Gva.es 26.12.25
Esta disposición se estructura en 111 artículos distribuidos en nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Con este decreto ley se van a modificar o eliminar 96 normas, entre ellas, 38 leyes y 43 decretos; 750 artículos que, en conjunto con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos modificados o eliminados con el objetivo de modernizar, agilizar y simplificar la Administración Pública de la Comunitat Valenciana.
Además, a través de estas medidas frente a la hiperregulación, la Comunitat Valenciana será la primera autonomía que dispondrá de un sistema de control del crecimiento normativo, se revisará con IA todo el ordenamiento jurídico y se establecerá el compromiso de que cada norma nueva elimine o simplifique al menos otra.
En concreto, se incluyen medidas que reducen la densidad de la carga normativa, eliminan duplicidades, refuerzan la seguridad jurídica y establecen herramientas innovadoras para garantizar la interoperabilidad, la automatización y el uso ético del dato público.
Asimismo, el decreto ley actúa como instrumento habilitador de políticas públicas clave en los principales ámbitos económicos y sociales de la Comunitat Valenciana, afectadas por un marco normativo disperso, rígido o desfasado. Así, se pretende desbloquear proyectos estratégicos, eliminar trabas injustificadas y reforzar la capacidad de intervención pública.
Esta norma también promueve una simplificación desde el diseño, orientada a prevenir nuevas cargas administrativas, facilitar el cumplimiento normativo y garantizar una administración más ágil, más proactiva y centrada en la ciudadanía. Su aplicación transversal afecta a toda la Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y las entidades locales.
IA para detección de redundancias normativas
En el capítulo I se regulan medidas frente a la hiperregulación, ya que esta no solo dificulta el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía y los operadores económicos, sino que también incrementa los costes administrativos, reduce la eficiencia del sector público y limita la capacidad de respuesta de la Administración ante los retos actuales.
Para ello, se establece un conjunto integrado de principios y herramientas que orienten toda la actividad normativa autonómica hacia criterios de racionalidad, necesidad y proporcionalidad. Se incorporan exigencias de evaluación sistemática, mecanismos de control del crecimiento normativo, así como medidas de simplificación y depuración del ordenamiento jurídico.
A tal fin, este decreto ley articula medidas innovadoras que combinan exigencias técnicas con recursos tecnológicos avanzados, como el uso de inteligencia artificial para la detección de redundancias normativas, la creación de un cuadro de mando sobre la carga regulatoria o el establecimiento de un buzón para que la ciudadanía y las empresas puedan presentar propuestas de simplificación.
Asimismo, se avanza en la digitalización efectiva de los procedimientos administrativos dirigidos a personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración, mediante la obligación de que las Oficinas PROP, las oficinas de asistencia en materia de registro (OAMR) y las oficinas de atención especializada (que tengan la condición de OAMR) presten asistencia en la identificación y firma electrónica, mediante personal funcionario habilitado, para aquellos procedimientos administrativos que cuenten con aplicación de gestión electrónica y elevado volumen de solicitudes.
Esta medida permitirá reducir de manera significativa el uso de documentos en papel, minimizar errores y acortar los tiempos en la tramitación administrativa, a la vez que se preservan los derechos de las personas interesadas, justificando así su adopción inmediata mediante la presente norma.
Del mismo modo, se regula la unidad de mercado mediante la implementación de un régimen jurídico específico para garantizar la libertad de establecimiento y circulación de operadores económicos en la Comunitat Valenciana.
El título II contiene las medidas generales y organizativas en materia de simplificación administrativa y regula las medidas de simplificación procedimental, tecnológica, en materia de función pública, de archivos, así como medidas de simplificación en el ámbito de la Inspección General de Servicios.
Por su parte, el título III contiene medidas de carácter social, en concreto, modificaciones en materia de servicios sociales, de vivienda y otras medidas dirigidas a la ciudadanía, mientras que el título IV contiene los cambios normativos en materia de economía y hacienda.
Igualmente, el título V comprende las modificaciones en materia de sanidad; el título VI las variaciones en materia de educación, cultura y deporte; el título VII está dedicado a las modificaciones en materia de medioambiente, urbanismo y agricultura; el título VIII incluye las medidas dirigidas al sector industrial, energético y el comercio, y el título IX las modificaciones en materia de turismo.
Noticia aún sin comentar.
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:
Si desea registrase en la Administración al Día y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en La Administración al Día.