Medidas de simplificacin y racionalizacin administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracin de la Junta de Andaluca

 19/02/2024
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Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacin y racionalizacin administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracin de la Junta de Andaluca y el impulso de la actividad econmica en Andaluca (BOJA de 16 de febrero de 2024). Texto completo.

DECRETO-LEY 3/2024, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE SIMPLIFICACIN Y RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA PARA LA MEJORA DE LAS RELACIONES DE LOS CIUDADANOS CON LA ADMINISTRACIN DE LA JUNTA DE ANDALUCA Y EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONMICA EN ANDALUCA.

I

El Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificacin administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacin econmica en Andaluca, recoga en su exposicin de motivos que, a pesar de que en 2021 se haba iniciado el proceso de recuperacin econmica, tras la excepcional cada del PIB en 2020 provocada por la COVID-19, el crecimiento esperado en el conjunto del año no compensara la cada registrada en 2020, no esperndose la recuperacin de los niveles previos a la pandemia hasta como mnimo el año 2022. Una situacin a la que adems se añada, como elemento condicionante y limitativo de la recuperacin econmica, la trayectoria inflacionista que se vena observando en la segunda mitad del año, derivada, entre otros factores, de la subida del precio del petrleo en los mercados internacionales, debido al fuerte impulso de la demanda a nivel mundial despus de la notable cada de la actividad y el comercio en 2020, y de los mximos histricos alcanzados por el precio de la electricidad en España. Unas tensiones inflacionistas que podan llevar a lastrar la recuperacin del consumo de los hogares y de la economa en general, elementos todos ellos que justificaban la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificacin de trmites y mejora de la regulacin econmica.

Todos estos factores limitantes del crecimiento econmico no hicieron sino agravarse en 2022, tras el conflicto blico en Ucrania, iniciado el 24 de febrero. Una guerra surgida cuando se estaba saliendo de la mayor crisis econmica vivida en tiempos de paz, la crisis de la COVID-19, con consecuencias muy relevantes en materia energtica y de precios, y que provoc un ajuste en las expectativas econmicas y geopolticas a nivel mundial. De esta forma, y como consecuencia ms inmediata del conflicto blico, se profundiz en los problemas de suministro en las cadenas globales de produccin, que ya se manifestaron en la segunda mitad del año 2021, y se produjo un agravamiento de la subida de los precios energticos, llevando la inflacin y la prdida de poder adquisitivo de los salarios a registros que no se conocan en los ltimos cuarenta años.

La tasa de inflacin media del año 2022 de la economa española y andaluza se situ en el 8,4% y 8,7%, respectivamente, niveles que no se registraban desde 1986, año en el que se produjo la entrada de España en la actual Unin Europea. Una inflacin derivada en gran medida de los elevados precios de los productos energticos (combustibles, gas y electricidad), pero que se fue trasladando tambin prcticamente al resto de bienes y servicios, llevando a la inflacin subyacente, que mide el comportamiento ms estructural de la inflacin al no tener en cuenta los precios ms voltiles como el de los alimentos no elaborados y los productos energticos, a los niveles ms altos en la serie histrica disponible (5,2% en España y 5,5% en Andaluca en media anual).

Las tensiones inflacionistas llevaron a las autoridades monetarias de nivel mundial a aplicar polticas monetarias ms restrictivas, con subidas de tipos de intervencin y reduccin de estmulos. El Banco Central Europeo (BCE) subi en julio de 2022 el tipo de inters de las operaciones principales de financiacin del Eurosistema, por primera vez en 11 años, en medio punto porcentual, hasta el 0,50%. Con posterioridad a esta subida ha aprobado seis subidas ms, la ltima el 14 de septiembre de 2023, hasta dejarlo situado en el 4,5%, lo que supone un cambio radical y ms restrictivo para la financiacin de las empresas y las familias.

De hecho, el Euribor a un año, principal ndice de referencia, entre otros aspectos, de los prstamos hipotecarios en España, pas de estar situado en torno al -0,5% a principios de 2022, al 4,16% de media en octubre de 2023, si bien posteriormente se observa una cierta moderacin, estando situado en el 3,6% de media en enero del presente año 2024.

El panorama econmico, por tanto, se ha visto alterado profundamente por el conflicto blico entre Rusia y Ucrania, con una guerra en la misma frontera de la Unin Europea (UE), que ha acentuado las tensiones inflacionistas y ha llevado a un giro de la poltica monetaria, asistindose a un endurecimiento de esta. Un nuevo enfoque de la poltica monetaria que empieza a tener reflejo en una contencin de las tasas de inflacin, que en 2023 se ha situado de media en el año en el 3,9% en Andaluca (3,5% a nivel nacional), si bien la subyacente se encuentra varios puntos por encima (6,5% en Andaluca, 6% en España), y est mostrando ms resistencia a la baja.

Pero al mismo tiempo, las subidas de tipos de inters en tan corto espacio de tiempo se han trasladado en algunos episodios puntuales de perturbacin en el sistema financiero, con problemas en algunos bancos de EEUU y de Europa, que añadieron incertidumbre a la situacin econmica.

A ello se ha unido ms recientemente el surgimiento de un nuevo conflicto blico, en este caso en Oriente Medio, entre Israel y Hams, generando un aumento de los problemas geopolticos y de la incertidumbre a nivel mundial. Esto, junto con las tensiones en el Mar Rojo, estn afectando al transporte martimo mundial, que en el Canal de Suez, como nexo de conexin entre Oriente y Occidente, tiene una de las rutas comerciales ms importantes del mundo.

Todos estos factores estn llevando a una reduccin de los flujos de intercambios comerciales y una desaceleracin del ritmo de crecimiento econmico a nivel internacional, destacando el estancamiento en la Eurozona y la UE.

Segn los ltimos datos publicados por Eurostat, el PIB de la UE, y de la Zona euro, ha registrado en 2023 un crecimiento interanual del 0,5% de media en el año, frente a los elevados crecimientos registrados en los dos años anteriores (5,9% en 2021 y 3,5% en 2022). Esta desaceleracin del crecimiento tambin se observa en la economa española y en la andaluza, aunque con menor intensidad. En España, el PIB ha registrado un ritmo de crecimiento del 2,5% en 2023; y en Andaluca, especialmente afectada adems por la situacin excepcional de sequa, y con una economa en el que el peso del sector primario es relativamente ms elevado, el crecimiento tambin ha sido del 2,5%, despus de dos años creciendo por encima del 5%.

Desde la ptica de la oferta productiva, el sector agrario ha registrado un descenso real del valor añadido, del -4,9% en Andaluca en 2023 ms del doble que la media del sector en España (-2%) un sector muy afectado, como se ha mencionado, por la situacin de sequa, lo que impacta tambin en la industria agroalimentaria, de significativo peso en la Comunidad Autnoma. De esta forma, el sector industrial en Andaluca ha experimentado un descenso en 2023 del -0,7%, en contraste con el crecimiento de casi el 5% observado en 2022.

Desde la perspectiva de la demanda, y ante las condiciones ms restrictivas para la financiacin de las familias y empresas por la subida de tipos de inters, el consumo se resiente y la inversin crece de manera muy moderada.

En el mercado laboral, aunque la tasa de paro describe una trayectoria de cierta reduccin en Andaluca, sigue estando situada en un nivel elevado, superando de media en 2023 el dieciocho por ciento de la poblacin activa (18,2%).

En este contexto, los diferentes organismos e instituciones que realizan previsiones, tanto en el mbito regional como en el nacional e internacional, apuntan para 2024 tasas de crecimiento inferiores a las de 2023.

Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe de Perspectivas de la economa mundial, publicado en octubre de 2023, señalaba que “los pronsticos de crecimiento mundial a medio plazo son los ms bajos en dcadas, y las perspectivas de que los pases alcancen niveles de vida ms altos son escasas”, y que “la balanza de riesgos para el crecimiento mundial permanece inclinada hacia un deterioro de las perspectivas”. En enero del presente año 2024 ha publicado una Actualizacin de sus Perspectivas, pronosticando un crecimiento de las economas avanzadas en 2024 del 1,5%, por debajo de 2023 (1,6%), siendo significativamente ms moderado el crecimiento esperado para la Zona Euro (0,9% en 2024). Para la economa española ha recortado a la baja en dos dcimas su pronstico de crecimiento en 2024 hasta el 1,5% (1,7% en su anterior informe de octubre), lo que supondra crecer un punto menos que en 2023 (2,5% segn el INE).

En el mbito de la economa andaluza, los pronsticos de las distintas instituciones que realizan previsiones macroeconmicas para Andaluca (BBVA Research, CEPREDE, Universidad Loyola Andaluca, FUNCAS, Analistas Econmicos de Andaluca, Hispalink y el Observatorio Econmico de Andaluca) señalan, tambin, una fuerte ralentizacin del ritmo de crecimiento en 2024.

Cabe añadir adems que, en el contexto de persistente situacin de sequa, y dada la mayor especializacin agraria de Andaluca, algunas instituciones pronostican que el crecimiento de la economa andaluza en 2024 podra ser inferior al de la economa española.

Todos estos elementos configuran una situacin de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando de manera urgente en las reformas administrativas necesarias, en materia de simplificacin de trmites y mejora de la regulacin econmica, para favorecer que los proyectos de inversin del sector privado se materialicen en actividad econmica y generacin de empleo en el menor tiempo posible.

II

Este escenario macroeconmico descrito, en el que el crecimiento econmico se mantiene en niveles reducidos, con riesgos financieros y en el que la inflacin persiste como un elemento desestabilizador de la situacin econmica, configura una situacin de excepcionalidad que justifica la necesidad de seguir profundizando, con carcter urgente, en la adopcin de reformas normativas e implementacin de todas aquellas medidas que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un entorno que facilite la implantacin de nuevas inversiones y favorezca la consolidacin y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo de Andaluca.

La mejora regulatoria, entendida como poltica pblica de carcter trasversal que ha de funcionar como premisa para que toda intervencin pblica garantice la consecucin de sus objetivos de inters pblico al mnimo coste, se convierte en un pilar fundamental para promover la productividad, la creacin de empleo y un crecimiento slido y estable de nuestra economa y, al mismo tiempo, para contribuir a una mejora en la prestacin de servicios y, consecuentemente, en el bienestar de ciudadanos y empresas.

Diversos estudios y recomendaciones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico avalan que aquellos pases o regiones con una mejor puntuacin en los indicadores de calidad regulatoria e institucional suelen mostrar un crecimiento potencial a largo plazo ms elevado y robusto. Asimismo, dichos pases, tambin cuentan con mayores tasas de productividad y, por ello, niveles de bienestar ms elevados para sus ciudadanos.

A su vez, las mejoras en la legislacin administrativa sectorial, adems de tener un impacto favorable en las actividades econmicas y la creacin de empresas, pueden producir tambin efectos significativos en el aumento de la renta per cpita, cuando se trata de mejoras sustanciales.

Contar con un ordenamiento que aporte seguridad jurdica y lograr que la Administracin Pblica se centre en lo esencial y no consuma recursos en lo superfluo se configuran como elementos clave de competitividad. Adicionalmente, resulta preciso un cambio de cultura de la Administracin que la haga ms gil, accesible y proactiva y adoptar las medidas necesarias para impulsar la creacin de un marco regulatorio eficiente de acceso y ejercicio a las actividades econmicas.

Desde un enfoque econmico, el beneficio de la mejora regulatoria para el conjunto de la ciudadana y las empresas es claro. Est ampliamente contrastado que las barreras y obstculos innecesarios y desproporcionados, los marcos normativos complejos, la existencia de duplicidades y la fragmentacin del mercado tienen un impacto negativo directo sobre la productividad y el crecimiento. Por ello, es esencial disponer de mercados flexibles, competitivos y bien regulados para facilitar la adaptacin del tejido productivo a los nuevos hbitos y necesidades sociales, propiciar el correcto funcionamiento de las actividades econmicas, atraer la inversin, impulsar el crecimiento y desarrollo econmico, la creacin de empleo, y con ello, el bienestar general y la prosperidad de los ciudadanos.

Por todo ello, desde una perspectiva transversal, el compromiso poltico con la mejora de la calidad de la regulacin en nuestra Comunidad Autnoma ocupa un lugar estratgico en la agenda de este Gobierno, y se ha hecho patente en la presente legislatura, mediante el refuerzo institucional de esta poltica, a travs de la creacin de la Direccin General con competencias en materia de simplificacin administrativa dentro de la Consejera con competencias en Presidencia. Dicha Direccin General, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Secretara General de Administracin Pblica, desarrolla una labor crucial en la definicin de las estrategias de simplificacin administrativa en el mbito de la Administracin de la Junta de Andaluca, siendo adems el rgano directivo que ha liderado el gran impulso reformista y de simplificacin que se materializa en el presente Decreto-ley con ms de 450 medidas aprobadas, gracias al esfuerzo conjunto y al compromiso de todas las Consejeras.

Este compromiso se ha evidenciado con el Pacto Social y Econmico por el Impulso de Andaluca, suscrito con los agentes econmicos y sociales el pasado 13 de marzo de 2023. Ese dilogo con la sociedad civil y con los principales afectados es indispensable para caminar hacia la transformacin de la Administracin pblica y mejorar la calidad de los servicios pblicos, en general, y en particular, para la remocin de las cargas administrativas y regulatorias injustificadas y desproporcionadas que afectan al acceso y ejercicio de las actividades econmicas.

En esta lnea, el presente Decreto-ley constituye una iniciativa enmarcada en la poltica de mejora regulatoria y se alinea tambin con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-2030, una de cuyas metas es crear a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. As pues, en este Decreto-ley se contienen una serie de medidas basadas en los principios de mejora regulatoria, que pretenden incrementar la transparencia, la seguridad jurdica, la racionalizacin administrativa, mejorar el funcionamiento interno del sector pblico y lograr una mejor coordinacin administrativa, y con ello, impulsar una mayor eficiencia de la Administracin, y ahondar especficamente en la reduccin de cargas administrativas a las actividades productivas, la eliminacin de las duplicidades existentes y la simplificacin de las relaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administracin.

Un hito importante a este respecto es la novedosa regulacin de la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo (MAIN). Se trata de un instrumento esencial al servicio de la mejora regulatoria.

Desde un enfoque sectorial, y en lo que respecta a la regulacin eficiente y pro competitiva de las actividades econmicas, tambin es de mxima prioridad una mayor profundizacin en la mejora regulatoria en los marcos normativos de los distintos sectores econmicos, que propicie un cambio de paradigma dentro la Administracin, para avanzar as en la recuperacin y transformacin de nuestra economa, a travs de la remocin de las trabas y barreras innecesarias a la implantacin y el desarrollo de la actividad empresarial. A tal efecto, es indispensable que la intervencin pblica en el mbito econmico se someta a los principios de buena regulacin econmica, siendo uno de sus principales exponentes la Ley 20/2013, de 9 de diciembre #(032893)#, de garanta de la unidad de mercado, modificada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre #(055144)#, de creacin y crecimiento de empresas, que establece la obligacin de todas las Administraciones pblicas de respetar los principios de no discriminacin, cooperacin y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, simplificacin de cargas y transparencia.

Es por ello fundamental someter la normativa sectorial a un proceso de revisin permanente y continua de la aplicacin de tales principios, a fin de reducir al mximo las barreras, trabas y obstculos a las actividades econmicas.

En este sentido, se sigue trabajando en el seguimiento y ejecucin del Plan para la Mejora de la Regulacin Econmica en Andaluca-Horizonte 2024, una iniciativa pionera entre las Comunidades Autnomas españolas con la que se pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la intervencin pblica en la economa, hacindola ms pro competitiva. Desde sus inicios, este Plan ha sido fruto del trabajo conjunto de la Agencia de la Competencia y de la Regulacin Econmica de Andaluca y las distintas Consejeras, as como de la participacin de un grupo de personas expertas designadas por la Comisin Delegada para Asuntos Econmicos y de la implicacin de los agentes econmicos y sociales ms representativos de Andaluca.

Este Plan representa un esfuerzo integral del conjunto de la Administracin de la Junta de Andaluca para disponer de normas eficientes y procedimientos simples que tengan garantizado su gil cumplimiento. Adems, el citado Plan, en la actual coyuntura econmica, es el soporte analtico que est permitiendo que se aprueben reformas normativas orientadas a facilitar la inversin empresarial y la actividad econmica en Andaluca y, todo ello, garantizando la defensa de los intereses generales.

Como resultado de los trabajos enmarcados en este Plan que an vienen desarrollndose, se han ido alcanzando numerosas propuestas de simplificacin y mejora regulatoria que han sido objeto de aprobacin en diversas normas, entre las que destacan el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo #(052517)#, y el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre #(052244)#. Tales iniciativas normativas, fueron incluidas en el Catlogo de Buenas Prcticas Regulatorias y de Clima de Negocios, aprobado por el Pleno de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, al tratarse de actuaciones dirigidas a simplificar el marco regulatorio aplicable a los operadores econmicos y a aumentar la competitividad de la economa andaluza, fomentar la cultura emprendedora, preservar un tejido productivo solvente y atraer e impulsar inversiones.

Junto a ellas, mediante el presente Decreto-ley se sigue avanzando en las medidas tendentes a la simplificacin administrativa, a la mejora de la calidad regulatoria y a la agilizacin de la Administracin, tras el trabajo minucioso de identificacin realizado en el marco del Plan para la Mejora de la Regulacin.

Por pequeños que puedan parecer individualmente estos cambios, su suma consigue un efecto agregado significativo para promover la reactivacin de la economa en Andaluca. Es por ello por lo que se propone llevar a cabo todo un conjunto de reformas normativas cuya extremada urgencia determina el actual contexto econmico y que, sumadas, permitan a la economa andaluza progresar en la senda de la recuperacin econmica.

En definitiva, en las actuales circunstancias, el reto para la Junta de Andaluca, al que este Decreto-ley pretende dar respuesta, es realizar reformas que faciliten el acceso y ejercicio de una actividad productiva a personas emprendedoras y empresas, as como atraer inversiones productivas, mediante la simplificacin de trmites y requisitos administrativos e impulsar un cambio en la cultura de la Administracin, que la haga ms gil, accesible y proactiva de cara a las empresas y a la ciudadana.

III

A la coyuntura econmica expuesta hay que añadir que Andaluca est padeciendo una de la sequias ms severas de los ltimos años. Dada su especializacin productiva, tiene un mayor grado de exposicin que la economa española a la sequa. De manera directa, el 9,1% del valor añadido bruto y del empleo provienen del sector primario y de la industria de la alimentacin en Andaluca, unos porcentajes que son casi el doble de lo que representan en España. La situacin de extremada sequa est afectando a la propia supervivencia de muchas explotaciones agrcolas y ganaderas. Las consecuencias sobre los cultivos y sobre el ganado son completamente dramticas, llevando a una situacin lmite a muchos productores que vienen soportando excepcionales circunstancias los ltimos años. Todo ello incide seriamente en la economa de las zonas rurales y al desenvolvimiento de otros sectores de actividad econmica relacionados con la agricultura, as como en la produccin de alimentos. De hecho, la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andaluca son de productos alimenticios, tambin prcticamente el doble que en España.

Cuanto se ha expuesto justifica la necesidad de profundizar en los efectos econmicos que la situacin de sequa est teniendo en la economa andaluza, y que est afectando al crecimiento econmico, desde diferentes vertientes. En este sentido, se est viendo muy afectada la produccin y el empleo agrarios y de la industria de la alimentacin; se est perdiendo tejido empresarial asociado a los productos agroalimentarios; el sector exterior tambin est sufriendo la perdida de produccin, que est llevando a vender menos productos agroalimentarios a nivel internacional y a aumentar la necesidades de importacin de este tipo de productos, con el consiguiente efecto negativo en la superavitaria balanza comercial internacional de productos agroalimentarios que tiene la economa andaluza; y la menor oferta de productos, junto con otros factores relacionados con el encarecimiento de los costes de los insumos, est llevando la tasa de inflacin de los alimentos, tanto elaborados como no elaborados, a niveles de casi dos dgitos.

El sector agroalimentario y las actividades ms vinculadas al mismo tienen un peso en la economa andaluza en torno al 15%. Es decir, la cuarta parte de la economa andaluza est en mayor o menor medida expuesta a los efectos de la sequa. Considerando una cada de la produccin del sector agrario del -13% en 2023 (estimaciones del ndice de produccin agraria que elabora el IECA) y una cada de la industria de la alimentacin tambin del -13% (el IPIAN de la industria de la alimentacin cae hasta mayo un -12,3%), cabra estimar un impacto global en el PIB de Andaluca del -2,1%. Es decir, cada diez puntos de cada de la produccin agraria y de la industria agroalimentaria conjuntamente, suponen casi dos puntos menos de PIB en la regin (-1,6 puntos).

En definitiva, la sequa nos est restando crecimiento econmico, en una magnitud relevante, dado el significativo peso que el sector agroalimentario y las actividades ms vinculadas al mismo tienen en Andaluca.

IV

El artculo 110 del Estatuto de Autonoma para Andaluca permite al Consejo de Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leyes que no podrn afectar a los derechos establecidos en el Estatuto, al rgimen electoral, a las instituciones de la Junta de Andaluca, ni aprobar los presupuestos de Andaluca.

El presente Decreto-ley respeta los lmites previstos en el citado artculo y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretacin de las exigencias previstas por el artculo 86.1 #(000001) ar.86# de la Constitucin Española.

Respecto del supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su apreciacin forma parte del juicio poltico o de oportunidad del Gobierno (por todas, sentencias 61/2018, de 7 de junio, FJ 4 y 142/2014, de 11 de septiembre FJ 3). En este sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente lcito siempre que el fin que justifique emplear la legislacin de urgencia sea el de subvenir a una situacin concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones difciles de prever requiere de una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la va normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitacin parlamentaria de las leyes (SSTC 6/1983 #(100134)#, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002 #(104547)#, de 17 de enero, FJ 4; 137/2003 #(104912)#, de 3 de julio, FJ 3; 368/2007, FJ 10; 31/2011 #(106814)#, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011 #(106920)#, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012 #(107090)#, de 8 de mayo, FJ 8). Y todo ello concurre en el presente caso.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha defendido que el real Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar “coyunturas econmicas problemticas” y sus graves efectos (segn sentencias STC31/2011, de 17 de marzo, FJ4 y STC 137/2011 #(106920)#, de 14 de septiembre, FJ 6).

En este caso, resulta evidente que la situacin actual descrita en los apartados anteriores debe considerarse como una “coyuntura econmica problemtica” a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo “una conexin de sentido o relacin de adecuacin entre la situacin definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan” #(053848)# (as, desde un principio, STC 29/1982 #(100071)#, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras ms recientes SSTC 96/2014 #(107602)#, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014 #(107591)#, de 6 de noviembre, FJ 4).

Todas estas medidas tienen un eje comn, cul es, mediante la simplificacin de trmites o mejoras regulatorias, permitir una mayor eficiencia, aumentar la carga inversora y la actividad productiva de Andaluca en el menor plazo de tiempo posible, para tratar de paliar los efectos de la situacin econmica.

Por su parte, las circunstancias que justifican la adopcin del presente Decreto-ley requieren que las medidas previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible para dar cobertura a las distintas situaciones descritas derivadas de la crisis econmica expuesta, lo que no se conseguira con la tramitacin mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitacin de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevara la prdida de su esperada eficacia.

V

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadana y los operadores econmicos a las Administraciones Pblicas es la racionalizacin administrativa y la simplificacin de los procedimientos administrativos, la agilizacin de trmites y reduccin de cargas.

La racionalizacin administrativa trata de establecer orden, simplicidad y oportunidad en la organizacin y procedimientos que se realicen, para lo cual utiliza tcnicas y mtodos orientados a estudiar, diseñar y simplificar estructuras, funciones, procedimientos, cargas, y la ptima utilizacin integral de los recursos existentes.

La simplificacin administrativa es un instrumento para promover la racionalizacin administrativa, como proceso integral y continuo en aras de conseguir la optimizacin de su organizacin y de los recursos humanos y la reordenacin, simplificacin, normalizacin y automatizacin progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para facilitar la reactivacin de la actividad econmica en Andaluca, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interaccin de los ciudadanos y los agentes econmicos. As mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

La Unin Europea utiliza el concepto de simplificacin en diversos documentos como equivalente a la poltica de calidad normativa, as ocurre, por ejemplo, en el Programa de Adecuacin y Eficacia de la Reglamentacin (REFIT). En ese programa se tienen muy en cuenta las principales fuentes de ineficacia y carga innecesaria en materia de regulacin, adoptando un enfoque muy cuantitativo para evaluar siempre que sea posible los costes y beneficios de las actuaciones que emprendan las Instituciones Europeas. Incluso, suele identificarse la simplificacin con un concepto ms amplio, relacionndolo muy estrechamente con los procesos de mejora de las Administraciones Pblicas articulados a su vez a travs de planes o programas de accin estratgica.

La Junta de Andaluca ha desarrollado mltiples normas para impulsar la reduccin de las trabas administrativas, la simplificacin de los procedimientos administrativos, la agilizacin de trmites, la reduccin de cargas y el impulso de la administracin electrnica. De entre estas iniciativas es preciso destacar el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Junta de Andaluca. Con esta norma se persigue mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuacin administrativa, garantizar e implementar los derechos de la ciudadana en sus relaciones con la Administracin de la Junta de Andaluca, y preservar la seguridad jurdica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrnicos en las relaciones jurdico-administrativas. Este Decreto establece los principios generales y adoptar medidas de simplificacin administrativa y racionalizacin organizativa, as como el uso de los medios electrnicos por la Administracin de la Junta de Andaluca.

Posteriormente la Junta de Andaluca ha aprobado los tres decretos leyes en materia de simplificacin administrativa ya referidos, los cuales han estado orientados fundamentalmente a la adopcin de medidas sectoriales y concretas que han afectado a numerosos procedimientos, pero sin que se abordara de manera decidida la creacin de un sistema de simplificacin administrativa, ms all de la creacin de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Por ello, con el presente Decreto-ley, se quiere cambiar la concepcin para no centrarnos exclusivamente en mejoras en materias concretas, sino hacerlo tambin en instrumentos genricos de carcter transversal que coadyuven a la simplificacin. Se prioriza as la necesidad de diseñar la estrategia global de cambio, de transformacin del conjunto de la cultura organizativa del sector pblico, establecer el deber general de todas las entidades y rganos que integran el sector pblico autonmico de promover de forma efectiva la simplificacin administrativa en sus respectivos mbitos competenciales, concretando, adems, los criterios fundamentales de simplificacin que inspiran el conjunto del Decreto-ley. En definitiva, se est buscando instaurar mecanismos por los que logremos la mayor eficiencia en la interaccin de los ciudadanos y los agentes econmicos, favoreciendo as el crecimiento econmico a la vez que una ejecucin de los fondos europeos ms eficaz y eficiente. En esta lnea puede afirmarse que una organizacin es eficiente cuando se muestra capaz de obtener los resultados deseados con el mnimo empleo de los recursos disponibles.

Ahora bien, los campos econmicos y del gasto pblico no son los nicos que aspiran actualmente a la aplicacin del principio de eficiencia, sino que, muy al contrario, ste se extiende a la total actuacin de las Administraciones Pblicas, materializndose en la bsqueda de la agilizacin de los trmites necesarios para obtener un pronunciamiento administrativo.

El principio de eficiencia pone el foco en la dinamizacin de la economa y la flexibilizacin de las relaciones de las Administraciones con los ciudadanos, las empresas, los emprendedores y las organizaciones del tercer sector.

Eficacia y eficiencia son dos principios que estn estrechamente vinculados sin lugar a duda. Las polticas de simplificacin administrativa solo sern eficaces, en todo caso, si se conciben y ejecutan simultneamente en tres mbitos: normativo, procedimental y organizativo. Se trata con ello de impulsar un proceso integral de transformacin, nica forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma efectiva, una Administracin ms gil y proactiva. El resultado es un proceso integral, que afecta a toda la organizacin, un proceso paralelo, y equivalente en su plano, al de transformacin digital. No se trata de cambiar normas, por un lado, plantillas por otro y procedimientos, finalmente, de forma aislada o improvisada. Se trata de diseñar una estrategia global de cambio, de transformacin del conjunto de la cultura organizativa del sector pblico haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento, repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector pblico, sus relaciones con la sociedad y la funcin de servicio a los intereses generales.

Ciertamente, como consecuencia del impulso proporcionado por las instituciones de la Unin Europea los cambios van incorporndose poco a poco a nuestro ordenamiento. No obstante, la sustitucin de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la implantacin efectiva del silencio positivo, la reduccin de plazos, la coordinacin interna de los rganos implicados en un mismo procedimiento, la reduccin de las obligaciones de aportacin de documentacin o la efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administracin disponga de ella o pueda obtenerla por s misma son cuestiones que, aun cuando estn presentes en la normativa administrativa general, distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, no lo han sido a travs de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr su mxima extensin en la organizacin.

En definitiva, la Administracin debe modernizarse, las actitudes deben modernizarse y la regulacin debe, tambin, modernizarse. La transformacin digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de modernizacin, que no admite ms demoras. La organizacin y los empleados pblicos han de implicarse en ese proceso de transformacin, comprometerse con l y liderarlo.

Fruto de cuanto se ha expuesto en el Captulo I, Disposiciones generales, se regula el objeto y finalidad del Decreto-ley, que se concreta en el establecimiento de instrumentos de simplificacin administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de la gestin, y de la organizacin de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Andaluca y su sector instrumental. Para conseguir tal fin no cabe duda de que la transformacin digital es hoy un imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de mejora,

VI

El actual contexto, de incertidumbre y dificultades en el crecimiento econmico, plantea la necesidad y extraordinaria urgencia de promover una regulacin eficaz, eficiente y competitiva. Como se ha señalado anteriormente, un hito relevante es la novedosa regulacin que se introduce en este Decreto-ley de la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN). Se trata de un instrumento fundamental para propiciar una reflexin adecuada sobre los potenciales efectos negativos de la iniciativa normativa, lo cual es clave para mejorar la calidad y la eficiencia de las normas. Resulta especialmente necesario que, cuando se proyecte la elaboracin de una norma, se valore desde un principio si la misma puede introducir impactos, fundamentalmente si son negativos, valorndose especialmente que haya razones de inters general que justifiquen esa nueva norma. En estos casos, tras el oportuno anlisis, deberan mitigarse sus negativos efectos utilizando otras alternativas regulatorias ms eficientes.

El desarrollo sistemtico de este tipo de anlisis por las Administraciones Pblicas conduce hacia una regulacin y actuacin administrativa ms gil y simplificada, esto es de mayor calidad, que permita dinamizar la actividad econmica, simplificar procesos y reducir trabas y cargas administrativas, siendo la evaluacin ex ante, a travs de las Memorias de Anlisis de Impacto Normativo, uno de los instrumentos claves para alcanzar dichos objetivos.

Se busca una regulacin eficiente, que alcance su objetivo regulatorio al tiempo que ofrece los incentivos adecuados para el desarrollo de la actividad econmica. No cabe duda de que la evaluacin previa, o anlisis de impacto normativo tiene un papel central en las polticas de mejora regulatoria por su contribucin a la calidad del proceso de toma de decisiones. La evaluacin ex-ante, si se quiere que tenga un efecto amplio y duradero en la formulacin de las polticas pblicas, debe ser tarea de los rganos de la Administracin directamente responsables y esto pasa por una efectiva comunicacin con el sector privado, como destinatario final de la prctica regulatoria. Se trata de identificar cundo es necesaria una solucin regulatoria, y qu forma debe adoptar sta para la creacin de un entorno econmico que respete los incentivos de los agentes y favorezca la creacin de riqueza, sin que se genere a los ciudadanos y empresas costes innecesarios o desproporcionados.

La disposicin final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#, de Rgimen Jurdico del Sector pblico, modifica, entre otros, el artculo 26.3 #(000045) ar.26# de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, introduciendo en la elaboracin de los anteproyectos de ley y de los proyectos reglamentarios una memoria de anlisis de impacto normativo. La Ley 1/2014, de 24 de junio #(034089)#, de Transparencia Pblica de Andaluca, ya estableca en su disposicin adicional segunda, la memoria de anlisis de impacto normativo como trmite preceptivo en los procedimientos de aprobacin de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones de carcter general.

Andaluca hasta ahora no haba regulado la MAIN, sin embargo, los estudios sobre esta herramienta a lo largo de estos ltimos años han puesto de manifiesto que es fundamental añadir la perspectiva econmica al enfoque tradicional de las normas basados en sus aspectos formal y tcnico jurdico. Desde un punto de vista econmico el beneficio de la regulacin eficiente es evidente. Crea condiciones ms favorables para la inversin, al incrementar la seguridad jurdica y la reduccin de cargas administrativas, fomenta la competencia y promueve el crecimiento econmico. Esa perspectiva econmica incorpora la preocupacin por la utilidad de la norma para contribuir de modo eficaz y eficiente al crecimiento econmico y al incremento del bienestar social mediante la mejora de la prestacin de los servicios a la ciudadana, de forma que la calidad normativa adquiere un significado ms amplio y se convierte en una materia transversal y de carcter multidisciplinar. La evaluacin ex ante debe asumirse como una garanta de la actuacin pblica, actuacin que conviene mejorar continuamente. Es preciso superar un enfoque procedimental y llegar a uno estratgico.

Nuestra Comunidad Autnoma debe situarse entre las Comunidades ms avanzadas en la mejora regulatoria, lo que exige introducir modificaciones en el alcance, la metodologa y la gobernanza de la evaluacin ex ante, siendo el instrumento que materializa ese objetivo la MAIN. La sistematizacin del anlisis de impacto favorece el aprendizaje de cmo anticipar el conjunto de implicaciones de las actuaciones pblicas, especialmente de las menos directas y visibles. Por ello, se considera imprescindible acometer dicha reforma mediante este Decreto-ley.

Adems, la MAIN constituye un importante avance frente a las tradicionales memorias justificativa y econmica, y al informe de impacto de gnero. Se pretende que sea el documento nico e integrador en el que se recogen ordenadamente todas las consideraciones necesarias para ese anlisis, incluida la valoracin de las cargas administrativas. En la regulacin de su contenido se presta especial atencin a la valoracin del impacto econmico de las propuestas, que debe ser entendida como un concepto ms amplio que la estimacin del coste presupuestario, haciendo hincapi en el impacto sobre la competencia y unidad de mercado. En la situacin actual de inflacin y de desaceleracin econmica, el criterio ms efectivo, para una mejor y ms eficiente elaboracin de esta Memoria es reforzar el anlisis de impacto econmico del proyecto normativo, estableciendo un instrumento que permita un mayor grado de anlisis cuando se producen estos impactos. Se contribuye as a una simplificacin de la tramitacin de las normas en la elaboracin normativa, con la consiguiente eficacia que ello conlleva.

En aras de la racionalizacin y simplificacin administrativa, se regula tambin una Memoria Abreviada para aquellos supuestos en que se aprecie que el proyecto no tiene un impacto relevante de carcter econmico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, o aun habindolos, son de escasa entidad o no apreciables.

En definitiva, por todo ello, resulta de extraordinaria y urgente necesidad regular la MAIN e introducir este documento en el procedimiento de elaboracin de anteproyectos de ley y de proyectos de reglamento. No se puede utilizar la tramitacin ordinaria que la inclusin de esta figura en el ordenamiento autonmico exigira, ni incluso aunque se tramitara por va de urgencia, ya que supondra una demora importante en un elemento que se considera clave para cambiar en Andaluca el enfoque que desde un punto de vista estratgico se quiere dar a toda la elaboracin normativa, al tiempo, que como ya hemos dicho, la MAIN es un elemento que coadyuva para el desarrollo de la actividad econmica.

Como consecuencia de ello, es preciso modificar los artculos 43.3 #(005329) ar.43# y 45.1.b) #(005329) ar.45# de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca, el artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, el artculo 13 #(034089) ar.13# de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pblica de Andaluca, el artculo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los artculos 4 #(025620) ar.4# y 6 #(025620) ar.6# del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboracin del Informe de Evaluacin del Impacto de Gnero, y el artculo 7 #(052303) ar.7# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Junta de Andaluca, introduciendo en este ltimo texto un nuevo artculo 7 bis y 7 ter para regular el contenido de la memoria de anlisis de impacto normativo.

Se le da nueva redaccin al artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, ya que se traslada al mismo el contenido esencial del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre #(018689)#, por el que se regulan la memoria econmica y el informe en las actuaciones con incidencia econmico-financiera, derogando ste, y el Decreto 22/1985, de 5 de febrero #(018006)#, sobre elaboracin de la memoria funcional y econmica justificativa de las normas legales, disposiciones administrativas y convenios, incluido sus anexos para conformar la memoria econmica, introducindose algunas mejoras en dicha regulacin.

Por una parte, se adeca el mbito de aplicacin de la norma. As, el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre #(018689)#, desde que se aprob ha tenido como mbito subjetivo el sector con contabilidad presupuestaria (Administracin de la Junta de Andaluca y sus organismos autnomos) pero actualmente ese sector lo comprenden la Administracin de la Junta de Andaluca, agencias y consorcios adscritos, por lo que se aprovechan las modificaciones que ahora se adoptan para recoger dicho mbito en este sentido. En cuanto al mbito objetivo, se incluyen los decretos legislativos como objeto del informe de valoracin del alcance de la incidencia econmica-financiera y presupuestaria.

Se aprovecha la inclusin de la MAIN para hacer una importante labor de simplificacin en cuanto a que se introducen excepciones para la obligatoriedad del informe econmico-financiero y presupuestario. Tambin se recoge un procedimiento simplificado y reducido para aquellos casos en los que de la memoria econmica aportada se desprenda claramente que no tiene incidencia econmica financiera o que tenindola est dentro de las disponibilidades presupuestarias tanto del ejercicio corriente como de ejercicios futuros.

Para los proyectos de conciertos educativos o su renovacin, los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios, y las propuestas de contratos de concesin de servicios que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluacin Financiera, se emitir informe unificado de carcter anual previa memoria unificada.

Junto a estas medidas de flexibilizacin y agilizacin del procedimiento, se establecen medidas garantes del procedimiento administrativo y de la actividad financiera de la Administracin. As, no se podr continuar el procedimiento si no se atiende al requerimiento, y de no atenderse a la subsanacin o ampliacin en el plazo de tres meses, se entiende que se desiste de la peticin de dicho informe. Asimismo, se habilita a la Direccin General con competencias en materia de presupuestos a excluir de informe en aquellos supuestos que se consideren justificados, por ejemplo, por el escaso riesgo o impacto econmico-financiero. Adems, tambin se autoriza a dicha Direccin General a dictar instrucciones.

No existe duda sobre que determinados informes transversales, como es el caso del anlisis de evaluacin de impacto de gnero, enriquecen la documentacin presupuestaria y permiten la evaluacin continua de objetivos e indicadores en la materia, de modo que el instrumento presupuestario aporta herramientas muy importantes en la lucha a favor de la igualdad. Sin embargo, el coste indirecto de su consecucin es, con la configuracin actual, muy elevado, hacindose necesario desburocratizar el proceso en lo que sea posible.

Para conseguir dichos objetivos, se modifica el mencionado artculo 8 #(018791) ar.8# de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca. Un primer elemento que se ajusta en dicho precepto es que el informe de evaluacin de impacto de gnero no lo emitir la Comisin de Impacto de Gnero en los Presupuestos. Dicha Comisin durante muchos años tuvo el efecto de implicar a los rganos presupuestarios y de gnero en la elaboracin del informe de evaluacin de impacto de gnero. La realidad es que, en los ltimos años, los diversos instrumentos de coordinacin puestos en marcha, muchos de ellos apoyados en sistemas y tecnologas o en foros tcnicos de redes sociales, llevan a la conclusin de que el modelo est agotado.

La intensa coordinacin que conforma, a travs de diferentes mecanismos tcnicos, la orden anual de elaboracin del Presupuesto nos hace llegar a la conclusin de que los trabajos seguirn teniendo el mismo rigor tcnico sin la necesidad de convocar a dicho rgano colegiado. Por lo tanto, se considera que se han encontrado otros instrumentos de coordinacin que aportan mayor simplificacin, con la misma eficacia en lo que a sus resultados se refiere.

En resumen, mediante la presente norma se suprime la Comisin citada, atribuyendo a la Consejera competente en materia de Presupuestos la competencia para emitir el informe de evaluacin de impacto de gnero sobre el Presupuesto, lo que deber realizarse en coordinacin con el conjunto de las Consejeras.

Por otra parte, se suprime de la norma la funcin de impulsar y fomentar en cada Consejera la preparacin de los anteproyectos con perspectiva de gnero de los estados de gastos e ingresos en el Presupuesto, algo que ya se realiza por las propias Consejeras y que la orden de elaboracin del Presupuesto continuar impulsando.

En el informe de evaluacin de impacto de gnero en el Presupuesto se realiza un anlisis del establecimiento de objetivos, tanto estratgicos como operativos, e indicadores, relacionados con objetivos de igualdad y que as estn estructurados en el Presupuesto. Las auditoras de gnero que se vienen realizando en los ltimos años han supuesto un avance en la determinacin y perfeccionamiento de dichos objetivos en un buen nmero de programas. Pero una vez realizados estos trabajos, el enfoque ha de ser otro. As, en lugar de centrarse en un conjunto de objetivos e indicadores, y dedicar gran parte de los recursos a los mismos, resulta ms adecuado realizar el mismo esfuerzo de perfeccionamiento para el conjunto global de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto. Por lo que las auditoras de aplicacin de la perspectiva de enfoque de gnero han de ser sustituidas por la evaluacin de todos los objetivos e indicadores del Presupuesto, con una visin completa e integradora de aquellos que son referentes a la consecucin de los objetivos de igualdad, de la infancia, de la sostenibilidad o de cualquier otro objetivo general o instrumental.

Por ltimo, se suprime de la norma la previsin de que la Cmara de Cuentas de Andaluca incorpore en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autnoma la fiscalizacin del cumplimiento de la perspectiva de gnero en el Presupuesto de la Junta de Andaluca. Se entiende que no se debe encauzar el objeto y contenido del informe de la Cuenta General de la Junta de Andaluca. La Cmara de Cuentas deber decidir si este asunto ha de incluirse en su anlisis anual o bien debe seguir otra periodicidad, o darle al mismo ste u otro enfoque.

El escenario macroeconmico que justifica la adopcin del Decreto-ley en el que se incardina esta propuesta, implica una situacin excepcional en la que debe ser impulsada esta simplificacin en el proceso de elaboracin del Presupuesto, ya que tendr una incidencia directa en las medidas que desde la Junta de Andaluca se adoptan para posibilitar la reactivacin econmica, pues debe tenerse en cuenta que buena parte de esas medidas se financian a travs del Presupuesto de la Comunidad Autnoma. De este modo, para que las distintas Consejeras puedan impulsar en sus respectivos mbitos competenciales las medidas que se precisen para la reactivacin econmica, resulta fundamental que en cada ejercicio se consiga aprobar la Ley del Presupuesto en los plazos exigidos normativamente, y de una forma eficaz y eficiente. Para lograr este fin resulta fundamental que se simplifique el procedimiento de elaboracin de la Ley del Presupuesto #(050902)#, modificndose para ello los artculos 35.6 #(005706) ar.35# y 36 #(005706) ar.36# del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica.

Por su parte, las circunstancias econmicas ya descritas requieren que la medida propuesta entre en vigor con carcter urgente, ya que el proceso que conduce a la aprobacin de la Ley del Presupuesto por el Parlamento de Andaluca al final de cada ejercicio comienza al inicio del mismo, con el diseño, planificacin y tramitacin de las normas de elaboracin del Presupuesto, por lo que de tramitarse esta reforma mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitacin de urgencia, no podra aplicarse al Presupuesto de la Comunidad Autnoma para 2025, lo que conllevara la prdida de su esperada eficacia para afrontar las circunstancias econmicas actuales.

VII

La situacin actual debe considerarse no solo como una “coyuntura econmica problemtica” a la que el presente Decreto-ley pretende subvenir mediante un conjunto de medidas necesarias e imprescindibles para atender a los intereses generales afectados, existiendo “una conexin de sentido o relacin de adecuacin entre la situacin definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan” #(053848)# (as, desde un principio, STC 29/1982 #(100071)#, de 31 de mayo, FJ 3, hasta otras ms recientes SSTC 96/2014 #(107602)#, de 12 de junio, FJ 5, y 183/2014 #(107591)#, de 6 de noviembre, FJ 4), sino tambin, y de manera novedosa a los anteriores decretos-leyes, como una necesidad urgente de dotar a la Administracin autonmica de instrumentos que permitan agilizar la actuacin administrativa, no solo desde el punto de vista econmico, sino tambin desde el punto de vista de la prestacin de servicios esenciales para la ciudadana y cuyo deficiente funcionamiento impide el ejercicio de derechos por parte de esta.

El artculo 133 del Estatuto de Autonoma para Andaluca contiene los principios de actuacin y gestin de competencias de la Administracin de la Junta de Andaluca, siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificacin de procedimientos. Por otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, en su artculo 3 #(000001) ar.3#, contiene los principios generales de la organizacin y funcionamiento de la Administracin de la Junta de Andaluca, entre ellos, los de racionalidad organizativa mediante la simplificacin y racionalizacin de su estructura organizativa, y de racionalizacin, simplificacin y agilidad de los procedimientos, adems del conjunto de principios previstos en la Constitucin y en el Estatuto de Autonoma. La citada Ley establece en su artculo 6 que la persona titular de la Consejera competente en materia de administracin pblica promover actividades de investigacin, desarrollo y aplicacin de mtodos de simplificacin y de gestin telemtica de procedimientos administrativos, y de mejora estructural de los organigramas. El artculo 7 de dicha Ley dispone que la aplicacin de las tecnologas de la informacin a la Administracin estar orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadana y agilizar la gestin administrativa, estableciendo los principios y reglas bsicos aplicables a la implantacin y rgimen jurdico de la administracin electrnica. Y su artculo 33 atribuye a la Consejera competente en materia de administracin pblica las competencias en materia de organizacin administrativa, estructura orgnica y procedimiento, de modernizacin de la administracin e informacin administrativa, cuando no se atribuyan por ley especficamente a otras Consejeras.

Partiendo de este contexto, la Administracin de la Junta de Andaluca, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las actuaciones administrativas, ha definido en este Decreto-ley una serie de medidas de impulso de la simplificacin normativa y procedimental diseñadas para agilizar los procesos y facilitar una gestin ms efectiva de los recursos pblicos. La implementacin de estas medidas no slo aliviar la carga burocrtica a la ciudadana y empresas, sino que agilizar significativamente los trmites administrativos.

Por su parte, las circunstancias que justifican las medidas propuestas para ser incorporadas al presente Decreto-ley requieren que su entrada en vigor se realice con la mayor celeridad posible, lo que no se conseguira con la tramitacin mediante el procedimiento legislativo ordinario o de tramitacin de urgencia ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevara la prdida de su esperada eficacia.

Una de las demandas que con mayor intensidad viene dirigiendo la ciudadana a las Administraciones Pblicas es la racionalizacin administrativa y la simplificacin de los procedimientos administrativos, la agilizacin de trmites y reduccin de cargas. La ciudadana percibe en la regulacin excesivas cargas administrativas, que lastran tanto la actividad econmica como el ejercicio de los derechos y demandas.

La simplificacin administrativa es una iniciativa y una decisin de poltica, que requiere de la institucionalizacin de un sistema ad-hoc en su diseño, para promover la racionalizacin administrativa, como proceso integral y continuo la optimizacin de su organizacin y de los recursos humanos y la reordenacin, simplificacin, normalizacin y automatizacin progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de la ciudadana y para facilitar la reactivacin de la actividad econmica en Andaluca, reduciendo las barreras y costos que impiden una mayor eficiencia social en la interaccin de la ciudadana y los agentes econmicos. As mismo precisa de un sistema ad-hoc de seguimiento.

Se regula tambin el principio de transversalidad para la coordinacin en la simplificacin administrativa, as como los deberes exigidos a la Administracin Autonmica en relacin con la promocin y colaboracin de la simplificacin administrativa, el establecimiento de mecanismos de coordinacin y colaboracin y la promocin de sistemas de acompañamiento individualizado.

Se establece expresamente que todos los rganos, organismos y entidades de la Administracin autonmica promovern de forma efectiva la simplificacin administrativa en sus respectivos mbitos de competencias, de manera que suponga una menor carga para la ciudadana.

As, todos los rganos, organismos y entidades de la Administracin autonmica estn obligados a su cumplimiento efectivo, removiendo todos los obstculos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias para ello y no requieran de una modificacin legal o reglamentaria.

Hasta ahora, los decretos leyes de simplificacin aprobados por la Junta de Andaluca no haban abordado la gobernanza pblica por proyectos, entendindose sta como forma de asegurar un marco normativo estable y adaptado a las necesidades de la ciudadana y las empresas, que contribuya a simplificar sus relaciones con la Administracin autonmica, a mejorar la competitividad de las empresas y a fortalecer la confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y decisiones de la Administracin.

Se regulan, as mismo, los instrumentos de la gobernanza pblica por proyectos, establecindose que se llevarn a cabo preferentemente, mediante tramitaciones conjuntas de proyectos y gestin coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurdico autonmico o estatal y que contribuyan a la implantacin, desarrollo y culminacin de proyectos en la Comunidad Autnoma de Andaluca.

As mismo se impulsa la colaboracin y coordinacin entre Administraciones Pblicas, establecindose que esta colaboracin podr articularse a travs de convenios y protocolos que concretarn, en su caso, los servicios y recursos para realizar la actividad de intervencin, inspeccin o control.

Si bien los distintos Decretos leyes de simplificacin han abordado los plazos administrativos, hasta ahora haba sido un planteamiento parcial y referido a procedimientos muy concretos. Sin embargo, es necesario y urgente plantear una revisin genrica de los plazos establecidos en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administracin autonmica, adquirindose un compromiso firme por parte de la Administracin para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar los plazos mximos establecidos en sus procedimientos y buscar la posible reduccin de estos.

As, se lleva a cabo una revisin genrica de los efectos del silencio administrativo en el mbito de la Administracin de la Junta de Andaluca desde el prisma de la simplificacin administrativa, conscientes de la repercusin que para la ciudadana y el ejercicio de sus derechos y deberes tiene el transcurso de los plazos mximos de resolucin establecidos en los distintos procedimientos.

Hasta ahora, por la Administracin autonmica andaluza no se haban abordado de manera directa los mecanismos de intervencin de la Administracin Pblica en sus relaciones con la ciudadana, adolecindose de una regulacin detallada, clarificando conceptos y estableciendo los principios por los que deben regirse.

Por ello, es necesario y urgente plantear una revisin genrica de los mecanismos de intervencin en la totalidad de los procedimientos administrativos de la Administracin autonmica, adquirindose un compromiso firme por parte de la Administracin para, dentro de sus posibilidades y medios, analizar stos y dar cumplimiento a los principios por los que deben regirse.

El “principio de mnima intervencin administrativa” concretado en este Decreto-ley impide establecer medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo razones de inters general, respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

As, la Administracin pblica autonmica potenciar la utilizacin de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones con las personas interesadas en el seno de los procedimientos administrativos. Las declaraciones responsables y las comunicaciones podrn operar como tcnicas de intervencin administrativa para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o el inicio y desarrollo de una actividad, de forma preferente y alternativa a la solicitud de inicio de un procedimiento de autorizacin, licencia o de inscripcin en un registro. Asimismo, las declaraciones responsables y las comunicaciones podrn sustituir a la aportacin de documentos en el seno de un procedimiento iniciado a solicitud de la persona interesada.

Tambin se regulan las formas de intervencin administrativa para el desarrollo de una actividad, partiendo de los principios de necesidad y proporcionalidad, recogidos en la normativa bsica estatal entre otras normas de rango legal, la Ley 39/2015, de 1 de octubre #(013300)#, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#, as como la Ley 20/2013, de 9 de diciembre #(032893)#.

As, cuando la Administracin pblica autonmica, en el ejercicio de sus competencias, establezca medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deber aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la proteccin del inters pblico, as como justificar su adecuacin para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningn caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, debern evaluar peridicamente los efectos y resultados obtenidos.

Por su parte, la Administracin Pblica Autonmica tan solo utilizar la autorizacin o licencia previa como tcnica de intervencin administrativa cuando, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 20/2013, de 9 de diciembre #(032893)#, concurran determinadas circunstancias, justificadas y ponderadas en la misma con base a los principios de necesidad y proporcionalidad o cuando as se establezca en su normativa sectorial.

Se regula, adems, el establecimiento de ciertas previsiones sobre medidas de flexibilizacin y eficacia extraterritorial de las autorizaciones y licencias, basadas en el principio de equivalencia.

Comienza esta regulacin estableciendo de forma expresa que la Administracin Pblica Autonmica llevar a cabo las labores de comprobacin o verificacin del cumplimiento de los requisitos o condiciones para el reconocimiento de un derecho o el desarrollo de un actividad, de oficio y proactivamente, sin requerir la intervencin de las personas interesadas, salvo que sea estrictamente necesaria de acuerdo con la normativa de la Unin Europea o la normativa bsica estatal, o concurran razones de inters general.

Los rganos, organismos y entidades que conforman la Administracin Pblica Autonmica debern comprobar la informacin de las personas interesadas mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo que exista oposicin de los mismos a acceder a esta. En estos casos, se realizarn los actos de comprobacin, inspeccin o control.

En todo caso, las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos en poder de la administracin, para lo cual debern identificar los datos e informaciones en las solicitudes, haciendo referencia expresa al rgano ante quien se aport, el nmero de expediente, la fecha de presentacin de la informacin de que se trate y cualquier otro aspecto que se defina reglamentariamente.

La informacin acreditada en un expediente respecto al cumplimiento de un requisito, situacin o circunstancia para el reconocimiento de un derecho, inicio de actividad o cumplimiento de una obligacin, ser vlida salvo que por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, resulte necesario o idneo.

Finalmente, se prev que la Administracin suscriba con otras Administraciones Pblicas o entidades, convenios u otros instrumentos que permitan hacer uso de los documentos que las personas interesadas hayan dispuesto a disposicin ante otras Administraciones.

Para reforzar estas previsiones se regulan las entidades de colaboradoras de certificacin, su acreditacin y registro y sus obligaciones.

Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas. Esta figura, competente para la realizacin de transacciones electrnicas en representacin de las personas interesadas, se ha demostrada altamente eficaz en la gestin de determinadas materias en el mbito de la Administracin Autonmica, establecindose la figura del convenio como instrumento a travs del cual fijar los derechos y obligaciones de stas.

Por ltimo, se prev un rgimen sancionador que regula las consecuencias de la inexactitud, falsedad u omisin de los datos o informaciones incorporados a las declaraciones responsables y comunicaciones, todo ello sin perjuicio de otros regmenes establecidos por la normativa sectorial.

Se pretende dotar de mayor seguridad jurdica a las declaraciones responsables y comunicaciones. Establecer un rgimen sancionador fortalece la legitimidad de la actuacin de las entidades colaboradoras de certificacin y entidades habilitadas y contribuye a promover la transparencia, calidad y confiabilidad en las mismas protegiendo al mismo tiempo los intereses de la ciudadana en sus relaciones con la Administracin de la Junta de Andaluca.

Con todo, el establecimiento de este rgimen sancionador encuentra su amparo en el apartado 4 del artculo 69 #(013300) ar.69# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone, entre otras consideraciones, que “la inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, de cualquier dato o informacin que se incorpore a una declaracin responsable o a una comunicacin, o la no presentacin ante la Administracin competente de la declaracin responsable, la documentacin que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicacin, determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

VIII

La Administracin de la Junta de Andaluca siempre ha tenido presente la oportunidad que supone la tecnologa para lograr la simplificacin y agilizacin de los procedimientos administrativos y los servicios prestados.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio #(018020)#, por el que se regula la informacin y atencin al ciudadano y la tramitacin de procedimientos administrativos por medios electrnicos (Internet), ya marc una lnea de trabajo cara al futuro para reducir y simplificar los procedimientos administrativos y facilitar de este modo el acceso de a los servicios de la Administracin andaluza.

Posteriormente, la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, de la Administracin de la Junta de Andaluca, en su artculo 7.2 incluy la simplificacin y la agilizacin de trmites como los dos primeros principios que rigen las relaciones con la ciudadana a travs de redes abiertas de telecomunicacin.

Esta concepcin de la simplificacin administrativa y el impulso de los medios electrnicos como oportunidad, en mutua colaboracin y coordinacin, se reforz a principios de la anterior legislatura, mediante el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, que aun y desarroll en una nica norma la regulacin autonmica en ambas materias, y en la cual la administracin electrnica se constata como uno de los instrumentos bsicos de simplificacin administrativa, adicional y complementario a los instrumentos de mejora de la regulacin.

Es propsito de esta legislatura profundizar definitivamente en esta concepcin, como qued patente a inicios de la misma con el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la formulacin de la Estrategia Andaluza de Administracin Digital centrada en las personas, concebida como una hoja de ruta que define el proceso de transformacin digital de la Administracin Pblica Andaluza y sus servicios, y entre cuyos fines figura el conseguir una Administracin Pblica digital que sea personalizada, proactiva, til, simplificada, interoperable, fcil de usar, gil y segura.

Este propsito no es en absoluto ajeno a la iniciativa de simplificacin administrativa que impulsa el Gobierno andaluz, sino que est directamente relacionada con la evolucin normativa que de manera conjunta permitir seguir avanzando en la simplificacin, poniendo en valor y aplicando el potencial que ofrecen las nuevas tecnologas para la transformacin digital, la simplificacin, la innovacin, la sostenibilidad econmica, la generacin de conocimiento y la aportacin permanente de valor.

Cabe reseñar, como exponente de la ntima relacin que existe entre la simplificacin y la transformacin digital, que entre las principales medidas que en materia de transformacin digital se introducen en este Decreto-ley figura la implantacin progresiva y programada, a travs de la Agencia Digital de Andaluca, de un importante conjunto de soluciones corporativas para la tramitacin electrnica de los procedimientos que, junto con su gobernanza operativa de apoyo, vendrn a satisfacer unas necesidades comunes en los diversos mbitos de esta Administracin y a facilitar la interoperabilidad, la seguridad, las economas de escala, la racionalizacin y la simplificacin de la actuacin administrativa. En la concepcin, diseño, desarrollo e implantacin de estas nuevas soluciones se aplicarn, desde el inicio, todos los principios e instrumentos de simplificacin, de una manera comn y coordinada.

En este contexto, este Decreto-ley constituye un instrumento extraordinario y necesario para poder conseguir la transformacin digital de la Administracin de la Junta de Andaluca, sin la cual la gestin de los procedimientos y servicios, as como la relacin con la ciudadana, no se vera realmente impulsada y simplificada de la manera ms efectiva posible y aprovechando todo el valor y potencial que aportan las nuevas tecnologas.

As, se incluye una ambiciosa disposicin adicional referida a la implantacin progresiva y programada de soluciones corporativas para la tramitacin electrnica de los procedimientos y la atencin a la ciudadana, con objeto de agilizar el pleno funcionamiento electrnico de la Administracin de la Junta de Andaluca y culminar el proceso de dotacin de medios tecnolgicos en cuanto a que la gestin de los procedimientos debe ser completamente electrnica.

Para avanzar de manera decidida, homognea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadana a travs de medios electrnicos y las obligaciones de la Administracin de la Junta de Andaluca para su pleno funcionamiento electrnico, la estrategia corporativa que va a aplicar la Agencia Digital de Andaluca, se enfoca hacia la consolidacin e impulso de elementos y servicios corporativos y el desarrollo e implantacin de otros nuevos elementos y servicios corporativos.

Las nuevas soluciones corporativas que se implantarn estarn diseñadas bajo los principios de “dato nico” y “digital por defecto”. Adems, tendrn siempre presente el garantizar la interoperabilidad interna, de manera que puedan interoperar de manera normalizada con otros sistemas y plataformas. Por supuesto, estarn integrados con todas las plataformas tecnolgicas transversales de administracin digital y otros sistemas corporativos. Asimismo, estarn alineados y plenamente integrados con las plataformas tecnolgicas de anlisis e inteligencia de datos que la Agencia Digital de Andaluca tiene en desarrollo.

Asimismo, se incluye una no menos ambiciosa disposicin adicional referida a la implantacin de soluciones corporativas para el despliegue y homogeneizacin del puesto de trabajo digital. Esta propuesta supone un impulso definitivo al cumplimiento de los propsitos que motivaron la creacin de la Agencia Digital de Andaluca, en cuanto la aportacin de soluciones innovadoras, la consolidacin y racionalizacin en la prestacin de servicios, la gestin de los recursos tecnolgicos y su sostenibilidad econmica, referidos en este caso al puesto de trabajo.

Los beneficios que aportar esta propuesta pueden resumirse en la implantacin del nuevo puesto de trabajo digital, homogneo para el empleado pblico, adaptado a perfiles tecnolgicos, independiente de aplicaciones de escritorio, securizado y con un mantenimiento y soporte gil, que incluir la implantacin de equipamiento como servicio, la posible virtualizacin del puesto de trabajo, la adecuacin al teletrabajo, el uso de herramientas de gestin e inventario de la infraestructura tecnolgica, la implantacin de herramientas colaborativas y de comunicacin; la implantacin de un nuevo Directorio Activo corporativo, que prestar al puesto de trabajo nuevos y mejorados servicios de autenticacin y autorizacin, direccionamiento en la red, actualizacin de software, servicios de almacenamiento y distribucin de ficheros, servicios de impresin y securizacin; y por ltimo, simplificacin, homogeneizacin y estandarizacin del soporte al puesto de trabajo digital, mediante una plataforma tecnolgica unificada de gestin de peticiones, incidentes y consultas, as como una herramienta para la administracin y configuracin de la infraestructura y ayuda al soporte.

En relacin con los servicios de impresin y digitalizacin de documentos, tras un anlisis del histrico de contrataciones realizadas en este mbito, se puede comprobar que la necesidad de estos servicios tiene un carcter horizontal y que se producen numerosas contrataciones para ello. Se es consciente de la necesidad de conseguir la homogeneizacin de estos servicios de uso generalizado, sus prestaciones y su coste, en aras a lograr la mxima eficiencia de los recursos pblicos y como un elemento bsico y de impacto a partir del cual alcanzar el definitivo despliegue y homogeneizacin del puesto de trabajo digital y los servicios relacionados con el mismo.

Por ello, el primer hito en esta medida ser proporcionar un modelo de impresin y digitalizacin de documentos que favorezca la homogeneizacin de estos servicios, su eficiencia y su eficacia, con los objetivos de mejorar el servicio, reducir costes, garantizar la seguridad de la informacin y la interoperabilidad, aumentar la productividad y disponer de la necesaria flexibilidad para asumir nuevas necesidades y cambios en el mbito del puesto de trabajo digital.

Asimismo, se propone la eliminacin de la certificacin de conformidad prevista en el artculo 53 #(006103) ar.53# bis de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca, ya que no aporta valor añadido a la propia certificacin realizada por la persona responsable. Esta aprobacin, adems de no aportar valor a la certificacin, no aparece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre #(039439)#, de Contratos del Sector Pblico para los trabajos realizados por contratistas privados, por lo que no parece idneo requerirlo para los medios propios. La exigencia de esta aprobacin supone la realizacin y firma de un documento administrativo adicional a la propia certificacin de conformidad, con el consiguiente aumento del tiempo de tramitacin y carga interna administrativa.

Se modifica la Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejera de Hacienda y Administracin Pblica, por la que se desarrollan determinados aspectos de la poltica informtica de la Junta de Andaluca, sustituyendo la solicitud de informe para los contratos menores por una comunicacin a la Agencia Digital de Andaluca. La tramitacin de estos informes introduce un retraso en la tramitacin de los expedientes de contratacin y supone una carga administrativa para todas las unidades TIC del sector pblico andaluz. Asimismo, se reduce a 20 das hbiles el plazo en el cual el informe se entender emitido en sentido favorable si no se hubiese emitido informe expreso. Actualmente, dicho plazo es de 30 das hbiles cuando el importe es igual o superior a 600.000 euros y de 20 das hbiles cuando es inferior a 600.000 euros. Dicho plazo se reduce a 10 das hbiles para los contratos financiados con cargo al Mecanismo de Recuperacin y Resiliencia a travs del Plan de Recuperacin, Transformacin y Resiliencia, tenindose en cuenta que la ejecucin presupuestaria de fondos europeos conlleva el cumplimiento de exigentes plazos.

Asimismo, se incluye un nuevo apartado a la disposicin adicional cuarta del Decreto 128/2021, de 30 de marzo #(053660)#, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluca. El propsito es doble. Por una parte, impulsar y facilitar el desarrollo, la homogeneizacin, la garanta de realizacin y la agilizacin de los proyectos en el mbito de los sistemas y soluciones tecnolgicas de anlisis de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o “big data”, inteligencia de datos, generacin y gestin de conocimiento, facilitando as el anlisis y la toma de decisiones en la organizacin, lgicamente con cumplimiento del principio de minimizacin en las actividades de tratamiento. Por otra parte, contribuir en estos proyectos a garantizar el cumplimiento, por parte de los responsables de los tratamientos, de los principios declarados en el artculo 5.1 #(037364) ar.5# del Reglamento general de proteccin de datos, para lo cual se establece expresamente que la Agencia colaborar con los responsables de los tratamientos en la realizacin de los anlisis de riesgos y, en su caso, de las evaluaciones de impacto relativas a la proteccin de datos en estos proyectos. En este sentido, la medida viene a ampliar el conjunto de servicios que la Agencia Digital de Andaluca presta a las Consejeras y entidades, favoreciendo un cumplimiento homogneo de las obligaciones en la materia.

Se deroga el artculo 31 #(018577) ar.31# del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andaluca, que no ha sido actualizado desde su publicacin inicial, hace ms de 20 años. Esta derogacin persigue facilitar el incorporar nuevas realidades del mercado, en el que han surgido modalidades de sistemas operativos en la nube que permiten una administracin centralizada y on-line, o de igual forma, plataformas ofimticas de colaboracin en la nube. El objetivo es poder abrirse con ms agilidad a la realidad del mercado y a las mayores posibilidades de innovacin que ofrece, as como a mayores posibilidades de colaboracin con los operadores ms importantes e innovadores en el sector TIC. Ello va a suponer que en lo sucesivo, los suministros de equipamiento informtico a los que se refiere este artculo estarn ms abiertos a la innovacin y el mercado, en un contexto global, siendo el estudio tcnico y la determinacin experta de las necesidades y prescripciones tcnicas que se realicen en cada suministro de equipamiento, los que orientarn hacia la decisin de requerir o no software libre de manera obligatoria.

Tambin se incluye la derogacin del artculo 30 de dicha norma, por la que se establecen las condiciones para el uso del correo electrnico del ciudadano en el Portal andaluciajunta.es. Actualmente la evolucin de la sociedad de la informacin permite al ciudadano acceder a servicios de correo gratuitos muy consolidados, de amplio espectro y con funcionalidades avanzadas, adems de una amplia y variada oferta de servicios de pago y, por tanto, el hueco que cubra este correo andaluz ya se considera sobradamente cubierto por el mercado y sin coste para la ciudadana. Esto hace que el nmero de usuarios que actualmente hace uso del servicio sea muy bajo. Adems, este correo andaluz se enfrenta a problemas de seguridad informtica tales como la continua aparicin de vulnerabilidades y el robo de credenciales.

Asimismo, se modifica el Anexo III del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#. Ello supone una aplicacin til y efectiva de un principio de proporcionalidad en los medios electrnicos y su uso por la ciudadana, en cuya virtud slo se exigirn las garantas y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trmites y actuaciones, con el objetivo de dotar a la ciudadana de ms posibilidades, adicionales al certificado electrnico, para la actuacin a travs de medios electrnicos, contribuyendo a reducir la “brecha” digital y a simplificar y facilitar el acceso a los servicios y su usabilidad. De especial inters es la posibilidad de reutilizacin del sistema de firma disponible para las personas de la comunidad educativa, a travs del identificador educativo andaluz (IdEA), ampliamente utilizado en los servicios del sistema educativo andaluz y circunscrito hasta ahora a ese mbito.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#, en su artculo 38, establece que la sede electrnica es aquella direccin electrnica, disponible para los ciudadanos a travs de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administracin Pblica, o bien a una o varios organismos pblicos o entidades de Derecho Pblico en el ejercicio de sus competencias. Posteriormente, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, estableci la regulacin de las sedes electrnicas en nuestra Administracin, estableciendo una tipologa de posibles sedes electrnicas: Sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca, Sedes electrnicas de cada Consejera, Sedes electrnicas derivadas y Sedes electrnicas compartidas, y dispuso la obligatoriedad de que cada Consejera cree su propia sede electrnica.

La sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca se cre mediante la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejera de la Presidencia, Administracin Pblica e Interior. Sin embargo, no se han creado las sedes electrnicas de cada Consejera, ya que finalmente no se consideran necesarias. La minimizacin del nmero de sedes electrnicas contribuye decisivamente a homogeneizar la relacin con la ciudadana, dar una visin unificada de nuestra Administracin a la misma, facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadana y cumplir las obligaciones de la Administracin de la Junta de Andaluca para su funcionamiento electrnico, como garanta de eficacia, eficiencia y seguridad jurdica, bajo un paradigma de organizacin y aprovechamiento racional de los recursos.

Atendiendo a todo lo anterior, se modifica el articulado del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, para suprimir el concepto de sede electrnica de una Consejera, mantenindose la posibilidad de crear sedes electrnicas derivadas, conforme a criterios de especializacin, que lo sern respecto de la sede electrnica general, as como sedes compartidas en el marco de iniciativas de colaboracin con otras Administraciones Pblicas.

IX

Se aborda tambin en el Decreto-ley la supresin de rganos colegiados de distintos mbitos sectoriales. La extraordinaria y urgente necesidad de la presente modificacin normativa se basa precisamente en la necesidad de realizar cambios en nuestro ordenamiento jurdico en orden a procurar una mayor simplificacin administrativa. Se trata de una medida que reforzar el principio de seguridad jurdica, reduciendo el nmero de rganos con funciones muy semejantes o evitando duplicidades. En muchas ocasiones los cambios normativos producidos han dejado sin funcionalidad muchos de los rganos colegiados existentes en el mbito autonmico, produciendo la correspondiente incongruencia entre rganos que existen, pero no se renen, bien porque eran rganos colegiados que se crearon para una situacin concreta, que ya no existe, o que tenan un mbito temporal, que ya ha pasado, o bien porque esas funciones han sido asumidas por algn centro directivo o por otro rgano colegiado.

Ello ha desembocado en el hecho de que a lo largo de los ltimos años haya rganos colegiados que no se han reunido en ninguna ocasin, incluso ni siquiera a efectos de constituirse, dando lugar a que haya sido evaluada y reconsiderada la necesidad de su existencia por las Consejeras a las que estn adscritos los mismos, sobre la premisa del cumplimiento del principio de racionalidad organizativa bajo el que ha de actuar la Administracin de la Junta de Andaluca, segn establece el artculo 133 del Estatuto de Autonoma, artculo 3.n) #(006103) ar.3# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y artculos 1 #(052303) ar.1# y 3 #(052303) ar.3# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, entre otras normas.

La supresin de los rganos colegiados propuesta es una medida de marcado carcter de mejora regulatoria que debe ser tenida en cuenta en el contexto de la situacin actual y como parte del conjunto de medidas de simplificacin administrativa y de mejora de la regulacin que se abordan de manera global en el Decreto-ley.

Es interesante traer a colacin el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificacin administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacin econmica en Andaluca, que vena a recoger en su Exposicin de Motivos que era preciso impulsar en Andaluca el cambio en la mejora regulatoria e institucional y en la simplificacin normativa y la reduccin de trabas administrativas, para contribuir a crear un entorno de seguridad jurdica, que facilite las inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generen riqueza en nuestra comunidad, siguiendo la senda de las indicaciones dadas desde distintas instituciones como la OCDE, pionera en el estudio de la mejora de la regulacin y de sus impactos positivos en el conjunto de la economa, desde la que se viene insistiendo en la realizacin de reformas, en gran medida, centradas en la simplificacin y mejora de la regulacin econmica. Entre estas medidas se incluy la derogacin de la normativa reguladora de algunos rganos colegiados considerados como innecesarios.

En general la supresin de los rganos colegiados propuestos responde a la necesidad de cumplimiento de los principios generales de organizacin y funcionamiento de la Administracin de la Junta de Andaluca contemplados en la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, para su organizacin y actuacin, en particular en relacin a los principios de eficacia, eficiencia en su actuacin, racionalidad organizativa mediante la simplificacin y racionalizacin de su estructura organizativa, racionalizacin, simplificacin y agilidad de los procedimientos y buena administracin y calidad de los servicios, motivacin toda ella que resulta actualmente de aplicacin a la supresin de los rganos ahora propuesta.

Tampoco se puede obviar que la supresin de los rganos colegiados en muchas ocasiones supone simplificar porque se elimina la necesidad de acudir a stos en determinados procedimientos o para aprobar determinada normativa, es decir, se suprimen trmites que no aportan valor.

En este mismo sentido se propone la supresin de la Comisin de Coordinacin de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas como rgano colegiado permanente para la coordinacin de las actuaciones en materia de espectculos pblicos y actividades recreativas entre la Administracin Autonmica y los Municipios andaluces. La finalidad principal de esta Comisin, sin perjuicio de otras, era la elaboracin de un Plan General de Inspeccin conjunto en la materia y su elevacin al Consejo de Gobierno para su remisin y seguimiento en el Parlamento. Esta Comisin slo ha sido convocada en dos ocasiones en 20 años desde su regulacin reglamentaria en el año 2002, nunca ha llegado a abordar la elaboracin ni aprobacin de ningn Plan General de Inspeccin, ni adoptados acuerdos trascendentes al efecto, poniendo en evidencia la falta de voluntad poltica para su funcionamiento. Estos motivos aconsejan eliminar la disposicin adicional tercera de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre #(002612)#, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas de Andaluca (LEPARA), ello sin perjuicio de la posibilidad de que los Ayuntamientos y la Junta de Andaluca puedan suscribir los convenios pertinentes de colaboracin que se precisen para la ejecucin de lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre #(002612)#.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo #(018952)#, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluca determina la creacin del Observatorio de la Vivienda de Andaluca, como rgano colegiado consultivo y participacin en materia de vivienda. Su organizacin y funcionamiento se regula por Decreto 171/2014, de 9 de diciembre #(035061)#. Razones de eficacia y simplificacin administrativa, aconsejan extinguir mediante este Decreto-ley dicho rgano colegiado consultivo y de participacin en materia de vivienda, al no resultar operativo en el actual marco jurdico y en aras de una mayor coherencia.

Con la finalidad de depurar rganos colegiados inoperantes, se elimina el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, carente de toda actividad desde su creacin, al punto que sus funciones vienen siendo desempeñadas por rganos de la Consejera a la que se encuentra adscrita la agencia administrativa en el ejercicio de las competencias que tienen asignadas como propias. As pues, en la medida en que la subsistencia del Consejo Rector puede inducir a confusin sobre el funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, se procede a modificar la disposicin adicional primera de Ley 9/1996, de 26 de diciembre #(018399)#, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pblica, Contratacin Administrativa, Patrimonio, Funcin Pblica y Asistencia Jurdica a Entidades de Derecho Pblico, y se suprimen los artculos 6 #(018273) ar.6#, 7 #(018273) ar.7# y 8 #(018273) ar.8# del Decreto 118/1997, de 22 de abril, por el que se aprueba el Rgimen de Organizacin y Funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud.

Razones de seguridad jurdica son las que han llevado a introducir la derogacin expresa del Decreto 237/1999, de 13 de diciembre #(018345)#, por el que se regula el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, y del Captulo II del Decreto 454/1996, de 1 de octubre #(018336)#, de habilitacin de instituciones colaboradoras de integracin familiar y acreditacin de entidades colaboradoras de adopcin internacional, que se encuentran tcitamente derogadas en la medida que contradicen o colisionan con la normativa actualmente en vigor.

El Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, establece entre las funciones de esta Comisin la coordinacin de las acciones y los proyectos de las diferentes Consejeras, organismos y entidades de la Junta de Andaluca que tengan algn tipo de relacin con la seguridad y salud laboral, as como la formulacin de recomendaciones y propuestas de actuacin que estn relacionadas con esta materia o el impulso a la realizacin de campañas sectoriales sobre prevencin de riesgos, entre otros aspectos.

Sin embargo, diversos cambios normativos y de organizacin interna en la administracin andaluza han limitado la operatividad de la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, lo que ha provocado que se cuestione su sentido. As, el Decreto 277/1997, de 9 de diciembre #(018364)#, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevencin de Riesgos Laborales, configura este rgano como el destinado a facilitar la participacin en materia de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras, recogiendo entre sus funciones el proponer actuaciones concretas orientadas a la prevencin de riesgos laborales y plantear planes integrales de actuacin en sectores, actividades o subactividades concretas. El Pleno del Consejo Andaluz de Prevencin de Riesgos Laborales est integrado por representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de la comunidad andaluza, as como por ocho integrantes de diversas Consejeras de la Junta de Andaluca, de forma similar a lo previsto para la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral y con fines anlogos.

Por otro lado, mediante la Ley 10/2006, de 26 de diciembre #(018716)#, del Instituto Andaluz de Prevencin de Riesgos Laborales, se cre esta agencia administrativa que tiene como fines generales fomentar la cultura preventiva en Andaluca, el anlisis y el estudio de las condiciones de seguridad y salud laborales, as como la promocin y apoyo de la mejora de estas, con especial atencin a las pequeñas y medianas empresas, las personas trabajadoras autnomas y a los sectores de mayor riesgo. Entre las previsiones de la Ley se contempla el rgimen de colaboracin del Instituto, que podr prestar su colaboracin al resto de Consejeras de la Junta de Andaluca.

Por ltimo, tras la entrada en vigor de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencin de riesgos laborales, se han adoptado importantes cambios organizativos en el modelo preventivo de la administracin andaluza, que anteriormente concentraba toda la estructura relacionada con la seguridad y salud laboral en la Consejera competente en esta materia. As, con el objetivo de propiciar la integracin de la prevencin de riesgos laborales en cada una de sus Consejeras, agencias administrativas y agencias de rgimen especial, se aprob el Decreto 304/2011, de 11 de octubre #(013945)#, por el que se regula la estructura organizativa de prevencin de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administracin de la Junta de Andaluca. La implantacin progresiva del modelo recogido en este decreto ha posibilitado la existencia de unidades de prevencin en cada una de las Consejeras que forman parte de la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, participando en la gestin y el normal funcionamiento de estas conforme a lo previsto en sus respectivos planes de prevencin.

Los cambios descritos han ido limitando en la prctica las funciones y el sentido de la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, que actualmente est vaca de contenido ya que existen otros rganos y organismos que de forma estable realizan sus funciones. De hecho, no consta que dicha Comisin haya tenido actividad al menos desde el año 2007, sin que se prevea un cambio en esta situacin ya que el modelo al que responde se encuentra sobradamente consolidado.

En consecuencia, procedera la supresin de la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, derogando para ello el Decreto 429/1996, de 3 de septiembre, por el que se crea la Comisin Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral.

Por ltimo, en el mbito laboral, hay que hacer referencia al Decreto 322/2009, de 1 de septiembre #(018933)#, por el que se crea la Comisin Permanente de Seguimiento del Plan de Empleabilidad para personas con discapacidad en Andaluca 2007-2013 y se establece su composicin, funciones y funcionamiento. Habiendo expirado la vigencia del citado Plan de Empleabilidad, y considerando as mismo que la actual Direccin General de Incentivos a la Contratacin y Competitividad Empresarial implanta medidas de integracin a travs de las competencias relativas a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Insercin, procede extinguir la citada Comisin de Seguimiento.

En el mbito de la investigacin biomdica, la Ley 16/2007, de 3 de diciembre #(018794)#, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su artculo 9, la creacin del Comit de tica, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad cientfica a travs de un Comit de tica y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad cientfica. Por su parte, el Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca estableci las funciones del Comit Coordinador de la tica de Investigacin de Andaluca (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgacin de la modificacin de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre #(018794)#, que modifica las funciones de la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su homlogo, el Comit Andaluz de tica de la Investigacin con Muestras Biolgicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andaluca del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comit, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulacin del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposicin transitoria nica de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresin, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la funcin de autorizacin con clulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramacin celular, al CCEIBA.

La derogacin del artculo 6 #(003417) ar.6# de la Ley 7/2003, de 20 de octubre, y del Decreto 368/2015, de 4 de agosto #(036340)#, supone la supresin del CAEMBES, como rgano colegiado adscrito a la Consejera competente en materia de salud, con la consideracin de Comit de tica de la investigacin, y como rgano homlogo a la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos de carcter nacional al objeto de evitar duplicidades en el procedimiento, clarificarlo y simplificarlo, consiguiendo mayor celeridad y seguridad jurdica y evitando la proliferacin de rganos con funciones semejantes.

