispone la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya aplicable al ejercicio correspondiente, así como el resto de normativa aplicable.

También es aplicable la normativa europea siguiente, en función del tipo de ayuda:

- Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda a los sectores agrícola y forestal y a zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.

- Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.

- Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la Política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013.

- Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la Política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

En el caso de ayudas de Estado, cuando la Comisión Europea adopte nuevas disposiciones normativas que afecten a la normativa a la que se sujetan estas ayudas, la normativa que regule las ayudas de las que se trate se debe modificar para adaptarla a los términos de la nueva regulación.

En el caso de que las ayudas se puedan financiar con participación financiera de la Unión Europea, o que se trate de intervenciones, medidas o instrumentos de apoyo de la Política agrícola común vigente o de otros instrumentos europeos, estatales o autonómicos que resulten aplicables, deben regirse por la normativa establecida en cada caso, incluida la normativa comunitaria que regule la contribución financiera mencionada y el resto de normas nacionales de desarrollo aplicables, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley general de subvenciones.

La normativa sectorial aplicable se debe concretar en la correspondiente convocatoria.

Base 2. Procedimiento de concesión

2.1 En función de la línea de ayudas de que se trate, la resolución de convocatoria debe concretar si el procedimiento de concesión de la subvención se hace mediante concurrencia competitiva, es decir, comparando las solicitudes según los criterios de valoración, o bien mediante concurrencia no competitiva, es decir, sin comparar las solicitudes. Las ayudas se otorgan según los fondos disponibles.

2.2 El órgano instructor del procedimiento es el que determina la convocatoria.

2.3 El órgano competente para dictar la resolución de concesión es el que determina la convocatoria.

Base 3. Objeto y finalidad

3.1 El objeto de las ayudas es paliar los efectos de adversidades climáticas futuras que causen daños significativos en la actividad agraria, ya sea por pérdidas de producción o por daños sobre el potencial productivo de las explotaciones agrarias.

Las ayudas pueden tener por objeto compensar pérdidas de producción o recuperar el potencial productivo, o ambas cosas, incluyendo actuaciones inversoras y no inversoras.

3.2 La finalidad de las ayudas es contribuir a la continuidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias afectadas por adversidades climáticas con impacto significativo, así como evitar la pérdida persistente de capacidad productiva.

Base 4. Determinación de las líneas de ayuda y acreditación de la afectación

4.1 Las líneas de ayuda solo se pueden convocar cuando se acredite que la adversidad climática ha generado daños extensos y con un nivel de afectación elevado en un ámbito territorial determinado, de acuerdo con lo que establece el apartado 4.3.

Se entiende que concurren estas circunstancias cuando se verifiquen indicadores objetivos como el alcance territorial con afectación generalizada, la reducción significativa de los rendimientos o de la producción, la afectación significativa de la superficie productiva o de las unidades de ganado mayor del ámbito territorial afectado, el impacto económico agregado, la existencia de daños sobre el potencial productivo y la validación técnica de los daños con fuentes objetivas, independientes y verificables.

4.2 La convocatoria de las ayudas correspondientes debe concretar el ámbito territorial afectado, los sectores o las producciones objeto de apoyo y los criterios técnicos de determinación de los daños, de acuerdo con lo que establecen estas bases, las condiciones específicas y el régimen de compatibilidad aplicable, y debe respetar los principios de adecuación, proporcionalidad y ausencia de sobrecompensación.

4.3 Las líneas de ayuda que prevén estas bases, tanto en el caso de ayudas por pérdidas de producción como por pérdidas de potencial productivo, solo se pueden convocar cuando concurran simultáneamente todas las circunstancias siguientes:

a) Una pérdida de producción superior al 30% de la producción media calculada sobre la base del periodo trienal o cuatrienal anterior o de una media trienal basada en periodos de cinco u ocho años anteriores, excluidos los valores más altos y más bajos, en un determinado ámbito territorial.

b) La acreditación de la adversidad climática mediante datos meteorológicos oficiales u otras fuentes objetivas, independientes y verificables.

Las convocatorias pueden incorporar otros requisitos en función de la normativa sobre la base de la cual se efectúe la convocatoria.

Base 5. Cuantía

5.1 La cuantía máxima destinada a estas subvenciones y la aplicación presupuestaria a la que se debe imputar son las que determina la convocatoria, que también debe indicar las fuentes de financiación.

5.2 En el caso de ayudas sujetas al Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la cuantía máxima de la ayuda está limitada al porcentaje de los gastos subvencionables que determina el Reglamento mencionado y se fija en la convocatoria.

5.3 En el caso de ayudas sujetas al Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, la cuantía total máxima de ayudas de minimis que puede recibir una empresa está limitada al importe que establece el Reglamento mencionado y se fija en la convocatoria.

5.4 En el caso de ayudas establecidas a través de intervenciones, medidas o instrumentos de apoyo de la Política agrícola común vigente, o de otros instrumentos europeos, estatales o autonómicos, la cuantía total máxima de la ayuda está definida en los reglamentos (UE) 2021/2115 y 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021.

5.5 El importe de la subvención por persona beneficiaria se establece en la convocatoria.

5.6 Con la finalidad de reforzar la profesionalización del sector agrario, el relevo generacional y la viabilidad estructural de las explotaciones, las convocatorias deben establecer un tratamiento más favorable en la intensidad de la ayuda o en el importe máximo subvencionable, o en ambas cosas, para las personas agricultoras profesionales, las explotaciones agrarias calificadas como prioritarias y las personas jóvenes agricultoras.

Este tratamiento diferenciado se debe traducir, en todo caso, en una intensidad de ayuda o un importe máximo superior al previsto para el resto de las personas beneficiarias, de acuerdo con lo que establezca la convocatoria y dentro de los límites que fije la normativa aplicable en materia de ayudas de Estado.

5.7 La convocatoria debe establecer la cuantía individualizada de la ayuda o los criterios objetivos para determinarla.

5.8 Cuando se trate de una compensación por pérdidas de producción, la cuantía se puede establecer mediante importes unitarios, baremos, porcentajes sobre la pérdida acreditada o cualquier otro sistema objetivo compatible con el régimen jurídico aplicable.

5.9 Cuando se trate de una recuperación del potencial productivo, la cuantía se puede establecer mediante porcentajes sobre el coste elegible, módulos o importes máximos por unidad afectada.

5.10 En todo caso, la convocatoria debe respetar los límites derivados de la normativa europea y presupuestaria y puede establecer importes mínimos y máximos por explotación o por persona beneficiaria.

5.11 La entidad subvencionadora puede subvencionar todo o una parte del objeto de la subvención, de acuerdo con la convocatoria. No se puede subvencionar un objeto no ejecutado. Tampoco se puede dar una subvención con un importe superior al que se había solicitado.

5.12 El importe de la subvención concedida no puede superar el coste de la actividad que debe llevar a cabo la persona beneficiaria, tanto si solo recibe esta subvención como si recibe otras ayudas, ingresos o recursos, o si recibe subvenciones de otras entidades.

5.13 Excepcionalmente, si lo establece la convocatoria, el órgano competente puede prorratear el importe global máximo destinado a la subvención entre las personas beneficiarias.

5.14 La subvención se puede reducir parcial o totalmente, antes de que se dicte la resolución definitiva, como consecuencia de las restricciones que derivan del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que afectan a la Generalitat de Catalunya.

