Ideal.es. 22.06.2012
Esta ordenanza surge a raíz del Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell de 'Medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas', que modifica algunos puntos de la legislación urbanística valenciana.
Este Decreto Ley establece que "los bienes y recursos que integran" el PPS "deberán ser destinados a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública", pero también -y ahí estriba la novedad- "a otras actuaciones de interés social" sometidas a una serie de requisitos previstos en el mismo texto.
Tras rechazarse las alegaciones presentadas por el grupo municipal socialista y un particular, la ordenanza recoge 26 proyectos de interés social o utilidad pública a los que se podría destinar el PPS.
Entre esos 26 proyectos se encuentran cinco ya ejecutados (escaleras mecánicas del parque Censal, campos de fútbol, auditorio municipal, instalación de museo arqueológico en el chalé Centellas y piscina cubierta), que el Ayuntamiento materializó gracias a la venta o permuta de PPS.
Se da la circunstancia de que estas operaciones de venta o permuta de PPS, que se realizaron en la legislatura 2003-2007, han sido todas anuladas por los tribunales, ya que el suelo o los ingresos obtenidos por estas operaciones tenían que haberse destinado a la construcción de viviendas protegidas.
En los cinco casos, el ayuntamiento de Villajoyosa fue condenado a tener que devolver al PPS los recursos generados por estas operaciones de venta o permuta y que ascienden a unos 23 millones de euros.
Según ha explicado hoy el alcalde, Jaime Lloret (PP), la ordenanza convierte estas obras en proyectos "de interés social" -y por tanto susceptibles de poder ejecutarse a través del PPS-, lo que podría liberar al ayuntamiento de tener que reintegrar los 23 millones de euros en una cuenta bancaria específica.
Lloret ha señalado que los asesores jurídicos municipales entienden que el cambio legislativo aprobado por el Consell permite esta posibilidad, algo que ha considerado "prioritario".
El portavoz del PSOE, Gaspar Lloret, ha mostrado sus dudas acerca de que esta ordenanza consiga eximir al consistorio de afrontar esta deuda, ya que "la jurisprudencia dice que no se puede convalidar un acto administrativo anulado", en este caso las operaciones urbanísticas realizadas con el PPS.
El alcalde ha explicado que serán los tribunales que dictaron cada una de esas sentencias los que decidan si admiten estas obras como proyectos de interés social y liberan al ayuntamiento de su deuda, o si por el contrario consideran que no hay convalidación posible y que la administración debe seguir reintegrando al PPS el coste de cada proyecto de acuerdo a los calendarios de pago aprobados.
Para ello, el ayuntamiento cursará ante los diferentes tribunales los correspondientes incidentes de ejecución de sentencia, según han confirmado a EFE fuentes municipales.
Los tres grupos de la oposición (PSOE, Esquerra Unida y Gent per La Vila) han votado en contra del rechazo de las alegaciones y de la aprobación definitiva de la ordenanza.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su email y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.