El artculo 37 #(005862) ar.37# de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigacin Biomdica, cre la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos como el rgano colegiado, adscrito al Instituto de Salud “Carlos III”, de carcter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la investigacin con muestras biolgicas de naturaleza embrionaria humana, y a contribuir a la actualizacin y difusin de los conocimientos cientficos y tcnicos en esta materia. A dicha Comisin le corresponde el informe previo favorable de los proyectos de investigacin que versen sobre las materias que se determinan en el mismo.

Corresponde a su homlogo en Andaluca CAEMBES, de conformidad con lo previsto en la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/2003, de 20 de octubre #(003417)#, por la que se regula la investigacin en Andaluca con preembriones humanos, no viables para la investigacin in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigacin en reprogramacin celular con finalidad exclusivamente teraputica, y conforme a lo previsto en el artculo 6.2 que se transcribe a continuacin, la consulta preceptiva de los proyectos de investigacin que versen sobre esas mismas materias.

En base a ello, se constata la existencia de dos rganos que realizan idnticas funciones: el CAEMBES y la Comisin de Garantas para la donacin y la utilizacin de clulas y tejidos humanos, por tanto, mediante el presente Decreto-ley se procede a derogar el CAEMBES.

La urgencia viene dada por la necesidad de adaptar cuanto antes nuestro sistema de evaluacin de tica de la investigacin a los cambios introducidos en la normativa nacional y ms concretamente a permitir que sea un comit nico el que aborde los diferentes proyectos. De no usar el mecanismo del Decreto-ley nos veramos abocados a meses de tramitacin de un proyecto de ley que se limita a un cambio organizativo de qu Comit asume las evaluaciones. La existencia previa de un informe de la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos hace innecesario mantener un comit especializado en esta materia y permite agilizar y potenciar esta actividad incorporndola a un comit como el CCEIBA.

Las propuestas detalladas dotan al Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin en Salud de instrumentos ms giles para permitir una inversin pblica y privada ms eficaz en los organismos y entidades que forman parte de dicho Sistema, de ah la necesidad de llevar a cabo la ordenacin expuesta. Hay que resaltar el impacto potencial y real de la organizacin del Sistema Andaluz de investigacin en salud en la obtencin de los objetivos de los proyectos de investigacin en los servicios sanitarios, en la prctica clnica, en los costes sanitarios y en la generacin de nuevo conocimiento y nuevas lneas de investigacin en el mbito de la salud.

La derogacin de los artculos 4 #(018306) ar.4#, 5 #(018306) ar.5# y 6 #(018306) ar.6# del Decreto 203/2003, de 8 de julio, por el que se regula el procedimiento de acreditacin de las actividades de formacin continuada de las profesiones sanitarias, supone la supresin del Consejo Andaluz de Formacin continuada de las profesiones sanitarias. El Consejo Andaluz de Formacin Continuada de las profesiones sanitarias, adscrito a la Consejera competente en materia de salud, se cre como rgano colegiado al que se le encomienda el asesoramiento de la poltica en materia de formacin continuada de las profesiones sanitarias.

Con posterioridad a dicho Decreto, se ha promulgado el Real Decreto 1142/2007, de 31 de agosto #(005993)#, por el que se determina la composicin y funciones de la Comisin de Formacin Continuada de las Profesiones Sanitarias y se regula el sistema de acreditacin de la formacin continuada. Esta normativa bsica estatal deja sin contenido real al Consejo Andaluz de Formacin Continuada en todo lo recogido como funciones de la Comisin de Formacin Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Actualmente la planificacin estratgica en materia de formacin continuada del Sistema Sanitario Pblico de Andaluca est desarrollada por la Estrategia de Formacin del Sistema Sanitario Pblico de Andaluca aprobada este 2022. En dicha estrategia se contempla la participacin de las diferentes instituciones representadas en el Consejo Andaluz de Formacin Continuada. De hecho, esta prctica de interlocucin en las estrategias, en materia de formacin, deja sin contenido al Consejo que no celebra sus reuniones desde 2006. En virtud de ello mediante el presente Decreto-ley se propone derogar dicho rgano colegiado.

El progresivo desarrollo de la Comisin de Formacin Continuada de las Profesiones Sanitarias y la necesidad de la ejecucin de los fondos del Plan de Transformacin y Resiliencia han evidenciado la necesidad de eliminar el Consejo Andaluz de Formacin Continuada de las profesiones sanitarias, una medida de mejora regulatoria que contribuir, de manera inmediata, a la simplificacin de Organismos y de trmites de gestin y, consecuentemente a mejora de la gobernanza pblica y a una inversin pblica y privada ms eficaz en los organismos que forman parte del Sistema de formacin continuada de las profesiones sanitarias.

La simplificacin respecto a los rganos colegiados no slo se traduce en la supresin expuesta y justificada, sino que tambin puede suponer adoptar medidas que hagan que los rganos colegiados existentes sean mucho ms operativos, lo que implica introducir modificaciones en sus regulaciones para que adopten decisiones con mucha ms agilidad, mxime cuando son rganos con composicin muy extensa y con capacidad de decisiones ejecutorias. Se considera urgente por ello la modificacin de los Reglamentos de organizacin y funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego y de la Comisin Proteccin Civil de Andaluca para introducir la posibilidad de adoptar los acuerdos por el procedimiento escrito con objeto de agilizar el proceso de la toma de decisiones atendiendo a la problemtica que presenta su funcionamiento ya que son rganos con una composicin bastante numerosa, as como al hecho que las funciones de deliberacin y de decisin sometidas estn sometidas a un plazo determinado de pronunciamiento, y al gran aumento de normas, planes y documentos tcnicos sujetos a informe u homologacin por parte de los aquellos.

En este mismo sentido se propone tambin la derogacin del Decreto 166/2005, de 12 de julio #(018598)#, por el que se crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud con formacin preventiva especializada en las obras de construccin, de la Comunidad Autnoma de Andaluca, para evitar trabas y situaciones de desventajas en algunos contratos pblicos de obra para aquellos coordinadores y coordinadoras no inscritos en el mismo, as como en la exigibilidad de inscripcin o valoracin como mrito en determinados procesos selectivos de algunas administraciones pblicas

La Ley 6/2018, de 9 de julio #(050414)#, del Cine de Andaluca, crea, en su artculo 6, el Consejo Andaluz para el Cine como rgano colegiado participativo y consultivo de los previstos en el artculo 20 #(006103) ar.20# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca, en materia de estrategia, derechos, polticas pblicas y dems asuntos relacionados con la creacin, distribucin, comercializacin y exhibicin cinematogrfica y de la produccin audiovisual de Andaluca. En cumplimiento de lo previsto en el apartado 7 de dicho artculo, por Decreto 545/2022, de 16 de noviembre #(055353)#, se regularon las funciones, composicin y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine.

El elevado nmero de miembros que integran tanto el Pleno del Consejo como su Comisin Permanente, as como el complejo procedimiento establecido para la seleccin de las vocalas, en especial, para aquellas vocalas representativas de las asociaciones, organizaciones o empresas del sector de la produccin, creacin, distribucin y exhibicin cinematogrfica y audiovisual, establecidas en el artculo 6.l), #(055353) ar.6# del Decreto por el que se regulan las funciones, composicin y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine, hace aconsejable la modificacin de la Ley 6/2018, de 9 de julio #(050414)#, y del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre #(055353)#, al objeto de disminuir el nmero de miembros que componen ambos rganos del Consejo simplificando el complejo proceso para su designacin, garantizando igualmente la celeridad y la eficacia de su funcionamiento.

As mismo, se modifica el prrafo c) del artculo 6.2 #(050414) ar.6# de la Ley 6/2018, de 9 de julio y el prrafo c) del artculo 4.1 #(055353) ar.4# del Decreto 545/2022, de 16 de noviembre, en relacin con las funciones a desarrollar por el Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo la obligacin de elaborar un nico informe anual sobre la situacin del cine y el audiovisual andaluz, por la posibilidad de realizar, en cualquier momento, estudios que tengan por objeto el anlisis de los principales problemas que afecten al sector del cine y del audiovisual en Andaluca, adems de la formulacin de recomendaciones para la mejora de las polticas pblicas. Igualmente, se sustituye la funcin atribuida al Consejo de emitir informes preceptivos sobre las disposiciones de desarrollo reglamentario de la Ley del Cine de Andaluca #(050414)#, por la toma en conocimiento sobre la tramitacin de dichas disposiciones, con la idea de agilizar y simplificar la tramitacin administrativa de esta normativa, dejando a salvo la posibilidad de participar a travs del procedimiento establecido en el artculo 45 #(005329) ar.45# de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

Finalmente, se modifica el rgimen de reuniones del Pleno y de la Comisin permanente del Consejo Andaluz para el Cine, sustituyendo para el Pleno la realizacin de dos reuniones ordinarias anuales por una sola. Respecto a la Comisin Permanente, desaparece la limitacin respecto al rgimen de sesiones ordinarias trimestrales, permitiendo sus reuniones en cualquier momento siempre que as lo disponga la Presidencia, a iniciativa propia o a peticin de la mitad de las Vocalas.

En materia de justicia juvenil, se suprime la Comisin Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores, que fue creada por el Decreto 98/2015, de 3 de marzo #(035436)#, por el que se regula la organizacin, funcionamiento y caractersticas de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andaluca y se crea la Comisin Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores. La experiencia y evaluacin del Sistema de Justicia Juvenil, resultado de ms de ocho años de vigencia de esta norma, han permitido constatar cmo las funciones en principio atribuidas a este rgano colegiado son desarrolladas por el rgano directivo central competente en materia de justicia juvenil, por lo que se aprecia una duplicidad organizativa que viene a quebrar el espritu del artculo 5 #(036563) ar.5# de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del artculo 22.2 #(006103) ar.22# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y del artculo 8.3 #(052303) ar.8# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. En este sentido, es de significar que la Comisin Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores solo se ha reunido en una ocasin desde su creacin, ya que no se han producido actuaciones que justificaran su convocatoria.

Por otra parte, en materia de asistencia a vctimas, se modifica el artculo 5 #(025026) ar.5# del Decreto 331/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo de Ayuda a las Vctimas del Terrorismo en Andaluca, para establecer la periodicidad anual de sus sesiones ordinarias, lo que sin duda contribuir a mejorar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de este rgano colegiado de apoyo y asesoramiento en materia de asistencia a vctimas del terrorismo.

X

La Ley 10/2018, de 9 de octubre #(050671)#, Audiovisual de Andaluca, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta de Andaluca por el Estatuto de Autonoma sobre los medios de comunicacin social en el marco de la legislacin bsica del Estado, vino a completar el rgimen jurdico audiovisual ya existente en la Comunidad Autnoma de Andaluca.

La Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, General de Comunicacin Audiovisual, ha transpuesto al ordenamiento jurdico español la Directiva 2018/1808, atribuyendo al Estado la competencia para dictar las normas bsicas del rgimen de radio y televisin y, en general, de todos los medios de comunicacin social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecucin correspondan a las Comunidades Autnomas, salvo el Captulo 5 del Ttulo III, el Ttulo VIII y la disposicin final cuarta que no tendran carcter bsico. Como consecuencia de ello, es urgente en Andaluca modificar aquellos preceptos que pudieran colisionar con las novedades introducidas por la Ley 13/2022, de 27 de julio, en aras de mantener la seguridad jurdica y mejorar la calidad regulatoria y la simplificacin administrativa en un sector productivo como el audiovisual, de reconocida trascendencia y repercusin en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

La novedad introducida en el artculo 75 de la Ley 13/2022, de 27 de julio, relativa a la obligatoriedad de que las Entidades Locales gestionen de forma directa la prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual local, exige la modificacin del artculo 46 de la Ley Audiovisual de Andaluca.

En cuanto a la prestacin de servicios de comunicacin audiovisual por las entidades sin nimo de lucro, se modifica el apartado 1 de la disposicin transitoria sexta de dicho texto legal, atendiendo a lo dispuesto en la disposicin transitoria tercera de la Ley estatal. Partiendo de que la industria audiovisual representa en Andaluca un sector productivo estratgico por su dinamismo y potencialidad de crear valor añadido en trminos econmicos, culturales y sociales e incuestionable capacidad de generar empleo, y su vinculacin a las nuevas tecnologas, son de urgente necesidad las medidas de agilizacin de la tramitacin de los procedimientos que sirvan para impulsar actuaciones para fomentar la actividad productiva en el sector de la comunicacin audiovisual en la Comunidad Autnoma de Andaluca, eliminando trabas burocrticas e implantando medidas que favorezcan la consolidacin de la actividad econmica en el sector de la comunicacin audiovisual en Andaluca, as como de su actividad productiva relacionada.

En tal lnea de simplificacin administrativa de los procedimientos y eliminacin de trabas administrativas, se ha modificado el artculo 30 de la Ley Audiovisual de Andaluca, de modo que las personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual de mbito autonmico y local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al ttulo habilitante que les autoriza a prestar el servicio. Respecto de las personas prestadoras privadas de carcter comercial, as como de la pblicas locales, se han simplificado los extremos de determinadas obligaciones contenidas en los artculos 36, y 37. Respecto del rgimen jurdico de los concursos para el otorgamiento de licencias de prestacin de servicios de comunicacin audiovisual, se ha modificado el artculo 60 #(055062) ar.60#, para adaptarlo a las novedades incorporadas por la Ley 13/2022, de 7 de julio, en su artculo 26.1. En el rgimen sancionador, a fin de no colisionar con la normativa bsica estatal, se realizan las modificaciones oportunas relativas al plazo mximo para notificar la resolucin expresa del procedimiento sancionador.

En base al principio de seguridad jurdica, se adapta el Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinacin de la estrategia de imagen institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca, a las competencias que actualmente tiene asignadas la Direccin General de Comunicacin Social al amparo del artculo 11 #(055095) ar.11# del Decreto 152/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgnica de la Consejera de la Presidencia, Interior, Dilogo Social y Simplificacin Administrativa. Asimismo, con la finalidad de simplificar y homogeneizar el procedimiento de informe de las acciones de comunicacin institucional, se unifica la metodologa a seguir, a travs de una misma aplicacin informtica por la que se canalicen todas las solicitudes de informe en la materia, y se mejoran los modelos de solicitud, para lo que se hace necesario la modificacin del Decreto 96/2017, de 27 de junio, y de la Orden de 4 de octubre #(050639)# de 2018, por la que se regula la emisin de los informes correspondientes a las acciones de comunicacin institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca.

Se modifica el apartado 9 del artculo 5 #(002612) ar.5# de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, ya que su primer prrafo dispone que corresponder a los rganos de la Administracin de la Comunidad Autnoma “Las funciones de polica de espectculos pblicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a los municipios, as como la inspeccin y control de los establecimientos pblicos destinados a la celebracin de espectculos y actividades recreativas sujetas a la intervencin de la Administracin autonmica”. El prrafo segundo del mismo apartado trasciende este precepto, generalizando la posibilidad de que la Junta de Andaluca pueda inspeccionar cualquier establecimiento pblico cuya apertura sea de la exclusiva competencia municipal y que albergue espectculos o actividades no sujetos a autorizacin autonmica, sobre la base de un requisito, como es el del aforo, que no solo no restringe las competencias de apertura municipales, sino que adems no otorga ninguna atribucin a la Junta de Andaluca a efectos de intervenir en dicha apertura, vulnerando as no solo la autonoma local, sino tambin el principio “una administracin, una competencia”. Se hace por tanto necesario eliminar este prrafo segundo del apartado 9 del artculo 5 de dicha ley, ya que no existe justificacin alguna para mantener esta competencia concurrente con los municipios, de inspeccin y control directo autonmico de establecimientos pblicos basados exclusivamente en motivos de aforo, siendo suficiente con la existencia de los supuestos de actuacin autonmica subsidiaria previstos en el apartado 11 del artculo 5 #(002612) ar.5# de la propia Ley 13/1999, de 15 de diciembre, sin perjuicio de las actuaciones de vigilancia policial ordinaria.

No se puede obviar que esta modificacin supone una importante reduccin de cargas derivadas de la actividad burocrtica de las Administraciones Pblicas por cuanto supone ahorrar costos innecesarios para la ciudadana. La eliminacin contribuye en un alto grado por tanto a la simplificacin administrativa, entendida sta como eliminacin de trmites o actuaciones innecesarias que repercuten negativamente en la ciudadana, ya que requeriran de su doble intervencin y por tanto doble carga administrativa: ante la Administracin Local y ante la Administracin Autonmica.

El apartado 13 del artculo 5 #(002612) ar.5# de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, dispone que corresponder a los rganos de la Administracin de la Comunidad Autnoma “Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos pblicos sometidos al mbito de la presente Ley, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos”. Se hace necesario eliminar este apartado por cuanto si el Ayuntamiento ostenta la competencia para regular los horarios de apertura y cierre de los establecimientos pblicos mismos sometidos al mbito de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre #(002612)#, no se debe exigir informe preceptivo de otra Administracin Pblica, ya que se vulneran la autonoma local, el principio “una administracin, una competencia” y las directrices vigentes en materia de simplificacin administrativa.

A continuacin, interesa hacer referencia a la modificacin del artculo 2 #(039426) ar.2# del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo mximo de resolucin y notificacin, as como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compaña, incluidos los potencialmente peligrosos, as como de la Ley 9/2001, de 12 de julio #(002172)#, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantas para los ciudadanos, mediante la incorporacin del procedimiento sancionador en materia de animales de compaña, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, como un nuevo procedimiento con plazo de resolucin y notificacin superior a seis meses en el Anexo I de la referida ley.

La experiencia desde la entrada en vigor de esta norma ha puesto en evidencia la insuficiencia del plazo de seis meses para la instruccin, resolucin y notificacin en estos procedimientos sancionadores, provocando que tengan que iniciarse nuevos procedimientos habida cuenta que la infraccin normalmente no ha prescrito en ese plazo, lo que implica mayor carga para el administrado, con un nuevo proceso y ms trmites, lo que contraviene el principio de simplificacin y agilizacin administrativa, incidiendo negativamente en la calidad regulatoria. Debe tenerse adems en cuenta que la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo #(055819)#, de proteccin de los derechos y el bienestar de los animales, ley estatal que tiene carcter de legislacin bsica, ampla el concepto de animal de compaña a todo animal domstico o silvestre en cautividad, mantenido por el ser humano, siempre que su tenencia no tenga como destino su consumo o el aprovechamiento de sus producciones, cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo y que pertenezca a una especie que est incluida en el listado positivo de animales de compaña, lo que eleva en un alto porcentaje, hasta ahora difcil de determinar, los animales sobre los que se podrn cometer infracciones que originen la apertura de procedimientos sancionadores, lo que adems de suponer un efectivo colapso administrativo por el ingente nmero de expedientes, redundar tambin en perjuicio del propio administrado, que puede ver cmo reiteradamente se inician nuevos procedimientos sancionadores por los mismos hechos, imponindose aqu por tanto razones de extraordinaria y urgente necesidad para modificar este aspecto, extendiendo a 12 meses el plazo de caducidad desde el acuerdo de inicio.

Se entiende por tanto que se dan los presupuestos necesarios para considerar que existe una urgente y extraordinaria necesidad. El Decreto-ley es una herramienta adecuada para paliar coyunturas problemticas de colapso administrativo y duplicidades de actuacin, as como sus graves efectos sobre la ciudadana, tal como ocurre en la situacin actual, tras una grave crisis econmica y una pandemia, y para la propia Administracin.

En el mbito de las competencias actuales de la Consejera con competencias en Presidencia, se considera que el procedimiento actual de reconocimiento de la Comunidades Andaluzas, regulado en la Ley 8/2006, de 24 de octubre #(005330)#, se ha estimado que es muy complejo y difcil. Las Comunidades Andaluzas en el exterior suponen una herramienta muy valiosa para el desarrollo de la identidad andaluza en el exterior, el acercamiento de la realidad de Andaluca ms all de los lmites que impone el territorio, as como para atender a los andaluces que viven en otras comunidades autnomas y en otros pases. El Gobierno andaluz, partiendo del reconocimiento de este importante papel, tiene el compromiso de potenciar la creacin y funcionamiento de estas entidades, para lo cual resulta necesario acometer una simplificacin de la regulacin del procedimiento para el reconocimiento de una entidad como Comunidad Andaluza.

Por tanto, se plantea la simplificacin del procedimiento mediante la supresin de trmites que no aportan valor añadido y suponen dilaciones del mismo, as como la desconcentracin de competencias en rganos jerrquicamente dependientes, mediante la supresin de la audiencia previa de la coordinadora o federacin del mbito territorial correspondiente y otorgando a la persona titular de la Consejera competente en la materia la competencia para la aprobacin del reconocimiento y cancelacin como Comunidad Andaluza. Todo ello redundar sin duda en una reduccin del tiempo medio de resolucin del procedimiento de reconocimiento.

La urgencia de esta modificacin viene determinada por la contribucin que la misma tendr en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento de la Administracin andaluza para atender las necesidades de los andaluces que viven fuera de nuestro territorio, ya que contribuir sin duda a la reduccin de las cargas de trabajo que supone el procedimiento y a la indudable reduccin de los plazos de resolucin que llevar aparejada, incrementando adems la seguridad jurdica, teniendo en cuenta que se trata de una peticin reiterada por las Comunidades Andaluzas que no debe demorarse ms.

Por los motivos antes descritos, se considera que la cancelacin del reconocimiento de una Comunidad Andaluza tiene que seguir el mismo procedimiento que el de reconocimiento en s.

Por ltimo, se modifica el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre #(052244)#, para el fomento de iniciativas econmicas mediante la agilizacin y simplificacin administrativas en la tramitacin de proyectos y su declaracin de inters estratgico para Andaluca, para la creacin de una unidad aceleradora de proyectos de inters estratgico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenacin del Territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca. En dicho Decreto-ley se cre la denominada Unidad Aceleradora de Proyectos de Inters Estratgico en Andaluca (en adelante, UAP), que tiene funciones de impulso y coordinacin de los proyectos de inversin que se declaren de inters estratgico por la Comisin Delegada para Asuntos Econmicos. Con la creacin de la UAP se trat de dar respuesta urgente a una situacin de crisis econmica.

Posteriormente, a travs del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carcter extraordinario y urgente medidas para la reactivacin del sector de la hostelera, restauracin, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas econmicas y tributarias, ante la situacin de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), articul, a travs de la redaccin del artculo 8.5 #(052244) ar.8# del Decreto-ley 4/2019, una segunda va de asignacin de proyectos a la UAP. As, la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, a propuesta de la Consejera competente en la materia, podra acordar la asignacin a la UAP de todas aquellas iniciativas que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos bsicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca establecidos en el artculo 10 del Estatuto de Autonoma para Andaluca.

Con la modificacin del Decreto-ley, se pretende mejorar la regulacin de la UAP, proporcionando claridad a las entidades promotoras en lo relativo al procedimiento de asignacin de proyectos, y a la vez depurar los criterios de seleccin de estos, de manera que las iniciativas empresariales asignadas a la UAP resulten ser aquellas que ms y mejores beneficios econmicos y sociales puedan aportar a Andaluca.

Desde la entrada en vigor del Decreto 68/2012, de 20 de marzo #(025851)#, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, el formato oficial y autntico del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca es el electrnico, lo que permite su difusin como servicio pblico universal y gratuito, libremente accesible en redes abiertas de telecomunicacin.

Hoy en da, es preciso tener en cuenta el incremento continuo de ataques cibernticos cada vez ms agresivos. Las experiencias recientes ocurridas en otras administraciones han puesto de manifiesto la peligrosidad de estos ataques capaces de colapsar el funcionamiento de los servicios pblicos y de poner en riesgo la privacidad de la ciudadana, con el consiguiente descrdito y perjuicio econmico. La prevencin de estos ataques, as como la mitigacin de sus efectos requiere de un mecanismo gil de aprobacin y de difusin de cuantas disposiciones sean necesarias, para la salvaguarda los derechos de los ciudadanos y de la debida transparencia. As, la publicacin de boletines complementarios o extraordinarios puede ser esencial para informar a la poblacin y para dictar la normativa que proceda con las debidas garantas.

La ciudadana espera que la Administracin ofrezca todos sus servicios a travs de medios digitales, y que estos servicios sean fciles de usar, rpidos y tiles. La Administracin tiene la obligacin de culminar su digitalizacin plena, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la ciudadana y a la riqueza econmica de Andaluca.

La redefinicin del concepto de BOJA resulta fundamental para avanzar de manera decidida, homognea y significativa en el ejercicio de los derechos de la ciudadana a travs de medios electrnicos y las obligaciones de la Administracin de la Junta de Andaluca para su pleno funcionamiento electrnico, y para facilitar el conocimiento oficial de las normas, actos administrativos y otros documentos emanados de las instituciones, rganos y entidades en el mbito de la Junta de Andaluca y as el cumplimiento de los mismos. En este sentido, se plantea una redefinicin del concepto de BOJA denominado BOJA 3.0, y que se enfoca hacia la consolidacin e impulso de los servicios que bien prestando y el desarrollo e implantacin de otros nuevos elementos y servicios como puede ser la Inteligencia artificial facilitando la asistencia a la ciudadana y la gestin electrnica de los procedimientos.

Por ello se considera urgente modificar la regulacin del BOJA, redefiniendo su concepto a los nuevos objetivos estratgicos de la Estrategia Digital de Andaluca. Boja 3.0 implica pues la prestacin a la ciudadana de unos servicios ms dinmicos contemplando la creacin del concepto de “boletn complementario”, basado en las series I (Isolated) del DOUE, que permite una gran flexibilidad y dinamismo a la hora de publicar textos que, sin tener la condicin de la excepcionalidad prevista en el artculo 8.2 #(050658) ar.8# del Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca no pudieron ser planificados en el boletn ordinario de un determinado da, siendo necesaria su publicacin.

Desde el mbito de prevencin y lucha contra los incendios forestales, la adaptacin de la normativa autonmica a los preceptos establecidos en la nueva redaccin de la Ley 43/2003 #(003441)#, de Montes, es urgente realizarla antes del comienzo de la presente campaña de riesgo alto de incendios forestales para reforzar las medidas preventivas con relacin al uso del fuego.

Igualmente, es preciso acometer la regulacin legal de las quemas prescritas como herramienta de gestin del territorio y formacin del dispositivo humano del operativo de lucha contra incendios forestales, dado que actualmente no tiene su adecuado reflejo en la normativa vigente, y su uso es cada vez ms habitual en la gestin de las masas forestales. Su pronta aprobacin permitir ejecutar de manera ms gil una mayor superficie de quemas prescritas por parte del dispositivo INFOCA, en un año hidrolgico especialmente delicado en precipitaciones, y abordar el mximo posible de actuaciones preventivas antes del comienzo de la poca de riesgo alto de incendios, que comienza el da 1 de junio del corriente año.

La proximidad de las pocas de peligro medio y altos en los prximos meses con mayor riesgo de incendios forestales, debido a la combinacin del aumento de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones del presente año hidrolgico, unido a la extraordinaria falta de precipitaciones hace imprescindible que no se demore la adopcin de medidas que conducen a una regulacin del uso del fuego ms eficiente, antes de que comiencen las pocas de peligro medio y alto a partir de 1 de mayo, teniendo, en este sentido, justificacin la utilizacin de la figura del Decreto-ley.

La modificacin clarifica el escenario del uso del fuego en la Comunidad Autnoma de Andaluca, como consecuencia de la promulgacin de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre #(055489)#, por el que se regulan el sistema de gestin de la Poltica Agrcola Comn y otras materias conexas, que modificaba el artculo 27.3 #(054696) ar.27# de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economa circular, dando igualmente acompañamiento a la Orden de 13 de diciembre de 2023, por la que se autoriza la quema de restos vegetales generados en el mbito agrcola en aplicacin de la Ley 7/2022, de 8 de abril #(054696)#.

Tambin se adapta los preceptos preventivos en el uso del fuego al nuevo marco establecido en el Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto #(055199)#, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales y que modificaba la Ley 43/2003, de 21 de noviembre #(003441)#. La nueva regulacin viene a establecer un rgimen ms gil, eficiente y seguro en el uso del fuego en la Comunidad Autnoma de Andaluca que vendr a mitigar el riesgo de incendios forestales.

Finalmente, se pretende la simplificacin de los procedimientos administrativos para autorizaciones excepcionales en el uso del fuego y actividades susceptibles de ser generadoras de riesgo de incendio, mediante la implantacin, en aquellos casos que sea posible, de la figura de la declaracin responsable, agilizando de esta forma el funcionamiento de la administracin y facilitando los trmites necesarios para la ciudadana. Con el nuevo procedimiento se resolver la tramitacin de ms de cincuenta mil expedientes que actualmente se tramitan por el procedimiento de autorizacin, haciendo garante y corresponsables a los titulares de explotaciones forestales, de la puesta en prctica de medidas preventivas de carcter inmediato desde la publicacin de la norma.

La modificacin del artculo 51 #(002821) ar.51# de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevencin y lucha contra los incendios forestales, a los efectos de promover la reforestacin de terrenos afectados por incendios forestales y que estas actuaciones puedan ser reconocidas como proyectos de absorcin de emisiones a los efectos previstos en el artculo 37 #(050657) ar.37# de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climtico y para la transicin hacia un modelo energtico en Andaluca.

Se modifica por ello el Reglamento de Prevencin y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre #(018074)#, cuyo Ttulo IV se dedica a la lucha contra incendios.

En lo referente a los usos y actividades permitidos en terrenos forestales y zona de influencia forestal, el Ttulo III del reglamento regula el empleo del fuego en actividades agrarias en zona de influencia forestal, estableciendo la obtencin de la correspondiente autorizacin administrativa, como requisito previo para poder desarrollar la actividad en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. El procedimiento actual de autorizacin establecido para dichas zonas es lento y sus plazos no se ajustan a la realidad que impone la propia actividad agrcola, suponiendo, tanto para el interesado como para la administracin, una carga burocrtica escasamente eficiente.

Por otro lado, el reglamento establece para las quemas agrcolas realizadas fuera de la zona de influencia forestal, la comunicacin como rgimen habitual de obtencin del derecho a realizar la quema. El tiempo y la experiencia han puesto de manifiesto una utilidad limitada de dichas comunicaciones de quema, generando una mayor carga burocrtica para la administracin, as como para la ciudadana. Por tanto, se considera adecuado circunscribir el control administrativo de las quemas sobre aquellas a realizar en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, por ser aquellas que representan un mayor riesgo de generacin de incendio.

Por ello, la regulacin de los nuevos procedimientos, atendiendo a los principios de simplificacin y eficacia administrativa, introduce la declaracin responsable de quemas en aquellos casos en los que as sea posible, haciendo copartcipes a personas y entidades en la responsabilidad de la custodia de las superficies forestales y en la seguridad de las personas y animales, interfiriendo lo menos posible en la esfera de libertad de aqullas.

Las quemas prescritas, desarrolladas conforme a una serie de prescripciones tcnicas, juegan un papel mltiple, garantizando la formacin de los operativos de extincin, contribuyendo al sostenimiento de algunos usos agropecuarios y al mantenimiento de determinados ecosistemas mediterrneos que requieren la presencia del fuego, as como facilitando la gestin eficiente del riesgo estructural en zonas vulnerables ante grandes incendios forestales.

Por ltimo hay que referirse a las competencias que la Comunidad Autnoma de Andaluca ostenta en materia de cooperacin internacional al desarrollo de conformidad con los artculos 10.3.23.º y 245 del Estatuto de Autonoma para Andaluca.

En este mbito, es de extraordinaria y urgente necesidad que la Ley andaluza de cooperacin incluya la previsin legislativa que ha dispuesto el legislador estatal mediante la disposicin adicional tercera de la Ley 1/2023, de 20 de febrero #(055672)#, de Cooperacin para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en lo que se refiere a la no exigencia del inters de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados en el mbito de las subvenciones y ayudas de la cooperacin internacional para el desarrollo.

A este respecto, se modifica la Ley 14/2003, de 22 de diciembre #(014001)#, de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, introduciendo una disposicin adicional nica y una disposicin transitoria nica que permitan la adecuada aplicacin, que elimine cualquier duda o interpretacin, tanto para la Administracin como para el administrado y d cumplimiento a la inequvoca voluntad del legislador estatal de no exigencia, en perodo voluntario, del inters de demora que se liquida junto con el reintegro. Asimismo, dadas las peculiaridades de la cooperacin internacional al desarrollo, se efecta remisin a la legislacin estatal en la materia en trminos de supletoriedad, contribuyendo as a la mejora regulatoria y a la simplificacin administrativa, en trminos de eficiencia, eficacia y economa legislativa.

XI

Se aborda la modificacin del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacin administrativa y racionalizacin de los recursos para el impulso a la recuperacin y resiliencia en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca. En el momento de dictarse el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, Andaluca tena por delante en esta nueva era “post pandemia” uno de los retos ms importantes de la historia reciente: la reconstruccin tras la crisis provocada por la pandemia y la transformacin de la economa en los prximos años.

Hoy en da dicho reto no solo se mantiene, sino que las circunstancias econmicas lo han hecho ms complejo de alcanzar. El estallido de la guerra de Ucrania y el incremento de los precios de todo tipo de recursos y por ende de los suministros y de los servicios, ha generado un aumento de los costes de produccin que se ha trasladado finalmente a la inflacin general de la economa española y andaluza. Estas presiones inflacionistas estn ejerciendo un efecto negativo sobre la tan ansiada recuperacin econmica.

En este reto las licitaciones pblicas van a jugar un papel esencial, especialmente en lo que a la ejecucin de los fondos europeos se refiere. Y por ello se requiere que las licitaciones pblicas sean lo ms giles y eficaces posible, manteniendo las garantas y controles que exige el marco normativo comunitario, la transparencia, seguridad y buena administracin.

De ah que se ample la aplicacin de las medidas contenidas en el Captulo IV del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a todas las licitaciones y encargos a medios propios personificados, con independencia de si se financian con fondos europeos o con fondos propios, siempre y cuando dichas contrataciones o encargos vayan dirigidas directa o indirectamente a la gestin, soporte, apoyo, asistencia tcnica y ejecucin de proyectos y actuaciones financiadas con los fondos establecidos en el apartado 2 del artculo 2 del citado Decreto-ley.

Asimismo, tal como puso de manifiesto el Consejo Consultivo de Andaluca en su comunicacin de fecha 16 de enero de 2023, es necesario introducir un plazo para la instruccin, resolucin y notificacin de los procedimientos de resolucin contractual por los rganos autonmicos y locales, lo que se hace mediante la incorporacin de un artculo al presente Decreto-ley y la consiguiente disposicin transitoria. Y ello porque el Tribunal Constitucional declar contrario al orden constitucional y, por tanto, solo aplicable a la Administracin General del Estado, el fijado en el artculo 212.8 #(039439) ar.212# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El plazo que se fija asegura que se pueda tramitar el procedimiento, el cual cuenta con numerosos trmites. Todo ello en garanta de los contratistas, sin riesgo de que se produzca la caducidad y archivo del expediente, lo que conllevara como consecuencia el tener que volver a tramitar el procedimiento.

Continuando con la materia contractual, se introducen o en su caso modifican diversos artculos del Decreto 39/2011, de 22 de febrero #(012106)#, por el que se establece la organizacin administrativa para la gestin de la contratacin de la Administracin de la Junta de Andaluca y sus entidades instrumentales.

En primer lugar, se modifica el artculo 55 de dicha norma reglamentaria, a efectos de agilizar el funcionamiento de las mesas evitando tramitaciones de procedimientos paralelos, como es el orientado a la obtencin de un bastanteo de poderes, cuando dicha diligencia puede ser efectuada por el miembro de la mesa que tiene encomendada las funciones de asesoramiento en Derecho

En segundo lugar se añade un nuevo artculo en dicha norma reglamentaria, orientado a introducir nuevas medidas de agilizacin de procedimientos de escasa cuanta autofinanciados y abonados en un nico pago mediante el sistema de anticipos de caja fija u otro similar, sin disminuir el control del gasto, aplicando adems un criterio homogneo de actuacin, de manera que se reduce la carga administrativa de estos contratos, pudiendo repercutir en mejorar la asignacin de recursos en otros procedimientos contractuales que lo requieran.

Se incluye tambin en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero #(012106)#, un precepto relativo a la constitucin de garantas definitivas mediante retencin del precio que permitir a las personas contratistas optar por esta modalidad de garanta en lugar de recurrir a avales bancarios o seguros de caucin, entre otros, cuya constitucin genera carga burocrtica y lleva aparejados costes financieros para las empresas.

Otro de los preceptos que se añaden, hace referencia a los certificados de buena ejecucin de subcontratistas. Desde un punto de vista prctico las Pymes, que desempeñan un papel fundamental en la economa andaluza, participan frecuentemente en las contrataciones pblicas como subcontratistas de una empresa adjudicataria principal. Mediante la implantacin de la medida que se incluye se pretende facilitar la acreditacin de su solvencia a efectos de permitir precisamente su participacin directa en licitaciones pblicas, fomentando con ello el acceso de las Pymes a este importante mercado y generando una competencia ms intensa, lo que ofrecer a los poderes adjudicadores una mejor relacin calidad-precio y permitir a estas empresas desarrollar su potencial de crecimiento e innovacin con el consiguiente efecto positivo de mejora del clima de negocios y refuerzo del mercado interior español y de la economa andaluza.

Por ltimo, en el mbito de la contratacin, se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre #(025027)#, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca se ha erigido en la Comunidad Autnoma como rgano administrativo especializado que aglutina la mayora de los recursos especiales que en materia de contratacin se resuelven en dicha circunscripcin territorial, dando respuesta en un breve plazo de tiempo, a las cuestiones litigiosas suscitadas en el seno de los numerosos procedimientos de licitacin tramitados no solo por la Junta de Andaluca y sus entidades con personalidad jurdica independiente consideradas poderes adjudicadores, sino tambin de la mayora de entidades locales de Andaluca, sus poderes adjudicadores, as como de las diez Universidades pblicas andaluzas que existen en la actualidad.

El incremento exponencial de las licitaciones que ha supuesto la puesta en funcionamiento del Mecanismo de Recuperacin ha dado lugar a un correlativo incremento de la litigiosidad y, por tanto, de los recursos especiales en materia de contratacin sometidos al conocimiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca pudiendo cifrarse en un aumento del 25% respecto al ejercicio 2020.

Por ello, con la intencin de clarificar el rgimen normativo, adaptndose el Decreto 332/2021, de 2 de noviembre, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre #(039439)#, que no se encontraba vigente a la fecha de aprobacin de dicho Decreto y con la finalidad de racionalizacin e incentivo de la gil gestin del Tribunal Administrativo se modifica el artculo 10 #(025027) ar.10# del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, para introducir un segundo prrafo al apartado tercero que impone la obligatoriedad de suscribir un convenio con carcter previo en el que se contemple, en su caso, la compensacin que proceda para sufragar los gastos de la carga adicional al que se condicione la competencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca para resolver el recurso especial, cuando el mismo se interponga frente a actos emanados de entidades locales de Andaluca que tengan reconocida legalmente la facultad autoorganizativa de crear sus propios rganos especializados, esto es, Diputaciones Provinciales y municipios de gran poblacin.

La segunda medida supone regular un complemento por desempeño que se corresponda con el incremento de exigencia para el personal que compone el rgano colegiado y para incentivar la resolucin en el limitado plazo fijado legalmente de los recursos especiales a pesar del incesante, progresivo y exponencial aumento de aquellos, año tras año. Es conveniente recordar que el plazo de resolucin ordinario es muy limitado (dos meses). A ello se une que recientes normas con rango de ley han establecido nuevas medidas (despacho y resolucin preferente y menores plazos) orientadas a agilizar ms si cabe, y cuando la fuente de financiacin es comunitaria, la respuesta de los tribunales de recursos contractuales, incrementando el nivel de exigencia para el personal funcionario que compone el rgano colegiado.

El incentivo retributivo no es algo novedoso pues est contemplado expresamente como medida agilizadora en el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, cuya disposicin adicional primera prev que el personal que participe en la gestin de proyectos financiables con fondos europeos, as como en cualquier actividad de la Administracin de la Junta de Andaluca relacionada con aquellos proyectos (esto es sin duda alguna lo que hacen los miembros del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca, al resolver con prontitud los recursos que afectan a licitaciones financiadas con dichos fondos) podr percibir productividades y gratificaciones extraordinarias sujetas al grado de cumplimiento de los objetivos, en funcin de su contribucin personal al cumplimiento de estos resultados y de acuerdo con la normativa presupuestaria vigente.

La urgencia y necesidad de esta medida resulta del hecho de que otras, como podra ser la modificacin del propio Decreto para ampliar la composicin del rgano colegiado o la estructura del Tribunal, exigira la correlativa modificacin de su relacin de puestos de trabajo, lo cual implica una tramitacin administrativa prolongada en el tiempo.

Igualmente, por razones de coherencia con las actuales competencias de la Consejera de Economa, Hacienda y Fondos Europeos, se modifica el artculo 4 del referido Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, para atribuir la Presidencia del Comit Tcnico para el seguimiento de la ejecucin de los Fondos Europeos a la persona titular de la Secretara General competente en materia de Fondos Europeos. Asimismo, si la Presidencia del Comit Tcnico corresponde a la persona titular de la Secretara General competente en materia de Fondos Europeos, el personal funcionario que se designe por la misma para formar parte de los grupos de trabajo del Comit debe estar adscrito a la Consejera competente en materia de Fondos Europeos, no en materia de Hacienda. Se incorpora al mismo lo que ya fue establecido en el Acuerdo de la Comisin Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, sobre determinacin del nmero de miembros del Comit Tcnico para el seguimiento de la ejecucin de los Fondos Europeos, adoptado con fecha 27 de abril de 2021, segn el cual las personas titulares de las Secretaras Generales Tcnicas de todas las Consejeras de la Administracin de la Junta de Andaluca sern miembros del Comit Tcnico para el seguimiento de la ejecucin de los Fondos Europeos. Por ltimo, se aprovecha la modificacin de dicho artculo para introducir cambios como consecuencia de los distintos Decretos de estructura.

Por otra parte, a fin de guardar la debida coherencia con la modificacin del artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, se modifica el artculo 36.1 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacin administrativa y racionalizacin de los recursos para el impulso a la recuperacin y resiliencia en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca, adaptando el informe de la Direccin General de Presupuestos en la tramitacin de la aprobacin de las bases reguladoras de subvenciones financiables con fondos europeos a los casos previstos en el artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

Tambin se modifica sustancialmente el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo #(008057)#. Estas modificaciones normativas tienen por denominador comn, establecer las condiciones legales para agilizar los procedimientos de ejecucin presupuestaria mediante la simplificacin de estos por medio de la identificacin de las competencias de ejecucin presupuestaria del gasto con las propias de la gestin administrativa de la que derivan. Con ello, se elimina no solo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecucin presupuestaria del gasto, sino tambin los propios actos de ejecucin presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedar subsumida en los actos de gestin administrativa que la conlleven. El impacto de esta modificacin se traduce, en la prctica, en una reduccin significativa del nmero de firmas de actos especficos de ejecucin presupuestaria del gasto y de documentos contables.

La simplificacin administrativa que se persigue se pondr de manifiesto en la simbiosis que se producir entre los procedimientos de gestin administrativa correspondientes de los que nacen las obligaciones econmicas a cargo de la Hacienda Pblica autonmica, y los procedimientos de gestin presupuestaria necesarios para la realizacin de los gastos que su cumplimiento implicar, alcanzando tal interrelacin su punto mximo mediante la fusin de ambos procedimientos en uno solo, de modo que las actuaciones formales a realizar se reducirn una vez que se evitar tambin la intervencin de distintos rganos.

El actual artculo 52 de dicho texto legal, relativo a la gestin de los gastos, incluye en su redaccin, tanto normas sobre la competencia de dicha gestin, como normas procedimentales de la misma. Por este motivo, y para evitar que con las modificaciones propuestas la extensin del artculo fuese excesivamente largo, se ha optado por separar las normas de la gestin de los gastos en dos artculos, por una parte, un artculo que establezca la competencia, artculo 52 y, por otra parte, un artculo que establezca el procedimiento, artculo 52 bis, con la finalidad de facilitar la comprensin de sus contenidos.

Asimismo, se suprime el segundo y el tercer prrafo del apartado 4 del artculo 52. El motivo de dicha supresin obedece a que dichos prrafos se añadieron para incluir una norma particular y excepcional en la gestin del gasto, solo para determinados contratos y encargos, que se apartaba del vigente procedimiento de gestin del gasto. Sin embargo, aquella norma excepcional, con la modificacin normativa que ahora se realiza, pasar a convenirse en la norma general, por este motivo no resulta necesario mantener en el artculo el contenido de dichos prrafos.

La supresin del apartado 2 del artculo 52 #(005706) ar.52# del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica, que en parte se integra en el apartado 1 del mismo artculo, implica la eliminacin del ltimo inciso de dicho apartado 2, que se refiere a la competencia de la “Ordenacin de los pagos” de determinadas entidades. Dicho contenido que se elimina del artculo 52, se considera adecuado ubicarlo en un nuevo apartado 2 del artculo 54 que se refiere de forma especfica a la Ordenacin de pagos. Por la inclusin del nuevo apartado 2, se renumeran, los actuales apartados 2 y 3, como 3 y 4.

En coherencia con la modificacin que se realiza del artculo 52 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica en materia de competencia de gestin de los gastos, al unificarse en el mismo rgano la competencia para la aprobacin del acto administrativo o negocio jurdico con la autorizacin del gasto que conlleva su realizacin, es preciso suprimir toda mencin a la facultad de autorizacin de gasto del Consejo de Gobierno, titulares de las Consejeras y dems rganos que, respectivamente, contienen la actual redaccin de los artculos 12.d), 14.c) y 15 c) de dicho texto legal.

El artculo 43 se modifica slo por razones de elaboracin tcnica, para adecuar la referencia normativa del segundo prrafo a la nueva redaccin del artculo 52.4 del texto refundido, cuyo contenido se integra en el nuevo artculo 52 bis.4.

Las modificaciones de los artculos 90, 92, 115, 119 y 120 bis del texto refundido son coherentes con la modificacin del artculo 52 y la inclusin del nuevo artculo 52 bis, en el sentido de sustituir toda referencia a “expediente de gasto”, por “expediente administrativo que conlleve gasto”, con la finalidad de eliminar la diferenciacin existente hasta ahora entre el procedimiento de gestin administrativa (expediente administrativo) y el procedimiento de gestin presupuestaria del gasto (expediente de gasto), de tal forma que los actos de ejecucin presupuestaria sean actos debidos consecuencia de los actos administrativos y, por tanto, la competencia para la ejecucin presupuestaria sea accesoria a la administrativa de la que trae causa. Asimismo, se suprime toda mencin a la facultad de autorizacin de gasto, que se sustituye por la aprobacin de la realizacin del mismo.

En coherencia con la denominacin de las fases de gestin del presupuesto que se determinan en el apartado 1 del nuevo artculo 52 bis, se unifica la utilizacin de la expresin “aprobacin de la realizacin” del gasto y del trmino “disposicin” suprimiendo el de compromiso, en los referidos artculos que se modifican.

En este mbito en la disposicin final sobre la entrada en vigor se establece una regla especial para esta medida, porque las modificaciones que se realizan del texto refundido con la finalidad de simplificar el procedimiento de gestin del gasto precisarn para su efectiva ejecucin de la correspondiente adaptacin de los sistemas y aplicaciones informticas mediante los que se ejecuta dicha gestin de gasto y el control interno de los mismos. Estas adaptaciones tcnicas deben realizarse en colaboracin con la Agencia Digital de Andaluca de forma gradual y progresiva para asegurar la efectividad y eficacia de las mismas.

Igualmente se introducen dos disposiciones transitorias con una doble finalidad, por una parte, la pervivencia temporal de las normas que se modifican o tcitamente se derogan, hasta que se efecten las adaptaciones tcnicas necesarias para la efectiva implantacin de dichas modificaciones, y por otra parte, garantizar el trnsito al rgimen previsto por la nueva regulacin simplificada del procedimiento de gestin del gasto.

Estas medidas adems de suponer una evidente simplificacin de todos los procedimientos que conlleven gasto, implican una mayor agilizacin de los mismos, lo cual, sin duda, redundar en beneficio de la ciudadana y de los operadores econmicos. No obstante, un actor principal en esta innovacin normativa es la Intervencin General, dado que, como rgano de control interno de la actividad econmica financiera, su intervencin es preceptiva en estos procedimientos.

Por otro lado, la actual regulacin prevista en la disposicin adicional cuarta de la Ley 7/2023, de 24 de julio #(056236)#, de creacin de los Cuerpo Superior y Tcnico de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca, supone una notoria dificultad para cubrir las vacantes que se produzcan en las plazas del nuevo Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora, dado que exige hacerlo con personal funcionario que actualmente ejerza funciones interventoras. Ello supone de facto la imposibilidad de cubrirlas en el corto o medio plazo redundando en la ralentizacin de los procesos de control interno, frustrando los objetivos de agilizacin que pretenden cumplirse con la simplificacin.

Resulta, por tanto, de extrema importancia garantizar la necesaria continuidad en el ejercicio de las funciones propias de la Intervencin General hasta tanto se pueda asegurar la disposicin de suficientes efectivos pertenecientes al nuevo Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora. Es necesario posibilitar que las vacantes que se vayan produciendo hasta tanto se complete, por un lado, el proceso de integracin en el nuevo Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora, y por otro, la adscripcin de la totalidad de las vacantes a la relacin de puestos de trabajo del citado Cuerpo Superior, conforme a lo dispuesto en la disposicin transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio #(056236)#, se puedan cubrir no solo con personal que actualmente realice las funciones previstas en el artculo 3 de la citada Ley, sino tambin con personal perteneciente al cuerpo que actualmente desempeña las citadas funciones que no es otro que el Superior de Administracin de la Junta de Andaluca en cualquiera de sus especialidades, evitando la eventualidad de que no se pudiesen llegar a cubrir las vacantes que se produzcan.

Esta cobertura de vacantes con personal del Cuerpo Superior de Administracin de la Junta de Andaluca ser posible hasta tanto queden adscritos al Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca todos los puestos a los que se refiere la disposicin transitoria primera de la Ley 7/2023, de 24 de julio #(056236)#, momento a partir del cual su cobertura se podr realizar nicamente por personal del Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora. El personal del Cuerpo Superior de Administracin de la Junta de Andaluca que en dicho momento estuviese ocupando un puesto en virtud de lo dispuesto en la disposicin adicional cuarta de dicha Ley conforme a la nueva redaccin que se introduce, continuar desempeñando dicho puesto con el mismo carcter de ocupacin.

Por otra parte, se modifican los artculos 31, 32 y la disposicin adicional octava del Decreto 54/1989, de 21 de marzo #(018549)#, sobre indemnizaciones por razn del servicio de la Junta de Andaluca, en cuanto a la supresin de la autorizacin por parte de la Consejera competente en materia de Hacienda para el devengo de asistencias al tribunal, rgano o comisin correspondiente y el informe previo que se emite por la Direccin General con competencias en materia de Funcin Pblica, estableciendo en el rgano que haya de realizar la convocatoria la fijacin de la categora en la que quedar clasificado el tribunal o la comisin, pues deviene innecesario al estar regulado en la norma el derecho al devengo de asistencias, la categora e importe que se puede percibir, y estar los expedientes administrativos en los que se sustentan sujetos a fiscalizacin y control por parte de la Intervencin General, todo ello en el marco de las disponibilidades presupuestarias. Se trata de eliminar un procedimiento de autorizacin de mera constatacin de datos por lo que se agiliza el devengo de asistencias de forma notable sin merma de las garantas y control.

Tambin requiere una revisin la normativa patrimonial en el mbito autonmico, Ley 4/1986, de 5 de mayo #(002818)#, de Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca y su Reglamento de aplicacin, aprobado mediante Decreto 276/1987, de 11 de noviembre #(018051)#, ya que la misma data de hace ms de treinta y cinco años, desde dicha fecha esta normativa slo ha sido objeto de modificaciones puntuales referidas, exclusivamente, a aspectos muy concretos. A lo largo del tiempo transcurrido, todos los elementos integrantes del trfico jurdico han sufrido importantes transformaciones.

Asimismo, multitud de normativa ha sido aprobada y ha afectado, directa o indirectamente, al rgimen patrimonial de la Comunidad Autnoma de Andaluca, tanto a nivel estatal, fundamentalmente, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre #(003421)#, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto #(007504)#, ambas con regulacin de carcter bsico y de aplicacin general, como en el mbito local con la Ley 7/1999, de 29 de septiembre #(000516)#, de Bienes de las Entidades Locales de Andaluca y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero #(018643)#.

Las modificaciones de la normativa patrimonial de la Comunidad Autnoma persiguen de un lado, la simplificacin administrativa con objeto de disminuir la carga administrativa de los expedientes patrimoniales, eliminando de los correspondientes procedimientos aquellos trmites o requisitos que se consideran innecesarios o no proporcionados para, de este modo, simplificar los procedimientos, agilizar los plazos de resolucin y maximizar la eficacia y eficiencia de la actuacin administrativa. De otro, la mejora de la regulacin introduciendo varias modificaciones de carcter tcnico, destinadas a clarificar y actualizar la normativa en cuestin, adecundola al principio de buena regulacin y corrigiendo algunas lagunas normativas que obligan, en muchos casos, a una interpretacin analgica de la norma, lo que crea inseguridad jurdica y confusin tanto en el seno de la Administracin como a las que se relacionan con ella.

Entre las medidas de simplificacin, podemos destacar la eliminacin de la exigencia de depsitos previos a las personas denunciantes o interesadas en los procedimientos de investigacin y de deslinde, as como la supresin, con carcter general, de la publicacin en el Boletn Oficial de la Provincia. Asimismo, cabe señalar la ampliacin del plazo de duracin de las concesiones de dominio pblico y la introduccin de nuevos supuestos de adjudicacin directa tanto para stas como para la adquisicin a ttulo oneroso y enajenacin de bienes inmuebles patrimoniales. Tambin es objeto de modificacin el rgimen de autorizaciones para la enajenar bienes tanto inmuebles como muebles. En materia de arrendamientos se elimina el informe de la Direccin General de Patrimonio cuando aqullos tienen por objeto la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos y su plazo es inferior a tres meses. Todo este conjunto de medidas permite eliminar trmites superfluos o reiterativos sin merma de las garantas inherentes a los procedimientos administrativos, con el consiguiente ahorro procedimental y reduccin de plazos.

En cuanto a la concurrencia de una situacin de extraordinaria y urgente necesidad y la necesaria conciliacin entre sta y las medidas propuestas, la modificacin de la normativa permitir disponer de una Administracin ms gil y eficaz en su actuacin, coadyuvando de forma ms eficiente a la reactivacin de la actividad econmica en nuestra Comunidad Autnoma en un contexto de crisis derivada de diversos y sucesivos factores (COVID-19, guerra de Ucrania, crisis energtica, etc.) y a reforzar la seguridad jurdica como elemento estructural y necesario del trfico jurdico.

Ya se ha señalado cmo la actual legislacin en materia de patrimonio adolece de una importante falta de adecuacin a la realidad del trfico jurdico actual. Ello, comporta constantes incidencias en lo que a la gestin del patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca se refiere tales como la inexistencia de ciertas figuras necesarias y habituales en la gestin patrimonial de otras Administraciones Pblicas, el establecimiento de requisitos procedimentales que dificultan notablemente la tramitacin de los expedientes, o la falta de claridad de determinados aspectos que generan inseguridad jurdica y confusin.

De este modo, suele ser habitual que la tramitacin de los expedientes patrimoniales se extienda por varios años a travs de un procedimiento complejo, desactualizado, poco claro y con importantes trabas para la persona administrada. La conclusin de estos expedientes se retrasa notablemente y, como consecuencia, tambin la satisfaccin de los intereses pblicos afectados. Existen en la actualidad en la Direccin General de Patrimonio ms de 500 expedientes patrimoniales abiertos cuya duracin se extiende por varios años, nmero que se prev aumente en los prximos años.

Debe tenerse tambin en cuenta el proceso de puesta en valor del patrimonio de la Comunidad Autnoma en el que esta Administracin se encuentra inmersa. Mediante Acuerdo de 4 de julio #(032409)# de 2023, del Consejo de Gobierno, se toma conocimiento del inicio de la elaboracin de un Plan Estratgico de sedes administrativas de la Junta de Andaluca cuyo objetivo fundamental es el establecimiento de una poltica integral de gestin del patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autnoma que aborde las carencias existentes, haga frente a la situacin patrimonial actual, prepare a la Junta de Andaluca para los retos del futuro y reduzca el coste que supone para la Hacienda Pblica, siendo una de las lneas estratgicas para la consecucin de tal objetivo la optimizacin del patrimonio de la Junta de Andaluca y sus agencias.

En concreto, las medidas en materia de uso y aprovechamiento de los bienes de dominio pblico, disponibilidad de los bienes patrimoniales y uso y explotacin de los bienes patrimoniales tienen por objetivo fundamental potenciar la puesta en valor del patrimonio autonmico, permitiendo que los bienes integrantes del mismo puedan ser objeto de uso, disposicin y explotacin a travs de un rgimen jurdico ms gil y eficaz y dotado de mejores instrumentos jurdicos. Estas medidas coadyuvarn a la optimizacin del patrimonio de la Comunidad Autnoma, incidiendo de forma directa no slo en la actividad econmica y su recuperacin, sino que tambin permitirn a la Administracin dotarse de los recursos necesarios para la aplicacin de sus polticas pblicas. Lo mismo cabe predicar de las medidas relativas al procedimiento de investigacin, de deslinde, precisamente porque dichas medidas son tendentes a agilizar los trmites administrativos afectantes a la depuracin de la situacin fsica o jurdica de los bienes y derechos, paso previo e imprescindible a su puesta en uso, disposicin o explotacin. Mencin especfica requiere la ampliacin del plazo de resolucin del procedimiento de investigacin cuyo fundamento se encuentra en una necesidad extraordinaria y urgente de dotar de seguridad jurdica al marco normativo aplicable. Ni la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca ni la Ley 9/2001, de 12 de julio #(002172)#, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantas procedimentales para los ciudadanos, fijan un plazo mximo para resolver los procedimientos de investigacin patrimonial. Esto implica importantes dudas interpretativas sobre si ha de regir en estos procedimientos el plazo general fijado por la normativa administrativa o el plazo especial contemplado en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Pblicas #(003421)#. La existencia de un peligro de caducidad alto en este tipo de procedimientos y su gran importancia en lo que al patrimonio autonmico se refiere, fundamentan la situacin de extraordinaria y urgente necesidad.

Las medidas en materia de adquisicin de bienes y derechos tienen anloga virtualidad. La adquisicin permite a la Administracin autonmica dotarse de los bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines y actuar de forma directa sobre la actividad econmica tanto desde el punto de vista del propio negocio jurdico de adquisicin como desde el de la afectacin de los bienes y derechos adquiridos a la satisfaccin de los intereses pblicos. El conjunto de medidas contempladas en este apartado permitir al sector pblico dotarse, tanto en compra como en arrendamiento, de dichos bienes y derechos de una forma ms gil y eficaz y con instrumentos jurdicos adaptados a la realidad del trfico jurdico, con destino a promocionar y agilizar la actividad econmica.

Tambin tienen una incidencia directa sobre la actividad econmica y su reactivacin las normas en materia de operaciones societarias. El sector pblico instrumental andaluz es uno de los agentes principales del trfico jurdico mercantil de la Comunidad Autnoma. Disponer de una normativa patrimonial adaptada a la realidad del trfico mercantil y con instrumentos giles es esencial para su efectiva intervencin como operadores de mercado. Consecuencia ineludible para mantener la seguridad jurdica es la inclusin de una nueva disposicin adicional relativa al rgimen de creacin y extincin de las fundaciones del sector pblico andaluz y de la aportacin de bienes del patrimonio de la Comunidad Autnoma. La actual redaccin de los artculos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma se refiere a “entidades privadas” incluyendo entre stas, las fundaciones del sector pblico andaluz. Dicha redaccin no resulta adecuada desde el punto de vista tcnico-jurdico, pues a pesar de incluirse, como hemos señalado, las fundaciones del sector pblico andaluz, sin embargo, el contenido de los preceptos es incompatible en ciertos puntos con la naturaleza intrnseca de las fundaciones que, por ejemplo, no tienen un capital social dividido en acciones o participaciones. As, se actualiza la redaccin de los artculos 82 y 94 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma sustituyendo la referencia a entidades privadas. No obstante, con objeto de evitar una desregulacin de aquellos aspectos que se consideran necesarios relativos a las fundaciones del sector pblico andaluz, se incluye una nueva disposicin adicional especfica.

Consecuencia lgica de todo lo anterior es la adecuacin, tambin, de la medida relativa a la inscripcin de los bienes y derechos de la Comunidad Autnoma. Todas las medidas expuestas hasta el momento y que persiguen la reactivacin de la actividad econmica de la Comunidad Autnoma, pivotan sobre la existencia de procesos giles, entre ellos de inscripcin de los bienes y derechos autonmicos. De este modo, la medida propuesta, tendente a la eliminacin de un trmite que se considera no aporta valor añadido al procedimiento administrativo, permitir reducir los plazos y, con ello, la puesta en valor del patrimonio autonmico, agilizando su uso, disposicin y explotacin.

Y lo mismo cabe exponer respecto a las modificaciones que se contemplan del Reglamento del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca que regulan trmites de modificaciones legales vinculadas a combatir la situacin de extraordinaria y urgente necesidad segn lo hasta ahora justificado. Como quiera que el citado Reglamento reproduce en buena medida los preceptos de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma, las modificaciones de aquel derivan inmediatamente de la justificacin de esta y, a mayor abundamiento, se ven fundamentadas por razones de seguridad jurdica de extraordinaria y urgente necesidad.

Por ltimo, se modifica la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca, en lo referente a determinadas tasas en materia de publicidad oficial, industria, energa y minas; agricultura, ganadera, pesca martima y medio ambiente.

Ninguna de las modificaciones previstas supone incremento en las cuotas tributarias aplicables, teniendo por objeto la mejora de la regulacin normativa, que se hace precisa para la correcta delimitacin de los servicios y actividades gravadas, evitando problemas interpretativos a la hora de aplicar las tasas, con lo que se consigue una mayor seguridad jurdica. A este respecto, pueden citarse las mejoras destinadas a aclarar supuestos en que la tasa no ser exigible, as como aquellas destinadas a facilitar la correcta aplicacin de los beneficios fiscales establecidos. En otras ocasiones se trata de adaptar la regulacin vigente a las modificaciones introducidas por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificacin administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacin econmica en Andaluca, resultando necesario modificar la regulacin de la tasa en aquellos supuestos en que la solicitud ha sido sustituida por una declaracin responsable; o bien de simplificar y agilizar la gestin de las tasas.

Igualmente se considera necesario y urgente corregir los problemas detectados en la gestin y aplicacin de las tasas desde la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca, para posibilitar la correcta aplicacin de las tasas y de los beneficios fiscales establecidos en dicha Ley, pues de lo contrario podran devenir inaplicables o dar lugar a interpretaciones diversas tanto por parte de los contribuyentes como del rgano o entidad a la que corresponda la gestin de las tasas, lo que resulta contrario a la seguridad jurdica.

XII

La Administracin educativa andaluza ha venido asumiendo un absoluto compromiso con la simplificacin de las cargas administrativas en el sistema educativo en general y en los centros educativos en particular, para lo que se ha venido trabajando en simplificar procedimientos de manera garantista con el objeto de que el sistema educativo funcione de manera ms eficiente y eficaz.

Se hace necesario llevar a cabo la modificacin de diversas normas en el mbito de las autorizaciones de centros y enseñanzas, as como en el del procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados con el propsito de facilitar los trmites tanto de los participantes en el proceso educativo como de aquellas personas que quieran formar parte del mismo en aras de la prestacin de un servicio educativo de calidad y del acceso a la educacin de forma gil, suprimiendo trabas administrativas.

En lo que respecta a los procedimientos de autorizacin para la apertura y funcionamiento de centros docentes privados, as como de escuelas de msica y danza, se encuentran regulados por los Decretos 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas de rgimen general, 193/1997, de 29 de julio, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir enseñanzas artsticas, y 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan las escuelas de msica y danza. En el tiempo transcurrido desde la aprobacin de los mismos, se han dictado numerosas normas, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre #(013300)#, y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, entre otras, que representan una importante apuesta por las medidas de simplificacin administrativa y la generalizacin de la administracin electrnica, sin que estas medidas se hayan aplicado a los procedimientos de autorizacin de centros privados. De ah surge la necesidad de abordar la modificacin de los decretos anteriormente mencionados, en lo que se refiere a simplificacin de trmites, tramitacin electrnica y, en consecuencia, reduccin de plazos.

De esta forma, se ha considerado imprescindible la implementacin de la tramitacin electrnica completa de estos procedimientos, abarcando desde la presentacin de solicitudes hasta la notificacin de las resoluciones correspondientes. A partir de este momento, todas las solicitudes que se presenten debern serlo exclusivamente por medios electrnicos, tanto las de titulares de centros que sean personas jurdicas, por aplicacin directa del artculo 14.2 #(013300) ar.14# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como las de titulares que sean personas fsicas, al darse los requisitos establecidos en el artculo 14.3 de la misma norma. En este sentido, cabe señalar que la gran mayora de titulares de centros docentes son personas jurdicas, entendindose que, en el escaso margen de titulares que son personas fsicas, stas tienen suficiente capacidad econmica, tcnica y profesional como para disponer de los medios electrnicos necesarios, por la propia naturaleza de la actividad econmica y docente que desarrollan.

Adems de lo anterior, se ha estimado pertinente adoptar una medida de simplificacin del procedimiento de autorizacin regulado por el Decreto 109/1992, de 9 de junio #(018244)#, que permitir reducir las cargas administrativas, as como los plazos para la obtencin de la autorizacin de apertura y funcionamiento de los centros docentes de su mbito de aplicacin, consistente en la eliminacin de los dos informes previstos en el artculo 7 en el supuesto de que no sea necesaria la realizacin de obras. Teniendo en cuenta que estos informes se configuran como una garanta para la persona promotora de un centro, al contar con un pronunciamiento de la Administracin educativa sobre la viabilidad de un determinado proyecto de obras con anterioridad a la inversin que supone su ejecucin, su emisin resulta del todo innecesaria en el caso de inmuebles ya existentes que no precisen obras de acondicionamiento por cumplir ya con los requisitos de instalaciones establecidos en la normativa vigente.

Por otro lado, atendiendo a los criterios de simplificacin administrativa basados en la supresin de trmites innecesarios y reduccin de la documentacin requerida a las personas interesadas y normalizacin documental se hace necesario revisar la documentacin requerida en la normativa reguladora de los criterios y el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados. En este sentido el artculo 43.3 #(052439) ar.43# del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria, educacin especial, educacin secundaria obligatoria y bachillerato se dispone que: “La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada y tutela deber ser firmada por alguna de las personas que ejercen su representacin legal y que ostentan la guarda y custodia. En el caso de que dicha persona no sea el padre o la madre, deber presentarse copia autenticada del documento que acredite la tutela legal. En el caso de menores en situacin de acogimiento la solicitud ser firmada por alguna de las personas que ostentan la guarda y deber presentarse copia autenticada del documento que acredite el acogimiento”, y el artculo 17.5 #(052481) ar.17# de la Orden de 20 de febrero de 2020 establece que “A efectos de acreditar la situacin de adopcin u otras medidas de proteccin de menores a que se refiere el artculo 20.4 #(052439) ar.20# del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, la persona solicitante deber aportar copia autenticada del documento que acredite dichas situaciones expedido por la Consejera competente en materia de proteccin de menores”.

En estos supuestos se considera de inters que en virtud de lo dispuesto en el artculo 28.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre las personas acogedoras que solicitan la escolarizacin de una persona menor de edad no recaiga la obligacin de presentar, entre la documentacin a aportar en el inicio del procedimiento de escolarizacin, copia autenticada del certificado donde conste que la persona menor de edad se encuentra bajo la tutela de la Administracin de la Junta de Andaluca y donde conste que sobre esa persona acogedora se ha delegado la guarda.

Dado que en este supuesto de proteccin de menores es la propia Administracin de la Junta de Andaluca la representante legal de la persona menor de edad puede verificar este hecho sin necesidad de que la persona solicitante tenga que acudir a otro rgano de la propia Administracin para que le expidan esa certificacin y a rengln seguido presentar la copia autenticada.

La escolarizacin de las personas menores de edad que son tuteladas por la Administracin de la Junta de Andaluca, lo es en muchas ocasiones mediante el procedimiento extraordinario contemplado en el artculo 51 #(052439) ar.51# del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, una vez finalizado el procedimiento ordinario para la escolarizacin. Esta situacin se da cuando la Administracin Pblica resuelve un procedimiento de situacin de desamparo y adopta una medida de proteccin, hecho que ocurre en cualquier momento del año en curso, y por tanto puede darse fuera del procedimiento ordinario de escolarizacin. Por ello es necesario que esta medida de simplificacin se adopte de forma inminente permitiendo as agilizar el procedimiento de escolarizacin de los menores tutelados.

Por todo lo expuesto y al concurrir en los procedimientos administrativos referidos las circunstancias de resultar indispensables para la proteccin del inters general y para el funcionamiento bsico de los servicios, en tanto que afectan a medidas y facultades relativas al servicio pblico educativo, resulta urgente y necesario adoptar las modificaciones que se proponen, en aras a la simplificacin de los procedimientos regulados en la citada normativa.

XIII

El sector comercial, y en especial el de gran consumo, esto es, alimentacin y productos de primera necesidad, higiene personal y del hogar, viene sufriendo desde hace ms de dos años las consecuencias de una coyuntura extremadamente negativa por los incrementos de los precios de las materias primas e insumos, crisis energtica (encarecimiento de carburantes y electricidad), sequa, temperaturas anmalas, etc. Esto ha situado a toda la cadena de valor de gran consumo en una situacin de mxima dificultad y tensin inflacionista, en la que la acumulacin de festivos cerrados conlleva un grave perjuicio para empresas, trabajadores y consumidores.

El incremento de los precios en el ltimo año y medio ha alcanzado cifras rcord de inflacin de alimentos, llegando a estar el IPC por encima del +15% de incremento y situndose el pasado mes de septiembre en el +10,5%, con un acumulado desde 2021 del +26%. Adems, la acumulacin de dos o ms festivos continuados provoca tambin un incremento de costes a las empresas alimentarias, especialmente por el desperdicio alimentario que supone fundamentalmente en el caso de los productos frescos y perecederos, lo que suele llevar aparejado una subida de precios. El desperdicio alimentario es uno de los mayores problemas de las sociedades modernas y de los pases desarrollados; concretamente en España se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año, entre un 30% y un 50% de los alimentos comestibles acaban desechados, correspondiendo un 5% de dicho desperdicio a la distribucin comercial alimentaria. Del mismo modo, tambin provoca la imposibilidad de abastecimiento de las tiendas habituales, afectando especialmente a los consumidores ms vulnerables. Por ltimo, los cambios en los hbitos de compra de las personas consumidoras, que requieren cada vez ms de la mxima inmediatez en la compra y que estn habituados a la presencia 24/7 de los comercios on line, hacen necesario que, los comercios fsicos no estn cerrados ms de un da seguido.

Por todo ello, y con la finalidad de favorecer la reactivacin de la economa andaluza y facilitar el ejercicio de la actividad comercial en nuestra regin, se hace necesario llevar a cabo las necesarias modificaciones normativas que deriven en una adecuada mejora de la regulacin del ejercicio de esta actividad que ofrezca un marco lo menos restrictivo posible y estimule la actividad de nuestros establecimientos comerciales y permita adaptar la oferta de cada municipio a las caractersticas especficas de la demanda comercial. Por tanto, con esta modificacin se mejora y flexibiliza el calendario de aperturas comerciales en domingos y festivos en Andaluca y, el rgimen de permutas establecido en el artculo 19, priorizando el criterio de la apertura obligatoria cuando se produzca la acumulacin de festivos cerrados, concretando y aclarando los plazos de las permutas y la limitacin para que ningn caso esta figura de lugar a un aumento de das de apertura. Con las modificaciones propuestas se mejora la regulacin y el procedimiento, derivadas de la experiencia acumulada en la tramitacin y de las demandas reiteradas del sector a travs, tanto de la Mesa de Dilogo Social de Comercio como del Consejo Andaluz de Comercio.

XIV

El presente Decreto-ley, al modificar el artculo 56.1 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pblica de Andaluca, y los artculos 3 #(035007) ar.3# y 5 #(035007) ar.5# del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluacin de Impacto en Salud de la Comunidad Autnoma de Andaluca, respeta los lmites previstos en el citado artculo del Estatuto de Autonoma y los establecidos por la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su interpretacin de las exigencias previstas por el artculo 86.1 #(000001) ar.86# de la Constitucin Española.

La modificacin planteada, con objeto de avanzar en la simplificacin administrativa, se refiere al informe de evaluacin del impacto en la salud que se emite por la Consejera competente en materia de salud, y en concreto por los rganos determinados en el artculo 5 #(035007) ar.5# del Decreto 169/2014 de 9 de diciembre, informe que tiene por objeto valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la poblacin de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el artculo 56 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta lmites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.

En relacin con esta propuesta, cabe deslindar entre lo que son los planes, programas y obras sometidos a este informe, encontrndose entre ellos los instrumentos de ordenacin urbanstica, de una gran trascendencia, y lo que es en s el procedimiento de evaluacin de impacto en la salud en el cual se emite el referido informe. En este sentido una mejora en el procedimiento de evaluacin de impacto en la salud, facilitando su emisin en un menor plazo y evitando dilaciones indebidas, y reasignando de forma eficiente las competencias para su emisin, tiene un efecto directo en los planes, programas y obras sometidos a informe, y en especial sobre los instrumentos de ordenacin urbanstica.

Por un lado, la aprobacin de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluca, ha supuesto, entre otros extremos, la determinacin y simplificacin de los instrumentos de ordenacin territorial y urbanstica, as como la modificacin del artculo 56 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pblica de Andaluca (mediante la disposicin final cuarta de la Ley 7/2021), precisamente para intentar reflejar en dicho precepto los instrumentos de ordenacin urbanstica.

No obstante, tanto el tenor literal actual del artculo 56 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, como la experiencia prctica al aplicar este precepto, hacen necesario proceder a la modificacin urgente de este precepto y del artculo 5 #(035007) ar.5# del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, con el fin de aclarar y establecer de forma eficiente qu instrumentos se someten a informe, determinando asimismo la competencia para su emisin, como se analiza en apartados posteriores.

Por otro lado, dado que se va a modificar en este mismo Decreto-ley, la Ley 7/2007, de 9 julio #(005932)#, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental, resulta igualmente necesario reflejar este cambio en los instrumentos objeto de este informe, por las mismas razones que las indicadas respecto de la adaptacin de la referida Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#.

El Tribunal Constitucional ha precisado que la figura constitucional del Real Decreto-ley resulta un instrumento constitucionalmente lcito siempre que el fin que justifique emplear la legislacin de urgencia sea el de subvenir a una situacin concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, y que por razones difciles de prever requiere de una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la va normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitacin parlamentaria de las leyes.

Estas circunstancias concurren en la propuesta de ambas modificaciones, que estn ligadas entre s, ya que la primera se refiere al mbito de aplicacin de la evaluacin de impacto en salud (EIS) de instrumentos de ordenacin urbanstica as como actividades y obras (y sus proyectos) que deban someterse al instrumento de prevencin y control ambiental establecidos en el prrafo a) del artculo 16.1 #(005932) ar.16# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental; y la segunda al reparto de competencias para la emisin de dichos informes y por ello se considera que tramitarlas conjuntamente ayudar a una mejor comprensin de los requisitos en materia de salud de estos instrumentos y actividades, facilitando la actividad de Ayuntamientos, Administraciones pblicas y la sociedad en general.

El contenido propuesto est claramente orientado a mejorar la eficiencia administrativa, a travs de una mejora en el reparto del nmero de informes que se deben evacuar desde los diferentes centros directivos de la Consejera con competencias en materia de salud y, especialmente, de una simplificacin y aclaracin del mbito de aplicacin de la evaluacin de impacto en salud en el mbito del urbanismo, lo que redundar en una mayor seguridad jurdica, una importante reduccin de incertidumbres en la solicitud de informes sectoriales y, en la mayor parte de los casos, la potenciacin de la figura del cribado previo, lo que permitir concretar mejor las actuaciones que deben informarse desde salud. Este cribado permitir tambin disminuir notablemente el nmero de instrumentos que deben someterse a evaluacin de impacto en salud, reduciendo la tramitacin administrativa y contribuyendo al ahorro de costes econmicos y temporales.

Con la redaccin propuesta se ha producido una regresin en la eficacia de la herramienta de cribado que permite agilizar extraordinariamente la tramitacin de muchos instrumentos de planeamiento urbanstico. En efecto, con la redaccin actual se ha apostado por una mayor concrecin en la delimitacin del mbito de aplicacin, especificando ms las condiciones que deben cumplir los instrumentos para someterse a EIS, pero como contrapartida se ha limitado “de facto” la capacidad de discriminar con la herramienta de cribado.

Adems, hay que señalar que la redaccin tampoco est libre de controversias, ya que se han detectado dificultades a la hora de interpretar qu instrumentos de ordenacin estn sometidos a EIS y cules no, al depender de valoraciones tcnicas que requieren conocimientos avanzados en urbanismo.

Efectivamente, la redaccin actual ha incluido una condicin adicional para intentar acotar el mbito de aplicacin a instrumentos de mayor trascendencia, obligando a que slo se sometan a EIS los instrumentos de ordenacin detallada “que delimiten actuaciones de transformacin urbanstica (ATU)”. Verificar esta condicin genera muchsimos problemas al personal de salud que no tiene competencia para determinar si se estn delimitando o no ATUs. Esto conlleva un retraso significativo en los expedientes al tener que consultar a urbanismo si, en su opinin, los mismos deben estar sometido a EIS o no. Adems, la cuestin no tiene ningn impacto diferencial en materia de impactos en salud y nos es ms til discriminar en el cribado caso a caso que poner esta condicin, que resulta bastante arbitraria.

Finalmente, se ha eliminado el informe EIS que se exiga a algunos instrumentos de ordenacin detallada, los que afectasen a reas urbanas socialmente desfavorecidas o cuando tengan una especial incidencia en la salud humana, porque no existe en estos momentos una normativa en vigor que delimite ese tipo de reas y desde la experiencia de años de aplicacin de la EIS es muy poco probable que otros instrumentos de ordenacin detallada (por el tipo de modificaciones que pueden llegar a realizar) puedan tener impactos sobre la salud lo suficientemente importantes como para destinar recursos a su evaluacin.

Asimismo, la redaccin del apartado 56.1.c) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre #(025340)#, queda justificada como consecuencia de la modificacin que se va a realizar sobre la Ley 7/2007, de 9 julio #(005932)#, donde se propone la eliminacin del actual Anexo I y en su lugar hacer referencia directamente, para los instrumentos de prevencin existentes, de Autorizacin Ambiental Unificada y Autorizacin Ambiental Integrada, a los anexos de la normativa bsica estatal que en cada caso corresponda, as como la creacin un nuevo instrumento de prevencin y control ambiental, que se denomina Autorizacin Ambiental Unificada simplificada, que integrar el resultado de la evaluacin de impacto ambiental simplificada, y se referir a los proyectos as establecidos en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, y se crea un nuevo Anexo, que se ha denominado Anexo I (Categoras de actuaciones sometidas a Calificacin Ambiental y a Declaracin Responsable de los efectos ambientales, para incluir las actuaciones que se sometern a estos instrumentos de prevencin).

El resto de las modificaciones menores que se han introducido en el texto se refieren a correcciones de errores en la denominacin de instrumentos y a una redaccin ms ordenada y sencilla de los mismos, eliminando, por ejemplo, redacciones por exclusin.