Base 6. Personas beneficiarias

6.1 Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas y, en su caso, otros sujetos admitidos por la normativa de subvenciones, que sean titulares de explotaciones agrarias ubicadas dentro del ámbito territorial que determine la convocatoria y que hayan sufrido daños derivados de la adversidad climática que la convocatoria también concreta.

6.2 También pueden obtener la condición de personas beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad jurídica.

Los compromisos de cada miembro de la agrupación deben constar expresamente tanto en la solicitud (a la hora de formalizarla) como en la resolución o el acuerdo de concesión.

También hay que indicar el porcentaje de participación de cada miembro correspondiente a cada persona beneficiaria.

En cualquier caso, se debe nombrar a una persona representante o apoderada única de la agrupación, y se deben aportar poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

La agrupación no se puede disolver hasta que no haya finalizado el plazo de cuatro años de prescripción que disponen el artículo 100.4 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y los artículos 39 y 65 de la Ley general de subvenciones.

6.3 Las convocatorias pueden restringir el acceso a determinados subsectores, orientaciones productivas, tipologías de explotación o condiciones adicionales derivadas del régimen de ayuda aplicable.

Base 7. Requisitos de las personas beneficiarias

Sin perjuicio de los requisitos que pueda determinar la convocatoria correspondiente, las personas beneficiarias deben cumplir los requisitos siguientes:

7.1 Las personas beneficiarias deben cumplir los requisitos y las condiciones generales que establece el artículo 13 de la Ley general de subvenciones.

La manera de acreditar estos requisitos es mediante una declaración responsable incluida en el formulario de solicitud o mediante la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito.

7.2 Pueden obtener la condición de persona beneficiaria las personas o las entidades que se encuentren en la situación y las circunstancias que requieren estas bases reguladoras y la convocatoria correspondiente.

Estos requisitos se deben acreditar mediante los formularios normalizados que establece la Sede electrónica.

7.3 Las personas o las entidades afectadas por alguna de las circunstancias que determina el artículo 13.2 de la Ley general de subvenciones no pueden ser beneficiarias ni colaboradoras, en su caso, respectivamente, de la subvención que regulan estas bases.

7.4 Las personas solicitantes y las personas beneficiarias deben respetar:

- La normativa de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- La normativa que garantiza los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

- La normativa que establece el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

- La normativa de igualdad de trato y no discriminación.

7.5 Cuando el objeto de la subvención implica contacto habitual con menores, la persona beneficiaria debe acreditar no haber sido condenada por sentencia firme por ningún delito contra la libertad y la indemnidad sexuales, ni por tráfico de seres humanos, y que su personal que ejecute las actuaciones o los proyectos subvencionados tampoco ha sido condenado por sentencia firme por los delitos mencionados.

En el caso de que cambie alguna persona adscrita al objeto de la subvención, la entidad beneficiaria lo debe comunicar al órgano concedente para que lo compruebe.

7.6 Las administraciones públicas no pueden destinar ninguna subvención a entidades que no respeten las condiciones de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre , de igualdad de trato y no discriminación, ni tampoco pueden conceder subvenciones a ninguna entidad que promueva desigualdades por alguno de los motivos a que hace referencia el artículo 1 de esta Ley.

7.7 Si se trata de una agrupación de personas sin personalidad jurídica, cada integrante debe cumplir los requisitos de las bases reguladoras.

7.8 Las personas beneficiarias, mediante la presentación de la solicitud, se adhieren a los principios éticos y las reglas de conducta de estas bases reguladoras.

Base 8. Requisitos y dimensión mínima de las explotaciones

8.1 Para garantizar la adecuación y la eficacia de las ayudas, las explotaciones agrarias deben tener una dimensión mínima productiva, que la convocatoria debe determinar en función del sector y el tipo de producción.

8.2 Esta dimensión mínima se debe expresar, según corresponda, en hectáreas de superficie agraria útil o de cultivo, en el caso de producciones vegetales, o en unidades de ganado mayor o indicadores equivalentes, en el caso de producciones ganaderas.

8.3 La convocatoria debe establecer los umbrales mínimos específicos para cada sector u orientación productiva, atendiendo a criterios de viabilidad económica, representatividad y proporcionalidad.

Base 9. Determinación del daño, definición de explotación y criterios técnicos de cálculo

9.1 El daño subvencionable y, en su caso, la pérdida de producción se debe determinar mediante criterios objetivos, transparentes y verificables, que se deben concretar en cada convocatoria.

9.2 El grado de afectación se debe determinar a escala de explotación agraria y no de manera aislada por parcela, recinto o unidad productiva individual. El cálculo del daño o de la pérdida de producción se debe hacer sobre el conjunto de esta explotación, mediante criterios homogéneos y objetivos, y se debe evitar cualquier fragmentación artificial que pueda alterar la representatividad del grado de afectación.

9.3 A estos efectos, se entiende por explotación, en el caso de cultivos anuales, el conjunto de la superficie declarada por la persona titular correspondiente a esta orientación productiva; en el caso de cultivos permanentes, toda la superficie productiva agrupada de esta orientación y, en el caso de producciones ganaderas, el conjunto de la base productiva asociada a la explotación.

9.4 Estos criterios pueden incluir, entre otros, comparaciones con rendimientos históricos, medias de referencia, datos de producción final, índices o registros agrometeorológicos, comprobaciones sobre el terreno, informes técnicos emitidos por los servicios competentes, datos de siniestralidad del sistema de seguros agrarios en cultivos estadísticamente representativos, información procedente de registros administrativos, sistemas de información geográfica, teledetección y cualquier otra fuente objetiva, independiente y verificable que resulte adecuada para la determinación del daño.

9.5 En el caso de recuperación del potencial productivo, la convocatoria debe concretar el método de cuantificación de los costes elegibles y los límites de intensidad o importe máximo de la ayuda.

9.6 La determinación de los daños y de las pérdidas de producción se debe fundamentar en fuentes objetivas, independientes y verificables. Con carácter general, no pueden constituir la única base de determinación del daño los datos aportados por entidades u organizaciones con interés directo en el procedimiento de otorgamiento de las ayudas.

Base 10. Metodología de cálculo de los indicadores del daño y de la pérdida de producción

10.1 El cálculo de los daños y, en su caso, de las pérdidas de producción se puede efectuar mediante metodologías paramétricas basadas en indicadores objetivos, con la finalidad de garantizar la transparencia, la homogeneidad y la trazabilidad en la determinación de las ayudas.

10.2 El rendimiento o la producción de referencia de cada explotación se debe determinar a partir de criterios objetivos y verificables, que pueden incluir medias históricas de producción de la misma explotación, rendimientos medios zonales o comarcales, índices técnicos oficiales o bases de datos agrarias y datos procedentes del sistema de seguros agrarios en los ámbitos con representatividad suficiente.

10.3 El rendimiento o la producción real obtenida después de la adversidad climática se puede determinar mediante datos acreditados de producción final, estimaciones técnicas basadas en inspecciones sobre el terreno, controles administrativos, datos oficiales disponibles o indicadores indirectos o índices agrometeorológicos, cuando la producción final no sea directamente medible.

10.4 El porcentaje de pérdida de producción se debe determinar, sin perjuicio de aplicar otros criterios objetivos más adecuados en función del daño del que se trate, mediante la comparación entre el rendimiento de referencia y el rendimiento real, y se debe calcular a escala de explotación u orientación productiva, de acuerdo con lo que establezcan estas bases y la convocatoria.

