El Consejo de Gobierno ratifica el acuerdo alcanzado con los sindicatos por la mejora del empleo público

El Consejo de Gobierno ha ratificado el acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía el pasado 12 de noviembre con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO, para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía.

Juntadeandalucia.es 26.11.25

Se trata de un gran acuerdo institucional, alcanzado desde el consenso y la apuesta común por el futuro, que permite consolidar y acelerar la modernización de la Administración pública andaluza y la construcción de un modelo de gestión más eficaz, ágil y orientado a la ciudadanía.

Este acuerdo, histórico, se convierte en una auténtica guía estratégica para los próximos años, alineada con los retos sociales, tecnológicos y económicos que afrontará Andalucía, y supone la mayor transformación del empleo público en décadas. Fija, además, para los próximos cinco años un marco robusto para avanzar hacia un empleo público moderno, estable y motivador; a la vez que supone una palanca de transformación para avanzar en los objetivos clave en materia de personal, para responder eficazmente a los retos derivados de las demandas sociales y del crecimiento económico, siempre en beneficio de la ciudadanía. Su alcance económico será de 250 millones de euros con un horizonte de cinco años.

Asimismo, el documento ratificado hoy, no solo supone un punto de inflexión en la transformación de la Administración andaluza, sino que sienta las bases para recuperar la senda de la negociación colectiva de carácter general, que periódicamente establezca compromisos entre la administración y los representantes de los trabajadores para avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General de la Junta de Andalucía. Su aplicación será para todo el personal funcionario y laboral de la Administración General, de las entidades instrumentales del sector público andaluz y al personal de la Administración de Justicia cuando se establezca expresamente.

En primer lugar, impulsa la implantación real de la carrera profesional y del sistema de evaluación del desempeño, un instrumento objetivo y transparente que permitirá reconocer el mérito, la dedicación y la excelencia de quienes trabajan al servicio de la Administración andaluza. En este sentido, el acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de 10 noviembre, carrera horizontal, evaluación del desempeño y equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, que también tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno, supondrá la base para el futuro decreto por el que se regularán todos estos conceptos.

Además, el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo mediante la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica, poniendo fin a desigualdades históricas y reforzando la coherencia interna del modelo.

Incluye también el compromiso de culminar el VII Convenio Colectivo, firmado en 2002, para dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la nueva Ley de Función Pública y refuerce ámbitos esenciales como la igualdad, la salud laboral, la corresponsabilidad o el desarrollo profesional.

Temporalidad, riesgos laborales y unidades compartidas

Todo ello se articula en paralelo a una planificada estrategia de empleo que permitirá reducir de manera sostenida la temporalidad estructural, situándola por debajo del 8% mediante una programación plurianual de ofertas de empleo público, un modelo estable de cobertura de vacantes y mecanismos de control que eviten el abuso de la duración temporal de los contratos y nombramientos.

Asimismo, el acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y efectiva de la prevención en la Administración Pública andaluza, la adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo. Y, por último, también recoge la creación de unidades administrativas compartidas que permitan la ejecución de proyectos estratégicos o atender necesidades coyunturales o temporales.

En coherencia con la Ley de la Función Pública de Andalucía y el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2023-2030, su orientación es clara: situar a Andalucía en la vanguardia de la gestión pública mediante una Administración que actúa como motor económico, que facilita la inversión, que atrae talento y que se adapta a la revolución digital con estructuras flexibles, eficientes y centradas en las personas.

El personal empleado público es el verdadero eje de esta transformación, ya que su labor, profesionalidad y compromiso constituirán el factor decisivo que permitirá avanzar hacia un modelo de servicios públicos más accesibles, eficaces y humanos. El acuerdo reconoce este papel y crea un marco estable que impulsa la motivación, la carrera profesional y la estabilidad como elementos clave para mejorar la atención a la ciudadanía. Esta iniciativa será un instrumento clave para reducir la brecha digital entre la ciudadanía y mejorar la capacidad de la administración pública para asistir a personas con reducido nivel de destrezas digitales.

La modernización de la Administración pública es esencial para impulsar el desarrollo económico y social de los territorios, ya que actúa como motor de transformación y mejora la competitividad. Una gestión pública ágil, eficiente y centrada en la ciudadanía facilita la atracción de inversiones, la creación de empresas y la captación de talento, al tiempo que reduce barreras burocráticas y promueve ecosistemas innovadores, sostenibles e inclusivos.

Una vez convalidado por el Consejo de Gobierno, el texto estará vigente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030.

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