La modificacin del Decreto 169/2014, se refiere a dos artculos, el 3, referido al mbito de aplicacin, con el objetivo de que sea coherente con la ley a la que desarrolla, transcribiendo exactamente el contenido del artculo 56 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre; y el 5, relativo al rgano competente, con el fin de aclarar las competencias para emitir los informes de forma coherente al nuevo mbito de aplicacin. La modificacin de las competencias tiene como objetivo optimizar los recursos personales de la administracin sanitaria andaluza. Con la redaccin actual, la mayor parte de los expedientes estn asignados a la Direccin General con competencias en materia de salud pblica, lo que est generando un cierto colapso en la tramitacin de expedientes. La propuesta de competencias que se hace pretende aliviar esta situacin con una distribucin basada en el criterio territorial habitual en la administracin andaluza. Este reparto ayuda a una mejor distribucin en la carga de trabajo y reduce los plazos de contestacin en aquellos casos que por la complejidad del expediente se estime oportuno, se podr solicitar la conformidad del rgano directivo en materia de salud pblica, sin menoscabo de las actuaciones de coordinacin, asesoramiento y asistencia tcnica que de forma continua se realizan desde este rgano directivo.

Esto permite incrementar la eficiencia de la labor previa necesaria a realizar por la Administracin Sanitaria en orden a la emisin de este informe, que debe ceñirse a aspectos estrictamente sanitarios, y ello redunda en la simplificacin administrativa de las tareas necesarias para su desarrollo y ejecucin, a la par que supone una garanta de salvaguarda respecto de la salud de la ciudadana, al facilitar a la Administracin Sanitaria la emisin de estos informes centrados en ese aspecto.

La agilizacin de la tramitacin de instrumentos tanto de planeamiento urbanstico como de prevencin y control ambiental sometidos a evaluacin de impacto en salud, tiene consecuencias inmediatas y directas sobre los operadores econmicos porque una buena parte de las actuaciones que se llevan a cabo tienen como objetivo primordial la habilitacin de actuaciones con un gran impacto sobre la economa y el empleo, desde la construccin de viviendas, la implantacin/ampliacin de actuaciones comerciales, logsticas la implantacin de proyectos industriales e infraestructuras o la regulacin de las actividades de construccin o rehabilitacin de inmuebles en el municipio.

La simplificacin que se propone supone una importante reduccin de tiempos de tramitacin de los expedientes de urbanismo por tres vas: por un lado, la ampliacin del mbito del cribado a todos los instrumentos de ordenacin urbanstica frente a nicamente las modificaciones como es el caso actual. Esto supone en trminos temporales que la intervencin de la Consejera con competencias en materia de salud pase de un plazo mximo de tres meses a nicamente 30 das. Por otro lado, supondr la simplificacin del mbito de actuacin, eliminando la comprobacin de si los instrumentos delimitan actuaciones de transformacin urbanstica, y por ltimo, supondr la desconcentracin de la competencia de firma de los informes de una nica persona, esto es la Direccin General de Salud Pblica y Ordenacin Farmacutica, a las 8 personas titulares de las Delegaciones Territoriales.

Por todo lo anterior, se entiende que estas modificaciones van a suponer una importante ventaja a los operadores econmicos en Andaluca. En particular, esta ventaja ser especialmente notoria en los casos en que las modificaciones de planeamiento slo estn sometidas a evaluacin de impacto en salud, con lo que la ganancia en plazos en este trmite resulta fundamental para agilizar la actuacin de los Ayuntamientos y, como consecuencia de ello, mejorarn los plazos para resolucin de expedientes promovidos por los operadores econmicos.

Por otro lado, debido a razones de eficacia administrativa, se considera procedente la nueva distribucin de competencias. Esto redundar tambin en el acortamiento de plazos, al menos desde el punto de vista de la emisin del informe EIS preceptivo.

Una interpretacin extensiva y social del principio de simplificacin administrativa recogido en el artculo 6 #(052303) ar.6# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, conduce a eliminar la exigencia de requisitos desproporcionados en los procedimientos administrativos, o establecer la posibilidad de ampliar un plazo previa comunicacin, en aquellos supuestos donde se exige a las personas interesadas la actuacin en un determinado sentido en ese plazo, cuando su incumplimiento conlleve consecuencias desfavorables e irreversibles para las mismas. Una plasmacin de esto sera la modificacin pretendida del artculo 40.1.b) #(006265) ar.40# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, respecto del plazo establecido para transmitir oficinas de farmacia y cuyo incumplimiento determina la caducidad de las autorizaciones de instalacin y funcionamiento de esta, con su cierre definitivo, y del artculo 43.1.b) de esta Ley que se refiere al requisito de antigüedad exigido para los traslados voluntarios de oficinas de farmacia.

Sobre la base de los principios de eficiencia, racionalizacin de los procedimientos administrativos y servicio efectivo a la ciudadana, se considera necesario tambin introducir determinados elementos en lo que respecta al procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia, tanto en lo que se refiere a la ponderacin de las necesidades de asistencia farmacutica a tener en cuenta en dicho procedimiento, lo que se aborda en la modificacin del artculo 31 #(006265) ar.31# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y del artculo 3.2.a) #(039844) ar.3# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, como al nmero de las oficinas de farmacia a adjudicar en la primera fase del procedimiento y los requisitos de participacin de las fases segunda y tercera, lo que se aborda en la modificacin del artculo 41.1.a) #(006265) ar.41# y 41.7.b) #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los artculos 4 #(039844) ar.4#, 8.4, #(039844) ar.8# 17 #(039844) ar.17# y 19.1.b) #(039844) ar.19# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero; y finalmente los requisitos para la transmisin inicial de las oficinas de farmacia adjudicadas por concurso pblico, lo que se aborda en la modificacin del artculo 47.2 #(006265) ar.47# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre. Todos estos aspectos relativos a la planificacin farmacutica y a las adjudicaciones, transmisiones y traslados voluntarios de oficinas de farmacia, se enmarcan dentro de la ordenacin farmacutica, que se encuentra definida en el artculo 2.o) #(006265) ar.2# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre.

La modificacin de los artculos 31 #(006265) ar.31#, 40.1.b), #(006265) ar.40# 41.1, #(006265) ar.41# 41.7.b), #(006265) ar.41# 43.1.b) #(006265) ar.43# y 47.2 #(006265) ar.47# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y de los artculos 3.2.a), #(039844) ar.3# 4 #(039844) ar.4#, 8.4, #(039844) ar.8# 17 #(039844) ar.17# y 19.1.b) #(039844) ar.19# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se entiende necesaria por razones de inters general y oportunidad. Se trata de medidas favorables al sector privado justificadas en cuanto a su urgencia por la actual coyuntura econmica, en un momento de alza generalizada de los precios, posibilitando la pervivencia de oficinas de farmacia ampliando el plazo en que ha de transmitirse, e incrementando el margen de iniciativa de sus titulares en orden a solicitar traslados voluntarios, considerando que ambas situaciones pueden producirse con la actual situacin econmica, todo ello sin dejar de exigir los restantes requisitos previstos actualmente que garantizan una calidad en el servicio y una permanencia y continuidad en la prestacin del mismo. Adems, tales medidas se integran junto con las restantes contempladas en el presente Decreto-ley con el fin de obtener un efecto favorable.

El incremento de las oficinas de farmacia reservadas a fase primera del procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia, recogido en el artculo 41.1.a) #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y reflejado igualmente en el artculo 4.a) #(039844) ar.4# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, se encuentra justificado, considerndose necesario este incremento del 20% al 50% al posibilitar una promocin, a travs de los concursos pblicos para la adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia, de un mayor nmero de los titulares de las oficinas de farmacia andaluzas que prestan servicio en ncleos con poblacin que no supera los 1.000 habitantes.

El cambio de los requisitos de acceso a las fases segunda y tercera del procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia (que se recoge en los apartados b) y c), del artculo 41.1 #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y se refleja en los apartados b) y c) del artculo 4 y el artculo 8.4 #(039844) ar.8# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero), implica que en la fase tercera del procedimiento se adjudiquen las oficinas de farmacia vacantes derivadas de las ratificaciones realizadas por los titulares de oficinas de farmacia en la fase primera y la propia fase tercera del procedimiento, as como las convocadas y no adjudicadas en las fase primera y segunda. Este cambio implica, por ello, la modificacin de lo recogido en el artculo 41.7.b) #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, que se refleja a su vez en el artculo 19.1.b) #(039844) ar.19# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero e implica, asimismo, la modificacin de las reglas procedimentales contenidas en el artculo 17 #(039844) ar.17# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, sobre la oferta de oficinas de farmacia a quienes participan en la fase tercera del procedimiento.

La justificacin a que responden estos cambios propuestos para las fases segunda y tercera de la convocatoria de oficinas de farmacia es que con ellos se fomenta la actividad productiva en Andaluca mediante el acceso a la actividad empresarial de profesionales que trabajan por cuenta ajena, como son los farmacuticos adjuntos, con experiencia en la atencin farmacutica comunitaria, as como de otros profesionales farmacuticos de distintos sectores o que se encuentran actualmente en situacin de desempleo, dando tambin opciones de empleo y salida profesional a los titulados de nueva generacin.

La conjuncin de todos los cambios operados mediante la modificacin de los artculos 31 #(006265) ar.31#, 41.1, #(006265) ar.41# y 41.7.b) #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, y los artculos 3.2.a), #(039844) ar.3# 4 #(039844) ar.4#, 8.4, #(039844) ar.8# 17 #(039844) ar.17# y 19.1.b) #(039844) ar.19# del Decreto 36/2018, de 6 de febrero, vienen a configurar un marco econmico y social de estabilidad en el sector en una doble vertiente: en cuanto a la solidez de las nuevas oficinas de farmacia que se abran por concurso y en cuanto a la consecuente generacin por las mismas de empleo estable, favoreciendo a su vez a aquellos municipios donde abran estos establecimientos. Todo ello apoyado por la oportunidad de sopesar las necesidades reales de asistencia farmacutica de la poblacin desde la perspectiva sanitaria.

Por tanto, estas medidas, adems de considerar en la planificacin farmacutica las necesidades reales de la poblacin desde la perspectiva sanitaria, se plasman en la apertura de nuevos negocios cuya principal caracterstica es la durabilidad y firmeza, siendo por tanto generadores de empleo estable. La urgencia de las modificaciones propuestas responde, adems de lo que ya se ha señalado en la presente justificacin, a la necesidad de establecer estas medidas para su aplicacin a la inminente convocatoria de concurso pblico de nuevas oficinas de farmacia que habr de convocarse en aplicacin del Decreto 36/2018, de 6 de febrero #(039844)#, que tuvo entrada en vigor el da 13 de febrero de 2018 y que prev convocatorias al menos cada 5 años, estando pendiente convocar la primera.

La modificacin propuesta para el artculo 43.1.b) #(006265) ar.43# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, circunscribe el requisito de permanencia exigidos a los traslados voluntarios de oficinas de farmacia, a que el local haya mantenido la misma ubicacin los ltimos tres años, suprimiendo el requisito adicional previsto actualmente de que se haya mantenido la titularidad en ese mismo plazo anterior a la fecha de solicitud de autorizacin de traslado voluntario. La supresin de la exigencia de una determinada permanencia en la titularidad al solicitante del traslado voluntario est eliminando un obstculo que en caso contrario determinara la denegacin del traslado, por lo que ampla el margen de actuacin y decisin de los titulares de oficinas de farmacia respecto de locales que cumplen objetivamente todas las condiciones.

La modificacin propuesta para el artculo 47.2 #(006265) ar.47# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, se justifica porque se entiende necesario dotar de mayor continuidad a las nuevas oficinas de farmacia que se adjudiquen y abran tras la entrada en vigor de esta modificacin de la Ley, a fin de consolidar su implantacin a cargo de la persona adjudicataria, estableciendo un mnimo de 10 años antes de su primera transmisin. Se entiende que ste es un proyecto vital que debe ser mantenido en el tiempo, dado el carcter comunitario del servicio y la atencin personalizada que las oficinas de farmacia prestan a sus usuarios gracias a la cercana y conocimiento de las condiciones de salud, caractersticas y entorno de las personas a las que atienden.

Este plazo se considera proporcionado, similar al establecido para poder participar en la fase primera de las convocatorias de concurso pblico para la adjudicacin de oficinas de farmacia por parte de titulares y cotitulares de oficinas de farmacia en ncleos o municipios de menos de 1.000 habitantes.

En aras de la simplificacin administrativa, se propone la derogacin de la Orden de 2 de julio de 2004, por la que se regulan los cursos de formacin del personal que realiza operaciones de mantenimiento higinico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higinico-sanitarios para la prevencin y control de la legionelosis, y ello porque, el rgimen de autorizaciones a las que estn sometidas dichas entidades de formacin no est amparado por una norma de rango legal.

En materia de prevencin de legionelosis se ha publicado una nueva normativa estatal bsica, mediante el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio #(054916)#, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencin y el control de la legionelosis. Dicha regulacin establece, en su artculo 18, nuevos requisitos en cuanto a la formacin del personal, estableciendo un rgimen transitorio tanto para la vigencia de los certificados de formacin como para la posibilidad de celebrar nuevas ediciones de estos por causas excepcionales. El rgimen transitorio impuesto establece, per se, la prrroga de la validez durante un plazo de cinco años de los certificados de aprovechamiento, por lo que no tiene sentido que se celebren ediciones de cursos de actualizacin, toda vez que la validez del curso inicial ya se considera prorrogada durante los prximos cinco años.

Por todo lo anterior, se considera imprescindible habilitar durante 5 años la celebracin de cursos que, si bien se organizan por entidades autorizadas conforme a la normativa anterior, se adaptan en su contenido a la normativa actual. Esta medida permite garantizar la existencia de suficiente personal formado en nuestra Comunidad Autnoma, que cuentan con numerosas instalaciones que requieren de la participacin de dicho personal en aras a hacer efectiva las medidas sanitarias contempladas en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio #(054916)#, todo ello antes de final de verano y otoño de este año, que es cuando se produce la mayor frecuencia de casos de una enfermedad, todo lo cual justifica la urgencia en la adopcin de este cambio normativo.

Por otro lado, se incorpora el principio de transparencia dando publicidad a la posibilidad de que el plazo de transitoriedad para celebrar los cursos pueda reducirse. Adems, se incorpora el principio de congruencia ya que no se puede perder de vista que la normativa ha cambiado, lo que conlleva que el contenido del curso debe ajustarse a lo que se recoja en el nuevo mbito normativo, no teniendo sentido que los contenidos sean segn el mbito normativo ya derogado. Para ello, en virtud del principio de transparencia se dar difusin de una gua que establezca la actualizacin de los contenidos.

La medida conjuga los derechos e intereses legtimos tres partes que se ven beneficiadas a corto plazo: la ciudadana que es la beneficiaria final de que la existencia de suficiente personal formado en estas labores que previenen la legionelosis; las entidades autorizadas previamente que ven como este cambio normativo no impide el mantenimiento de su actuacin formadora y donde solo tienen que adaptarse a los nuevos contenidos; y el personal interesado en tener esta formacin a fin de realizar su desempeño profesional actual en estas labores de claro contenido sanitario y social, tanto los que van a querer incorporarse a este sector como aquellos que recibieron formacin anterior y deben adaptarse a los nuevos contenidos exigidos.

Todo lo anterior justifica la necesidad de adoptar la medida a corto plazo, sin acudir a un desarrollo reglamentario que tardara ms en aprobarse, lo que justifica de un lado la urgencia en adoptar la medida, y de otro, el mecanismo del Decreto-ley para incluirla citando en el mismo la normativa reglamentaria a que se refiere la misma.

En materia de polica sanitaria mortuoria se aprob en Andaluca el Decreto 95/2001, de 3 de abril #(018330)#, por el que se aprueba el Reglamento de Polica Sanitaria Mortuoria. Debido al tiempo transcurrido desde su aprobacin y considerando los cambios experimentados en cuanto a los usos y costumbres en torno a la muerte, as como los avances tcnicos experimentados en la prestacin de servicios por parte de las empresas del sector funerario, los cuales han contribuido a reducir los riesgos sanitarios de la actividad, se hace necesario que, se lleve a cabo una adaptacin de la normativa vigente a la realidad de nuestra Comunidad Autnoma, mediante la simplificacin administrativa y el establecimiento de los requisitos estrictamente necesarios.

Adems, la evolucin de los desarrollos legislativos autonmicas en el mbito de la sanidad mortuoria ha generado una heterogeneidad normativa que en ocasiones ha supuesto situaciones de difcil gestin por una falta de compatibilidad entre las normas autonmicas, por lo que la Comisin de Salud Pblica de 24 de julio de 2018 aprob la “Gua de Consenso de Sanidad Mortuoria”, a cuyo contenido se hace necesario adaptar el Reglamento de Polica Sanitaria Mortuoria de Andaluca.

Como consecuencia de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre #(032893)#, que contiene el rgimen jurdico aplicable a las actividades econmicas, es necesario proceder a adecuar el rgimen administrativo para el desarrollo de la actividad de traslado de cadveres que, en base a la clasificacin actual de la normativa, no supongan ningn riesgo sanitario, proponiendo eliminar las autorizaciones para el traslado de cadveres del grupo 2 dentro del territorio nacional, ya que dicho requisito no comportaba una mayor seguridad ni garanta sanitaria en cuanto a las condiciones de traslado de cadveres para la proteccin de la salud pblica.

Adems, dado que el traslado de restos cadavricos est tambin regulado en el artculo 23.4 del Reglamento y plantea la actual redaccin una autorizacin por parte de los rganos responsables del cementerio, se propone una modificacin en el sentido de que quede claro que dicha actividad no necesita autorizacin sanitaria.

Se propone modificar, por tanto, el artculo 14, eliminando de su contenido la autorizacin sanitaria prevista de las Delegaciones Territoriales o Provinciales competentes en materia de salud. Asimismo, se propone modificar el contenido del artculo 23.4 de dicho Reglamento para eliminar la autorizacin por parte de los rganos competentes del cementerio, haciendo hincapi que la exhumacin, conduccin y traslado no necesitan de autorizacin sanitaria y que el procedimiento para llevarse a cabo deber regularse dentro de las Ordenanzas municipales, en el caso de cementerios municipales, y/o del reglamento de Rgimen Interior, en el supuesto de cementerios privados y/o lugares de enterramiento. Resulta evidente que esta medida, suprimiendo por innecesaria una autorizacin que no tiene justificacin sanitaria, tiene al mismo tiempo una finalidad humanizadora, a la par que agiliza la labor de las empresas especializadas. En el actual contexto social y econmico, y tras haber vivido una situacin traumtica, provocada por la Covid-19, una medida a corto plazo dirigida a suprimir trabas al traslado de cadveres, evitando gasto econmico a empresas y particulares, racionalizando recursos de la Administracin, y procurando una actuacin rpida por parte de las empresas especializadas he dicho traslado, se encuentra perfectamente justificada tanto en su adopcin como en su urgencia, enmarcndose en el conjunto de medidas contempladas en este Decreto-ley.

Los Comits de tica de la Investigacin (CEI) representan un captulo nuclear dentro de la evaluacin tica de las investigaciones en salud y constituyen la base fundamental de los sistemas de evaluacin de investigacin biomdica. Gran parte del cuerpo normativo internacional, como las regulaciones nacionales y autonmicas, se ocupan de establecer criterios para su conformacin y para asegurar que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, asegurando la proteccin de las personas participantes de las investigaciones y manteniendo su independencia de conflictos de inters que desven el objetivo de su trabajo.

Su contribucin a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes actuales y potenciales de la investigacin, asegurando que los beneficios e inconvenientes de la investigacin sean distribuidos equitativamente entre los grupos y clases de la sociedad, as como resguardando la relevancia y correccin cientfica del protocolo de investigacin que se somete a su consideracin, obliga a las mejoras normativas que se acompañan.

En el mbito de los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca, el Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca, no establece un plazo para la emisin de los dictmenes preceptivos a emitir por los Comits de tica de investigacin ni el sentido del silencio administrativo.

La investigacin biomdica, en muchos casos financiada por entidades pblicas, est sujeta a estrictos plazos de ejecucin de modo que el tiempo que tengan que esperar al dictamen podra suponer una traba administrativa. Al objeto de agilizar el trmite, se propone limitar el plazo para la emisin de los dictmenes de los comits a tres meses frente a la actual regulacin que por defecto es de seis meses.

La modificacin del artculo 21.5 de dicho decreto va a mejorar el funcionamiento del Sistema Andaluz de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin en Salud y la atencin de los intereses generales en materia de investigacin en salud, contribuyendo a la consecucin de los objetivos econmicos financieros, mediante la necesaria simplificacin de trmites de gestin en las entidades que forman parte del Sistema, facilitando as el funcionamiento de los mismos y evitando el posible colapso administrativo derivado de la no atencin de las especificidades propias del funcionamiento y organizacin de la investigacin.

Asimismo, se hace necesario enfatizar en lo previsto en la Ley 14/2007, de 3 de julio #(005862)#, de investigacin biomdica, en relacin con los requisitos de evaluacin y autorizacin de toda investigacin biomdica que comporte un procedimiento invasivo en el ser humano. Se requiere la evaluacin previa por el Comit de tica de la Investigacin correspondiente al proyecto de investigacin presentado, favorable y debidamente motivada que tendr en cuenta una serie de factores descritos en la Ley, as como la autorizacin por el rgano autonmico competente. A tal efecto, de conformidad con lo previsto en el artculo 16 #(005862) ar.16# de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigacin biomdica, y en aras a garantizar una investigacin de calidad y utilidad y preservar la seguridad jurdica mediante el control del cumplimiento del procedimiento conforme a los protocolos de investigacin aprobados, se reformula el apartado c) del artculo 7.2. del Decreto 8/2020 en relacin a los objetivos y funciones del Comit Coordinador de tica de la Investigacin Biomdica de Andaluca

Adems, el artculo 7.3 #(052390) ar.7# del Decreto 8/2020, de 30 de enero, relativo a los objetivos y funciones del Comit Coordinador de tica de la Investigacin Biomdica de Andaluca, atribuye a dicho Comit la funcin de autorizar, dentro del mbito de sus competencias, los estudios observacionales prospectivos a realizar en la Comunidad Autnoma de Andaluca. Sin embargo, el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre #(053235)#, por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano ha derogado expresamente los artculos 2.16, #(032350) ar.2# 2.18, #(032350) ar.2# el Captulo VI del Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y la Orden de 16 de diciembre #(052269)# de 2019, por la que se publican las directrices sobre estudios postautorizacin de tipo observacional para medicamentos de uso humano. Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorizacin de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en la citada letra d) del apartado 3 del artculo 7.

Por tanto, ha quedado sin efecto, de facto, la competencia de autorizacin de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano de seguimiento prospectivo prevista en el artculo 7.3.d) por lo que procede su modificacin.

Por otro lado, la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio #(012684)#, de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin, prev, en su disposicin final primera, la modificacin del artculo 35 #(005862) ar.35# de la Ley 14/2007, de 3 de julio, introduciendo un nuevo apartado 3 donde establece que no precisarn informe previo de la Comisin los proyectos de investigacin con clulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramacin celular en los supuestos que dicho apartado establece. En estos supuestos la autorizacin de estos proyectos corresponder al Comit de tica de la Investigacin correspondiente, que podr elevar consulta a la Comisin de Garantas para la Donacin y la Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos de estimarlo necesario.

La Ley 16/2007, de 3 de diciembre #(018794)#, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento establece, en su artculo 9 #(052390) ar.9#, la creacin del Comit de tica, al objeto de sentar las bases que hagan posible el control de la actividad cientfica a travs de un Comit de tica y, en consecuencia, contribuyan a fomentar la confianza de la sociedad en la actividad cientfica y el Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca establece las funciones del Comit Coordinador de la tica de Investigacin de Andaluca (en adelante CCEIBA).

La reciente promulgacin de la modificacin de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre #(018794)#, que modifica las funciones de la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos y, consecuentemente, las de su homlogo, el Comit Andaluz de tica de la Investigacin con Muestras Biolgicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, en adelante CAEMBES, y la existencia en Andaluca del CCEIBA con las funciones que su normativa reguladora establece y dado que a este Comit, de forma transitoria hasta que se produjera el desarrollo reglamentario de la regulacin del CAEMBES, se le atribuyeron las funciones previstas en la disposicin transitoria nica de la Ley 4/2014, de 9 de diciembre, es lo que lleva a proponer la supresin, mediante el presente Decreto-ley, del CAEMBES y atribuir el ejercicio de la funcin de autorizacin con clulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramacin celular, al CCEIBA.

A fin de adaptar el Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca a la nueva regulacin, se atribuye al Comit Coordinador de la tica de Investigacin de Andaluca (en adelante CCEIBA) el ejercicio de la funcin de autorizacin con clulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramacin celular, por lo que se añade dicha funcin en el apartado d) del apartado 3 del artculo 7.

La experiencia en la aplicacin del Decreto 8/2020 ha mostrado la necesidad de completar y/o modificar algunos aspectos del funcionamiento de los Comits de tica asistencial y de la Investigacin Biomdica de Andaluca que permitan optimizar sus recursos, clarificar sus funciones y simplificar los procedimientos vigentes.

En este sentido, se modifica el apartado h) del artculo 8.2 referido al Comit Coordinador de tica de la investigacin biomdica de Andaluca y se suprime la presencia, entre las personas miembros del Comit, de la persona responsable de la Coordinacin de la Estrategia de Biotica del SSPA, y se sustituye por la presencia, como miembros vocales de dos personas a propuesta del Comit de Biotica de Andaluca.

Asimismo, y para una mayor eficacia, coordinacin y gobernanza de los Comits de tica de la Investigacin de Centros (CEI) que realicen Investigacin Biomdica, se procede a la modificacin del artculo 19, apartados 4 y 5 en el sentido de facilitar la constitucin de los CEI en las Universidades Pblicas y aclarar la composicin del CEI con relacin a la persona miembro del Comit de tica Asistencial del centro o institucin sanitaria adscrito a ese CEI.

Para mejorar la comunicacin y las relaciones de la ciudadana con la Consejera competente en materia de salud, as como la agilidad y la eficiencia en relacin con la actuacin administrativa relativa a los procedimientos de acreditacin de los Comits de tica de la investigacin biomdica, se pretende facilitar la cumplimentacin de los trmites en materia de acreditacin.

El presente Decreto-ley ordena la publicacin en BOJA del modelo de solicitud referido al procedimiento de acreditacin de los rganos de tica de investigacin, y en un nuevo apartado 5 al artculo 23 introduce la tramitacin electrnica y se anexan los modelos de formularios normalizados para la presentacin de la solicitud de acreditacin de los rganos de tica.

Se añade un nuevo apartado, el 9, al artculo 25 referido a la Acreditacin de los Comits de tica de la Investigacin de Centros que realicen Investigacin Biomdica al objeto de simplificar el procedimiento de acreditacin en el caso de renovacin de la designacin de los miembros interesados en formar parte del Comit por el transcurso de cuatro años.

En consecuencia, con la modificacin prevista en el artculo 23, se añade una nueva Disposicin Adicional, la cuarta, denominada Aprobacin de los modelos y formularios para la acreditacin de los Comits de tica de investigacin.

Otro cambio organizativo urge a la derogacin del Decreto 69/2016, de 1 de marzo #(037194)#, por el que se crea y regula el Registro de personas residentes en Andaluca con anomalas connatales causadas por talidomida, y se desarrolla el procedimiento para la evaluacin, y en su caso, inclusin de dichas personas en ese Registro, dado que para tener acceso a las ayudas se requiere la inscripcin en el Registro Estatal de Enfermedades Raras, gestionado por el Instituto de Salud Carlos III, en virtud del informe de validacin positivo emitido por el Comit Cientfico-Tcnico de la Talidomida, por ello, y al objeto de la racionalizacin administrativa, se requiere la supresin del Registro regulado en el referido Decreto 69/2016, de 1 de marzo #(037194)#.

Procede tambin por razones de urgencia y extraordinaria necesidad, al objeto de facilitar la implantacin de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversin del sector privado se materialicen en actividad econmica y generacin de empleo en el menor tiempo posible, as como la consolidacin y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, en el marco de la mejora regulatoria, la modificacin de Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, que deja fuera de la regulacin todo el mbito no pblico y todo el mbito no asistencial.

El personal residente en formacin constituye el centro del sistema de formacin sanitaria especializada. Esta tiene como objetivo que el personal residente en formacin pueda alcanzar el nivel ptimo de conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales propios de la correspondiente especialidad, de forma simultnea a la progresiva asuncin de la responsabilidad inherente al ejercicio autnomo de la misma, en aras de una mejora continua en la atencin sanitaria a la ciudadana.

En este sentido, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero #(006374)#, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formacin sanitaria especializada, incluye en su mbito de aplicacin a toda la formacin sanitaria especializada. Sin embargo, el Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, circunscribe su mbito de aplicacin al Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, dejando fuera de la regulacin todo el mbito no pblico y todo el mbito no asistencial, por lo que toda la formacin de residentes que se desarrolle en centros de titularidad privada o centros no asistenciales, como puede ocurrir en los centros de prevencin de riesgos laborales, fundaciones pblicas de investigacin, institutos de medicina legal y forense, y otros mbitos contemplados en sus programas formativos e itinerarios, quedan fuera del mbito de aplicacin del Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, y por tanto, pendiente de regulacin.

La complejidad organizativa del modelo de formacin sanitaria especializada incluyendo el mbito no pblico y el mbito no asistencial, el volumen de personas tutoras y residentes, la coexistencia con otros tipos de formacin, la necesidad de facilitar la implantacin de nuevas inversiones y favorecer que los proyectos de inversin del sector privado se materialicen en actividad econmica y generacin de empleo en el menor tiempo posible, as como la consolidacin y crecimiento de las empresas existentes en el tejido productivo, la prioridad de aumentar el nmero de plazas acreditadas de formacin sanitaria especializada en Andaluca y la necesidad de optimizar y adecuar los recursos disponibles nos llevan, en el marco de la mejora regulatoria, a la modificacin del Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#. Todo ello en aras del compromiso del Sistema Sanitario de Andaluca con la formacin de los profesionales sanitarios que sern los futuros responsables de la atencin sanitaria a la ciudadana.

Todo ello justifica la modificacin del Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, para incluir en su mbito de aplicacin las plazas de formacin sanitaria especializada en las instituciones privadas y en instituciones no asistenciales a la vez que se dota de un marco regulatorio adecuado a estas entidades a la hora de acreditar las plazas de formacin sanitaria especializada, y permite avanzar en la configuracin de un modelo global de formacin sanitaria especializada basado en criterios de calidad, que promueva la adquisicin de las competencias necesarias para un ejercicio profesional acorde a las necesidades de la organizacin sanitaria y de la ciudadana, que apueste por la innovacin docente y que articule la red de estructuras docentes que supervisan y apoyan el cumplimiento de los programas formativos, de igual modo que se garantiza una formacin flexible e integrada en el conjunto de la organizacin sanitaria y su entorno.

Se propone tambin la modificacin del artculo 17.1.a) #(001343) ar.17# y b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevencin y asistencia en materia de droga. Dicho artculo ya fue modificado en el anterior Decreto-ley de simplificacin administrativa, pero contiene una aseveracin errnea con respecto a la regulacin de centros sanitarios y a la realidad ya existente a la entrada en vigor de este, y es la calificacin de las comunidades teraputicas y centros de desintoxicacin residencial como centros de internamiento, cuando en realidad se trata de centros de carcter residencial. En la normativa bsica estatal centros de internamiento es una clasificacin de centros sanitarios exclusiva de aquellos a los que se les predica el carcter de hospital, clasificados como centros C1, conforme al Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre #(003399)#, por el que se establecen las bases generales sobre autorizacin de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Actualmente esta tipologa de centros ya existente a la actualidad de la entrada en vigor de esta modificacin recoge a estos centros como C2 centros sin internamiento. Por lo que se sugiere la modificacin de la expresin “con internamiento” por la de “con carcter residencial”.

Es necesario que la redaccin de la Ley se ajuste ntegramente al marco regulador que con carcter bsico prev el citado Real Decreto, y se dote de un contexto homogneo en la tipologa de los centros sanitarios con carcter urgente, habida cuenta de la situacin temporal en la que se encuentra la elaboracin de los protocolos de requisitos de esta tipologa de centros, conforme a lo dispuesto en la disposicin adicional quinta de la Ley 4/1997, de 9 de julio #(001343)#. De esta forma se evitarn puntos de divergencia entre lo previsto en esta ley para este tipo de centros sanitarios y la regulacin prevista por los mismos en la normativa estatal bsica.

Esta modificacin no introduce ninguna afectacin a la situacin actual, dado que esta tipologa de centros actualmente se encuentra incluida entre la categora de centros sin internamiento, y en este sentido se ha abordado la elaboracin de los protocolos de funcionamiento para esta tipologa de centros.

Por ltimo, se modifica el artculo 2 del Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologacin de Centros Hospitalarios y de suscripcin de convenios y conciertos entre la Consejera o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto pblicas como privadas, para la prestacin de asistencia sanitaria en los mencionados Centros.

Con la modificacin que ahora se pretende, se trata seguir avanzando en la reforma administrativa necesaria en materia de agilizacin de trmites que permitan que las actividades productivas se desarrollen en un marco regulatorio que facilite la implantacin y prestacin de nuevos servicios.

La necesaria agilizacin de procedimientos administrativos y eliminacin de trabas, aconsejan, que el rgimen de autorizacin y homologacin de los Centros Sanitarios sea previo al momento del inicio efectivo de la prestacin del servicio, y no al momento de considerarse establecimiento sanitario a convenir, todo ello sin prejuicio de las facultades de control e inspeccin que se reserva la Administracin.

Esto determina igualmente la necesaria aplicacin inmediata de esta medida que se pretende con esta modificacin, que no debe demorarse en el tiempo, y por tanto justifica la extraordinaria y urgente necesidad de que se apruebe en este Decreto-ley, con el fin de que se agilice el proceso administrativo de concertacin de Centros Sanitarios con el Servicio Andaluz de Salud, permitiendo que el proceso de homologacin e inscripcin en el correspondiente registro de Centros sea anterior a la prestacin efectiva del servicio no siendo una traba para el acceso a la concertacin como Centro Sanitario susceptible de prestacin de asistencia sanitaria con medios ajenos.

La presente modificacin normativa permite que la ciudadana tenga garantas de accesibilidad a los servicios pblicos, de seguridad jurdica y de adecuacin a la realidad social. La ciudadana podr beneficiarse de que los centros y servicios sanitarios susceptibles de ser convenidos o concertados puedan acceder a dicha concertacin y a la vez incluir en su oferta nuevas prestaciones requeridas por el Servicio Andaluz de Salud dando lugar a una mayor concurrencia en los procedimientos de contratacin pblica.

XV

El Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproduccin, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, crea a nivel nacional, en su Captulo II, el Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) como un registro oficial y nico de operadores profesionales que operen en el territorio nacional. Los datos para incluir en el ROPVEG sern proporcionados por las autoridades competentes de las Comunidades Autnomas.

El ROPVEG aglutina, a los operadores inscritos en el momento de entrada en vigor en tres Registros existentes hasta ahora, estos son: a) Registro Nacional de Productores de Semillas y Plantas de Vivero (PROSEMPLAN), b) Registro de acondicionadores de grano para siembra y c) Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y Productos Vegetales (ROPCIV).

En Andaluca, los registros incluidos en las letras b) y c) se encuentran regulados mediante el Decreto 96/2016, de 3 de mayo #(037373)#, por el que se regula la prevencin y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspeccin de equipos para su aplicacin y se crea el censo de equipos de aplicacin de productos fitosanitarios, por lo que dada la modificacin establecida en el Real Decreto 1054/2021 #(054368)# que crea un registro nico para todas las actividades definidas, procede adaptar la normativa de aplicacin de nuestra Comunidad Autnoma a la nueva regulacin nacional, en aras de una mayor simplificacin administrativa.

No se puede obviar que la Sanidad Vegetal es muy importante para la produccin vegetal, los bosques, los espacios naturales y las zonas arboladas, los ecosistemas naturales, los servicios ecosistmicos y la biodiversidad de la Unin Europea. Sin embargo, existe una grave amenaza de organismos nocivos para los vegetales y los productos vegetales, cuyo riesgo de introduccin y dispersin en el territorio de la Unin Europea se ha incrementado debido a la globalizacin de los intercambios comerciales y al cambio climtico. Para combatir esta amenaza, es necesario adoptar medidas relativas a la determinacin de los riesgos fitosanitarios que entrañan estas plagas y a la reduccin de estos riesgos a un nivel aceptable.

Entre las obligaciones de los operadores inscritos en el ROPVEG, se establecen medidas fitosanitarias con el objetivo de evitar la presencia de plagas cuarentenarias en el material vegetal que producen y/o comercializan, tal y como se ha expuesto anteriormente. Adicionalmente, para ello es fundamental asegurar la trazabilidad de este material a lo largo de la cadena de produccin, almacenaje y comercializacin; permitiendo que los operadores profesionales estn preparados ante una eventual introduccin de cualquiera de estas plagas.

El ROPVEG se erige como el nico registro a nivel nacional para estos operadores, permitiendo as identificar a operadores con instalaciones en diferentes Comunidades Autnomas, y por consiguiente asegurar que, ante la llegada de alguna plaga cuarentenaria, se puedan coordinar las actuaciones entre las administraciones de las diferentes Comunidades Autnomas llevando a cabo actuaciones de erradicacin cuanto antes, con el objeto de evitar su dispersin.

La experiencia adquirida demuestra que los mtodos de lucha contra las plagas deben dirigirse fundamentalmente a prevenir su incidencia sobre el material vegetal de reproduccin, ya que el mismo acta por s mismo como fuente de dispersin. En consecuencia, se ha considerado necesario establecer medidas fitosanitarias especficas que eviten la presencia de los mismos en el material vegetal de reproduccin de determinadas especies vegetales sensibles a plagas cuarentenarias.

En este sentido, los operadores profesionales estn obligados a su inscripcin en el Registro de Operadores Profesionales (ROPVEG) y estn sometidos a una serie de obligaciones detalladas en el Reglamento (UE) 2016/2031 y en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, siendo objeto de control por parte de la autoridad competente en cada caso.

A la vista de todo lo anterior, se considera que la modificacin del Decreto 96/2016, de 3 de mayo #(037373)#, en el sentido propuesto resulta de extraordinaria y urgente necesidad, ya que con ello se producir la adaptacin de la normativa autonmica preexistente sobre esta materia a lo establecido por el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, evitando incoherencias entre las obligaciones establecidas con carcter previo a nivel autonmico y las nuevas obligaciones establecidas con carcter nacional, lo cual resulta absolutamente necesario y perentorio dada la enorme repercusin econmica social y medioambiental que podra suponer la llegada de plagas cuarentenarias a nuestra Comunidad Autnoma.

Asimismo, hay que hacer referencia al Decreto 190/2018, de 9 de octubre #(050662)#, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andaluca y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales establece una serie de obligaciones a los titulares de explotaciones agrarias y forestales con el objeto principal de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios producidos en Andaluca.

No obstante, el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre #(055510)#, por el que se establece y regula el Sistema de informacin de explotaciones agrcolas y ganaderas y de la produccin agraria, vino a establecer nuevas obligaciones a un colectivo de ms de 250.000 personas en Andaluca, caracterizado por su especial vulnerabilidad respecto al impacto de las nuevas tecnologas, dadas sus caractersticas de microempresas, con titulares de edad avanzada, bajo nivel formativo y dispersin territorial. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo no solo pueden llevar aparejadas las sanciones administrativas contempladas en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre #(055489)#, por la que se regulan el sistema de gestin de la Poltica Agrcola Comn y otras materias conexas, sino que este mismo texto normativo contempla la obligacin de establecer una regulacin especfica para reducir en un porcentaje las ayudas a percibir en caso de incumplimiento de la normativa PEPAC, cuestin que se desarrolla en el Real Decreto 1049/2022, de 27 de diciembre #(055507)#, por el que se establecen las normas para la aplicacin de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la Poltica Agrcola Comn que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de Opciones Especficas por la Lejana y la Insularidad (POSEI).

Por todo lo anterior, resulta de extraordinaria y urgente necesidad realizar las adaptaciones reglamentarias necesarias en la normativa autonmica preexistente sobre esta materia, esto es el referido Decreto 190/2018, de 9 de octubre #(050662)#, para evitar incoherencias entre las obligaciones establecidas con carcter previo a nivel autonmico y las nuevas obligaciones establecidas con carcter nacional, vigentes desde el 1 de julio de 2023, dada la enorme repercusin econmica y social que una aplicacin generalizada de reduccin de las ayudas a percibir podra provocar.

El Decreto 14/2006, de 18 de enero #(018637)#, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluca, tiene por objeto la creacin y regulacin de dicho Registro, as como establecer el procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripcin en el mismo. Con la finalidad, por un lado, de simplificar los trmites administrativos por parte de las personas titulares de las explotaciones ganaderas y, paralelamente, aumentar la eficacia disminuyendo los plazos de respuesta por parte de la Administracin, se hace necesario acometer una serie de modificaciones en dicho Decreto. Por otro lado, con la aprobacin de la nueva normativa nacional de ordenacin ganadera de porcino, avcola y bovino, se hace necesario actualizar aquellos aspectos y requisitos acorde al nuevo marco normativo.

En la lnea de simplificar el trmite de inscripcin en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluca, se procede a la modificacin de las definiciones de titular de la explotacin ganadera y de titular de unidad productiva especificando que tan solo es requisito el disponer del derecho al uso tanto de la base territorial, as como de las instalaciones, construcciones o lugar donde alberga a los animales, lo que permite que, la posterior acreditacin, se realice mediante declaracin responsable. As mismo, se recoge la posibilidad de la comunicacin en aquellos casos previstos por la ordenacin sectorial especfica.

En cualquier caso, la inscripcin previa en el registro ser requisito indispensable para el inicio de la actividad, si bien sta y la autorizacin en el mbito de actividad ganadera pueden resolverse sin perjuicio de la obtencin de cualquier otra licencia, autorizacin o permiso que establezca la normativa vigente, siendo responsabilidad de la persona titular de la explotacin o unidad productiva.

En cuanto a la gestin de los subproductos de explotacin, como consecuencia de la aplicacin de requisitos y terminologa de la nueva normativa de ordenacin ganadera (porcino intensivo, avcola y bovino), as como el resto de normativa de aplicacin de forma complementaria (nutricin sostenible de suelos agrarios, proteccin frente a la contaminacin por nitratos y otras), se hace necesaria una adaptacin normativa por razones de claridad y seguridad jurdica.

Asimismo, en lo que se refiere al carcter del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andaluca que se constituye en la base de datos denominada Sistema Integrado de Gestin Ganadera (SIGGAN) y al procedimiento de inscripcin, es preciso actualizar el marco normativo regulador tanto del procedimiento administrativo y como de proteccin de datos.

Por su parte, y con objeto de simplificar y agilizar los trmites en caso de transmisin de la titularidad de explotaciones ganaderas, se ha procedido a la oportuna modificacin a efectos de aclarar que ser precisa la comunicacin del nuevo titular, si bien debe disponer de la documentacin que lo acredite.

Tambin, se procede a simplificar los trmites de inactivacin y baja en el registro, recogiendo la posibilidad de realizar anuncios, con el consiguiente ahorro de recursos a la administracin y eficacia del procedimiento. En este mismo sentido, se potencia la comunicacin va telemtica acorde con la aplicacin de nueva normativa que regula la comunicacin con la administracin, as como la posibilidad de nuevas herramientas telemticas.

Mediante la aplicacin de nueva normativa de ordenacin ganadera sectorial (porcino, avcola, bovino), con la aprobacin del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre #(055506)#, sobre la aplicacin, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratgico de la Poltica Agrcola Comn, y la regulacin de la solicitud nica del sistema integrado de gestin y control, se han unificado a nivel nacional las tablas de equivalencias en UGM de las diferentes especies ganaderas, por lo que se hace necesario suprimir el anexo del propio Decreto 14/2006, de 18 de enero #(018637)#, habiendo quedado desfasado, induciendo a la inevitable confusin.

A continuacin, se aborda la modificacin del Decreto 65/2012, de 13 de marzo #(025776)#, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootcnicas de los animales, se regula el movimiento de animales de produccin entre los que se encuentran los quidos. A efectos de facilitar la identificacin por parte de los responsables de los animales que se desplacen por el territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca con fines tursticos, recreativos, culturales, de aprovechamiento temporal de pastos, o con fines deportivos o de asistencia a un concurso morfolgico, con la modificacin que se propone de dicho Decreto ser suficiente portar, bien el documento de identificacin equina, o bien la tarjeta de movimiento equina.

Por otro lado, el Decreto 65/2012, de 13 de marzo #(025776)#, regula tambin los requisitos para la obtencin de la Gua que acredita el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de bienestar animal exigibles para el movimiento de animales vivos. Referente a la emisin de la Gua Telemtica, se añade un nuevo apartado ofreciendo la posibilidad de que el formato digital pueda sustituir al formato papel, con objeto de seguir impulsando la utilizacin de la herramienta de tramitacin electrnica, que agiliza el trmite y evita desplazamientos de los usuarios las Oficinas Comarcales Agrarias, dando la posibilidad de facilitar el envo al transportista, siempre y cuando se mantengan las garantas del documento de acompañamiento en el desplazamiento de los animales, puesto que la informacin de la trazabilidad queda registrada en la base de datos SIGGAN.

Por ltimo, a travs de la Orden de 26 de febrero de 2004, de la Consejera de Agricultura y Pesca, se establecen las normas de ordenacin de las explotaciones apcolas en la Comunidad Autnoma de Andaluca, regulando en su artculo 10 el Libro de Registro de la Explotacin Apcola como el documento identificativo que debe tener toda explotacin a efectos de control zootcnico y sanitario. Mediante la modificacin de dicha Orden y con el objeto de facilitar los trmites a los titulares de las explotaciones, se considera que debe optarse por el formato electrnico de forma preferente.

As mismo, se modifica el apartado relativo a la declaracin de los censos, habilitando la posibilidad de simplificar los trmites, no siendo necesario la validacin de forma fsicas en las Oficinas Comarcales Agrarias, siendo sustituidas por una comunicacin anual telemtica, con el consiguiente ahorro de tiempo y simplificacin administrativa para los usuarios, as como de economa de recursos para la administracin, mediante el uso de trmites electrnicos.

XVI

Se propone la modificacin del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero #(027333)#, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades en varios de sus artculos. El primero que se propone modificar es el artculo 5 de dicho texto legal con el objeto de solventar la inseguridad jurdica que revela la normativa sectorial aplicable en el sentido de que no se identifica qu rgano administrativo debe resolver si se cumplen o no los requisitos exigidos por la normativa sectorial para, en su caso, no elevar el asunto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluca, y por tanto, no acordar el inicio de la tramitacin del anteproyecto de ley de reconocimiento de la Universidad privada. Con ello, se pretende asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva, a travs de los recursos administrativos, previstos en la norma general de procedimiento administrativo.

Es urgente terminar con esta laguna dadas las solicitudes de reconocimiento de Universidades privadas que ahora mismo estn en tramitacin, por ello se hace imprescindible cuanto antes, regular este tipo de expedientes, en los trminos aqu descritos y con ello permitir a la entidad interesada la interposicin de los correspondientes recursos administrativos, garantizando as el derecho a la tutela judicial efectiva. La propuesta normativa supone por un lado una medida de simplificacin importante, coadyuvando al paquete de medidas de simplificacin que se aprueban en este Decreto-ley, por cuanto no requiere la elevacin a Consejo de Gobierno cuando una Universidad no cumple con los requisitos de la normativa, pero adems supone una medida de gran importancia para las entidades que promueven la implantacin de dichas Universidades al facilitar la interposicin de recursos administrativos. Desde un punto de vista econmico el beneficio de la regulacin eficiente es evidente por lo que el uso de la figura del Decreto-ley se considera apropiada para incorporar esta medida de flexibilizacin y agilizacin.

Otra de las medidas propuestas afecta al artculo 58 #(027333) ar.58# del referido Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. De acuerdo con la normativa estatal, y con el Decreto 154/2023, de 27 de junio #(056133)#, de ordenacin de enseñanzas universitarias de la Comunidad Autnoma de Andaluca, para poder implantar un ttulo universitario se requiere contar con resolucin positiva de verificacin del Consejo de Universidades, por lo que se hace imprescindible adecuar cuanto antes la regulacin dispuesta en el citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero #(027333)#, a la normativa reglamentaria recientemente aprobada y a la del Estado, que, en todo caso, resulta de aplicacin bsica.

Asimismo, resulta necesaria la modificacin del artculo 18 #(027333) ar.18# del citado Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, para dotar de mayor peso a la inspeccin universitaria de acuerdo con los ltimos cambios normativos. Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgnica 2/2023, de 22 de marzo #(055793)#, que obliga a regular los mecanismos de inspeccin de las universidades privadas y la proliferacin cada vez mayor de centros universitarios privados que imparten enseñanzas universitarias sin autorizacin administrativa alguna, se hace ahora urgente que la actuacin inspectora garantice el nivel de calidad que precisa el sistema universitario andaluz, mxime cuando dos nuevas universidades privadas inician su andadura de manera inminente, lo que no podra hacerse a travs de la tramitacin de una ley ordinaria

Por otro lado, hay que hacer mencin que en la Ley Orgnica 2/2023, de 22 de marzo #(055793)#, del Sistema Universitario, se incorpora, por primera vez, el Ttulo VII dedicado a la Internacionalizacin del sistema universitario, y el Ttulo II al fomento de un sistema universitario de calidad. Se prev la elaboracin de estrategias de internacionalizacin por parte de las diferentes Administraciones Pblicas y de las propias universidades, la creacin de alianzas interuniversitarias y la participacin en proyectos de carcter internacional, supranacional y eurorregional.

Conscientes de esta realidad, es necesario poner en valor en el exterior el sistema universitario andaluz mediante la creacin de una marca universitaria, incluida por primera vez en el artculo 62 #(027333) ar.62# del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, de tal forma que contribuya a incrementar y consolidar la presencia del Sistema Universitario Andaluz en los principales encuentros universitarios de mbito nacional, internacional, supranacional y eurorregional, permitiendo visibilizar la docencia e investigacin de excelencia y la transferencia del conocimiento del sistema universitario andaluz.

Tambin es necesario modificar el artculo 76 #(027333) ar.76# del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, ya que en el Consejo Andaluz de Universidades se encuentra como vocal la persona titular de la direccin de la Agencia Andaluza del Conocimiento. Dicha Agencia fue extinguida por la Ley 9/2021, de 23 de diciembre #(054439)#, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformacin y el Desarrollo Econmico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Cientfica y Universitaria de Andaluca (ACCUA).

En el nuevo Decreto 17/2023, de 14 de febrero #(055685)#, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia para la Calidad Cientfica y Universitaria de Andaluca (ACCUA), la Direccin de dicha Agencia corresponder a una persona de reconocida vala acadmica y cientfica y que tenga la condicin de funcionario o funcionaria de carrera, no estando vinculado al desarrollo de las competencias en investigacin de la Administracin de la Junta de Andaluca. Ello hace necesario que en el Consejo Andaluz de Universidades forme parte como vocal la persona titular que tenga atribuidas las competencias en materia de investigacin en la Administracin de la Junta de Andaluca, de ah la modificacin propuesta del referido artculo 76.

Con fecha 5 de agosto de 2022, se public el Decreto 138/2022, de 2 de agosto #(055209)#, por el que se regulan las Academias de la Comunidad Autnoma de Andaluca. El artculo 7.5 del citado Decreto dispone que, en todo caso, las academias creadas debern inscribirse en el Registro Electrnico de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el Ttulo II del Reglamento por el que se determina la clasificacin y se regula el procedimiento para la acreditacin y el Registro Electrnico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, aprobado por el Decreto 223/2023, de 12 de septiembre #(056333)#.

El Decreto 223/2023, de 12 de septiembre #(056333)#, clasifica a las academias de divulgacin del conocimiento como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y ya, desde el año 2009, se obligaba a stas a inscribirse en el Registro de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. El nuevo Decreto que regula la creacin de las Academias de Andaluca, no hace sino confirmar la obligacin de inscripcin en el citado Registro por lo que no se ha considerado necesario regular de forma expresa la creacin de un nuevo registro pblico, distinto del ya citado en el que pudieran inscribirse los hitos de la vida administrativa de estas corporaciones de derecho pblico, lo que hubiera impuesto ms cargas administrativas a estas instituciones. De ah que se incluya una modificacin del artculo 35.2 #(018794) ar.35# de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, de tal forma que quede claro que no existe una obligacin de crear un Registro especfico para las Academias.

XVII

Desde el rea de cultura se proponen, entre otras, diversas medidas relacionadas con el patrimonio histrico y con las actividades arqueolgicas. Todas ellas son medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la gestin del patrimonio histrico y el acomodo de las nuevas demandas sociales siempre con el mximo respeto a la proteccin del patrimonio histrico.

En este sentido se suprime la duplicidad del registro administrativo para los bienes del patrimonio histrico incluidos los catlogos urbansticos, Registro de Instrumentos Urbansticos e Inventario de Bienes Reconocidos Patrimonio Histrico Andaluz, suprimindose la necesidad de inclusin en este ltimo. Se modifica la tramitacin de la cumplimentacin del deber de visita pblica gratuita para la Bienes de Inters Cultural, sustituyendo la resolucin de autorizacin de los das y horario propuestos por el interesado, por una declaracin responsable con lo que se evitan dilaciones innecesarias, a la vez que se establece la obligacin de que a travs del Portal de la Junta de Andaluca se facilite informacin facilite informacin sobre el rgimen de visita pblica gratuita de los Bienes declarados Bien de Inters Cultural.

Se limita la aplicacin de los preceptos de contaminacin visual a los Bienes de Inters Cultural, dado que es la nica figura del Catlogo General del Patrimonio Histrico Andaluz que puede tener un entorno de proteccin o abarcar reas del mximo valor patrimonial, y se excluyen de dicho concepto las instalaciones con carcter temporal o efmero. As mismo, se establece que podrn autorizarse instalaciones en las cubiertas de inmuebles que carezcan de proteccin individual especfica como monumento o jardn histrico siempre que atene su posible impacto visual. Tambin se elimina el plazo para la redaccin de Planes de Descontaminacin Visual o Perceptiva establecido con carcter transitorio.

Asimismo, se establece que el sentido del silencio en los informes a planes o programas ser positivo sin perjuicio de lo establecido para la delegacin de competencias en materia de patrimonio histrico.

Se ampla el plazo de caducidad de las autorizaciones para intervenciones en bienes de inters cultural, y se prev la posibilidad de que las autorizaciones sean plurianuales.

Se revisa la composicin y funciones de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histrico al objeto de mejorar su funcionamiento interno y reducir el nmero de procedimientos que tienen que conocer. Para ello se atribuyen a la ponencia tcnica las competencias para informar las intervenciones en entornos de Monumentos y Jardines Histricos, permitiendo esta medida agilizar el funcionamiento de las comisiones.

En materia de patrimonio arqueolgico se incorporan una serie de innovaciones que afectan tanto al rgimen de autorizacin de las actividades arqueolgicas, como al sistema de solicitudes de stas, con el doble objetivo de clarificar la norma y de favorecer la actividad econmica.

De tal manera que, por una parte, se sustituye la autorizacin actualmente existente para las prospecciones arqueolgicas vinculadas a los procedimientos contemplados en los artculos 29 #(006230) ar.29# a 32 #(006230) ar.32# y 59 #(006230) ar.59# de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histrico de Andaluca, por una declaracin responsable, ahondando en la supresin de trmites administrativos innecesarios que, sin disminuir las garantas de proteccin del patrimonio arqueolgico, agilizan y facilitan la relacin entre la administracin y los ciudadanos. Por otra parte, con la modificacin del sistema de solicitudes para la autorizacin de las actividades arqueolgicas y Proyectos Generales del Investigacin Arqueolgica, queda definido y aclarado el sistema vigente hasta ahora, que provocaba confusin en el administrado.

En relacin con el artculo 32, referido al informe en los procedimientos de prevencin y control ambiental, se modifica de forma que la persona o entidad promotora de una actividad sometida a alguno de estos instrumentos solicite de forma previa informe a la Consejera con competencias en materia de patrimonio histrico sobre la afeccin a ste, incluidas las posibles afecciones arqueolgicas, de forma que podr valorar la viabilidad de su proyecto desde un punto de vista de la afeccin al Patrimonio con carcter previo al inicio del trmite ambiental.

Esta consulta previa, unida a la modificacin del artculo 52 por la que se sustituye la autorizacin de las prospecciones arqueolgicas vinculadas a los procedimientos contemplados en los artculos 29 a 32 y 59 de la referida ley por una declaracin responsable, suponen no solo una simplificacin de los trmites sino tambin una aceleracin de los tiempos de respuesta al administrado.

Por otra parte, se introduce una regulacin ms clara del rgimen de solicitud y autorizacin de las actividades arqueolgicas y Proyectos Generales del Investigacin Arqueolgica con la modificacin de los artculos 53 y 54 de la ley. La claridad de la norma facilita sin duda la comunicacin entre la Administracin y el administrado, lo que deriva en una reduccin de trmites innecesarios.

En concreto, se establece una modificacin e inclusin en el artculo 53 que establece que la solicitud se acompañe de una declaracin responsable o, en su caso, de la autorizacin de ocupacin de los terrenos por parte del propietario. La inclusin de esta declaracin o autorizacin contenida en el artculo 54 en lugar del anterior, supona que en la mayora de los casos esta documentacin no se presentaba al inicio del procedimiento y deba ser reclamado por la Administracin competente, con la consecuente dilacin de los procedimientos.

Otra de las aportaciones ms significativas de este Decreto-ley es la inclusin de la posibilidad de la codireccin de una actividad arqueolgica, flexibilizando as el rgimen de presencialidad que ha estado vigente hasta la fecha, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que la dedicacin simultnea a varias actividades pueden causar. No obstante, no se elimina la opcin vigente de actividades arqueolgicas dirigidas por un solo director, que se seguirn rigiendo por lo establecido reglamentariamente, conviviendo ambas posibilidades. Es esta una de las principales demandas del sector, que reclama una mayor flexibilidad en la presencialidad de la direccin con el fin de poder simultanear ms de una actividad, siempre dentro del cumplimiento de lo que reglamentariamente se determine.

Por ltimo, se da una nueva redaccin al artculo 60 #(006230) ar.60# de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, con la prohibicin del empleo de detectores de metales u otros instrumentos que permitan la localizacin de vestigios arqueolgicos, salvo para su uso en las actividades arqueolgicas recogidas en el artculo 52 de esta ley. Esta importante medida supone una firme apuesta por la proteccin del patrimonio histrico, as como la supresin del trmite de autorizacin que se solicita a los rganos correspondientes de la Consejera.

Estas modificaciones de la Ley afectan a la redaccin de algunos artculos del Decreto 168/2003, de 17 de junio #(018056)#, por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueolgicas, y del Decreto 4/1993, de 26 de enero #(018053)#, por el que se aprueba el reglamento de organizacin administrativa del patrimonio histrico de Andaluca, para los que se introducen as mismo modificaciones con el fin de buscar la coherencia con la norma.

Finalmente, se ha introducido una nueva disposicin adicional destinada al reconocimiento de los intrpretes del patrimonio mediante la previsin de la regulacin de esta actividad en una futura ley, sin perjuicio y a salvo de las competencias de los guas de turismo de conformidad con su normativa sectorial, de manera que se aborde una regulacin que delimite con claridad y seguridad jurdica los mbitos de actuacin que son propios de los intrpretes del patrimonio histrico, por una parte, y de los guas de turismo, por otro.

A continuacin, es necesario abordar tambin diversas medidas relacionadas con la gestin documental. Se trata de medidas simplificadoras y de urgente necesidad para dar respuesta a las necesidades de la poltica de gestin de documentos electrnicos y el acomodo a las nuevas demandas sociales. Para ello se propone la modificacin de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre #(025030)#, de Documentos, Archivo y Patrimonio Documental de Andaluca, para adaptar el marco normativo vigente a las medidas de transformacin digital y simplificacin administrativa que han surgido con posterioridad a su publicacin. De igual modo, se propone la inclusin de una disposicin adicional para establecer un plazo general para la remisin y custodia de los documentos y expedientes administrativos electrnicos finalizados al sistema @rchivA, con objeto de garantizar la autenticidad, integridad y conservacin de los mismos.

Igualmente, desde hace algunos años se viene observando que hay un nmero considerable de museos que, de facto, estn clausurados, no obstante, siguen inscritos en el Registro de Museos de Andaluca. La situacin jurdica y legal de las instituciones musesticas no es una cuestin menor, mxime si se tratara de instituciones musesticas de carcter arqueolgico. Por ello, se hace imprescindible acometer una modificacin normativa que habilite a la Consejera con competencias en materia de cultura para iniciar de oficio la disolucin de museos y colecciones museogrficas, de titularidad pblica o privada, cuando sea fehaciente la inexistencia de estos. Precisamente en aras de evitar el descontrol del material, sobre todo si fuera arqueolgico y, por tanto, un daño considerable a las labores de proteccin y tutela de dicho patrimonio, de extremada fragilidad, es por lo que se considera urgente adoptar esta medida.

Asimismo, en aras de una normalizacin terminolgica en el mbito de la normativa sectorial en materia de cultura, se hace necesaria la modificacin del art. 50.2 #(006066) ar.50# de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones, en el que se hace alusin a “bienes inscritos con carcter genrico en el Catlogo General del Patrimonio Histrico Andaluz” para armonizarlo con el artculo 7.1 #(006230) ar.7# de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histrico de Andaluca que los define como “bienes de catalogacin general”.

En el mbito deportivo, el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre #(050830)#, por el que se regula la solucin de los litigios deportivos en la Comunidad Autnoma de Andaluca, en su artculo 104, bajo la rbrica “procedimiento disciplinario deportivo a las personas directivas de las federaciones deportivas andaluzas”, remite para la tramitacin de este procedimiento “a lo contemplado para el procedimiento disciplinario ordinario en el Ttulo I”, todo ello sin perjuicio de las particularidades que se prevn en el citado artculo 104.

El artculo 41 #(050830) ar.41# del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, al regular el citado procedimiento disciplinario ordinario, establece un trmite sucesivo de alegaciones que resulta repetitivo y que poco aporta para dotar a la Administracin del conocimiento suficiente para adoptar su decisin a travs de la resolucin del procedimiento.

La modificacin propuesta pretende suprimir la duplicidad detectada a fin de conseguir una mayor simplificacin administrativa, mediante la supresin de uno de los dos trmites de alegaciones.

No se considera conveniente extender esta excepcin del artculo 104 al procedimiento disciplinario ordinario del artculo 41, en primer lugar, porque el procedimiento disciplinario ordinario se aplica fuera del mbito de la Administracin pblica, por las federaciones deportivas andaluzas, y en segundo lugar, an ms importante, porque dicha modificacin obligara a la reforma en cascada de todos los Estatutos federativos vigentes, lo que actualmente no se considera conveniente ya que trastocara en exceso la vida federativa.

En lo referido a la modificacin del plazo para formular la propuesta de resolucin o el sobreseimiento, se trata simplemente de adecuar el precepto a la propia realidad lgica del procedimiento y a la prctica del Tribunal Administrativo del Deporte.

Con arreglo al criterio de supresin o simplificacin de trmites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, se propone la supresin, en la instruccin del procedimiento, de la evacuacin por parte de la Comisin de Valoracin del informe preceptivo previsto en el artculo 9.2 #(038972) ar.9# del Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turstico de Andaluca, as como la supresin de dicho informe en la instruccin del procedimiento de revocacin de la declaracin de Municipio Turstico de Andaluca previsto en el artculo 22.5 de dicho texto legal. Estos informes preceptivos no aportan valor añadido a los procedimientos.

A mayor abundamiento, debe decirse que la supresin de los trmites que se propone hace innecesaria la existencia de la propia Comisin de Valoracin. Las funciones de la comisin se reducen a la emisin de los informes preceptivos citados, as como a elaborar y emitir cuantos informes facultativos sobre Municipios Tursticos de Andaluca le sean solicitados por las personas titulares de las Consejeras que formen parte de la comisin. Dichos informes facultativos pueden ser evacuados por el centro directivo competente en materia de turismo, sin necesidad de que exista una Comisin para ello.

XVIII

En el mbito de las infraestructuras viarias se parte de la existencia de trmites impuestos por la Ley 8/2001, de 12 de julio #(002169)#, de Carreteras de Andaluca, que han supuesto un freno a una tramitacin eficaz para la aprobacin y actualizacin del Catlogo de Carreteras de Andaluca, sin que su eliminacin suponga menoscabo alguno de los derechos de los ciudadanos ni de la participacin institucional.

En concreto, la citada Ley 8/2001, de 12 de julio #(002169)#, prev en su artculo 7.3 que la Comisin de Carreteras de Andaluca informa, entre otras cuestiones, los proyectos de Catlogo de Carreteras de Andaluca, sus revisiones y sus actualizaciones anuales, as como las modificaciones puntuales del mismo. Despus de ms de veinte años de vigencia de la referida Ley se ha constatado que este informe de la Comisin de Carreteras de Andaluca no supone una proteccin adicional sino, ms bien, una traba administrativa en el proceso de aprobacin y actualizacin del Catlogo de Carreteras de Andaluca. El Catlogo es un instrumento que sirve para la identificacin e inventario de carreteras, recogiendo sus datos bsicos: categora, clasificacin, titularidad, matrcula, origen, trmino, puntos kilomtricos inicial y final. Es, por tanto, un instrumento dinmico que es necesario actualizar de manera constante, fruto de las obras ejecutadas, las incorporaciones y cesiones de tramos que se producen entre administraciones, etc. En consecuencia, la actualizacin de este de manera gil supone una necesidad para la buena gestin del dominio pblico viario, necesidad esta que no puede dejarse de atender y a la que ha de darse respuesta con carcter urgente.

Por otra parte, el artculo 57 #(002169) ar.57# de la mencionada Ley 8/2001, de 12 de julio, que regula los accesos a las carreteras, prev que cuando la autorizacin definitiva de acceso a los elementos de servicio corresponda a las Diputaciones Provinciales, con carcter previo, se recabar informe vinculante de la Consejera competente en materia de carreteras, en consideracin al cumplimiento de la normativa e instrucciones tcnicas en materia de accesos y a las determinaciones de la planificacin viaria.

La experiencia acumulada en el desarrollo competencial que en materia de carreteras corresponde a la Comunidad Autnoma de Andaluca permite sostener que resulta suficiente, a efectos de eficiencia, eficacia y seguridad administrativa, que el acceso a los elementos de servicio de una carretera se establezca por la Administracin competente en razn de la titularidad de la carretera, con sujecin a la normativa e instrucciones tcnicas que resulten de aplicacin, sin que se estime necesario un Informe preceptivo de la Consejera competente en materia de carreteras. La eliminacin de este informe preceptivo favorecer la agilizacin administrativa de estos procedimientos.

Estas dos modificaciones normativas a que se acaba de hacer referencia conllevan la notable reduccin del nmero de informes a emitir en ambos casos, simplificndose, por ende, los procedimientos administrativos afectados y la agilizacin de los trmites de los mismos.

Tambin se ha considerado oportuno, como otra medida de simplificacin, modificar el artculo 21 #(003159) ar.21# de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenacin de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andaluca, ya que en dicho artculo se condiciona la aprobacin definitiva de los Planes de Transporte Metropolitano a la emisin del previo informe de los rganos consultivos de mbito autonmico en las materias de ordenacin del territorio y transportes, entre las que se encuentra la Comisin de Ordenacin del Territorio y Urbanismo, regulada por el Decreto 36/2004, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administracin de la Junta de Andaluca en materia de Ordenacin del Territorio y Urbanismo.

Tambin es importante tener en cuenta que de conformidad con el artculo 48.1 #(054323) ar.48# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, los Planes de Transporte Metropolitano tienen la consideracin de Planes con Incidencia en la Ordenacin del Territorio y se elaboran segn lo previsto en los artculos 48 #(054323) ar.48# y 49 #(054323) ar.49# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre. As, segn lo dispuesto en el artculo 49.3 #(054323) ar.49# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre y a fin de garantizar desde el primer momento la correcta insercin de los planes con Incidencia en la ordenacin del territorio en el marco territorial definido por los instrumentos de ordenacin territorial, en el procedimiento de aprobacin de estos planes se realiza una consulta previa a la Consejera competente en materia de ordenacin del territorio y urbanismo, as como a las Administraciones Pblicas y entidades pblicas afectadas por razn de su competencia, sobre la adecuacin de las alternativas propuestas a las directrices y determinaciones establecidas por la ordenacin territorial vigente.

Por otra parte, una vez redactado el plan en su versin final, y antes de la aprobacin definitiva por Consejo de Gobierno, el rgano competente en materia de ordenacin del territorio y urbanismo emite, de conformidad con el artculo 49.4 #(054323) ar.49# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, un informe preceptivo sobre la incidencia territorial de las determinaciones del plan.

De lo expuesto se colige que, en el procedimiento de tramitacin de los planes de transportes metropolitanos, la emisin de informes en materia de ordenacin territorial segn artculos 49.3 #(054323) ar.49# y 49.4 #(054323) ar.49# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, hace innecesaria la solicitud de la consulta a la Comisin de Ordenacin del Territorio y Urbanismo.

Adems, los Planes de Transporte Metropolitano se elaboran siguiendo las directrices establecidas por el Manual de Elaboracin de Planes Estratgicos de Polticas Pblicas en la Junta de Andaluca, en el que se incluye la participacin y cooperacin ciudadana para el desarrollo de las propuestas de planes y programas de las administraciones pblicas. Los planes en su proceso de elaboracin celebran diversas jornadas participativas con la colaboracin del rea de Evaluacin de Polticas Pblicas y en la que son invitados los principales actores de la movilidad y transportes de cada mbito, incluidos aquellos con intereses en la ordenacin del territorio.

De conformidad con los artculos 82 #(013300) ar.82# y 83 #(013300) ar.83# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las propuestas de los planes de transporte metropolitanos son sometidas a trmite de audiencia e informacin pblica y en virtud del artculo 39.3 #(005932) ar.39# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, dentro de la Evaluacin Ambiental Estratgica son consultadas los principales actores en el mbito de la movilidad y transporte, incluidos los relacionados con la ordenacin del territorio.

Todos los argumentos que se acaban de exponer conducen a la existencia de una clara duplicidad de informes y controles sobre la cuestin de la incidencia territorial de los planes de transporte metropolitano, lo que hace necesaria la modificacin del artculo 21 #(003159) ar.21# de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, que regula el procedimiento de aprobacin de los referidos planes, con objeto de eliminar tal duplicidad.

En coherencia con lo anterior se hace precisa, asimismo, la introduccin de una disposicin transitoria que regule el rgimen aplicable a este efecto para aquellos procedimientos de aprobacin de planes de transporte metropolitano que se encuentren en curso de tramitacin a la entrada en vigor de la modificacin del artculo 21 operada por este Decreto-ley.

De otro lado, se modifica la precitada Ley 2/2003, de 12 de mayo #(003159)#, en la redaccin de su artculo 48.1, recientemente reformado por el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, con el objeto de incorporar en dicho apartado la competencia atribuida a los municipios con carcter general para sancionar los servicios urbanos de transporte pblico de viajeros en autobs que se desarrolle ntegramente dentro de su trmino municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 4.1 de la Ley, y que por error no se incluy en la anterior redaccin.

Por otra parte, en este contexto de grave crisis econmica, resulta urgente y necesario impulsar en Andaluca actuaciones de simplificacin administrativa que reduzcan trabas burocrticas desproporcionadas para los operadores econmicos relacionados con el sector del transporte. A tal efecto, se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte de Viajeros y Viajeras en Automviles Turismo de Andaluca, aprobado por Decreto 35/2012, de 21 de febrero #(025701)#, para sustituir la autorizacin previa del ente municipal por una comunicacin previa del titular de la licencia de taxi para los supuestos de suspensin de la actividad y por una declaracin responsable en los procedimientos relacionados, con la publicidad y modificacin de las caractersticas de los vehculos, as como con la actividad de las emisoras de radio o sistema de telecomunicaciones. Esta modificacin resulta esencial para incentivar y mejorar el acceso y el desarrollo de la actividad econmica del taxi, hacindola ms competitiva, al tiempo que representa un avance en la mejora y agilidad de la gestin y actuacin autonmica andaluza.

Igualmente, en aras de una mayor simplicidad y uniformidad normativa, se ampla el plazo para visar las licencias municipales de uno a cuatro años, tal y como est establecido para las autorizaciones de trasporte pblico interurbano de viajeros de mbito estatal (VT). Esta medida que equipara la tramitacin de ambos ttulos habilitantes viene siendo requerida desde hace tiempo por los Ayuntamientos andaluces.

Se introduce asimismo una mejora regulatoria en el referido Reglamento, mediante el establecimiento de la obligatoriedad de llevar un registro municipal de las licencias concedidas por resultar de vital importancia en aras de garantizar el desarrollo eficaz de las tareas administrativas y favorecer la colaboracin interadministrativa.

Igualmente, resulta necesaria la simplificacin administrativa con objeto de eliminar trmites o informes no necesarios en materia de urbanismo, a cuyo efecto se incluyen en el presente Decreto-ley las medidas que se describen a continuacin.

Se modifican determinados artculos de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, y su Reglamento General, aprobado mediante el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre #(055398)#. La actual coyuntura econmica, que afecta directamente al mercado de suelo y de vivienda en Andaluca, reclama urgentemente la adopcin de medidas legislativas de simplificacin administrativa y mejora normativa en materia urbanstica. Esta situacin se deriva fundamentalmente de tres circunstancias: la inflacin en el mercado de la vivienda, la escasez de una oferta de vivienda y de suelo urbanizado para satisfacer las demandas actuales y la dificultad para financiar obras de nueva urbanizacin.

La Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, establece en su artculo 4, entre otros principios generales de la ordenacin urbanstica el deber de promover una ocupacin racional del suelo, el modelo de ciudad compacta, las actuaciones de regeneracin y renovacin urbana y la culminacin de las actuaciones urbansticas iniciadas. Para el desarrollo de estos principios generales la Ley da un especial protagonismo a las actuaciones de transformacin urbanstica en el suelo urbano para conseguir, como establece su artculo 61, la consolidacin de los ncleos urbanos existentes y la diversidad de usos mediante actuaciones de mejora, rehabilitacin, regeneracin y renovacin urbana.

El criterio general de la norma es que las dotaciones que se precisan en las actuaciones de mejora urbana y de reforma interior deben justificarse por los instrumentos de ordenacin urbanstica en funcin del nivel dotacional de la zona de suelo urbano donde se ubican. No obstante, para facilitar el desarrollo de estas actuaciones resulta conveniente establecer un lmite a partir del cual puede presuponerse que pequeños incrementos de la poblacin o de la edificabilidad no precisan de la mejora de dotaciones existentes. Para ello se modifican los artculos 27 #(054323) ar.27# y 86 #(054323) ar.86# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 47 y 82 del Reglamento, estableciendo como presupuesto que si la nueva ordenacin no implica un incremento de la edificabilidad superior al 10% o de la poblacin superior al 20% no sern necesarias nuevas dotaciones en el suelo urbano.

Con la misma finalidad de facilitar el desarrollo de las actuaciones de transformacin urbanstica en suelo urbano se regulan los supuestos en los que la reserva de espacios libres, que con carcter general se establece en el 10% de la superficie del mbito, puede reducirse cuando la superficie resultante sea de escasa entidad, cuando no resulte posible su integracin en la red de espacios libres del municipio o cuando la zona de suelo en la que se acta cuente con una proporcin de espacio verde urbano significativa. Para ello se modifica los artculos 61.4 de la Ley y 82.8 del Reglamento.

En relacin con el contenido documental de los instrumentos de ordenacin urbanstica, es necesario establecer unas reglas de unificacin y normalizacin de la documentacin electrnica a incluir en el sistema de informacin territorial y urbanstica para que sta sea accesible, reutilizable e interoperable, como establece el artculo 6 del Reglamento. Esto slo se puede hacer efectivo si las normas directoras, adems de directrices y recomendaciones, contienen normas vinculantes. Con el objeto de regular el contenido formal de los instrumentos de ordenacin urbanstica, sin que se vea afectado su contenido sustantivo. Se modifican para ello los artculos 74 #(054323) ar.74# y 82 #(054323) ar.82# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 97 y 110 del Reglamento.

Se modifica la disposicin transitoria tercera del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, para establecer las reservas y estndares dotacionales locales de actuaciones de transformacin urbanstica en suelo urbano referidas el nivel dotacional existente, pues el nivel dotacional objetivo es un concepto novedoso de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, que no est definido en ningn instrumento de planeamiento anterior a su entrada en vigor.

En la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, y su Reglamento General de desarrollo #(060210)#, se hace necesario introducir una nueva disposicin transitoria novena que tiene por objeto facilitar la recepcin de las obras de urbanizacin de mbitos con proyectos de urbanizacin aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley.

El objetivo es permitir que los numerosos mbitos en proceso de ejecucin, con obras de urbanizacin inacabadas o sin recepcionarse, puedan acogerse o adaptarse al actual marco. Se busca ahondar en el principio de ocupacin sostenible que promueve la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, en su artculo 4.2.c) facilitando la culminacin de las actuaciones urbansticas y de transformacin urbanstica ya iniciadas frente a la necesidad de nuevos desarrollos y permitir culminar los procesos para poner suelo urbanizado en el mercado que permita atender las demandas de vivienda y de actividades productivas en un contexto de crisis inmobiliaria agravado por las dificultades de financiacin de las obras de urbanizacin. Por ello, se introduce una nueva disposicin transitoria novena en la referida Ley y se completa el artculo 197 del Reglamento General, sobre el procedimiento de recepcin de las obras de urbanizacin.

Tambin se define un procedimiento propio, ms gil, para definir o modificar las fases de urbanizacin, y se completa el rgimen de recepcin de las obras de urbanizacin desarrollado en el Reglamento General. Para ello se modifican los artculos 96 #(054323) ar.96# y 97 #(054323) ar.97# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y, en coherencia con dicha modificacin, se adapta la redaccin del apartado 2 del artculo 191 del Reglamento General.

As mismo, se adaptan las reglas del procedimiento de aprobacin del proyecto de urbanizacin para favorecer la tramitacin coordinada con el procedimiento ambiental. Para ello se modifica el artculo 197 del Reglamento General de la LISTA.

Para dotar de una mayor seguridad jurdica a la ejecucin de la edificacin de forma simultnea a las obras de urbanizacin y llevar a ltimo trmino la ordenacin urbanstica de una forma gil y viable, se modifica el artculo 203 de dicho Reglamento General.

Para seguir avanzando en la eliminacin de cargas innecesarias o desproporcionadas en los medios de intervencin sobre los actos, se añaden nuevas actuaciones que, por su alcance, no es necesario realizar un control “ex-ante” pudindose llevar a cabo bajo los mecanismos de declaracin responsable y comunicacin previa. As se añaden los movimientos de tierras en suelo urbano y las explanaciones y las demoliciones de edificaciones o construcciones a las actuaciones sometidas a declaracin responsable.

A su vez, en aras de una mayor agilizacin en los procesos de control de las actuaciones sometidas a declaracin responsable y comunicacin previa establecidos en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)# y su Reglamento General de desarrollo #(060210)#, se introducen una serie de medidas que redunden en la mejor efectividad de estos medios de intervencin con la optimizacin de los recursos de los Ayuntamientos. Se modifican por ello el apartado 1 del artculo 157 de la citada Ley y los artculos 360 y 369 de su Reglamento General de desarrollo.

Por otra parte, con el objeto de agilizar la tramitacin de licencias urbansticas se modifica el procedimiento de otorgamiento de estas para implementar mecanismos adicionales de colaboracin pblico-privada. Se introduce as la posibilidad de que, si lo prevn las ordenanzas municipales los informes emitidos por los Colegios Profesionales o entidades urbansticas certificadoras puedan tener efectos equiparables a los informes tcnicos municipales previos al otorgamiento de las licencias, todo ello, sin renuncia a las potestades de control y verificacin sobre dichos informes o certificados que corresponden al Ayuntamiento.

En aras del principio de legalidad, se introduce un nuevo prrafo al apartado 4 del artculo 158 de la Ley. Con ello, a travs una previsin legal especfica, se introduce en la norma sectorial un mecanismo tradicional que propicia la eliminacin de aquellos actos urbansticos que legitimen alguna actuacin contraria al ordenamiento jurdico, si bien acotado exclusivamente, por seguridad jurdica, a supuestos especialmente graves como son los incursos en alguna causa de nulidad de pleno derecho.

Se modifica tambin la redaccin de los artculos 75 #(054323) ar.75# de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, y 107 del Reglamento para clarificar la intervencin de la Consejera competente en el procedimiento de aprobacin de los instrumentos de ordenacin urbanstica.

Respecto a los rganos colegiados con competencias en materia de ordenacin del territorio y urbanismo adscritos a la Consejera de Fomento, Articulacin del Territorio y Vivienda se contempla la modificacin del Decreto 36/2014, de 11 de febrero #(033303)#, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administracin de la Junta de Andaluca en materia de Ordenacin del Territorio y Urbanismo, eliminando tres informes de valoracin atribuidos a las Comisiones Territoriales de Ordenacin del Territorio y Urbanismo y al Consejo Andaluz de Ordenacin del Territorio y Urbanismo durante la tramitacin de distintos procedimientos en relacin a instrumentos de planeamiento general por haber devenido innecesarios y redundantes.