10.5 La convocatoria puede establecer umbrales mínimos de pérdida para considerar elegible una explotación, un cultivo o una producción.

10.6 El daño económico se puede calcular a partir del valor unitario de la producción, del volumen de producción perdida y, en su caso, de coeficientes correctores relacionados con la calidad u otros factores, sobre la base de fuentes objetivas.

10.7 Con la finalidad de simplificar la gestión, la convocatoria puede establecer importes unitarios por hectárea o por cabeza de ganado, módulos económicos predefinidos o tablas de compensación en función del grado de afectación, que se deben basar en criterios objetivos y deben reflejar adecuadamente el daño real.

10.8 Cuando sea posible, el cálculo paramétrico debe tener en cuenta los datos de siniestralidad del sistema de seguros agrarios, especialmente en los cultivos o las producciones con elevada contratación y representatividad estadística.

10.9 En la convocatoria correspondiente, la Administración puede efectuar los ajustes necesarios en los resultados del cálculo paramétrico cuando concurran circunstancias específicas que lo justifiquen, con la finalidad de garantizar la coherencia técnica, la proporcionalidad de la ayuda y la ausencia de sobrecompensación.

Base 11. Incompatibilidad de estas ayudas con otras subvenciones o ayudas

En función de la naturaleza de las ayudas, el régimen de incompatibilidad es el siguiente:

11.1 En el caso de ayudas reguladas por la normativa europea que declara compatibles con el mercado interior determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, se aplica el artículo 8 del Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, 14 de diciembre de 2022, o el precepto y la normativa que lo sustituyan.

11.2 En el caso de ayudas de minimis, la cuantía total máxima de ayudas de minimis que puede recibir una empresa está limitada de acuerdo con el artículo 3.7 del Reglamento (UE) 1408/2013. El órgano instructor debe comprobar de oficio el registro de ayudas de minimis para verificar que se cumplen los límites que establece la legislación europea.

11.3 En el caso de las intervenciones, las medidas o los instrumentos de apoyo de la Política agrícola común vigente, o de otros instrumentos europeos, estatales o autonómicos que resulten aplicables, se deben aplicar las reglas de acumulación y compatibilidad y los límites máximos de ayuda que establece la normativa específica correspondiente. En particular, en el caso de las intervenciones incluidas en el Plan estratégico de la PAC (PEPAC), se debe aplicar el régimen de compatibilidad y acumulación que establece el artículo 36 del Reglamento (UE) 2021/2116. En ningún caso la acumulación de ayudas, pagos, indemnizaciones o compensaciones para la misma finalidad o por los mismos daños o pérdidas puede superar los límites que establezca la normativa aplicable ni dar lugar a una sobrecompensación.

Base 12. Compatibilidad con seguros agrarios y ausencia de sobrecompensación

12.1 Las ayudas que regulan estas bases se deben ajustar al principio de ausencia de sobrecompensación, de modo que el importe total percibido por la persona beneficiaria no puede superar, en ningún caso, el valor del daño efectivamente sufrido.

12.2 En el caso de que concurran indemnizaciones procedentes de seguros agrarios con ayudas públicas, el importe de la ayuda se debe ajustar en la cuantía necesaria para garantizar que no se produzca ninguna situación de doble financiación o sobrecompensación.

12.3 Las personas solicitantes deben declarar los seguros contratados, los siniestros comunicados y las indemnizaciones percibidas o solicitadas, y la Administración puede establecer mecanismos de verificación con las entidades aseguradoras y el sistema de seguros agrarios.

Base 13. Plazo de ejecución

El marco temporal de las adversidades climáticas sobre la base de las cuales se efectúe la convocatoria de ayudas, así como el plazo en el que se deben ejecutar las actividades que se deban hacer para cumplir el objeto de la subvención, en su caso, se determinan en la convocatoria.

Base 14. Tramitación del procedimiento y carácter del gasto

La tramitación del procedimiento y el carácter del gasto se especifican en la convocatoria.

Base 15. Publicación y comunicaciones

15.1 Se deben aplicar los artículos 17.3.b y 18 de la Ley general de subvenciones en relación con el Acuerdo GOV/192/2015, de 29 de diciembre, por el que se complementa el Acuerdo GOV/77/2015, de 2 de junio, sobre la publicación de los anuncios de notificación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El texto íntegro de las convocatorias de subvenciones se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

15.2 Los trámites, los requerimientos y las resoluciones relacionados con la concesión de estas subvenciones se notifican en el Tablero electrónico de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), accesible desde la Sede electrónica. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

15.3 La publicación de la convocatoria se hace efectiva con el envío de la información que exige el Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, de acuerdo con el artículo 96 bis del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y mediante la Base de datos nacional de subvenciones.

Base 16. Actuaciones, daños y pérdidas subvencionables

16.1 En el caso de compensación de pérdidas de producción, son subvencionables las pérdidas directamente imputables a la adversidad climática, calculadas de acuerdo con los criterios objetivos que establezca la convocatoria.

16.2 En el caso de recuperación del potencial productivo, son subvencionables las actuaciones, los gastos o los costes necesarios para restablecer la capacidad productiva de la explotación.

16.3 La recuperación del potencial productivo se puede articular, según la naturaleza de la actuación subvencionable y el régimen jurídico aplicable, mediante ayudas a inversiones en explotaciones agrarias previstas en la normativa europea de exención por categorías aplicable al sector agrario o mediante ayudas destinadas a reparar los daños causados por fenómenos climáticos adversos asimilables a una catástrofe natural previstas en esta misma normativa, incluyendo, en su caso, actuaciones no inversoras directamente vinculadas al restablecimiento del potencial productivo.

16.4 La convocatoria puede concretar también, cuando sea aplicable, actuaciones financiadas total o parcialmente en el marco de la Política agrícola común vigente, o en el marco de medidas temporales, excepcionales o extraordinarias aprobadas por las instituciones de la Unión Europea o por otras administraciones competentes.

16.5 La convocatoria debe concretar, en cada caso, los conceptos elegibles, los límites temporales de elegibilidad y, en su caso, la relación de gastos excluidos.

Base 17. Gastos subvencionables

17.1 De acuerdo con el artículo 31 de la Ley general de subvenciones, se consideran gastos subvencionables los que estén claramente relacionados con la actividad subvencionada, que sean estrictamente necesarios y que se hagan en el plazo y las condiciones que determinen estas bases.

El coste de los bienes o los servicios subvencionados no puede superar su valor de mercado.

Pueden ser gastos subvencionables los que se indican a continuación y que se concretan en la convocatoria:

- Los gastos que se pueden asignar inequívocamente a una acción concreta, porque están directamente vinculados a ella para hacerla. Por ejemplo: los recursos humanos, las materias primas o los materiales para llevar a cabo la actividad subvencionada.

- Los gastos generales comunes a los diferentes servicios o actividades que lleva a cabo la persona beneficiaria de la subvención. Por ejemplo: personal no vinculado directamente al proyecto, alquiler, material de oficina, suministros de agua, luz, calefacción, limpieza, mantenimientos y otros gastos similares.

a. La persona beneficiaria debe imputar los costes indirectos de la actividad subvencionada a la parte que corresponda de acuerdo con las normas y los principios de contabilidad generalmente admitidos. Es necesario que estos costes correspondan al período en que efectivamente se desarrolla la actividad.

