OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Se trata, según han indicado desde la Sindicatura a través de nota de prensa, del peor dato de rendición de los últimos 5 años. El plazo concluyó el 15 de octubre y los ayuntamientos empeoraron sus datos respecto a la rendición de 2022.
Un total de 51 de los 78 concejos presentó en tiempo y forma sus cuentas, lo que representa el 65 por ciento. "En algunos casos, la falta de rendición no es meramente coyuntural o circunstancial", han indicado.
La rendición de cuentas de las parroquias rurales asturianas se mantiene igual que el ejercicio anterior: solo una de las 39 no rindió sus cuentas. Siguen siendo las entidades locales que mejor cumplen con la Sindicatura de Cuentas en ese sentido.
Las mancomunidades presentan con diferencia el nivel más bajo de cumplimiento. Solo rindieron sus cuentas 5 de las 15 que hay en Asturias. Varias de las mancomunidades carecen de actividad --la del Nora no la ha tenido nunca-- o están en proceso de disolución desde hace años, de ahí que la Sindicatura de Cuentas haya recomendado de forma reiterada iniciar o culminar pronto su proceso de extinción
La Sindicatura de Cuentas, a la vista de este descenso en el nivel de la rendición, ha insistido en su recomendación al Gobierno del Principado de Asturias para que la concesión de subvenciones a las entidades locales, así como la percepción de las transferencias del Fondo de Cooperación Municipal, queden condicionadas al cumplimiento del deber de rendición de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas.
"Las comunidades autónomas que ya aplican este tipo de medidas registran una mejora significativa de los niveles de rendición de cuentas anuales a su respectivo órgano de control externo", han recordado.
La rendición de cuentas es una obligación legal que tienen todas las entidades y que, además, debe ser completada con el cumplimiento del deber de colaboración con la Sindicatura de Cuentas ante cualquier petición de documentación.
"Sin perjuicio de informes específicos u otras medidas, hay que recordar también que la Sindicatura está facultada por ley para imponer multas coercitivas cuando se incumple el deber de colaboración o cuando se pueda obstruir la función fiscalizadora", han señalado.
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