La aprobacin de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, supuso la derogacin del Decreto 11/2008, de 22 de enero #(016443)#, por el que, entre otras cuestiones, se regulaba el procedimiento de adaptacin a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre #(016043)#, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca, igualmente derogada. Esta derogacin conlleva la innecesariedad de la valoracin que en este procedimiento de adaptacin corresponda a las Comisiones Territoriales de Ordenacin del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con el artculo 12.1.j) #(033303) ar.12# Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

Esta modificacin de los artculos 5.2.e) #(033303) ar.5# y 13.2.b) #(033303) ar.13# del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, ser de aplicacin a los instrumentos de planeamiento general y sus innovaciones que afecten a la ordenacin estructural que continen su tramitacin segn las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre #(016043)#, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca por haber iniciado la misma antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#.

Asimismo se modifica la disposicin adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero #(033303)#, con objeto de simplificar la tramitacin ambiental de los instrumentos de ordenacin urbanstica, de modo que se otorga a las Delegaciones Territoriales en materia de medio ambiente la competencia para la instruccin y formulacin de la declaracin ambiental estratgica o del informe ambiental estratgico, segn el caso, eliminando la intervencin anteriormente establecida de la Direccin General con competencia en materia de prevencin y control ambiental, en el caso de los municipios identificados como ciudades Principales y Ciudades Medias de nivel 1, incluidas en el anexo del citado decreto.

El acceso a la vivienda se conforma como una de las principales cuestiones a las que los poderes pblicos deben atender, en la sociedad actual, en el ejercicio de sus competencias. En concreto, la promocin y el fomento del acceso a la vivienda protegida, digna y adecuada, y a precio asequible, debe ser uno de los objetivos fundamentales de las administraciones pblicas andaluzas, a travs del aumento de la oferta disponible al ciudadano.

La evolucin que, por distintos motivos, ha venido teniendo el sector de la construccin y, por ende, el de la vivienda, se ha visto condicionada tanto por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, como por el conflicto blico de Ucrania que, unidos a otros factores, han provocado un encarecimiento de los materiales de la construccin. Junto con ello, hay que tener en cuenta otras circunstancias como la cada del nmero de hipotecas concedidas o el encarecimiento generalizado de los alquileres, que no vienen a favorecer la consecucin del principio rector del fomento del acceso a la vivienda.

La ciudadana en general, y especialmente en materia de vivienda protegida, viene demandando un aumento de la posibilidad de acceso a la misma a precio asequible. En los ltimos cuarenta años el crecimiento poblacional en Andaluca se ha visto incrementado en unos 50.000 habitantes por año, con una ratio de ocupacin de dos personas por vivienda y con un aumento de demanda de 25.000 viviendas por año. El desajuste entre la oferta y la demanda es palmario, cuantificndose en unas 13.000 viviendas al año, dado que la construccin de viviendas en el perodo 2011-2019 se ha constatado en 12.000 viviendas anuales. Es por ello por lo que las Administraciones Pblicas deben atender, con medidas urgentes e inaplazables, esta necesidad de la sociedad actual.

Junto con estos datos ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con la valoracin realizada por el Instituto de Estadstica y Cartografa de Andaluca para 2021 la renta media en Andaluca, como salario bruto, es de 16.284 euros al año. Por ello, la media del esfuerzo salarial de las familias andaluzas para el acceso a la vivienda se corresponde con el 31,3% de sus ingresos, siendo la media nacional del 32,3% y el deseable el 30%.

Por otro lado, se comprueba un encarecimiento de los importes de las hipotecas medias en Andaluca, evolucionando desde 108.994 euros en 2019, a los 116.820 euros en 2020, los 117.372 euros en 2021 y a los 124.562 euros en 2022. Y es que la compra de una vivienda requiere la inversin de los ingresos de una unidad familiar durante siete años y medio. Desde 2008 las familias andaluzas no tenan que dedicar un porcentaje tan alto de sus ingresos para acceder a una vivienda. Por ello, es necesario aumentar la oferta para poder poner a disposicin de los ciudadanos viviendas suficientes a precio asequible.

Adems, hay que tener en cuenta que en la franja de entre los 15 y 29 años de edad la emancipacin es del 15,9%, mientras que entre los 30 y los 34 años, del 67,7%.

La configuracin de nuevas formas de unidades familiares determina una evolucin al alza de las necesidades de vivienda en el territorio de la Comunidad Autnoma andaluza. As, en el año 2018, 8,4 millones de personas tenan fijada su residencia habitual en alguno de los 3,2 millones de viviendas familiares registradas en Andaluca, por lo que el tamaño medio de los hogares se situ en 2,6 personas por vivienda. Con un horizonte de proyeccin de veintids años, la estimacin se concreta en 3,6 millones de hogares, unas 363.000 viviendas adicionales ms que en 2018. Esto supone un crecimiento de unos 17.000 hogares al año.

Y de entre todos los colectivos ciudadanos, adems, requerirn especial atencin tanto los jvenes, las personas en riesgo de exclusin social, las personas mayores, las personas con capacidades diferentes, las vctimas de violencia de gnero o terrorismo, las familias numerosas o las familias en riesgos de desahucio.

El acceso a la vivienda digna y adecuada y a precio asequible, se conforma en la actualidad como uno de los principales problemas de los ciudadanos andaluces, siendo las medidas que se establecen en el presente Decreto-ley necesarias de forma perentoria e inmediata para la actividad de fomento que se pretende y para la consecucin de sus efectos en la sociedad.

En consecuencia, es preciso impulsar en Andaluca el cambio en la mejora regulatoria e institucional y la simplificacin normativa, para contribuir a crear un entorno de seguridad jurdica, que facilite la compresin de los rganos colegiados de participacin en materia de vivienda y evitar duplicidades. En este marco, ya se ha hecho referencia con anterioridad a la supresin del Observatorio de la Vivienda de Andaluca.

Adems, resultan necesarias otras modificaciones normativas. As, en cumplimiento del mandato establecido por la Ley 1/2010, de 8 de marzo #(018952)#, reguladora del Derecho a la Vivienda en Andaluca, con fecha 3 de julio de 2020 se public el Decreto 91/2020, de 30 de junio #(052837)#, por el que se regula el Plan Vive en Andaluca, de vivienda, rehabilitacin y regeneracin urbana de Andaluca 2020-2030 (Plan Vive). En l se concretan las polticas de vivienda y rehabilitacin en la Comunidad Autnoma para el referido periodo, incorporando acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, base fundamental para el ejercicio del resto de derechos constitucional y estatutariamente consagrados.

Se hace necesario realizar algunos ajustes en el Decreto 91/2020, de 30 de junio #(052837)#, que tienen como finalidad ltima, entre otras, potenciar la promocin de vivienda protegida, como medida perentoria y urgente a atender por los poderes pblicos de Andaluca.

Por ello se modifica el artculo 15, relativo a las “Personas destinatarias de viviendas y alojamientos protegidos”, estableciendo medidas de agilizacin que, a la vez, permitan a las personas promotoras de vivienda asumir estas actuaciones en un marco de mayor seguridad.

Respecto a la actualizacin del mdulo bsico, que sirve de base para la definicin del precio de venta o alquiler de las viviendas protegidas, se modifica el artculo 19 #(052837) ar.19# del Decreto 91/2020, de 30 de junio, incrementando el mdulo un 14,5% y estableciendo una actualizacin anual automtica en funcin del ndice de Precios de Consumo (IPC). Para ello se ha tenido en cuenta que en julio de 2023 se han cumplido tres años desde la entrada en vigor del Plan Vive y, a lo largo de este periodo de tiempo, se ha producido una notable subida de los costes de la construccin. Existen informes que acreditan que los precios de la vivienda protegida en Andaluca, ya sea en el rgimen general o en el rgimen limitado, en los municipios donde el precio es mayor, se encuentran muy por debajo del precio de la vivienda protegida en comparacin con otras comunidades autnomas. As ocurre respecto a Cataluña (un 42% por debajo en el rgimen general y un 36% por debajo en el rgimen limitado), respecto a Baleares (por debajo un 44% y un 15%, respectivamente), Madrid (por debajo un 4% y un 10%, respectivamente) o Valencia (por debajo un 17% en ambos regmenes, respectivamente).

Se adopta el valor de crecimiento del IPC dado que engloba las subidas de los distintos sectores, por lo que se considera ms correcta su aplicacin que la de otros ndices pblicos, en correlacin con la situacin global de la economa, al estar tambin menos sujeto a fluctuaciones particulares del sector inmobiliario. Dado que el precio de la vivienda debe adecuarse a los salarios y capacidad de acceso a la misma por parte de los ciudadanos, y aquellos no suben en la proporcin que el ndice de precios de la vivienda, es por lo que se considera el IPC el indicador ms adecuado, tal como lo utilizan, adems, otras comunidades autnomas.

Es, por ello, fundamental, adecuar el precio de la vivienda protegida a travs del mdulo bsico y de los coeficientes territoriales contenidos en el Anexo V del Decreto 91/2020, de 30 de junio #(052837)#, teniendo en cuenta los costes de la construccin y la necesidad de promover la colaboracin pblico-privada en la edificacin de viviendas protegidas en los municipios andaluces, para conseguir el objetivo de una mayor produccin de este tipo de viviendas, especialmente las de rgimen general y de precio limitado, generndose as un aumento de las posibilidades de acceso a los ciudadanos inscritos en los registros municipales de demandantes de vivienda. En caso contrario estaramos ante un efecto disuasor de la promocin de viviendas, que se vera muy limitada en el mbito de la vivienda protegida. Teniendo en cuenta, como se ha indicado, las necesidades de este tipo de viviendas en Andaluca, se requiere una reaccin rpida por parte de los poderes pblicos tras las nefastas consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 y de la guerra de Ucrania.

El artculo 21 #(052837) ar.21# del Decreto 91/2020, de 30 de junio, establece en su apartado b) la forma de clculo de la renta mxima de alquiler de las viviendas protegidas, distinguiendo si estn amuebladas o no. En la prctica esta distincin no siempre es fcil de aplicar, suponiendo la ralentizacin del proceso, por lo que se estima establecer un nico precio mximo, del 4,5%, como precio de referencia, sin perjuicio de que el precio final se ajuste a las caractersticas concretas de las viviendas.

Y es que el fomento del alquiler de la vivienda protegida es fundamental para promover el acceso a una vivienda digna y adecuada para aquellas personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda. Con esta medida se consigue que estos colectivos s puedan ver materializado el deseo de contar con un hogar, de una manera rpida y efectiva.

La disposicin adicional primera del citado Decreto 91/2020, de 30 de junio #(052837)#, establece la forma de clculo de los ingresos familiares y de la unidad de convivencia que permiten el acceso a la vivienda protegida. El apartado 4 establece la ponderacin de los ingresos de forma que el lmite de ingresos que permite el acceso a la vivienda protegida pueda graduarse en base a determinadas variables. En concreto la letra a) establece la ponderacin en funcin del nmero de miembros de la unidad familiar, y resulta aconsejable aumentar la ponderacin en caso de acceso de unidades de convivencia de dos o ms miembros.

Con esta medida se viene a facilitar el acceso a la vivienda protegida a unidades familiares, especialmente jvenes, que con los criterios de ponderacin anteriores habran visto reducidas sus posibilidades de acceso.

Igual efecto se consigue con la regulacin que se contempla en el segundo prrafo del apartado 1 del artculo 15 #(052837) ar.15# del Decreto 91/2020, de 30 de junio. Al incrementarse, para el caso establecido en el artculo 11.10 #(025512) ar.11# del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Pblicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, los lmites de ingresos para el acceso a viviendas protegidas de rgimen general y de precio limitado, se consigue que ciudadanos que estaban excluidos de esta opcin por su nivel de rentas pero que, sin embargo, tampoco contaban con poder adquisitivo suficiente para el acceso a una vivienda libre, puedan verse beneficiados de esta actividad de fomento del acceso a una vivienda protegida.

Por otra parte, para lograr el derecho a una vivienda digna y adecuada, el contenido del Plan Vive se orienta hacia la consecucin de, entre otros objetivos, el de intervenir sobre los edificios de inters arquitectnico, mediante su rehabilitacin, adecuacin y puesta en valor, bien para seguir prestando su funcin, o atribuyndoles nuevos usos, entendindolos como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de identidad de los vecinos.

Durante el perodo de desarrollo y aplicacin de las medidas del Plan se ha detectado la necesidad de revisar y modificar algunas de sus disposiciones relativas a este Programa con la finalidad, principalmente, de habilitar procedimientos ms giles que los actuales, ampliando las modalidades de participacin a las entidades pblicas y, por otra parte, de mejorar la eficiencia en la gestin administrativa y presupuestaria. As, tambin se consigue, de manera rpida e inmediata, una mayor reactivacin econmica de las entidades locales beneficiarias de las subvenciones dinerarias que, por otro lado, han venido padeciendo la crisis econmica generada por el escenario global de nuestra actualidad. Se hace necesario, por tanto, poner en funcionamiento este mecanismo de la subvencin dineraria para conseguir un efecto inminente en la reactivacin de nuestros ayuntamientos. El beneficio de esta actividad de fomento desde la Comunidad Autnoma a estos entes pblicos es directo.

Con estas modificaciones se pretende, en definitiva, simplificar, agilizar y mejorar la tramitacin del Programa de rehabilitacin de edificios de inters arquitectnico -Plan Rehabilita Patrimonio- y con ello, la aplicacin de Plan Vive, otorgando mayor participacin a las entidades beneficiarias y mejorando permanentemente el conocimiento adquirido, favoreciendo con todo ello la consecucin del objetivo de actuar sobre los edificios de inters arquitectnico mediante la rehabilitacin y adecuacin de sus espacios, como elementos transmisores de la historia viva de nuestras ciudades y de la identidad de sus vecinos.

Resulta urgente, por otra parte, simplificar el procedimiento de vivienda protegida, procedimiento este que se regula en el Reglamento de Viviendas Protegidas, aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de julio #(018682)#, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autnoma de Andaluca y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. En dicho Reglamento, se exige tanto para una primera adjudicacin por el promotor, como para los segundos o posteriores contratos de arrendamiento por el promotor o gestor, un visado del contrato.

Entendiendo que resulta procedente agilizar dichos procedimientos en pro de que las viviendas protegidas lleguen a sus destinatarios con la mayor celeridad posible, siendo ello fundamental para conseguir agilizar de manera rpida y efectiva el acceso a una vivienda y, por tanto, necesario y urgente, se ha sustituido dicho requisito autorizatorio por una declaracin responsable efectuada por el titular de la promocin de las viviendas protegidas en la que se consignen determinados datos del contrato que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente, y que en el caso de la compraventa permita adems la protocolarizacin notarial de la transmisin de las vivienda protegida.

Se prev una disposicin final segunda en el Decreto 149/2006, de 25 de julio #(018682)#, que regula un plazo de tres meses para la entrada en vigor de las modificaciones de los artculos 12, 18, 19, 22, 23 y 24 del citado Reglamento, en coherencia con la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas en el Plan Vive para determinados artculos relativos a la vivienda protegida.

XIX

El Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre #(039638)#, por el que se regulan la Renta Mnima de Insercin Social en Andaluca y la ayuda complementaria al Ingreso Mnimo Vital, aprob una prestacin econmica especfica y directa orientada a prevenir el riesgo de exclusin social y la pobreza. Con vistas a facilitar el acceso a la Renta Mnima de Insercin Social y conseguir que las cuantas concedidas alcancen las necesidades reales de las unidades familiares, se han excluido de los ingresos computables determinadas ayudas econmicas puntuales de escasa cuanta, tales como el bono social trmico o el cheque libro, incluyndose a tal fin una nueva letra n) en el artculo 13.4. Asimismo, y dado que en la prctica no han llegado a constituirse las Comisiones Provinciales de Coordinacin, se ha eliminado su previsin del artculo 52, que es derogado en consecuencia.

En el mencionado Decreto-ley se regula tambin la ayuda complementaria al ingreso mnimo vital, ayuda econmica extraordinaria dirigida a unidades econmicas familiares que, aun siendo perceptoras del ingreso mnimo vital, no pueden hacer frente a sus necesidades de subsistencia a corto plazo. Se modifica el artculo 56 para adaptarlo a la realidad de la prestacin que, aunque viene definida en su normativa reguladora como una cuanta fija, se ha visto modificada en años consecutivos debido a la situacin socio econmica que atraviesa el pas, derogndose por tanto la referencia a los 100 euros prevista en dicho artculo. Del mismo modo, se ha eliminado el plazo de tres meses de presentacin de solicitudes de esta ayuda, regulado en el artculo 57.2, lo que facilitar el acceso a la ciudadana y la gestin a los rganos tramitadores.

Adicionalmente, en aras de la simplificacin y con el objetivo de reducir el nmero de requerimientos de documentacin en la tramitacin de los procedimientos, se han llevado a cabo modificaciones de los Anexos I, VI, VIII, IX y X vinculados a ambas prestaciones.

En materia de familia numerosa, tras la publicacin del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre #(055484)#, por el que se adoptan medidas de carcter extraordinario y urgente en materia de renta mnima de insercin social, bono social trmico y de simplificacin de los procedimientos de expedicin del ttulo de familia numerosa y de atencin a las personas con discapacidad en Andaluca, se han detectado nuevas reas de mejora en este mbito por lo que se propone la introduccin de nuevos mecanismos de simplificacin que permitan agilizar la tramitacin del procedimiento de renovacin del ttulo de familia numerosa con la consiguiente reduccin de los tiempos de respuesta de la Administracin. La propuesta que se realiza se basa en la unificacin de los tres formularios existentes con carcter previo a la publicacin de este Decreto-ley, Anexos I, II y III que hasta la fecha se presentan de manera separada. Para ello se modifican los artculos 4 #(053126) ar.4#, 5.3 #(053126) ar.5# y 8 #(053126) ar.8# del Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condicin de familia numerosa y su categora, la expedicin, renovacin, modificacin o revocacin del ttulo y del carn de familia numerosa, en la Comunidad Autnoma de Andaluca, as como la disposicin adicional nica.

En virtud del Acuerdo de la Subcomisin de Seguimiento Normativo, Prevencin y Solucin de Controversias de la Comisin Bilateral de Cooperacin Administracin General del Estado-Comunidad Autnoma de Andaluca y con objeto de resolver las discrepancias en relacin con el artculo 3 #(003436) ar.3# de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Proteccin a la Familia Numerosa y la disposicin transitoria segunda del Decreto-ley 14/2022, de 20 de diciembre #(055484)#, se incorpora al texto del presente la modificacin de sta.

La reforma introducida en el Ttulo XI del Libro Primero del Cdigo Civil por la Ley 8/2021, de 2 de junio #(053834)#, por la que se reforma la legislacin civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurdica, exige la adecuacin de la normativa andaluza a la nueva rbrica y contenido de dicho Ttulo. La reforma ha supuesto un cambio fundamental en la toma de decisiones de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurdica: se pasa de un sistema basado en la sustitucin en la toma de decisiones de la persona con su capacidad modificada judicialmente a un sistema nuevo, en el mbito de la Convencin Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmado en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006, que se fundamenta en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, ser la encargada de tomar sus propias decisiones.

La adecuacin de la normativa andaluza a la Ley 8/2021, de 2 de junio #(053834)#, exige una modificacin de los preceptos legales, reglamentarios y rdenes todava referidos al sistema anterior.

Se modifica parte del articulado de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, en lo relativo a derechos y obligaciones de la ciudadana y de las personas usuarias de los servicios sociales, Sistema Pblico de Servicios Sociales de Andaluca, concierto social en la prestacin de los servicios sociales, financiacin de los servicios sociales e infracciones graves.

Asimismo, se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre #(039321)#, de los Derechos y la Atencin a las Personas con Discapacidad en Andaluca, en lo concerniente a las entidades tutelares y las medidas de apoyo necesarias en el proceso de toma de decisiones.

La valoracin del grado de discapacidad por parte de los Centros de Valoracin y Orientacin (en adelante, CVO) es la puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales para las personas que presentan alguna discapacidad, sin dicha valoracin no se puede tener acceso al mismo. Sin embargo, desde hace algn tiempo, los CVO estn teniendo dificultades para tramitar los expedientes pendientes debido a un exceso en la demanda, unida a retrasos que se han acentuado con la pandemia producida por el COVID y a los nuevos baremos introducidos por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre #(055218)#, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaracin y calificacin del grado de discapacidad. Todo ello ha provocado demoras insostenibles en los procedimientos tramitados en los CVO.

En este momento la tramitacin de una solicitud de grado de discapacidad sobrepasa ampliamente los 6 meses establecidos como mximo para su conclusin, llegando incluso a una demora de 272 das. Agilizar estos trmites se ha convertido en una prioridad absoluta para la Administracin. Por ello, es en este contexto en el que se inserta la propuesta de modificacin que se ha presentado, es decir, es fundamental agilizar los trmites relacionados con las actividades fundamentales que se desarrollan en los CVO, esto es, la valoracin del grado de discapacidad y la tramitacin y renovacin de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, se introducen modificaciones en el Decreto 255/2021, de 30 de noviembre #(054341)#, por el que se regulan la organizacin y las funciones de los centros de valoracin y orientacin de personas con discapacidad en Andaluca y se desarrolla el procedimiento para la valoracin del grado de discapacidad en la Comunidad Autnoma, en consonancia con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre #(055218)#, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaracin y calificacin del grado de discapacidad, y que afectan a la regulacin de la composicin de los equipos de valoracin, que pasan a denominarse equipos multiprofesionales de calificacin y reconocimiento del grado de discapacidad, a fin de ampliar el nmero de profesionales del rea sanitaria con titulacin mnima de grado universitario o equivalente que podrn realizar la valoracin del grado de discapacidad contando con un mayor nmero de efectivos para abordar dichas tareas. Asimismo, se crea un equipo de refuerzo para ayudar en la valoracin de expedientes en aquellos CVO que, por circunstancias excepcionales o con carcter coyuntural necesiten de su colaboracin.

Adems, se introducen nuevos supuestos en los que es posible llevar a cabo una valoracin no presencial. Para todo ello es fundamental el acceso a los Sistemas de Informacin de los servicios pblicos de la Consejera de Desarrollo Educativo y Formacin Profesional que sern de gran ayuda y evitarn la duplicidad que existe en estos momentos a la hora de valorar el grado de discapacidad de los menores de edad. La informacin de salud de la persona que solicita el reconocimiento de grado de discapacidad puede obtenerse a travs de la documentacin aportada junto a la solicitud; otra forma de obtener esa informacin en la Comunidad Autnoma Andaluza es a travs del Sistema Integrado de Gestin e Informacin para la atencin sanitaria (DIRAYA).

Se hace necesaria la modificacin de la Orden de 19 de septiembre #(037874)# 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehculos para personas con movilidad reducida en Andaluca, a fin de agilizar y mejorar el procedimiento para su renovacin.

Interesa a continuacin hacer referencia a la regulacin de las parejas de hecho dado que el perfil de estas est cambiando en los ltimos años. El dato de parejas en las que uno o los dos miembros tienen nacionalidad extranjera se eleva al 43%, tendencia que va en aumento cada año. Esta variacin en el perfil de las personas usuarias, implica la necesidad de realizar ajustes en la gestin y tramitacin de los expedientes de parejas de hecho por parte de los rganos encargados de la instruccin y resolucin, sobre todo por la dificultad en la obtencin, por parte de las personas interesadas, de parte de la documentacin necesaria para la acreditacin de los requisitos, puesto que en la mayora de los casos requieren de la intervencin de diferentes organismos y administraciones pblicas, incluidos los de otros pases. Por ello, se plantea la modificacin del plazo para dictar y notificar la resolucin de inscripcin en el Registro de Parejas de hecho, establecida en el artculo 19 #(018568) ar.19# del Decreto 35/2005, de 15 de febrero, por el que se constituye y regula el Registro de Parejas de Hecho, pasando de un mes a un mximo de tres meses, dado que el plazo de un mes previsto en la regulacin actual, obliga en numerosas ocasiones a los rganos competentes en la instruccin, a resolver expedientes en el sentido confirmatorio del silencio sin haber podido acreditarse documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma reguladora.

Precisamente esta razn es la que ha llevado a proponer tambin el cambio en el sentido del silencio, que tiene en la actualidad carcter estimatorio por el mero transcurso de un mes, obligando con ello a la Administracin competente a inscribir en multitud de ocasiones parejas de hecho de las que se desconoce si se cumplen todos los requisitos necesarios para dicha inscripcin. Esta circunstancia obliga a la Administracin competente a iniciar procedimientos de revisin de oficio de sus propios actos, procedimientos que pueden suponer la suspensin temporal de los efectos de las resoluciones que van a ser revisadas, y que a su vez dilatan los procedimientos anteriores. La urgencia en estos cambios se pone de manifiesto al considerar que en la actualidad hay algo ms de 4000 expedientes de inscripcin de altas y bajas en el Registro de Parejas de Hecho sin resolver, debiendo ser estimados la mitad por silencio administrativo, con las consecuencias expuestas.

Los años de existencia del Registro de Parejas de Hecho de Andaluca han puesto de manifiesto la existencia de no pocos casos de fraude, en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad colaboran aportando informacin fehaciente de la no existencia de vnculo alguno entre las dos personas que quieren constituir la pareja de hecho, siendo ste un requisito bsico, y en algunos supuestos poniendo al descubierto la existencia de mafias al respecto, por ello se ha considerado de urgente necesidad proponer el cambio del sentido del silencio.

Los procedimientos de acogimiento y adopcin requieren de igual modo de una reforma urgente, tendente a disminuir las cargas administrativas que, en forma de requerimientos de aportacin de documentos, soportan las personas que se ofrecen para el acogimiento familiar. Entre los objetivos de las polticas pblicas de la Administracin de la Junta de Andaluca se cuenta, por añadidura, la de atender al mandato legal de procurar que las personas menores de edad que se hallan bajo la tutela o la guarda de la Administracin de la Junta de Andaluca se encuentren en entornos familiares antes que institucionales, esto es, se establece una preferencia del rgimen de acogimiento familiar frente al residencial. Considerando el nmero de personas menores de edad que continan acogidas en centros de proteccin de menores, que actualmente supera las dos mil, se hace doblemente necesario reducir los obstculos con que se encuentran las familias con voluntad de acogida, sin merma de las garantas establecidas. Para el logro de esta finalidad se modifica Decreto 282/2002, de 12 de noviembre #(018337)#, de acogimiento familiar y adopcin, con la intencin de actualizar y simplificar la documentacin requerida para la obtencin de la declaracin de idoneidad de las personas interesadas.

En segundo lugar, con la modificacin del Decreto 355/2003, de 16 de diciembre #(018349)#, de acogimiento residencial de menores, se persigue coordinar de manera ms eficaz la distribucin de competencias entre los diferentes rganos que participan en la aprobacin de los instrumentos generales para la planificacin, ejecucin y evaluacin de la accin educativa que deben elaborar los centros de proteccin de menores, como el reglamento de organizacin y funcionamiento del centro y el proyecto educativo.

Igualmente, se estima oportuno, la modificacin de la Orden de 1 de julio #(028468)# de 1997, por la que se regula la acreditacin de los centros de atencin especializada a las personas mayores y personas con discapacidad, y de la Orden de 5 de noviembre #(010888)# de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditacin de los centros para personas mayores en situacin de dependencia en Andaluca, con objeto de afrontar y mejorar la sobrecarga de tareas y trabajo administrativo existente tanto en los centros residenciales que tienen la obligacin de enviar la documentacin, como en los Servicios de Gestin de Servicios Sociales de las Delegaciones Territoriales, que son quienes actualmente recepcionan la documentacin. En la prctica, la verificacin del cumplimiento de las obligaciones de tener los documentos exigidos actualizados se lleva a cabo mediante las actuaciones inspectoras realizadas por los Servicios de Inspeccin Provincial de Servicios Sociales, dentro de los Planes Generales de Inspeccin aprobados para cada año, de manera que es durante el curso de dicha actuacin inspectora que se realiza in situ en el propio centro, en la que se solicita la aportacin de la memoria anual de actividades del centro, y las variaciones y situacin de la plantilla de personal. Por ello resulta imprescindible que con la mayor urgencia la documentacin est grabada, con carcter previo a la realizacin de las actuaciones inspectoras, en la “Plataforma de Gestin de Datos de Centros de Servicios Sociales”, con objeto de que la misma puede ser examinada por el personal inspector previamente a realizar la visita al centro de que se trate, lo que contribuir a que las labores inspectoras se agilicen enormemente, y centrar las mismas en aspectos propiamente asistenciales y de comprobacin del bienestar de las personas que son atendidas en los distintos centros de servicios sociales.

Continuando con las polticas de inclusin social, en materia de dependencia se modifica la Orden de 27 de julio #(056254)# de 2023, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andaluca, establecindose los requisitos y obligaciones necesarios para acceder a la condicin de entidad prestadora del servicio y su mantenimiento, y al procedimiento de obtencin, renovacin y prdida de la acreditacin. Asimismo, se establece un precio mnimo al precio/hora de las adjudicaciones referidas al servicio de ayuda a domicilio, en el mbito del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia en la Comunidad Autnoma de Andaluca, que no podr ser, en ningn caso, inferior al fijado en la resolucin del rgano competente por la que se establezca el coste/hora mximo del citado servicio, en tanto que, en el caso del servicio de ayuda a domicilio, al incluirse en el mbito de los servicios sociales integrados en el Sistema Pblico de Servicios Sociales de Andaluca, nos encontramos ante un sistema de precios regulados, por lo que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que gestionen indirectamente el servicio de ayuda a domicilio mediante contratos administrativos de servicios formalizados con entidades privadas prestadoras del SAD, deben actualizar el precio/hora de los citados contratos de conformidad con la citada Resolucin.

Asimismo, se propone la modificacin del Anexo II de la Ley 9/2001, de 12 de julio #(002172)#, en el que se recogen los procedimientos administrativos autonmicos en los que el silencio administrativo tiene efectos desestimatorios, para incorporar expresamente el procedimiento de reconocimiento de la situacin de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia en Andaluca regulado en el Captulo II del Ttulo XI.

Se modifica el Decreto 388/2010, de 19 de octubre #(009267)#, por el que se regula el rgimen de acceso y traslado de personas en situacin de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de da y de noche, eliminando la prioridad de las resoluciones de traslados frente a las de acceso al servicio y ponderando ambas a la vez, de acuerdo con el orden de prioridad en el acceso a los servicios establecidos en la normativa de aplicacin.

Se ha considerado oportuno, en aras de la simplificacin administrativa, introducir una serie de cambios en los rganos colegiados correspondientes al mbito de los servicios sociales. As el Consejo de Servicios Sociales de Andaluca, creado por la Ley 9/2016, de 27 diciembre #(038262)#, de Servicios Sociales de Andaluca, tiene entre sus funciones, establecidas en Decreto 2/2018, de 9 de enero #(039780)#, por el que se regula la composicin y rgimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de Andaluca, el informe, con carcter previo y preceptivo, de los anteproyectos de ley y proyectos de decreto del Consejo de Gobierno en materia de servicios sociales, as como de determinados instrumentos de planificacin y catlogos de prestaciones. La intervencin del Consejo de Servicios Sociales de Andaluca en los procedimientos de elaboracin de disposiciones normativas est ocasionando una duplicidad de actuaciones de las entidades que lo conforman, que en la mayora de los casos son las mismas a las que se concede trmite de audiencia, bien por tratarse de entidades y organizaciones ms representativas cuyos fines guardan relacin directa con el objeto de la norma, o bien para garantizar el acierto y la legalidad en la confeccin final del texto de la disposicin. Al objeto de corregir esta disfuncin y de evitar la dilacin de procedimientos que ya de por s presentan alguna complejidad, resulta perentorio atribuir carcter facultativo a dichos informes, a cuyo fin se modifican el artculo 41.4 de su ley de creacin y el artculo 3.1 #(039780) ar.3# del Decreto 2/2018, de 9 de enero.

Por el mismo motivo, se modifica el artculo 57 #(038262) ar.57# de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, relativo a la creacin de la Comisin de Coordinacin y Colaboracin de los Servicios Sociales, la cual asume las funciones de rgano permanente de colaboracin entre la Administracin de la Junta de Andaluca y la de las entidades locales. Estas entidades ya cuentan con otros cauces idneos de participacin regulados en la misma norma legal para idnticas funciones, al margen de las previstas en las letras a) y d) del artculo 57.3, de ah que, para eliminar la duplicidad, se supriman ambas letras.

Se introduce igualmente una variacin en el funcionamiento de la Comisin Permanente de Dilogo con la Mesa del Tercer Sector de Andaluca, creada por el Decreto 98/2016, de 10 de mayo #(037443)#, cuyo artculo 4 prev que se rena tres veces al año. Dicha asiduidad se ha demostrado innecesaria, siendo suficiente una reunin anual como se viene haciendo de facto. Se modifica, en consecuencia, el artculo 4.3 del decreto para celebrar una nica sesin anual, lo que resulta ms acorde con las necesidades del funcionamiento de la Comisin.

Tambin en el plano institucional, se modifica el Decreto 1/1989, de 10 de enero #(018340)#, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, para que quede reflejado que estar regido por la persona que ejerce la direccin del mismo.

Dentro del mbito de actuacin del Instituto Andaluz de la Juventud, es objeto de reforma el Decreto 80/1990, de 27 de febrero #(018272)#, por el que se regulan los Centros de Informacin Juvenil y se concretan las condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los mismos por la Comunidad Autnoma Andaluza, que desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley nicamente podrn ser promovidos por personas jurdicas, ante la imposibilidad de las personas fsicas de asumir los gastos en instalaciones y contratacin de personal laboral estable que requiere un servicio cuya prestacin es gratuita.

Por ltimo, se propone la derogacin de la Orden de 11 de junio #(052774)# de 2020, de la Consejera de Salud y Familias, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesin de los premios “Familias Andaluzas”. Ello obedece a la finalidad de darle en ediciones futuras naturaleza jurdica de acto administrativo, en consonancia con la naturaleza de otras convocatorias que se llevan a cabo en este mbito, como la de los Premios Andaluca + Social. Adems, la Orden citada presenta algunas disfunciones necesarias de corregir, puestas de manifiesto en las tres ediciones desarrolladas. Por ejemplo, se considera necesario reformular la categora de familias numerosas, por considerar que se debe primar en este caso no el nmero de hijos que una familia tenga reconocidos en el ttulo de familia numerosa en vigor, sino que sera deseable otorgar este reconocimiento a una familia numerosa que destaque por su trayectoria, actuaciones, en definitiva, por su singularidad en su proceder o manera de aportar a la sociedad, por ser ejemplo de buenas prcticas o ser ejemplar en algn sentido.

La Consejera de Inclusin Social, Juventud, Familias e Igualdad ha tramitado una Orden por la que se efecta la convocatoria del Bono Caresta y se aprueban las bases reguladoras para su concesin. El Bono Caresta, derivado del Pacto Social y Econmico por el impulso de Andaluca, es una ayuda asistencial consistente en un pago nico de 200 euros a familias andaluzas con menores a cargo con la finalidad de generar un impacto positivo directo sobre el poder adquisitivo de stas y salvaguardar su dinmica econmica, afectadas por la sobrecarga que supone el incremento generalizado de los precios de los productos y suministros, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad.

El procedimiento de concesin de las citadas ayudas asistenciales se iniciar a solicitud de la persona interesada, y se tramitar y resolver en rgimen de concurrencia no competitiva. Con el objetivo de conseguir mayor rapidez y eficacia en la gestin del Bono Caresta, se considera fundamental que las solicitudes se presenten de manera exclusivamente electrnica. Al tratarse de una lnea de ayuda de concurrencia no competitiva, en la que se espera una gran cantidad de solicitudes con presentacin simultnea, se hace imprescindible establecer esta obligatoriedad del uso de medios electrnicos para optar a la ayuda.

Por otra parte, para garantizar que las personas potencialmente destinatarias tengan acceso y disponibilidad de los medios electrnicos necesarios, la Administracin de la Junta de Andaluca prestar el apoyo y asistencia a las personas solicitantes que lo precisen contando con la colaboracin de entidades colaboradoras.

Entrando ya en materia de atencin a la dependencia, el marco normativo autonmico lo conforman actualmente el Decreto 168/2007, de 12 de junio #(018762)#, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situacin de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia, desarrollado por la Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de proteccin de los servicios, el rgimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestin de las prestaciones econmicas del Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia en Andaluca, as como el Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el rgimen sancionador del sistema para la autonoma y atencin a la dependencia en Andaluca y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio #(018848)#, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Inspeccin de Servicios Sociales de la Junta de Andaluca.

La normativa autonmica citada slo se ha revisado de forma puntual en aspectos parciales, encontrndose desfasada por los sucesivos cambios normativos autonmicos y estatales que se han producido desde su aprobacin. Este desfase normativo, unido a la falta de regulacin de materias claves en torno al contenido de las prestaciones y a los criterios de acceso a las mismas, impiden abordar los cambios necesarios en la gestin del Sistema tan demandados por la ciudadana andaluza. En este sentido, la falta de adaptacin de la normativa andaluza ha provocado que an existan incongruencias como, por ejemplo, que se mantengan criterios de determinacin de las cuantas de las prestaciones en torno a la clasificacin del reconocimiento de la situacin de dependencia basada en grados y niveles, que se eliminaron por la normativa estatal en el año 2012.

Por todo ello, se hace necesaria y perentoria la formulacin de un nuevo marco normativo andaluz para la dependencia, en bsqueda de una revisin integral del sistema, basado en la simplificacin de los procesos y el desarrollo de las prestaciones de atencin a la dependencia. De este modo, se pretende conseguir la seguridad jurdica que actualmente no se garantiza, recogiendo en un nico texto las medidas urgentes que permitan desburocratizar el procedimiento, agilizar y homogeneizar criterios, al tiempo que se facilita la gestin eficiente de las prestaciones.

El propio Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia, en su sesin de 15 de enero de 2021, acord entre otras medidas, simplificar los trmites administrativos del procedimiento de reconocimiento de la situacin de dependencia y reducir los plazos de resolucin en todo el territorio nacional, as como llevar a cabo posibles mejoras de las prestaciones del Sistema tanto en las cuantas como en las intensidades. Adems, en relacin con la prestacin econmica de asistencia personal, el Consejo Territorial, el 12 de mayo de 2023, adopt un Acuerdo por el que se definen y establecen las condiciones especficas de acceso a esta prestacin.

Por otra parte, el pasado 20 de julio entr en vigor el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre #(033064)#, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia, en el que se modifican aspectos sustanciales de la regulacin contenida en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre #(033064)#. En particular, la nueva norma modifica condiciones de acceso, aumenta cuantas mximas y garantiza cuantas mnimas de prestaciones econmicas, al tiempo que redefine servicios.

En consecuencia, para afrontar los cambios necesarios en la gestin del Sistema orientados a la mejora de la eficiencia y eficacia de los recursos y agilizacin de los procesos, resulta imprescindible y acuciante reformar los trmites administrativos del modelo de procedimiento diseñado hace ms de 16 años, as como ampliar la regulacin de las prestaciones, definiendo el contenido mnimo de las mismas que permita abordar un desarrollo posterior acorde con la regulacin bsica.

As, entre las medidas previstas para agilizar los trmites del procedimiento de reconocimiento de la situacin dependencia y del derecho a las prestaciones, se incluye la realizacin de una nica visita donde se obtendr toda la informacin necesaria para realizar la valoracin del grado de dependencia y la elaboracin del programa individual de atencin y, en consonancia, se dispone que el procedimiento finalice con una nica resolucin administrativa en la que se reconoce a la persona solicitante el grado de dependencia as como la prestacin o prestaciones concretas a las que tiene derecho.

Otra de las novedades ms destacadas es que tanto las valoraciones tcnicas del grado de dependencia como la elaboracin de los programas individuales de atencin se atribuyen por igual a la Consejera competente en materia de dependencia y a los servicios sociales comunitarios de las entidades locales, a los que tambin se asigna la propuesta motivada de la tramitacin preferente de las solicitudes en las situaciones de urgencia o emergencia social.

Por otra parte, junto al procedimiento se aborda de forma conjunta la regulacin de las prestaciones de atencin de dependencia, que engloban tanto los servicios como las prestaciones econmicas. En concreto, se lleva a cabo la definicin bsica del contenido de cada prestacin, y las reglas mnimas que deben tenerse en cuenta para el cmputo de la capacidad econmica y participacin de las personas en financiacin de las prestaciones, as como el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

De esta forma, acorde con la normativa estatal, se completa, y actualiza en parte, la regulacin de la actual Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de proteccin de los servicios, el rgimen de compatibilidad de las Prestaciones y la gestin de las prestaciones econmicas del Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia en Andaluca. En particular, como novedad, se aborda la regulacin de orden de prioridad en el acceso a las prestaciones, siguiendo lo dispuesto en el artculo 14.6 #(005423) ar.14# de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, que prescribe que la prioridad en el acceso a los servicios vendr determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad econmica de la persona solicitante, y en consonancia con ello se prev asimismo la existencia de listas de acceso a los servicios y las prestaciones.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, de Servicios Sociales de Andaluca, dedica el Captulo III del Ttulo III, integrado por los artculos 83, 84, 85, 85 bis y 86, a la autorizacin, la acreditacin administrativa y al Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. La redaccin actual de los citados artculos procede del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo #(052517)#, de mejora y simplificacin de la regulacin para el fomento de la actividad productiva de Andaluca.

El artculo 83 #(038262) ar.83# de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, determina los supuestos en los que los servicios y centros de servicios sociales precisan de autorizacin administrativa, justificando el sometimiento a dicho rgimen en funcin de las prestaciones que desarrollan, algunas ligadas a la salud pblica, as como a razones de inters general. En dicho artculo se establece de forma expresa que, reglamentariamente, se determinarn las condiciones de la autorizacin administrativa y los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitacin del rgimen de declaracin responsable y comunicacin. A continuacin, el artculo 84 dispone que “las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la administracin de servicios sociales debern contar con la correspondiente acreditacin administrativa, en los trminos que reglamentariamente se determinen”.

Si bien el marco legal que regula el rgimen de las Entidades, Centros y Servicios Sociales est definido de acuerdo con lo establecido en el prrafo anterior, su desarrollo reglamentario an no se ha llevado a cabo, siendo el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorizacin, registro, acreditacin e inspeccin de los Servicios Sociales, modificado por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo, la norma bsica de rango reglamentario reguladora del rgimen de autorizaciones, acreditaciones y del registro. El rgimen que establece recoge nicamente autorizaciones y acreditaciones. El procedimiento de autorizacin consta de autorizacin previa, autorizacin de funcionamiento y posibilidad de autorizacin provisional de funcionamiento, a aquellos servicios y centros que, pese a no cumplir alguna de las condiciones mnimas reglamentariamente establecidas, no resulte afectada la seguridad y salud de los usuarios y se comprometan a realizar un plan de adecuacin aprobado por el rgano competente.

A pesar de que ha habido varios intentos de desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, en esta materia, constituidos por el Decreto 187/2018, de 2 de octubre #(050672)#, por el que se aprueba el Reglamento de Comunicaciones, Autorizaciones y Acreditacin Administrativa y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio #(054912)#, por el que se aprueba el Reglamento de Autorizacin administrativa, Declaracin responsable, Comunicacin, Acreditacin y Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluca, ambos han sido derogados, por distintos motivos, antes de su entrada en vigor. Si la reforma del rgimen establecido por el Decreto 87/1996, de 20 de febrero en materia de autorizaciones de entidades, centros y servicios sociales resultaba obligada, al tener que adaptarse imperativamente a las modificaciones introducidas en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo #(052517)#, que oper una profunda revisin del rgimen general de autorizaciones y acreditaciones, la derogacin del Decreto 187/2018, de 2 de octubre #(050672)#, y del Decreto 103/2022, de 14 de junio #(054912)#, no ha hecho sino acrecentar la urgencia y hacer an ms apremiante la necesidad de aprobacin de una nueva disposicin, que cumpla el mandato de desarrollo reglamentario contenido en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#. Esta situacin requiere de una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la tramitacin normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la va de urgencia.

Igualmente, tambin se hace necesaria la adaptacin de la regulacin citada a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre #(060635)# de 2006, relativa a los servicios en el Mercado Interior traspuesta al ordenamiento jurdico español por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre #(007722)#, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objetivo es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de las personas y empresas prestadoras y la libre prestacin de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en stos, as como evitar la introduccin de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, no resulten justificadas o proporcionadas.

Adems, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia ha acordado la fijacin de criterios comunes de acreditacin de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia, en el ejercicio de la competencia que le atribuye, con carcter de norma bsica, el artculo 34 #(005423) ar.34# de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia. A tal efecto, mediante Resolucin de 28 de julio de 2022, la Secretara de Estado de Derechos Sociales aprob el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditacin y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonoma y Atencin a la Dependencia (SAAD). El acuerdo impone requisitos comunes de acreditacin aplicables, entre otros, a los centros residenciales, sobre recursos materiales, equipamiento, requisitos y estndares sobre personal y calidad en el empleo, tanto en nmero de profesionales, como en su cualificacin, formacin y condiciones laborales, al mismo tiempo que establece mecanismos y condiciones para garantizar la participacin, la autonoma y la preservacin de los derechos a las personas usuarias, as como la personalizacin de los apoyos que reciben.

Por todo lo expuesto, es indispensable el establecimiento de un modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, mayor eficacia y eliminacin de obstculos a las actividades de prestacin de servicios sociales, que ofrezca un rgimen de autorizacin en correspondencia con lo determinado en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, menos restrictivo, a la vez que plenamente garantista en la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias y, en especial de los sectores de poblacin ms vulnerables.

La modificacin que el presente Decreto-ley opera sobre la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, suprimiendo la autorizacin provisional y estableciendo el sentido positivo del silencio, junto con la derogacin del rgimen de autorizacin previa establecido en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, supone una primera medida de simplificacin y reduccin de cargas, agilizando considerablemente los procedimientos para la puesta en funcionamiento y modificacin sustancial de los centros y servicios sociales que requieran de autorizacin administrativa, ya que la regulacin de un nico tipo de autorizacin permite en la prctica una reduccin del plazo para la concesin de las mismas a tres meses como mximo.

Dentro del conjunto de medidas que el nuevo procedimiento de autorizacin administrativa, declaracin responsable, comunicacin, acreditacin y el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andaluca recoge en aras de la simplificacin de los procedimientos administrativos, destaca la limitacin de la reserva del rgimen de autorizacin administrativa para la puesta en funcionamiento y modificacin sustancial de centros y servicios de da, de noche y de atencin residencial. Se impulsa, de este modo, la transformacin del rgimen de intervencin sobre las actividades de las entidades, centros y servicios sociales de Andaluca, en el que la declaracin responsable y la comunicacin pasan a tener una mayor relevancia frente al sistema anterior de autorizaciones. As se establece el rgimen de declaracin responsable para los supuestos de cambio de titularidad de cualquier centro y servicio, renovacin de la acreditacin administrativa y en los supuestos de puesta en funcionamiento o modificacin sustancial de centros de servicios sociales comunitarios, comedores sociales para personas en situacin o riesgo de exclusin social y centros de baja exigencia para personas sin hogar y el rgimen de comunicacin para la creacin, construccin o modificacin no sustancial de cualquier centro, para el inicio de la prestacin de un servicio, el cierre de centro o cese de servicio por cualquier causa, as como su reapertura y la puesta en funcionamiento o modificacin sustancial de los centros sociales para personas con enfermedad mental, centros socioculturales gitanos y los centros de participacin activa de personas mayores.

Por otro lado, las solicitudes de autorizacin y acreditacin administrativa, as como las declaraciones responsables y las comunicaciones, se presentarn a travs del Registro Electrnico nico de la Junta de Andaluca utilizando los formularios que figuran en los anexos del Reglamento. Asimismo, las entidades, los servicios y los centros de servicios sociales debern facilitar la informacin que se le sea requerida a travs de la Plataforma de Cesin de Datos de Centros de Servicios Sociales de la Consejera competente en materia de servicios sociales, a la que incorporarn toda la informacin solicitada y la mantendrn actualizada de manera permanente, lo que permitir conocer en tiempo real la situacin de la red de centros en Andaluca.

Es igualmente reseñable, por su previsible repercusin, el novedoso rgimen de las autorizaciones especficas que, desarrollando los artculos 65 #(038262) ar.65# y 66 #(038262) ar.66# de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, est destinado a fomentar las actividades de innovacin, entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperacin que incrementen la capacidad de la ciudadana para actuar colectivamente, y a impulsar la gestin del conocimiento y una cultura innovadora entre los distintos agentes e instituciones pblicas y privadas que forman parte del sistema. As como, la determinacin de los requisitos especficos de calidad necesarios para la acreditacin administrativa de los servicios mediante resolucin del rgano competente. Por ltimo, se prev la posibilidad de solicitar la autorizacin para el funcionamiento o de modificacin sustancial y la acreditacin administrativa de forma simultnea, resolvindose en este supuesto conjuntamente.

Todo lo anterior configura un modelo ms simple, flexible y adecuado a la realidad del sector dedicado a las actividades de prestacin de servicios sociales suponiendo la eliminacin de obstculos a las mismas, sin olvidar, que con el rgimen de declaracin responsable o comunicacin previa el ejercicio de la actividad est condicionado a que la persona interesada ponga en conocimiento de la Administracin, de manera preceptiva, no slo la intencin de iniciar la actividad sino que est en condiciones de ejercerla porque rene los requisitos impuestos para el ejercicio de la misma y est en posesin de la documentacin que lo acredita la cual pone a disposicin de la Administracin para cuando le sea requerida. Corresponden a la Administracin las potestades de comprobacin, control e inspeccin, la cual habr de constatar y comprobar que la actividad se desarrolla conforme al ttulo habilitante para el ejercicio de la misma.

En el presente caso, el fin que justifica la legislacin de urgencia, es la necesidad de abordar el desarrollo reglamentario de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre #(038262)#, tras la derogacin antes de su entrada en vigor del Decreto 187/2018, de 2 de octubre #(050672)#, y posteriormente por el Decreto 103/2022, de 14 de junio #(054912)#. Esta situacin requiere de una accin normativa inmediata en un plazo ms breve que el requerido por la tramitacin normativa reglamentaria, sea por el procedimiento ordinario o por la va de urgencia.

Por ltimo hay que hacer referencia a la competencia de la Consejera de Inclusin Social, Juventud, Familias e Igualdad en la proteccin jurdica y social que prestan las entidades tutelares, en cuyos patronatos participa la Junta de Andaluca, as como las competencias que ejerza la Comunidad Autnoma en relacin con el desarrollo, impulso y seguimiento de la Ley 8/2021, de 2 de junio #(053834)#, por la que se reforma la legislacin civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurdica.

Hasta la fecha, la Junta de Andaluca ha ejercido esta competencia a travs de ocho fundaciones de carcter privado, en las que ha participado mediante la presencia en sus patronatos, adems de colaborar en su financiacin mediante subvenciones nominativas anuales aprobadas por el Parlamento de Andaluca en las correspondientes leyes del Presupuesto. De este modo, las Fundaciones de Apoyo han venido asumiendo los cargos de apoyo (guarda de hecho, curatela representativa o asistencial, antiguas tutelas an sin revisar o defensas judiciales) de aquellas personas que no cuentan con familiares o allegados, o bien los tienen, pero no se consideran apropiados por parte de la autoridad judicial.

No obstante, con fecha 17 de octubre de 2023, la Fundacin Hispalense de Apoyos ha presentado peticin de concurso de acreedores voluntario, lo que supone que no est en disposicin de seguir prestando servicio a las personas a las que ha venido apoyando hasta la fecha. Se trata de personas en situacin de vulnerabilidad extrema, tanto por su necesidad de apoyo para poder ejercer su capacidad jurdica, como por la inexistencia de una red familiar o de allegados que pueda apoyarles. Esta situacin ha llevado aparejada la adopcin de una serie de medidas de emergencia por la Administracin de la Junta de Andaluca para garantizar la atencin de dichas personas.

De ah que se haga necesario regular y definir la prestacin del servicio social especializado de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurdica, que se incorpora al Catlogo de Prestaciones del Sistema Pblico de Servicios Sociales y cuyo contenido se delimitar reglamentariamente.

En la configuracin del servicio se ha tenido en cuenta la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio #(053834)#, en aras a que las medidas de apoyo permitan un desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurdico de la persona apoyada.

XX

La reciente publicacin del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los Anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, de evaluacin ambiental, llevada a cabo para garantizar una adecuada transposicin a nuestro ordenamiento jurdico de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre #(025511)# de 2011, relativa a la evaluacin de las repercusiones de determinados proyectos pblicos y privados sobre el medio ambiente, ha supuesto que muchas actuaciones que antes estaban eximidas de evaluacin de impacto ambiental pasen a estarlo, bien porque han desaparecido los umbrales exentos o porque aun estando por debajo de dichos umbrales, cumplen una serie de criterios generales recogidos en el Anexo III, que las obligan a someterse a evaluacin de impacto ambiental simplificada.

La estrecha relacin entre las actuaciones sometidas a evaluacin de impacto ambiental y los instrumentos de prevencin y control ambiental de aplicacin, unido a los cambios que se prevn en la legislacin bsica en cuanto a instalaciones sometidas a autorizacin ambiental integrada, por la modificacin de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre #(009553)# de 2010, sobre las emisiones industriales (prevencin y control integrados de la contaminacin), ha servido como reactivo para promover una reestructuracin de dichos instrumentos y de sus mbitos de aplicacin. Todo ello unido a la necesidad de abordar actuaciones de mejora y simplificacin administrativa que permitan mejorar y optimizar la tramitacin de los instrumentos, conservando el concepto de “ventanilla nica” que ya fue abordado desde su inicio en la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#.

De este modo, se ha creado un nuevo instrumento de prevencin y control ambiental, la denominada autorizacin ambiental unificada simplificada; se ha eliminado el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, referencindose las actividades sometidas a cada instrumento a los anexos que correspondan de la normativa bsica estatal; se ha mantenido la calificacin ambiental, si bien con modificaciones, y se establece un nuevo Anexo I en la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, para identificar las actuaciones sometidas a ese instrumento y a declaracin responsable de los efectos ambientales.

A partir de ahora, y de acuerdo con lo establecido en el mbito de aplicacin de cada instrumento, se sometern a autorizacin ambiental integrada (en adelante, AAI), las instalaciones incluidas en el Anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre #(038292)#, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevencin y control de la contaminacin; a autorizacin ambiental unificada (en adelante, AAU), las actuaciones incluidas en el Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, y que no estn sometidas AAI; al nuevo instrumento de autorizacin ambiental unificada simplificada, las actuaciones incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, y que no sean AAI, sin perjuicio de las que deban someterse a calificacin ambiental, que se establecen en el nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, como se expone ms adelante. As, cualquier cambio producido en la normativa bsica en estas categoras de actuaciones, directamente se trasladar a los instrumentos de prevencin y control.

Este nuevo instrumento, la autorizacin ambiental unificada simplificada (en adelante, AAUS), se constituye como una medida de mejora y simplificacin administrativa que impulse y estimule la actividad econmica en Andaluca, permitiendo para las actuaciones en su mbito de aplicacin una agilizacin de procedimientos y cargas administrativas, integrando en una nica resolucin el resultado de su evaluacin ambiental y una serie de autorizaciones y pronunciamientos ambientales, que constituyen un listado ms reducido que en la AAU, y que permitirn obtener esta autorizacin en un plazo de cinco meses.

Por otra parte, la modificacin de los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, ha provocado que actuaciones que antes no se sometan a evaluacin de impacto ambiental, por no estar en dichos anexos, y en Andaluca se sometan a calificacin ambiental, ahora pasen a estar en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, y, por tanto, bajo el alcance de la evaluacin ambiental simplificada. En estas circunstancias, y partiendo de la premisa de mantener bajo competencia municipal la evaluacin de impacto ambiental de las actuaciones que antes se encontraban en calificacin ambiental, se ha elaborado un nuevo Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, denominado “Categoras de actuaciones sometidas a Calificacin Ambiental y a Declaracin Responsable de los efectos ambientales”. Tanto en el articulado de la modificacin de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, como en este nuevo Anexo I, se hace una distincin entre las categoras de calificacin ambiental, diferenciando aquellas actuaciones que deban integrar el resultado de la evaluacin de impacto ambiental simplificada, por encontrarse incluidas en el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 diciembre #(032901)#. En este caso, ser de aplicacin lo establecido en la Seccin 2.ª de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, con las adaptaciones de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, y sus desarrollos reglamentarios. Como informacin complementaria, indicar que no hay ninguna categora de actividad sometida a calificacin ambiental que deba integrar el resultado de la evaluacin de impacto ambiental ordinaria.

Como ya se ha explicado, en este nuevo Anexo I se han incluido bsicamente las mismas categoras de actuaciones que ya estaban sometidas a calificacin ambiental y a declaracin responsable de los efectos ambientales en el Anexo I de la Ley 7/2007, vigente antes de la actual modificacin, si bien, ha sido necesaria la modificacin de la redaccin de cada epgrafe, para adecuarlo a la redaccin del Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, por existir actividades sometidas a calificacin ambiental que deben integrar el resultado de la evaluacin de impacto ambiental simplificada, ya que en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, antes de su modificacin, algunas de las actuaciones sometidas a calificacin ambiental no tenan redaccin propia, sino que se referenciaban a otros epgrafes del mismo, de modo que ciertas actividades se sometan a AAI y/ AAU y/o CA, segn umbrales.

As pues, se acomete una modificacin de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, que facilita la tramitacin de los procedimientos para la obtencin y modificacin de las autorizaciones ambientales sobre actividades que tienen un gran impacto sobre el desarrollo econmico y social, se promueven inversiones productivas y el desarrollo de proyectos empresariales solventes y sostenibles que generan riqueza en nuestra comunidad, conjugando la debida proteccin del medio ambiente y los intereses generales de la ciudadana.

Junto a la restructuracin de los instrumentos de prevencin y control ambiental, se efectan diversas modificaciones que inciden directamente en la mejora de la calidad regulatoria y en la seguridad jurdica; se ajusta la alineacin con la normativa bsica estatal y se simplifica la normativa aplicable, reducindose en la medida de lo posible plazos y trabas administrativas.

En consonancia con lo anteriormente descrito, dentro del Ttulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se modifica el artculo 16, mediante la inclusin de la AAUS entre los instrumentos de prevencin y control ambiental. Por otra parte, se añade un artculo 16 bis que regula la “Integracin del procedimiento de evaluacin de impacto ambiental” en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS con la del respectivo procedimiento de otorgamiento de dichos instrumentos, de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, y las adaptaciones a esta norma establecidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, y sus desarrollos reglamentarios. Dicho precepto establece que en las actuaciones sometidas a AAI, AAU y AAUS, las funciones atribuidas al rgano sustantivo y al rgano ambiental en el artculo 11 de la norma estatal, sern ejercidas en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca, por la Consejera competente en materia de medio ambiente, que llevar a cabo la instruccin y resolucin de dichos procedimientos, salvo en los casos establecidos en el artculo 27.4 #(005932) ar.27# de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Asimismo, se modifica con carcter general el artculo 19, relativo a definiciones, para adaptar su contenido a la legislacin bsica estatal tanto en materia de prevencin y control de la contaminacin como en materia de evaluacin de impacto ambiental. Igualmente, se adapta la norma a la distribucin de competencias establecida tras la aprobacin del Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio #(055180)#, sobre reestructuracin de Consejeras, y ms concretamente, mediante el Decreto 157/2022, de 9 de agosto #(055100)#, por el que se establece la estructura orgnica de la Consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, destacando la asignacin a esta Consejera de las competencias en materia de agua que hasta este momento venan correspondiendo a la Consejera competente en materia de medio ambiente. Adems, se introduce en dicho artculo 19, la definicin del nuevo instrumento de prevencin y control ambiental de AAUS y que consiste en una resolucin de la Consejera competente en materia de medio ambiente en la que se determina, a los efectos de proteccin del medio ambiente, la viabilidad de la ejecucin y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorizacin conforme a lo previsto en esta ley. En la AAUS se integrarn las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejera competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, e incluir el resultado de la evaluacin de impacto ambiental.

En la Seccin 2.ª del Captulo II del Ttulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, que regula la AAI se lleva a cabo una actualizacin del contenido haciendo referencia expresa al texto refundido de la Ley de prevencin y control integrados de la contaminacin #(001710)#, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre #(038292)#.

La Seccin 3.ª del Captulo II del Ttulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se modifica a lo largo de su articulado, estableciendo las determinaciones normativas tanto para la AAU como para la AAUS y en consonancia con ello, pasa a denominarse “Seccin 3.ª Autorizacin ambiental unificada y autorizacin ambiental unificada simplificada”.

Destaca, asimismo, la adicin de un nuevo apartado 4 en el artculo 27 #(005932) ar.27# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, que regula el procedimiento de AAU y AAUS en actuaciones promovidas por la Administracin de la Junta de Andaluca o entidades de derecho pblico dependientes de la misma, as como las declaradas de utilidad e inters general, en el que se introduce la posibilidad de aplicacin de esta particularidad procedimental tambin a aquellas actuaciones en las que el otorgamiento de la autorizacin sustantiva corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca.

En el procedimiento de AAU desarrollado en el artculo 31 #(005932) ar.31# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se modifican varios aspectos, entre los que cabe mencionar el referido al informe de compatibilidad con el planeamiento urbanstico, como parte de la documentacin que se debe presentar junto con la solicitud de AAU cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administracin de la Junta de Andaluca o entidades de derecho pblico dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendr que presentar el informe de compatibilidad urbanstica ante el rgano ambiental, sino ante el rgano sustantivo.

Por otra parte, en relacin con la valoracin de impacto en la salud a acompañar junto a la solicitud de autorizacin de AAU, se modifica el texto normativo para adaptarlo a lo regulado al respecto en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre #(025340)#, de Salud Pblica de Andaluca, y su normativa de desarrollo. En cuanto al procedimiento de la AAUS, se incluye una nueva redaccin del artculo 32 #(005932) ar.32# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para incluir la descripcin del mismo.

El artculo 35 se renombra para incluir el “inicio de la actividad”. A este respecto, se modifica el apartado 2 del mismo exigiendo, para iniciar la actividad, la presentacin de una declaracin responsable y eliminando la obligacin de presentar una certificacin acreditativa del tcnico director de la actuacin.

En la Seccin 4.ª del Captulo II del Ttulo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se adeca el contenido del artculo 38 #(005932) ar.38# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, corrigiendo as la errata introducida con motivo de la modificacin de este precepto por la disposicin final segunda de la Ley 3/2023, de 30 de marzo #(055872)#, de Economa Circular de Andaluca.

En la Seccin 5.ª se modifican los artculos 41 a 44, ambos inclusive, completando los instrumentos de prevencin y control ambiental con la calificacin ambiental, cuya competencia corresponde a los Ayuntamientos, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonoma local de Andaluca. Asimismo, se clarifica la norma adaptando las cuestiones relativas a la regulacin del procedimiento de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre #(032901)#, en cuanto a la integracin del procedimiento de evaluacin de impacto ambiental de actuaciones y proyectos en los casos en los que sea de aplicacin. En concreto, en el artculo 44 #(005932) ar.44# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, se mejora la redaccin del apartado 2; se modifica el apartado 3 que determina la regulacin para los casos en los que las actuaciones sometidas a calificacin ambiental requieran de autorizacin sustantiva por parte de un rgano de otra Administracin pblica; se establece, en el apartado 6, el plazo de resolucin de la calificacin ambiental, indicando, in fine, que la falta de emisin de la calificacin ambiental en el plazo legalmente establecido, en ningn caso podr entenderse que equivale a una calificacin ambiental favorable y, se determina, en el apartado 7, que el contenido ntegro de la calificacin ambiental estar a disposicin de los administrados en la pgina web del Ayuntamiento, y se publicar en el Boletn Oficial de la Provincia.

Adems, se incorpora un nuevo artculo 44 bis que regula, las especificaciones del procedimiento de calificacin ambiental que debe incluir el resultado de la evaluacin de impacto ambiental simplificada. Este procedimiento contiene un anlisis de las repercusiones ambientales que una determinada actuacin pueda ejercer sobre el medio ambiente, prev la participacin e informacin a travs del trmite de consultas a las administraciones pblicas afectadas, regula el contenido de la solicitud y contempla un pronunciamiento expreso del rgano ambiental.

Asimismo, se modifican los artculos 122 #(005932) ar.122#, 123 #(005932) ar.123#, 124 #(005932) ar.124#, 158 #(005932) ar.158# y 159.1 #(005932) ar.159# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para adaptar las disposiciones sobre responsabilidad medioambiental a las previsiones de la Ley 26/2007, de 23 de octubre #(006082)#, de Responsabilidad Medioambiental, en lo referente a la regulacin de las obligaciones y garantas financieras, la integracin del rgimen sancionador de dicha Ley en el mbito de aplicacin de la misma y la determinacin de la competencia de la Administracin de la Junta de Andaluca, a travs de la Consejera competente, para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de responsabilidad medioambiental, entre otros aspectos.

Por otro lado, dentro de la Seccin 1.ª del Captulo III del Ttulo VIII de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se modifican los artculos relativos a infracciones y sanciones con el fin de alinear los instrumentos de AAUS y calificacin ambiental a lo dispuesto en la normativa bsica en esta materia, y en particular al incorporar en las actuaciones sometidas a calificacin ambiental, cuando proceda, el resultado de la evaluacin de impacto ambiental simplificada.

Por cuanto respecta a la disposiciones adicionales de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se modifica la disposicin adicional sexta, relativa a actividades que usan disolventes orgnicos, incorporando una referencia expresa a la AAUS, y se incluye, una nueva disposicin adicional octava, estableciendo en relacin con los instrumentos de control de la contaminacin ambiental que se regulen reglamentariamente, que stos integrarn en su desarrollo el instrumento de AAUS para aquellas actividades a las que les sea de aplicacin, segn lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 27 de esta Ley.

Por ltimo, y como antes qued avanzado, se suprime el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, que estaba vigente hasta ahora crendose un nuevo Anexo I referente a las categoras de actuaciones sometidas a calificacin ambiental y a declaracin responsable de los efectos ambientales.

Como consecuencia de la modificacin de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, realizada mediante este Decreto-ley, se lleva a cabo la del Decreto 356/2010, de 3 de agosto #(008686)#, por el que se regula la autorizacin ambiental unificada, se establece el rgimen de organizacin y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevencin y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmsfera y de las instalaciones que emitan compuestos orgnicos voltiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental.

As, con respecto a su Captulo III se adeca su contenido tras las modificaciones realizadas de los artculos 31 #(005932) ar.31# “Procedimiento de la autorizacin ambiental unificada” y 32 #(005932) ar.32# “Procedimiento de la autorizacin ambiental unificada simplificada” de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Asimismo, se renombra el captulo para introducir el nuevo instrumento de AAUS. El artculo 16 #(032901) ar.16#, sobre documentacin, se modifica en sus apartados 1 #(032901) ar.1# y 3 #(032901) ar.3# para adaptarlo tanto a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, como a las modificaciones que se acometen en el antes citado artculo 31 #(005932) ar.31# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en relacin con la valoracin de impacto en salud, la cual deber acompañarse a la solicitud de AAU con el contenido establecido en la Ley de Salud Pblica y su normativa de desarrollo.

Asimismo, se destaca la modificacin operada en el artculo 17.1 #(005932) ar.17# respecto de la solicitud de Informe de compatibilidad con el planeamiento urbanstico, de modo que para adecuarse a la Ley 7/2007, de 9 de julio, se excluye la presentacin del referido informe como parte de la documentacin que se debe presentar junto con la solicitud de AAU y/o AAUS cuando se trate de actuaciones promovidas por la Administracin de la Junta de Andaluca o entidades de derecho pblico dependientes de la misma, en cuyo caso no se tendr que presentar el informe de compatibilidad urbanstica ante el rgano ambiental, sino ante el rgano sustantivo.

Como parte del conjunto de medidas de simplificacin administrativa y de mejora de la regulacin, entre otros preceptos, se modifica el artculo 22 relativo al trmite de audiencia, disminuyendo el plazo establecido de “quince” a “diez” das, en consonancia con lo establecido en el artculo 82 #(013300) ar.82# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Por otro lado, se lleva a cabo la modificacin del artculo 25, referente al contenido de la AAU, en el sentido de añadir la obligacin de comunicacin a las Consejeras competentes en materia de medio ambiente y en materia de agua, en su caso, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorizacin, conforme a los establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, lo cual aporta mayor seguridad jurdica, en torno a esta importante cuestin.

Se modifica el ttulo de la Seccin 4.ª del Decreto, que pasa a denominarse “Procedimiento de autorizacin ambiental unificada simplificada” en consonancia con la modificacin de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, en ese sentido. Esta seccin constaba de un solo artculo, el artculo 27, que desarrollaba el procedimiento abreviado, el cual desaparece, lo que ha llevado a la modificacin de dicho artculo y a la inclusin de los nuevos artculos 27 bis, ter, quter, quinquies, sexies, septies y octies, para regular la autorizacin ambiental unificada simplificada, desarrollando su contenido de manera independiente y ordenando todas las fases de dicho procedimiento, esto es, solicitud, documentacin, compatibilidad con la normativa ambiental, consulta, finalizacin de la AAUS, resolucin, contenido de la AAUS y concurrencia con otros instrumentos administrativos, respectivamente.

El Captulo IV, del Decreto 356/2010, de 3 de agosto #(008686)#, pasa a denominarse “Actuaciones promovidas por la Administracin de la Junta de Andaluca, as como las declaradas de utilidad e inters general de Andaluca o aquellas en las que el otorgamiento de la autorizacin sustantiva corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca”, que se modifica con el objetivo de introducir la aplicacin de este procedimiento tambin a aquellas actuaciones a las que el otorgamiento de la autorizacin sustantiva corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca y, extender la aplicacin del mismo, para las actividades en l descritas, en el caso de AAUS.

En ese sentido, se modifica el artculo 30, relativo a cuestiones generales, para incluir la referencia al nuevo procedimiento de AAUS y ampliar su contenido abarcando aquellas actuaciones cuya autorizacin sustantiva corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca. En la misma lnea, se modifica el artculo 32 ampliando, por una parte, su alcance a las actuaciones privadas declaradas de utilidad e inters general de Andaluca, as como a las que el otorgamiento de la autorizacin sustantiva corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca, y por otra, reduciendo, en su apartado 3, el plazo del trmite de audiencia del dictamen ambiental en concordancia con lo establecido en el artculo 82 #(013300) ar.82# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y como medida de simplificacin administrativa y de mejora de la regulacin. Por otra parte, se incluyen los nuevos preceptos 31 bis y 32 bis, al objeto de regular las distintas especificidades del nuevo procedimiento de AAUS en el articulado de la norma.

En el ttulo del artculo 40 se sustituye la expresin “puesta en marcha” por “inicio de actividad”, por coherencia y adecuacin a los trminos empleados en el Decreto 5/2012, de 17 de enero y en la nueva modificacin de artculo 35 #(005932) ar.35# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, el cual regula la comprobacin e inicio de la actividad, y se modifican tambin los artculos 41 “Control de actuacin” y 48 “Estructura del Registro”, para incluir, siguiendo la misma lnea a lo largo del texto normativo, la oportuna referencia al nuevo instrumento de prevencin y control ambiental de AAUS.

Asimismo, se introduce una modificacin respecto de la disposicin final segunda “Habilitacin y ejecucin para la adecuacin de anexos”, para regular las competencias para el desarrollo y ejecucin que en todo caso recaen sobre la persona titular de la Consejera competente en medio ambiente.

Por ltimo, respecto a las modificaciones realizadas en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto #(008686)#, se ven modificados tambin sus diferentes anexos. As, se suprime el Anexo I por los motivos que ya han sido expuestos, y se introduce un nuevo Anexo I denominado “Autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorizacin ambiental unificada simplificada”. Se elimina el Anexo III para su adaptacin a la modificacin que se acomete de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, a este respecto, as como del Anexo IV tras la supresin del procedimiento abreviado de autorizacin ambiental unificada. Se modifica el Anexo VI, referido a la documentacin de autorizaciones sectoriales, mediante la supresin de los apartados 3, 4 y 9 del mismo, y finalmente, se eliminan en el Anexo VIII una serie de autorizaciones sectoriales relacionadas con las autorizaciones en dominio pblico hidrulico y zona de polica, autorizacin de actividades en espacios naturales protegidos de Andaluca o relacionadas con el litoral, biodiversidad o vas pecuarias, con objeto de dotar de una mayor agilizacin el procedimiento de autorizacin ambiental unificada.

Igualmente se aborda la modificacin del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorizacin ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto #(008686)#, por el que se regula la autorizacin ambiental unificada, para aportar seguridad jurdica para los operadores al adaptar la normativa autonmica a la normativa estatal bsica, evitando interpretaciones perjudiciales y posibilitando la adaptacin tcnica de los anexos de una manera ms gil, facilitando as la tramitacin de los procedimientos para la obtencin y modificacin de la autorizacin ambiental integrada sobre actividades que en gran medida tienen o pueden tener un impacto importante sobre el desarrollo econmico y social.

En este mbito tiene carcter de normativa estatal bsica, el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre #(032670)#, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencin y control integrados de la contaminacin, cuyas modificaciones requieren la adaptacin del Decreto 5/2012, de 17 de enero, a fin de adecuar el procedimiento de la autorizacin ambiental integrada. As, entre los artculos que se modifican con tal finalidad, se señalan los artculos 2.1.a) y 2.2 “mbito de aplicacin”, 3 “Finalidad de la AAI”, y 6 “Modificacin de instalaciones con AAI”.

Por otro lado, se modifica el artculo 14 “Documentacin” para eliminar la necesidad de presentar la solicitud de licencia municipal y en conexin con ello, se suprime tambin dicho aspecto del apartado 2 del artculo 18 “Informacin pblica” para separar el trmite de la licencia municipal de actividad de la informacin pblica de la AAI, al ser la obtencin de la licencia municipal una obligacin del promotor, independientemente de la AAI y su normativa de aplicacin. En ese sentido, expresamente se señala en la normativa de AAI que sta no exime al titular de la obligacin de obtener las licencias/autorizaciones que correspondan en base a otra legislacin que le resulte aplicable.

Tambin se modifican los artculos 19 y 20 para agilizar la peticin de informes, principalmente al organismo de cuenca intercomunitaria, lo cual redunda en la idea de aportar mayor agilidad, eficacia y eficiencia al procedimiento. En la misma lnea, se modifica el artculo 22 #(013300) ar.22#, relativo al “trmite de audiencia”, en el que actualmente el plazo para el trmite de audiencia en el procedimiento de AAI se establece en mnimo de 15 #(013300) ar.15# das y, al no contemplarse en la normativa bsica estatal sobre el procedimiento de AAI plazo alguno, se reduce a 10 #(013300) ar.10# das, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Por otro lado, se ampla el contenido del artculo 24.3 como consecuencia de la modificacin del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio #(001710)#, de prevencin y control integrados de la contaminacin, aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre #(032670)#, indicando respecto a la resolucin por la que se otorga, modifica o revisa la AAI que se enviar a los ayuntamientos el anuncio de la puesta a disposicin del pblico de las resoluciones de otorgamiento, modificacin sustancial o revisin de la autorizacin, para su exhibicin en los tablones de anuncios de los ayuntamientos en los que estn ubicadas las instalaciones por un plazo mnimo de veinte das naturales.

Igualmente se modifican de los artculos 28 “Iniciacin del procedimiento”, 29 “Solicitud de autorizacin ambiental integrada y trmites de informacin pblica y consulta” y 30 “Formulacin y remisin de la declaracin de impacto ambiental”, con objeto de adaptar el procedimiento de la autorizacin ambiental integrada a la actual legislacin bsica en la materia, para una mejora de la regulacin, as como tambin solventar divergencias y evitar interpretaciones.

Por otra parte, se modifican los anexos del Decreto y se elimina el Anexo I referente a las instalaciones afectadas por AAI segn el Anexo I la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental, quedando sin contenido. Se lleva a cabo una modificacin del Anexo II en relacin con las autorizaciones ambientales que se integran, en su caso, en la autorizacin ambiental del integrada, y se elimina el Anexo VI, relativo a la documentacin para el Estudio de Impacto Ambiental, quedando sin contenido. Se suprimen los apartados 3,5, y 9 del Anexo VII, en cuanto a documentacin para autorizaciones sectoriales y, tambin en relacin con estos anexos, se modifica la disposicin final segunda del Decreto con el objeto de facultar a la persona titular de la Direccin General competente en materia de prevencin y control ambiental para la modificacin de los Anexos II, III, IV, V, y VII.

Por ltimo, respecto a las modificaciones de normas reglamentarias relacionadas con la modificacin de la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, se modifica el Reglamento de Calificacin Ambiental aprobado mediante Decreto 297/1995, de 19 de diciembre #(018113)#. En concreto, se modifica el artculo 16, que viene a regular el plazo para la resolucin del procedimiento y los efectos del silencio administrativo, teniendo en cuenta el artculo 10 #(032901) ar.10# de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se cambia el sentido del silencio administrativo, recogindose en la norma expresamente que, transcurrido el plazo previsto sin haberse dictado resolucin expresa de calificacin ambiental, en ningn caso podr entenderse que equivale a una calificacin ambiental favorable. Finalmente, al desaparecer la figura de la calificacin ambiental presunta por silencio positivo, se elimina dicha mencin en el apartado 3 y se suprime el apartado 4 de este artculo 16.

Finalmente, se contempla el correspondiente rgimen transitorio a aplicar a las actuaciones que cuenten con instrumentos de prevencin y control ambiental a la fecha de entrada en vigor del Decreto-ley, as como para los procedimientos para la obtencin de instrumentos de prevencin y control ambiental iniciados con anterioridad a dicha entrada en vigor, que continuarn su tramitacin conforme a la normativa anterior.

Tambin se recoge dentro de este Captulo I la modificacin de otras nomas. As, se modifica el Decreto 239/2011, de 12 de julio #(013355)#, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosfrico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluacin de la Calidad del Aire en Andaluca, en concreto su Disposicin final cuarta para habilitar que la modificacin de sus Anexos III, IV, VII y VIII recaiga en un rgano administrativo de menor rango y facilitar as la gestin administrativa de los procedimientos administrativos correspondientes.

Se modifica tambin el Reglamento de Residuos de Andaluca, aprobado mediante Decreto 73/2012, de 22 de marzo, en concreto su artculo 72 #(054696) ar.72#, ante la necesidad de aumentar la vigencia de los convenios relativos a la gestin de los residuos, y ello porque la reciente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economa circular, dedica su Ttulo IV a la “Responsabilidad ampliada del productor del producto”, regulando entre otros aspectos, los mecanismos de colaboracin de los sistemas con otros intervinientes en la gestin, es decir, los convenios con las administraciones pblicas que intervienen en la gestin de los residuos, y los acuerdos con otros operadores para la organizacin y financiacin de la gestin de los residuos, pero sin establecer de manera especfica la duracin que han de tener tales Convenios lo que llevara a aplicar lo dispuesto en el artculo 49.h) #(036563) ar.49# de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, es decir, un plazo de cuatro años que resulta insuficiente para posibilitar a las partes acordar un marco jurdico ms estable y duradero.

Por otro lado, se incluye en las disposiciones derogatorias la derogacin de la Orden de 14 de mayo #(028496)# de 1999, por la que se establece el procedimiento para la obtencin del certificado de convalidacin de inversiones destinadas a la proteccin del medio ambiente, al haber quedado obsoleta e inaplicable por la modificacin de la normativa bsica de la que traa causa.

El Captulo II de este Ttulo recoge modificaciones normativas en materia de cambio climtico. Y es que en el contexto actual de crisis energtica, se hace ms necesaria y urgente que nunca la adopcin de medidas que faciliten la transicin hacia un nuevo modelo energtico en Andaluca en el que la ejecucin de proyectos de absorcin de carbono pueden ser una herramienta clave para contribuir a la conservacin y restauracin de nuestro medio natural y su biodiversidad, aumentando la capacidad de sumidero de nuestros hbitats y, por otro lado, solucionando cierta desventaja competitiva de Andaluca en la ejecucin de este tipo de proyectos frente al resto del territorio nacional. A esta finalidad responde la modificacin del artculo 37 #(050657) ar.37# de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climtico y para la transicin hacia un modelo energtico en Andaluca, con el objetivo de incluir la posibilidad de que se puedan articular la ejecucin de proyectos de absorcin de emisiones a travs de la suscripcin por la Consejera competente en materia de medio ambiente de convenios de colaboracin pblico-privada, los cuales podrn tener una duracin acorde a la vida til de dichos proyectos, en funcin de sus distintas tipologas, atendiendo as la demanda de organizaciones y empresas que, de manera voluntaria, dentro de sus programas de responsabilidad corporativa, quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y estn interesadas en la ejecucin de estos proyectos bajo esta frmula para la compensacin que ha crecido exponencialmente en los ltimos años.