- Los gastos derivados de la compra, la rehabilitación o la mejora de bienes inventariables (como edificios, maquinaria o vehículos, entre otros). La persona beneficiaria debe destinar estos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, durante un periodo de cinco años o más, en el caso de los bienes que se pueden inscribir en un registro público, o de dos años o más en cuanto al resto de bienes.

b. Si los bienes se pueden inscribir en un registro público, hay que hacerlo constar en la escritura pública e inscribir en el registro correspondiente las informaciones siguientes:

a) El importe de la subvención concedida.

b) El uso que se hará de los bienes en el marco del objeto de la subvención durante un periodo mínimo de cinco años.

- Los gastos de amortización (es decir, el desgaste o la pérdida de valor de un bien con el tiempo), si se cumplen estas condiciones:

a) Que el importe de la subvención no se haya utilizado para comprar el bien.

b) Que la amortización se calcule de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que solo se tenga en cuenta la parte de la amortización que corresponda al período cubierto por la subvención.

- Los gastos siguientes:

a) Gastos financieros.

b) Gastos de asesoría jurídica o financiera.

c) Gastos notariales y registrales.

d) Gastos periciales para hacer el proyecto subvencionado.

e) Gastos de administración específicos.

Estos gastos son subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de esta, y siempre que lo prevean las bases. Con carácter excepcional, los gastos de garantía bancaria pueden ser subvencionados si la normativa de la subvención lo permite.

- El gasto derivado de la contratación de los servicios de auditoría para elaborar la cuenta justificativa con el informe del auditor o la auditora.

- Los tributos, cuando la persona beneficiaria los abona de manera efectiva. No son subvencionables los impuestos indirectos que se puedan recuperar o compensar, ni los impuestos personales sobre la renta.

17.2 En el caso de las ayudas sujetas al Reglamento (UE) 2022/2472, no se exige el requisito de cumplir el efecto incentivador en los supuestos que prevé el artículo 6.5 del Reglamento mencionado, entre los que se incluyen las ayudas de carácter compensatorio por los daños derivados de adversidades climáticas, siempre que se cumplan las condiciones específicas que establece el mismo Reglamento.

17.3 Se considera gasto efectuado el que se haya pagado efectivamente antes de que finalice el periodo de justificación que determinan estas bases y que la convocatoria de la subvención concreta.

En el caso de subvenciones para una actividad que se haya llevado a cabo antes de presentar la solicitud, se debe considerar gasto efectuado el que se haya pagado efectivamente antes de presentar la solicitud.

17.4 No son gastos subvencionables de acuerdo con los artículos 31.7 y 31.8 de la Ley general de subvenciones:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Los intereses, los recargos y las sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

Tampoco son subvencionables, en ningún caso, los gastos que estas bases y la convocatoria correspondiente no prevean de forma expresa.

Base 18. Solicitudes

18.1 Las solicitudes se deben presentar según el modelo normalizado que está a disposición de las personas interesadas en Trámites Gencat (https://tramits.gencat.cat), en el Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) o en otros portales habilitados al efecto.

18.2 Las personas interesadas deben presentar las solicitudes por medios digitales, acompañadas de la documentación que prevén estas bases y la convocatoria, en su caso, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de Trámites Gencat (http://tramits.gencat.cat).

La persona solicitante o su representante legal, para presentar correctamente la solicitud electrónica, debe disponer de un sistema de identificación y firma válido y vigente. Los sistemas de identificación electrónica aceptados son los que establece el apartado 3 del Catálogo de sistemas de identificación y firma electrónica aprobado por la Orden VPD/93/2022, de 28 de abril . En la Sede electrónica (Registro de datos para hacer uso del servicio IdCAT Mòbil) se puede encontrar información detallada sobre la relación de los sistemas de identificación y firma electrónica válidos que se pueden emplear en la tramitación de las ayudas y subvenciones y la forma de obtenerlos.

18.3 La solicitud se debe presentar mediante el formulario que se ponga a disposición y por el canal que determinan los apartados anteriores.

Si se presenta la solicitud o se hacen trámites mediante otros formularios o canales diferentes de los que estas bases prevén específicamente, estos formularios se tienen por no presentados, de acuerdo con los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Por tanto, la fecha a partir de la cual se entiende que se ha presentado la solicitud o se ha llevado a cabo el trámite es la de entrada del formulario específico señalado.

18.4 El formulario de la solicitud debe incluir declaraciones responsables sobre los aspectos que detallan estas bases reguladoras y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud.

18.5 Si el formulario de solicitud y la documentación que requiere la convocatoria no cumplen los requisitos subsanables, el órgano gestor debe requerir a la persona interesada que, en el plazo de diez días hábiles, subsane el defecto o adjunte los documentos preceptivos con la indicación de que, si no lo hace, se entiende que desiste de la solicitud, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y se debe dictar la resolución correspondiente.

18.6 El plazo y la forma de presentación de las solicitudes son los que indique la convocatoria de la subvención.

18.7 Las personas solicitantes pueden hacer el seguimiento de su expediente:

- En el Área Privada de Ciudadanía (https://web.gencat.cat).

- En el Área Privada del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

18.8 En el caso de que, por circunstancias accidentales, se interrumpa el funcionamiento de la Sede electrónica, y siempre que sea posible técnicamente, la persona usuaria que acceda a ella debe visualizar un mensaje en el que se comunique esta circunstancia, se indiquen los registros presenciales alternativos donde se puede presentar la documentación y se informe de los efectos de la interrupción en el cómputo de los plazos. Además, si procede por razón de la materia, hay que facilitar un acceso directo a las subsedes electrónicas correspondientes.

No obstante, cuando no sea posible técnicamente que la persona usuaria visualice el mensaje mencionado, y los trámites se deban hacer obligatoriamente por el canal digital, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día establecido para hacer el trámite correspondiente o la incidencia suponga una indisponibilidad de los servicios que requiera ampliación, se puede hacer el trámite durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

18.9 La persona solicitante, con la firma y la presentación del formulario de solicitud, otorga su consentimiento para que se consulten sus datos, mediante las plataformas de intermediación u otros sistemas electrónicos habilitados de que dispone la Administración de la Generalitat.

La presentación del formulario de solicitud faculta al ente competente para comprobar que los datos que contiene y que se declaran en él son ciertos.

18.10 La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial de cualquier dato en el formulario de solicitud o el documento que lo acompañe dejan sin efectos este trámite, desde el momento en que se conozcan y con la audiencia previa a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención. Si se conoce el hecho o la omisión una vez ya otorgada la subvención, esto es causa de revocación o de sanción, o ambas cosas.

Hacer una declaración responsable comporta que la persona interesada dispone de la documentación pertinente acreditativa de los datos que declara. Si la Administración comprueba la inexactitud o la falsedad de los datos, se deja sin efecto el trámite, con la audiencia previa de la persona interesada. Si la legislación tipifica esta conducta como infracción, da lugar a la incoación del expediente sancionador correspondiente, de acuerdo con el régimen sancionador al que hace referencia el apartado anterior. 

18.11 En el supuesto de que la persona interesada actúe mediante un representante, este puede acreditar la representación mediante un certificado electrónico cualificado de representación o un asiento en el Registro de Representación de la Administración de la Generalitat (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/).

