El Tribunal de Cuentas propone en el Parlamento condicionar subvenciones a los municipios a que rindan cuentas

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas los informes de fiscalización del sector público local correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, en los que el organismo sugiere vincular el acceso a subvenciones y ayudas por parte de los ayuntamientos a la rendición de cuentas en tiempo y forma.

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ambos documentos, que recoge Europa Press, constatan la existencia de retrasos y presentación incompleta de documentación por parte de ayuntamientos, diputaciones, comarcas, mancomunidades, consorcios, cabildos, consejos insulares, áreas metropolitanas y agrupaciones de municipios, entre otros entes locales.

Y es que aunque el nivel de rendición de cuentas en plazo experimenta una "notable mejoría en cada ejercicio", apenas el 40% de los organismos fiscalizados cumplieron la normativa en 2011 y el 65% un año más tarde.

Por eso, el Tribunal aboga homogeneizar los plazos en todo el país y hacerlos más breves, y considera que un buen incentivo para lograrlo sería vincular la rendición de cuentas al acceso a ayudas y subvenciones, propuesta que reitera en ambos informes, donde se señala a Andalucía como la región más incumplidora en ambos ejercicios.

PRÓRROGAS PRESUPUESTARIAS

Otra deficiencia que se señala, tanto en 2011 como en 2012, es la generalización del uso de la prórroga presupuestaria --88% de las entidades lo utilizaron en 2011 y el 87% al año siguiente--, que "evidencia" una "inadecuada planificación presupuestaria y económica" que "impide que el presupuesto de cada ejercicio ejerza una de sus principales funciones, ser el instrumento clave para llevar a cabo una gestión municipal ordenada y transparente".

Además, los presupuestos se modificaron entre una cuarta y una tercera parte de media respectivamente en cada ejercicio, y los ingresos no alcanzaron el 83% de lo previsto en 2012, lo que motivó la aprobación de modificaciones de crédito financiadas con recursos no obtenidos efectivamente, algo que "incide negativamente en la solvencia" de los ayuntamientos.

Es por ello que el Tribunal reclama medidas para evitar prórrogas de presupuestos, modificaciones de crédito "sin financiación efectiva" y falta de ajuste de la gestión "a las posibilidades financieras reales" de la entidad. Asimismo, alerta de que los ayuntamientos no cuentan con ingresos suficientes para cubrir todas sus competencias, por lo que ve necesario adoptar "medidas estructurales" para garantizar la "suficiencia financiera" de los entes locales de modo que se eviten "desequilibrios permanentes" que conducen a más deuda.

REESTRUCTURAR EL SECTOR PÚBLICO

Por otro lado, tanto el informe de 2011 como el de 2012 alertan de que el número de entidades locales ha permanecido invariable desde 2009 a pesar de que existen mancomunidades, consorcios y empresas sin actividad declarada, algo que el tribunal no ve justificado, por lo que recomienda estructurar e incluso disolver los organismos que no estén desarrollando actividad ni prestando servicio.

También sugiere garantizar que la creación, actuación y permanencia de este tipo de entes responda a razones de eficiencia, estabilidad, racionalidad y sostenibilidad financiera; y ampliar el ámbito subjetivo de la cuenta general de las entidades locales, para incluir fundaciones, empresas con una participación mayoritaria de algún ayuntamiento o sociedades mercantiles locales participadas por más de una entidad local que superen conjuntamente el 50% del capital social aunque ninguna esté en posición de control.

SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

En el informe de fiscalización de 2011, el Tribunal de Cuentas centra su atención en la prestación de los servicios públicos básicos (agua, alumbrado, recogida de basuras, limpieza viaria y cementerios) por parte de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que tuvieron un coste medio de 413,75 euros por habitante, llegando a los 472,13 euros en el caso de los municipios de menos de mil vecinos.

Entre las conclusiones que extrae el organismo que preside Álvarez de Miranda destaca que hubo numerosas localidades, "en general de escasa población o con gran diseminación de núcleos de población", en los que no se prestó el servicio de limpieza viaria, sobre todo en Galicia y Asturias.

Además, no se apreció una "correlación significativa y común" para los cinco servicios entre "la forma de prestación y el mayor o menor coste del servicio", aunque se advierte de que todos ellos "resultaron deficitarios", sobre todo el alumbrado.

El organismo también critica que los planes provinciales y de financiación de servicios no se usan de forma adecuada para determinar qué servicios municipales son deficitarios para centrar en ellos la financiación, por lo que exige controles periódicos para distribuir los fondos de cooperación económica local en función de los resultados de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales y de las necesidades de cada municipio. Asimismo, propone que los ayuntamientos analicen periódicamente la eficiencia de los costes efectivos de sus servicios esenciales.

El organismo fiscalizador también aprecia irregularidades en la contratación, en relación con la falta de justificación y necesidad de ciertos contratos, el uso del proceso de urgencia en casos no previstos en la normativa, la no determinación del objeto y el precio en algunos contratos, o las deficiencias en la valoración de las ofertas, sobre todo en relación con el precio, lo que encarece los servicios.

PERIODOS MEDIOS DE PAGO

En el informe de 2012, el organismo que preside Álvarez de Miranda centra un apartado especial en los periodos medios de pago de las entidades locales, que cifra en 92 días, muy lejos de los 40 días legalmente permitidos. El periodo medio de cobro, por su parte, fu de 63 días mientras que los derechos dudosos de cobro ascendieron a 5.751 millones, el 30% del total de créditos pendientes de cobro.

En cuanto al gasto total por habitante ejecutado ascendió a 962 euros, siendo las políticas de bienestar (saneamiento, aguas, basuras, limpieza, alumbrado, etc) los que concentraron un 42% del total, seguidos por la seguridad y la movilidad (23%) y la política de vivienda y el urbanismo (21%). La sanidad, la educación, la cultura y el deporte se llevaron el 14% del gasto pese a ser competencias autonómicas.

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