El Captulo III se dedica a las medidas en materia forestal, de vas pecuarias y sobre espacios naturales protegidos. Y es que el rico patrimonio forestal con que cuenta Andaluca, ms de 4,6 millones de hectreas, producto de la ntima relacin que ha mantenido el ser humano con su entorno natural, debe hacer frente al reto de conjugar de manera equilibrada y compatible la multiplicidad de intereses que pueden existir en cuanto a su gestin para satisfacer las demandas que la sociedad requiere de sus montes en cada momento, sin comprometer el futuro de las masas, ni el derecho de nuestros descendientes a poder seguir disfrutando de ellos.

As, se introducen varias modificaciones en la Ley 2/1992, de 15 de junio #(002841)#, Forestal de Andaluca, para facilitar la inversin pblica mediante la ejecucin de actuaciones en los montes por parte de las Administraciones Pblicas implicadas en su gestin lo que, en definitiva, conlleva la creacin de empleo verde y la dinamizacin de las zonas rurales, a la vez que se contribuye al buen estado de los bosques de Andaluca. Por un lado, se modifica su artculo 1 de la Ley para determinar la exclusin del carcter forestal de aquellos terrenos sobre los que se hubieren implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en rgimen intensivo en los que previamente existieran usos agrcolas autorizados antes de la implantacin de dichas especies, cuando el titular de los terrenos decidiera revertir los mismos al uso agrcola. Esta modificacin conlleva la del artculo 2 del Reglamento Forestal de Andaluca, aprobado mediante Decreto 208/1997, de 9 de septiembre #(018073)#. Por otro lado, en relacin con los montes pblicos se modifica el artculo 23 #(002841) ar.23# de la citada Ley 2/1992, de 15 de junio, a fin de recoger expresamente la no sujecin de los montes de dominio pblico a tributos que graven su titularidad, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal bsica. Por otro lado se modifican los artculos 26 y 70 de la Ley para posibilitar que el plazo mximo de duracin de los convenios de cooperacin para la gestin de montes sea de diez años, sin perjuicio de su posible prrroga, al considerar dicho plazo como el mnimo para poder realizar una correcta y adecuada planificacin de las actuaciones necesarias para una buena gestin de los montes, evitando as al aplicacin de la norma general de duracin de los convenios de cuatro años que contempla la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, y en este mismo sentido se modifican tambin los artculos 66 y 109 del Reglamento Forestal.

Asimismo, se modifica la disposicin transitoria primera de la Ley 2/1992, de 15 de junio #(002841)#, para resolver la problemtica existente con relacin a la liquidacin de un elevado nmero de consorcios o convenios suscritos por la administracin forestal del Estado al amparo de la legislacin preconstitucional sobre montes, ya derogada, con el objetivo de promover la repoblacin forestal de terrenos con especies maderables, sobre todo de conferas, y en los que se subrog la administracin autonmica, posibilitando ahora que los mismos se rescindan a saldo cero sin liquidacin siempre que medie el consentimiento de los propietarios y concurra alguna de las condiciones que establece la normativa aplicable.

Por otro lado, los montes andaluces suelen presentar una marcada vocacin multifuncional caracterizada habitualmente por una menor importancia relativa de la funcin productora frente a las funciones ecolgica, protectora, paisajstica y recreativa, sin perjuicio de la existencia de importantes aprovechamientos forestales tales como la caza, corcho, madera, leña, pastos, frutos, biomasa, setas y trufas, apicultura, plantas aromticas, etc., lo que añade un alto grado de complejidad a su gestin. En este sentido, el antes citado Reglamento Forestal de Andaluca, presta especial atencin a la ordenacin de los distintos usos y aprovechamientos que se realizan en los terrenos forestales con el fin de que se lleven a cabo de forma racional permitiendo la obtencin del mximo beneficio presente para el conjunto de la sociedad compatible con su preservacin para las generaciones venideras, establecindose a tal fin las correspondientes medidas de conservacin y proteccin. Posteriormente, la Ley 1/2008, de 27 de noviembre #(018875)#, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad econmica de Andaluca y de agilizacin de procedimientos administrativos, modific en su Disposicin final cuarta la redaccin del artculo 64.1 #(002841) ar.64# de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andaluca, indicando que reglamentariamente se podran excepcionar del rgimen de autorizacin aquellos usos y aprovechamientos que no pusiesen en peligro la conservacin y funcionalidad de los recursos y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrn realizarse. Por otro lado, y a nivel nacional, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre #(003441)#, de Montes, introduce en su artculo 37.2.b) excepciones al rgimen general de autorizaciones, transfiriendo al rgimen de comunicacin los aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domsticos de menor cuanta. En coherencia con lo expuesto y para reducir cargas administrativas innecesarias, se modifica el Reglamento Forestal con la inclusin de los nuevos artculos 96 bis y 97 bis con el objetivo de sustituir un rgimen de autorizacin previa por una mera comunicacin para determinados usos y aprovechamientos que implican la ejecucin de actuaciones que presentan escaso riesgo ambiental.

Por ltimo, en lo que se refiere a la materia forestal, se modifica la Orden de 26 de septiembre de 1988, por la que se dan instrucciones para la ejecucin de determinados trabajos en montes, en rgimen privado, poblados con encinas y alcornoques, ya que desde su aprobacin se ha avanzado sustancialmente en el conocimiento de las masas de alcornocal de Andaluca, en su gestin y en su actividad productiva, lo que ha permitido constatar las diferencias fenolgicas que se producen en funcin de sus localizaciones bioclimticas, y que afectan a la propia fenologa de los rboles. De esta experiencia se ha extrado la conclusin de que el vigente periodo de descorche establecido hasta ahora en el artculo 17 de la citada orden, entre el 1 de junio y el 1 de septiembre de cada año, es demasiado restrictivo y genera que en dichas zonas se disponga de menor tiempo para la extraccin de corcho, aumentando en muchos casos los daños en los rboles, y suponiendo una limitacin al plazo en que se permite el descorche para los propietarios de monte alcornocal. Por ello, se adelanta este perodo al 15 de mayo en las comarcas cuyas condiciones climticas as lo aconsejen, buscando con ello arbitrar medidas racionalizadoras en aras al mantenimiento e incremento de sus producciones en cantidad y calidad y, al mismo tiempo, a la conservacin y persistencia de estas masas forestales.

En materia de vas pecuarias, dada la necesidad del medio rural de contar con una red de infraestructuras verdes, que mejore las comunicaciones existentes en este mbito y, con ello, de la actividad productiva, interconectando los ncleos de produccin con los de poblacin, comercializacin y destino, se modifica el Reglamento de vas pecuarias de la Comunidad Autnoma de Andaluca, aprobado mediante Decreto 155/1998, de 23 de marzo, en concreto sus artculos 15 y 36 a los efectos de agilizar la tramitacin administrativa de los expedientes de clasificacin y deslinde de vas pecuarias reduciendo plazos en los trmites de audiencia e informacin pblica y facilitando el posible acceso telemtico de los interesados a los expedientes, y de su artculo 48 para aclarar que en los expedientes de ocupacin de vas pecuarias cuyas actuaciones se integren en procedimientos de prevencin ambiental, los trmites de audiencia e informacin pblica se sustanciarn conforme a lo dispuesto en la normativa especfica de estos ltimos procedimientos.

Por ltimo, en lo que a vas pecuarias se refiere, se incluye en la Disposicin derogatoria del presente Decreto-ley la derogacin expresa de la Orden de 23 de diciembre de 2003, por la que se restringe el uso de determinadas vas pecuarias a su paso por el Parque Natural Sierra de Andjar (Jan), al quedar obsoleta y urgir que se puedan habilitar estas vas pecuarias como senderos de uso pblico u otros equipamientos, para fomento del esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no conlleve la utilizacin de vehculos motorizados.

Por lo que se refiere a espacios naturales protegidos, se modifica la Ley 8/1999, de 10 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, ya que la redaccin actual de algunos de sus preceptos relacionados con el rgimen sancionador necesita ser adecuada a la realidad actual otorgando a la norma la necesaria claridad, coherencia y seguridad jurdica de cara, fundamentalmente, a la ciudadana del rea de influencia socioeconmica de este espacio natural. As la actual redaccin del artculo 48 relativo a la cuantificacin de las sanciones sigue utilizando como parmetro para la gradacin de las multas, para establecer los umbrales mnimo y mximo, referencias al Salario Mnimo Interprofesional (SMI), y a la peseta como moneda, en vez del euro. Se considera necesario adems adaptar el articulado de la Ley del Espacio Natural de Doñana a la legislacin estatal y autonmica siempre bajo el principio de guarda de la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada. Por ello se pretende que la infraccin establecida en el artculo 44.b) “La circulacin a pie, con traccin animal o con medios motorizados fuera de los lugares habilitados para ello en el Plan Rector de Uso y Gestin, y que se realice sin la autorizacin expedida por el rgano administrativo competente del Espacio Natural de Doñana”, pase a ser una infraccin leve en vez de grave modificando a tal efecto los apartados 2 y 3 del artculo 45. Por otro lado, se pretende adecuar el importe de las sanciones mediante la modificacin del artculo 48.

Por otro lado, se incluye una Disposicin adicional a los efectos de determinar el plazo de vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestin de los espacios naturales protegidos de Andaluca que se hayan aprobado antes de la entrada en vigor del Decreto-ley, de forma que este plazo se extienda hasta que sean aprobados los planes que los sustituyan, evitando as la falta de cobertura para el ejercicio de actividades econmicas importantes para la reactivacin econmica del medio rural vinculado a estos espacios naturales.

Por ltimo, a los efectos de eliminar trabas administrativas, se deroga el segundo prrafo del apartado 3 del artculo 6 de la Orden de 15 de diciembre de 2004, por la que se regula el Rgimen Jurdico y el Procedimiento de Concesin de Licencia de Uso de la marca Parque Natural de Andaluca, eliminando la obligatoriedad de vincular la concesin de cualquier certificado de calidad, incluida la Carta Europea de Turismo Sostenible con la Marca Parque Natural de Andaluca.

El Captulo IV del Ttulo XII aborda modificaciones normativas relacionadas con sectores tan importantes para Andaluca como la caza y la pesca continental en cuanto actividades con un significativo campo de actividad de dimensin social, deportiva, cultural, ecolgica y econmica, que moviliza a un amplio colectivo que cuenta con organizaciones deportivas asentadas territorialmente, constituyendo tambin un claro ejemplo de actividad que se desarrolla en el medio natural permitiendo un uso compatible de los recursos naturales y asegurando pautas de desarrollo sostenible en el medio rural. As, se modifica la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, en concreto su artculo 40 a los efectos de permitir la comercializacin y transporte de especies objeto de caza y pesca en perodos de veda cuando dichas piezas de caza sean procedentes de terrenos cinegticos cuyo Plan Tcnico de Caza vigente incluya la caza selectiva y el control poblacional y /o control de daños. Dicha modificacin conlleva la del artculo 72.4 del Reglamento de Ordenacin de la Caza, aprobado mediante Decreto 126/2017 de 25 de julio. Asimismo, se excepta de la prohibicin de transporte a las especies de peces pertenecientes a especies exticas introducidas es una modificacin en lnea con las vigentes polticas de erradicacin y control de las especies exticas invasoras contenidas en la normativa europea, nacional y autonmica.

Por otro lado, se modifica el artculo 47.2 de la Ley relativo a los Cotos deportivos de caza para eliminar del mismo la exigencia de que las prcticas deportivas cinegticas tengan que estar previamente contempladas en los planes tcnicos de caza de los cotos. Por ello se modifica tambin el artculo 91.2 del Reglamento.

En cuanto a la modificacin de los artculos 53 y 61 de la Ley y del artculo 75.1 del Reglamento, relacionados con la documentacin que debe portar la persona cazadora y pescadora durante la prctica de la caza y la pesca, se elimina la tarjeta acreditativa de la habilitacin como persona cazadora o pescadora al recoger la misma informacin que la correspondiente licencia que s debe estar vigente y portar consigo la persona cazadora o pescadora en el momento de la accin de cazar o pescar. Asimismo, se aprovecha la modificacin para adecuar el lenguaje utilizado de acuerdo con lo previsto en el artculo 4.10 #(018791) ar.4# de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca.

Por otra parte, y en relacin con la acuicultura continental, se modifica el artculo 63.1 de la Ley para facilitar que toda la gestin relacionada con acuicultura, sea acuicultura marina o continental, quede unificada y dependiente de un mismo y nico departamento u organismo, la consejera competente en materia de acuicultura, lo cual simplifica y unifica criterios y procedimientos adems de poder movilizar los recursos econmicos de los Fondos Europeos destinados a la acuicultura de manera simplificada, dentro de los presupuestos y bajo las convocatorias de una misma consejera, sin perjuicio de el establecimiento de un informe previo por parte de la consejera competente en materia de medio ambiente para las autorizaciones de puesta en funcionamiento de piscifactoras o instalaciones de acuicultura continental.

Por otro lado se modifica el artculo 65 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, para introducir la nueva figura del “Guarda Jurado de Caza” a la que podr acceder cualquier ciudadano que acredite estar habilitado como Guarda Rural, con especialidad caza, y sea habilitado por la Consejera competente en la materia, con la finalidad de dar una mejor respuesta a la situacin generada por la confluencia entre las figuras del actual guarda de coto de caza y la de guarda rural con la especialidad de guardas de caza, regulada esta ltima en el artculo 34 #(033566) ar.34# de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, y a la que corresponde el ejercicio de las funciones de vigilancia y proteccin en las fincas de caza en cuanto a los distintos aspectos del rgimen cinegtico. Esta modificacin conlleva la del artculo 65 de la Ley y de los artculos 46, 51 y 98 del Reglamento, as como la introduccin de un nuevo artculo 98 bis para regular las funciones de este colectivo. Tambin se incluye el correspondiente rgimen transitorio necesario que permita mantener la vigencia de la regulacin actual de los guardas de coto de caza hasta tanto se habilite el procedimiento para la obtencin de la acreditacin del nuevo ttulo de guarda jurado de caza, as como que los guardas de coto de caza actuales puedan seguir ejerciendo sus funciones durante el perodo de 10 años. Asimismo, se modifica el artculo 58.9 #(025777) ar.58# del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservacin y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hbitats para incluir como objeto de inscripcin en la Seccin de Aprovechamientos Cinegticos del Registro Andaluz de Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestre, a los guardas jurados de caza.

Asimismo, se modifica el Anexo III de la citada Ley 8/2003, de 28 de octubre, para actualizar la denominacin de dos especies en relacin con los cambios que se han sucedido en el mbito cientfico, en lo que afecta exclusivamente a las especies de perdiz y liebre.

Entrando ya en las modificaciones especficas del Reglamento de Ordenacin de la Caza, se modifica el artculo 18 en relacin con la zona de reserva de un coto, para adecuar la regulacin a los cambios de uso de suelo y las nuevas tendencias de aprovechamientos y usos de los terrenos rsticos o la proliferacin de las instalaciones de plantas fotovoltaicas, que tienen la consideracin de zonas de seguridad pero que no impiden el desarrollo de poblaciones de especies cinegticas y no cinegticas bajo sus estructuras, siendo necesario y apropiado poder considerar que estas zonas de seguridad puedan considerarse compartibles con la funcin de zona de reserva en determinados casos y circunstancias que deben ser estudiadas y valoradas por los tcnicos de la Delegacin Territorial donde se ubica el coto, a solicitud presentada por el titular cinegtico.

En cuanto a los escenarios de caza en coto, se elimina la prohibicin general de poder establecer ms de un escenario por coto. Se permite tener dos escenarios simultneamente en un mismo coto, siempre que uno de ellos sea de adiestramiento y entrenamiento de perros y/o aves de cetrera. Por otra parte, y dado que en los escenarios de adiestramiento de perros y aves de cetrera no se utilizan armas, las limitaciones establecidas sobre la ubicacin de los escenarios por motivos de seguridad no tienen un sentido prctico y, sin embargo, s puede ser de utilidad que se puedan establecer en lugares donde la propia caza no se puede realizar y en lugares generalmente ms cercanos a las poblaciones, lo que sin duda facilitar el acceso al adiestramiento y al entrenamiento de los animales. Por ello se modifican los apartados 1 y 5 del artculo 48 del Reglamento.

Tambin en relacin con los escenarios de caza se modifican los artculos 49 y 51 para introducir en la normativa la posibilidad de autorizar escenarios de caza en los cotos incluidos en Espacios Naturales Protegidos, excluyendo de los mismos a los espacios designados o declarados como Zona de Especial Proteccin para las Aves, previa evaluacin caso a caso para permitir dinamizar la accin cinegtica, favoreciendo as el desarrollo socioeconmico de algunas zonas rurales.

Se modifica igualmente el artculo 86 del Reglamento, y ello porque la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de Tasas y Precios Pblicos de Andaluca, elimin la tasa por comunicacin de monteras, ganchos, batidas y batidas de gestin y ojeos de perdiz, y en coherencia debe ser eliminada la exigencia de aportar el resguardo de haber realizado el abono de la misma.

Igualmente se ha entendido necesaria la modificacin concreta de los artculos 81 y 90 del Reglamento en relacin con el nmero mximo de perros a utilizar en la modalidad de caza menor conocida como “a diente en mano” para posibilitar la utilizacin de hasta 5 perros por persona cazadora en esta modalidad sin tener que acreditar la edad de los perros, al suponer esta acreditacin una carga administrativa innecesaria.

Por otro lado, resulta necesario introducir instrumentos de evaluacin de la calidad cinegtica con el objetivo de asegurar que el manejo de las poblaciones y de los recursos naturales se adece efectivamente a las exigencias de sostenibilidad y a la defensa de los bienes jurdicos que deben ser conservados y protegidos. En este sentido, son notorios los problemas que el jabal est causando en el medio natural por su prolificidad y proliferacin, en los cotos localizados en el mbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y Sierra Mgina, que presentan una topografa muy abrupta y quebrada, con fuertes pendientes y barrancos profundos, con densa cubierta vegetal dominada en muchos casos por extensos pinares, donde encontramos un matorral mediterrneo de cabecera muy tupido y de porte muy elevado, lo que proporciona una enorme seguridad en la prctica de la modalidad de caza con el uso de arma larga rayada, revelndose como una excelente manera, certera y precisa, de realizar un control poblacional de este animal. A los efectos de permitir esta modalidad de caza con arma rayada en determinadas circunstancias se modifica el artculo 82.2 del Reglamento, as como el su artculo 93.3 para recoger los condicionantes o requisitos de seguridad que deben tenerse en cuenta.

Finalmente se modifica el Anexo III del Reglamento para incluir entre las especies comercializables a la especie paloma brava Columba livia, que es una especie ampliamente criada en establecimientos y granjas cinegticas.

En materia de economa azul se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre #(006264)#, de Rgimen Jurdico y Econmico de los Puertos de Andaluca, a los efectos de recoger la posibilidad de adjudicacin directa de las concesiones sobre bienes de dominio pblico en determinados supuestos, cuando se den circunstancias excepcionales, o en otros supuestos establecidos en las leyes, agilizando el otorgamiento de las concesiones en casos determinados y justificados. En gran medida las destinatarias de esta medida son las entidades locales, actores esenciales del escenario portuario andaluz cuyo impulso contribuye a una recuperacin social y econmica ms ajustada a las necesidades del municipio, con el objetivo de implementar medidas de integracin puerto-ciudad que incrementan la competitividad del sector portuario.

Por otro lado, se recoge en la Disposicin derogatoria del Decreto-ley la supresin del artculo 37 #(006264) ar.37# de la citada Ley 21/2007, de 18 de diciembre, que otorgaba a los titulares de concesiones portuarias de gestin indirecta continuar con la explotacin de stas ms all del plazo establecido en el ttulo, mediante un derecho de tanteo tras la celebracin de un concurso, siendo sta una modificacin que tiene como objetivo claro el de incrementar la competitividad del sector portuario apoyando la economa y el empleo del sector y, por ende, del sistema productivo, con una mayor participacin de agentes econmicos sin barreras que impidan el acceso en igualdad de condiciones con ofertas econmicas ms ventajosas y mejoras en las condiciones de prestacin del servicio.

XXI

La industria se presenta como una actividad fundamental para que Andaluca pueda lograr un crecimiento equilibrado y sostenible, ya que su aportacin a la economa no se reduce solo a la riqueza y al empleo generado por el propio sector, sino que tiene un efecto arrastre en toda la cadena de valor permitiendo acelerar la convergencia regional.

En este contexto de postpandemia no resulta posible obtener cotas de crecimiento que permitan la recuperacin de la economa sin considerar la aportacin del sector industrial, en tanto que la actividad industrial constituye uno de los pilares estratgicos sobre los que se asienta el crecimiento econmico de cualquier sociedad, por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones, promover el desarrollo de la I+D+i y, en definitiva, configurar una economa competitiva y resistente a los ciclos adversos.

Andaluca busca impulsar una poltica industrial que pretende su transformacin mediante la diferenciacin como regin industrial. Precisamente el plan de accin CRECE Industria en Andaluca, que contiene las lneas generales, las medidas y la lgica de intervencin que aplica el Gobierno andaluz para el impulso de dicha poltica, contempla como un elemento esencial en la bsqueda de la referida diferenciacin el disponer de un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial, que cree un entorno favorable para la inversin y la iniciativa empresarial. Las medidas de simplificacin y agilizacin administrativa incluidas en el presente Decreto-ley contribuyen de manera notable a conseguir el marco institucional adecuado.

Ello implica, igualmente, un empuje a la diversificacin econmica, por cuanto Andaluca necesita consolidar el desarrollo de la industria orientndola hacia los objetivos de la Unin Europea en materia de energa y clima, as como fomentar su mayor relevancia en trminos de aportacin al Producto Interior Bruto regional.

En efecto, Andaluca, es especialmente vulnerable a coyunturas desfavorables como la que estamos atravesando tras la crisis COVID-19, los actuales conflictos blicos en Ucrania y Oriente Medio, y lo es por rasgos estructurales como la menor renta per cpita, una tasa de paro elevada y un bajo nivel de industrializacin.

Por tanto, ante el impacto en la industria mostrado en los indicadores econmicos, es necesario desplegar urgentemente medidas que refuercen el tejido productivo andaluz. En este sentido, ha de encontrar en el marco regulatorio aplicable en Andaluca facilidades para el acceso y el ejercicio de la actividad, siempre con plenas garantas de seguridad. Para ello, se incorporan en este Decreto-ley medidas que estimulan la actividad de nuestros establecimientos industriales, y que fomentan asimismo las inversiones.

En este sentido, en dicho mbito, se establecen modificaciones dirigidas a la simplificacin de normas vigentes, entre las cuales se encuentra, en primer lugar, la modificacin del Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales, y de su orden de desarrollo. Dicha modificacin est destinada a eliminar los requisitos autonmicos no contemplados en la normativa bsica estatal para el ejercicio de la actividad de los organismos de control y a potenciar la relacin electrnica entre estas entidades y la Administracin. Ello, con el objeto final de aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan asimismo a la competitividad de todo el sector.

En segundo lugar, se modifica el Decreto 59/2005, de 1 de marzo #(018584)#, por el que se regula el procedimiento para la instalacin, ampliacin, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, as como el control, responsabilidad y rgimen sancionador de los mismos, y su orden de desarrollo. Con las medidas que se introducen, de gran relevancia para el sector industrial, tanto por su trascendencia para la efectiva implantacin de las actividades como por el volumen de tramitaciones, se persigue habilitar la integracin en el mismo sistema registral de las diversas comunicaciones reglamentarias asociadas a las instalaciones puestas en servicio, que actualmente se tramitan de manera dispersa y sin un procedimiento electrnico asociado. Ello facilitar y agilizar la realizacin de esos trmites y posibilitar a la industria el acceso a unos registros nicos y completos de sus instalaciones.

En lnea con lo anterior, en tercer lugar, se simplificar y agilizar el trmite de cambio de titularidad de las instalaciones industriales, que genera actualmente una gran carga administrativa tanto a las propias empresas como a la propia Administracin, potenciando as la actualizacin de los registros de instalaciones y su uso a efectos informativos.

Por otro lado, en cuarto lugar, se habilita, asimismo, un procedimiento gil y sencillo para la regularizacin de instalaciones existentes, permitiendo as a los titulares de esas instalaciones su regularizacin administrativa sin necesidad de tener que rehacerlas conforme a la actual normativa, lo que con frecuencia conlleva unos costes muy elevados que la hacen inviable, generalizando y sistematizando as lo ya establecido para algunos tipos concretos de instalaciones. Adems, se elimina la aportacin de datos o documentos innecesarios en el trmite de puesta en servicio de las instalaciones.

A su vez, se habilita un periodo transitorio, en concreto, respecto a las instalaciones de proteccin contra incendios, frigorficas y trmicas de edificios, complementando as las medidas similares que se han habilitado a nivel nacional para otros tipos de instalaciones. Se facilita as la regularizacin administrativa de esas instalaciones, potenciando su registro, mantenimiento e inspeccin y, por tanto, el control de su seguridad, reduciendo, al mismo tiempo, las cargas administrativas del sector industrial y generando al mismo tiempo una actividad econmica en el sector de los servicios de seguridad industrial en torno a la adaptacin de esas instalaciones y su mantenimiento en condiciones de seguridad.

El registro integrado industrial de Andaluca, regulado por Decreto 83/2016, de 19 de abril #(037343)#, supone un elemento central en el sistema de informacin industrial, por lo que las medidas de simplificacin asociadas con dicho registro tienen una gran trascendencia para el sector y su competitividad. Por ello, en quinto lugar, con las modificaciones introducidas se pretende precisamente reducir las trabas administrativas asociadas a dicho registro, fundamentalmente a travs de la eliminacin del mbito del Registro Industrial de actividades e instalaciones distintas de las manufactureras que disponen ya de una regulacin y registro propios y diferenciados, evitando as un doble trmite administrativo y un efecto distorsionador en la informacin, as como la simplificacin del trmite de cambio de titularidad de los establecimientos industriales.

En sexto lugar, se introducen modificaciones en la regulacin de los laboratorios de contraste de objetos fabricados con metales preciosos para eliminar ciertos requisitos e introducir mejoras en aspectos, como el equipamiento, el proceso de anlisis por muestreo o las tarifas, que suponen un obstculo para un mayor y mejor desarrollo de la actividad y del sector.

En sptimo lugar, respecto a la Orden de 12 de noviembre #(029744)# de 2008, por la que se regulan las convocatorias y las bases a las que debern ajustarse los exmenes para la obtencin de los carns profesionales en materia de industria, energa y minas, se introduce una flexibilizacin en los plazos de cumplimiento de los requisitos, para facilitar la concurrencia a los exmenes, que suponen la va de incorporacin al mercado laboral para el ejercicio de determinadas profesiones industriales reguladas, para las que existen actualmente carencias importantes en el mercado.

En el mbito del sector industrial, en octavo lugar, se ha advertido la necesidad de establecer un plazo mximo para un grupo reducido de procedimientos de gran complejidad, y en particular los expedientes sancionadores, para los que el plazo por defecto de tres meses es manifiestamente insuficiente y provoca con frecuencia la caducidad de los procedimientos y su eventual reinicio, con la mayor carga administrativa que esto supone. Ello de conformidad con el artculo 21.2 #(013300) ar.21# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Respecto a los centros formativos habilitados en materia de industria, en noveno lugar, se introducen unos requisitos armonizados para su funcionamiento que hagan la actuacin de estos centros en un rgimen de declaracin responsable que les libera de cargas administrativas innecesarias y facilita el funcionamiento gil del sector bajo el efectivo control de las autoridades competentes.

Por otra parte, y en dcimo lugar, el establecimiento efectivo de la obligacin de comunicarse electrnicamente con la Administracin en determinados procedimientos en materia de industria y energa, conforme a lo previsto en el artculo 14.3 #(013300) ar.14# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, permitir agilizar y racionalizar la actuacin de la Administracin en estos procedimientos.

Se habilita, adems, en undcimo lugar, un mecanismo gil para la aprobacin de protocolos tcnicos y formularios en materia de industria, con objeto de armonizar, facilitar y racionalizar el funcionamiento del sector y su relacin con la Administracin, eliminando as trabas para el ejercicio de su actividad y potenciando su competitividad.

Finalmente, con objeto de disponer de una marco legal y reglamentario racional, que aporte claridad y seguridad jurdica en el desarrollo de las actividades industriales, se procede a la derogacin expresa de disposiciones que haban devenido inaplicables por efecto de la revisin posterior de la normativa estatal de la que derivaban.

Por ende, se establece un marco claro y actualizado para el desarrollo de la labor de supervisin y control administrativo de las estaciones ITV que prev la normativa bsica estatal en la materia, facilitando as el gil funcionamiento del servicio.

En el mbito minero procede a modificarse la disposicin adicional novena del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificacin administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivacin econmica en Andaluca, relativa a la explotacin sostenible de recursos minerales, ampliando el plazo contemplado en la misma a tres años, clarificndose, igualmente, la redaccin del mismo. Dicha disposicin se encontraba destinada a evitar que los derechos se otorguen sobre extensiones de terreno que no son objeto posterior de actividades mineras, y responden a fines ajenos que pueden dar lugar a especulacin, dinamizando la investigacin y aprovechamiento de los recursos minerales.

Los acontecimientos de los ltimos años, como la pandemia del COVID-19 o la crisis energtica derivada de la invasin de Ucrania por parte de Rusia tambin han tenido un especial impacto en el conjunto del sector energtico, y han venido acompañados de una respuesta coyuntural por parte de las distintas instituciones internacionales, europeas y nacionales.

As, el marco de la poltica climtica y energtica en Andaluca viene determinado por este contexto, en particular por la poltica de la Unin Europea recogida principalmente en el paquete legislativo Fit for 55 que persigue acelerar la descarbonizacin del continente europeo y el plan REPowerEU, para impulsar la transicin energtica y mejorar la seguridad de suministro como respuesta al conflicto blico en Ucrania. A ello se suma que la Unin Europea est reforzando la necesidad de acelerar el proceso de concesin de autorizaciones para proyectos de energas renovables, como refleja la nueva Directiva sobre Fuentes de Energa Renovables aprobada en octubre de 2023. Adems, la propuesta de Reglamento del Consejo de noviembre #(056554)# de 2023 establece un marco para acelerar el despliegue de energas renovables.

A su vez, el marco para Andaluca tambin viene determinado por la poltica de España, establecida en el Plan Nacional Integrado de Energa y Clima (PNIEC) 2023-2030, cuya propuesta de actualizacin es ms ambiciosa en sus objetivos, con un total de energas renovables sobre el consumo final del 48%, frente al 42% actual.

En este marco, Andaluca viene apostando por un modelo energtico basado en la riqueza de sus recursos naturales, en las energas limpias como motor de desarrollo de su economa, que contribuya al logro de los objetivos anteriores, siendo adems en la actualidad y debido a la normativa bsica estatal que obliga a cumplir unos hitos en la tramitacin de las instalaciones de generacin, la comunidad autnoma que asume el mayor nmero de proyectos o potencia en tramitacin de energas renovables, especialmente de fotovoltaica y elica.

La energa procedente de fuentes de energa renovables puede reducir la demanda de combustibles fsiles y, gracias a sus bajos costes operativos, incrementar las energas renovables en el sistema energtico puede reducir los precios de la energa. Sin embargo, los procedimientos administrativos largos y complejos suelen ser un obstculo para el ritmo de inversin en energas renovables e infraestructuras conexas.

El tejido empresarial andaluz adems se muestra ms vulnerable ante las continuas variaciones del precio de la energa y, si bien la dependencia energtica y los altos costes de la energa afectan al territorio español en su conjunto, no incide de igual forma en todas las regiones. De esta manera, la actual coyuntura econmica y su incidencia en la economa productiva aconseja la puesta en marcha de medidas que ayude a preservar la competitividad del tejido productivo andaluz.

En este escenario, se hace urgente y necesario disponer en Andaluca de nuevas medidas normativas que, sumadas a las aprobadas en los ltimos años, contribuyan a reducir barreras en las tramitaciones administrativas de los proyectos de energas renovables e infraestructuras de redes.

Es necesario por tanto abordar un conjunto de medidas que faciliten la tramitacin de los proyectos energticos, generando en el inversor un marco de confianza y mejorando la calidad del servicio que se presta, que no sera posible alcanzar si las mismas se introdujeran a travs de los procedimientos ordinarios de aprobacin o modificacin de una norma legal o reglamentaria, ya que al no poder aprobarse en tiempo y forma conllevara la prdida de su esperada eficacia.

En primer lugar, se modifica la disposicin adicional nica del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio #(050316)#, de simplificacin de normas en materia de energa y fomento de las energas renovables en Andaluca en tres aspectos, a travs de la modificacin del apartado segundo y de la redaccin de dos nuevos apartados.

Por un lado, se modifica su apartado segundo y ello porque el Gobierno de la nacin, con el fin de facilitar la construccin de plantas de generacin de energa elctrica de origen renovable, introdujo en el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre #(055213)#, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la proteccin de los consumidores de energa y de contribucin a la reduccin del consumo de gas natural en aplicacin del “Plan + seguridad para tu energa (+SE)”, as como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector pblico y de proteccin de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequa, nuevas medidas de simplificacin administrativa para las instalaciones de produccin de pequeña potencia.

Andaluca se suma a esa simplificacin y modifica el apartado segundo del Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio #(050316)#, para elevar la potencia de las instalaciones que se pueden beneficiar de una tramitacin de la autorizacin de explotacin ms sencilla, esto es, 500 kW, lo cual contribuir a un mayor y ms rpido desarrollo de plantas de generacin de energa elctrica de origen renovable.

No obstante se excepciona de lo anterior y se mantienen las autorizaciones previas y de construccin, para cada una de las instalaciones de produccin de energa elctrica que tengan la lnea de evacuacin comn y estn en la misma referencia catastral o a menos de 3.000 metros entre s, siempre que la suma total de potencia instalada supere los 500 kW, a fin de evitar que instalaciones de mayor tamaño, que podran tener mayor impacto en el territorio, se puedan fraccionar evitando as determinadas tramitaciones administrativas a las que en otro caso estaran sometidas y comunicndoselo al rgano ambiental competente.

Por otro lado, se añaden a la disposicin adicional dos nuevos apartados con el fin de agilizar la tramitacin administrativa de las instalaciones de generacin con renovables, as como de las infraestructuras de evacuacin asociadas y de otras infraestructuras de redes.

Un nuevo apartado tercero, que permita al promotor de una instalacin de energa elctrica realizar las consultas a las administraciones pblicas, organismos y empresas a las que se refieren los artculos 123 #(000723) ar.123# y 130 #(000723) ar.130# del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucin, comercializacin, suministro y procedimientos de autorizacin de instalaciones de energa elctrica; y aportar mediante declaracin responsable la informacin de las mismas, junto a su anteproyecto o/y proyecto para el que solicita autorizacin. Esta medida les facilita presentar los anteproyectos o proyectos ms maduros, lo que contribuye a agilizar el procedimiento de autorizacin administrativa y a reducir la carga de trabajo del rgano competente, ya que los informes favorables o los condicionados de los rganos consultados, en respuesta a las separatas.

Con la misma finalidad, se incluye un nuevo apartado cuarto para que el promotor compruebe y pueda declarar en su caso que la actuacin para la que solicita autorizacin, no est afectada por los supuestos establecidos en el artculo 71 del Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluca, aprobado por Decreto 550/2022, de 29 de noviembre #(055398)#, en el que se definen las actuaciones con incidencia en el territorio.

En Andaluca, la publicacin de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, conllev que las actuaciones de generacin de energa mediante fuentes renovables en Andaluca y las infraestructuras energticas en general, se considerasen actuaciones ordinarias en suelo rstico con las implicaciones subsiguientes en los procedimientos administrativos para su tramitacin, entre ellas, la eliminacin del informe de compatibilidad urbanstica al que previamente estaban sometidas estas actuaciones. Esto ha permitido la simplificacin de la tramitacin de las autorizaciones de estas instalaciones, si bien al mismo tiempo la LISTA, incluy en su artculo 52, que estas actuaciones debern someterse a un informe preceptivo y vinculante de coherencia territorial, cuando se consideren que tienen incidencia en el territorio, de la Consejera competente en materia de Ordenacin del Territorio y Urbanismo, que, de no emitirse en un plazo de dos meses, se considerar desfavorable. Este nuevo informe en la prctica supone un nuevo trmite en un procedimiento ya de por s extenso y burocrtico.

En la actualidad, existen un gran nmero de proyectos de infraestructuras energticas en Andaluca, que se estn viendo afectados por este nuevo trmite administrativo. Con el fin de agilizar la obtencin del mismo y dado que la documentacin para ello requerida en cualquier caso, la tiene que aportar el promotor de la actuacin al rgano competente de la autorizacin administrativa, es por lo que se considera necesario y urgente regular que, junto a la solicitud de dicha autorizacin se pueda presentar bien una declaracin responsable si su proyecto carece de incidencia territorial o en caso contrario, se acompañe de la documentacin requerida en el artculo 72 del mismo Decreto, que se remitir al rgano en materia de ordenacin del territorio competente para valorar la incidencia previsible en el territorio y el paisaje mediante la emisin del preceptivo informe de incidencia territorial.

Para una mayor eficiencia de esta medida, se incluye adems una disposicin transitoria a fin de que las solicitudes que se encuentren en tramitacin puedan beneficiarse de estas medidas de simplificacin.

A la finalidad que se viene describiendo contribuye de una forma significativa el autoconsumo, por lo que urge seguir fomentando estas instalaciones en Andaluca que supera ya las 112.000.

Para ello, se modifica el artculo 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energas renovables y del ahorro y eficiencia energtica de Andaluca, para elevar de 100 kW hasta 500 kW, las instalaciones de autoconsumo elctrico con energas renovables, que en suelo urbano quedan sujetas a declaracin responsable. Esta medida favorecer la tramitacin de grandes instalaciones de autoconsumo, ms propias del sector industrial y empresarial, ampliando as su proteccin de cara a contrarrestar el incremento de precios de la energa.

Asimismo, es necesario adaptar el texto de dicho apartado 12.3 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, a lo establecido en el artculo 3 #(054395) ar.3# del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el mbito energtico para el fomento de la movilidad elctrica, el autoconsumo y el despliegue de energas renovables que establece que para la instalacin de puntos de recarga, no podr exigirse por parte de las administraciones pblicas competentes la obtencin de licencia o autorizacin previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carcter medioambiental ni otras de clase similar o anlogas, que sern sustituidas por declaraciones responsables.

Por otro lado, es necesario actuar con medidas que favorezcan el desarrollo de las redes que faciliten la evacuacin de la generacin con renovables, lo que contribuir a la mejora de la calidad del suministro elctrico de los consumidores y a alcanzar los actuales retos de descarbonizacin.

Por ello se incluye una disposicin adicional para la puesta en funcionamiento en bloque de nuevas instalaciones de distribucin de energa, competencia de la Comunidad Autnoma de Andaluca. As, con el fin de agilizar la tramitacin administrativa de las autorizaciones de determinadas instalaciones de distribucin elctrica, se establecen unos criterios para que se pueda presentar una nica solicitud para tramitar las autorizaciones administrativas previa y de construccin de varias instalaciones en lugar de hacerlo para cada una de ellas. Adems, se establece un plazo de un mes para su resolucin de la autorizacin de explotacin.

Esta medida supone una mejora en la tramitacin de estas autorizaciones, que repercuta en disminucin de trabas y en tiempos ms giles. Adems, esto supone una reduccin de costes administrativos indirectos a los promotores. Resulta de extraordinaria y urgente necesidad su inclusin dado el nmero de proyectos que se estn tramitando actualmente a nivel autonmico.

Por ltimo, se incluye una medida dirigida a la dinamizacin de la actividad econmica, con la modificacin de la Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrnico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de baja tensin eliminando para los instaladores la obligacin de presentar presencialmente determinada documentacin en el alta inicial en el sistema, habilitando su presentacin telemtica, reduciendo la informacin a presentar. Esta medida viene a agilizar la tramitacin de las instalaciones de baja tensin, favoreciendo la actividad del sector elctrico y las relaciones de las empresas con la administracin pblica.

XXII

En materia de funcin pblica, de acuerdo con lo establecido en su disposicin final quinta, la Ley de la Funcin Pblica de Andaluca est en vigor desde el 14 de diciembre de 2023, a excepcin de los ttulos y disposiciones que en la misma se enumeran y que tuvieron una entrada en vigor inmediata. Se han detectado determinadas cuestiones reguladas en la ley que precisan, por tanto, de una modificacin urgente para ajustarlas al marco normativo vigente, as como para garantizar la coherencia interna en la regulacin de la propia ley.

En relacin con la urgencia y necesidad de incluir ahora en un Decreto-ley la modificacin de determinadas titulaciones reguladas en la disposicin adicional quinta de la Ley de la Funcin Pblica de Andaluca, hay que poner de manifiesto que, ciertamente, el Decreto-ley 10/2023, de 13 de diciembre, ha añadido un nuevo apartado 3 a la disposicin final quinta de dicha ley, de forma que “3. Las previsiones de esta ley relativas a los cuerpos y especialidades en los que se agrupa el personal funcionario de la Administracin General de la Junta de Andaluca reguladas en la disposicin adicional quinta no producirn efectos para todos los cuerpos, especialidades y opciones de la Administracin General de la Junta de Andaluca existentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley prevista en el apartado 2 hasta la finalizacin del plazo otorgado por la disposicin transitoria quinta del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre #(054165)#, para la adaptacin de la adscripcin de los ttulos universitarios oficiales a los mbitos de conocimiento prevista en dicha norma, sindoles de aplicacin la agrupacin y requisitos de titulacin vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley”.

Tambin hay que tener en cuenta que esta previsin es, por su propia naturaleza, de carcter temporal, solo para conjugar la entrada en vigor de la ley con la regulacin estatal sobre titulaciones acadmicas y mbitos de conocimiento. Por eso resulta necesario modificar las cuestiones relativas a las titulaciones, el texto legal debe contener la regulacin que es ajustada al marco normativo vigente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien el plazo otorgado por el citado Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre #(054165)#, es de cuatro años a contar desde su entrada en vigor, plazo que en este momento puede considerarse amplio, no puede dejar de tomarse en consideracin que dicho plazo est incluido en una norma estatal, que puede ser modificada sin intervencin alguna de nuestra Comunidad Autnoma, avocando a una situacin de incertidumbre que se evita con la inclusin de las modificaciones correspondientes en este Decreto-ley.

Y tambin es urgente por razones de seguridad jurdica para las personas aspirantes al empleo pblico, con el fin de que conozcan sin equivocacin cules son los requisitos de acceso a los cuerpos y especialidades. La seguridad jurdica no se garantiza de forma adecuada con amparo en una aplicacin diferida, sino con una certeza respecto de cules son los requisitos que se van a exigir. Adems, con la regulacin contenida en este decreto-ley se garantiza la coherencia interna de la Ley de la Funcin Pblica de Andaluca, para eludir cualquier error o confusin en su interpretacin, ms all de que la aplicacin de determinados preceptos de la misma se vaya a retrasar en el tiempo.

Se aborda tambin en este Ttulo la modificacin del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, de la Administracin de la Junta de Andaluca.

El avance de la tecnologa y el desarrollo continuo y constante de la administracin electrnica hace necesario una actualizacin de las funciones que debe asumir la Comisin Interdepartamental de Coordinacin y Racionalizacin Administrativa (CICRA), a cuyo efecto se reforma sensiblemente el artculo 5 del decreto.

Dentro de la modificacin operada en el artculo 5 se ha procedido tambin a incluir a otros miembros dentro de la Comisin Interdepartamental por considerase su concurso necesario e imprescindible en atencin a las funciones que tiene encomendada esta Comisin, a la vez que se ajusta a la nueva estructura de la Administracin autonmica.

Se modifica tambin el artculo 6, relativo a los criterios para la simplificacin de procedimientos, agilizacin de trmites y reduccin de cargas, a fin de darle un contenido ajustado a lo regulado en el Decreto-ley de simplificacin.

A las modificaciones ya vistas hay que incluir la de determinados artculos del citado Decreto en orden a adecuarlo a la nueva realidad recogida en este Decreto-ley.

En otro orden de cosas, y dentro del marco establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre #(013300)#, para las oficinas de registro y su transformacin en oficinas de asistencia en materia de registros, as como la puesta en servicio de las nuevas funciones de asistencia al ciudadano en el uso de medios electrnicos en su relacin con la administracin ha requerido un importante esfuerzo de adaptacin en la Junta de Andaluca, tanto por parte de los organismos y entidades responsables de estas oficinas, como de los propios empleados pblicos, que realizan la atencin al pblico y la asistencia en el uso de medios electrnicos en ellas.

En el transcurso de los ltimos años, se ha observado la desigual capacidad de adaptacin de estas oficinas, as como de la dotacin y medios de cada una de ellas.

Tomando en consideracin el derecho de la ciudadana a optar por la relacin presencial con la Administracin y a obtener la asistencia en el uso de medios electrnicos o para la identificacin y firma, cuando carezca de los medios para relacionarse electrnicamente con la Administracin, el modelo actual de Oficinas de asistencia en materia de registros, basado en lo dispuesto en el artculo 82 #(006103) ar.82# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se ha revelado como no lo suficientemente eficaz y operativo, provocndose en determinadas situaciones desigualdades de acceso y disponibilidad de servicios entre la ciudadana, no solo entre provincias, sino incluso entre oficinas del mismo mbito competencial.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario llevar a cabo una modificacin de la regulacin que, del Registro Electrnico nico, se hace en la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, as como del rgimen de las propias oficinas de asistencia en materia de registro.

Por todo lo anterior se hace urgente y necesario cambiar el modelo actual de oficinas de asistencia en materia de registros asociadas a una determinada Consejera o de las entidades de derecho pblico del Sector Pblico Instrumental, en unidades de servicios comunes de carcter permanente, constituidas en red y bajo la coordinacin del rgano de la Administracin con competencias en la atencin a la ciudadana, as como en el seguimiento y evaluacin de la calidad, eficiencia y desempeño de los servicios pblicos.

La implantacin de este modelo tendra como resultado inmediato el ofrecimiento al completo de la cartera de servicios de las oficinas de asistencia en materia de registros de manera homognea, garantizando el acceso a los servicios en condiciones de igualdad de oportunidades en todas las provincias, as como la adecuacin constante y flexible de la oferta a las necesidades puntuales de la ciudadana.

Por otra parte, dentro del sector servicios de la economa destaca el segmento de los servicios profesionales por su particular importancia en el sector productivo, su especial intensidad en el empleo cualificado y su impacto en los servicios de calidad de las empresas.

Como ya se ha expuesto, en el actual contexto de inestabilidad y ralentizacin econmica, propiciada por la elevada inflacin y por la subida de tipos del Banco Central Europeo, que augura un deterioro econmico importante en los trimestres que vienen con repercusin en los niveles de empleo, se hace necesaria una intervencin urgente tanto en trminos de simplificacin y agilizacin administrativa de los procedimientos como de reduccin de trabas administrativas, que reduzca la carga econmica y burocrtica a los colegios profesionales, que cumplen la importante misin de velar por la calidad de los servicios profesionales, al exigir el cumplimiento de una serie de normas deontolgicas, ticas y morales, pero que, a la misma vez, pueden ser un elemento motor de una sociedad mejor y generan crecimiento en trminos de productividad, competencia y asignacin eficiente de recursos.

La urgencia de esta modificacin viene determinada por la importancia de las profesiones colegiadas en la economa, que se manifiesta en aspectos como una elevada contribucin cuantitativa a la produccin, un fuerte dinamismo en la generacin de empleo, una dinamizacin y reactivacin de la economa y una aportacin fundamental de capital humano; caractersticas favorables para mejorar el mercado de trabajo y la naturaleza de los servicios prestados.

En este sentido, se considera conveniente modificar determinados aspectos de la regulacin de los colegios profesionales prevista en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre #(001165)#, reguladora de los Colegios Profesionales de Andaluca, y en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluca, aprobado por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre #(005478)#, con la finalidad de eliminar trabas, facilitar y simplificar el procedimiento de creacin de estas corporaciones profesionales.

Por una parte, se posibilita las iniciativas de creacin de colegios profesionales para aquellas profesiones en las que, sin contar con una titulacin universitaria oficial, se exija una habilitacin administrativa para su ejercicio. En la actualidad, los profesionales de determinadas actividades se encuentran en algunas situaciones imposibilitados para promover la creacin de un colegio profesional, con el evidente perjuicio que supone para la profesin en general y para toda la sociedad, as como la indefensin que conlleva para los profesionales andaluces que no pueden contar con un colegio que defienda sus legtimos intereses profesionales. Esto puede provocar que acudan a otras comunidades autnomas donde s existen esas corporaciones y, por tanto, sean en stas en las que desarrollen sus actividades profesionales. Por este motivo se modifica el apartado tercero del artculo 10 #(001165) ar.10# de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre.

Por otra parte, tambin respecto a los supuestos de creacin de nuevos colegios profesionales, se introduce una modificacin del artculo 14 de la referida ley cuando esta creacin pueda tener lugar por segregacin de otros colegios ya existentes. Con la medida propuesta, se va a posibilitar las iniciativas de creacin de nuevos colegios profesionales por segregacin de otros ya existentes cuando se trate de profesiones o de titulaciones que, si bien eran secciones o especialidades de otras ms antiguas o de carcter ms general, gozan ahora de autonoma propia y estn reconocidas como tales. La creacin de un colegio propio redundar en beneficio de las respectivas profesiones, ordenando su ejercicio, aprobando normas deontolgicas de la profesin dentro de la legalidad vigente y, en definitiva, garantizando su representacin y defensa desde la perspectiva del inters pblico.

Como consecuencia de esta modificacin de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre #(001165)#, procede acometer la modificacin del Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluca, que establece los requisitos para la iniciacin del procedimiento de creacin de los colegios profesionales.

Asimismo, se ha considerado oportuno reducir los trmites exigidos en el procedimiento de modificacin de los estatutos de las corporaciones cuando se trate tan slo de la variacin del domicilio o sede del colegio profesional o del consejo andaluz de colegios profesionales.

En la actualidad existen dos registros para este tipo de corporaciones, el Registro de Colegios Profesionales de Andaluca, creado por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre #(001165)#, y el Registro de Consejos Andaluces de Colegios, creado por la Ley 6/1995, de 29 de diciembre #(001239)#, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. A la vista de esta duplicidad de normas para estas instituciones de similar naturaleza, y en un ejercicio de simplificacin administrativa, avanzando en la reduccin de cargas administrativas y burocrticas, en la disminucin de los plazos, en la agilizacin de los trmites, en la mejora de las comunicaciones y en la optimizacin de los recursos, se considera oportuno integrar la regulacin de ambos registros en uno nico, que pasar a denominarse Registro de Colegios Profesionales de Andaluca y de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. De este modo, se introduce una nueva regulacin del Registro, ya que muchos de los preceptos han quedado obsoletos o bien son inaplicables conforme a su actual configuracin en soporte electrnico. En este sentido, se reduce el nmero de artculos y se simplifica el propio procedimiento de inscripcin registral.

Finalmente, es necesario resaltar que las modificaciones introducidas por el Decreto-ley en el Reglamento de Colegios Profesionales de Andaluca y en el Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, se hacen precisas por razones de seguridad jurdica en la medida en que son consecuencia directa de su adaptacin a los cambios en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre #(001165)#, y en la Ley 6/1995, de 29 de diciembre #(001239)#.

Por otra parte, se hace necesario, una intervencin urgente que reduzca la carga econmica y burocrtica para contribuir a que las fundaciones, como operadores econmicos y entidades que persiguen fines de inters general, se encuentren en mejores condiciones para sobrellevar este periodo de desaceleracin econmica.

Las medidas de simplificacin propuestas para el sector de las fundaciones en Andaluca van a suponer una reduccin de las cargas administrativas lo que va a redundar en menores costes y menor tiempo de tramitacin de los expedientes. Sirva como ejemplo de reduccin en costes y tiempo de tramitacin, la inclusin de la firma electrnica como forma de acreditacin formal de la aceptacin de la condicin de patrono, lo que evita tener que acudir ante notario para legitimar la firma manuscrita o la elevacin a documento pblico notarial de dicha aceptacin; la fijacin de un lmite inferior que exima de la obligacin de comunicacin de los actos de disposicin de bienes y derechos o la eliminacin de la obligacin de incluir la liquidacin del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior en el procedimiento de depsito de cuentas anuales.

Por otra parte, como medida que redunda directamente en la ciudadana, concretamente en el colectivo de vctimas del terrorismo, se modifica la Orden de 31 de octubre #(032764)# de 2013, por la que se desarrollan las competencias de la Consejera de Justicia e Interior establecidas en la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atencin a las vctimas del terrorismo de la Comunidad Autnoma de Andaluca respecto a las indemnizaciones por daños fsicos o psquicos y por situacin de dependencia. El procedimiento para la concesin a las vctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños fsicos o psquicos y por situacin de dependencia requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas por parte de la persona titular de la Consejera competente en la materia. Con la modificacin propuesta se unifica ambas resoluciones en una sola, recogindose en ella el reconocimiento de la condicin de persona beneficiaria y de concesin de la indemnizacin.

Por ltimo, se ha considerado necesario ordenar las competencias de las Delegaciones del Gobierno en aras de la simplificacin en la gestin administrativa. El Decreto 41/2008, de 12 de febrero #(018812)#, por el que se regula la remisin de actos y acuerdos de las Entidades Locales a la Administracin de la Junta de Andaluca establece en su artculo 7 que para el ejercicio de la competencia recogida en el artculo 37.1.e) #(006103) ar.37# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Delegacin Provincial competente por razn de la materia solicitar de la persona titular de la Delegacin del Gobierno la formulacin del oportuno requerimiento de anulacin a la Entidad Local andaluza.

La intervencin de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno en este procedimiento, en virtud de las normas citadas en el prrafo anterior, se justifica porque en la fecha que se aprob el citado Decreto 41/2008, de 12 de febrero #(018812)#, las Delegaciones del Gobierno dependan de la entonces Consejera de Gobernacin y ejercan, entre otras, las competencias en materia de administracin local. Sin embargo, las distintas modificaciones operadas desde 2008 en los sucesivos Decretos de estructura de las Consejeras han trado como consecuencia que, en la actualidad, las Delegaciones de Gobierno sean rganos directivos perifricos de la Consejera de la Presidencia, Interior, Dilogo Social y Simplificacin Administrativa, mientras que las competencias en materia de administracin local, con excepcin de los sectores materiales del mbito local sobre los que dicha Consejera tiene competencias, residen en la Consejera de Justicia, Administracin Local y Funcin Pblica.

As pues, hoy da puede entenderse inadecuado que la persona titular de la Delegacin del Gobierno de la Junta de Andaluca participe en la tramitacin de expedientes en materias sobre las que no ostenta competencias, por lo que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre #(018440)#, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andaluca, y el Decreto 41/2008, de 12 de febrero #(018812)#, para que la formulacin del oportuno requerimiento de anulacin a la Entidad Local andaluza se realice por la Delegacin del Gobierno o por Delegacin Territorial o Provincial competentes por razn de la materia sobre la que verse el acto o acuerdo.

XXIII

En cuanto a la estructura, el Decreto-ley consta de doscientos setenta y siete artculos, distribuidos en catorce ttulos, treinta disposiciones adicionales, treinta y siete disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y once disposiciones finales.

Mediante el mismo se incorporan ms de cuatrocientas medidas de simplificacin administrativa y medidas de mejora de la regulacin en materia de comunicacin audiovisual, interior, Comunidades Andaluzas, proyectos de inters estratgico, hacienda, contratos y registros, desarrollo educativo, comercio, salud, agricultura y desarrollo rural, universidades y academias, cultura y turismo, formato, articulacin del territorio y vivienda, inclusin social, familias numerosas y dependencia, medio ambiente, industria energa y minas, justicia juvenil, colegios profesionales, fundaciones, vctimas del terrorismo, entidades locales y administracin pblica as como un amplio plan de introduccin de medidas transversales para la mejora del funcionamiento interno de la Junta de Andaluca. Todas ellas necesarias e imprescindibles para una mejora de las relaciones con la ciudadana y para favorecer la reactivacin econmica en Andaluca.

Finalmente, el Decreto-ley atiende al cumplimiento y respeto de los principios de buena regulacin, exigibles en todo texto normativo, y que se contemplan en el artculo 129 #(013300) ar.129# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Por todo ello, en ejercicio de la facultad conferida por el artculo 110 del Estatuto de Autonoma para Andaluca, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Interior, Dilogo Social y Simplificacin Administrativa de conformidad con lo previsto en el artculo 27.3 #(005329) ar.27# de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, previa deliberacin del Consejo de Gobierno, en su reunin celebrada el da 6 de febrero de 2024,

DISPONGO

TTULO I

CAPTULO I

Disposiciones generales

Artculo 1. Objeto y fines.

El presente Decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de carcter extraordinario y urgente destinadas a promover la racionalizacin administrativa, como proceso integral y continuo, para conseguir la optimizacin de su organizacin y de los recursos humanos y la reordenacin, simplificacin, normalizacin y automatizacin progresiva de los procedimientos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para facilitar la actividad econmica en Andaluca.

A tal efecto, este Decreto-ley persigue los siguientes fines:

a) Racionalizar el rgimen general de intervencin administrativa estableciendo orden, simplicidad y oportunidad en la organizacin y procedimientos que se realicen, para lo cual se utilizarn tcnicas y mtodos orientados a estudiar, diseñar y simplificar estructuras, funciones, procedimientos, cargas, y la ptima utilizacin integral de los recursos existentes.

b) Simplificar los trmites administrativos necesarios para la implantacin de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, mediante la adopcin de medidas orientadas a flexibilizar la tramitacin de los procedimientos, agilizarlos y reducir su duracin temporal.

c) Establecer instrumentos genricos de carcter transversal que coadyuven a la simplificacin. Se prioriza as la necesidad de diseñar la estrategia global de cambio, de transformacin del conjunto de la cultura organizativa del sector pblico, estableciendo el deber general de todas las entidades y rganos que integran el sector pblico autonmico de promover de forma efectiva la simplificacin administrativa en sus respectivos mbitos competenciales.

d) Introducir medidas de simplificacin en la normativa sectorial de competencia de la Comunidad Autnoma que supongan eliminacin de trabas a la ciudadana y a los operadores econmicos en sus relaciones con la Administracin de la Junta de Andaluca.

e) Eliminar rganos colegiados del mbito de la Junta de Andaluca en orden a procurar una mayor simplificacin administrativa y en aras del principio de seguridad jurdica.

f) Seguir avanzando en la transformacin digital de la Administracin, como imperativo absoluto, esencial, en ese proceso de modernizacin, que no admite ms demoras

g) Reforzar la asistencia a la ciudadana en el acceso a los servicios pblicos y remover los obstculos que limitan el desarrollo econmico y social de Andaluca, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones mediante el uso y reutilizacin de los datos e informacin.

h) Modernizar los procesos y la adaptacin de los canales para lograr un uso sencillo, masivo, eficaz y seguro por la ciudadana y las empresas.

Artculo 2. Principio de transversalidad organizativa para la coordinacin en la simplificacin administrativa.

La Administracin pblica autonmica establecer frmulas institucionales y organizativas flexibles, dctiles y, en su caso, de carcter temporal que permitan hacer frente a los asuntos que transcienden las atribuciones propias de las consejeras.

Artculo 3. Deber general de promocin de la simplificacin administrativa.

1. Todas las entidades y rganos que integran el sector pblico autonmico debern promover de forma efectiva la simplificacin administrativa en sus respectivos mbitos de competencias, de manera que suponga menor carga para la ciudadana y para los operadores econmicos, removiendo todos los obstculos que lo impidan o dificulten y realizando aquellas adaptaciones que sean necesarias, ya sean de carcter normativo o no.

2. En el ejercicio de sus competencias, las entidades y rganos que integran el sector pblico autonmico debern optar por aquellas alternativas regulatorias y de gestin que impliquen una mayor simplificacin administrativa, incluyendo por tanto menores cargas para los ciudadanos y para los operadores econmicos.

3. Los rganos, organismos y entidades de la Administracin de la Junta de Andaluca que consideren que las normas contenidas en el presente Decreto-ley requieren de modificaciones para su cumplimiento efectivo en las normas reguladoras de actuaciones y procedimientos de su competencia, propondrn dicha modificacin. Para ello debern identificar y concretar el contenido de la modificacin que se deba realizar. Adems, cooperarn y prestarn el apoyo necesario para que la modificacin se lleve a efecto.

4. Cuando el proceso de simplificacin administrativa se desarrolle en el marco de un procedimiento administrativo cuyo objeto afecte especficamente a un determinado colectivo, deber preverse su participacin en el citado proceso. Asimismo, podr solicitarse la participacin de otras administraciones o entidades pblicas que intervengan en la tramitacin de los procedimientos.

Artculo 4. Deber general de promocin de mecanismos de coordinacin y colaboracin.

La Administracin pblica autonmica promover en el mbito de sus competencias el desarrollo de mecanismos de coordinacin y colaboracin y el ejercicio conjunto de facultades de intervencin sobre actividades, con el fin de impulsar la simplificacin administrativa y la agilidad en la tramitacin y ejecucin de proyectos concretos o sectores especficos.

Artculo 5. Deber general de promocin de sistemas de acompañamiento individualizado.

La Administracin de la Junta de Andaluca promover la implantacin de sistemas de gestin pblica de acompañamiento individualizado a la ciudadana y entidades particulares para la tramitacin y ejecucin de los procedimientos dirigidos a la ciudadana.

CAPTULO II

Memoria de Anlisis de Impacto Normativo y medidas de impulso de la Administracin digital

Artculo 6. Modificacin de la Ley 6/2006, de 24 de octubre #(005329)#, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

La Ley 6/2006, de 24 de octubre #(005329)#, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 43.3, que queda redactado en los siguientes trminos:

“3. El procedimiento de elaboracin de los proyectos de ley se iniciar en la Consejera competente mediante la elaboracin del correspondiente anteproyecto de ley que ir acompañado por la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN), donde se recoja y unifique toda la informacin sobre su justificacin, oportunidad y necesidad, y se realice una estimacin de los impactos que en diferentes mbitos de la realidad tendr su aprobacin. Dicha memoria se elaborar conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Administracin de la Junta de Andaluca.”

Dos. Se modifica el apartado 1 b) del artculo 45, cuya redaccin pasa a ser la siguiente:

“b) La iniciacin del procedimiento de elaboracin de un reglamento se llevar a cabo por el rgano directivo competente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejera, mediante la elaboracin del correspondiente proyecto, al que se acompañar la MAIN, donde se recoja y unifique la informacin sobre su justificacin, oportunidad y necesidad, y se realice una estimacin de los impactos que en diferentes mbitos de la realidad tendr su aprobacin. Dicha Memoria se elaborar conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Administracin de la Junta de Andaluca.”

Tres. Se introduce una nueva disposicin adicional primera, que queda redactada en los siguientes trminos:

“Disposicin adicional primera. Anteproyecto de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

En la tramitacin del texto articulado del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca no sern de aplicacin las disposiciones relativas a la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo previstas en esta Ley. A dicho anteproyecto se acompañar la documentacin que disponga el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo #(008057)#.”

Cuatro. Se introduce una nueva disposicin adicional segunda, que queda redactada en los siguientes trminos:

“Disposicin adicional segunda. Estrategias y planes en el marco de la planificacin econmica general de la Junta de Andaluca.

La Consejera competente en materia de planificacin econmica informar las propuestas de estrategias y planes con contenido econmico-financiero sobre su coherencia con la planificacin econmica general de la Junta de Andaluca.”

Artculo 7. Modificacin de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

Se modifica el artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras, que queda redactado como sigue:

“Artculo 35. Actuaciones con incidencia econmico-financiera y presupuestaria.

1. Los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, las propuestas de planes con contenido econmico-financiero, de contratos y de convenios y cualquier otra actuacin de la Administracin de la Junta de Andaluca y de sus agencias y consorcios adscritos que afecte o pudiera afectar a los ingresos y gastos pblicos, debern valorar sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, y atenerse a las disponibilidades presupuestarias.

2. La Consejera competente en materia de Hacienda, a travs de la Direccin General de Presupuestos, informar preceptivamente sobre la incidencia econmico-financiera y presupuestaria de los proyectos o propuestas de actuaciones, en el plazo de diez das hbiles, en los siguientes supuestos:

a) Los anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos.

b) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de Gobierno.

c) Los proyectos de disposiciones reglamentarias competencia de las personas titulares de las Consejeras. Se exceptan las bases reguladoras de subvenciones financiadas con Fondos Europeos que sean informadas por la Direccin General de Fondos Europeos, conforme a la normativa de aplicacin correspondiente, siempre que su financiacin se realice exclusivamente con cargo a dicha fuente de financiacin.

d) Las propuestas de planes o estrategias con contenido econmico-financiero. En particular, no tendrn esta consideracin los acuerdos del Consejo de Gobierno mediante los que se insta o aprueba la formulacin de planes o estrategias; as como los textos ya formulados en aquellos casos en los que estos contengan un epgrafe especfico en el que se haga constar expresamente que no presentan incidencia econmica-financiera y presupuestaria.

e) La propuesta de resolucin de las convocatorias para acogerse al rgimen de conciertos educativos y la renovacin de estos; los proyectos de conciertos sociales y convenios o conciertos sanitarios y la modificacin de los mismos; y la propuesta de contratos de concesin de servicios en los mbitos sanitarios y sociales que no sean informados por la Oficina Andaluza de Evaluacin Financiera. En estos supuestos se emitir un informe unificado de carcter anual, siempre que la incidencia econmica-financiera y presupuestaria de cada una de ellas sea cuantificable individualmente.

Si en el transcurso del año, una vez emitido el informe unificado, se solicita informe para un concierto o contrato de concesin de servicios, se informar este en coherencia con el informe unificado emitido y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes.

f) Los dems proyectos o propuestas de acuerdos, de convenios y de cualquier compromiso que adquieran la Administracin de la Junta de Andaluca y sus agencias y consorcios adscritos que tengan o pudieran tener incidencia econmico-financiera sobre futuros ejercicios presupuestarios, siempre que no consten en el expediente administrativo documentos contables de imputacin a crditos presupuestarios por las autorizaciones o compromisos de gastos del ejercicio corriente o futuros. En especial se excluyen, dada la existencia de documentos contables para las autorizaciones o compromisos de gastos, todos aquellos derivados de convenios; contratos pblicos o privados; encargos de ejecucin a medios propios; gastos derivados de la aplicacin de los mecanismos de financiacin de las entidades del sector pblico andaluz con cargo a aportaciones del Presupuesto de la Comunidad Autnoma; subvenciones excepcionales; y las convocatorias de subvenciones y ayudas pblicas, salvo las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA).

3. El rgano administrativo correspondiente valorar el impacto econmico-financiero y presupuestario en la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo, en el caso de anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos y de disposiciones reglamentarias, o en una memoria econmica cuando se trate de propuestas de planes o estrategias con contenido econmico-financiero y para cualquier otra actuacin que requiera informe de acuerdo con los prrafos e) y f) anteriores. Dichas memorias pondrn de manifiesto al menos, una estimacin de su incidencia sobre los ingresos y gastos pblicos, valorando sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, con referencia a las disponibilidades presupuestarias.

Las memorias sern elaboradas conforme a la Gua Metodolgica para la elaboracin de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo y remitidas por el rgano administrativo designado por cada Consejera, agencia o consorcio adscrito a la Direccin General de Presupuestos.

4. Analizada por la Direccin General de Presupuestos la memoria, si de ella se desprende que el proyecto o propuesta no tiene incidencia econmica o que tenindola est dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes tanto en el ejercicio corriente como en ejercicios futuros, se emitir informe simplificado en el plazo de cinco das hbiles, que se limitar a constatar la ausencia de incidencia econmica o la existencia de disponibilidad presupuestaria.

5. En todo caso, el plazo de emisin del informe quedar interrumpido cuando por la Direccin General de Presupuestos se solicite subsanacin de deficiencias, ampliacin de la informacin o aportacin de documentos necesarios para emitir el mismo. De no atenderse a la subsanacin o ampliacin en el plazo de tres meses, se entender que el rgano proponente desiste de la peticin de dicho informe.

6. Se habilita con carcter excepcional a la Consejera competente en materia de Hacienda, a travs de Resolucin dictada por la Direccin General de Presupuestos, a excluir de informe por su escaso impacto econmico o cualquier otra circunstancia debidamente motivada, actuaciones contempladas en el apartado 2. Asimismo, se autoriza a la Direccin General de Presupuestos a dictar instrucciones en ejecucin de lo previsto en la presente norma.”

Artculo 8. Modificacin de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre #(018791)#, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre #(018791)#, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca, queda redactada como sigue:

Uno. El artculo 6.2 queda redactado como sigue:

“2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarn, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razn de gnero. A tal fin, en el proceso de tramitacin de los proyectos de ley, de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, deber emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de evaluacin del impacto de gnero del contenido de estas, que quedar integrado en el impacto por razn de gnero incluido en la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN).”

Dos, Se modifica el artculo 8, que queda redactado como sigue:

“Artculo 8. Enfoque de gnero en el presupuesto.

El Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca ser un elemento activo en la consecucin de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Consejera competente en materia de presupuestos, en coordinacin con el conjunto de las Consejeras, con participacin del Instituto Andaluz de la Mujer, emitir el informe de evaluacin de impacto de gnero sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de cada ejercicio.”

Tres. Se modifican los apartados 1 y 5 del artculo 27, que quedan redactados la persona interesada podr siempre comparecer por s misma como sigue:

“1. La Administracin de la Junta de Andaluca fomentar y prestar apoyo y asesoramiento para la elaboracin de los planes de igualdad en las empresas privadas que no estn obligadas por la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo #(005606)#, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El contenido mnimo de los planes de igualdad se ajustar a lo dispuesto en la normativa estatal bsica sobre la materia.”

“5. Los planes de igualdad sern objeto de inscripcin obligatoria en registro pblico conforme a lo dispuesto en la normativa estatal sobre la materia.”

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artculo 31, que queda redactado como sigue:

“Artculo 31. Empleo en el sector pblico andaluz.

3. Las ofertas pblicas de empleo de la Administracin de la Junta de Andaluca debern ir acompañadas de la evaluacin del impacto por razn de gnero que se incluir en la MAIN.”

Artculo 9. Modificacin de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Se modifica el artculo 139 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, que queda redactado como sigue:

“Artculo 139. Informe de evaluacin de impacto de gnero y de evaluacin de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

Todos los proyectos de ley y dems disposiciones de carcter reglamentario que apruebe el Consejo de Gobierno y las dems disposiciones generales dictadas en desarrollo de las anteriores debern tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razn de gnero y del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, segn la Convencin de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concrecin en el resto de la normativa internacional, as como en la estatal y la autonmica que son aplicables en materia de menores. A tal fin, en la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo se incluir el informe de evaluacin del impacto por razn de gnero y de evaluacin de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia sobre el contenido de estas.”

Artculo 10. Modificacin del Decreto 17/2012, de 7 de febrero #(025620)#, por el que se regula la elaboracin del Informe de Evaluacin del Impacto de Gnero.

El Decreto 17/2012, de 7 de febrero #(025620)#, por el que se regula la elaboracin del Informe de Evaluacin del Impacto de Gnero, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 4, que queda redactado como sigue:

“2. Con carcter preceptivo, el informe de evaluacin del impacto de gnero acompañar al acuerdo de iniciacin del procedimiento de elaboracin de la disposicin, formando parte de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo.”

Dos. Se modifica el artculo 6, que queda redactado como sigue:

“Artculo 6. Remisin de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo al Instituto Andaluz de la Mujer.

El centro directivo competente para la emisin de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo, en la que se incluye la evaluacin del impacto por razn de gnero la remitir al Instituto Andaluz de la Mujer junto con las observaciones de la Unidad de igualdad de gnero de la Consejera y el proyecto de disposicin, acreditndolo en el respectivo expediente, antes de su envo a la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras o, en caso de proyectos de disposiciones en las que no sea necesario dicho trmite, antes de su aprobacin.”

Artculo 11. Modificacin de la Ley 1/2014, de 24 de junio #(034089)#, de Transparencia Pblica de Andaluca.

Se modifica el apartado 1 d) del artculo 13 #(034089) ar.13# de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pblica de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“d) La Memoria de Anlisis de Impacto Normativo, as como cualquier otro informe que conforme los expedientes de elaboracin de los textos normativos con ocasin de la publicidad de estos.”

Artculo 12. Modificacin del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Junta de Andaluca.

El Decreto 622/2019, de 27 de diciembre #(052303)#, de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Junta de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 2 y 3 del artculo 5, que queda redactado como sigue:

“2. Sus funciones son las siguientes:

a) Informar los Planes de Calidad y Simplificacin Normativa, previamente a su aprobacin, y conocer los informes de evaluacin de su ejecucin con anterioridad a su publicacin.

b) Informar las iniciativas en materia de simplificacin, modernizacin y racionalizacin administrativa, agilizacin de procedimientos, reduccin de cargas y mtodos de trabajo y transformacin digital que se sometan a su consideracin por las Consejeras que las impulsen.

c) Informar los planes estratgicos de consolidacin de infraestructuras informticas y de implantacin de un modelo centralizado de dichas infraestructuras.

d) Realizar propuestas en las materias de su competencia.

e) Acordar las propuestas de racionalizacin de rganos que plantee el rgano directivo responsable de la coordinacin y seguimiento del Registro Electrnico de rganos Colegiados de la Administracin de la Junta de Andaluca. As mismo aprobar el informe bienal que elaborar dicho rgano directivo en relacin a la evaluacin y, en su caso, propuesta de supresin por el cumplimiento de prdida sobrevenida o de unificacin o reordenacin por la existencia de funciones y atribuciones duplicadas o susceptibles de agruparse.

f) Informar, y en su caso proponer, el desarrollo no programado de proyectos de simplificacin y transformacin digital concretos cuando la urgencia de la situacin as lo aconseje.

g) Coordinar la relacin con la ciudadana en la Administracin de la Junta de Andaluca.

h) Impulsar e implantar actuaciones de utilizacin de medios electrnicos a la gestin administrativa en el marco de la transformacin digital de la Junta de Andaluca, desarrollando servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables que proporcionen servicios pblicos digitales ms inclusivos, eficientes, personalizados, proactivos y de calidad para la ciudadana.

i) Acordar el desarrollo de medidas de ejecucin e impulso en materia de proteccin de datos.

j) Promover actuaciones de formacin del personal empleado pblico y de difusin y sensibilizacin entre la ciudadana.

k) Informar la creacin de comisiones interdepartamentales de coordinacin de la actuacin administrativa en asuntos de mbito concreto y especfico que afecten a varias Consejeras.

l) Promover la formacin permanente y especfica de los empleados pblicos en materia de simplificacin administrativa en su triple vertiente: normativa, organizativa y procedimental.

m) Aquellas otras que puedan serle encomendadas por otras disposiciones.

3. La Comisin Interdepartamental de Coordinacin y Racionalizacin Administrativa estar adscrita a la Secretara General con competencias en materia de administracin pblica y tendr la siguiente composicin:

a) Presidencia: La persona titular de la Viceconsejera con competencias en materia de administracin pblica.

b) Vicepresidencia primera: la persona titular de la Viceconsejera con competencias en materia de administracin Perifrica.

c) Vicepresidencia segunda: la persona titular de la Secretara General con competencias en materia de administracin pblica.

d) Vicepresidencia tercera: la persona titular de la Direccin Gerencia de la Agencia Digital de Andaluca.

e) Vocalas, integradas por las siguientes personas:

1. La persona titular del rgano directivo con competencias en materia de Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andaluca.

2. La persona titular del rgano directivo central con competencias en materia de administracin perifrica.

3. La persona titular de la jefatura de la Inspeccin General de Servicios.

4. Las personas titulares de las Secretaras Generales Tcnicas de las Consejeras.”

Dos. Se modifica el artculo 6.2, que queda redactado como sigue:

“2. Son criterios de simplificacin y agilizacin de los procedimientos:

a) La unificacin o eliminacin de procedimientos.

b) La reduccin de los trminos y plazos en la medida que sea posible, manteniendo todas las garantas necesarias.

c) La supresin, acumulacin o simplificacin de trmites que no aporten valor añadido o que supongan dilaciones del procedimiento, siempre que no afecten a las garantas de las personas interesadas ni de la transparencia de la actividad administrativa.

d) La proactividad por parte del rgano responsable del procedimiento.

e) El establecimiento de modelos de declaracin, memorias o test de conformidad que faciliten la elaboracin de informes preceptivos.

f) La extensin y potenciacin de los procedimientos de respuesta inmediata o resolucin automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, as como para su renovacin o continuidad de su ejercicio; este criterio se aplicar especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y demandas de la ciudadana tras un nico contacto con la Administracin o en un tiempo muy breve.

g) La agilizacin de las comunicaciones, especialmente potenciando la transformacin digital de la Administracin y fomentando la relacin electrnica con los ciudadanos, garantizando, en todo caso, las condiciones bsicas de accesibilidad y no discriminacin que debern reunir los dispositivos y servicios electrnicos para las personas con algn tipo de discapacidad y para las personas mayores, en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, reduciendo la brecha digital y garantizando atencin a aquellas personas para las que no resulte posible la comunicacin electrnica.

h) La desconcentracin de competencias en rganos jerrquicamente dependientes.

i) La orientacin a la ciudadana.

j) Programacin temporal del desarrollo de los procedimientos, considerando el impacto de las incidencias administrativas o generadas por los interesados en los mismos.”

Tres. Se modifica el artculo 6.3, que queda redactado como sigue:

“a) La supresin de cargas administrativas que no sean imprescindibles para la resolucin del procedimiento, eliminando requisitos no exigidos por la normativa vigente, valorando su adecuacin y reduciendo la frecuencia de su aportacin.

b) La supresin o reduccin de la documentacin requerida a las personas interesadas y su posible sustitucin por transmisiones de datos o la presentacin de declaraciones responsables.

c) La valoracin del momento idneo para la aportacin de la documentacin requerida a las personas interesadas, promoviendo siempre que sea posible, su aportacin en el trmite de audiencia anterior a la formulacin de la propuesta de resolucin.

d) El fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportacin de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

e) La agrupacin documental, incorporando en un nico documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, haya de hacer una misma persona en un mismo trmite, o en varios si la gestin del procedimiento lo permite.

f) La normalizacin documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de anlogo carcter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentacin, con los datos mnimos necesarios para identificar a la persona interesada y facilitando, cuando sea posible, su cumplimentacin anticipada. Los documentos e impresos debern estar en todo caso disponibles en formato electrnico accesible.

g) Revisin de la necesidad de informes preceptivos y potestativos.

h) Revisin de la necesidad de informes de carcter preceptivo y, en la medida que sea posible, la sustitucin de informes preceptivos por potestativos, manteniendo todas las garantas necesarias.

i) Revisin de la necesidad de determinados registros y, en caso de serlo, posibilidad de inscripcin de oficio y de vigencia indefinida de la inscripcin.

j) Mejora de la informacin sobre requisitos, documentacin y procedimientos, cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las especficas que establece la normativa de aplicacin.”

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 5 al artculo 6, que queda redactado como sigue:

“5. Los rganos y entidades del sector pblico que promuevan iniciativas de simplificacin administrativa debern remitirlas a la Comisin Interdepartamental de Coordinacin y Racionalizacin Administrativa para su conocimiento.”

Cinco. Se añade un nuevo artculo 6 bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 6 bis. Principios del proceso de evaluacin de impacto normativo.

1. A efectos de mejorar la calidad normativa, se implementar de forma gradual un proceso de evaluacin de impacto normativo, conforme a los siguientes principios:

a) Principio de necesidad, que implica la obligatoriedad de identificar y definir la problemtica que requiere la intervencin normativa e identificar los objetivos perseguidos por la nueva regulacin.

b) Principio de proporcionalidad, cuya aplicacin permite la identificacin de los impactos previstos y la determinacin de las opciones ms adecuadas para conseguir los objetivos definidos.

c) Principio de transparencia, que permite el acceso de la ciudadana al procedimiento de elaboracin de las normas, posibilitando su participacin.

d) Principio de coherencia de la nueva regulacin con el resto de las actuaciones y objetivos de las polticas pblicas.

e) Principio de accesibilidad, que implica que la norma sea clara, comprensible y conocida por sus destinatarios.

f) Principio de responsabilidad, que supone la determinacin de los rganos responsables de la ejecucin y del control de las medidas incluidas en la norma.