Asimismo, la representación se puede acreditar mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Base 19. Documentación

19.1 La convocatoria debe determinar la documentación que hay que aportar, que puede incluir, entre otros, las declaraciones responsables sobre otras ayudas o indemnizaciones, los seguros contratados, los siniestros comunicados y cualquier otra acreditación necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

19.2 El órgano gestor puede comprobar de oficio los datos disponibles en registros o sistemas de información corporativos, de acuerdo con la normativa aplicable.

Base 20. Comisión de Valoración

En el caso de que se trate de una subvención con concurrencia competitiva, es necesaria la constitución de la Comisión de Valoración.

20.1 La Comisión de Valoración es el órgano colegiado encargado de aplicar los criterios de valoración que estas bases reguladoras establecen. La Comisión de Valoración puede solicitar todos los documentos y los informes que considere necesarios para elaborar el informe de evaluación.

20.2 Su composición se establece en la convocatoria y debe garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres de acuerdo con lo que establece el artículo 2.i de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

20.3 La convocatoria debe tener en cuenta, en cualquier caso, la incorporación de medidas de acción positiva, según el artículo 31.1 de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, y el artículo 5 de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

20.4 El régimen de funcionamiento de la Comisión de Valoración, en todo aquello que no prevén estas bases reguladoras, se ajusta a las normas aplicables a los órganos colegiados, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Base 21. Criterios de valoración

En el caso de que se trate de una subvención con concurrencia competitiva, los criterios de valoración para estas ayudas se establecen en la convocatoria correspondiente.

Base 22. Propuesta de resolución provisional

En el caso de que se trate de una subvención con concurrencia competitiva, se puede prever la posibilidad de hacer una propuesta de resolución provisional.

22.1 El órgano instructor debe formular la propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones fundamentada en el informe de la Comisión de Valoración. Cuando el órgano instructor no siga el informe mencionado, debe motivar la discrepancia.

22.2 La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se debe notificar mediante una publicación en el Tablero electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sin perjuicio de que se puedan utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos, de acuerdo con el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

22.3 La propuesta de resolución debe contener la lista de personas solicitantes propuestas provisionalmente para ser beneficiarias de las subvenciones debidamente priorizada en función de la puntuación obtenida y siempre que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida, de acuerdo con los criterios de valoración. También debe incluir la lista de personas solicitantes que se propone desestimar, con indicación del motivo de la desestimación.

La propuesta de resolución provisional puede establecer una lista de personas de reserva, debidamente priorizada en función de la puntuación obtenida y siempre que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida. En el caso de que una persona propuesta como beneficiaria desista de la subvención, se puede otorgar el crédito restante a las personas solicitantes de la lista de reserva por orden de puntuación, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos.

22.4 Una vez transcurrido el plazo de diez días para formular alegaciones, se debe formular la propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada, a partir de las alegaciones aducidas. Si en el plazo de diez días no se presentan alegaciones, se eleva a definitiva la propuesta de resolución provisional y se entiende aceptada tácitamente la subvención o la ayuda.

Base 23. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de esta subvención deben cumplir las obligaciones siguientes:

a) Hacer la actividad subvencionada en el plazo que indique la convocatoria.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier cambio en el proyecto o en el calendario que se presentó se comunicará al órgano instructor antes de que se acabe el plazo de ejecución.

El órgano instructor puede aceptar la modificación solicitada, dentro del plazo máximo que establecen las bases reguladoras, siempre que:

- No comporte cambios sustanciales.

- No represente un incumplimiento de los requisitos y las condiciones de estas bases y de las bases reguladoras de cada subvención.

Los cambios que no se hayan comunicado o que no se hayan aceptado de manera expresa pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención.

c) Proporcionar siempre la información que les pidan sobre la subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control de acuerdo con la normativa aplicable, por parte de:

- El órgano instructor.

- La Intervención General de la Generalitat.

- La Sindicatura de Cuentas.

- Otros órganos competentes.

d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos para financiar la actividad subvencionada, solicitados a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, o bien ya obtenidos, después de haber presentado la solicitud de subvención.

Esta información se debe comunicar tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de justificar la aplicación de los fondos recibidos.

e) Atenerse a los artículos 90 bis, 92 bis y 95 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y también al artículo 14 de la Ley general de subvenciones.

f) Solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores antes de comprometerse a ejecutar la obra, a prestar el servicio o a entregar el bien, cuando el importe del gasto subvencionable supere los umbrales que establece la normativa de contratos públicos para la contratación menor.

No es necesario hacerlo en los casos siguientes:

- Cuando, por las características especiales de la actividad, no haya suficientes proveedores en el mercado.

- Cuando el gasto se haya hecho antes de la concesión de la subvención.

g) Elegir la oferta más adecuada de acuerdo con criterios de eficiencia y economía. Las ofertas se deben incluir en la justificación de la subvención. Si no se elige la opción más económica, hay que justificarlo mediante una memoria.

h) Cuando después de la concesión de la subvención se informe de la actividad o se haga difusión de ella, incluir en ella:

- El logotipo del departamento que concede la subvención, de acuerdo con el Programa de identificación visual (PIV) editado en la página web http://www.gencat.cat/piv/descarregues/.

Esta información debe constar en la publicidad y los materiales de difusión de la actividad subvencionada que se hagan después de la concesión de la subvención.

- La expresión “con el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación”.

i) Conservar los documentos justificativos del uso de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

j) En cuanto a las entidades privadas a que se refieren los epígrafes a y b del artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cumplir las obligaciones de transparencia del título II de la misma Ley que les sean aplicables.

k) En relación con las personas jurídicas que hayan recibido una subvención por un importe superior a 10.000,00 euros, comunicar al órgano que concede la subvención la información sobre las retribuciones de sus órganos de dirección o administración, en cumplimiento del artículo 15.2 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 12.3 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

l) En el caso de empresas con establecimientos abiertos al público, las personas beneficiarias deben declarar que cumplen las obligaciones que establecen los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

m) En el caso de las subvenciones destinadas a empresas no incluidas en el apartado anterior, las personas beneficiarias deben declarar que cumplen lo que establece el artículo 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

n) En el caso de las subvenciones destinadas a productos catalanes que disfruten de distintivos de origen y de calidad y de los productos artesanales que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña, las personas beneficiarias deben cumplir lo que establece el artículo 34.2 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

o) Las entidades beneficiarias de subvenciones deben garantizar la disponibilidad y el uso del catalán en las webs, la atención al público, la documentación y la comunicación en las redes sociales.

p) De conformidad con la Ley 17/2015, de 21 de julio , de igualdad efectiva de mujeres y hombres, las personas beneficiarias de las subvenciones deben manifestar que cumplen lo que establece esta Ley. En el formulario de solicitud deben incluir qué medidas concretas han incorporado en sus organizaciones, de acuerdo con la Ley 17/2015, de 21 de julio , y también con el artículo 48 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, relativo a las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. También deben arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos, y para dar curso a las denuncias o las reclamaciones que pueda formular quien haya sido objeto de ellos.

q) Utilizar un lenguaje no sexista y no discriminatorio en toda la documentación, la publicidad, las imágenes o los materiales de la actividad subvencionada.

r) Evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas.

s) Fomentar valores como la igualdad, la diversidad, la corresponsabilidad, la presencia equilibrada de mujeres y hombres y la pluralidad de roles e identidades de género.

t) Adherirse a los principios éticos y las reglas de conducta que constan en estas bases y a los que puedan constar en las convocatorias correspondientes, y adecuar a ellos la actividad.

u) Cumplir las otras obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones y las bases reguladoras de cada subvención.

