Rajoy maneja un estudio que propone agrupar ayuntamientos menores de 10.000 habitantes

La reforma del Estado de las Autonomías y las administraciones locales que Mariano Rajoy considera urgente acometer y cuyo diseño ha encargado a Javier Arenas no es una inquietud nueva ni algo improvisado en el Partido Popular.

El Confidencial.com. 18.10.2012

El hoy presidente del Gobierno encargó en 2010 a Faes, la fundación que preside José María Aznar, un informe sobre la cuestión que recibió en diciembre de ese mismo año. En el texto figuraba ya el principio de la estabilidad presupuestaria que se ha aprobado como ley orgánica para acabar con el déficit público, y también se apuntaban vías concretas de reducción del aparato político y burocrático del Estado como la agrupación de corporaciones locales, el reparto tasado de competencias entre administraciones y un sistema fijo y estable de financiación autonómica.

“Ningún país con niveles de descentralización próximos a los nuestros cuenta con un marco constitucional tan laxo e impreciso”, decía el citado estudio en el análisis de la conflictividad e inestabilidad que tenía y tiene el Estado de las Autonomías al no aclarar la Constitución el reparto de competencias y la fórmula estable de financiación al estilo de Alemania. Esa era la advertencia previa ante la crisis en el sistema ya abierto con el Estatuto catalán, el descenso de recursos por la crisis económica y la tendencia al despilfarro que imperaba en la mayoría de las Autonomías.

“Por un Estado autonómico y viable” se titulaba el estudio elaborado por el ex secretario de Estado de Administraciones Públicas e inspector de Hacienda Julio Gómez-Pomar, el interventor y auditor del Estado Mario Garcés y el diputado del PP y ex secretario de Estado de Administraciones Territoriales Gabriel Elorriaga. Rajoy pidió documentación y propuestas después de la reforma del sistema de financiación autonómico que Zapatero acometió ante las exigencias de más fondos del gobierno tripartito catalán y después de que el nuevo estatuto entrara en vigor.

La primera conclusión del estudio era que el esquema configurado en el Título VIII de la Constitución había sido útil durante tres décadas y que el resultado del impulso de las fuerzas políticas que buscaban el autogobierno por razones “identitarias”, más el de los demás partidos que vieron en la descentralización “un instrumento eficaz para la eficiencia económica”, consistía en la práctica en que “el peso financiero de las regiones españolas es el mayor de toda la Unión Europea”.

No obstante, Faes sostenía en que el modelo ofrecía claros signos de agotamiento por los excesos en el gasto y la existencia de duplicidades y desajustes. Además, se denunciaba los problemas derivados de “la complejidad normativa y la ruptura de la unidad de mercado” y se reconocía que, con carácter general, la descentralización ha supuesto un lastre para el crecimiento económico de los países desarrollados”. La última conclusión del estudio es que en la etapa de Zapatero se habían roto todos los consensos que habían fundamentado el desarrollo autonómico y “la homogeneidad básica en la tabla de competencias”.

Entre las líneas o “consideraciones” sobre el futuro del modelo territorial, destacaba la última, que fue la primera aplicada por Rajoy nada más llegar al poder: “Es preciso establecer límites adicionales al endeudamiento e, incluso, promover su completa desaparición en los niveles subcentrales de gobierno (Autonomías)”. Es el 1,5 por ciento de déficit que tienen que cumplir los gobiernos regionales este año para dejar el contador a cero antes de que termine la legislatura.

En Faes les parecía “una respuesta interesante ante una necesidad real forzada por la situación” iniciativas como la anunciada en Grecia para suprimir entidades locales de menos de 10.000 habitantes para agruparlas en corporaciones mayores que sí podrán hacer una gestión eficaz de los servicios públicos. Es la fórmula que ahora defiende Cristóbal Montoro para que, sin suprimir ayuntamientos, sean las Diputaciones las que se ocupen de centralizar los servicios. En el citado estudio también se cita el ejemplo de Alemania para explicar que si la República Federal pudo “redimensionar” sus länder hace años, algo parecido cabría hacer en España por esa misma vía o por la de la “cooperación interregional”.

Gabriel Elorriaga defendía la urgencia de atribuir mejor competencias y responsabilidades entre las administraciones, evitando duplicidades y concluía que era imprescindible reforzar las normas básicas de reparto de ingresos mediante su “constitucionalización”. La propuesta consistía en que el sistema de financiación dejara de depender de cada momento, mayoría parlamentaria o desafío nacionalista de turno y quedara fijada por una norma de rango superior.

Javier Arenas acaba de recibir el encargo de Rajoy de fijar y poner orden en las ideas de reforma del Estado de las Autonomías que emergen en distintos ámbitos e instituciones controlados por el PP. No se ha dirigido aún a Faes ni a sus expertos en la materia, pero el citado informe es el que, al menos en parte, ha empezado a aplicar Rajoy desde el poder. El requisito que el estudio pone para aplicar más medidas y, sobre todo, de más calado como es la reforma constitucional es el que hoy se presenta como más complicado. “El acuerdo de los dos grandes partidos políticos nacionales” al que aludía Faes está muy lejos. Rubalcaba se ha apuntado a una genérica apuesta por el “federalismo” para salvar las próximas campañas electorales y mantiene paralizadas las conversaciones con el PP para acordar la reforma de las administraciones en las facetas que se presentan más urgentes como la de acabar con las duplicidades en servicios.

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