2. El proceso de evaluacin de impacto normativo incorporar la metodologa adecuada que permita la comparacin objetiva y cuantificada de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones posibles para solucionar el problema que la norma pretende resolver.”

Seis. Se modifica el artculo 7, que queda redactado como sigue:

“Artculo 7. Memoria de Anlisis de Impacto Normativo.

1. La Memoria de Anlisis de Impacto Normativo (en adelante MAIN) es el documento en el que se recoge y unifica toda la informacin que se acompaña, como trmite preceptivo, a los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de disposiciones reglamentarias, justificando su oportunidad y necesidad y realizando una estimacin de los impactos que en diferentes mbitos de la realidad tendr su aprobacin.

2. En el caso de que el proyecto normativo tenga impacto de carcter econmico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro impacto establecido en el artculo 7 bis, el rgano directivo competente para impulsar la norma elaborar la memoria con el contenido que se establece en el citado artculo.

3. En el caso de que por el rgano directivo competente para impulsar la norma se aprecie que el proyecto no tiene un impacto relevante de carcter econmico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, o que los impactos en dichos mbitos no son significativos, se elaborar por ste una Memoria Abreviada, con el contenido establecido en el artculo 7 ter.”

Siete. Se incorpora un nuevo artculo 7 bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 7 bis. Contenido de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo.

1. Los procedimientos de aprobacin de los anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias incorporarn una MAIN que deber contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta de norma, que en todo caso incluir:

1.º La identificacin clara de los fines y objetivos perseguidos.

2.º Alternativas de regulacin estudiadas, lo que deber incluir una justificacin de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulacin.

3.º Justificacin de su adecuacin a los principios de buena regulacin establecidos en el artculo 129 #(013300) ar.129# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y, en particular, a los principios de necesidad y eficiencia, justificando la razn de inters general en la que se funda, y que es el instrumento ms adecuado para garantizar su consecucin. Tambin deber contener una explicacin de su adecuacin al principio de proporcionalidad, de forma que la iniciativa contenga la regulacin imprescindible para atender la necesidad a cubrir, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

b) Contenido y anlisis jurdico, que incluir los siguientes extremos:

1.º Referencia al Derecho nacional, si tiene carcter de normativa bsica, al derecho de la Comunidad Autnoma de Andaluca y al de la Unin Europea, que incluir el listado pormenorizado de las normas autonmicas que quedarn derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de esta.

2.º Rgimen de distribucin de competencias.

3.º Justificacin sobre el rango del proyecto normativo y su incardinacin con el resto del ordenamiento jurdico.

4.º Cuando se regule un procedimiento administrativo, se expondrn los factores tenidos en cuenta para fijar su plazo mximo de duracin, as como una previsin de su impacto organizativo y de los recursos de personal para su ptima gestin. El anlisis del procedimiento administrativo deber contener los criterios empleados en el diseño funcional del mismo, a fin de someterlos a un cribado de tcnicas de simplificacin, evaluacin de cargas administrativas, de factibilidad de su digitalizacin y automatizacin, y a la evaluacin sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Administracin electrnica. Asimismo, deber incorporar, en la memoria o de forma independiente, el cdigo de identificacin del nuevo procedimiento.

Cuando se modifiquen preceptos relativos a procedimientos administrativos ya existentes, se debe llevar a cabo un estudio relativo al anlisis y diagnstico de los procedimientos y su posible rediseño. Dicho estudio formar parte, en su caso de la memoria. Asimismo, cuando se adicionen nuevos trmites en los procedimientos o la obligacin de aportar nuevos documentos, se justificar que son eficaces, proporcionados y necesarios para la consecucin de los fines propios del procedimiento. En ambos supuestos se analizar los efectos que dicha modificacin tiene sobre el plazo de duracin del procedimiento y la previsin del impacto organizativo y de recursos de personal para su ptima gestin.

5.º Cuando mediante anteproyecto de ley o proyecto de decreto legislativo se establezca que el silencio tendr efecto desestimatorio, se expondr especficamente la razn de inters general que lo justifica, en los supuestos en los que el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio.

6.º Cuando se trate de la creacin de nuevos rganos, la acreditacin de la no coincidencia de sus funciones y atribuciones con la de otros rganos existentes.

c) Impacto econmico-financiero y presupuestario.

1.º El impacto econmico evaluar las consecuencias de su aplicacin sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, as como sobre la unidad de mercado, de conformidad con lo establecido en la Gua de Anlisis de Impacto Normativo.

En su caso, se evaluar as mismo los impactos sobre las pequeñas y medianas empresas mediante la consideracin de las peculiaridades de estas a travs del uso de instrumentos de anlisis de las diferentes repercusiones que puede generar la aprobacin de la norma.

2.º El impacto econmico-financiero y presupuestario comprender, al menos, una estimacin de su incidencia sobre los ingresos y gastos pblicos, valorando sus repercusiones y efectos sobre los ejercicios presupuestarios a los que se extienda su vigencia, con referencia a las disponibilidades presupuestarias.

d) Evaluacin de las cargas administrativas que conlleva la propuesta, justificando su necesidad y el coste de su cumplimiento para los obligados a soportarlas, con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. En todo caso la iniciativa normativa evitar la imposicin de cargas innecesarias y accesorias y racionalizar en su aplicacin la gestin de los recursos pblicos.

e) Impacto por razn de gnero, en la infancia y adolescencia y en la familia. El impacto de gnero analizar y valorar los resultados que se puedan derivar de la aprobacin del proyecto desde la perspectiva de la eliminacin de desigualdades y de su contribucin a la consecucin de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. A estos efectos las Unidades de Igualdad de Gnero existentes prestarn asesoramiento al centro directivo que impulse la norma.

Asimismo, se realizar un anlisis de los impactos en la infancia y adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 22 #(000144) ar.22# quinquies de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor; y en la familia, de conformidad con lo dispuesto en la disposicin adicional dcima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre #(003436)#, de Proteccin a las Familias Numerosas y el artculo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

f) Medios electrnicos. Se incorporar un apartado en materia de medios electrnicos en los siguientes casos:

1.º El proyecto regula un procedimiento administrativo.

2.º El proyecto guarda relacin directa con las tecnologas de la informacin y la comunicacin.

3.º El proyecto requiere de manera relevante de dichas tecnologas para llevarse a cabo.

Este apartado, as como el correspondiente contenido sobre impacto presupuestario en el mbito TIC, lo elaborar la Agencia Digital de Andaluca cuando a sta le corresponda la definicin y ejecucin de los medios electrnicos, en virtud del mbito en el cual la Agencia ejerce el desempeño de sus fines dispuestos en el prrafo a) del apartado 1 de la disposicin adicional vigesimosegunda de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre #(053368)#, del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca para el año 2021.

En el supuesto de que el proyecto regule un procedimiento administrativo, la Agencia Digital de Andaluca elaborar un modelo tipo a partir del protocolo de telematizacin de los procedimientos y herramientas informticas de asistencia y ayuda que se elaborar por parte de todos los centros directivos competentes. Dicho modelo contendr previsiones en materia de gestin electrnica del procedimiento y de cumplimiento de los requisitos relacionados con medios electrnicos derivados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre #(013300)#, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, de este Decreto, y dems normativa de aplicacin, as como, en su caso, la publicacin automatizada de informacin en la seccin de transparencia del Portal de la Junta de Andaluca y en el catlogo de datos abiertos.

g) Evaluacin de otros impactos que sean necesarios por razn de la materia objeto del proyecto, prestando especial atencin al impacto de carcter ambiental y al impacto social. Asimismo, se realizar un anlisis sobre el coste-beneficio con carcter potestativo y, en todo caso, cuando una norma especfica o sectorial as lo exija. Este anlisis consistir en un resumen de todos los costes y beneficios de la norma, tanto directos como indirectos, debiendo quedar acreditado que los beneficios esperados compensan o superan los costes derivados del proyecto y justifican la aprobacin del mismo.

h) Resumen de las principales aportaciones recibidas en el trmite de consulta pblica previa. En el caso de prescindirse de este trmite de consulta pblica previa, deber justificarse la concurrencia de alguna o varias razones, debidamente motivadas, previstas en el artculo 133.4 #(013300) ar.133# primer prrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y artculo 28.2 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participacin Ciudadana de Andaluca.

i) Descripcin de la tramitacin, motivacin sobre el alcance del trmite de audiencia y peticin de informes y dictmenes, con referencia a resmenes de las principales aportaciones recibidas en el trmite de audiencia y de informacin pblica, y en los informes y dictmenes preceptivos y facultativos evacuados. En todo caso, dicha descripcin contendr el resultado y el reflejo de aqullas en el texto del proyecto, as como, en su caso, las razones por las que se prescindi de aquellas o la justificacin de la tramitacin de urgencia, cuando proceda. En el caso de que se acuerde la tramitacin urgente del procedimiento, en la Memoria se mencionar la existencia dicho acuerdo, as como las circunstancias que le sirven de fundamento conforme a lo previsto en el artculo 45 #(005329) ar.45# bis de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

j) Impacto en la proteccin de datos personales.

k) Evaluacin ex post, indicando la sistemtica que se va a utilizar en la evaluacin de los resultados de la aplicacin de la norma y la entidad u rgano que se considera idneo para llevarla a cabo.

2. El rgano directivo competente para la realizacin de la Memoria, actualizar el contenido de sta con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de elaboracin normativa. En especial, se actualizar el apartado relativo a la descripcin de la tramitacin y peticin de informes, que comprender la valoracin de las observaciones y alegaciones formuladas a lo largo de todo el procedimiento.

3. Para la realizacin y estructuracin de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo se atender a las indicaciones contenidas en la Gua Metodolgica que se aprobar mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno. En todo caso, se incluir al principio de la Memoria una ficha con el resumen ejecutivo de la misma, conforme a lo establecido en la Gua Metodolgica.”

Ocho. Se incorpora un nuevo artculo 7 ter, que queda redactado como sigue:

“Artculo 7 ter. Contenido de la Memoria de Anlisis de Impacto Normativo Abreviada.

1. La Memoria Abreviada deber incluir, al menos, los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la norma.

b) Rgimen de distribucin de competencias.

c) En su caso, listado de las normas que quedan derogadas.

d) Impacto econmico-financiero y presupuestario.

e) Impacto por razn de gnero, en la infancia y adolescencia y en la familia.

f) Medios electrnicos.

g) Descripcin de la tramitacin y consultas realizadas que comprender lo dispuesto en el apartado 1.i) del artculo 7 bis.

2. La Gua Metodolgica incluir indicaciones del contenido preciso de la Memoria Abreviada.

3. El rgano directivo competente deber justificar oportunamente en la propia Memoria los motivos de su elaboracin como abreviada.”

Nueve. Se modifica el artculo 8, que queda redactado como sigue:

“Artculo 8. Informe en materia de simplificacin, organizacin y de valoracin de la MAIN.

1. El rgano directivo central con competencias en materia de organizacin de los servicios pblicos y simplificacin administrativa informar, con carcter preceptivo y no vinculante, los anteproyectos de ley y las disposiciones reglamentarias y previamente a su aprobacin, en lo relativo a organizacin y procedimientos administrativos, as como lo establecido en el 7 bis 1.b) 4.º a 6.º y 1.d). No ser necesario el informe en los supuestos de delegacin de competencias.

A estos efectos se comprobar, en materia de organizacin, el cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 22.2 #(006103) ar.22# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para que en ningn caso se puedan crear nuevos rganos sin que en el expediente de su creacin quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no coincidir con las de otros rganos existentes, debiendo preverse expresamente en los supuestos en que concurra dicha coincidencia la supresin o disminucin de competencias del rgano o unidad administrativa afectados. En materia de procedimientos administrativos se comprobar su simplificacin y agilizacin, y la reduccin de cargas administrativas, llevando a cabo un anlisis del cumplimiento de los criterios establecidos en el artculo 6.

2. El rgano competente en materia de impulso, coordinacin y seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecucin de la mejora de la calidad normativa informar, con carcter preceptivo y no vinculante, los anteproyectos de ley, decretos legislativos y dems disposiciones reglamentarias, previamente a su aprobacin, en lo relativo al cumplimiento del contenido de la MAIN establecido en los artculos 7 bis y 7 ter, con excepcin de lo recogido en el apartado 1 de este artculo. En la emisin del informe se comprobar el cumplimiento de los principios del artculo 3.2 en relacin con la evaluacin de impacto normativo a efectos de mejorar la calidad normativa.

3. Los informes previstos en los dos apartados anteriores sern solicitados simultneamente por la persona titular de la Secretara General Tcnica de la Consejera que promueve la norma, remitiendo la memoria a que alude el artculo 7 junto con el proyecto de disposicin. La solicitud de informe referida en el apartado 1 ir acompañada, en su caso, de la propuesta de formularios del procedimiento para su normalizacin y correspondiente inscripcin en el Registro de Procedimientos y Servicios, en los trminos previstos en el artculo 12.11 de este decreto.

4. Podrn integrarse en un nico documento los informes recogidos en este artculo.

5. El plazo de emisin de los informes quedar interrumpido cuando se solicite la subsanacin de deficiencias o ampliacin de informacin.”

Diez. Se modifica el artculo 9.1, que queda redactado como sigue:

“La Consejera competente en materia de impulso, coordinacin y el seguimiento de las actuaciones encaminadas a la consecucin de la mejora de la calidad normativa pblica elaborar cada dos años, el Plan de Calidad y Simplificacin Normativa, correspondiendo su aprobacin al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. Este plan tendr como objetivo la revisin, simplificacin y, en su caso, consolidacin normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio de la Comunidad Autnoma de Andaluca.”

Once. Se añade un nuevo apartado 4 al artculo 9 que queda redactado como sigue:

“4. Con el objetivo de mejorar la calidad normativa se implementarn metodologas adecuadas que permitan la evaluacin de impacto normativo mediante tcnicas de comparacin objetiva y cuantificada.”

Doce. Se modifica el apartado 4 del artculo 12, que queda redactado como sigue:

“4. A fin de garantizar el cumplimiento de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artculo 28 #(013300) ar.28# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si los datos o documentos que deban constar en el procedimiento ya obran en poder de alguna Administracin Pblica y estn accesibles a travs de los servicios y sistemas habilitados al efecto, los formularios podrn incluir la posibilidad de que las personas interesadas manifiesten su oposicin expresa a que, los rganos responsables de los procedimientos administrativos de la Administracin de la Junta de Andaluca puedan acceder a los servicios de consulta y de verificacin.”

Trece. Se modifican los apartados 2 y 3 del artculo 17, que quedan redactados como sigue:

“2. La Administracin de la Junta de Andaluca puede crear sedes electrnicas de los siguientes tipos:

a) Sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca.

b) Sedes electrnicas derivadas.

c) Sedes electrnicas compartidas.

3. La creacin de sedes electrnicas tendr lugar mediante orden de las Consejeras competentes en materia de administracin pblica y transformacin digital y conforme a lo previsto en los artculos 19 y 20. La orden de creacin establecer:

a) La Consejera, agencia o consorcio titular de la sede y de la integridad, veracidad y actualizacin de la informacin y de los servicios que se presten mediante la misma.

b) La direccin electrnica en la que ser accesible.

c) El mbito de aplicacin de la sede.

d) Los contenidos y servicios que se prestarn mediante la misma.”

Catorce. Se modifica el apartado 3 del artculo 19, que queda redactado como sigue:

“3. La titularidad de la Sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca corresponde a la Administracin de la Junta de Andaluca. Su mantenimiento y evolucin tecnolgica corresponde a la Agencia Digital de Andaluca. Su gestin y supervisin de contenidos de carcter general corresponde a la Consejera competente en materia de administracin pblica. Cada Consejera, agencia o consorcio, en su caso, ser responsable, en el mbito de sus competencias y de acuerdo con las materias de que se trate, de los datos, documentos, informaciones, contenidos y servicios accesibles en la Sede electrnica general.”

Quince. Se modifica el artculo 20, que queda redactado como sigue:

“Artculo 20. Sedes derivadas y sedes compartidas.

1. Atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia en la prestacin de servicios, y conforme a criterios de especializacin, mediante orden conjunta de las Consejeras competentes en materia de administracin pblica y transformacin digital se podrn crear sedes derivadas de la sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca, las cuales debern resultar accesibles desde sta ltima, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrnico directo a las mismas.

2. Mediante convenios de colaboracin se podrn crear sedes electrnicas compartidas por la Administracin de la Junta de Andaluca y otras Administraciones Pblicas. Por parte de la Administracin de la Junta de Andaluca estos convenios sern suscritos por las Consejeras competentes en materia de administracin pblica y transformacin digital, y sern publicados en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca. Las sedes electrnicas compartidas tendrn el contenido que se determine en su instrumento de creacin.”

Diecisis. Se modifica al artculo 36.1, que queda redactado como sigue:

“1. La Administracin de la Junta de Andaluca adoptar las medidas adecuadas para avanzar en la digitalizacin de la gestin de los servicios pblicos, mediante la implantacin progresiva de medios electrnicos en la gestin de su actividad administrativa, en las comunicaciones, relaciones, trmites y prestaciones de servicios con la ciudadana, as como en sus comunicaciones internas y servicios al empleado pblico, de forma que se garantice el funcionamiento ntegramente electrnico.

A tal fin, con objeto de impulsar la modernizacin de los procesos y para lograr la prestacin de servicios pblicos de calidad centrados en las personas, promover una gobernanza inteligente del dato.”

Diecisiete. Se añade un nuevo artculo 37. bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 37 bis. La Plataforma de Intermediacin de datos de la Junta de Andaluca.

1. Para hacer efectivo el derecho reconocido previsto en los apartados 2 y 3 del artculo 28 #(013300) ar.28# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Plataforma de Intermediacin de datos de la Administracin de la Junta de Andaluca la herramienta corporativa de la Administracin autonmica mediante la que se podrn consultar o verificar determinados datos y documentos de los ciudadanos sin perjuicio de otros sistemas electrnicos habilitados al efecto de carcter sectorial.

2. La consulta de los datos o documentos en la plataforma ser realizada, previa autorizacin legal o consentimiento expreso del interesado en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre #(050868)#, de Proteccin de Datos Personales y garanta de los derechos digitales y normativa de desarrollo, por los empleados pblicos de la Administracin autonmica en aquellos procedimientos para los que estn expresamente habilitados. La informacin obtenida de las consultas realizadas se utilizar, exclusivamente, para la finalidad con que fue recabada.

3. Los documentos o datos de carcter personal a consultar o verificar en la plataforma provendrn tanto de registros o ficheros automatizados de la propia Administracin de la Junta de Andaluca, como de aquellos que se encuentren disponibles mediante el intercambio electrnico en entornos cerrados de comunicacin con otras administraciones pblicas en los trminos de los convenios de colaboracin que resulten de aplicacin.

4. Las autorizaciones para el acceso a los servicios proporcionados por la plataforma sern concedidas por el rgano responsable del mantenimiento del Registro de Procedimientos y Servicios mediante el acto de inscripcin en dicho Registro, que estar, asimismo, facultado para las actuaciones de control y supervisin que procedan con el fin de verificar la adecuada obtencin y utilizacin de la informacin cedida y de las condiciones normativas o convencionales que resulten de aplicacin.”

Dieciocho. Se modifica el prrafo a) del apartado 2 del artculo 41, que queda redactado como sigue:

“a) Tablones de edictos electrnicos, en la sede electrnica que corresponda, con la advertencia de cul es la fecha de eficacia de la actuacin.”

Veinte. Se añade un nuevo artculo 42 bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 42 bis. Comprobacin automatizada.

1. Los organismos, rganos y entidades de la Administracin autonmica, cuando ejerzan competencias administrativas, podrn realizar comprobaciones o verificaciones automatizadas de las informaciones que precisen para la gestin de los trmites de su competencia.

2. La comprobacin o verificacin automatizada requerir la identificacin de la informacin en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos, trmites y servicios, y se realizar sin necesidad de intervencin directa de una persona empleada pblica en la gestin de los expedientes sin otras dilaciones que las que, en su caso, pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad de las plataformas o sistemas que la soporten, todo ello sin perjuicio de la necesaria supervisin y control por empleado pblico del proceso.

3. Las previsiones contenidas en este precepto se llevarn a cabo con respeto a la normativa de proteccin de datos de carcter personal; as como el acceso a los datos de carcter reservado se har conforme a lo establecido por la normativa bsica estatal o de la Unin Europea.”

Veinte. Se modifica la disposicin adicional sexta, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional sexta Transparencia y seguimiento de la mejora regulatoria

1. Bienalmente la Inspeccin General de Servicios de la Junta de Andaluca evaluar el cumplimiento de los instrumentos de anlisis ex ante y ex post previstos para la mejora de la calidad regulatoria y a la aplicacin de los principios de sostenibilidad y buena regulacin.

2. En la emisin del informe se comprobar que el informe ex ante emitido por el rgano directivo central con competencias en materia de organizacin de los servicios pblicos y simplificacin administrativa a que hace referencia el artculo 8 de este decreto contiene recomendaciones claras y basadas en evidencias. As mismo comprobar que por parte de los distintos rganos directivos, estas recomendaciones se han considerado o incorporado al expediente los motivos por los que no sean necesario para garantizar la calidad de la elaboracin de la norma.”

Veintiuna. Se añade un nuevo apartado g) en el artculo 43.1, que queda redactado como sigue:

“g) Promover una gobernanza inteligente del dato que proporcione conocimiento e informacin de valor en la prestacin de servicios pblicos de calidad centrados en las personas y en la gestin e intercambio transparente de datos, donde la informacin se utilice eficientemente para diseñar polticas pblicas alineadas con la realidad social, econmica y territorial de Andaluca.”

Veintids. Se añade una nueva Disposicin adicional novena, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional novena. Creacin de la Red de Oficinas de asistencia en materia de registros.

Con el fin de coordinar, racionalizar y homogeneizar la relacin por medios presenciales de la ciudadana con la Administracin, las Oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Andaluca se constituyen como unidades de servicios comunes, adscritas a la Consejera competente en materia de Administracin Pblica.

La relacin de Oficinas de asistencia en materia de registros estar publicada en la Sede Electrnica General de la Junta de Andaluca y todas ellas formarn una Red.”

Veintitrs. Se añade una nueva Disposicin adicional dcima, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional dcima. Catlogo de Buenas Prcticas.

1. Con objeto de estimular la actitud proactiva de los rganos y entidades del sector pblico de la Junta de Andaluca en el desarrollo de iniciativas para la simplificacin administrativa, la Comisin Interdepartamental de Coordinacin y Racionalizacin Administrativa, elaborar un Catlogo de Buenas Prcticas. Dicho catalogo deber ser revisado, al menos cada dos años.

2. Podr as mismo otorgar premios y menciones a aquellas iniciativas especialmente relevantes por su carcter innovador y sus efectos positivos para la simplificacin administrativa.”

Veinticuatro. Se añade una nueva disposicin adicional undcima, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional undcima. Metodologas para la aplicacin en materia de calidad normativa.

Mediante Orden de la Consejera con competencias en materia de calidad normativa se definirn las metodologas a las que se hace referencia en el artculo 9.4 de este decreto.”

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 de la disposicin transitoria segunda, que queda redactado como sigue:

“1. A la entrada en vigor de este decreto continuar en funcionamiento la sede electrnica regulada en el Decreto 188/2018, de 9 de octubre #(050658)#, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca. Dicha sede pasar a tener la consideracin de sede electrnica derivada de la sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca una vez creada dicha sede.”

Trece. Se modifica el Anexo III, añadiendo los siguientes apartados:

“c) Sistema de firma basado en la consignacin del nmero de NIF/NIE, el IDESP/IXEPS y la fecha de caducidad, de las personas que componen una unidad familiar, para manifestar oposicin expresa o consentimiento expreso, segn lo previsto en los apartados 2 y 3 del artculo 28 #(013300) ar.28# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artculo 42 de este Decreto.

d) Sistema de firma basado en la tarjeta electrnica del profesorado en Andaluca y personal de centros docentes, para los trmites y actuaciones que dicho personal realice en el mbito de la Administracin Educativa de Andaluca.

e) Sistema de firma basado en intercambio de claves a travs de mensajes SMS para las personas de la comunidad educativa andaluza.”

Artculo 13. Modificacin de la Orden de la Consejera de Hacienda y Administracin Pblica, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la poltica informtica de la Junta de Andaluca.

La Orden de la Consejera de Hacienda y Administracin Pblica, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la poltica informtica de la Junta de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Las referencias a la Direccin General de Poltica Digital en la Orden de la Consejera de Hacienda y Administracin Pblica, de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos de la poltica informtica de la Junta de Andaluca, se entendern referidas a la Agencia Digital de Andaluca.

Dos. Se modifica el artculo 5, que queda redactado como sigue:

“Artculo 5. Emisin de informes.

1. La celebracin de contratos de suministro y de servicios relativos a las TIC, tanto de carcter particular como general, requerir informe favorable de la Agencia Digital de Andaluca, estando exceptuados los contratos menores. Estarn igualmente sometidas a informe de este rgano las propuestas de prrrogas de los contratos citados y las propuestas de modificaciones de los mismos en el caso de que dicha modificacin suponga un coste superior al 20% de su importe inicial, o bien que tengan carcter sustancial o supongan una alteracin del contenido tcnico del contrato.

La Agencia Digital de Andaluca deber emitir informe vinculante a la Direccin General competente en materia de Contratacin en relacin con los bienes y servicios informticos que han de ser declarados de necesaria uniformidad, as como informe tcnico previsto en el artculo 3.a).

Asimismo, le corresponde a la Agencia Digital de Andaluca emitir informe favorable necesario para la contratacin de bienes y servicios informticos que, habiendo sido declarados de necesaria uniformidad, se pretendan contratar al margen de la homologacin, ya sea por no estar homologados, o porque la peculiaridad de la necesidad a satisfacer determine que hayan de contratarse fuera del Catlogo de Bienes y Servicios Homologados, de conformidad con lo establecido en el artculo 42.1.d) #(012106) ar.42# del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacin administrativa para la gestin de la contratacin de la Administracin de la Junta de Andaluca y sus entidades instrumentales y se regula el rgimen de bienes y servicios homologados.

2. Los citados informes se entendern emitidos en sentido favorable de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Para los contratos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperacin y Resiliencia en ejecucin del Plan de Recuperacin, Transformacin y Resiliencia, si transcurrido el plazo de diez das hbiles no se hubiese emitido informe expreso.

b) Para el resto de los contratos, si transcurrido el plazo de veinte das hbiles no se hubiese emitido informe expreso.

Los plazos anteriores se contarn a partir de la fecha de recepcin de la solicitud de los informes.

En todos los supuestos anteriores el importe fijado incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, de conformidad con el artculo 102.1 #(039439) ar.102# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3. El informe favorable de la Agencia Digital de Andaluca requerido en el apartado 1 de este artculo para los distintos supuestos de contratacin de bienes y servicios informticos, deber emitirse antes del inicio del expediente de contratacin y, en todo caso, antes de la fiscalizacin previa del gasto, y formar parte de dicho expediente.

4. A efectos de la emisin del citado informe, deber aportarse la siguiente documentacin que forma parte del expediente de contratacin:

a) Memoria justificativa.

b) Proyecto de Pliego de Prescripciones Tcnicas.

c) Proyecto de Pliego de Clusulas Administrativas Particulares.

d) Documentos tcnicos que avalen las decisiones directivas, funcionales, tcnicas y tecnolgicas que figuran en los Pliegos de referencia.

5. La Agencia Digital de Andaluca podr recabar, antes de la emisin del informe, la informacin o documentacin que considere necesaria para la correcta comprensin y determinacin del alcance funcional o tecnolgico del proyecto a informar.

6. Todas las solicitudes de informes debern ser canalizadas a travs de los rganos directivos que tengan las competencias en materia TIC, que sern los encargados de solicitar los informes y a quienes se les comunicar el sentido de los mismos.

7. El plazo de validez de los informes ser de doce meses. Si no se realizara la adjudicacin del contrato antes del vencimiento de dicho plazo, deber solicitarse nuevo informe.

8. El proceso de gestin para la emisin de los informes por medios electrnicos, se llevar a cabo a travs de la plataforma INFOCOR actualmente implantada o aquella que la sustituya, en su caso, con objeto de facilitar el intercambio de informacin y la racionalizacin de los procedimientos administrativos y electrnicos a observar.

9. Para los contratos menores y para la contratacin de bienes y servicios informticos homologados una vez seleccionados, el informe se sustituir por una comunicacin a la Agencia Digital de Andaluca, que se realizar, en todo caso, antes de la fiscalizacin previa del gasto. A esta comunicacin le ser de aplicacin lo establecido en el apartado 6 del presente artculo. En los contratos menores deber aportarse la memoria justificativa de la contratacin, as como la documentacin tcnica que d soporte a la misma.”

Artculo 14. Modificacin del Decreto 128/2021, de 30 de marzo #(053660)#, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluca.

Se añade un apartado 6 a la disposicin adicional cuarta del Decreto 128/2021, de 30 de marzo #(053660)#, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“6. En su condicin de encargado del tratamiento de datos personales, la Agencia Digital de Andaluca est autorizada, de manera general, a realizar las actividades de tratamiento necesarias para el desempeño de sus funciones y competencias, conforme al prrafo f) del artculo 6.3 de sus Estatutos, aprobados por el presente Decreto 128/2021, de 30 de marzo #(053660)#, y contribuir a garantizar que el responsable del tratamiento de datos cumpla con los principios establecidos en el artculo 5.1 #(037364) ar.5# del Reglamento General de Proteccin de Datos, para lo cual la Agencia colaborar con el responsable del tratamiento de datos en la realizacin del anlisis de riesgos y, en su caso, de la evaluacin de impacto relativa a la proteccin de datos.”

CAPTULO III

Seccin 1.ª Disposiciones generales de la Gobernanza Pblica por Proyectos

Artculo 15. Delimitacin.

La gobernanza pblica por proyectos se llevar a cabo preferentemente a travs de tramitaciones conjuntas de proyectos y gestin coordinada de procedimientos, todo ello sin perjuicio de aquellas otras modalidades que permita el ordenamiento jurdico estatal o autonmico y que contribuyan a la implantacin, desarrollo y culminacin de proyectos en la Comunidad Autnoma de Andaluca.

Artculo 16. Instrumentos de colaboracin.

1. Con la finalidad de impulsar la simplificacin administrativa, la Administracin de la Junta de Andaluca promover el desarrollo de instrumentos de colaboracin y coordinacin.

Estos instrumentos permitirn, entre otros, el ejercicio conjunto de las facultades de intervencin sobre las actividades econmicas, tanto de polica como de inspeccin y sancin; el otorgamiento y control de los ttulos habilitantes de desarrollo de actividades econmicas; la ejecucin de proyectos concretos o de sectores econmicos especficos; o la gil resolucin de cualesquiera procedimientos administrativos de tramitacin y reconocimiento de derechos y acceso a los servicios pblicos de la ciudadana.

2. La colaboracin y coordinacin entre Administraciones pblicas podr articularse a travs de convenios, que concretarn, en su caso, los servicios y recursos necesarios.

3. Las Administraciones pblicas que tienen atribuidas las competencias en materia de cooperacin y asistencia a los gobiernos locales pueden adoptar las medidas instrumentales y de fomento necesarias para aplicar el presente ttulo.

4. La coordinacin de la accin administrativa en materias especficas podr articularse mediante la adopcin de protocolos coordinados entre diferentes rganos y organismos del sector pblico con la finalidad de simplificar y agilizar los procedimientos de su competencia y de facilitar la evaluacin permanente de las mejoras de eficacia y eficiencia alcanzadas.

Seccin 2.ª Tramitaciones conjuntas de proyectos

Artculo 17. Gestin y mejora continua de los procesos horizontales e internos.

La Administracin de la Junta de Andaluca identificar todos sus procesos horizontales o transversales, entendiendo por tales aquellos que afecten a ms de una Consejera o ente instrumental, as como aquellos procesos internos que afecten o tramiten las mismas, revisando y eliminando aquellas actuaciones que no le añadan valor y estandarizando los mismos, con el fin de alcanzar mejoras en la calidad de los servicios e incrementar la eficacia y la eficiencia.

Artculo 18. Tramitacin conjunta de proyectos.

1. La Administracin de la Junta de Andaluca, promover que los actos de intervencin administrativa que afecten a diversas actividades incluidas en un solo procedimiento se integren ante una nica instancia en los supuestos de proyectos que sean susceptibles de tramitacin conjunta, as como para los que se declaren de agilizacin administrativa en los trminos que reglamentariamente se establezca.

2. El Consejo de Gobierno a instancia de la Consejera competente en materia de administracin pblica, determinar el rgano autonmico competente ante el cual se realizarn todos los trmites y se establecern los mecanismos para llevarlo a efecto. Este rgano coordinar todos los trmites administrativos necesarios para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de los actos y resoluciones que correspondan a los dems rganos competentes.

Seccin 3.ª Medidas de impulso para la gestin coordinada de procedimientos

Artculo 19. Gestin coordinada de procedimientos.

1. La gestin coordinada de procedimientos consiste en el establecimiento de un marco de trabajo instrumental, organizativo y, en su caso temporal para el ejercicio de una competencia o del conjunto coordinado de las competencias que corresponden a diferentes Administraciones pblicas, organismos pblicos u rganos administrativos, para la autorizacin de una actividad o proyecto concretos o de sectores econmicos especficos, o la resolucin de cualesquiera procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos y el acceso a los servicios pblicos de la ciudadana.

2. La gestin coordinada se acordar por orden de la Consejera competente por razn de la materia o cuando lo sean varias, por orden conjunta, y mediante convenio cuando se trate de distintas Administraciones pblicas.

3. Los instrumentos de gestin coordinada de procedimientos tendrn los siguientes contenidos:

a) El marco instrumental, organizativo y temporal de la gestin coordinada, incluyendo de forma detallada las medidas de coordinacin y colaboracin aplicables. Deber establecerse el horizonte temporal de gestin coordinada determinando el momento en que se prevea la emisin de los informes preceptivos y, en su caso, de las resoluciones sustantivas o ambientales precisas para el desarrollo de la actividad o proyecto.

b) La documentacin que deber elaborarse y presentarse para hacer posible la gestin coordinada, conforme a la regulacin de los procedimientos que son objeto de ella.

c) La persona responsable de la coordinacin, que deber ser designada entre empleados pblicos, autoridades o cargos del sector pblico autonmico, con conocimientos especializados en la materia de que se trate, y los empleados pblicos que acten como coordinadores entre los diferentes centros directivos y entidades para el procedimiento de gestin coordinada.

4. Los instrumentos de gestin coordinada podrn establecer, entre otras, las siguientes especialidades:

a) Cuando un rgano deba emitir informe en relacin con varios de los procedimientos coordinados, la emisin simultnea de todos ellos mediante un nico informe, que incluir cuantos pronunciamientos corresponda al rgano competente.

b) La resolucin simultnea de los procedimientos de que se trate, cuando resulte legalmente posible, o la programacin de su resolucin sucesiva y coordinada en el tiempo con la finalidad de incrementar la previsibilidad y certidumbre de la actuacin administrativa.

Artculo 20. Utilizacin de las encomiendas de gestin administrativas para la gestin compartida de proyectos.

1. La Administracin de la Junta de Andaluca podr utilizar las encomiendas de gestin interadministrativas para la gestin compartida de proyectos cuando sea necesaria la realizacin de actividades de carcter material o tcnico, en los trminos establecidos en la normativa bsica estatal y el artculo 105 #(006103) ar.105# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca.

2. Asimismo, la Administracin de la Junta de Andaluca potenciar las encomiendas de gestin a otros rganos o entidades de derecho pblico para el cumplimiento del objetivo y finalidad del presente Decreto-ley.

Captulo IV

Medidas de Impulso de la Gestin Administrativa y de Simplificacin de Procedimientos

Artculo 21. Revisin de efectos del silencio administrativo.

1. Como regla general, en todos los procedimientos de competencia de la Administracin de la Junta de Andaluca y de sus entidades instrumentales iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la obligacin de dictar resolucin expresa, el vencimiento del plazo mximo sin haberse notificado esta, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.

2. Se exceptan de lo establecido en el apartado 1 de este artculo, los procedimientos recogidos en la Ley 9/2001, de 12 de julio #(002172)#, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantas procedimentales para los ciudadanos.

3. Asimismo, se exceptan de la regla general los siguientes procedimientos:

a) Aquellos en los que una norma con rango de ley, cuando sea de directa aplicacin o bsica, o una norma de derecho de la Unin Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carcter desestimatorio del silencio deber fundarse en la concurrencia de razones de inters general.

b) Los relativos al ejercicio del derecho de peticin a que se refiere el artculo 29 #(000001) ar.29# de la Constitucin.

c) Aquellos cuya estimacin tuviera como consecuencia que se transfirieran, al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio pblico o al servicio pblico.

d) Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente o el patrimonio histrico y cultural.

e) Los de responsabilidad patrimonial de la Administracin de la Junta de Andaluca.

f) Los de impugnacin de actos y disposiciones. No obstante, cuando se haya interpuesto recurso de alzada contra la desestimacin por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entender estimado el mismo si, llegado el plazo de resolucin, el rgano administrativo competente no dictase y notificase resolucin expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en las letras b) a e) anteriores.

g) Los de revisin de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

h) Los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitucin de derechos u otras situaciones jurdicas individualizadas del obligado al pago de ingresos no tributarios.

i) Los procedimientos en materia de personal de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitucin de derechos u otras situaciones jurdicas individualizadas.

4. Excepcionalmente, podr tambin establecerse el sentido desestimatorio del silencio mediante norma con rango de ley por razones de inters general. La memoria justificativa de la norma con rango de ley deber concretar expresamente las razones de inters general que justifiquen el sentido desestimatorio del silencio, especificando los daños para los intereses generales ponderndolos con los legtimos intereses de sus destinatarios.

5. En los procedimientos de competencia de la Administracin de la Junta de Andaluca y de sus entidades instrumentales iniciados de oficio, el sentido del silencio se regir por lo establecido en la normativa bsica estatal y en la normativa sectorial aplicable.

6. Cada Consejera deber revisar el sentido del silencio, siempre que resulte procedente, cada vez que modifique una norma de su competencia. Para el resto de normativa en vigor se establecern los plazos de revisin en el Plan de Calidad y Simplificacin Administrativa.

Artculo 22. Plazos de resolucin.

1. El plazo mximo en el que debe notificarse la resolucin expresa ser el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podr exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley, cuando sea de directa aplicacin o bsica, establezca uno mayor o as venga previsto en el derecho de la Unin Europea.

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo mximo, ste ser de tres meses, contados conforme a lo establecido en la normativa bsica estatal.

Artculo 23. Transcurso y suspensin del plazo para la emisin de informes y dictmenes en los procedimientos administrativos.

1. El plazo de emisin de informes y dictmenes sectoriales cuya emisin corresponda a la Administracin de la Junta de Andaluca y a sus entidades instrumentales ser de diez das, excepto que la normativa de la Unin Europea, estatal o autonmica establezcan otro plazo.

En todos los procedimientos de competencia de la Junta de Andaluca y de sus entidades instrumentales, podr establecerse un plazo superior mediante norma por razones suficientemente motivadas. La memoria justificativa de la norma deber concretar expresamente las razones de inters general que justifiquen el plazo que establezca, especificando los daños para los intereses generales ponderndolos con los legtimos intereses de sus destinatarios.

2. Lo señalado en el apartado anterior no se aplicar a los informes econmicos financieros, ni a los informes o dictmenes que deban emitir la Intervencin General de la Junta de Andaluca, el Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca, el Consejo Consultivo de Andaluca y el Consejo Econmico y Social de Andaluca, que se regirn por su normativa especfica.

3. Transcurrido el plazo mximo fijado para la emisin de los informes y dictmenes preceptivos necesarios para la resolucin de un procedimiento administrativo sin pronunciamiento expreso y motivado del rgano competente para su evacuacin, se podrn proseguir las actuaciones del procedimiento, sin que pueda dictarse resolucin sin la previa emisin de los informes preceptivos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa bsica respecto a la suspensin del plazo mximo para resolver.

4. La suspensin del plazo mximo para la tramitacin de un procedimiento administrativo por la necesidad de someterlo a informes preceptivos internos se acordar por resolucin expresa del rgano llamado a resolver el expediente concreto.

Artculo 24. Agilidad en la tramitacin de informes sectoriales.

1. Cuando sea preciso solicitar varios informes sectoriales a emitir por la Comunidad Autnoma de Andaluca o que sean de su competencia regulatoria en un mismo procedimiento, el rgano competente solicitar la emisin de todos los informes que sean exigibles de modo simultneo, salvo que expresamente no sea posible de conformidad con su normativa especfica o resulte contrario a los principios de agilizacin administrativa al originarse demoras innecesarias en la tramitacin del procedimiento.

2. En el supuesto regulado en el punto anterior, los informes que deban emitirse no tendrn carcter sucesivo, de tal forma que la emisin de un informe no estar condicionada por la expedicin previa del informe de otro rgano sectorial, salvo aquellos casos en los que un trmite sea consecuencia del anterior o causa del siguiente o as se establezca en la norma de aplicacin. En todo caso no podr dictarse resolucin sin la previa emisin de los informes preceptivos.

3. En el caso en que un mismo rgano deba emitir informe a varios efectos, siempre que se garantice la eficacia y eficiencia administrativa, se emitir un nico informe que abarque los distintos aspectos sobre los que deba pronunciarse, salvo en los supuestos en que existan modificaciones sustanciales en la documentacin aportada que se exija para cada mbito.

Captulo V

Racionalizacin del rgimen general de intervencin administrativa

Seccin 1.ª Principios generales

Artculo 25. Clusula general de intervencin.

Los rganos, organismos y entidades que conforman la Administracin de la Junta de Andaluca, de acuerdo con los principios generales consagrados en la Constitucin #(000001)#, la normativa bsica estatal y la normativa autonmica, velarn por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislacin que resulte aplicable, para lo cual podrn, en el mbito de sus respectivas competencias y con los lmites establecidos en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y dems circunstancias que fueran necesarias.

Artculo 26. Principio de mnima intervencin administrativa.

Para velar por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislacin que resulte aplicable, los rganos, organismos y entidades de la Administracin de la Junta de Andaluca no establecern medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de determinados requisitos para el ejercicio de una actividad, salvo que se motive la necesidad para la proteccin del inters general, respetando en todo caso los principios de necesidad y proporcionalidad.

Seccin 2.ª Declaraciones responsables y comunicaciones

Artculo 27. Supuestos.

1. De acuerdo con los principios establecidos en este Decreto-ley, as como en la legislacin bsica estatal, la Administracin de la Junta de Andaluca impulsar la utilizacin de declaraciones responsables o comunicaciones en sus relaciones con las personas interesadas en el seno de los procedimientos administrativos.

Las declaraciones responsables sern exigibles por parte de la Administracin de la Junta de Andaluca en aquellos supuestos en los que la normativa vigente establezca la necesidad de acreditacin del cumplimiento de determinados requisitos por parte de las personas interesadas para el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. Todo ello sin perjuicio de lo que pudiera establecerse en la respectiva normativa sectorial.

En cambio, las comunicaciones sern exigibles en aquellos otros supuestos en los que nicamente se deba poner en conocimiento de la Administracin de la Junta de Andaluca los datos identificativos o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho por parte de las personas interesadas.

2. nicamente ser exigible una declaracin responsable, o en su caso, una comunicacin para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones podrn operar como tcnicas de intervencin administrativa para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o el inicio y desarrollo de una actividad, de forma preferente y alternativa a la solicitud de inicio de un procedimiento de autorizacin, de licencia o de inscripcin en un registro.

4. Asimismo, las declaraciones responsables y las comunicaciones podrn sustituir a la aportacin de documentos en el seno de un procedimiento iniciado a solicitud de las personas interesadas, siempre que estas no hayan manifestado su oposicin al acceso conforme al artculo 28 #(013300) ar.28# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

5. Salvo en los supuestos previstos en la normativa europea o bsica estatal, o por razones de inters general, en las normativas reguladoras de los distintos procedimientos de la competencia de la Comunidad Autnoma de Andaluca que se inicien a solicitud de la persona interesada no se exigir la aportacin de informacin o documentacin que pueda ser sustituida por una declaracin responsable que cumpla las previsiones contenidas en este decreto-ley y la normativa bsica estatal. Estos motivos y razones debern venir debidamente justificados en dicha normativa reguladora de los procedimientos.

Artculo 28. Requisitos.

1. En todo caso, y para los supuestos previstos en el artculo anterior, las declaraciones responsables y comunicaciones se sometern a los requisitos establecidos en la normativa bsica estatal y a las previsiones contenidas en este Decreto-ley, adems, de a la norma sectorial que sea de aplicacin.

2. A la declaracin responsable podrn acompañarse los certificados de verificacin documental emitidos por las entidades colaboradoras de certificacin previstas en este Decreto-ley.

Artculo 29. Funciones de comprobacin y control.

1. Los rganos, organismos y entidades de la Administracin de la Junta de Andaluca podrn requerir a las personas interesadas en cualquier momento, en el ejercicio de las funciones de comprobacin y control, que aporten de forma obligatoria la documentacin necesaria conforme a la normativa aplicable.

2. Si tras la tramitacin del oportuno expediente por las unidades administrativas del procedimiento y previa audiencia del interesado, se acreditara la inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, de cualquier dato o informacin que se incorpore a una declaracin responsable o a una comunicacin, o la no presentacin ante la Administracin competente de la declaracin responsable, la documentacin que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicacin, determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. En todo caso, ser de aplicacin el rgimen sancionador previsto en este Decreto-ley.

3. Los rganos, organismos o entidades de la Administracin de la Junta de Andaluca competentes que declaren las circunstancias expresadas en el apartado anterior acordarn la obligacin de la persona o entidad interesada de restituir la situacin jurdica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, as como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un perodo de tiempo determinado por el rgimen sancionador establecido en este Decreto-ley y de conformidad con los trminos fijados en las normas sectoriales aplicables. A falta de regulacin expresa, este periodo no ser inferior a seis meses ni superior a cinco años.

4. La actividad de comprobacin no impedir el pleno ejercicio de la potestad de inspeccin conforme a lo que establezca la legislacin sectorial aplicable.

Seccin 3.ª Autorizaciones, licencias y registros

Artculo 30. Autorizaciones, licencias y registros.

1. La Administracin de la Junta de Andaluca tan solo utilizar la autorizacin o licencia previa como tcnica de intervencin administrativa para el acceso a actividades econmicas que se prestan en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional cuando, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre #(032893)#, de Garanta de la Unidad de Mercado, concurran algunas de las siguientes circunstancias, suficientemente motivadas y ponderadas en la misma con base en los principios de necesidad y proporcionalidad:

a) Respecto a los operadores econmicos, cuando est justificado por razones de orden pblico, seguridad pblica, salud pblica o proteccin del medioambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentacin de una declaracin responsable o de una comunicacin.

b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras fsicas necesarias para el ejercicio de actividades econmicas, cuando estas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pblicas y el patrimonio histrico- artstico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentacin de una declaracin responsable o de una comunicacin.

c) Cuando, por la escasez de recursos naturales, la utilizacin de dominio pblico, la existencia de inequvocos impedimentos tcnicos o en funcin de la existencia de servicios pblicos sometidos a tarifas reguladas, el nmero de operadores econmicos del mercado sea limitado.

d) Cuando as lo disponga la normativa de la Unin Europea o tratados y convenios internacionales, incluyendo la aplicacin, en su caso, del principio de precaucin.

2. Los trmites a realizar en los registros administrativos de los rganos de la Junta de Andaluca, se realizarn de oficio cuando se disponga de informacin de las personas interesadas, sin perjuicio del carcter pblico de todos los registros y de la necesaria disponibilidad de su informacin en formato reutilizable, todo ello de conformidad con los desarrollos tecnolgicos existentes.

Seccin 4.ª Eficacia extraterritorial

Artculo 31. Eficacia extraterritorial.

1. Tendrn eficacia en la Comunidad Autnoma de Andaluca, para el acceso a actividades econmicas que se prestan en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional y para supuestos equivalentes, las autorizaciones y licencias otorgadas por cualquier otra Administracin del Estado.

2. A los efectos establecidos en el apartado 1 se considerarn supuestos equivalentes aquellos en los que exista una normativa de la Unin Europea armonizada o una legislacin estatal comn, o existan legislaciones autonmicas sectoriales que, no obstante, sus posibles diferencias tcnicas o metodolgicas, fijen un estndar que pueda ser considerado equivalente.

3. La eficacia en la Comunidad Autnoma de Andaluca de las autorizaciones y licencias a que se refiere este artculo est subordinada a que, antes del inicio de la actividad autorizada, se realice una comunicacin por la persona o entidad interesada que cumpla los requisitos de este Decreto-ley, en la que identifique la autorizacin o licencia de que se dispone.

Seccin 5.ª Actuaciones de comprobacin o verificacin

Artculo 32. Actuacin y comprobacin de oficio.

1. Con carcter general, los rganos, organismos y entidades de la Administracin de la Junta de Andaluca llevarn a cabo las labores de comprobacin o verificacin del cumplimiento de los requisitos o condiciones para el reconocimiento de un derecho o el desarrollo de una actividad, de oficio y proactivamente, y siempre que resulte posible, con la intervencin de las personas interesadas, salvo que sea estrictamente necesario de acuerdo con la normativa de la Unin Europea o la normativa bsica estatal, o concurran razones de inters general todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de proteccin de datos.

2. Los rganos, organismos y entidades que conforman la Administracin de la Junta de Andaluca debern comprobar la informacin de las personas interesadas mediante los servicios o sistemas habilitados, salvo que exista oposicin de estas a acceder a dicha informacin o la misma no est disponible en los servicios o sistemas. En estos casos, se realizarn los actos de comprobacin, inspeccin o control conforme a lo dispuesto en este Decreto-ley.

Artculo 33. Documentacin en poder de la Administracin.

1. Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administracin de la Junta de Andaluca o hayan sido elaborados por cualquier otra Administracin. La Administracin de la Junta de Andaluca podr consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello, en cuyo caso deber indicar qu Administracin pblica, Consejera, Agencia u rgano emiti la documentacin o ante la cual se present.

La Administracin de la Junta de Andaluca no requerir a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administracin.

2. La informacin obrante en un expediente respecto al cumplimiento de un requisito, situacin o circunstancia para el reconocimiento de un derecho, inicio de actividad o cumplimiento de una obligacin, ser vlida salvo que por el tiempo transcurrido de conformidad con la normativa reguladora de su procedimiento o por otras circunstancias resulte necesario o idneo utilizar las vas de acceso a las que se refieren los apartados siguientes.

3. El acceso a los documentos o agrupaciones documentales se realizar preferentemente mediante la consulta por el rgano que ejerce las facultades de comprobacin o verificacin a los servicios habilitados en la Plataforma de Intermediacin de datos de la Junta de Andaluca u otros sistemas electrnicos habilitados al efecto.

4. La Administracin de la Junta de Andaluca suscribir con otras Administraciones pblicas o entidades, convenios u otros instrumentos que permitan hacer uso de los documentos que las personas interesadas hayan puesto a disposicin ante otras Administraciones.

Artculo 34. Comprobacin automatizada.

1. Los organismos, rganos y entidades de la Administracin autonmica, cuando ejerzan competencias administrativas, podrn realizar comprobaciones o verificaciones automatizadas de las informaciones que precisen para la gestin de los trmites de su competencia con arreglo a lo dispuesto en el artculo 41 #(036563) ar.41# de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, as como en la normativa vigente sobre proteccin de datos personales.

2. La comprobacin o verificacin automatizada requerir la identificacin de la informacin en el diseño y rediseño funcional de los procedimientos, trmites y servicios, y se realizar sin intervencin del personal involucrado en la gestin de los expedientes sin otras dilaciones que las que, en su caso, pudieran derivarse de la disponibilidad y continuidad de las plataformas o sistemas que la soporten, todo ello sin perjuicio de la necesaria supervisin y control por empleado pblico del proceso.

Seccin 6.ª Entidades colaboradoras de certificacin

Artculo 35. Concepto.

1. Para agilizar los procedimientos administrativos las personas interesadas podrn obtener un certificado emitido por entidad colaboradora de certificacin acreditativo de la verificacin de la documentacin que deba presentar ante la Administracin pblica autonmica en los procedimientos en los que se prevea la participacin de estas entidades. Esta certificacin vlidamente emitida producir plenos efectos en los procedimientos en los que se aporten.

2. La verificacin consistir en la revisin, informe y/o validacin de la documentacin que deba presentar ante la Administracin autonmica, pronuncindose sobre la suficiencia y la idoneidad de la documentacin para los fines que legalmente procedan, dentro del mbito de las respectivas profesiones.

3. Las funciones de las entidades colaboradoras de certificacin no impedirn el ejercicio de las potestades propias de la Administracin, que deber verificar y comprobar las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas. Esta verificacin y comprobacin se realizar en todo caso por funcionario pblico.

4. Tampoco sustituir en ningn caso al visado colegial ni a las funciones propias de las respectivas profesiones.

5. El uso de las entidades colaboradoras ser en todo caso voluntario por parte de los interesados.

6. No ser de aplicacin lo dispuesto en el presente artculo a las Entidades Urbansticas Certificadoras, as como aquellas otras que puedan estar sujetas a un rgimen especfico determinado por una disposicin de carcter general.

Artculo 36. Acreditacin y registro.

1. La acreditacin de entidades colaboradoras de certificacin corresponder a la Consejera competente en materia de administracin pblica, excepto que la normativa sectorial atribuya la competencia a la Consejera competente por razn de la materia, mediante la tramitacin del oportuno procedimiento de conformidad con la normativa bsica. El transcurso del plazo mximo para dictar y notificar la resolucin tendr efectos desestimatorios.

2. Podrn ser acreditadas como entidades colaboradoras de certificacin los colegios profesionales que integren a aquellas personas colegiadas ejercientes, que individualmente o asociadas en las formas que autoricen las normas profesionales, deban estar colegiadas para actuar en determinados mbitos de competencias profesionales que les confiera legalmente el ttulo que ostenten.

3. Tambin podrn ser acreditadas aquellas otras entidades colaboradoras de certificacin que puedan estar sujetas a un rgimen especfico determinado por una disposicin de carcter general.

4. Para obtener la acreditacin las entidades solicitantes debern cumplir, como mnimo, los siguientes requisitos:

a) Contar con profesionales habilitados en el nmero que se determinen reglamentariamente para ejercer las funciones propias de las entidades colaboradoras de certificacin en el mbito de actividad de que se trate y con experiencia profesional efectiva plasmada en trabajos propios de la respectiva profesin, tales como proyectos o direccin de obras o de informe o dictamen tcnicos sobre construcciones, edificaciones, instalaciones, entre otros.

b) No haber perdido la condicin de entidad colaboradora ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificacin regulada en este Decreto-ley en virtud de resolucin administrativa o judicial firme.

c) Tener suscrita y en vigor pliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional en los trminos que se determinen reglamentariamente.

d) Los requisitos especficos que puedan establecerse para cada actividad en la que hayan de ejercer sus funciones.

e) No encontrarse en situacin de concurso que impida el ejercicio de su actividad de conformidad con lo establecido por el Texto Refundido de la Ley Concursal.

f) Los requisitos adicionales que se determinen reglamentariamente.

5. Los requisitos mnimos para la acreditacin de las entidades de colaboracin podrn demostrarse mediante declaracin responsable, en los trminos que se establezca en la normativa reglamentaria de desarrollo.

6. El incumplimiento sobrevenido de cualesquiera de los requisitos de acreditacin determinar la prdida de la acreditacin, previa tramitacin de expediente contradictorio.

7. En la Consejera competente en materia de administracin pblica se crear el Registro General de Entidades Colaboradoras de Certificacin, en el que se inscribirn todas las entidades colaboradoras acreditadas de acuerdo con las previsiones contenidas en este Decreto-ley y en las normas reglamentarias de desarrollo. El plazo mximo de vigencia de la inscripcin en el Registro no podr ser superior a cinco años, trascurridos los cuales deber solicitarse nueva inscripcin.

El Registro ser pblico y accesible. La inscripcin en el Registro se realizar de oficio al emitir el acuerdo de acreditacin. El rgimen aplicable al Registro se desarrollar reglamentariamente.

8. La inscripcin no altera la naturaleza jurdica previa de las entidades colaboradoras de certificacin.

9. Lo dispuesto en los apartados 7 y 8 no ser de aplicacin a aquellas otras entidades colaboradoras de certificacin que puedan estar sujetas a un rgimen especfico determinado por una disposicin de carcter general.

10. Tendr plena eficacia en el mbito de la Comunidad Autnoma Andaluza la acreditacin como entidad colaboradora emitida por cualquier otra Administracin pblica de conformidad con su normativa de aplicacin.

Artculo 37. Funciones.

1. Con objeto de agilizar la actividad administrativa de comprobacin y garantizar la seguridad del trfico jurdico y de las actividades econmicas, corresponde a las entidades colaboradoras de certificacin las funciones de comprobacin, informe y certificacin de verificacin documental en los trminos y con el alcance que se determine reglamentariamente.

2. Las entidades colaboradoras de certificacin debern desarrollar sus funciones por s mismas o, en el caso de los colegios profesionales, a travs de su personal.

3. Las funciones de las entidades colaboradoras de certificacin no sustituirn las potestades propias de la Administracin autonmica, que deber verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no ser de aplicacin a aquellas otras entidades colaboradoras de certificacin que puedan estar sujetas a un rgimen especfico determinado por una disposicin de carcter general.

Artculo 38. Obligaciones.

Sin perjuicio de las dems obligaciones que se deriven de la norma reglamentaria de desarrollo, las entidades colaboradoras de certificacin debern:

a) Crear y mantener un registro permanente e interoperable con la Administracin de las certificaciones que emitan.

b) Mantener los expedientes y la documentacin derivada de sus funciones en formato que permita su consulta, garantizando la confidencialidad en cumplimiento de lo establecido en la normativa sobre seguridad de la informacin y proteccin de datos.

c) Mantener los requisitos y condiciones que justificaron su inscripcin en el Registro de Entidades Colaboradoras de Certificacin, incluyendo las obligaciones que estos comportan.

d) Cumplir las condiciones contenidas en la resolucin de inscripcin y las establecidas en este Decreto-ley, la legislacin sectorial y sus disposiciones de desarrollo.

e) Emplear los mtodos, sistemas y medios materiales oficialmente aprobados en la normativa en vigor, aquellos acreditados por entidad oficial de acreditacin o, en su defecto, los adoptados por organismos nacionales o internacionales de reconocida solvencia, siempre debidamente actualizados o renovados.

Artculo 39. Incompatibilidades.

1. Las entidades colaboradoras de certificacin no podrn tener relacin jurdica con las personas, entidades o empresas que los contraten para ejercer sus funciones, o con las que participen en el diseño o ejecucin de la actividad o proyecto sujeto a su consideracin, que pueda producir dependencia, subordinacin o conflicto de intereses que, en cualquier forma, pueda afectar a su objetividad e independencia de criterio.

Se considerar que existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstencin y recusacin previstas en la legislacin de rgimen jurdico del sector pblico.

2. Esta incompatibilidad ser exigida en idntica forma a los profesionales colegiados que directa o indirectamente pudieran actuar en funciones de certificacin.

Artculo 40. Responsabilidad.

Las entidades colaboradoras de certificacin sern responsables de los certificados que emitan, quedando sometidas al rgimen sancionador previsto en este Decreto-ley.

Seccin 7.ª Entidades habilitadas

Artculo 41. Entidades habilitadas.

1. La Administracin de la Junta de Andaluca, as como sus organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes cuando stos ltimos ejerzan potestades administrativas, podrn habilitar con carcter general o especfico a personas fsicas o jurdicas autorizadas para la realizacin de determinadas transacciones electrnicas en representacin de las personas interesadas. No obstante, la persona interesada podr siempre comparecer por s misma en el procedimiento.

2. La habilitacin con estas entidades requerir la firma previa de un convenio entre el rgano administrativo u organismo pblico vinculado o dependiente competente y la organizacin o corporacin de que se trate, de acuerdo de lo previsto en el Captulo VI del Ttulo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#. El convenio deber especificar, al menos, los procedimientos y trmites objeto de la habilitacin, y las condiciones y obligaciones aplicables tanto a la entidad firmante del convenio, como a las personas fsicas o jurdicas habilitadas y determinar la presuncin de validez de la representacin si bien en cualquier caso se podr requerir por el rgano competente en la tramitacin del procedimiento, la acreditacin de dicha representacin.

3. A estos efectos, se aprobar por la Consejera competente en materia de administracin pblica modelo normalizado de convenio que permita dar soporte a esta habilitacin en los trminos y condiciones que las partes acuerden, conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#.

4. En la sede electrnica o sede electrnica asociada de cada una de las Administraciones Pblicas se publicarn los trmites electrnicos que podrn realizarse con esta representacin.

Captulo VI

Rgimen sancionador

Artculo 42. mbito de aplicacin.

1. Este captulo tiene por objeto tipificar las infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en las declaraciones responsables y comunicaciones, la intervencin administrativa para el desarrollo de una actividad, las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificacin y entidades habilitadas, que no se encuentren recogidas en la normativa sectorial aplicable en cada supuesto, y que sern calificadas como leves, graves o muy graves.

2. No se impondr sancin alguna por infracciones de los preceptos de este Decreto-ley sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a las normas previstas en el presente captulo.

Artculo 43. Disposiciones generales.

1. Los rganos competentes comprobarn el cumplimiento de lo previsto en las declaraciones responsables y comunicaciones, la intervencin administrativa para el desarrollo de una actividad y las actuaciones de las entidades colaboradoras de certificacin y habilitadas, ejerciendo la potestad de inspeccin que legalmente les corresponden.

2. Cuando, con ocasin de la tramitacin de los procedimientos sancionadores, aparezcan indicios de delito del hecho que motiv su incoacin, el rgano competente para resolver pondr los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la Autoridad Judicial, suspendiendo la tramitacin del procedimiento sancionador hasta la notificacin de la resolucin del Ministerio Fiscal o del pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Igual suspensin del procedimiento sancionador, y/o de la ejecucin de la resolucin sancionadora, proceder desde que el rgano administrativo tenga conocimiento de la sustanciacin de actuaciones penales por el mismo hecho.

Artculo 44. Responsables.

Son responsables de las infracciones de este Decreto-ley las personas fsicas y jurdicas, as como en su caso las entidades sin personalidad a que se refiere la normativa de rgimen jurdico del sector pblico, que realicen la conducta tipificada a ttulo de dolo o culpa, y en concreto:

a) Quienes tengan la obligacin de presentar o presenten declaracin responsable o comunicacin.

b) En los supuestos de las entidades colaboradoras de certificacin, quienes suscriban los certificados emitidos por las mismas, y la propia entidad en el caso de tener constancia y conocimiento de que la actuacin llevada a cabo por el suscribiente fuera constitutiva de infraccin.

c) El personal de las entidades habilitadas que realice la transaccin electrnica en representacin de las personas interesadas, cuando se compruebe la realizacin de hechos constitutivos de infraccin que le pudieran ser imputables. As mismo, la propia entidad habilitada cuando tenga constancia y conocimiento de la actuacin llevada a cabo por su personal y de que la misma es constitutiva de infraccin.

Artculo 45. Infracciones leves.

Tendrn la consideracin de infracciones leves:

a) La inexactitud, falsedad u omisin, de carcter no esencial, en cualquier manifestacin, incluida la relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos, y/o dato contenido en la declaracin responsable o comunicacin aportada por las personas y entidades interesadas o certificada por entidad colaboradora de certificacin.

b) El incumplimiento de los requerimientos especficos o de las medidas cautelares que formule la autoridad competente dentro del plazo concedido al efecto, siempre que se produzca por primera vez.

c) La falta de subsanacin de las deficiencias detectadas en comprobaciones, controles y revisiones reglamentarias en el plazo señalado en el acta correspondiente o la falta de acreditacin de tal subsanacin ante los rganos competentes, siempre que dichas deficiencias no constituyan infraccin grave o muy grave.

d) La falta de colaboracin con la Administracin pblica autonmica en el ejercicio por esta de las funciones de comprobacin y control reguladas en este Decreto-ley.

e) El incumplimiento por simple negligencia de los requisitos u obligaciones establecidos en la normativa sectorial.

f) El incumplimiento, establecido en la legislacin sectorial, del deber de comunicar al rgano competente la modificacin de cualquier dato de carcter no esencial incluido en la declaracin responsable o comunicacin.

Artculo 46. Infracciones graves.

Tendrn la consideracin de infracciones graves:

a) El inicio o desarrollo de las actividades o de la ejecucin de proyectos a los que la normativa sectorial correspondiente requiera la presentacin de la correspondiente declaracin responsable o comunicacin sin que la misma se haya llevado a cabo.

b) La inexactitud, falsedad u omisin, de carcter esencial, en cualquier dato o manifestacin contenidos en la declaracin responsable o comunicacin a las que se refiere este Decreto-ley. Se considerar esencial, en todo caso, la informacin relativa al cumplimiento de los requisitos de acceso al empleo pblico, a la titularidad de la actividad, la naturaleza de esta y el cumplimiento de las obligaciones relativas a la adopcin de las medidas de seguridad en el ejercicio de la actividad, incluidas las relativas a la proteccin del medioambiente, y de aquellas obligaciones que afecten a la salud de consumidores y usuarios.

c) No estar en posesin de la documentacin o el proyecto a los que hace referencia la declaracin responsable o la comunicacin, o bien la falsedad, inexactitud u omisin en el contenido de dicha documentacin, as como la incorrecta certificacin de cualquiera de estas cuestiones por entidad colaboradora de certificacin.

d) La falta de firma por personal tcnico competente de los proyectos que la requieran o la emisin de certificacin por entidad colaboradora de certificacin de proyectos sin dicha firma preceptiva.

e) La obstaculizacin del ejercicio de las funciones de comprobacin y control por parte de las personas o entidades sujetas a ellas o entidad colaboradora de certificacin.

f) El incumplimiento de los requerimientos especficos y de las medidas cautelares que formule la autoridad competente cuando se lleven a cabo repetidamente.

g) La expedicin de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos.

h) La redaccin y firma de proyectos o memorias tcnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa sectorial aplicable para la iniciacin y/o ejercicio de actividades.

i) El incumplimiento, establecido en la legislacin sectorial, del deber de comunicar al rgano competente la modificacin de cualquier dato de carcter esencial incluido en la declaracin responsable o comunicacin.

j) La reincidencia en la comisin de infracciones leves por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisin de esta.

Artculo 47. Infracciones muy graves.

Tendrn la consideracin de infracciones muy graves:

a) El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto.

b) Las tipificadas como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave o inminente.

c) La negativa absoluta a facilitar informacin o prestar colaboracin al personal inspector, siempre y cuando dicha negativa no se encuentre ya recogida en la normativa sectorial de aplicacin.

d) La reincidencia en la comisin de infracciones graves por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisin de esta.

Artculo 48. Infracciones continuadas o permanentes.

1. Se considera infraccin permanente aquella constituida por un nico ilcito que se mantiene en el tiempo y es susceptible de interrupcin por la sola voluntad de la persona infractora.

2. Se considera infraccin continuada la realizacin de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto administrativo, en ejecucin de un plan preconcebido o aprovechando idntica ocasin.

3. A los efectos de lo previsto en este Decreto-ley, y en atencin a la tipologa de las infracciones, podrn dar lugar a infracciones continuadas o permanentes:

a) Los supuestos previstos en las letras a), b), c), e), f) y g) de las Infracciones leves.

b) Los supuestos previstos en las letras a), b), c), e), f), y g) de las infracciones graves.

c) Los supuestos previstos en las letras a), c) y d) de las infracciones muy graves.

Artculo 49. Reiteracin y reincidencia.

Se entender por reiteracin, la comisin de ms de una infraccin de distinta naturaleza en el trmino de un año cuando as haya sido declarado por resolucin firme en va administrativa.

Por su parte, se entender por reincidencia la comisin de ms de una infraccin de la misma naturaleza en el trmino de un año cuando as haya sido declarado por resolucin firme en va administrativa.

Artculo 50. Medidas provisionales.

Los rganos competentes podrn adoptar medidas de carcter provisional de conformidad con la regulacin establecida en la normativa bsica.

Artculo 51. Prescripcin de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirn a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripcin de las infracciones previstas en los artculos anteriores comenzar a contar a partir de la fecha en que la infraccin se haya cometido.

3. Cuando se trate de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripcin se computar a partir de la fecha de finalizacin de la conducta infractora.

4. La iniciacin del procedimiento sancionador con conocimiento de la persona o entidad interesada interrumpir la prescripcin, reinicindose el plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado ms de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable o infractora.

Artculo 52. Clases de sanciones.

1. Las infracciones en esta materia se sancionarn mediante la imposicin de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, mediante sanciones no pecuniarias. Estos dos tipos de sanciones sern compatibles entre s y se podrn imponer de manera simultnea en el caso de las infracciones graves y muy graves, en atencin a la naturaleza de la infraccin.

2. Las sanciones pecuniarias consistirn en una multa, fijada de conformidad con lo establecido en el artculo siguiente.

3. Las sanciones no pecuniarias, que se podrn imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrn consistir en:

a) Suspensin de la actividad, de la ejecucin del proyecto o, en su caso, clausura del establecimiento. El acuerdo de cierre deber determinar las medidas complementarias para su plena eficacia.

b) Inhabilitacin, por un periodo mnimo de 6 meses y mximo de cinco años, para el desarrollo de la actividad o la promocin de proyectos anlogos, percibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.

c) Decomiso de los bienes obtenidos como consecuencia de la comisin de la infraccin y, en particular, de los derivados de actividades o proyectos que, debiendo tenerla, no cuenten con la declaracin responsable o comunicacin.

d) Prdida de la condicin de entidad colaboradora de certificacin y prohibicin de obtener nueva acreditacin, por un periodo de entre 6 meses y 5 años.

e) Prdida de la condicin de entidad habilitada y prohibicin de obtener nueva habilitacin, por un periodo de entre 6 meses y 5 años.

Artculo 53. Cuanta de las sanciones pecuniarias.

1. Las infracciones leves se sancionarn con multas de hasta 3.000 euros.

2. Las infracciones graves se sancionarn con multas de 3.001 euros a 60.000 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarn con multas de 60.001 euros a 600.000 euros.

4. En cualquier caso, el montante de la sancin pecuniaria impuesta deber ser, como mnimo, el equivalente a la estimacin del beneficio econmico obtenido con la infraccin ms los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando el importe sea superior al lmite inferior de la sancin, sin perjuicio de la imposicin de las sanciones no pecuniarias procedentes.

Artculo 54. Graduacin de las sanciones.

En la imposicin de sanciones se deber guardar la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada conforme al principio de proporcionalidad y con la debida motivacin, atendiendo para la graduacin de las sanciones a los siguientes criterios:

a) La trascendencia social de la infraccin.

b) La gravedad y naturaleza del perjuicio causado y la imposibilidad de su reparacin.

c) La cuanta del beneficio obtenido.

d) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

e) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

f) La reiteracin o reincidencia en los trminos recogidos en el artculo 49.

Artculo 55. Obligacin de restitucin.

Las personas declaradas responsables tendrn la obligacin de restitucin del estado de las cosas a la situacin previa a la comisin de la infraccin.

Artculo 56. Caducidad del procedimiento.

El procedimiento sancionador deber ser resuelto y notificarse la resolucin que proceda a la persona interesada en el plazo mximo de seis meses desde su iniciacin, producindose la caducidad del mismo en la forma y modo previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre #(013300)#, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. No obstante, lo anterior, la persona instructora del expediente podr proponer la suspensin del plazo mximo para resolver cuando concurra alguna de las circunstancias previstas y exigidas para ello en la citada ley.

Artculo 57. Prescripcin de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolucin por la que se impone la sancin o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

3. Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si aqul est paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al infractor. En el caso de desestimacin presunta de los recursos administrativos ordinarios contra la resolucin por la que se impone la sancin, el plazo de prescripcin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolucin de dicho recurso.

Artculo 58. Competencias sancionadoras.

1. La incoacin de los procedimientos sancionadores corresponder al rgano directivo competente por razn de la materia donde se aporte la declaracin responsable o comunicacin, y la instruccin a la persona empleada pblica designada a tal efecto.

2. Sern competentes para sancionar:

a) La persona titular de del rgano directivo perifrico competente por razn de la materia para la imposicin de sanciones por infracciones leves y graves hasta una cuanta inferior a 30.000 euros.

b) La persona titular del rgano directivo central competente por razn de la materia para la imposicin de sanciones por infracciones graves por cuanta igual o superior a 30.000 euros.

c) La persona titular de la Consejera competente por razn de la materia para la imposicin de sanciones por infracciones muy graves.

3. La competencia para imponer la sancin de prdida de acreditacin como entidad colaboradora de certificacin o prohibicin de obtenerla corresponder, en todo caso, a la persona titular de la Consejera competente en materia de administracin pblica, en virtud de expediente instruido por el rgano directivo competente que tenga atribuidas las competencias de gestin del registro regulado en este decreto-ley.

4. En las entidades del sector pblico instrumental ser competente para la imposicin de sanciones la persona que ejerza la potestad sancionadora segn sus estatutos.

TTULO II

Captulo I

Medidas en materia de comunicacin audiovisual

Artculo 59. Modificacin de la Ley 10/2018, de 9 de octubre #(050671)#, Audiovisual de Andaluca.

La Ley 10/2018, de 9 de octubre #(050671)#, Audiovisual de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artculo 3, que queda redactado como sigue:

“1. Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, General de Comunicacin Audiovisual, a los efectos de lo que dispone la presente ley, se entiende por:

a) Anunciante. Persona fsica o jurdica en cuyo inters se difunden comunicaciones comerciales audiovisuales.

b) Emisin en cadena. Conjunto de contenidos audiovisuales emitidos paralelamente por una pluralidad de personas prestadoras y organizados dentro de un horario de programacin que no puede ser alterado por el pblico. En todo caso, se considera que emiten en cadena aquellas personas prestadoras que emitan el mismo contenido durante ms del diez por ciento del tiempo total de emisin semanal, aunque sea en horario diferente.

No se considerar emisin en cadena la emisin de programas que hayan sido coproducidos o producidos de forma sindicada por las personas prestadoras del servicio pblico de comunicacin de mbito autonmico o local, que no sean propiedad de una misma persona fsica o jurdica y mantengan su autonoma de programacin.

c) Indicadores de rentabilidad social. Son indicadores que miden el impacto de la rentabilidad y la responsabilidad social de los servicios de comunicacin audiovisual. Estos indicadores evalan las buenas prcticas en funcin de determinados ejes bsicos, como pueden ser la gestin, la transparencia, el capital social, la articulacin territorial, las relaciones laborales, la igualdad de gnero, la programacin, la participacin de la ciudadana en contenidos y gestin, la alfabetizacin meditica, la presencia en Internet y las infraestructuras, entre otros.

d) Horario no residual. El comprendido entre las 8:00 y las 23:00 horas en televisin y radio.

e) Medios de proximidad. Son aquellos medios audiovisuales que basan su existencia en una relacin territorial y comunicativa prxima a la audiencia, y que emiten en un mbito de cobertura por debajo del regional.

f) Pantalla dividida. La pantalla dividida consiste en la difusin simultnea o paralela de contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales que puede servir para hacer actividad publicitaria y de patrocinio.

g) Participacin significativa. La definicin coincide con lo dispuesto en el apartado 1 del artculo 38 #(055062) ar.38# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

h) Patrocinio virtual. El patrocinio virtual es la actividad de patrocinio que utiliza publicidad virtual que permite insertar mensajes publicitarios, especialmente durante la emisin de acontecimientos deportivos, mediante una sustitucin virtual de los carteles publicitarios instalados sobre el terreno o mediante la insercin de nuevas imgenes.

i) Proyecto audiovisual. Documento mediante el cual la persona prestadora de un servicio de comunicacin audiovisual define las principales caractersticas que se compromete a respetar durante la explotacin de este. El contenido mnimo de dicho documento deber incluir los siguientes aspectos:

1.º Medios tcnicos de produccin.

2.º Recursos humanos.

3.º Programacin.

4.º Financiacin e inversin.

j) Servicio de comunicacin audiovisual comunitario sin nimo de lucro. Es el prestado por entidades privadas sin nimo de lucro, que ofrece contenidos destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicacin especficas de las comunidades y de los grupos sociales a los que da cobertura, basndose en criterios abiertos, claros y transparentes de acceso, respecto a la emisin, la produccin y la gestin, asegurando la mxima participacin y pluralismo. Quedan expresamente excluidos aquellos servicios que realicen proselitismo poltico o religioso.

k) Servicio de comunicacin audiovisual privado de carcter comercial. Es aquel cuya titularidad corresponde a personas fsicas o jurdicas que tienen como finalidad la difusin de cualquier tipo de contenidos permitidos por la legislacin vigente, pudiendo incluir la emisin de comunicaciones comerciales.

l) Ttulo habilitante. Son ttulos habilitantes para la prestacin de un servicio de comunicacin audiovisual la licencia y la concesin.

m) Servicio pblico de comunicacin audiovisual. Aquel que es prestado por entidades pblicas y cuya titularidad corresponde a la Administracin de la Junta de Andaluca, a entidades locales de Andaluca o a entes supramunicipales mancomunados, a universidades pblicas andaluzas o a centros docentes pblicos andaluces no universitarios.

n) Emisin en red. Es la que se produce entre prestadores del servicio de comunicacin audiovisual cuando comparten contenidos coproducidos de comn acuerdo en emisin simultnea, sin mediacin de terceros y siempre que no superen las 4 horas y media al da entre las 7:00 y las 00:00 horas. Su contenido tendr carcter informativo autonmico y local.

Tambin se considerar emisin en red la que se derive de los contenidos intercambiados entre prestadores de comunicacin audiovisual de carcter pblico y comunitario, con el fin de su emisin a la carta, sin contraprestacin econmica y con el objetivo de generar una mayor riqueza de contenidos culturales en Andaluca.

ñ) Personas prestadoras del servicio de comunicacin audiovisual. Los prestadores definidos en el apartado 4 del artculo 2 #(055062) ar.2# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

o) Publicidad interactiva. La publicidad interactiva es un formato de emisin de publicidad televisiva. La persona receptora se comunica directamente mediante una interfaz conectada a una red para participar de manera activa en el mensaje.

Dos. Se suprime el apartado 2. n) del artculo 3.

Tres. Se modifica el artculo 7, que queda redactado como sigue:

“Artculo 7. Derecho a recibir una comunicacin audiovisual plural.

Las personas usuarias de los servicios de comunicacin audiovisual tienen derecho a recibir una comunicacin audiovisual plural de acuerdo con el principio de pluralismo previsto en el artculo 5 #(055062) ar.5# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.”

Cuatro. Se modifica el artculo 8, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 8. Derechos de las personas menores.

Sin perjuicio de los derechos que les reconoce la legislacin comunitaria y estatal, las personas menores de edad tienen los siguientes derechos:

a) Los derechos que les reconoce el Captulo I del Ttulo VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, General de Comunicacin Audiovisual.

b) Al acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad y que contribuyan a su desarrollo integral como persona.

c) Al fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterrnea como patrimonio de la humanidad.”

Cinco. Se modifica el artculo 9, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 9. Derechos de las personas con discapacidad

1. Se garantizar el acceso universal a los servicios de comunicacin audiovisual, de acuerdo con los avances tecnolgicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.

2. Las personas con discapacidad, especialmente las ms vulnerables a contenidos y publicidad estigmatizadores y discriminatorios, como son las personas con discapacidad intelectual, tienen derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista.

3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que los servicios de comunicacin audiovisual radiofnicos de cobertura autonmica, ya sean pblicos o privados de carcter comercial, cuenten con programas subtitulados en sus canales que puedan sintonizarse en la televisin digital terrestre y en los contenidos que oferten a travs de Internet, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 84 #(055062) ar.84# y 101 #(055062) ar.101# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que los servicios de comunicacin audiovisual televisiva de cobertura autonmica ya sean pblicos o privados de carcter comercial, cuenten con programas subtitulados segn mtodos de lectura fcil.”

Seis. Se modifica el apartado 3 del artculo 16, que queda redactado del siguiente modo:

“3. La persona prestadora del servicio de comunicacin audiovisual inscribir y mantendr actualizada, como mnimo, la siguiente informacin:

1. Titulares de participaciones significativas, conforme lo establecido en el artculo 38 #(055062) ar.38# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, indicando el porcentaje de capital que ostenten.

2. Nmero y proporcin de mujeres integrantes del rgano de administracin de la sociedad.

3. Punto de contacto con la persona prestadora a disposicin del espectador para la comunicacin directa con la persona responsable editorial y garantizar el derecho de queja y rplica.”