La presentación de las solicitudes conlleva que la persona solicitante cumple las obligaciones que marcan estas bases.

En el caso de que la ayuda se regule como una ayuda de Estado, dado que estas ayudas están sometidas a la normativa europea de ayudas de Estado, las personas beneficiarias también deben cumplir las obligaciones que se establezcan en ella.

Base 24. Reformulación de la solicitud

24.1 La subvención que regula estas bases tiene por objeto la financiación de actividades que debe ejercer la persona solicitante. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, el órgano instructor, si lo indica la convocatoria, puede instar a la persona beneficiaria a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y las condiciones a la subvención otorgable.

24.2 En cualquier caso, la reformulación de solicitudes debe respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto a las solicitudes o las peticiones.

24.3 Si el órgano instructor propone a la persona solicitante la reformulación de su solicitud, y esta no contesta en el plazo que figure en la propuesta de reformulación, se mantiene el contenido de la solicitud inicial a efectos de las actividades y el presupuesto total de la actuación que deben ser objeto de la justificación económica.

Base 25. Inadmisión y desistimiento

25.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables o del plazo de presentación de solicitudes que establecen estas bases reguladoras y la convocatoria de la subvención comporta la inadmisión de la solicitud.

25.2 La persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención antes de la concesión.

25.3 El órgano instructor debe requerir a la persona solicitante que rellene o subsane, o ambas cosas, la falta de acreditación de los requisitos que prevén estas bases o la convocatoria de la subvención.

Si en el plazo de diez días hábiles no se responde a los requerimientos que efectúe el órgano instructor, se entiende que la persona solicitante desiste de la solicitud de subvención.

25.4 El órgano instructor es el competente para dictar la resolución de inadmisión o la de desistimiento de la solicitud de ayuda o subvención antes de la concesión de las subvenciones, y debe notificar la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas interesadas mediante su publicación en el Tablero electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sin perjuicio de que pueda utilizar adicionalmente otros medios electrónicos. Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

Base 26. Resolución y notificación

26.1 La resolución de concesión debe indicar la finalidad y el objeto de la ayuda, el importe máximo de la ayuda, las condiciones que debe cumplir la persona beneficiaria, el plazo de ejecución y de justificación de las actuaciones subvencionadas, la procedencia de los fondos con los que se financia la ayuda, la normativa de ayudas de Estado o de minimis, o la intervención o la medida en el ámbito de la PAC a la que se sujeta la ayuda, y la vía de recurso que corresponda. En el caso de que se regule como ayuda de Estado, se deben establecer, además, las especificidades concretas de la ayuda.

26.2 El órgano concedente debe dictar la resolución motivada del procedimiento de concesión de la subvención y la debe notificar a las personas interesadas en el plazo que indique la convocatoria.

26.3 La notificación se efectúa mediante una publicación en el Tablero electrónico de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos, en los términos que prevé el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

26.4 Si no se ha dictado y notificado una resolución de concesión expresa una vez transcurrido el plazo máximo que prevea la convocatoria, las personas solicitantes pueden entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo que establecen el artículo 55.1.a de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

26.5 De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 26/2010, de 3 de agosto , de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, contra la resolución de concesión y de denegación de las subvenciones la persona beneficiaria puede interponer un recurso administrativo o, en su caso, un recurso contencioso-administrativo, en los términos que indique la resolución de concesión.

Base 27. Modificación de la resolución de concesión de la subvención

27.1 El órgano concedente tiene la facultad de revisar la subvención concedida y modificar su resolución o el acuerdo de concesión, siempre que los cambios no alteren el objetivo o la naturaleza de la subvención ni supongan cambios sustanciales en el conjunto de las actuaciones subvencionadas, por alguna de las circunstancias siguientes:

- Cuando las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención se hayan alterado de manera sobrevenida.

- Cuando se hayan obtenido otras aportaciones dinerarias concurrentes en los supuestos afectados por incompatibilidades.

- Cuando haya penalizaciones por retrasos en el cumplimiento de las obligaciones formales como persona beneficiaria en la medida en que afecten a la cuantía total que se debe percibir en los términos que establezca la convocatoria.

27.2 La persona beneficiaria de la subvención puede solicitar la modificación de la subvención, cuando concurra alguna de las circunstancias que menciona el apartado anterior, antes de que acabe el plazo establecido de ejecución de la subvención.

27.3 El órgano concedente debe resolver sobre la solicitud y la debe notificar en el plazo máximo de quince días hábiles. En la resolución se debe indicar si se estima o se desestima la petición de forma motivada. Una vez finalizado el plazo indicado sin que se haya dictado una resolución expresa, la persona interesada puede entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

27.4 La modificación de las condiciones que establezca la resolución o el acuerdo de concesión se puede autorizar siempre que no dañe derechos de terceros, de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de la Ley general de subvenciones .

27.5 Las personas beneficiarias pueden solicitar la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas, por razones justificadas debidamente, mediante el trámite habilitado que indique la resolución de concesión.

27.6 La modificación del plazo de ejecución solo se puede autorizar por circunstancias imprevisibles, justificadas debidamente, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, a pesar de que las personas beneficiarias hayan adoptado las medidas técnicas y de planificación mínimas exigibles. En todo caso, se deben cumplir estos requisitos:

a. Identificación de las causas que justifican la modificación del plazo de ejecución.

b. Elaboración de un plan de acciones correctivas para las causas que pueden originar una prórroga del plazo de ejecución.

Base 28. Fiscalidad de la subvención

28.1 Las subvenciones, con carácter general, están sujetas a la normativa tributaria.

28.2 En el caso de que las personas beneficiarias sean personas físicas, la normativa de aplicación es la Ley 35/2006, de 28 de noviembre , del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, y el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real decreto 304/2004, de 20 de febrero .

28.3 La resolución de concesión de la subvención indica la normativa fiscal que corresponde.

28.4 En el caso de que la persona beneficiaria no tenga la residencia fiscal en el territorio español, debe presentar un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

Base 29. Memoria de ejecución de las actuaciones

En el caso de ayudas destinadas a la recuperación del potencial productivo, las personas beneficiarias de la subvención deben presentar una memoria de ejecución de las actuaciones subvencionadas en el plazo que indique la convocatoria, de acuerdo con el modelo normalizado que facilite el órgano concedente, donde se debe especificar el cumplimiento del objeto y de la finalidad para cada una de las actuaciones de la subvención.

Base 30. Justificación económica

30.1 En el caso de que en la convocatoria no se deba presentar una justificación económica, la subvención que regula estas bases se otorga en consideración a la concurrencia de una situación determinada. En consecuencia, no es necesario que la persona beneficiaria presente ningún otro tipo de justificación, excepto la que acredite, por cualquier medio admisible en derecho, que se encuentra en la situación mencionada y que se comprueba antes de la concesión.

30.2 En el caso de que la convocatoria prevea que se deba presentar una justificación económica, la justificación de las actuaciones puede adoptar la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, sin aportación de justificantes de gasto, con aportación de informe de auditor, o bien mediante acreditación por módulos, según regula la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio , sobre las formas de justificación de subvenciones, y se debe concretar en la convocatoria.

El órgano concedente puede comprobar, cuando así lo prevea la convocatoria, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencias sobre la aplicación adecuada de la subvención. Para ello, puede requerir a las personas beneficiarias la remisión de justificantes de gasto seleccionados.

