lainformacion.com. 05.07.2012
El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha defendido hoy la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para clarificar el marco competencial sobre la base de la premisa "una administración, una competencia", y que a ésta se la dote de financiación para prestar a los ciudadanos un servicio de calidad.
Así lo ha afirmado hoy en Cáceres durante la ponencia inaugural del curso "El gasto y los servicios de las entidades locales ante las últimas exigencias de estabilidad presupuestaria de la UE", en el marco de la XIII edición del Curso de Verano "Summex 2012" de la UEX.
Floriano ha centrado su discurso en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que contribuirá a evitar duplicidades de competencias, así como las competencias impropias o no asumidas.
"La situación actual es una consecuencia del desarrollo autonómico en España", ha precisado, pero "la solución no pasa por eliminar autonomías, ayuntamientos o diputaciones" sino por aplicar criterios de gobernanza basados en la eficiencia y la austeridad.
Para esto, y de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es preciso que las administraciones públicas "no gasten más de lo que ingresen" y que "su estructura sea sostenible", ha añadido.
Esta propuesta choca con el modelo desarrollado hasta la fecha, que, según él, ha provocado un "sector público sobredimensionado" y una "expansión administrativa insostenible" que contemplaba la previsión de ingresos extraordinarios para gastos ordinarios.
A esto ha añadido "otro de los errores" como la "excesiva reglamentación" en las autonomías, en ocasiones sin una reflexión sólida, y para algunos aspectos "carente de sentido" en el marco de un contexto de unidad del mercado de la UE.
En esta línea, ha indicado que el actual modelo de financiación autonómica surge de "un acuerdo bilateral entre una comunidad autónoma y el Gobierno", el cual "ya no vale ahora" porque denota lo que "durante años fue un ejercicio de Gobierno deficiente".
Para justificar la necesidad de reordenar la administración pública, Floriano se ha preguntado "si es imprescindible que haya 17 o 10 defensores del pueblo" y otros tantos tribunales de cuentas, organismos de la competencia, consejos consultivos y grupos empresariales públicos provistos de altos cargos y coches oficiales.
Ante la "urgencia" de inversión empresarial, se ha cuestionado si es necesario que se tengan que pedir 17 tipos de licencias y trámites administrativos en función de la comunidad autónoma.
En estos términos se ha referido también a la existencia de 65.000 concejales, 1.040 diputados provinciales, más de 1.180 diputados regionales, además de diputados por el Congreso y el Senado, más de 1.400 mancomunidades.
"España necesita no tanto un cambio del modelo territorial sino una reforma en el desarrollo del modelo", ha agregado, donde se potenciará el papel de las Diputaciones que asumirán los servicios obligatorios mínimos de los municipios que se declaren inviables.
Igualmente, la reforma promoverá la "unión de servicios" entre los consistorios ya que España cuenta con 8.116 Ayuntamientos, de los que solo el 9 por ciento tiene más de 10.000 habitantes y cuya gran mayoría presta servicios públicos que no le corresponden.
Es una reforma "tan ambiciosa como realista" que, ha dicho, establecerá un catálogo de competencias propias adecuadas al tamaño de los municipios y que centrará la reflexión en "la necesidad de que lo público de un paso atrás para que sea la sociedad civil la que ocupe determinado protagonismo".
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