Siete. Se suprime el artculo 21.

Ocho. Se modifica el artculo 30, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 30. Derecho a actualizar el proyecto audiovisual.

Las personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual de mbito autonmico y local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al ttulo habilitante que les autoriza a prestar el servicio, siempre que no se desvirten los compromisos asumidos al obtenerlo, ni las condiciones del mismo, previa comunicacin al rgano directivo competente en materia de medios de comunicacin social, conforme a las previsiones de la presente ley y su normativa de desarrollo.”

Nueve. Se modifica el apartado 1.f) del artculo 31, que queda redactado del siguiente modo:

“f) Est prohibida, conforme a lo dispuesto en el artculo 95.2 #(055062) ar.95# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, la difusin de los nombres, imgenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiacin, o relativos a situaciones en las que los menores hayan sido vctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.”

Diez. Se modifica el artculo 32, que queda redactado como sigue:

“Artculo 32. Normas de programacin y limitaciones de las comunicaciones comerciales.

La programacin de las personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual autonmicos o locales en Andaluca, as como sus contenidos, debern ajustarse a lo establecido en la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#.”

Once. Se modifica el artculo 34, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 34. Obligacin de difusin de productos audiovisuales.

En relacin con la obligacin de reserva del tiempo de emisin anual de la programacin a la que hacen referencia los artculos 115.2 #(055062) ar.115# y 116.2 #(055062) ar.116# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, el cinco por ciento de dicho tiempo de emisin estar reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza.”

Doce. Se modifica el apartado 1 del artculo 35, que queda redactado de la siguiente manera:

“1. En relacin con la obligacin de financiacin a la que hace referencia la Seccin 3.ª del Captulo III del Ttulo VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, al menos el 50% de la financiacin deber aplicarse en el conjunto del cmputo anual a obras que difundan la cultura andaluza y estn realizadas por empresas radicadas en Andaluca, priorizando a las entidades de economa social.”

Trece. Se modifica el artculo 36, que queda redactado como sigue:

“Artculo 36. Obligaciones de las personas prestadoras privadas de carcter comercial.

1. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las Secciones 1.ª y 2.ª del presente Captulo, son obligaciones especficas de las personas prestadoras del servicio de comunicacin audiovisual privado de carcter comercial las siguientes:

a) Comunicar al rgano competente en materia de medios de comunicacin social de la Junta de Andaluca cambios en la participacin del capital y alteraciones de la titularidad de las acciones o ttulos equivalentes de la sociedad prestadora.

b) Emitir un nmero de horas de programacin de contenido especfico de su mbito territorial de cobertura de al menos 7 horas de contenidos informativos de emisin semanal en la franja horaria de 8:00 a 23:00 horas.

c) Las personas prestadoras de los servicios de difusin de televisin por cable, por satlite y por Internet han de asegurar que no se añade ninguna limitacin injustificada, de forma que se puedan seguir utilizando las instalaciones preexistentes para la recepcin en abierto de los servicios de comunicacin audiovisual que se venan disfrutando en la vivienda tras la instalacin de redes de operadores para dar acceso a sus servicios.

2. Las personas prestadoras del servicio de comunicacin audiovisual privadas de carcter comercial debern publicar a travs del Portal de la Junta de Andaluca la composicin de su accionariado e identificacin de los servicios de comunicacin audiovisual bajo su control, telfono, correo electrnico, ubicacin de los estudios de produccin, el rgano regulador competente y el procedimiento para solicitar la rectificacin de cualquier informacin emitida.

Igualmente, las personas prestadoras del servicio de comunicacin audiovisual privadas de carcter comercial facilitarn la cesin de sus canales de radio y televisin en abierto a las personas prestadoras de los servicios de difusin de televisin por cable, por satlite y por Internet, previa negociacin en la que se fijar la contraprestacin econmica correspondiente. El rgano directivo competente en materia de medios de comunicacin social mediar, cuando as se hubiera solicitado previamente por ambas partes, en los conflictos que puedan surgir en esta materia.”

Catorce. Se modifica el artculo 37, que queda redactado como sigue:

“Artculo 37. Obligaciones de las personas prestadoras del servicio pblico de comunicacin audiovisual de mbito local.

Sin perjuicio de las obligaciones previstas en las secciones 1.ª y 2.ª del presente captulo, las personas prestadoras del servicio pblico de comunicacin audiovisual de mbito local tendrn las siguientes obligaciones especficas:

a) Garantizar el derecho de acceso reconocido en el artculo 11, proporcionando a las distintas entidades representativas o significativas de la diversidad poltica, social y cultural de Andaluca y de cada localidad o territorio los medios tcnicos y humanos que resulten necesarios para su ejercicio determinados en el reglamento interno de funcionamiento del servicio.

b) Las personas prestadoras pblicas podrn realizar emisiones en cadena, as como conectarse a servicios de comunicacin audiovisual de personas prestadoras privadas de carcter comercial y compartir emisiones en red, siempre que cuenten con el correspondiente ttulo habilitante, conforme establece la legislacin estatal, tanto las personas prestadoras pblicas, como las privadas de carcter comercial y las que compartan emisiones en red.

c) Emitir preferentemente programacin de contenido de inters local. Las redifusiones, que debern identificarse, no podrn superar el 60% del tiempo de emisin. En esta programacin de inters local se debern incluir necesariamente programas de carcter informativo local con una duracin total de, al menos, diez horas semanales.

d) Favorecer la realizacin por profesionales de la informacin de los servicios informativos.

e) Cumplir con lo dispuesto en la legislacin vigente en materia de tratamiento publicitario electoral.

f) Disponer de un reglamento interno de funcionamiento del servicio.

g) Disponer de un nmero de telfono de participacin ciudadana, que no podr ser un nmero de tarificacin adicional que suponga coste para la persona llamante.

h) Disponer de un consejo de participacin audiovisual local, los municipios que cuenten con un rgimen de organizacin de municipio de gran poblacin, que funcionar como un rgano asesor en materia de programacin y de gestin, representativo de la ciudadana y de las personas que actan como agentes econmicos y sociales locales, y en cuya composicin se respetar la representacin equilibrada por sexos. Reglamentariamente se determinar la creacin y regulacin de dichos consejos.”

Quince. Se modifica el artculo 38, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 38. Obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunicacin audiovisual comunitario sin nimo de lucro.

Las personas prestadoras de los servicios de comunicacin audiovisual comunitarios sin nimo de lucro estarn sujetas a las obligaciones establecidas en las Secciones 1.ª y 2.ª del presente captulo y las siguientes obligaciones especficas:

a) Ser un vehculo para ejercer el derecho de participacin y acceso reconocido en el artculo 11 de la presente ley, con especial atencin a grupos sociales vulnerables, que sufren discriminacin o que no cuentan con acceso a otro tipo de prestadores.

b) Fomentar la participacin ciudadana y la vertebracin del tejido asociativo, asignando espacios dentro de la programacin a asociaciones sin nimo de lucro de la localidad.”

Diecisis. Se modifica el apartado 2 del artculo 39, que queda redactado como sigue:

“2. Los textos escritos de las comunicaciones comerciales realizados sobreimpresionados debern ser completamente legibles, claros y comprensibles, sin que en ningn caso induzcan o puedan inducir a error a las personas destinatarias. No se permitir el uso de abreviaturas, acotaciones o cualquier otra frmula que pueda dificultar su lectura.”

Diecisiete. Se modifica el apartado 1 del artculo 40, que queda redactado como sigue:

“1. Se prohbe la inclusin o difusin de cualquier tipo de comunicacin comercial audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual que carezcan del preceptivo ttulo habilitante o que no hayan cumplido el deber de comunicacin previa.”

Dieciocho. Se elimina el apartado 2.a) del artculo 41.

Diecinueve. Se modifica el artculo 42, que queda redactado como sigue:

“Artculo 42. Otras formas de comunicaciones comerciales audiovisuales.

Los publirreportajes, las telepromociones, las sobreimpresiones y transparencias, la publicidad virtual, la pantalla dividida, la publicidad interactiva, el patrocinio virtual y cualesquiera otras frmulas no convencionales de comunicaciones comerciales audiovisuales que, por las caractersticas de su emisin, pudieran confundir a las personas destinatarias sobre su carcter publicitario debern superponer una sobreimpresin permanente y legible con la indicacin “publicidad”, de conformidad con lo establecido en el artculo 136.1 #(055062) ar.136# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.”

Veinte. Se modifica el apartado 1 del artculo 43, que queda redactado del siguiente modo:

“1. Los cdigos de conducta que se elaboren en virtud de lo dispuesto en el artculo 15 #(055062) ar.15# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, debern prever mecanismos de resolucin de reclamaciones, pudiendo dotarse de instrumentos de autocontrol previo, individual o colectivo.”

Veintiuno. Se modifican los apartados 1 y 5 del artculo 46, que quedan redactados del siguiente modo:

“1. La prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual de mbito autonmico se realizar mediante gestin directa, de conformidad con lo establecido en el artculo 72 #(055062) ar.72# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, y el artculo 210 del Estatuto de Autonoma para Andaluca. La prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual de mbito local se realizar mediante gestin directa, de conformidad con lo establecido en el artculo 75 #(055062) ar.75# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

5. La prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual local se otorgar por un plazo de quince años. Las sucesivas renovaciones sern automticas, por periodos iguales, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artculo 29 #(055062) ar.29# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, de conformidad con lo que se disponga en el correspondiente desarrollo reglamentario de la presente Ley.”

Veintids. Se modifica el artculo 49, que queda redactado como sigue:

“Artculo 49. Suspensin temporal del servicio y extincin de las concesiones.

1. La prestacin del servicio pblico podr ser objeto de suspensin temporal, por plazo no superior a un año, previa comunicacin de la persona concesionaria oportunamente justificada al rgano directivo competente en materia de comunicacin social. Reglamentariamente se determinarn los trminos en los que se llevar a cabo dicha suspensin temporal, as como su posterior reanudacin.

2. Reglamentariamente se determinarn las causas de extincin de las concesiones de las personas prestadoras del servicio pblico de comunicacin audiovisual, contemplndose en todo caso lo establecido en el artculo 31 #(055062) ar.31# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, as como los incumplimientos de las condiciones esenciales establecidas en la concesin.”

Veintitrs. Se modifica el apartado 2 del artculo 52, que queda redactado como sigue:

“2. En el supuesto de demarcaciones plurimunicipales, la concesin para la prestacin del servicio se realizar a favor de una entidad pblica de gestin que represente a los municipios de la demarcacin que hayan decidido prestar el servicio. En aquellas demarcaciones plurimunicipales en las que se asigne un canal para la prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual televisivo de mbito local a un nico municipio, a este municipio le ser de aplicacin lo establecido en el apartado anterior. Reglamentariamente se establecern los criterios de poblacin necesarios y los plazos para la constitucin de dicha entidad pblica, as como el procedimiento de incorporacin a dicha entidad a que tienen derecho todos los municipios pertenecientes a la demarcacin.”

Veinticuatro. Se modifica el apartado 1 del artculo 54, que queda redactado como sigue:

“1. Al amparo de lo establecido en el artculo 53.2 #(055062) ar.53# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, la Administracin de la Junta de Andaluca podr atribuir, previa solicitud de su rgano de gobierno, la prestacin del servicio pblico de comunicacin audiovisual para la emisin en abierto de contenidos temticos educativos y de divulgacin cultural a las universidades pblicas andaluzas, as como a centros docentes pblicos no universitarios.”

Veinticinco. Se modifica el prrafo primero del artculo 55, que queda redactado del siguiente modo:

“Adems de las establecidas en los artculos 49 #(055062) ar.49# y 81 #(055062) ar.81# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son condiciones generales de la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual comunitario sin nimo de lucro las siguientes:”

Veintisis. Se modifica el artculo 60, que queda redactado como sigue:

“Artculo 60. Rgimen jurdico del servicio de comunicacin audiovisual privado comercial.

1. La prestacin de servicios de comunicacin audiovisual privados de carcter comercial mediante ondas hertzianas terrestres requerir la licencia previa otorgada mediante concurso pblico por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andaluca. Reglamentariamente se establecer el rgimen jurdico de dicho concurso, que se regir conforme a lo dispuesto en el artculo 26 #(055062) ar.26# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, por los principios de publicidad, transparencia y competencia, previndose la instruccin del procedimiento por un rgano distinto del que resuelve, y debiendo resolverse en el plazo mximo de doce meses desde la publicacin de su convocatoria.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en las bases reguladoras de dichos concursos, el otorgamiento de licencias se regir por la normativa bsica estatal y la presente ley.

3. Adems de los requisitos y limitaciones establecidos en los artculos 24 #(055062) ar.24# y 25 #(055062) ar.25# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, ser requisito indispensable para ser titular de la licencia otorgada abonar, en su caso, el valor de la licencia estipulado en la convocatoria pblica de la misma.

4. En el resto de los casos, en particular para aquellos servicios de comunicacin audiovisual cuya prestacin se realice por cable exclusivamente en Andaluca, se requerir la comunicacin fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el rgano directivo competente en materia de medios de comunicacin social.”

Veintisiete. Se modifica el prrafo primero del apartado 2 del artculo 63, que queda redactado del siguiente modo:

“2. Adems de lo establecido en el artculo 32 #(055062) ar.32# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, se establecen las siguientes condiciones para las partes que intervienen en el negocio jurdico:”

Veintiocho. Se modifican los subapartados a) y c) del apartado 3 del artculo 66, que quedan redactados del siguiente modo:

“a) A la persona titular del rgano directivo de la Consejera de la Junta de Andaluca competente en materia de medios de comunicacin social, en relacin con las infracciones establecidas en los siguientes preceptos:

1.º Apartados 4 a 7 del artculo 157 #(055062) ar.157# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

2.º Apartados 1, 2, 3 y 30 del artculo 158 #(055062) ar.158# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

3.º Apartados 1, 2 y 8 del artculo 159 #(055062) ar.159# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4.º Letras a) y b) del artculo 72 de la presente ley.

5.º Letras a), b), c), d) y e) del artculo 73 de la presente ley.

6.º Letras a), b), c) y d) del artculo 74 de la presente ley.

()

c) Al Consejo Audiovisual de Andaluca, en relacin con las infracciones establecidas en los siguientes preceptos:

1.º Apartados 1, 2, 3, 9 y 11 a 16 del artculo 157 #(055062) ar.157# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

2.º Apartados 7 a 30 del artculo 158 #(055062) ar.158# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, sin perjuicio de las competencias de las autoridades de control en materia de proteccin de datos personales.

3.º Apartados 1 y 3 a 8 del artculo 159 #(055062) ar.159# de la Ley 13/2022, de 7 de julio.

4.º Letra c) del artculo 72 de la presente ley.

5.º Letras a), b) y d) del artculo 73 de la presente ley.

6.º Letras a) y d) del artculo 74 de la presente ley.”

Veintinueve. Se modifica el apartado 3 del artculo 71, que queda redactado como sigue:

“3. El plazo mximo para notificar la resolucin expresa del procedimiento sancionador ser de un año y el plazo de alegaciones previsto en el artculo 76 #(013300) ar.76# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendr una duracin no inferior a un mes.”

Treinta. Se modifica el artculo 72, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 72. Infracciones muy graves.

Adems de las establecidas en el artculo 157 #(055062) ar.157# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia o concesin tres veces en seis meses.

b) La celebracin de negocios jurdicos cuyo objeto sea una licencia de prestacin del servicio, sin cumplir los requisitos establecidos en el artculo 63.

c) El incumplimiento en ms de un diez por ciento del deber de reserva establecido en el artculo 34, as como la obligacin de financiacin contemplada en el artculo 35.”

Treinta y uno. Se modifica el artculo 73, que queda redactado como sigue:

“Artculo 73. Infracciones graves.

Adems de las establecidas en el artculo 158 #(055062) ar.158# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones graves:

a) El incumplimiento de las instrucciones y decisiones relacionadas con la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual realizadas por el rgano directivo competente en materia de medios de comunicacin social o por el Consejo Audiovisual de Andaluca.

b) La no colaboracin con la inspeccin cuando esta sea requerida en los trminos establecidos en el artculo 81.

c) La cooperacin necesaria de terceras personas, fsicas o jurdicas, que difundan o transporten las señales de los servicios de comunicacin audiovisual que no dispongan del correspondiente ttulo habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicacin previa.

d) La reincidencia en un plazo de noventa das en la conducta que dio lugar a la terminacin convencional del procedimiento sancionador al que se refiere el artculo 77.

e) El incumplimiento del deber de inscripcin en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual previsto en esta ley o la aportacin al mismo de datos falsos.”

Treinta y dos. Se modifica el artculo 74, que queda redactado como sigue:

“Artculo 74. Infracciones leves.

Adems de las establecidas en el artculo 159 #(055062) ar.159# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, son infracciones leves:

a) El incumplimiento del deber de atender a los requerimientos de informacin o de envo de material efectuados por la autoridad competente, as como retrasar injustificadamente su aportacin cuando resulte exigible conforme a lo dispuesto en esta ley. A estos efectos, tambin se entender incumplido un requerimiento, a juicio de la autoridad requirente, cuando no se atienda en su totalidad.

b) El incumplimiento de la prohibicin de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicacin audiovisual que no dispongan del correspondiente ttulo habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicacin previa, de conformidad con lo establecido en el artculo 40.1.

c) La reiteracin de incidencias en materia de continuidad y de calidad tcnica en la prestacin de servicios de comunicacin audiovisual.

d) El incumplimiento del resto de deberes y obligaciones establecidas en esta ley que no estn tipificadas como infracciones graves o muy graves.”

Treinta y tres. Se modifica el artculo 75, que queda redactado como sigue:

“Artculo 75. Graduacin de las sanciones.

En la imposicin de las sanciones se deber guardar la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin aplicada, considerando, adems de los criterios previstos en artculo 166 #(055062) ar.166# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, los que a continuacin se relacionan como circunstancias atenuantes o agravantes para la graduacin de la sancin:

a) El nimo de lucro.

b) La capacidad econmica de la persona infractora, en funcin de los ingresos devengados.

c) El mbito territorial de cobertura y poblacin a la que afectara la emisin.

d) El cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador.

e) La negativa u obstruccin al acceso a las instalaciones o a facilitar la informacin o documentacin requerida.

f) El cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitacin del expediente sancionador.

Estas circunstancias se tendrn en cuenta siempre que no formen parte del tipo de infraccin.”

Treinta y cuatro. Se modifica el artculo 76, que queda redactado como sigue:

“Artculo 76. Sanciones.

1. Las infracciones muy graves sern sancionadas:

a) En todo caso, con multa de hasta 1.000.000 de euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicacin televisiva y de hasta 200.000 para aquellas relacionadas con servicios de comunicacin radiofnicos.

b) Podrn ser adems sancionadas con la revocacin de la licencia para prestar el servicio de comunicacin audiovisual por ondas hertzianas terrestres y el consiguiente cese de la prestacin del servicio, el cese de las emisiones y el precintando provisional de los equipos e instalaciones utilizados para realizar la emisin adems de los supuestos previstos en el artculo 160.1.c) #(055062) ar.160# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, cuando la prestadora haya sido sancionada como mnimo en tres ocasiones, mediante resolucin administrativa firme y en un plazo no superior a dos años, por la comisin de las infracciones muy graves previstas en las letras b) y c) del artculo 72 de la presente ley.

c) Podrn ser adems sancionadas con la extincin de los efectos de la comunicacin previa y el consiguiente cese de la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual, adems de los supuestos previstos en el 160.1.c) de la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, cuando la persona prestadora cometa por tercera vez en un plazo no superior a cuatro años la infraccin muy grave prevista en la letra c) del artculo 72 de la presente ley.

2. Las infracciones graves sern sancionadas con multa de hasta 60.000 euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicacin televisiva y de hasta 20.000 para aquellas relacionadas con servicios de comunicacin radiofnicos.

3. Las infracciones leves sern sancionadas con multa de hasta 20.000 euros para aquellas relacionadas con servicios de comunicacin televisiva y hasta 10.000 para las relacionadas con servicios de comunicacin radiofnicos.

4. La autoridad competente para la imposicin de la sancin podr acordar que esta lleve aparejada la obligacin de difundir, a travs de los medios, incluida pgina web, controlados por la prestadora sancionada o que esta considere oportunos, al menos la parte resolutiva de la sancin impuesta, una vez que esta haya adquirido firmeza en va administrativa, as como los nombres y apellidos de las personas fsicas o la denominacin o razn social de las personas jurdicas responsables y la ndole y naturaleza de la infraccin. Igualmente, la autoridad competente podr hacer pblica la misma informacin a travs de los medios que se consideren oportunos.

5. Adems de cualquier otra sancin que corresponda imponer, cuando se trate de una persona jurdica y no sea el caso de un servicio pblico de comunicacin audiovisual, se podr imponer una multa de hasta 5.000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10.000 euros en el caso de las infracciones graves y hasta 20.000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus representantes legales o a las personas que integran los rganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisin.

Quedan excluidas de la sancin aquellas personas que, formando parte de rganos colegiados de administracin, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado su voto.

6. Las cuantas señaladas anteriormente sern actualizadas peridicamente mediante decreto del Consejo de Gobierno teniendo en cuenta los ndices de precios para el consumo.”

Treinta y cinco. Se modifica el artculo 78, que queda redactado como sigue:

“Artculo 78. Medidas provisionales.

1. Con carcter previo a la incoacin del procedimiento sancionador, la autoridad audiovisual competente podr acordar la adopcin de las medidas previstas en el artculo 163 #(055062) ar.163# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, en los casos de urgencia inaplazable y para la proteccin provisional de los intereses implicados, previa audiencia del interesado y de forma motivada.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la comisin de las infracciones muy graves y las graves podrn dar lugar, una vez incoado el expediente sancionador, a la adopcin de medidas provisionales que, de conformidad con la normativa de procedimiento administrativo comn, podrn consistir en las siguientes:

a) Cese temporal de la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual.

b) Precintado provisional de aparatos, equipos y elementos auxiliares utilizados para realizar la prestacin del servicio de comunicacin audiovisual.

c) Incautacin temporal de aparatos y equipos. El depsito de los elementos incautados deber producirse en condiciones que garanticen su identificacin inequvoca, conservacin e integridad. La Administracin de la Junta de Andaluca proveer los lugares adecuados para ello.

d) Puesta en marcha del mecanismo de proteccin activa del espectro radioelctrico, comunicndolo a la Administracin General del Estado para que ejerza sus competencias segn lo establecido en la legislacin bsica de telecomunicaciones.

e) Requerir la interrupcin de los suministros bsicos para el funcionamiento de la actividad (suministro elctrico, difusin de señal, entre otras).

3. El Consejo Audiovisual de Andaluca podr, de forma motivada, y siempre de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, requerir el cese de aquellos contenidos que contravengan la normativa vigente.”

Treinta y seis. Se modifica el artculo 80, que queda redactado como sigue:

“Artculo 80. Responsabilidad por los hechos infractores.

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas en el mbito de la presente ley, salvo las establecidas en las letras a) b), y c) del artculo 73 y en las letras a) y b) del artculo 74 de la presente ley, corresponde a la prestadora del servicio de comunicacin audiovisual, en los trminos preceptuados en el artculo 156 #(055062) ar.156# de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicacin Audiovisual. En el caso de personas prestadoras del servicio pblico de comunicacin audiovisual la responsabilidad recaer directamente en las personas fsicas que, desde sus rganos de direccin, actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisin de la infraccin.

2. La responsabilidad de las infracciones establecidas en la letra a) del artculo 73 y en la letra a) del artculo 74 recaer en las personas destinatarias de dichas instrucciones, decisiones y requerimientos de informacin.

3. La responsabilidad de la infraccin establecida en la letra b) del artculo 73 recaer en toda persona fsica o jurdica obligada a colaborar, segn lo establecido en el artculo 81.

4. La responsabilidad de la infraccin establecida en la letra c) del artculo 73 recaer en las personas fsicas o jurdicas que difundan o transporten la señal de programas audiovisuales.

5. La responsabilidad de la infraccin establecida en la letra b) del artculo 74 recaer en la persona fsica o jurdica que difunde o contrata comunicaciones comerciales audiovisuales en las condiciones indicadas en dicho artculo.

6. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realizacin de una infraccin determinar que queden solidariamente obligados frente a la Administracin al cumplimiento de la sancin.

7. En caso de extincin de la persona jurdica responsable, se considerar responsables a las personas fsicas que, desde sus rganos de direccin, actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisin de la infraccin.”

Treinta y siete. Se suprime la disposicin adicional primera.

Treinta y ocho. Se modifica el apartado 1 de la disposicin transitoria sexta, que queda redactado como sigue:

“1. Las personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual comunitarios sin nimo de lucro a las que se refiere la disposicin transitoria tercera de la Ley 13/2022, de 7 de julio #(055062)#, General de Comunicacin Audiovisual, podrn solicitar su inscripcin en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicacin audiovisual de Andaluca, que contar con un apartado especfico para estas inscripciones.”

Treinta y nueve. Se suprime la disposicin final quinta.

Artculo 60. Modificacin del Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinacin de la estrategia de imagen institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca.

El Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinacin de la estrategia de imagen institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 7, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artculo 7. Informes preceptivos y vinculantes en acciones de comunicacin institucional.

1. Conforme a lo dispuesto en el primer prrafo del artculo 33 #(036896) ar.33# de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca para el año 2016, cualquier accin de comunicacin institucional que conlleve gasto y se pretenda realizar por alguno de los rganos o entidades incluidas en el mbito de aplicacin del Decreto requerir, con carcter previo al inicio del expediente de contratacin, el informe preceptivo y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicacin social sobre la procedencia de la misma, conforme a los modelos homogneos y procesos simplificados que se establezcan reglamentariamente.

2. Los dems supuestos en los que se prevean necesidades de comunicacin institucional y no est determinado de antemano el gasto de cada una de las acciones que se llevarn a cabo requerirn, asimismo, de informe favorable y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicacin social, sin perjuicio de que, una vez determinado el gasto, cada una de las acciones de comunicacin institucional deber contar con el informe previsto en el apartado anterior.”

Dos. Se modifica el artculo 8, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artculo 8. Informe de adecuacin a la identidad corporativa de la Junta de Andaluca en acciones de comunicacin institucional.

De conformidad con lo dispuesto en el prrafo segundo del citado artculo 33 #(036896) ar.33# de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, con carcter previo a la ejecucin de la accin de comunicacin institucional, debern remitirse las piezas creativas y/o el plan de medios al Centro Directivo competente en materia de comunicacin social para que ste emita un informe de adecuacin a la identidad corporativa de la Junta de Andaluca, y de compromiso con el uso del lenguaje e imgenes no sexistas, la accesibilidad a la comunicacin institucional, y el respeto a los principios de la Ley 6/2005, de 8 de abril #(004065)#, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Pblicas de Andaluca.”

Tres. Se modifica el artculo 9, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artculo 9. Plazo de evacuacin de los informes.

1. El Centro Directivo competente en materia de comunicacin social emitir los informes contemplados en los artculos 7 y 8 en el plazo de 7 das.

2. La falta de evacuacin de los citados informes en el plazo contemplado en el apartado anterior, determinar el sentido desfavorable de los mismos.”

Cuatro. Se modifica el artculo 10, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artculo 10. Asesoramiento en expedientes de contratacin.

1. Los rganos y entidades incluidas en el mbito de aplicacin de este Decreto antes del inicio del expediente de contratacin pondrn en conocimiento del centro directivo competente en materia de comunicacin social los proyectos de pliegos de prescripciones tcnicas y de clusulas administrativas particulares de las acciones de comunicacin institucional que se pretendan desarrollar para su asesoramiento.

2. Igualmente, el Centro Directivo competente en materia de comunicacin social facilitar asistencia tcnica, si as lo solicitasen, a los rganos y entidades incluidos en el mbito de aplicacin de este Decreto, en relacin con aquellos aspectos que consideren de inters en el proceso de licitacin, ya sea en la valoracin de ofertas, resolucin de dudas tcnicas puntuales, entre otros, y que tengan que ver con el desarrollo de acciones de comunicacin institucional y campañas de publicidad, incluyendo la comunicacin integrada en proyectos cofinanciados con fondos europeos.”

Cinco. Se modifica el apartado 5 del artculo 14, que queda redactado del siguiente modo:

“5. A partir de la informacin facilitada, el Centro Directivo competente en materia de comunicacin social elaborar anualmente el borrador de la Estrategia Anual de Comunicacin Institucional.”

Seis. Se suprimen el apartado 4 del artculo 15, el apartado 3 del artculo 16, y la disposicin adicional primera, referidos a la Comisin Interdepartamental de Comunicacin y Publicidad Institucional.Artculo 61. Modificacin de la Orden de 4 de octubre #(050639)# de 2018, por la que se regula la emisin de los informes correspondientes a las acciones de comunicacin institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca.

La Orden de 4 de octubre #(050639)# de 2018, por la que se regula la emisin de los informes correspondientes a las acciones de comunicacin institucional de la Administracin de la Junta de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 4, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 4. Solicitud.

1. Cualquier accin de comunicacin institucional que conlleve gasto, requerir, conforme a lo dispuesto en el artculo 7.1 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, con carcter previo al inicio del expediente de contratacin, el informe preceptivo y vinculante del centro directivo competente en materia de comunicacin social.

El rgano o entidad interesada presentar, a travs de la aplicacin informtica habilitada al efecto, la solicitud de informe junto con el modelo del Anexo I, y del Anexo II de la presente Orden.

La solicitud de informe ser suscrita por la persona titular de la Secretara General Tcnica de la Consejera correspondiente de la que dependa o a la que se encuentre adscrito o vinculado el rgano o entidad que promueva la actuacin.

Cuando la accin se pretenda realizar por las entidades a que se refiere el prrafo e) del artculo 3 de la presente Orden, la solicitud ser suscrita por la persona que ostente su representacin.

En el caso de las Delegaciones del Gobierno la solicitud ser suscrita por la persona titular de la misma, o, en caso de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal, por quien ocupe la Secretara General.

2. En los supuestos en los que se prevean necesidades de comunicacin institucional y no est determinado de antemano el gasto de cada una de las acciones que se llevarn a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 7.2 del citado Decreto, el rgano o entidad interesada presentar, a travs de la aplicacin informtica habilitada al efecto, solicitud de informe favorable y vinculante del Centro Directivo competente en materia de comunicacin social, junto con el modelo del Anexo I, y del Anexo II de la presente Orden.

Una vez obtenido el informe favorable mencionado en el prrafo anterior, cada una de las acciones de comunicacin institucional que se realicen con cargo al mismo debern contar adems con el informe previsto en el apartado 1 de este artculo.

3. Quedan exceptuadas de la solicitud de informe las acciones de comunicacin promovidas o gestionadas por los centros directivos responsables de la comunicacin de la Consejera competente en materia de comunicacin institucional, si bien se incluir el gasto en la precitada aplicacin.”

Dos. Se modifica el apartado 1 del artculo 5, que queda redactado del siguiente modo:

“1. Cada solicitud deber estar acompañada tanto del Anexo I (Informacin tcnica detallada de la accin de comunicacin institucional) debidamente cumplimentado, especificndose medios y soportes segn objetivos y pblico destinatario para el desarrollo de la accin de comunicacin, como del Anexo II (Declaracin de compromiso de adecuacin a la identidad corporativa de la Junta de Andaluca), de la presente Orden.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 6, que queda redactado del siguiente modo:

“1. El Centro directivo competente en materia de comunicacin social valorar, en cada caso, la procedencia de la accin propuesta, concediendo un plazo de cinco das, si es necesario, para la subsanacin de las deficiencias detectadas.”

Cuatro. Se modifica el artculo 7, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 7. Tramitacin.

1. De conformidad con lo dispuesto en el prrafo segundo del artculo 33 #(036896) ar.33# de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, y el artculo 8 del Decreto 96/2017, de 27 de junio, una vez sea adjudicado y perfeccionado el contrato, o, en su caso, dictada la resolucin por la que se autoriza el encargo de ejecucin, y con carcter previo a la ejecucin de la accin de comunicacin institucional, debern remitirse las piezas creativas al Centro directivo competente en materia de comunicacin social para su revisin y posterior emisin del informe de adecuacin a la identidad corporativa de la Administracin de la Junta de Andaluca.

2. Revisadas de conformidad las piezas creativas, o el plan de medios con la inversin definitiva en medios y/o soportes, deber confirmarse en la aplicacin informtica, sin que en ningn caso pueda incrementarse la cantidad inicialmente prevista.

3. La emisin del informe de adecuacin permitir el inicio de la ejecucin de la accin.”

Cinco. Se modifica el artculo 8, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 8. Plazo de evacuacin de los informes.

1. El Centro directivo competente en materia de comunicacin social emitir los informes contemplados en los apartados 1 y 2 del artculo 4 de la presente Orden en el plazo de 7 das a contar desde la fecha de la recepcin de la solicitud, a travs de la correspondiente aplicacin.

2. En el caso del informe de adecuacin previsto en el artculo 7 de la presente Orden el plazo de 7 das se contar desde la confirmacin por el rgano promotor de la inversin definitiva en medios y/o soportes en la aplicacin informtica correspondiente y una vez visadas de conformidad por el equipo del Centro directivo competente en materia de comunicacin social, en su caso, las piezas creativas y/o el plan de medios.

3. La falta de evacuacin de los citados informes en el plazo señalado determinar el sentido desfavorable de los mismos, conforme al artculo 9.2 del Decreto 96/2017, de 27 de junio.

4. Los informes sern emitidos a travs de la precitada aplicacin, tal y como establece el artculo 80.2 y de acuerdo con los requisitos que señala el artculo 26 #(013300) ar.26#, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.”

Captulo II

Medidas en materia de interior

Artculo 62. Modificacin del Decreto 75/2021, de 26 de enero #(053439)#, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego.

Se introduce un nuevo artculo 9 #(053439) ar.9# en el Decreto 75/2021, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 9. Adopcin de acuerdos mediante procedimiento escrito.

1. El Pleno y la Comisin Permanente del Consejo Andaluz del Fuego podrn adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este artculo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisin de utilizar este procedimiento ser adoptada, por delegacin de la Presidencia, por la Secretara del Consejo Andaluz del Fuego, a solicitud del rgano solicitante del informe, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesin presencial.

3. Recibida la solicitud de informe, la Secretara del Consejo Andaluz del Fuego remitir toda la documentacin recibida a los miembros del Consejo que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votacin.

4. Los miembros del Consejo dispondrn de un plazo de 20 das para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, as como el sentido de su voto, que podr ser favorable, desfavorable o abstencin.

5. El formulario de votacin deber ser debidamente firmado y remitido a la Secretara del Consejo Andaluz del Fuego dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerar adoptado por el Consejo, emitindose certificacin del mismo.

7. Si se formulan observaciones, sern remitidas por la Secretara del Consejo Andaluz del Fuego al rgano solicitante del informe, al objeto de su consideracin, que deber notificar a la Secretara en el plazo de 15 das. La nueva propuesta, si la hubiere, ser remitida a los miembros del Consejo para que en el plazo de 15 das emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerar adoptado por el Consejo, emitindose certificacin del mismo.

8. El rgano solicitante del informe podr solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.”

Artculo 63. Modificacin del Decreto 10/2020, de 3 de febrero #(052401)#, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca.

Se introduce un nuevo artculo 11 #(052401) ar.11# bis en el Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca, que queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 11 bis. Adopcin de acuerdos mediante procedimiento escrito.

1. El Pleno y la Comisin Permanente de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca podrn adoptar acuerdos mediante el procedimiento escrito que se regula en este artculo, con la finalidad de agilizar su funcionamiento.

2. La decisin de utilizar este procedimiento ser adoptada, por delegacin de la Presidencia, por la Secretara de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca, a solicitud del rgano solicitante del informe u homologacin, a la vista de la urgencia del mismo y de las previsiones de convocatoria de sesin presencial.

3. Recibida la solicitud de informe o de homologacin, la Secretara de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca remitir toda la documentacin recibida a los miembros de la Comisin que deban adoptar el acuerdo, junto con un formulario de votacin.

4. Los miembros de la Comisin dispondrn de un plazo de 20 das para emitir su parecer, expresando sus observaciones, si las hubiera, as como el sentido de su voto, que podr ser favorable, desfavorable o abstencin.

5. El formulario de votacin deber ser debidamente firmado y remitido a la Secretara de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca dentro del plazo establecido en el punto anterior.

6. Si no se formularan observaciones, el acuerdo se considerar adoptado por el rgano correspondiente, emitindose certificacin del mismo.

7. Si se formulan observaciones, sern remitidas por la Secretara de la Comisin de Proteccin Civil de Andaluca al rgano solicitante del informe o de la homologacin, al objeto de su consideracin, que deber notificar a la Secretara en el plazo de 15 das. La nueva propuesta, si la hubiere, ser remitida a los miembros de la Comisin para que en el plazo de 15 das emitan su voto. Transcurrido este plazo, el acuerdo se considerar adoptado por el rgano correspondiente, emitindose certificacin del mismo.

8. El rgano solicitante del informe podr solicitar en cualquier momento de este procedimiento escrito el sometimiento de este al procedimiento ordinario.”

Artculo 64. Modificacin de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre #(002612)#, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas de Andaluca.

La Ley 13/1999, de 15 de diciembre #(002612)#, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 9 del artculo 5, que queda redactado del siguiente modo:

“9. Las funciones de polica de espectculos pblicos y actividades recreativas, sin perjuicio de las que correspondan a los municipios, as como la inspeccin y control de los establecimientos pblicos destinados a la celebracin de espectculos y actividades recreativas sujetos a la intervencin de la Administracin autonmica”.

Dos. Se suprime el apartado 13 del artculo 5, pasando el apartado 14 a numerarse como apartado 13.

Tres. Se suprime la disposicin adicional tercera.

Captulo III

Procedimiento sancionador en materia de animales de compaña

Artculo 65. Modificacin del artculo 2 #(039426) ar.2# del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo mximo de resolucin y notificacin, as como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compaña, incluidos los potencialmente peligrosos.

Se modifica el artculo 2 #(039426) ar.2# del Decreto 174/2017, de 24 de octubre, por el que se establece el plazo mximo de resolucin y notificacin, as como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compaña, incluidos los potencialmente peligrosos, que queda redactado del siguiente modo:

“El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin expresa en los procedimientos sancionadores tramitados en materia de animales de compaña, incluidos los considerados potencialmente peligrosos, ser de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciacin del procedimiento sancionador”.

Captulo IV

Medidas en relacin con las Comunidades Andaluzas

Artculo 66. Modificacin de la Ley 8/2006, de 24 de octubre #(005330)#, del Estatuto de los andaluces en el mundo.

La Ley 8/2006, de 24 de octubre #(005330)#, del Estatuto de los andaluces en el mundo, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 23, que queda redactado como sigue:

“1. El reconocimiento de una entidad como comunidad andaluza se realizar por Orden de la persona titular de la Consejera competente en materia de coordinacin de las polticas de la Junta de Andaluca respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo, previa audiencia del Consejo de Comunidades Andaluzas, y a solicitud de la entidad interesada, conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.

2. A la solicitud de reconocimiento como comunidad andaluza se adjuntar:

a) Ejemplar o copia autenticada de los estatutos de la entidad y la documentacin acreditativa de su constitucin y personalidad jurdica, as como la inscripcin en el registro correspondiente, en su caso.

b) Certificacin del acuerdo que se adopte por la asamblea general u rgano supremo de gobierno de la entidad relativo a la voluntad manifiesta de solicitar el reconocimiento y velar por el cumplimiento de los objetivos expresados en el artculo 4 de la presente Ley.

c) Memoria indicativa de las actividades llevadas a cabo y de las que se proyecten en el futuro. En esta memoria deber quedar acreditado el funcionamiento durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentacin de la solicitud, as como que sus fines y actividades se dirijan a la satisfaccin de diversos mbitos establecidos como objetivos en el artculo 4 de la presente Ley.

d) Certificacin de la relacin de socias y socios de la entidad.”

Dos. Se modifica el artculo 29, que queda redactado como sigue:

“Artculo 29. Cancelacin del reconocimiento.

La cancelacin del reconocimiento podr iniciarse de oficio o a instancia del interesado.

La cancelacin del reconocimiento podr iniciarse de oficio en caso de producirse el incumplimiento de lo establecido en la presente Ley y su normativa de desarrollo por parte de una comunidad andaluza o la ausencia de actividad manifiesta durante al menos dos años.

La cancelacin del reconocimiento requerir previa audiencia de la comunidad andaluza y del Consejo de Comunidades Andaluzas, y se adoptar mediante Orden de la persona titular de la Consejera competente en materia de coordinacin de las polticas de la Junta de Andaluca respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo por la que se deje sin efecto el reconocimiento de la entidad como comunidad andaluza con la consiguiente cancelacin en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, segn el procedimiento que se establezca reglamentariamente.”

Tres. Se modifica el artculo 36, que queda redactado como sigue:

“Artculo 36. Inscripciones registrales.

En el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas sern inscritas de oficio las comunidades andaluzas, coordinadoras y federaciones de comunidades andaluzas que hayan sido reconocidas por Orden de la persona titular de la Consejera competente en materia de coordinacin de las polticas de la Junta de Andaluca respecto a los andaluces y andaluzas en el mundo, conforme a lo establecido en esta ley.”

Captulo V

Medidas en relacin con los proyectos de inters estratgico

Artculo 67. Modificacin del Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre #(052244)#, para el fomento de iniciativas econmicas mediante la agilizacin y simplificacin administrativas en la tramitacin de proyectos y su declaracin de inters estratgico para Andaluca, para la creacin de una unidad aceleradora de proyectos de inters estratgico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenacin del Territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca.

El Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre #(052244)#, para el fomento de iniciativas econmicas mediante la agilizacin y simplificacin administrativas en la tramitacin de proyectos y su declaracin de inters estratgico para Andaluca, para la creacin de una unidad aceleradora de proyectos de inters estratgico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenacin del Territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el ttulo de la norma que queda redactada de la siguiente forma:

“Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre #(052244)#, para el fomento de iniciativas econmicas mediante la agilizacin y simplificacin administrativas en la tramitacin de proyectos y su declaracin de inters estratgico para Andaluca, para la creacin de una Unidad Aceleradora de Proyectos y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de enero #(016072)#, de Ordenacin del Territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre #(016043)#, de Ordenacin Urbanstica de Andaluca.”

Dos. Se modifica cualquier referencia del articulado a la “unidad aceleradora de proyectos de inters estratgico en Andaluca”, pasando a denominarse “Unidad Aceleradora de Proyectos”.

Tres. El artculo 3.2 queda redactado de la siguiente forma:

“2. Los proyectos empresariales que se desarrollen en Andaluca y soliciten su declaracin como de inters estratgico debern:

a) No estar sometido a un especfico rgimen de proteccin por la legislacin administrativa sectorial que establezca prohibiciones y limitaciones que determinen la improcedencia de su declaracin como inversin de inters estratgico.

b) Contribuir a la creacin de un mnimo de 50 puestos de trabajo directo equivalentes a tiempo completo y de cmputo anual durante la fase de explotacin, as como ofrecer una inversin privada, excluidas las aportaciones y/o ayudas pblicas, de, al menos, 25 millones de euros.

c) Ser coherentes con los objetivos establecidos en la planificacin estratgica de la Consejera competente por razn de la materia del proyecto empresarial.”

Cuatro. El artculo 5.1 queda redactado de la siguiente forma:

‒ 1. La Consejera con competencia en materia de economa remitir a la Unidad Aceleradora de Proyectos, prevista en el artculo 8, la solicitud a la que hace referencia el artculo 4, que dispondr de un plazo mximo de un mes desde su recepcin para recabar la siguiente documentacin:

‒ En primer lugar, un informe de la Consejera competente por razn de la materia del proyecto empresarial, que incluir la valoracin sobre el cumplimiento de los requisitos para la declaracin establecidos en los apartados 1, 2.a), en su mbito sectorial, 2.b), 2.c) y 3 del artculo 3, en base a la documentacin aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artculo 4.

En el caso de que el informe anterior sea favorable se recabar:

‒ Un informe de la Consejera competente de ordenacin del territorio sobre la adecuacin del proyecto a la planificacin territorial en base a las determinaciones de dicha planificacin que puedan ser objeto de verificacin en funcin del nivel de definicin de la documentacin tcnica presentada. Excepcionalmente, en caso de actuaciones incompatibles con la planificacin territorial y urbanstica que sean de especial relevancia por su magnitud, su proyeccin econmica y social o su importancia para la estructuracin territorial de Andaluca, se valorar la viabilidad de su modificacin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 7.3.2, en base a la documentacin aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artculo 4.

‒ Un informe expreso del resto de Consejeras afectadas materialmente por la tramitacin y ejecucin del proyecto en relacin con los requisitos del artculo 3.2.a) en su mbito sectorial, en base a la documentacin aportada de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artculo 4”.

Cinco. El artculo 8.5 queda redactado de la siguiente forma:

“5. Adicionalmente a lo señalado en el apartado 1 del presente artculo, la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, a propuesta de la Consejera competente en la materia, podr acordar la asignacin a la Unidad Aceleradora de Proyectos de todas aquellas iniciativas, excluidas las residenciales, que por su importancia o naturaleza contribuyan al logro de los objetivos bsicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca establecidos en el artculo 10 del Estatuto de Autonoma para Andaluca. Posteriormente se elevar el citado acuerdo al Consejo de Gobierno para su toma de razn.

Las iniciativas as asignadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos tendrn en sus distintos trmites administrativos un impulso preferente y urgente ante cualquier Administracin Pblica andaluza, sin perjuicio de la prevalencia de los proyectos declarados de inters estratgico por la Comisin Delegada para Asuntos Econmicos, que en todo caso tendrn carcter prioritario.

El acuerdo de la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras de asignacin de un proyecto a la Unidad Aceleradora no implicar en ningn caso la aprobacin del proyecto de inversin, ni la autorizacin de su puesta en marcha, que se producirn una vez sustanciado el correspondiente procedimiento, sin que pudieran exigirse responsabilidades a la administracin autonmica por la no autorizacin del proyecto empresarial.

El proyecto asignado deber ejecutarse de conformidad con la solicitud presentada por el promotor, especialmente en lo relativo a los plazos, volumen de inversin y empleo, y deber cumplir con las obligaciones impuestas por la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, quedando afectada la asignacin a la realizacin del proyecto por el promotor del mismo. Cualquier modificacin en los trminos de plazos, volumen de inversin, entidad promotora del proyecto o de cualquier otro requisito exigido por norma de rango legal, tendr que ser analizada por la Consejera competente en la materia que propuso la asignacin del proyecto, la cual podr solicitar la documentacin que estime conveniente al objeto de proponer a la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras la revocacin o la modificacin de la asignacin, o la necesidad de proceder al inicio de un nuevo procedimiento de asignacin, siempre y cuando los cambios sean sustanciales y modifiquen y afecten directamente al proyecto o a la entidad promotora.

La Consejera competente en la materia que propuso la asignacin del proyecto podr proponer a la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, de oficio o a instancia de la Unidad Aceleradora de Proyectos, la revocacin de la asignacin del proyecto a dicha Unidad cuando se incumplan algunos de los requisitos que la motivaron, o cuando de forma injustificada se produzca una paralizacin, abandono o la no consumacin del proyecto asignado, por inactividad u otras circunstancias que justifiquen la revocacin de la misma. En el caso de que se proceda a la revocacin de la asignacin, esta determinar su alcance”.

Captulo VI

Medidas en relacin con el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca

Artculo 68. Modificacin del Decreto 188/2018, de 9 de octubre #(050658)#, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca.

El Decreto 188/2018, de 9 de octubre #(050658)#, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 2, que queda redactado como sigue:

“Artculo 2. Acrnimos, siglas y definiciones.

A efectos del presente decreto, se entiende por:

a) “BOJA”: Acrnimo de Boletn Oficial de la Junta de Andaluca.

b) “Boletn”: Edicin concreta de un BOJA con una fecha y numeracin determinada.

c) “Cdigo de Verificacin Electrnicaˮ: Conjunto de caracteres que permite identificar de forma nica cualquier documento publicado en la Sede electrnica del BOJA a partir del 10 de mayo de 2012.

d) “CVE”: Siglas de Cdigo de Verificacin Electrnica.

e) “Desindexacin”: Adopcin de medidas tcnicas conducentes a que los buscadores de internet impidan la localizacin de un determinado texto publicado en el BOJA.

f) “Insercin”: Accin de incluir un documento en un boletn.

g) “Insertante”: Persona que tiene la facultad de remitir un texto a la unidad administrativa encargada de la edicin y difusin del BOJA para su insercin, conforme a lo dispuesto en el artculo 22.

h) “International Standard Serial Number”: Es el cdigo internacional de identificacin de las publicaciones seriadas.

i) “ISSN”: Siglas de International Standard Serial Number.

j) “Lectura fcil”: Mtodo que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redaccin de textos, al diseño y maquetacin de documentos y a la validacin de la comprensibilidad de los mismos, destinado a hacer accesible la informacin a las personas con dificultades de comprensin lectora.

k) “Lenguaje claro”: Estilo de redaccin simple y eficiente que ayuda a las personas a entender con facilidad lo escrito.

l) “Pago electrnico”: Procedimiento de pago establecido por la Orden de la Consejera competente en materia de Hacienda, mediante la que se regule esta modalidad de pago.

m) “Procedencia”: Criterio de agrupacin de textos dentro de una misma seccin/subseccin en funcin de la tipologa del insertante.

n) “Reutilizacin”: Conforme el artculo 3.1 #(006162) ar.3# de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilizacin de la informacin del sector pblico, se entiende por reutilizacin el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector pblico, por personas fsicas o jurdicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pblica.

o) “Sistema de firma electrnica”: Aqul que se ajusta a lo especificado en el artculo 10.2 #(013300) ar.10# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

p) “Sistema de identificacin electrnico”: Aqul que se ajusta a lo especificado en el artculo 9.2 #(013300) ar.9# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

q) “Sistemas de Informacin del BOJA”: Conjunto de elementos interrelacionados entre s orientados al tratamiento y administracin de datos e informacin, que dan soporte a los procesos de publicacin del BOJA.

r) “Texto”: Cada uno de los documentos que se publican en un boletn, compuesto de ttulo, cuerpo, pie de firma y anexos en su caso.

s) “Texto consolidado”: Documento que integra en el texto original de una norma las modificaciones y correcciones que ha tenido desde su origen.

t) “Titular”: Persona o personas que firman un texto objeto de publicacin.

u) “Universe Resource Locator”: Localizador universal de recursos, es la direccin nica de una pgina web.

v) “URL”: Siglas de Universe Resource Locator.”

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artculo 3 #(050658) ar.3# del Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“4. Los textos consolidados que el BOJA ofrece tienen carcter meramente informativo y carecen de validez jurdica alguna, sin desplegar los efectos contemplados en los apartados anteriores.”

Tres. Se modifica el apartado 2 del artculo 4, que queda redactado como sigue:

2. La edicin y difusin del BOJA corresponder a una unidad administrativa dependiente del rgano directivo al que se le atribuyan las competencias en materia de diario oficial, la cual ser responsable, entre otras, de las siguientes funciones:

a) La adopcin de medidas necesarias para garantizar el acceso permanente a los boletines publicados en la sede electrnica desde el da de su fecha.

b) La adopcin de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los estndares y normativa vigente en materia de seguridad, interoperabilidad o de cualquier otra ndole tcnica, as como lo establecido en el presente decreto.

c) La adopcin de las medidas necesarias para garantizar la adaptacin a los avances tecnolgicos.

d) Respecto de las condiciones de accesibilidad de la edicin electrnica del BOJA, la adopcin de medidas necesarias para garantizar la igualdad y la no discriminacin en el acceso de las personas usuarias, en particular, de las personas con discapacidad y de las personas mayores, a travs de sistemas de apoyo que propicien la lectura fcil y el lenguaje claro.

Cuatro. Se modifica el artculo 5, que queda redactado como sigue:

“Artculo 5. Sede Electrnica.

1. La sede electrnica del BOJA se crea con objeto de ofrecer informacin, servicios y trmites gestionados por la unidad administrativa responsable de la edicin y difusin del BOJA a travs de la direccin electrnica definida en el apartado siguiente.

La direccin electrnica de referencia de la sede ser: https://juntadeandalucia.es/eboja

2. La identificacin de la sede electrnica se llevar a cabo mediante certificado electrnico reconocido o cualificado que rena los requisitos exigidos por la legislacin vigente en materia de firma electrnica.

3. La titularidad de la sede electrnica corresponder al centro directivo al que se refiere el artculo 4.1 del presente decreto.

4. La unidad administrativa responsable de la edicin y difusin del BOJA a que se refiere el artculo 4.2 del presente decreto ser la encargada de la gestin y de los servicios puestos a disposicin de la ciudadana.

5.Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede son los siguientes:

a) Acceso electrnico, a travs de su sede electrnica.

b) Atencin presencial en la oficina de la unidad administrativa responsable de la edicin y difusin del BOJA, sita en la Carretera de Isla Menor s/n, Dos Hermanas (Sevilla) y en las oficinas de asistencia en materia de registro que determine el centro directivo al que se refiere el artculo 4.1 del presente decreto.

c) Atencin telefnica, en el telfono 955 034 802.

6. Los medios disponibles para la formulacin de quejas y sugerencias en relacin con el contenido, gestin y servicios ofrecidos en la sede a la que se refiere el presente decreto, sern los siguientes:

a) Presentacin telemtica, a travs de la URL: https://www.juntadeandalucia.es/lsr/

b) Presentacin presencial o por correo postal conforme a lo previsto en los apartados b), c) y d) del artculo 16 #(013300) ar.16# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y en los artculos 82 #(006103) ar.82# y 84 #(006103) ar.84# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca.

No se consideran medios para la formulacin de quejas y sugerencias los servicios de informacin y atencin tcnica a la ciudadana en la utilizacin de las aplicaciones y sistemas que sustentan la sede, sin perjuicio de la obligacin de atender los problemas que sean planteados por la ciudadana respecto a dichos servicios

7. La sede electrnica del BOJA dispondr, al menos, de los siguientes contenidos:

a) Fecha y hora oficial.

b) Identificacin de la sede, de su titular y del responsable de la gestin y de los servicios puestos a disposicin en la misma.

c) Enlace a este decreto.

d) Informacin necesaria para la correcta utilizacin de la sede, incluyendo el mapa de la misma con especificacin de la estructura de navegacin y las distintas secciones disponibles.

e) Advertencias legales, de seguridad y de propiedad intelectual.

f) Informacin relacionada con la proteccin de datos de carcter personal, incluyendo un enlace al Consejo de Transparencia y Proteccin de Datos de Andaluca. Informacin sobre los medios para la formulacin de quejas y sugerencias, as como los medios para recibir informacin y asistencia tcnica en la utilizacin de las aplicaciones y sistemas que sustenten la sede.

g) Informacin sobre las tasas que son de aplicacin para la insercin de textos en el BOJA.

h) Relacin de servicios disponibles en la sede electrnica.

i) Relacin de sistemas de autenticacin y firma admitidos y utilizados en la sede electrnica.

8. La sede electrnica del BOJA dispondr, al menos, de los siguientes servicios:

a) Acceso al ltimo boletn publicado y a los boletines publicados cada da.

b) Bsqueda de boletines anteriores.

c) Remisin de textos para su publicacin en BOJA.

d) Solicitud de desindexacin de datos de carcter personal en BOJA.

e) Acceso a legislacin andaluza consolidada.

f) Verificacin de la autenticidad de sumarios y textos publicados en el BOJA.

9. Para el acceso a determinados contenidos y servicios de la sede electrnica del BOJA, ser necesaria autenticacin electrnica previa mediante los mecanismos establecidos por el organismo competente en materia de Administracin Electrnica. Los contenidos y servicios para los que sea necesaria esta autenticacin estarn debidamente indicados en la sede electrnica del BOJA.”

Cinco. Se modifica el artculo 8, que queda redactado como sigue:

“Artculo 8. Tipologa y frecuencia.

1. Boletn ordinario: toman esta denominacin los boletines publicados de forma ordinaria de lunes a viernes, uno al da, durante todo el año, excepto los das declarados inhbiles en todo el mbito territorial de Andaluca.

2. Boletn complementario: por necesidades de urgencia apreciadas por la persona titular del centro directivo encargado de la direccin del BOJA, y previa solicitud, debidamente motivada, de la persona proponente de la insercin en el BOJA, podrn publicarse boletines complementarios a los boletines ordinarios, para incluir textos que no han podido ser planificados en el boletn ordinario de un determinado da”.

3. Boletn extraordinario: de modo excepcional, por imperativo legal o por imposibilidad de acudir a las tipologas de boletn descritas en los dos apartados anteriores, a juicio de la persona titular del centro directivo encargado de la direccin del BOJA, previa solicitud, en su caso, debidamente motivada, de la persona proponente de la insercin en el BOJA podrn publicarse boletines extraordinarios en cualquier da del año.

4. La concrecin de las caractersticas de la tipologa de cada boletn se establecer mediante Orden de la persona titular de la Consejera que tenga atribuidas las competencias en materia de direccin, edicin y publicacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca.”

Seis. Se modifica el apartado 3 del artculo 11, que queda redactado como sigue:

“3. El ttulo de un texto es el prrafo que precede al cuerpo del texto, y se compondr de la siguiente forma: tipo de norma, acto o texto con su numeracin si procede, seguida de la fecha y rgano que la suscribe en su caso, y a continuacin un breve compendio de su contenido.”

Siete. Se modifica el apartado 2.a) del artculo 12, que queda redactado como sigue:

“a) En la primera pgina del sumario deber figurar el escudo de la Comunidad Autnoma de Andaluca, el ttulo completo de la publicacin “Boletn Oficial de la Junta de Andaluca”, el año de publicacin, la fecha de su publicacin, el nmero de boletn, el tipo de boletn, cuando sea distinto del ordinario, identificacin del organismo encargado de su edicin, depsito legal e ISSN y la direccin de la sede electrnica del BOJA.”

Ocho. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

“1. Dentro de cada seccin o subseccin, los textos aparecern agrupados por su procedencia.

2.Dentro de cada procedencia, los textos se ordenarn de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Segn el rango normativo del texto.

b) Si coinciden dos o ms textos del mismo rango normativo, se dispondrn por el orden de prelacin del organismo o unidad administrativa que lo expide, despus su fecha y finalmente por el nmero que tenga asignado, si fuese el caso.

3.El orden de las procedencias y rangos normativos se har conforme a lo que establezca la Consejera que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andaluca.”

Nueve. Se modifica el artculo 19.2, que queda redactado como sigue:

“2. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad administrativa responsable de la edicin y difusin del BOJA, al editar los textos, podr corregir errores ortogrficos o de sintaxis detectados y les aplicar las caractersticas tipogrficas y de composicin del boletn establecidas por la Consejera que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andaluca.”

Diez. Se modifica el artculo 21.1, que queda redactado como sigue:

“1. En virtud del artculo 16.5, #(013300) ar.16# prrafo 2 #(013300) ar.2#, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los textos que se desee publicar se remitirn por medios electrnicos a la unidad encargada de la edicin y difusin del BOJA. A tal efecto, la Consejera que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andaluca, habilitar la plataforma electrnica que permita dicha remisin.”

Once. Se modifica el artculo 24, que queda redactado como sigue:

“Artculo 24. Programacin.

1. Diariamente se organizarn los textos ordenados conforme a lo dispuesto en los artculos 13 y 14 y se programar su inclusin en el primer boletn ordinario que corresponda.

2. El orden de prioridad de inclusin de los textos ser el cronolgico, atendiendo a su recepcin. No obstante lo anterior, la unidad administrativa encargada de la edicin y difusin del BOJA dar preferencia a los textos que tengan señalado da o plazo determinado para producir sus efectos, las correcciones de erratas y errores, y aquellos que por su ndole especial as lo requieran.

3. La programacin de los boletines complementarios y extraordinarios se realizar con los textos que deban incluirse conforme a las directrices de la persona titular del centro directivo encargado de la direccin del BOJA.”

Doce. Se modifica el artculo 27 b), que queda redactado como sigue:

“b) Inserciones de pago en su da: son aquellas en las que el sujeto pasivo es indeterminado o incierto en el momento de ordenar la insercin.”

Trece. Se modifica el artculo 29.2, que queda redactado como sigue:

“2. La sede electrnica del BOJA incluir un servicio para facilitar el pago telemtico de la tasa correspondiente.”

Catorce. Se modifica el artculo 32, que queda redactado como sigue:

“Artculo 32. Otras medidas de proteccin de datos respecto a contenidos del BOJA.

1. Los textos publicados en el Suplemento de Anuncios que contengan datos de carcter personal permanecern libremente accesibles en la sede electrnica del BOJA durante un plazo de seis meses desde su publicacin, transcurrido el cual slo sern accesibles mediante peticin de la persona interesada o su representante, as como por los rganos y Administraciones que puedan precisarlo para el ejercicio de las competencias que les correspondan.

2. La solicitud de acceso a textos cuya visibilidad haya sido restringida en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se podr hacer por cualquiera de los medios establecidos en la siguiente URL:

https://juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html

3. Dicha solicitud deber estar dirigida a la persona titular del rgano directivo que tenga atribuidas las competencias en materia de diario oficial de la Junta de Andaluca.

4. En la solicitud deber indicarse necesariamente el ttulo del texto al que se quiere acceder, el nmero y fecha de boletn en el que fue publicado y la legitimacin para obtener el acceso al mismo.

5. En caso de que una solicitud incumpliese con alguno de los requisitos expuestos en este artculo, se requerir a la persona solicitante para que proceda a su subsanacin en el plazo de diez das hbiles, con indicacin de que, si no lo hiciera, se proceder al archivo de la peticin.”

Quince. Se modifica la Disposicin final segunda del Decreto 188/2018, de 9 de octubre #(050658)#, de ordenacin del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“2. Las nuevas tipologas de boletines previstas en el artculo 8, los mecanismos de autorizaciones a que hacen referencia los artculos 18.2 y 22.6 as como el servicio a que hace referencia el artculo 29.2, no sern aplicables hasta la entrada en vigor de la orden que los regule.”

Captulo VII

Medidas en materia de incendios forestales

Artculo 69. Modificacin de la Ley 5/1999, de 29 de junio #(002821)#, de prevencin y lucha contra los incendios forestales.

Se modifica el apartado 4 del artculo 51 #(002821) ar.51# de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevencin y lucha contra los incendios forestales, que queda redactado como sigue:

“4. En el caso de que el Plan de Restauracin incluya la reforestacin de los terrenos afectados, sta se llevar a cabo con arreglo a lo previsto en la legislacin forestal. Con objeto de promover la adopcin de este tipo de actuaciones activas de restauracin, las actuaciones de reforestacin que se lleven a cabo podrn ser reconocidas como proyectos de absorcin de emisiones a efectos del artculo 37 #(050657) ar.37# de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climtico y para la transicin hacia un nuevo modelo energtico en Andaluca.”

Artculo 70. Modificacin del Reglamento de Prevencin y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre #(018074)#.

El Reglamento de Prevencin y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre #(018074)#, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artculo 9, que queda redactado como sigue:

“4. La vigencia de los planes de prevencin de incendios forestales se extender desde la fecha de la resolucin aprobatoria de los mismos hasta la finalizacin de la poca de peligro alto de incendios forestales del quinto año a contar desde su aprobacin. Llegado ese momento, los planes de prevencin debern ser revisados.”

Dos. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

“Artculo 14. Disposiciones generales.

1. La quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvcolas, fitosanitarios y otros trabajos forestales, as como la quema de rastrojos o residuos en labores agrcolas que se realicen en terrenos forestales y en zona de influencia forestal requieren autorizacin administrativa debidamente motivada, en la que se fijarn las condiciones de ejecucin de la quema, y que ser dictada previa solicitud del interesado; salvo en aquellos tipos de quema en los que se permita la presentacin de una declaracin responsable.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 27.3 #(054696) ar.27# de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economa circular, a las pequeñas explotaciones y a las microexplotaciones agrarias no les es de aplicacin de prohibicin de quema que, con carcter general, se establece en dicha norma para los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvcola. En el caso de las explotaciones agrarias que no tengan la consideracin de pequeña explotacin o de microexplotacin, la quema podr realizarse bien por razones de carcter fitosanitario motivando que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, o bien al objeto de prevenir incendios.

3. Atendiendo a la especial estructura de los montes y explotaciones forestales andaluces, generalmente de escasa extensin y considerando que los mismos forman parte del sector agrario, se establecen las siguientes tipologas de quemas forestales y de restos agrcolas, a realizar sobre los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal de 400 metros que circunda a stos:

a) Quemas de matorral y pastos a realizar en terrenos forestales, previa autorizacin conforme a las condiciones establecidas en el artculo 15.

b) Quemas de restos vegetales procedentes de trabajos forestales y tratamientos preventivos contra incendios forestales, a realizar conforme a lo dispuesto en el artculo 16. Estas quemas se podrn realizar previa presentacin de una declaracin responsable, en el caso de que la quema de restos vegetales se realice por puntos, en pilas o montones. Se requerir autorizacin previa en el caso de tratarse de restos vegetales acordonados o en otra disposicin.

c) Quemas de restos vegetales procedentes de la actividad agrcola llevada a cabo en zonas de influencia forestal, las cuales se podrn realizar previa presentacin de declaracin responsable para el caso general de pequeñas y microexplotaciones agrarias.

En el caso del resto de explotaciones agrarias que ocupen a cincuenta o ms personas y cuyo volumen de negocios anual sea igual o superior a diez millones de euros, conforme a la clasificacin recogida en el Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisin, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categoras de ayuda en los sectores agrcola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicacin de los artculos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea y en la normativa sectorial, y se encuentren igualmente en zona de influencia forestal, la quema podr realizarse por razones de carcter fitosanitario motivando que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, conforme a la normativa especfica en materia de agricultura, o bien al objeto de prevenir incendios, siempre previa autorizacin.

d) Quemas prescritas de vegetacin en pie, a realizar por el Servicio Operativo de Extincin de Incendios Forestales del Plan INFOCA, con fines de conservacin y regeneracin de ecosistemas ligados al uso del fuego, investigacin y formacin de dicho personal, as como de prevencin de incendios forestales. Dichas quemas podrn realizarse sin limitaciones horarias y durante todo el año, previa aprobacin de un Plan de Quema en el que se definirn las condiciones de ejecucin de estas y la estructura organizativa del personal encargado de su realizacin. Asimismo, podrn realizarse sobre terrenos de titularidad pblica o bien sobre terrenos de titularidad privada, previo acuerdo o convenio con los propietarios de los terrenos.

Se excluye la ejecucin del uso del fuego tcnico, realizada por el personal del Servicio Operativo de Incendios Forestales del dispositivo INFOCA, consistentes en operaciones de contrafuegos, quemas de ensanche, quemas anticipadas de determinadas zonas, el desbroce de la vegetacin y otras labores realizadas durante las operaciones de extincin propias de un incendio, reguladas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre #(003441)#, de Montes.

4. En las resoluciones de autorizacin de usos y aprovechamientos forestales otorgadas conforme a la normativa especfica en materia de montes deber contemplarse la obligatoriedad de obtener la correspondiente autorizacin o declaracin responsable, en funcin del tipo de quema, la cual podr realizarse bajo ciertas condiciones, en caso de no ser posible la eliminacin de dichos restos vegetales por otros mtodos, tales como el astillado o la trituracin, por motivos fitosanitarios y/o al objeto de prevenir incendios, previa justificacin tcnica y/o econmica y conforme a los criterios definidos en la normativa bsica estatal en materia de residuos.

5. El plazo de ejecucin para los distintos tipos de quema se sujetar a los siguientes lmites:

a) Quemas sometidas al procedimiento de declaracin responsable: Con carcter general podrn ejecutarse durante toda la poca de peligro bajo. En el caso de quemas a realizar durante la poca de peligro medio de incendios, la quema nicamente se podr realizar mediante autorizacin expresa obtenida conforme al procedimiento descrito en el artculo 18, sometindose en todo caso a cualquier disposicin de carcter general emitida por el superior rgano competente en materia de uso del fuego para todas las quemas incluidas en un determinado mbito territorial.

b) Quemas sujetas al procedimiento de autorizacin: El plazo de ejecucin ser aquel que se contemple en su autorizacin, con los lmites establecidos en la normativa sectorial especfica en materia de prevencin de incendios.

6. Para todos los tipos de quema autorizados por resolucin o mediante declaracin responsable, y conforme a lo dispuesto en el artculo 48.6 #(003441) ar.48# de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la realizacin de dicha quema deber suspenderse cuando previsiblemente el riesgo diario de incendio sea Muy Alto o Extremo, de acuerdo con el ndice de riesgo aprobado mediante Orden de 16 de junio #(056112)# de 2023, por el que se establece un ndice de riesgo de incendios forestales oficial para Andaluca”.

Tres. Se añade un nuevo artculo 18 bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 18 bis. Procedimiento de declaracin responsable.

1. Las quemas de restos vegetales por puntos, pilas o montones en terreno forestal as como las quemas de restos vegetales procedentes de la actividad agrcola en zona de influencia forestal, en el caso de pequeñas explotaciones y microexplotaciones agrarias, requerirn de la previa presentacin por parte del interesado de una declaracin responsable, mediante la cual el titular se comprometer a ejecutar la quema en las condiciones fijadas en esta norma y resto de normativa aplicable, as como al condicionado adjunto a dicha declaracin responsable.

2. Las personas titulares de los terrenos forestales o de las explotaciones agrcolas en las que se pretenda realizar la quema de restos vegetales, presentarn la declaracin responsable mediante los formularios oficiales adjuntos al presente reglamento, dirigida a la persona titular de la Delegacin de Gobierno de la provincia en la que se ubiquen los terrenos, y se presentar de la siguiente forma:

a) Las personas o entidades obligadas a relacionarse electrnicamente con la Administracin, de acuerdo con lo establecido en el artculo 14.2 #(013300) ar.14# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, debern presentar el modelo de declaracin responsable, a travs del enlace del Catlogo de Procedimientos y Servicios de la Sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca.

b) Las personas fsicas no obligadas a relacionarse electrnicamente con la Administracin, adems de en la forma recogida en el prrafo anterior, podrn presentarla en los lugares y registros previstos en el artculo 16.4 #(013300) ar.16# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. Se adjuntar a la declaracin responsable la delimitacin de las parcelas donde se realizar la quema sobre plano a escala adecuada (1:10.000 o similar) con indicacin de la situacin y accesos.

4. En el caso de explotaciones que no tengan el carcter de pequeña o microexplotacin agraria, se aportar una memoria suscrita por el titular del terreno o de la actividad justificativa de la necesidad de realizar dicha quema en base a criterios de carcter fitosanitario, bien para la prevencin de incendios forestales, justificando la imposibilidad de su ejecucin por otros medios.

5. La declaracin responsable habr de presentarse con una antelacin mnima de diez das hbiles a la realizacin de la actividad, pudiendo ser denegada mediante resolucin motivada del rgano competente por razn del territorio en materia de uso del fuego con carcter previo a su realizacin con una antelacin mnima de 24 horas a su ejecucin.

6. Cuando lo aconsejen las circunstancias sobrevenidas o no se acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, los agentes de la autoridad o funcionarios que tengan reconocida dicha condicin y estuvieran presentes en el acto de la quema podrn ordenar su interrupcin.

7. Para la presentacin electrnica, las personas interesadas debern disponer de un sistema de firma que permita garantizar y acreditar la autenticidad de la expresin de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 11 #(013300) ar.11# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En relacin con los medios vlidos a efectos de firma electrnica se estar a lo dispuesto en el artculo 10.2 de la anterior ley, en los artculos 15 #(053640) ar.15# y 26 #(053640) ar.26# y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuacin y funcionamiento del sector pblico por medios electrnicos y en los artculos 21 #(052303) ar.21# y 22 #(052303) ar.22# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administracin electrnica, simplificacin de procedimientos y racionalizacin organizativa de la Junta de Andaluca”.

Cuatro. Se suprime el artculo 27.

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artculo 40, que queda redactado como sigue:

“4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, y en garanta de la proteccin del inters pblico, el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por un incendio en monte pblico, se realizar por la Administracin titular con sus propios medios o mediante convenio con la Consejera con competencia en materia forestal, que podr recurrir a sus propios medios propios o acordar motivadamente, que los trabajos necesarios para el aprovechamiento, sean objeto de contratacin, debiendo publicarse en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca la adjudicacin resultante.”

Seis. Se modifica el apartado 1 del artculo 41, que queda redactado como sigue:

“1. La Consejera competente en materia forestal fijar los criterios aplicables a las condiciones de los aprovechamientos de productos procedentes de reas incendiadas, bien en la resolucin de aprobacin del Plan de Restauracin, bien mediante la aprobacin de un modelo tipo de contrato de aprovechamiento. En los montes pblicos, la comercializacin exigir la medicin de los productos procedentes del rea incendiada y podr llevarse a cabo en cargadero o a partir del aprovechamiento de los rboles en pie.”

Captulo VIII

Medidas en materia de cooperacin

Artculo 71. Modificacin de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre #(014001)#, de Cooperacin Internacional para el Desarrollo.

La Ley 14/2003, de 22 de diciembre #(014001)#, de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade disposicin adicional nica, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional nica. Subvenciones y ayudas en materia de cooperacin internacional para el desarrollo.

La exigencia del inters de demora para los reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados no ser de aplicacin a las subvenciones y ayudas en el mbito de la cooperacin para el desarrollo.

Las disposiciones reglamentarias especficas, de carcter estatal y no bsico, en materia de subvenciones y ayudas en el mbito de la cooperacin internacional para el desarrollo sern de aplicacin supletoria en la Comunidad Autnoma de Andaluca.”

Dos. Se añade disposicin transitoria nica, que queda redactada como sigue:

“Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio de los procedimientos.

a) A los procedimientos de reintegro, devolucin y remanentes no aplicados ya iniciados antes de la entrada en vigor de la disposicin adicional nica de esta ley no les ser de aplicacin la misma, rigindose por la normativa anterior.

b) Los procedimientos de reintegro, devolucin y remanentes no aplicados iniciados tras la entrada en vigor de la disposicin adicional nica de esta ley se regirn por lo dispuesto en sta.”

TTULO III

Medidas de simplificacin y racionalizacin administrativa en materia econmica-financiera, de atencin a la ciudadana y de ordenacin en el requerimiento a entidades locales en caso de infraccin

Artculo 72. Modificacin del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacin administrativa y racionalizacin de los recursos para el impulso a la recuperacin y resiliencia en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

El Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacin administrativa y racionalizacin de los recursos para el impulso a la recuperacin y resiliencia en el mbito de la Comunidad Autnoma de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un apartado 5 al artculo 2, que queda redactado como sigue:

“5. Las medidas en materia de contratacin previstas en el Captulo IV son aplicables a procedimientos de contratacin y encargos a medios propios personificados, financiados con recursos propios del Presupuesto de la Junta de Andaluca o con otros fondos, realizados por las entidades previstas en el apartado 1 siempre que vayan dirigidos directa o indirectamente a la gestin, soporte, apoyo, asistencia tcnica y ejecucin de proyectos y actuaciones financiadas con los fondos establecidos en el apartado 2 del presente artculo.”

Dos. Se modifica el artculo 4, que queda redactado como sigue:

“Artculo 4. Comit Tcnico para el Seguimiento de la Ejecucin de los Fondos Europeos.

1. En el seno de la Comisin Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera se crea un Comit Tcnico para el Seguimiento de la Ejecucin de los Fondos Europeos.

2. El Comit Tcnico estar compuesto por las siguientes personas miembros:

a) La persona titular de la Secretara General competente en materia de Fondos Europeos, que presidir el Comit.

b) Las personas titulares de los siguientes rganos, que actuarn como vocales:

1.º La Secretara General competente en materia de Economa.

2.º La Secretara General competente en materia de Accin Exterior.

3.º La Secretara General competente en materia de Fondos Europeos Agrarios.

4.º La Direccin General competente en materia de Sector Pblico Instrumental.

5.º La Direccin General competente en materia de Recursos Humanos y Funcin Pblica.

6.º La Direccin General competente en materia de Presupuestos.

7.º La Direccin General competente en materia de Fondos Europeos.

8.º La Direccin General competente en materia de coordinacin sobre la contratacin pblica.

9.º La Direccin Gerencia de la Agencia Digital de Andaluca.

10.º La Intervencin General de la Junta de Andaluca.

11.º Las Secretaras Generales Tcnicas de todas las Consejeras de la Administracin de la Junta de Andaluca.

Se promover la representacin equilibrada de hombres y mujeres en la composicin del Comit Tcnico de conformidad con el artculo 11.2 #(018791) ar.11# de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca.

Su funcionamiento se regir por lo establecido en el Captulo II del Ttulo IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, y en la seccin 3.ª del Captulo II del Ttulo preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre #(036563)#, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, en lo que constituya legislacin bsica.

En virtud de lo dispuesto en el artculo 89.1.c) #(006103) ar.89# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, el Comit Tcnico podr elaborar sus propias normas de rgimen interno.

3. La Secretara del Comit ser designada por la Presidencia del Comit Tcnico para el Seguimiento de la Ejecucin de los Fondos Europeos entre el personal funcionario adscrito a la Secretara General competente en materia de Fondos Europeos. La persona titular de dicha Secretara asistir a las reuniones del citado Comit con voz, pero sin voto.

4. Se podrn crear grupos de trabajo con carcter permanente o temporal, para la asistencia al Comit Tcnico en el desarrollo de las funciones atribuidas a este en el apartado 5 en los trminos que, en su caso, se establezcan en las normas de funcionamiento.

Los grupos de trabajo contarn con el nmero de miembros que se determine por el Comit Tcnico.

Podrn formar parte de los mismos personas que no sean miembros del Comit Tcnico, en cuyo caso sern nombradas por la persona titular de la presidencia del Comit Tcnico entre personal funcionario adscrito a la Consejera competente en materia de Fondos Europeos, con nivel al menos de jefatura de servicio o equivalente.

Igualmente, podr formar parte de los grupos de trabajo personal funcionario de las restantes Consejeras y de las entidades instrumentales de la Administracin de la Junta de Andaluca, con nivel al menos de jefatura de servicio o equivalente, que ser nombrado por la persona titular de la presidencia del Comit Tcnico a propuesta de la Consejera o entidad correspondiente.

5. Las funciones del Comit Tcnico sern:

a) Proporcionar soporte tcnico a la Comisin Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, facilitando toda la documentacin que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones.

b) La realizacin de los estudios, informes y anlisis que le encargue la Comisin Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera, y aquellos otros que estime de utilidad para el seguimiento y ejecucin de la financiacin europea y de los proyectos y fondos financiables.

c) Adems de lo previsto en el prrafo b) anterior, informar peridicamente a la Comisin Delegada para la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera del seguimiento de los proyectos financiables con fondos europeos, su programacin y ejecucin y las posibles reprogramaciones.

d) La aprobacin de las orientaciones, as como el impulso en la elaboracin de modelos de pliegos de licitacin y de manuales de procedimiento, de bases reguladoras para convocatorias de subvenciones o ayudas, de convenios o de cualquier otro instrumento que considere que podra servir de orientacin a los rganos gestores por razones de eficacia o eficiencia.

e) La aprobacin de recomendaciones u orientaciones sobre la adopcin de herramientas informticas o digitales.

f) El seguimiento del cumplimiento de las propuestas, criterios o recomendaciones elaboradas por el mismo.

g) La aprobacin de las normas de funcionamiento de los grupos de trabajo a que se refiere el apartado 4.

h) La aprobacin de recomendaciones de planificacin de la programacin y ejecucin de los proyectos y fondos financiables, incluyendo los instrumentos de planificacin estratgica de gestin.

6. El Comit Tcnico podr requerir la colaboracin de cualquier rgano o entidad de la Administracin de la Junta de Andaluca para el cumplimento de las funciones que le son propias.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 36, que queda redactado como sigue:

“1. Para la tramitacin de la aprobacin de las bases reguladoras de subvenciones financiables con fondos europeos en el procedimiento de elaboracin de las mismas solo sern exigibles, con carcter previo a su aprobacin los siguientes informes: informe de la Direccin General competente en materia de Fondos Europeos previsto en el prrafo b) del artculo 4.3 del Reglamento de los Procedimientos de Concesin de Subvenciones de la Administracin de la Junta de Andaluca, aprobado mediante el Decreto 282/2010, de 4 de mayo #(018974)# ; informe del Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca, salvo que se ajusten a las bases tipo, y de la Intervencin General de la Junta de Andaluca previstos en los prrafos a) y d) del artculo 4.2 #(060924) ar.4# del Reglamento anterior; e informe de la Direccin General de Presupuestos en los casos previstos en el artculo 35 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.”