30.3 En las subvenciones en que la ejecución de la subvención se haya hecho antes de la presentación de la solicitud y se deba justificar económicamente, hay que presentar el formulario de solicitud y el formulario correspondiente de justificación económica mediante el modelo normalizado que indique la convocatoria.

30.4 La regulación de los pagos en efectivo es la que establece el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, por lo que no se pueden pagar en efectivo operaciones en las que una de las partes contratantes sea empresaria o profesional con un importe igual o superior a 1.000 euros o su equivalente en moneda extranjera.

30.5 El plazo de presentación de la documentación justificativa es el que indica la convocatoria.

30.6 Por razones debidamente justificadas, las personas beneficiarias pueden solicitar la ampliación del plazo de justificación previsto antes de que este finalice, mediante el trámite electrónico habilitado, siempre que la ampliación no exceda la mitad de este y que con ello no se perjudiquen derechos de terceros.

30.7 En el caso de que así lo prevea la convocatoria, la actividad subvencionada se puede justificar con una desviación presupuestaria a la baja, respecto al presupuesto solicitado, siempre que esté motivada y no altere el objeto ni la finalidad de la subvención.

Base 31. Pago

31.1 El pago de la subvención se hace con la comprobación de que se cumplen los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria o con la justificación previa por parte de la persona beneficiaria de la ejecución de la actividad, el proyecto o el objetivo, o de la adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos que establecen estas bases reguladoras.

31.2 Se produce la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en caso de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas que prevén el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 99 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

31.3 Cuando la naturaleza de la subvención lo justifique, y así lo especifique la convocatoria de la subvención, se pueden hacer pagos parciales. Los abonos parciales suponen el cumplimiento parcial del objeto de la subvención. Estos pagos deben responder al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas y se deben abonar por una cuantía equivalente a la justificación presentada.

31.4 Se pueden hacer pagos anticipados que supongan entregas de fondos antes de la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. La convocatoria establece el porcentaje del anticipo aplicable a los pagos de las personas beneficiarias. Estas pueden renunciar al pago anticipado antes de que se efectúe.

31.5 El órgano concedente de la subvención se debe pronunciar expresamente en la resolución de concesión sobre la exigencia o no de garantías. Cuando estas se exijan, se pueden presentar en cualquier forma admitida en derecho.

31.6 Para recibir el importe de las subvenciones es necesario que las personas beneficiarias estén al corriente de las obligaciones con la Administración tributaria y ante la Seguridad Social, y no pueden tener deudas de ningún tipo con la Generalitat de Catalunya.

31.7 La propuesta de pago de la subvención se hace con una certificación previa emitida por el órgano competente, según la cual la actividad y el gasto efectuados están debidamente justificados.

31.8 El importe de la ayuda se ingresa en la cuenta indicada en el formulario de solicitud, que debe pertenecer a la persona beneficiaria de la ayuda.

La persona beneficiaria de la subvención puede ceder el derecho de abono de la subvención a otra persona. Para hacer efectivo este derecho, hay que presentar el documento que indique que la persona titular del derecho a cobrar transfiere este derecho a otra persona.

Base 32. Procedimiento de reintegro

32.1 La entidad o la persona beneficiaria de la subvención debe reintegrar las cantidades percibidas en los supuestos siguientes:

a) Por renuncia a la subvención a través del trámite habilitado por el órgano concedente.

b) Por revocación de la subvención a través del trámite habilitado por el órgano concedente.

c) Por nulidad de la concesión de la subvención a través del trámite habilitado por el órgano concedente.

d) Como consecuencia del resultado de un control financiero, de la imposición de una sanción o de lo que se dictamine por resolución administrativa o judicial firme.

32.2 Se consideran causas de reintegro, asimismo, las que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

32.3 De acuerdo con el artículo 100 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , el procedimiento de reintegro se debe concluir en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de la resolución de inicio del expediente, que debe dictar el órgano que firmó la resolución de concesión o el órgano en el que este delegue.

Este plazo se puede prorrogar de manera motivada por un periodo no superior a seis meses, de acuerdo con lo que determinan las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.

Una vez transcurrido el plazo del procedimiento de reintegro sin que se haya notificado la resolución expresa, se produce la caducidad del procedimiento sin que se considere interrumpida su prescripción.

Base 33. Renuncia

33.1 Las personas o las entidades beneficiarias pueden renunciar de manera expresa a la subvención otorgada, de acuerdo con lo que establece el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La renuncia se puede efectuar siempre antes de la fecha prevista para presentar la justificación económica de la subvención.

Sin embargo, la persona beneficiaria debe reintegrar la cuantía correspondiente a las cantidades percibidas en concepto de subvención, así como los intereses de demora calculados a partir de la fecha de pago de la subvención o de los anticipos o los pagos a cuenta efectuados hasta la fecha en que se dicte la resolución de renuncia o hasta el momento en que la persona beneficiaria haya hecho el ingreso efectivo.

33.2 El reintegro de las cantidades percibidas, así como la cuantía correspondiente a los intereses de demora, se puede hacer efectivo mediante el procedimiento que indique la convocatoria.

Base 34. Revocación

34.1 Son causas de revocación las que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, juntamente con las que establecen los artículos 92 bis y 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , que son las siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación.

b. La obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas.

c. El incumplimiento de la finalidad para la que la subvención se concedió, total o parcialmente, al haber destinado las cantidades percibidas a finalidades diferentes.

d. El incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas beneficiarias con motivo de la concesión de la subvención, incluyendo la obstrucción de las actuaciones de control o la resistencia a permitirlas de manera que se impida comprobar la acreditación de haber cumplido el objeto de la subvención.

e. En el supuesto que indica el artículo 94.1, regla cuarta, por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad llevada a cabo.

f. La no inclusión o la utilización indebida de los medios que indica el artículo 92.7 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

34.2 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento establecido legalmente, debe revocar total o parcialmente las subvenciones concedidas con la obligación por parte de la persona beneficiaria de devolver el importe recibido y de pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos que prevén el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones.

34.3 Es igualmente causa de revocación el incumplimiento de los requisitos que establecen estas bases reguladoras y la normativa sectorial que se especifique en ellas. Asimismo, en el caso de las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, también es causa de revocación el incumplimiento de los requisitos que prevea la normativa europea aplicable para percibir la subvención.

34.4 En el caso de que la subvención tenga naturaleza de ayuda de Estado, también son causa de revocación las siguientes:

Cuando la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad o gastos subvencionables, procedentes de cualquier administración o ente público nacional, autonómico o local, dé lugar a un exceso de financiación pública del proyecto, y se sobrepasen los porcentajes o los umbrales que establecen los reglamentos o las decisiones de la Comisión Europea que le son aplicables.

En el caso del Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, es causa de revocación que la persona beneficiaria supere la acumulación de ayudas de minimis, establecida en 50.000 euros por empresa durante cualquier periodo de tres años, o incumpla cualquiera de las disposiciones que establece este Reglamento.

La adopción de una decisión de la Comisión Europea que declare la incompatibilidad del régimen de ayudas con la normativa europea.

Base 35. Nulidad y anulabilidad

De acuerdo con lo que prevé el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el acto de concesión incurra en algún supuesto de nulidad o anulabilidad, el órgano concedente debe proceder a la revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y la impugnación ulterior de conformidad con lo que establecen los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y los artículos 71 y siguientes de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Base 36. Publicidad y transparencia de las subvenciones otorgadas

36.1 El Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña debe suministrar a la Base de datos nacional de subvenciones la información sobre las convocatorias de ayudas y subvenciones y las concesiones correspondientes, en los términos que prevén los artículos 18 y 20.8 de la Ley general de subvenciones.

