SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
En declaraciones a los periodistas a la salida de la primera mesa de trabajo, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha comentado que en virtud de la nueva ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad las OPE deben estar convocadas antes del 1 de junio, las bases definidas antes del 31 de diciembre y el proceso culminado antes de que acabe 2024.
Torres ha apuntado que salen de la reunión "muy contentos" porque hay un "compromiso compartido" de trabajar rápidamente cumpliendo con lo que la marca la ley para acabar con la "precariedad laboral y temporalidad excesiva".
TORRES ABOGA POR LA "UNIFORMIDAD"
Ha dicho que el Gobierno va a respetar el marco jurídico y valorado que todas las administraciones y los sindicatos caminen "unidos" en la solución al problema, fomentando la "uniformidad" entre las instituciones a la hora de diseñar las bases, tanto del concurso como del concurso-oposición.
Tomás Pérez, alcalde de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) y presidente de la comisión de administración pública y seguridad de la Fecam, ha destacado la apuesta por coordinar el trabajo entre las administraciones y los sindicatos y ha prometido que los ayuntamientos se van a "emplear fondo" porque tienen muchas temporalidad. "Hay que acabar con ella", ha indicado.
Fran Bautista, secretario general de Servicios Públicos de UGT, se ha mostrado "agradecido" por la convocatoria de la mesa porque es un "primer paso" para lograr la consolidación "tan ansiada" por los trabajadores.
Ha señalado que es importante lograr un "marco consensuado" de trabajo con todas las administraciones y confía en que en un plazo de mes y medio estén identificadas todas las plazas que hay que estabilizar.
En esa línea, ha valorado que gracias a la ley de medidas urgentes por primera vez se pueden aplicar cuestiones diferentes al estatuto del empleado público del tal manera que "ningún empleado de otras administraciones pueda ocupar las plazas en abuso".
Pedro Pablo Medina (Intersindical Canaria) ha celebrado la iniciativa del presidente de convocar la mesa de trabajo porque hay muchos trabajadores públicos en abuso de temporalidad, subrayando que no se trata de resolver solo el problema de las plazas sino el "proyecto personal" de cada empleado.
Ha comentado que la apuesta por la coordinación entre administraciones va a evitar que el proceso se "enquiste" con la presentación de recursos y trabajadores que se sientan "agraviados".
"Hay posibilidad de llegar a acuerdos si hay voluntad política" ha agregado, pese a que ha admitido que no les "gusta" la ley.
ACABAR CON LA "INCERTIDUMBRE"
Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha comentado que se ha dado "un paso importante" para coordinar el proceso de consolidación y que los trabajadores en abuso "tengan más seguridad" y acaben con la "incertidumbre" para estabilizar sus puestos de trabajo.
Ha apuntado que una veintena de ayuntamientos ya tienen publicadas sus ofertas de empleo público y ha exigido al resto que convoquen sus ofertas antes del 1 de junio. "Esto es fundamental, si no, no hay partido", ha señalado.
Francisco Martín, secretario de Acción Sindical del CSIF, ha comentado que es necesario llegar a acuerdos para desarrollar la ley de medidas urgentes y acabar con la "precariedad laboral" de los trabajadores.
José Ángel Mascarell (Sepca) ha cifrado en casi un 30% de los trabajadores de las administraciones públicas en abuso de temporalidad y ha indicado que la mesa de trabajo "es una oportunidad" para buscar soluciones a una situación "de la que los trabajadores no son culpables".
Ha apuntado que con la nueva ley se introducen "matizaciones" para que los trabajadores no se conviertan en "sufridores" y puedan consolidar sus plazas de trabajo.
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