36.2 De acuerdo con el artículo 15.1.c de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información relativa a las subvenciones y las ayudas públicas concedidas, con indicación del importe, el objeto y las personas beneficiarias, se debe publicar en la Sede electrónica y en el sitio web del órgano convocante, sin perjuicio de lo que establece el artículo 45.2 del Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, según el cual se debe publicar la información relativa a subvenciones y ayudas otorgadas mediante el envío de esta información al Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, al que se debe poder acceder desde el Portal de la transparencia de Cataluña.

36.3 De acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la persona beneficiaria de la subvención sea una persona jurídica, se debe publicar en la web del órgano convocante la información relativa a las retribuciones de los órganos de dirección o administración cuando el importe de la concesión sea superior a 10.000 euros.

36.4 Las subvenciones también están sometidas al régimen de publicidad y transparencia de acuerdo con la normativa específica aplicable que les corresponda.

Base 37. Protección de datos y tratamiento de los datos

37.1 De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal se deben tratar con la finalidad de gestionar y tramitar las convocatorias que regulan estas bases de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa sobre protección de datos establece.

37.2 De conformidad con el Reglamento general de protección de datos , los datos de carácter personal proporcionados los debe tratar el órgano gestor para tramitar la solicitud al amparo de la Ley general de subvenciones . La persona solicitante o beneficiaria puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante el órgano gestor, así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos.

37.3 Se prevé la comunicación o la cesión de los datos referentes a la subvención entre departamentos y entidades autónomas y otras entidades adscritas al departamento, en virtud del ejercicio y el control de la función subvencional de la Administración, siempre que la finalidad del tratamiento de los datos sea compatible con la finalidad para la que se recogieron los datos inicialmente, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016.

El órgano gestor debe informar a las personas interesadas del tratamiento de datos de conformidad con lo que establecen los artículos 13 y 14 del Reglamento general de protección de datos (RGPD).

37.4 El tratamiento de datos de las personas en situación de vulnerabilidad especial es objeto de protección especial de acuerdo con lo que establece el artículo 28.2.e de la Ley orgánica de protección de datos, por lo que el tratamiento de estos datos por parte de personas o unidades diferentes del órgano gestor debe contar con el consentimiento explícito de las personas afectadas o debe estar amparado en una norma con rango legal.

Base 38. Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, así como los efectos de un eventual incumplimiento de estos, sin perjuicio de que la convocatoria incorpore, en su caso, códigos deontológicos por razón de la especificidad de la materia o el cumplimiento de determinados principios éticos o reglas de conducta que se consideren adecuados para garantizar el interés público o social de la actividad subvencionada y para cumplir el objeto y la finalidad de las subvenciones convocadas.

Principios éticos y reglas de conducta

1. Las personas beneficiarias deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, deben abstenerse de hacer, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta, y deben poner en conocimiento de los órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, esté presente o pueda afectar al procedimiento. Particularmente, se deben abstener de hacer cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su actividad, asumen las obligaciones siguientes:

a. Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios o las profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b. No hacer acciones que pongan en riesgo el interés público.

c. Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones siguientes:

a. Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b. No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la subvención o la ayuda.

c. No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de una subvención o una ayuda.

d. Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este lleve a cabo para el seguimiento o la evaluación del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente, mediante la facilitación de la información que se les solicite para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos públicos.

e. Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a las personas adjudicatarias en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal, en los supuestos que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.

f. Incorporar la perspectiva de género e interseccional en la programación de actividades, proyectos y servicios. Se deben especificar las metodologías y los indicadores de género utilizados en el proyecto, en los anexos de la solicitud según proceda, y se debe hacer una descripción de los desequilibrios y las desigualdades concretos detectados entre mujeres y hombres en el ámbito de actuación y que el proyecto pretende abordar, así como formular iniciativas (la adopción de acciones positivas para corregir las desigualdades detectadas) e incluir indicadores de género (para hacer un seguimiento in itinere y ex post del impacto del proyecto).

Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta

En caso de incumplimiento de los principios éticos y las reglas de conducta, es aplicable el régimen sancionador que prevé la Ley 19/2014, de 29 de diciembre , y las sanciones que prevé el artículo 84 en cuanto a las personas beneficiarias de ayudas públicas, sin perjuicio de otras posibles consecuencias que prevea la legislación vigente en materia de subvenciones.

Base 39. Conflictos de intereses

El órgano instructor debe velar por que no se produzca ningún supuesto que implique un conflicto de intereses.

Las personas interesadas en participar en el procedimiento subvencional, con la presentación de la solicitud de la subvención, declaran responsablemente que no se encuentran en ningún supuesto que implique un conflicto de intereses.

Base 40. Infracciones y sanciones

40.1 Se consideran infracciones y sanciones las que prevén el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , sin perjuicio de las especialidades que se puedan derivar de la normativa sectorial aplicable.

40.2 Son responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los entes sin personalidad, que por acción u omisión incurran en los casos que estas bases reguladoras tipifican como infracciones.

40.3 En el caso de incumplimiento de las obligaciones que prevén las bases reguladoras, es aplicable el régimen sancionador que prevén el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , general de subvenciones, y el artículo 101 y siguientes del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , si este incumplimiento es constitutivo de una infracción de acuerdo con la legislación mencionada, con independencia del reintegro total o parcial de la subvención.

40.4 Asimismo, si durante los controles que lleve a cabo la Intervención General se encuentra con una conducta del sujeto controlado que tiende a entorpecer, dilatar o impedir su actuación, debe proponer al órgano competente que inicie el procedimiento sancionador de acuerdo con lo que establece el artículo 67 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Base 41. Funciones de verificación y de control de las actuaciones subvencionables

41.1 Los órganos competentes de la entidad subvencionadora tienen la facultad de llevar a cabo las verificaciones que sean necesarias para comprobar las actuaciones y los datos que justifican el otorgamiento de la subvención y que las cuantías abonadas se han destinado a sufragar los gastos que conlleva la ejecución del objeto de la subvención.

41.2 El órgano concedente debe llevar a cabo actuaciones específicas de verificación a raíz de denuncias o de la existencia de indicios de fraude o irregularidad en la ejecución de la actividad financiada por estas subvenciones.

41.3 Las personas beneficiarias de las subvenciones se deben someter a las actuaciones de verificación que el órgano concedente considere necesarias y a las que efectúen los organismos competentes de la Administración autonómica, estatal y comunitaria. Asimismo, se pueden inspeccionar el desarrollo de los proyectos y las acciones subvencionadas para comprobar el cumplimiento del objeto de la subvención de acuerdo con la normativa vigente.

41.4 Las actuaciones de verificación y de inspección pueden afectar también a la comprobación de la veracidad de la información indicada por la persona beneficiaria sobre la base de datos o documentación comercial en posesión de terceros.

41.5 De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la negativa al cumplimiento de la obligación de colaboración de las personas beneficiarias o de terceros a prestar colaboración y facilitar la documentación que se les requiera en ejercicio de estas funciones de verificación y de inspección se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa y, por tanto, causa de revocación -y de reintegro, si procede- de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder.

41.6 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les requieran la Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo con el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.