Cuatro. Se añade una nueva disposicin final duodcima, pasando las disposiciones finales duodcima y decimotercera a ser disposiciones finales decimotercera y decimocuarta.

“Disposicin final duodcima. Habilitacin normativa.

Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para garantizar el cumplimiento y desarrollo de lo establecido por la presente disposicin, y especialmente para que, mediante Decreto, pueda modificar la composicin y funciones del Comit Tcnico para el Seguimiento de la Ejecucin de los Fondos Europeos.”

Artculo 73. Modificacin de la Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, de la Administracin de la Junta de Andaluca.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre #(006103)#, de la Administracin de la Junta de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 7 del artculo 53.bis, que queda redactado como sigue:

“7. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuar con la periodicidad establecida en la resolucin por la que se ordene el encargo y conforme a la actuacin efectivamente realizada, una vez expedida certificacin de conformidad por la persona designada para dirigir la actuacin y/o el documento que acredite la realizacin total o parcial de la actuacin de que se trate. Tambin se deber aportar certificacin en la que conste la aplicacin de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados, as como el coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades que se subcontraten con empresarios particulares o entidades del sector pblico en los casos en que estos costes sean inferiores al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas, mediante la relacin detallada y certificada de las facturas que deba abonar el medio propio. En el caso de actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unin Europea, deber asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el rgano o entidad competente para efectuar el encargo, este podr autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuanta no podr superar los lmites establecidos en el artculo 26.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses siguientes a la finalizacin del plazo de ejecucin del encargo y, en todo caso, con anterioridad al ltimo pago que proceda”

Dos. Se modifica el apartado e) del punto 1 del artculo 37, que queda redactado como sigue:

“e) Requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos referidos al mbito de las competencias de la respectiva Delegacin del Gobierno que infrinjan el ordenamiento jurdico y, en su caso, promover la impugnacin de los actos o acuerdos de las entidades locales de la provincia que infrinjan el ordenamiento jurdico.”

Tres. Se modifica el apartado d) del artculo 39, que queda redactado como sigue:

“d) Requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen los actos y acuerdos, referidos al mbito de las competencias de la respectiva Delegacin Territorial y Provincial, que infrinjan el ordenamiento jurdico.”

Cuatro. El apartado d) del artculo 39, pasa a ser el apartado e) de este artculo.

Cinco. Se modifica el artculo 82, que queda redactado como sigue:

Artculo 82. Registro Electrnico nico.

“1. La Administracin de la Junta de Andaluca dispondr de un registro electrnico, que ser nico para la Administracin de la Junta de Andaluca, sus agencias administrativas y, para las agencias pblicas empresariales, las agencias de rgimen especial y los consorcios a los que se refiere el artculo 12.3 de esta Ley, cuando ejerzan potestades administrativas. En el Registro Electrnico nico, quedar constancia de la entrada y salida de los documentos.

2. El Registro Electrnico nico ser accesible en las respectivas sedes electrnicas, rigindose por su fecha y hora oficial y donde constar el calendario de das inhbiles.

3. El Registro Electrnico nico ser interoperable con los registros del resto de Administraciones Pblicas, en los trminos establecidos por la legislacin del procedimiento administrativo comn, garantizndose su compatibilidad informtica e interconexin, as como la transmisin telemtica de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros electrnicos.

4. Reglamentariamente se regular el funcionamiento del Registro Electrnico nico”.

Seis. Se modifica el artculo 83, que queda redactado como sigue:

“Artculo 83. Oficinas de asistencia en materia de registros.

1. El Registro Electrnico nico estar asistido por las oficinas de asistencia en materia de registros que reglamentariamente se determinen.

2. Las oficinas de asistencia en materia de registros ejercern las funciones establecidas en la legislacin estatal bsica, as como aquellas otras que reglamentariamente les sean atribuidas al establecer su cartera de servicios.

3. Reglamentariamente se establecern los das y horario en que debern permanecer abiertas, as como, el procedimiento por el que se acuerde su establecimiento, modificacin o supresin”.

Siete. Se modifica el artculo 84, que queda redactado como sigue:

“Artculo 84. Presentacin de documentos.

1. Quienes de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 3 #(013300) ar.3# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Pblicas, tendrn derecho a presentar documentos en el Registro Electrnico nico de la Administracin de la Junta de Andaluca, as como, a obtener constancia de dicha presentacin.

2. Los rganos administrativos que por error reciban documentos de las personas interesadas, darn traslado inmediato de los mismas al rgano competente para su tramitacin ponindolo en conocimiento de aquellas.

3. Las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administracin de la Junta de Andaluca en los trminos establecidos en la legislacin estatal bsica”.

Ocho. Se suprime la disposicin adicional primera.

Artculo 74. Modificacin del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo #(008057)#.

El texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo #(008057)#, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 12.d), que queda redactado como sigue:

“d) Autorizar con carcter previo a su aprobacin los actos administrativos o negocios jurdicos que conlleven realizacin de gastos, en los supuestos previstos legalmente”.

Dos. Se modifica el artculo 14.c), que queda redactado como sigue:

“c) Aprobar, en los casos en que le correspondan conforme al ordenamiento jurdico, los actos administrativos o negocios jurdicos que conlleven la realizacin de gastos y, en su caso, elevarlos al Consejo de Gobierno para su autorizacin previa, en los supuestos previstos legalmente.”

Tres. Se modifica el artculo 15 c), que queda redactado como sigue:

“c) Aprobar los actos administrativos o negocios jurdicos que conlleven la realizacin de gastos y, en su caso, elevarlos por conducto de la persona titular de la Consejera al Consejo de Gobierno para su autorizacin previa en los supuestos previstos legalmente.”

Cuatro. El apartado 6 del artculo 35 queda redactado del siguiente modo:

“6. Al texto articulado del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Andaluca se acompañar una memoria justificativa de su contenido.”

Cinco. El artculo 36 queda redactado del siguiente modo:

“Artculo 36. Remisin al Parlamento.

El proyecto de Ley del Presupuesto, integrado por el texto articulado y los estados de ingresos y de gastos, se remitir al Parlamento de Andaluca al menos dos meses antes de la expiracin del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobacin.

Al proyecto de Ley del Presupuesto se acompañar la siguiente documentacin:

a) La cuenta consolidada del Presupuesto.

b) La memoria econmica, comprensiva de la informacin sobre objetivos, actuaciones e indicadores de los programas presupuestarios, y de las principales modificaciones que presenten comparados con el Presupuesto vigente.

c) La liquidacin del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.

d) Un informe econmico y financiero.

e) La clasificacin por programas del Presupuesto.

f) El informe de evaluacin de impacto de gnero.

g) El informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climtico.

h) El informe de evaluacin de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

i) El anexo de inversiones con los proyectos de inversin de las Consejeras, agencias administrativas, agencias de rgimen especial, agencias pblicas empresariales, sociedades mercantiles del sector pblico andaluz, consorcios, fundaciones y dems entidades de Derecho Pblico de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

j) El anexo de personal, incluyendo al personal de las Consejeras, agencias, consorcios, sociedades mercantiles del sector pblico andaluz, fundaciones y dems entidades de Derecho Pblico de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

Toda la documentacin que se entregue al Parlamento de Andaluca ser objeto, tras su remisin, de publicacin en el Portal de Transparencia. Una vez aprobada la Ley, se proceder de igual forma a la publicacin en dicho Portal de Transparencia del Presupuesto de la Junta de Andaluca y de su documentacin anexa.”

Seis. Se modifica el artculo 43, que queda redactado como sigue:

“Artculo 43. Crditos extraordinarios y suplementos de crdito.

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algn gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en l crdito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda, previo informe de la Direccin General de Presupuestos, elevar al acuerdo del Consejo de Gobierno la remisin de un proyecto de Ley al Parlamento de concesin de un crdito extraordinario, en el primer caso, o de un suplemento de crdito en el segundo, y en el que se especifiquen los recursos concretos que deben financiarlos.

En el supuesto de que el Consejo de Gobierno haya acordado la aplicacin del Fondo de Contingencia contemplado en el artculo 35.4, de conformidad con el artculo 52 bis.4 el crdito extraordinario o suplemento de crdito correspondiente ser aprobado por la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda.”

Siete. Se modifica el artculo 52, que queda redactado como sigue:

“Artculo 52. Competencia en la gestin de los gastos.

1. La competencia en materia de gestin de los gastos corresponder a quienes la ostenten para adoptar los actos administrativos o negocios jurdicos que los generen y ejecuten, conforme a lo dispuesto en las normas que regulen la estructura orgnica y atribucin de competencias en la Administracin de la Junta de Andaluca, instituciones, agencias administrativas, de rgimen especial, pblicas empresariales referidas en el artculo 2.c) y consorcios adscritos, sin perjuicio de que, en los supuestos legalmente establecidos, se requiera la autorizacin del Consejo de Gobierno previamente a la adopcin de los actos administrativos o negocios jurdicos que conlleven la realizacin de gasto.

A estos efectos, los actos de ejecucin presupuestaria del gasto son actos debidos consecuencia de los actos de gestin administrativa o negocios jurdicos de los que derive, de forma que, cuando conlleven un gasto se producir de forma simultnea la fase de gestin presupuestaria que le corresponda.

2. La desconcentracin, la delegacin y, en general, los actos por los que se transfieran la titularidad o el ejercicio de las competencias citadas en el apartado anterior se entendern siempre referidos a ambas competencias, de gestin administrativa y de gestin presupuestaria.

3. La Consejera competente en materia de Hacienda podr imputar al presupuesto de gastos de la Consejera, agencia administrativa, agencia de rgimen especial, agencia pblica empresarial comprendida en el artculo 2.c) o consorcio afectado las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoracin de ingresos o incremento de gasto por compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras Administraciones Pblicas. A tal efecto adoptar, asimismo, los acuerdos y dictar las resoluciones que procedan para la adecuada contabilizacin de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas actuaciones en el ejercicio en el que se produzcan. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artculo 53 bis.”

Ocho. Se añade un nuevo artculo 52 bis, que queda redactado como sigue:

“Artculo 52 bis. Ejecucin del presupuesto de gastos.

1. La ejecucin del presupuesto de gastos se realizar a travs de las siguientes fases:

a) Aprobacin de la realizacin de gasto. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurdico que conlleva la realizacin de un gasto determinado por una cuanta cierta o estimada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crdito presupuestario.

b) Disposicin. Se corresponde con el acto administrativo o negocio jurdico del que se deriva, en la cuanta y condiciones establecidas, un compromiso de gasto frente a terceros, de la Administracin de la Junta de Andaluca, sus agencias administrativas, de rgimen especial, pblicas empresariales referidas en el artculo 2.c), los consorcios adscritos, y en general, cualesquier organismo y entidad de derecho pblico vinculado o dependiente de la Administracin de la Junta de Andaluca sometido a la contabilidad presupuestaria.

c) Reconocimiento de la obligacin. Declara la existencia de un crdito exigible contra la Hacienda Pblica y comporta la propuesta de pago correspondiente.

d) Ordenacin del pago y pago material conforme a lo dispuesto en el artculo 73bis.

2. La sucesin de las fases de gestin del presupuesto de gastos requerir, en todo caso, de la materializacin de los actos administrativos o negocios jurdicos que las generen de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economa y agilidad administrativa, podrn acumularse en un solo acto todas o algunas de las fases de ejecucin del gasto en los supuestos y con las condiciones que se determinen por la consejera competente en materia de Hacienda.

3. Con cargo a crditos que figuren en los estados de gastos de la Administracin de la Junta de Andaluca, de las agencias administrativas, de rgimen especial y las pblicas empresariales referidas en el artculo 2.c), y consorcios, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlacin con el importe de tasas, cnones y precios pblicos liquidados por las mismas, o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos especficos y predeterminados, tales como los provenientes de transferencias finalistas, subvenciones, convenios con otras Administraciones o encargos de ejecucin a medios propios personificados, solo podrn gestionarse sus gastos en la medida en que se vaya asegurando su financiacin.

4. Con cargo al crdito del Fondo de Contingencia se financiarn nicamente, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crdito:

a) Crdito extraordinario.

b) Suplementos de crdito.

c) Ampliaciones.

En ningn caso podr utilizarse el mencionado crdito para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administracin, que carezcan de cobertura presupuestaria.

Su aplicacin se decidir por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera competente en materia de Hacienda.”

Nueve. Se modifica el artculo 54, que queda redactado como sigue:

“Artculo 54. Ordenacin de pagos.

1. Corresponde a la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda las funciones de ordenacin general de pagos de la Administracin de la Junta de Andaluca.

2. Compete a las personas titulares de la Presidencia o Direccin de las instituciones, agencias administrativas, de rgimen especial y pblicas empresariales referidas en el artculo 2.c) y los consorcios, la ordenacin de los pagos relativos a sus gastos.

3. La Consejera competente en materia de Hacienda podr establecer directrices a los entes referidos en el apartado anterior, para el ejercicio de sus funciones de ordenacin de los pagos y ejercer la supervisin de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias establecidas en la Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

4. El rgimen de la ordenacin de pagos se regular por Decreto a propuesta de la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda.”

Diez. Se modifica el artculo 90, que queda redactado como sigue:

“Artculo 90. La fiscalizacin previa.

1. La fiscalizacin previa de los gastos y las obligaciones consiste en el examen de los expedientes administrativos que conllevan gasto, con el fin de verificar que su contenido y tramitacin se ajustan a la legalidad vigente, en los trminos previstos en este artculo y en lo que se disponga reglamentariamente.

2. Sern objeto de fiscalizacin previa los expedientes administrativos que conlleven alguna de las siguientes fases de ejecucin del gasto, y justificacin de libramientos, definidas en la normativa de desarrollo de esta Ley:

a) La aprobacin de la realizacin de gasto.

b) La disposicin del gasto.

c) El reconocimiento de la obligacin.

d) La justificacin de los pagos de justificacin posterior.

3. La Intervencin General podr establecer, mediante resolucin publicada en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, que los extremos a comprobar en la fiscalizacin previa sean los siguientes:

a) La existencia de crdito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligacin que se proponga contraer. En los casos en que se trate de disposicin de gastos con cargo a ejercicios futuros se comprobar, adems, si se cumple lo preceptuado en el artculo 40 de esta Ley.

b) Que la aprobacin de la realizacin de gasto, el acto o negocio jurdico del que se deriva una disposicin de los gastos y el reconocimiento de las obligaciones se proponen al rgano competente.

c) Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.

d) Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestin, determine la Intervencin General.

4. Si la Intervencin, al realizar la fiscalizacin, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopcin, deber formular sus reparos de forma motivada. La formulacin del reparo suspender la tramitacin del expediente hasta que sea solventado, bien por subsanacin de las deficiencias, o bien, en el caso de no aceptacin del reparo, por la resolucin del procedimiento previsto en el apartado siguiente.

En el supuesto de que la funcin interventora se desarrolle en el rgimen previsto en el apartado anterior, consistente en la previa delimitacin del alcance por resolucin de la Intervencin General, nicamente proceder la formulacin de reparos cuando no se cumpla alguno de los aspectos de comprobacin establecidos. En caso contrario, el mbito de comprobacin se extender a los aspectos de legalidad econmico-presupuestaria y nicamente proceder la formulacin de reparo en los casos siguientes:

a) Cuando no exista crdito presupuestario suficiente y adecuado a la naturaleza del gasto que se proponga autorizar.

b) En los casos de falta de competencia del rgano al que se propone la aprobacin del acto administrativo o negocio jurdico que conlleva la realizacin del gasto.

c) Si no queda acreditada la legitimidad de la persona o entidad en cuyo favor se contrae la disposicin de gasto.

d) Si no se acredita documentalmente la efectiva realizacin de la prestacin y el derecho del acreedor.

e) En los supuestos en los que, siendo preceptiva la fiscalizacin previa, se haya omitido este trmite.

5. Si el rgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se proceder de la siguiente forma:

a) Cuando haya sido formulado por la Intervencin que efecta la fiscalizacin previa, corresponder a la Intervencin General conocer de la discrepancia, siendo su resolucin obligatoria para aquella.

b) Cuando el reparo emane de la Intervencin General o esta, previa tramitacin del expediente por la persona titular de la Viceconsejera correspondiente, haya confirmado el reparo de una Intervencin, subsistiendo la discrepancia, corresponder la resolucin:

1.° A la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no exceda de 150.000 euros.

2.° Al Consejo de Gobierno en los dems casos.

6. No estn sometidos a fiscalizacin previa de la aprobacin de la realizacin y disposicin del gasto:

a) Los contratos menores, as como los asimilados a ellos en virtud de la legislacin contractual.

b) Los gastos del Captulo II de la clasificacin econmica del estado de gastos menores de 3.000 euros o los gastos de la misma naturaleza menores de los importes que se establezcan reglamentariamente.

c) Los gastos de honorarios de los agentes recaudadores.

d) Los gastos de depsitos previos e indemnizaciones por rpida ocupacin, derivados de las expropiaciones forzosas.

e) Los gastos de carcter peridico y dems de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones.

Reglamentariamente podrn excluirse de fiscalizacin previa, en cualquiera de las fases previstas en el apartado 2 de este artculo, aquellos gastos, distintos o no a los descritos anteriormente, para los que se considere ms adecuada otra forma de control.

La Intervencin General podr establecer procedimientos de control posterior sobre los gastos excluidos de fiscalizacin previa.

7. La fiscalizacin previa podr ejercerse aplicando tcnicas de muestreo o comprobaciones peridicas a los gastos de personal y de subvenciones, as como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afectar a un gran nmero de actos, documentos o expedientes. A tales efectos, la Intervencin General determinar los actos, documentos y expedientes sobre los que la fiscalizacin previa podr ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la informacin.

8. En los supuestos en los que la fiscalizacin previa o la comprobacin material del gasto prevista en el apartado 2 del artculo anterior fuesen preceptivas y se hubiesen omitido, no se podr continuar el expediente administrativo que conlleve gasto ni, por tanto, reconocer la obligacin, ni tramitar el pago, ni fiscalizar favorablemente estas actuaciones hasta que, en su caso, se resuelva dicha omisin, mediante su convalidacin por el Consejo de Gobierno o la Comisin General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, en los trminos que se determinen reglamentariamente”.

Once. Se modifica el artculo 92.3, que queda redactado como sigue:

“3. En el ejercicio de las facultades de control previstas en el presente artculo, y cuando sea necesaria la posesin de especiales conocimientos tcnicos, el personal funcionario encargado del control podr solicitar de la persona titular de la Intervencin General la designacin de asesores o peritos para la comprobacin de la realidad de la inversin o de los elementos empleados y, en particular, para la verificacin de la realidad del proyecto y la entrega del bien o servicio de manera plenamente acorde con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente administrativo que conlleve el gasto. La realizacin de la labor de asesoramiento a que se refiere esta disposicin, que en todo caso se considerarn tareas de apoyo a las funciones pblicas de control realizadas por personal funcionario, cuando se desarrolle por empleados pblicos, se considerar parte integrante de las funciones del puesto de trabajo de los asesores o peritos, debiendo colaborar sus superiores jerrquicos en la adecuada prestacin de este servicio.

Los supuestos y requisitos para la solicitud de asesores y peritos, as como el procedimiento para su designacin, se establecern por la Consejera competente en materia de Hacienda.”

Doce. Se modifica el artculo 115.2, que queda redactado como sigue:

“2. No obstante, ser necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesin de subvenciones que conlleven la aprobacin de un gasto superior a 3.000.000 de euros.”

Trece. Se modifica el artculo 119.3, que queda redactado como sigue:

“3. Las normas reguladoras y, en su caso, los convenios que se suscriban con entidades colaboradoras, para que por stas se lleve a cabo la entrega y distribucin de los fondos a las personas o entidades beneficiarias, debern prever el rgimen de control, previo o financiero, al que se sometern los expedientes administrativos de subvenciones, conforme a los criterios que para determinar la modalidad de control interno se determinan en el Captulo II del Ttulo V.

En caso de sometimiento a fiscalizacin previa, esta podr llevarse a cabo aplicando tcnicas de muestreo, mediante el procedimiento que determine al efecto la Intervencin General.”

Catorce. Se modifica el artculo 120.1 bis, que queda redactado como sigue:

“1. Las fases de aprobacin de la realizacin del gasto y de disposicin en materia de subvenciones, con excepcin de las tramitadas con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), al Fondo Europeo Agrcola de Garanta (FEAGA), las subvenciones financiadas con cargo al crdito del Fondo Europeo Agrcola de Desarrollo Rural (FEADER) en relacin con los artculos 21.1.a) y b), 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a travs del Fondo Europeo Agrcola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nm. 1698/2005 del Consejo, y aquellas que se determinen por la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda, previo informe de la Intervencin General que versar sobre la justificacin y procedencia de la medida a adoptar, se ajustarn a las siguientes normas:

a) La aprobacin de la convocatoria de subvenciones regladas, conllevar la aprobacin de la realizacin del gasto sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artculo 115 de esta Ley.

b) La concesin directa de subvenciones, conllevar la aprobacin de la realizacin y disposicin del gasto.

c) La resolucin de concesin de las subvenciones conlleva la disposicin del gasto correspondiente.”

Quince. Se añade una nueva disposicin adicional cuarta, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional cuarta. Informe de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia.

El informe de evaluacin de enfoque de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia a que se refiere el artculo 36.h), se emitir por la Consejera competente en materia presupuestaria, en coordinacin con el conjunto de las Consejeras y con participacin de los rganos directivos competentes por razn de la materia”.

Artculo 75. Instruccin, resolucin y notificacin de los procedimientos de resolucin contractual.

Los procedimientos de resolucin contractual que se tramiten de conformidad con lo dispuesto en el artculo 212 #(039439) ar.212# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 por parte de los rganos de contratacin de la Administracin de la Junta de Andaluca, sus entidades instrumentales, su Administracin institucional y los consorcios adscritos en virtud del artculo 12.3 #(006103) ar.12# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca debern ser instruidos, resueltos y notificados en el plazo mximo de ocho meses.

Asimismo, dicho plazo ser aplicable para los procedimientos de resolucin contractual que tramiten los rganos de contratacin de las Entidades Locales y las Universidades Pblicas radicadas en el territorio de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

Artculo 76. Modificacin del Decreto 39/2011, de 22 de febrero #(012106)#, por el que se establece la organizacin administrativa para la gestin de la contratacin de la Administracin de la Junta de Andaluca y sus entidades instrumentales y regula el rgimen de bienes y servicios homologados.

El Decreto 39/2011 de 22 de febrero #(012106)#, por el que se establece la organizacin administrativa para la gestin de la contratacin de la Administracin de la Junta de Andaluca y sus entidades instrumentales y regula el rgimen de bienes y servicios homologados, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 55, que queda redactado como sigue:

“Artculo 55. Suficiencia de los poderes de las personas fsicas que acten en nombre y representacin de las personas licitadoras.

1. Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarn entre la documentacin necesaria para la adjudicacin aquella que acredite que ostentan la debida representacin, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento de contratacin respectivo.

2. En aquellos procedimientos en los que se hubiera constituido una mesa de contratacin, el citado poder podr presentarse acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurdicos de cualquier Administracin a nivel estatal, autonmico o local, que acredite la comprobacin por parte de la Administracin de que las facultades o poderes de una o varias personas fsicas son suficientes para actuar en nombre y representacin de una determinada persona en la realizacin de determinadas actuaciones. En caso de tratarse de una entidad instrumental ser igualmente vlido el bastanteo de su asesora jurdica.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas fsicas que acten firmando proposiciones en nombre y representacin de las personas que sean propuestas adjudicatarias ser valorada en el acto de celebracin de la sesin de la mesa de contratacin que tenga por objeto el anlisis de la documentacin previa a la adjudicacin, por el Letrado o Letrada del Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca o persona a la que se asignen sus funciones, o la persona de las que tengan atribuido el asesoramiento jurdico del rgano de contratacin.

Del juicio de suficiencia que se haga en los trminos del prrafo anterior se dejar constancia en el acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

3. Si la mesa no se hubiera constituido, ser necesario aportar el bastanteo referido en el apartado anterior.”

Dos. Se añade un nuevo artculo 56, que queda redactado como sigue:

“Artculo 56. Contratos menores cuyo precio sea inferior a 5.000 euros.

1. Los contratos menores de obras, servicios y suministros tramitados por la Administracin de la Junta de Andaluca, sus entidades instrumentales y los consorcios adscritos en virtud del artculo 12.3 #(006103) ar.12# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administracin de la Junta de Andaluca cuyo pago sea nico y se efectu a travs del sistema de anticipos de caja fija o priorizacin de pagos menores, regulado en la Orden de la Consejera de Economa, Hacienda y Administracin Pblica, de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la priorizacin de pagos menores, u otro similar, cuyo precio fuera inferior a cinco mil euros, IVA incluido y sean financiados exclusivamente con fondos propios, no exigirn la emisin del informe previsto en el artculo 118.2 #(039439) ar.118# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En estos casos el reconocimiento de la obligacin y el pago de los gastos solo requerir la presentacin ante el rgano competente de la factura o del documento equivalente y la conformidad a la prestacin, sin perjuicio de las normas especiales sobre pagos a justificar.

2. Los contratos descritos en el apartado anterior constituyen pagos menores a los efectos establecidos en el inciso final del artculo 63.4, el tercer prrafo del artculo 335.1 y el tercer prrafo del artculo 346.3 #(039439) ar.346# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En este sentido quedan exceptuados de la obligatoria publicacin en el perfil de contratante y de la obligacin de inscripcin en el Registro de Contratos de la Junta de Andaluca, prevista en el artculo 28 del presente Decreto.”

Tres. Se añade un nuevo artculo 57, que queda redactado como sigue:

“Artculo 57. La constitucin de garantas definitivas mediante retencin del precio.

De conformidad con lo previsto en el artculo 108.2 #(039439) ar.108# de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los pliegos de clusulas administrativas particulares que rijan la licitacin de un contrato de obras, suministro o servicios as como en los de concesin de servicios cuando las tarifas las abone la Administracin contratante del sector pblico andaluz debern recoger expresamente la posibilidad de que el contratista opte por la constitucin de la garanta definitiva mediante retencin en el precio, indicando que se retendr en el momento del primer pago las cantidades necesarias para su constitucin y, de no ser posible por ser insuficiente su importe, de los sucesivos hasta completarla.

El importe retenido ser devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garanta del contrato.”

Cuatro. Se añade un nuevo artculo 58, que queda redactado como sigue:

Artculo 58. Certificados de buena ejecucin de subcontratistas.

1. En el caso de que una persona contratista haya concertado con terceros la realizacin parcial de la prestacin objeto del contrato con sujecin a lo que se disponga en los pliegos, los subcontratistas podrn solicitarle un certificado de buena ejecucin que refleje el objeto de la subcontratacin, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario pblico final de los trabajos, el lugar de ejecucin si procede, y si se realizaron los trabajos segn las reglas por las que se rige la profesin y se llevaron a buen trmino, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarn que los subcontratistas solo quedan obligados con el contratista y aquellos no dispondrn de accin directa contra la Administracin contratante, sin perjuicio de lo establecido en la disposicin adicional quincuagsima primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre #(039439)#.

El certificado, que deber ser expedido por la persona contratista principal en el plazo mximo de diez das hbiles, deber ser presentado para su validacin por el rgano de contratacin.

Los certificados a los que se refieren los dos primeros prrafos podrn ser utilizados por los subcontratistas para acreditar la solvencia tcnica o profesional en los procedimientos de adjudicacin en los que participe.

2. La persona contratista deber tener informado en todo momento al rgano de contratacin de la parte de la prestacin que se subcontrata y la identidad, datos de contacto y representantes legales de la persona subcontratista. Por su parte, el rgano de contratacin incluir la identificacin y el porcentaje de subcontratacin efectuada en la ejecucin del contrato en el certificado de buena ejecucin que expida a la persona contratista principal.”

Artculo 77. Modificacin del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre #(025027)#, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca.

El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre #(025027)#, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 10, que queda redactado como sigue:

“Artculo 10. Entidades locales de Andaluca.

1. En el mbito de las entidades locales andaluzas y de los poderes adjudicadores vinculados a las mismas, la competencia para el conocimiento y resolucin del recurso especial en materia de contratacin y de las reclamaciones a que se refiere el artculo 1 de este Decreto corresponder a los rganos propios, especializados e independientes que creen, que actuarn con plena independencia funcional conforme a lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonoma Local de Andaluca, y en los trminos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre #(039439)#, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero #(052388)#, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurdico español diversas directivas de la Unin Europea en el mbito de la contratacin pblica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del mbito tributario y de litigios fiscales.

2. De conformidad con la competencia de asistencia material a los municipios que atribuye a las provincias el artculo 11.1.c) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y en la forma regulada en el artculo 14.2 de dicha Ley, el conocimiento y resolucin de estos recursos especiales y reclamaciones podrn corresponder a los rganos especializados en esta materia que puedan crear las Diputaciones Provinciales.

3. Con la excepcin que se contempla en el prrafo segundo de este apartado, en caso de que las entidades locales y los poderes adjudicadores vinculados a las mismas no hayan optado por la posibilidad descrita en los apartados anteriores, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca ser el competente para resolver los recursos y reclamaciones respecto a los actos de dichas entidades.

Cuando los recursos y reclamaciones se interpongan respecto de actos dictados por Diputaciones Provinciales o municipios de gran poblacin a los que se refiere el artculo 121 #(000091) ar.121# de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local, la atribucin de competencia al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca exigir la suscripcin de convenio con la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda en el que se estipulen las condiciones para sufragar los gastos derivados de esta asuncin de competencias”.

Dos. Se añade una disposicin adicional segunda, que queda redactada como sigue, pasando la disposicin adicional nica a ser disposicin adicional primera:

“Disposicin adicional segunda. Complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalas del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluca.

1. El complemento de desempeño a que se refiere la normativa reguladora de la funcin pblica de la Junta de Andaluca se percibir por las personas titulares de la Presidencia y las Vocalas del Tribunal Administrativo, con arreglo a lo establecido en las normas generales reguladoras de esta materia, en la presente disposicin y en las que por la persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda se dicten en su desarrollo.

2. La persona titular de la Consejera competente en materia de Hacienda, con los lmites de las disponibilidades presupuestarias existentes para este fin, asignar una cantidad global que constituir el tope del complemento de desempeño de las personas titulares de la Presidencia y las Vocalas del Tribunal Administrativo y que se distribuir individualmente conforme a los criterios establecidos en el apartado siguiente. La determinacin de esa cantidad global se har en atencin a los objetivos programticos fijados para el Tribunal Administrativo y en razn de la responsabilidad de los asuntos, carga de trabajo y valoracin de las actuaciones realizadas.

3. La asignacin individualizada del complemento de desempeño se realizar por semestres naturales vencidos, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Tribunal y sus cuatro vocales mediante acuerdo adoptado por mayora, previa evaluacin de los resultados obtenidos.”

Artculo 78. Modificacin del Decreto 54/1989, de 21 de marzo #(018549)#, sobre indemnizaciones por razn del servicio de la Junta de Andaluca.

El Decreto 54/1989, de 21 de marzo #(018549)#, sobre indemnizaciones por razn del servicio de la Junta de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artculo 31, que queda redactado como sigue:

“2. En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el rgano que haya de realizar la convocatoria fijar la categora en la que quedar clasificado el tribunal, rgano o comisin correspondiente a los efectos de percepcin de asistencias, en las categoras que, para cada supuesto se establece en el prrafo a) del apartado 1 del presente artculo.”

Dos. Se modifica el apartado 2 del artculo 32, que queda con la siguiente redaccin:

“2. En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el rgano que haya de realizar la convocatoria fijar la categora en la que quedar clasificada la comisin correspondiente a los efectos de percepcin de asistencias, en las categoras que, para cada supuesto, se establecen en el prrafo a) del apartado 1 del presente artculo.”

Tres. Se modifica el apartado 2 de la disposicin adicional octava, Rgimen aplicable a determinados procedimientos de seleccin, que pasa a estar redactado como sigue:

“2. Al personal mencionado en el apartado anterior se le abonarn asistencias por la concurrencia a sesiones de tribunales y rganos encargados de pruebas cuya superacin sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realizacin de actividades.

En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el rgano que haya de realizar la convocatoria fijar el grupo en el que quedar clasificado el rgano, de entre los que se establecen en el Anexo V.

Los rganos se entendern clasificados, a los efectos de la percepcin de asistencias, en los siguientes grupos:

Grupo primero: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo A.

Grupo segundo: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo B.

Grupo tercero: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo C.

Grupo cuarto: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo D.

Grupo quinto: Acceso a Cuerpos o Escalas del Grupo E.”

Artculo 79. Modificacin de la Ley 4/1986, de 5 de mayo #(002818)#, del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo #(002818)#, del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 23, que queda redactado como sigue:

“La Comunidad Autnoma de Andaluca podr ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio pblico a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando sta no le conste anteriormente.

Si el procedimiento de investigacin no fuera resuelto y no fuera notificada su resolucin en el plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, caducar, acordndose el archivo de las actuaciones.

La resolucin administrativa ser recurrible ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios.

Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolvern por la jurisdiccin ordinaria, a la que podrn acudir tanto la Administracin como los administrados.”

Dos. Se modifica el artculo 32, que queda redactado como sigue:

“Salvo lo dispuesto en el artculo 32 bis de esta Ley, todo uso privativo, sea en favor de personas pblicas o privadas, exige previa concesin administrativa.

La adscripcin para uso privativo de bienes de dominio pblico a una Agencia dependiente de la Comunidad Autnoma para su gestin, conservacin, explotacin o la prestacin de un servicio pblico no requerir concesin administrativa.”

Tres. Se añade un nuevo artculo 32, que queda redactado como sigue:

“1. La Consejera o agencia que tuviera adscritos bienes demaniales, podr autorizar su uso por persona fsica o jurdica, pblica o privada, previo informe favorable de la Direccin General de Patrimonio, cuando la ocupacin no se realice con obras o instalaciones fijas y por un plazo mximo de un año, siempre que dicho uso no resulte contradictorio con la afectacin del bien.

2. Las autorizaciones, en todo caso, podrn revocarse libremente en cualquier momento sin que la persona interesada tenga derecho a indemnizacin alguna.

3. No ser necesario informe favorable de la Direccin General de Patrimonio en los siguientes casos:

a) Las autorizaciones de uso por plazo inferior a tres meses.

b) Las autorizaciones para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos.

c) Las autorizaciones solicitadas por una agencia dependiente de la Consejera que tenga adscrito el bien.

4. Las autorizaciones reguladas en este precepto pueden ser gratuitas, otorgarse con contraprestacin o con condiciones o estar sujetas a la tasa por utilizacin privativa de bienes de dominio pblico regulada en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca o a las tasas previstas en sus normas especiales.

Sern gratuitas las autorizaciones cuando la utilizacin privativa de los bienes no conllevase una utilidad econmica para la persona autorizada o, aun existiendo esa utilidad, la utilizacin o aprovechamiento supusiese condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante la misma.

5. El rgano competente deber fijar en el acto de autorizacin, tanto las condiciones de utilizacin del bien, estableciendo lo necesario para que la misma no interfiera su uso por los rganos administrativos que lo tuvieran adscrito, como la contraprestacin a satisfacer por la persona solicitante.”

Cuatro. Se modifica el artculo 36, que queda redactado como sigue:

“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio pblico se efectuar en rgimen de concurrencia. No obstante, podr acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artculo 137.4 #(003421) ar.137# de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

Reglamentariamente se desarrollar el sistema de adjudicacin, as como la posibilidad de convocar licitacin entre proyectos.

2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicacin, una vez otorgada la concesin deber procederse a su formalizacin en documento administrativo. Este documento ser ttulo suficiente para inscribir la concesin en el Registro de la Propiedad.

3. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio pblico podrn ser gratuitas, otorgarse con contraprestacin o condicin o estar sujetas a la tasa por utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio pblico reguladas en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca, o a las tasas previstas en sus normas especiales.

No estarn sujetas a la tasa cuando la utilizacin privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio pblico no lleve aparejada una utilidad econmica para el concesionario, o, aun existiendo dicha utilidad, la utilizacin o aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aqulla.

En los casos previstos en el prrafo anterior, se har constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesin.

4. En ningn caso podrn ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre #(039439)#, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesin, el titular incurra en alguna de las prohibiciones de contratacin se producir la extincin de la concesin.”

Cinco. Se modifica el artculo 37, que queda redactado como sigue:

“Las concesiones de dominio pblico se otorgarn siempre sin perjuicio de terceros, y su duracin no podr exceder, incluidas las prrrogas, de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicacin.”

Seis. Se modifica el artculo 77.1, que queda redactado como sigue:

“1. Las adquisiciones de bienes inmuebles a ttulo oneroso respetarn los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisicin directa.

Igualmente, se podr acordar la adquisicin directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el vendedor sea otra Administracin Pblica o, en general, cualquier persona jurdica de Derecho Pblico o Privado perteneciente al sector pblico.

A estos efectos, se entender por persona jurdica de Derecho Privado perteneciente al sector pblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacin directa o indirecta de una o varias Administraciones Pblicas o personas jurdicas de Derecho Pblico.

b) Cuando fuese declarado desierto el procedimiento promovido con publicidad para la adquisicin, y siempre que no se modificasen las condiciones originales del contrato, salvo el precio y la superficie, que podrn alterarse en un 10%.

c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

d) Cuando la adquisicin se efectuase en virtud del ejercicio de un derecho de adquisicin preferente.

La adquisicin en estos supuestos excepcionales habr de estar precedida de resolucin motivada que se har pblica.”

Siete. Se modifica el artculo 80, que queda redactado como sigue:

“1. Las adquisiciones a ttulo lucrativo de bienes inmuebles o derechos en favor de la Comunidad Autnoma, o de cualquiera de las Entidades pblicas dependientes de ella, debern ser previamente aceptadas por la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

En caso de adquisiciones a ttulo lucrativo de bienes muebles, sern competentes para aceptarlas las Consejeras o Entidades Pblicas a las que vayan a quedar adscritos los mismos cuando el donante hubiera señalado el fin a que deben destinarse. En caso de que dicho fin no hubiera sido señalado, la aceptacin corresponder a la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

Las herencias se entendern siempre aceptadas a beneficio de inventario.

2. Corresponder a la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio la aceptacin de las cesiones gratuitas y mutaciones demaniales que recaigan sobre bienes inmuebles, siendo competencia de la persona titular de la Consejera a la que van a quedar adscritos la aceptacin de las cesiones y mutaciones demaniales de bienes muebles.

3. En ningn caso podrn aceptarse dichas adquisiciones si las cargas que graven el bien superan el valor intrnseco del mismo.”

Ocho. Se modifica el artculo 82, que queda redactado como sigue:

“1. La creacin de sociedades mercantiles del sector pblico andaluz requerir autorizacin del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejera competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejera a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razn de la materia.

2. La adquisicin por la Comunidad Autnoma de Andaluca de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordar por la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

3. La adquisicin por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma ser acordada por el rgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribucin expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u rganos asimilados, previo informe favorable de la Consejera competente en materia de patrimonio.

4. Cuando con la adquisicin la Comunidad Autnoma de Andaluca pase a constituirse en partcipe mayoritario, directa o indirectamente, ser necesaria la previa autorizacin del Consejo de Gobierno.

En caso de adquisicin por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma la propuesta para la autorizacin se elevar por la Consejera a la que se encuentre adscrita la entidad pblica que realice la adquisicin o, en su defecto, de la competente por razn de la materia.

5. Las adquisiciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autnoma de Andaluca se sometern a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerir autorizacin del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejera competente en materia de patrimonio, a propuesta de la Consejera a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razn de la materia, cuando mediante la adquisicin la Comunidad Autnoma de Andaluca pase a constituirse, de forma indirecta, en partcipe mayoritario.

6. Cuando conforme a los apartados anteriores sea necesaria la autorizacin del Consejo de Gobierno, esta autorizacin llevar implcita la aprobacin del gasto correspondiente cuando se requiera por la normativa en materia de Hacienda Pblica de la Junta de Andaluca.

Nueve. Se añade un nuevo artculo 82 bis, que queda redactado como sigue:

“1. El rgano competente conforme al artculo 82 de esta Ley podr acordar la adquisicin de acciones o participaciones mediante la aportacin de bienes o derechos previa autorizacin del rgano competente para su enajenacin. En estos casos el informe de expertos independientes previsto en la legislacin mercantil se sustituir por un informe de tasacin en los mismos trminos previstos en la Disposicin Adicional Novena de la presente Ley.

2. El precio de la adquisicin de las acciones o participaciones se determinar segn los mtodos de valoracin comnmente aceptados. Cuando las acciones o participaciones cuya adquisicin se acuerde coticen en algn mercado secundario organizado, el precio de adquisicin ser el correspondiente de mercado en el momento y fecha de la operacin.

No obstante, en el supuesto que los servicios tcnicos designados por la Direccin General de Patrimonio o por el rgano competente en el caso de entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma estimaran que el volumen de negociacin habitual de los ttulos no garantiza la adecuada formacin de un precio de mercado podrn proponer, motivadamente, la adquisicin y determinacin del precio por otro mtodo legalmente admisible de adquisicin o valoracin.

3. Cuando la adquisicin de las acciones o participaciones tenga por finalidad obtener la plena propiedad de inmuebles o de parte de los mismos la valoracin de stas exigir la realizacin de la tasacin de los bienes inmuebles.”

Diez. Se modifica el artculo 84.1, que queda redactado como sigue:

“1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autnoma de Andaluca y de las Entidades Pblicas dependientes de la misma se acordarn por la persona titular de la Consejera o Entidad interesada.

Cuando se trate de inmuebles, se requerir previo informe favorable de la Direccin General de Patrimonio.

Quedan excluidos del anterior informe los arrendamientos de plazo inferior a tres meses para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos.

Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varias Consejeras o entidades pblicas, la competencia para el arrendamiento corresponder a la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.”

Once. Se modifica el artculo 87, que queda redactado como sigue:

“1. El rgano competente para enajenar los bienes inmuebles ser la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio. La incoacin y tramitacin del procedimiento corresponder a la Direccin General de Patrimonio.

2. Cuando el valor del bien o derecho, segn tasacin, exceda de 20 millones de euros, la enajenacin deber ser autorizada por el Consejo de Gobierno.”

Doce. Se modifica el artculo 88, que queda redactado como sigue:

“1. La enajenacin de los bienes inmuebles se har mediante subasta. No obstante, podr realizarse mediante enajenacin directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el adquirente sea otra Administracin Pblica o, en general, cualquier persona jurdica de Derecho Pblico o Privado perteneciente al sector pblico.

A estos efectos, se entender por persona jurdica de Derecho Privado perteneciente al sector pblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacin directa o indirecta de una o varias Administraciones pblicas o personas jurdicas de Derecho Pblico.

b) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la enajenacin o stos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido ms de un año desde su celebracin. En este caso, las condiciones de la enajenacin no podrn ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicacin.

c) Cuando se tratase de terrenos que por su forma o pequeña extensin resulten de difcil edificacin,

fincas rsticas que no lleguen a constituir una superficie econmicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectuase a un propietario colindante.

d) Cuando la venta se efecte a favor de quien ostente un derecho de adquisicin preferente reconocido por disposicin legal.

e) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.

f) Cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 120.000 euros.

g) Cuando el Consejo de Gobierno as lo disponga si existen razones justificadas.

Cuando concurriesen varios interesados con igual derecho, se resolver a favor del mejor postor.

En los supuestos de enajenacin directa, se dar cuenta a la Comisin parlamentaria competente en materia de Hacienda.

2. Asimismo, podr acordarse la enajenacin de bienes inmuebles o derechos por concurso cuando los mismos, por su situacin, naturaleza o caractersticas, sean adecuados para atender a las directrices derivadas de las polticas pblicas y, en particular, de la poltica de vivienda.”

Trece. Se modifica el artculo 89, que queda redactado como sigue:

“Los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarn al Patrimonio de la citada Comunidad Autnoma.

A tal fin, la Entidad pblica deber poner el hecho en conocimiento de la Consejera competente en materia de patrimonio que tramitar el oportuno expediente y proceder a la incorporacin formal del bien al Patrimonio de la Comunidad Autnoma.

No ser aplicable lo expuesto en los prrafos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas Entidades pblicas con la finalidad de devolverlos al trfico jurdico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, as como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas especficas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pblica de la Comunidad Autnoma.

La enajenacin de los bienes inmuebles exige previa autorizacin de la Consejera competente en materia de patrimonio en todo caso. Cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros se requerir, adems, autorizacin del Consejo de Gobierno.”

Catorce. Se modifica el artculo 90, que queda redactado como sigue:

“La enajenacin de los bienes muebles se someter a las mismas reglas de los inmuebles y ser competente para acordarla la persona titular de la Consejera que los tuviera adscritos si su valor no excede de diez millones de euros. Si supera dicha cantidad ser necesaria autorizacin del Consejo de Gobierno.

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, la enajenacin podr efectuarse de forma directa. El acuerdo de enajenacin llevar implcita la desafectacin de los bienes.

Se considerarn obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasacin para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisicin.

Si no fuese posible o no procediese su venta, podr acordarse su destruccin, inutilizacin, abandono o donacin a otras Administraciones Pblicas o a organismos o instituciones pblicas o privadas sin nimo de lucro, exceptundose en ese caso la prohibicin establecida en el artculo 107 de esta ley.”

Quince. Se modifica el artculo 94, que queda redactado como sigue:

“1. La enajenacin por la Comunidad Autnoma de Andaluca de acciones o participaciones en sociedades mercantiles se acordar por la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

2. La enajenacin por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma ser acordada por el rgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribucin expresa, por las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u rganos asimilados, previo informe favorable de la Consejera competente en materia de patrimonio.

3. Cuando mediante la enajenacin la Comunidad Autnoma pierda la condicin de partcipe mayoritario, directa o indirectamente, se enajenen la totalidad de las acciones de que se disponga en la sociedad o cuando el valor de las acciones o participaciones a enajenar supere la cantidad de diez millones de euros, ser necesaria la autorizacin del Consejo de Gobierno.

En caso de enajenacin por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma, la propuesta para la autorizacin se elevar por la Consejera a la que se encuentre adscrita la entidad pblica que realice la enajenacin o, en su defecto, de la competente por razn de la materia.

4. Las enajenaciones que realicen las sociedades mercantiles participadas por la Comunidad Autnoma de Andaluca se sometern a las normas de Derecho privado. No obstante, se requerir la autorizacin del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la Consejera competente en materia de Patrimonio, a propuesta de la Consejera a la que se encuentre adscrita o, en su defecto, de la competente por razn de la materia, cuando mediante la enajenacin la Comunidad Autnoma de Andaluca pase a perder, de forma indirecta, la condicin de partcipe mayoritario.”

Diecisis. Se añade un nuevo artculo 94.bis, que queda redactado como sigue:

“1. La enajenacin se podr realizar en mercados secundarios organizados, o fuera de los mismos, de conformidad con la legislacin vigente y por medio de cualesquiera actos o negocios jurdicos.

El importe de la enajenacin se determinar segn los mtodos de valoracin comnmente aceptados.

Cuando los ttulos o valores cuya enajenacin se acuerde coticen en algn mercado secundario organizado, el precio de enajenacin ser el correspondiente al valor que establezca el mercado en el momento y fecha de la operacin.

No obstante, en el supuesto que los servicios tcnicos designados por la Direccin General de Patrimonio o por el rgano competente en el caso de entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma estimaran que el volumen de negociacin habitual de los ttulos no garantiza la adecuada formacin de un precio de mercado podrn proponer, razonadamente, la enajenacin y determinacin del precio de los mismos por otro mtodo legalmente admisible de adquisicin o valoracin.

Cuando los ttulos y valores que se pretenda enajenar no coticen en mercados secundarios organizados, el rgano competente para la autorizacin de la enajenacin determinar el procedimiento de venta que se realizar por concurso o por subasta. No obstante, el rgano competente podr acordar la enajenacin directa cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Existencia de limitaciones estatutarias a la libre transmisibilidad de las acciones, o existencia de derechos de adquisicin preferente.

b) Cuando el adquirente sea cualquier persona jurdica de Derecho Pblico o Privado perteneciente al sector pblico.

c) Cuando fuera declarada desierta una subasta o sta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario. En este caso la venta directa deber efectuarse en el plazo de un año desde la celebracin de la subasta, y sus condiciones no podrn diferir de las publicitadas para la subasta o de aquellas en que se hubiese producido la adjudicacin.

d) Cuando la venta se realizase a favor de la propia sociedad en los casos y con las condiciones y requisitos establecidos en la legislacin mercantil.”

Diecisiete. Se modifica el artculo 100, que queda redactado como sigue:

“El uso por terceros de estos bienes se someter al rgimen general previsto en Derecho privado, con las especialidades establecidas en la presente Ley.

La atribucin del uso de bienes o derechos patrimoniales por plazo inferior a tres meses, para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos o solicitados por una agencia dependiente de la Consejera que tenga adscrito el inmueble, no se sujetar a los requisitos del presente captulo. El rgano competente fijar en el acto de autorizacin tanto las condiciones de la utilizacin como la contraprestacin que habr, en su caso, de satisfacer el solicitante.”

Dieciocho. Se modifica el artculo 101, que queda redactado como sigue:

“1. La explotacin de los bienes o derechos patrimoniales puede efectuarse directamente por la Administracin titular de los mismos o a travs de cualquier negocio jurdico, tpico o atpico.

2. La explotacin directa de los bienes o derechos patrimoniales puede encomendarse a una entidad pblica instrumental o a una sociedad mercantil del sector pblico andaluz. El rgano competente para acordar la puesta en explotacin de los bienes o derechos fijar sus condiciones y adoptar las medidas conducentes a la entrega del bien a la entidad o sociedad a que se encomendase su explotacin, as como las de vigilancia del exacto cumplimiento de las condiciones impuestas.

3. La adjudicacin de los contratos se har respetando los principios de publicidad y concurrencia, excepto cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisicin directa.

Estos supuestos excepcionales habrn de estar precedidos de resolucin motivada que se har pblica.”

Diecinueve. Se modifica el artculo 102, que queda redactado como sigue:

“La competencia para encomendar la explotacin directa o para adjudicar contratos conforme a lo dispuesto en el artculo anterior corresponde a la persona titular de la Consejera que tenga adscritos los bienes y derechos.

En caso de bienes inmuebles, se requerir previa autorizacin de la Consejera competente en materia de patrimonio.”

Veinte. Se modifica el artculo 103, que queda redactado como sigue:

“La explotacin de bienes inmuebles pertenecientes a Entidades pblicas que dependan de la Comunidad Autnoma requerir previa autorizacin de la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

Ser necesaria autorizacin de la persona titular de la Consejera a que est adscrita la entidad pblica cuando se trate de explotar bienes muebles.”

Veintiuno. Se añade una nueva disposicin adicional decimosegunda, con la siguiente redaccin:

“Disposicin adicional decimosegunda. Fundaciones del sector pblico andaluz.

La creacin y extincin de fundaciones del sector pblico andaluz y la adquisicin y prdida de la representacin mayoritaria requerir la autorizacin del Consejo de Gobierno en los trminos establecidos en los artculos 56 #(018583) ar.56# de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autnoma de Andaluca y 52 de su Reglamento aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero #(018808)#.

El Consejo de Gobierno podr acordar, a propuesta de la Consejera competente en materia de patrimonio, la aportacin de bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca a fundaciones del sector pblico andaluz, en los trminos establecidos en el artculo 82 bis de esta Ley.”

Veintids. Se añade una nueva disposicin adicional decimotercera, con la siguiente redaccin:

“Disposicin adicional decimotercera. Pago aplazado.

El rgano competente para enajenar los bienes o derechos podr admitir el pago aplazado del precio de venta por un periodo no superior a diez años siempre que, adems de incluir condicin resolutoria explicita, el pago de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante hipoteca, aval bancario, seguro de caucin u otra garanta suficiente usual en el mercado. El inters de aplazamiento no podr ser inferior al inters legal del dinero.”

Artculo 80. Modificacin del Reglamento para la aplicacin de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca #(002818)#, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre #(018051)#.

El Reglamento para la aplicacin de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca #(002818)#, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre #(018051)#, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 32.1, que queda redactado como sigue:

“1. La Consejera competente en materia de patrimonio, a travs de la Direccin General de Patrimonio o de sus Delegaciones Territoriales, y las entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma, debern solicitar la inscripcin en el Registro de la Propiedad de los derechos susceptibles de inscripcin conforme a la legislacin hipotecaria. En los supuestos de inmatriculacin y reanudacin del tracto sucesivo recogidos en el artculo 206 #(036088) ar.206# del texto refundido de la Ley hipotecaria, aprobado mediante Decreto de 8 de febrero #(000116)# de 1946, deber informar previamente el Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca.”

Dos. Se modifica el artculo 52, que queda redactado como sigue:

“La Comunidad Autnoma de Andaluca podr ejercer la potestad investigadora sobre los bienes de dominio pblico a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando sta no le conste anteriormente.

Si el procedimiento de investigacin no fuera resuelto y no fuera notificada su resolucin en el plazo de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, caducar, acordndose el archivo de las actuaciones.

La resolucin administrativa ser recurrible ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, una vez agotados los recursos previos necesarios.

Las cuestiones de propiedad que se susciten se resolvern por la jurisdiccin ordinaria, a la que podrn acudir tanto la Administracin como los administrados.”

Tres. Se modifica el artculo 53, que queda redactado como sigue:

“El procedimiento de investigacin se iniciar de oficio, por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, a peticin razonada de otros rganos o por denuncia.

Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca la no iniciacin del procedimiento deber ser motivada y se notificar a los denunciantes la decisin de si se ha iniciado o no el procedimiento.”

Cuatro. Se modifica el artculo 54, que queda redactado como sigue:

“El procedimiento comenzar mediante acuerdo de la Direccin General de Patrimonio, que se publicar en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, y durante quince das, en el tabln de anuncios del Ayuntamiento donde radique el bien. El anuncio deber individualizar el bien en el mayor grado posible.

Dicho acuerdo deber adoptarse tras los estudios e informes previos que se estimen pertinentes.”

Cinco. Se modifica el artculo 57, que queda redactado como sigue:

“1. La titularidad del bien deber constar en documento o en el Inventario.

2. El procedimiento comenzar de oficio o a instancia de la persona interesada.

En caso de que comience a instancia de persona interesada, sta dirigir su solicitud a los servicios perifricos de la Consejera que tenga adscrito el bien o, cuanto est adscrito a una entidad pblica, directamente a sta, redactndose a continuacin, un presupuesto aproximado del costo del deslinde.

Para que la Administracin proceda a efectuar el deslinde y amojonamiento, ser preciso que el solicitante se comprometa a hacerse cargo del total de los gastos. Para el cobro de dichos gastos podr seguirse la va de apremio.

En otro caso no se proceder a practicar el deslinde solicitado y se rechazar de plano la peticin.

En todo caso la Administracin de oficio podr iniciar el deslinde, corriendo de su cargo los gastos ocasionados por tal motivo.”

Seis. Se modifica el artculo 58, que queda redactado como sigue:

“1. Tanto si se inicia de oficio como a instancia de interesado, los servicios perifricos de la Consejera que tenga adscrito el bien o, cuando est adscrito a una entidad pblica, directamente sta, prepararn una memoria en la que se justifique la realizacin del deslinde, se describa la finca o fincas en cuestin de tal forma que queden individualizadas en el mayor grado posible, y se reseñe el ttulo justificativo del derecho que la Administracin ostente sobre el referido bien, con los datos sobre inscripcin registral y dems que consten en el Inventario.

2. La memoria ser remitida a la persona titular de la Consejera de adscripcin o, en el caso de entidades pblicas, al rgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia y, en defecto de atribucin expresa, a las personas titulares de sus presidencias, direcciones generales u rganos asimilados, que ser competente para acordar la iniciacin del deslinde, acuerdo que ser notificado, en la forma prevista en la legislacin sobre procedimiento administrativo, al solicitante del deslinde y a todos aquellos cuyos derechos o intereses directos queden afectados por el mismo y sean conocidos.

Se publicar el acuerdo en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, as como por Edictos, durante el plazo de quince das, en el tabln de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos donde radique el bien.

Las personas interesadas tendrn un plazo de un mes a partir de la notificacin, o, en su caso, de la publicacin para formular alegaciones y aportar documentacin en defensa de sus derechos. Sobre las alegaciones formuladas emitir el oportuno informe la Consejera a la que se encuentre adscrito el bien a travs del Servicio Territorial correspondiente.”

Siete. Se modifica el artculo 59, que queda redactado como sigue:

“1. Al menos con un mes de antelacin, se notificar a las personas interesadas, y se publicar en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca y en el tabln de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos donde radique la finca, la fecha señalada para la prctica del apeo.

2. Asistir en representacin de la Administracin, una persona a la que corresponda el asesoramiento tcnico de los servicios perifricos de la Consejera competente en materia de patrimonio, y una persona representante del rgano que tenga adscrito el bien, que podrn ir acompañadas de una persona que realice el asesoramiento jurdico. Irn acompañadas en todo caso, de las personas necesarias para la realizacin prctica del apeo.

3. Las personas interesadas podrn asistir al apeo por s mismas o mediante representante, y podrn estar acompañadas por una persona que desempeñe funciones de asesoramiento tcnico y otra que desempeñe funciones de asesoramiento jurdico.”

Ocho. Se modifica el apartado 2 del artculo 84, que queda redactado como sigue:

“2. Los pliegos de condiciones particulares para regular la concesin debern contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Objeto de la concesin y lmites a que se extendiere.

b) Plazo de utilizacin.

c) Deberes y obligaciones recprocos de la Administracin y concesionario.

d) Si hubieren de prestarse servicios tarifables, bases del referido rgimen, con descomposicin de sus factores constitutivos y criterios para las revisiones futuras.

e) En caso de que se otorgaren subvenciones, clase y cuanta de las mismas, plazos y formas de entrega a la persona interesada.”

Nueve. Se modifica el artculo 89, que queda redactado como sigue:

“El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio pblico se efectuar en rgimen de concurrencia. No obstante, podr acordarse el otorgamiento directo en los supuestos previstos en el artculo 137.4 #(003421) ar.137# de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, cuando se den circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las leyes.

Previamente, deber redactarse pliego de condiciones particulares, que una vez informado por el Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca ser aprobado por el rgano al que corresponda adjudicar la concesin.

La redaccin de dicho pliego de condiciones particulares podr haber sido tambin objeto de concurso conjuntamente con el proyecto regulado en los artculos anteriores.”

Diez. Se modifica el artculo 100, que queda redactado como sigue:

“Las concesiones de dominio pblico se otorgarn previa licitacin, salvo en los supuestos de otorgamiento directo a que se refiere el artculo 89 de este Reglamento.

Cuando el procedimiento se inicie a solicitud de persona interesada se publicar en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, otorgndose un plazo de al menos treinta das para que otras personas interesadas puedan formular solicitudes alternativas. Si dentro del plazo fijado en el anuncio referido no se formulan peticiones alternativas podr otorgarse directamente la concesin al solicitante, no pudiendo alterarse previamente las condiciones concesionales por encima de los porcentajes establecidos en el artculo siguiente. Si as se hiciera, se entender iniciado el procedimiento de concesin de oficio, debiendo abrirse a trmite de pblica licitacin para el otorgamiento de la concesin.

En caso de que en el plazo previsto en el prrafo anterior se presentaran otra u otras peticiones incompatibles, se aplicar analgicamente lo establecido en los artculos anteriores, entendindose que el anuncio previsto en este artculo es el de convocatoria, a cuyo fin deber cumplir los requisitos establecidos para los anuncios de convocatoria de pblica licitacin.”

Once. Se modifica el artculo 105, que queda redactado como sigue:

“1. Las concesiones de dominio pblico se otorgarn siempre sin perjuicio de terceros, y su duracin no podr exceder, incluidas las prrrogas, de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicacin.

2. El otorgamiento de la concesin sin perjuicio de terceros permitir poner fin al ttulo jurdico que la ampare una vez se descubra el derecho preferente de un tercero sobre el bien objeto de la concesin. Ello no liberar a la Administracin de sus responsabilidades por los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera ocasionado como consecuencia de haberse producido la creencia de buena fe en el concesionario de la legalidad de los actos administrativos. A tal fin, la Administracin deber procurar que las concesiones se efecten sobre bienes cuya condicin demanial le conste.

3. El plazo de duracin de la concesin comenzar a contarse a partir del momento previsto en el pliego.”

Doce. Se modifica el apartado 1 del artculo 156, que queda redactado como sigue:

“1.Las adquisiciones de bienes inmuebles a ttulo oneroso respetarn los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisicin directa.

Igualmente, se podr acordar la adquisicin directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando el vendedor sea otra Administracin Pblica o, en general, cualquier persona jurdica de Derecho Pblico o Privado perteneciente al sector pblico.

A estos efectos, se entender por persona jurdica de Derecho privado perteneciente al sector pblico la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participacin directa o indirecta de una o varias Administraciones pblicas o personas jurdicas de Derecho pblico.

b) Cuando fuese declarado desierto el procedimiento promovido con publicidad para la adquisicin, y siempre que no se modificasen las condiciones originales del contrato, salvo el precio y la superficie, que podrn alterarse en un 10%.

c) Cuando se adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio.

d) Cuando la adquisicin se efectuase en virtud del ejercicio de un derecho de adquisicin preferente.

La adquisicin en estos supuestos excepcionales habr de estar precedida de resolucin motivada que se har pblica.”

Trece. Se modifica el artculo 159, que queda redactado como sigue:

“1. El acuerdo de iniciacin de un procedimiento de adquisicin ser adoptado por la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio, si bien podr delegar tal competencia en la persona titular de la Direccin General de Patrimonio o en otros rganos de la Administracin de la Junta de Andaluca.

En todo procedimiento de adquisicin de inmuebles a ttulo oneroso deber constar informe de los servicios tcnicos de la Direccin General de Patrimonio. Asimismo, la Direccin General de Patrimonio podr recabar de los distintos rganos y entidades instrumentales de la Comunidad Autnoma, los informes que considere necesarios.

2. Si se tratara de una entidad pblica dependiente de la Comunidad Autnoma, el acuerdo de iniciacin del procedimiento de adquisicin corresponder a la persona titular de la Presidencia de dicha entidad. En caso de entidades no sometidas a fiscalizacin previa del gasto y de las obligaciones, deber constar en el expediente informe de la Intervencin General.”

Catorce. Se suprime el artculo 169.

Quince. Se modifica el artculo 174, que queda redactado como sigue:

“1. Corresponder a la Consejera a la que haya de quedar adscrita la sociedad o, en su defecto, a la competente por razn de la materia la tramitacin de los procedimientos de creacin de sociedades mercantiles del sector pblico andaluz.

2. Corresponder a la Direccin General de Patrimonio, a propuesta de la Consejera a la que se encuentre adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razn de la materia, la tramitacin de los procedimientos de adquisicin por la Comunidad Autnoma de Andaluca de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

Las personas titulares de las Consejeras conservarn sus competencias en cuanto a la autorizacin, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligacin, debiendo acreditar ante la Direccin General de Patrimonio la disponibilidad de los crditos suficientes para satisfacer el importe de las acciones o participaciones solicitadas, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que existan al efecto.

3. Los procedimientos de adquisicin de acciones o participaciones por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma se tramitarn por el rgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia.

4. Los informes a que se refieren los apartados 1, 3 y 5 del artculo 82 #(002818) ar.82# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autnoma de Andaluca, sern emitidos por la Direccin General de Patrimonio, quien podr recabar de los distintos centros directivos y entidades instrumentales de la Junta de Andaluca los informes que considere necesarios.

5. Cuando los actos regulados en este artculo impliquen la creacin o alteracin de entidades instrumentales de la Administracin de la Junta de Andaluca se requerir informe favorable de la Direccin General de Presupuestos.

6. En caso de entidades no sometidas a fiscalizacin previa del gasto y de las obligaciones, deber constar, adems, informe de la Intervencin General.

7. Los acuerdos relativos al ejercicio de facultades de tutela sobre Agencias y Sociedades Mercantiles del sector pblico andaluz habrn de ser informados previamente por la Consejera competente en materia de patrimonio. Queda facultada la citada Consejera para determinar qu clase de acuerdos requerirn el informe anterior.”

Diecisis. Se modifica el artculo 176, que queda redactado como sigue:

“1. Los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles en favor de la Comunidad Autnoma de Andaluca y de las entidades pblicas dependientes de la misma se acordarn por la persona titular de la Consejera o entidad interesada.

Cuando se trate de inmuebles, se requerir previo informe favorable de la Direccin General de Patrimonio.

Quedan excluidos del anterior informe los arrendamientos de plazo inferior a tres meses para la organizacin de conferencias, seminarios, presentaciones, participaciones en ferias y congresos u otros eventos.

Si el inmueble objeto del contrato va a ser utilizado por varias Consejeras o entidades pblicas, la competencia para el arrendamiento corresponder a la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

2. Los referidos contratos se adjudicarn con respeto a los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisicin directa. El arrendamiento de bienes inmuebles en estos supuestos excepcionales habr de estar precedido de resolucin motivada que se har pblica.

Asimismo, podr acordarse la adjudicacin directa en aquellos casos en los que el bien objeto de arrendamiento sea de titularidad de una entidad instrumental de la Administracin de la Junta de Andaluca, de otra Administracin Pblica o, en general, de cualquier persona jurdica de Derecho Pblico o Privado perteneciente al sector pblico.

3. El rgano competente para la adjudicacin de estos contratos lo ser para cuantas incidencias se produzcan en relacin con los mismos.”

Diecisiete. Se modifica el artculo 180, que queda redactado como sigue:

“1. El rgano competente para enajenar los bienes inmuebles ser la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio. La incoacin y tramitacin del procedimiento corresponder a la Direccin General de Patrimonio.

2. Cuando el valor del bien o derecho, segn tasacin, exceda de 20 millones de euros, la enajenacin deber ser autorizada por el Consejo de Gobierno.”

Dieciocho. Se suprime el artculo 181.

Diecinueve. Se modifica el artculo 183, que queda redactado como sigue:

“La enajenacin de los bienes inmuebles se har mediante subasta. No obstante, podr realizarse mediante enajenacin directa o concurso en los supuestos contemplados en el artculo 88 #(002818) ar.88# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

En los supuestos de enajenacin directa, se dar cuenta a la Comisin parlamentaria competente en materia de Hacienda.”

Veinte. Se modifica el artculo 185, que queda redactado como sigue:

“Una vez la Direccin General de Patrimonio tenga conocimiento de alguna solicitud de compra o adquisicin de un bien de la Comunidad Autnoma, iniciar el oportuno procedimiento, o rechazar de plano la peticin.

Si se decidiese iniciar el procedimiento, se incorporarn al mismo los datos pertinentes del Inventario, y en su caso, se justificar la depuracin fsica del bien conforme a lo dispuesto en el artculo 178.

Posteriormente, y previo informe del Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca, se adoptar el acuerdo de alienabilidad a que se refiere el artculo 179 de este Reglamento.

Aprobada la tasacin pericial por la persona titular de la Direccin General de Patrimonio, comenzar la tramitacin de la subasta salvo que, conforme a lo establecido en el artculo 88 #(002818) ar.88# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, procediese la enajenacin directa.”

Veintiuno. Se modifica el artculo 186, que queda redactado como sigue:

“1. La enajenacin directa se acordar por resolucin del rgano competente previo informe del Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca o del rgano al que corresponda el asesoramiento jurdico.

2. En el supuesto previsto en la letra g) del artculo 88 #(002818) ar.88# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, ser necesario el previo acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejera competente en materia de patrimonio.

Sern consideradas razones justificadas a los efectos de lo dispuesto en la letra g) del artculo 88 #(002818) ar.88# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, entre otras, la de urgencia, secreto, caractersticas especficas del bien, circunstancias excepcionales e imposibilidad o grave dificultad de promover concurrencia de ofertas.”

Veintids. Se modifica el artculo 187, que queda redactado como sigue:

“1. Aprobada la tasacin conforme al artculo 182 del presente Reglamento, se anunciar la subasta en el Boletn Oficial del Estado y en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, anuncio en el que debern contenerse al menos los siguientes datos.

a) Existencia de la declaracin de alienabilidad del bien, y su fecha.

b) Da, hora y lugar donde haya de celebrarse la subasta.

c) Mesa de contratacin.

d) Descripcin de las circunstancias fsicas y jurdicas que permitan la correcta identificacin del inmueble objeto de venta.

e) Precio que ha de servir de tipo para la subasta.

f) Periodo durante el cual podrn presentarse ofertas, que debern formularse en sobre cerrado.

g) Plazo para la elevacin a escritura pblica del negocio.

h) Plazo mximo durante el que mantendrn su vigencia las ofertas.

Podrn exigirse en el anuncio especiales garantas a los oferentes, cuya acreditacin se efectuar en sobre aparte.

2. Las ofertas que se presenten debern ir acompañadas de un resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja General de Depsitos de la Comunidad Autnoma, y a disposicin de la Direccin General de Patrimonio una garanta que no podr ser inferior al 5 por ciento ni superior al 25 por ciento del valor de tasacin del inmueble.”

Veintitrs. Se modifica el artculo 189, que queda redactado como sigue:

“En el lugar, da y hora señalados en el anuncio se constituir la Mesa de contratacin que estar formada por un representante del Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca, una persona en representacin de la Intervencin General de la Junta de Andaluca, siendo presidida, en el caso de bienes inmuebles, por la persona titular de la Direccin General de Patrimonio o de la Delegacin Territorial de la Consejera competente en materia de patrimonio correspondiente, o en quien deleguen una u otra. La Secretara, con voz y voto, ser desempeñada por una persona funcionaria designada por la persona titular de la Presidencia.

En caso de subasta de bienes muebles o derechos incorporales, la mesa ser presidida por la persona titular de la Secretara General Tcnica o de la Delegacin Territorial correspondiente de la Consejera de adscripcin o en quien delegue una u otra.”

Veinticuatro. Se modifica el artculo 190, que queda redactado como sigue:

“Para tomar parte en la subasta ser requisito imprescindible haber constituido en la Caja General de Depsitos de la Comunidad Autnoma la garanta fijada en el procedimiento, que se acreditar en sobre independiente.”.”Veinticinco. Se modifica el artculo 201, que queda redactado como sigue:

“Los bienes inmuebles pertenecientes a entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma que no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines se incorporarn al patrimonio de la citada Comunidad Autnoma.

A tal fin, la entidad pblica deber poner el hecho en conocimiento de la Consejera competente en materia de patrimonio que tramitar el oportuno expediente y proceder a la incorporacin formal del bien al patrimonio de la Comunidad Autnoma.

No ser aplicable lo expuesto en los prrafos anteriores cuando se trate de bienes adquiridos por dichas entidades pblicas con la finalidad de devolverlos al trfico jurdico, de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, as como para garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas especficas o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pblica de la Comunidad Autnoma.

La enajenacin de los bienes inmuebles exige previa autorizacin de la Consejera competente en materia de patrimonio en todo caso. Cuando el valor del bien o derecho exceda de 20 millones de euros se requerir, adems, autorizacin del Consejo de Gobierno.”

Veintisis. Se modifica el artculo 203, que queda redactado como sigue:

“Para la venta de bienes inmuebles por parte de entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma, se aplicar analgicamente el procedimiento establecido en los artculos anteriores, si bien previamente a la convocatoria deber remitirse el expediente, conforme al artculo 180 de este Reglamento, a la Consejera competente en materia de patrimonio para que sta directamente, o a su propuesta, el Consejo de Gobierno, adopten, si procedieren, los acuerdos previos de su autorizacin. La tramitacin y resolucin del procedimiento compete a la entidad que pretenda enajenar los bienes.”

Veintisiete. Se modifica el artculo 204, que queda redactado como sigue:

“1. La enajenacin de los bienes muebles se someter a las mismas reglas de los inmuebles y ser competente para acordarla la persona titular de la Consejera que los tuviera adscritos si su valor no excede de diez millones de euros. Si supera dicha cantidad ser necesaria autorizacin del Consejo de Gobierno.

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, la enajenacin podr efectuarse de forma directa. El acuerdo de enajenacin llevar implcita la desafectacin de los bienes.

Se considerarn obsoletos o deteriorados por el uso, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasacin para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisicin.

Si no fuese posible o no procediese su venta, podr acordarse su destruccin, inutilizacin, abandono o donacin a otras Administraciones Pblicas o a organismos o instituciones pblicas o privadas sin nimo de lucro, exceptundose en ese caso la prohibicin establecida en el artculo 107 de la ley.

2.En todo caso, se dar cuenta de la tramitacin seguida por cada Consejera a la Direccin General de Patrimonio, para la debida toma de razn en el Inventario.”

Veintiocho. Se modifica el artculo 210, que queda redactado como sigue:

“1. Corresponder a la Direccin General de Patrimonio, a propuesta de la Consejera a la que se encuentre adscrita la sociedad o, en su defecto, de la competente por razn de la materia, la tramitacin de los procedimientos de enajenacin por la Comunidad Autnoma de Andaluca de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

2. Los procedimientos de enajenacin de acciones o participaciones por entidades pblicas dependientes de la Comunidad Autnoma se tramitarn por el rgano que legal o estatutariamente tenga atribuida dicha competencia.

3. Los informes a que se refieren los apartados 2 y 4 del artculo 94 #(002818) ar.94# de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, sern emitidos por la Direccin General de Patrimonio quien podr recabar de los distintos centros directivos y entidades instrumentales de la Junta de Andaluca, los informes que considere necesarios.

4. Cuando los actos regulados en este artculo impliquen la alteracin o supresin de entidades instrumentales de la Administracin de la Junta de Andaluca se requerir, adems, informe favorable de la Direccin General de Presupuestos.”

Veintinueve. Se modifica el artculo 218, que queda redactado como sigue:

“Todos los acuerdos a que se refiere este Captulo, as como el anterior y siguiente, e igualmente todos los acuerdos de adjudicacin de concesiones o cesin de bienes o derechos, sern publicados en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, sin perjuicio de las pertinentes notificaciones que procedan.”

Treinta. Se suprime el artculo 226.

Treinta y uno. Se modifica el artculo 227, que queda redactado como sigue:

“Los expedientes de explotacin se incoarn, de oficio, a peticin razonada de otros rganos o de persona interesada, por la Consejera que tenga adscritos los bienes o derechos e informar el Gabinete Jurdico de la Junta de Andaluca y la Intervencin. En caso de bienes inmuebles, se requerir previo informe favorable de la Direccin General de Patrimonio.

La solicitud se acompañar de una memoria comprensiva de la descripcin del bien, posibilidades de explotacin, estudio econmico, forma de explotacin que se considere ms conveniente y cualesquiera otras circunstancias que se estimen de inters.”

Treinta y dos. Se modifica el artculo 228, que queda redactado como sigue:

“La Consejera competente en materia de patrimonio podr aprobar pliegos-tipo de condiciones generales para la adjudicacin de los contratos.”

Artculo 81. Modificacin de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

La Ley 10/2021, de 28 de diciembre #(054440)#, de tasas y precios pblicos de la Comunidad Autnoma de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se añaden los prrafos i), j) y k) al artculo 41, relativo a los beneficios fiscales de la Tasa del Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, con la siguiente redaccin:

“i) Los anuncios de acuerdos de informacin pblica en los procedimientos de autorizacin y/o modificacin sustancial de los instrumentos de prevencin y control ambiental de autorizacin ambiental integrada y autorizacin ambiental unificada, regulados en la Ley 7/2007, de 9 de julio #(005932)#, de gestin integrada de la calidad ambiental, o norma que lo sustituya.

j) Los anuncios de acuerdos de informacin pblica relativos a los procedimientos de autorizaciones administrativas de las instalaciones de energa elctrica, competencia de la Comunidad Autnoma de Andaluca, sujetos a tramitacin conjunta entre las Consejeras con competencias en autorizacin ambiental y en energa, que se encuentren sometidos a autorizacin ambiental unificada.

k) Los anuncios de acuerdos de informacin pblica en los procedimientos administrativos regulados en la Ley 22/1973, de 21 de julio #(000200)#, de Minas, as como en los reglamentos que la desarrollan, y en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio #(007322)#, sobre gestin de los residuos de las industrias extractivas y de proteccin y rehabilitacin del espacio afectado por actividades mineras, o normas que las sustituyan.”

Dos. Se modifican las tarifas 6.4, 6.5, 11.2, 16 del artculo 44, relativo a la Tasa por servicios administrativos en materia de industria, energa y minas, que quedan redactadas como sigue:

6.4 Expedicin de certificaciones de datos y hechos que consten en los registros y archivos administrativos. 12,40 euros

6.5 Expedicin de duplicados de certificados, resoluciones o cualquier otro documento administrativo. 12,40 euros.

11.2. Inscripcin en el Registro de autoconsumo, a excepcin de las instalaciones de baja tensin y potencia instalada de generacin menor a 100 kW. 20,53 euros.

16. Tramitacin de las comunicaciones efectuadas por una gran empresa relativas a la realizacin de una auditora energtica de las instalaciones radicadas en la Comunidad Autnoma de Andaluca y declaraciones responsables de los proveedores de servicios energticos:

16.1. Tramitacin de la comunicacin de realizacin de auditoras energticas al rgano de la Comunidad Autnoma competente en materia de eficiencia energtica donde se encuentren las instalaciones que han sido objeto de la auditora.

- Por cada instalacin auditada radicada en una misma provincia que ha sido objeto de la auditora y que sea comunicada al rgano competente provincial. 24,05 euros.

- A partir de 5 instalaciones auditadas radicadas en una misma provincia, que sean comunicadas en el mismo año natural al rgano competente donde se encuentren las instalaciones que han sido objeto de la auditora. Por el total de instalaciones comunicadas. 102,00 euros.

16.2. Proveedores de servicios energticos. 20,13 euros.

*Importes actualizados a 2024.

Tres. Se modifica el artculo 65, relativo a la Tasa por servicios de diagnstico, anlisis y dictmenes prestados por los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de control de calidad de los recursos pesqueros, que queda redactado como sigue:

“Artculo 65. Cuota tributaria.

La tasa se exigir de acuerdo con las siguientes tarifas:

*Importes actualizados a 2024.

En las tarifas en que se apliquen reducciones por la solicitud simultnea de varias muestras, el importe final debe calcularse mediante la suma de los importes parciales que resulten de multiplicar el nmero de muestras de cada tramo por la tarifa unitaria minorada con el coeficiente reductor asignado a cada uno de ellos.”

Cuatro. Se modifica el artculo 157 bis, relativo a la Tasa por servicios administrativos en materia de gestin del litoral, que queda redactado como sigue:

“1. Estarn exentos del pago los sujetos pasivos que hayan solicitado las autorizaciones, as como sus correspondientes modificaciones o prrrogas, a que se refiere el artculo 154.1.a), que se encuentren integradas en la tramitacin de una autorizacin ambiental integrada o autorizacin ambiental unificada.

En dichos casos, se liquidar solo la tasa correspondiente, segn proceda, por la tramitacin o modificacin de la correspondiente autorizacin ambiental integrada o autorizacin ambiental unificada.

2. Tendrn derecho a una bonificacin del 50% de la cuota tributaria resultante, incluso cuando se trate de la tasa mnima, las solicitudes y trabajos facultativos realizados por personas fsicas cuando:

a) Ejerzan una actividad con fines no lucrativos o que no tenga el carcter de onerosa.

b) Ejerzan una actividad econmica o profesional a ttulo lucrativo, de forma individual, sin trabajadores por cuenta ajena a su cargo.”

Cinco. Se modifica el artculo 166, relativo a la Tasa por servicios administrativos de inscripcin en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administracin en materia de calidad ambiental, que queda redactado como sigue:

“Artculo 166. Devengo.

La tasa se devengar cuando se presente la declaracin responsable que inicie la actuacin administrativa, que no se tramitar sin que se haya efectuado el pago correspondiente.”

Seis. Se modifica el artculo 168, relativo a la Tasa por la prevencin y control de la contaminacin, queda redactado como sigue:

“Artculo 168. Sujetos pasivos.

Sern sujetos pasivos de la tasa las personas fsicas o jurdicas, as como las entidades sin personalidad jurdica a las que se refiere el artculo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten los servicios o actividades administrativas que constituyen el hecho imponible.”

Siete. Se modifica los epgrafes 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, tabla 1, descripcin del parmetro K y se añade un epgrafe 1.2 bis al artculo 169, relativo a la Tasa por la prevencin y control de la contaminacin.

*Importes actualizados a 2024.

Ocho. Se modifica el artculo 185, relativo a la Tasa por ocupacin de monte pblico a instancia de parte, quedando redactado como sigue:

“Artculo 185. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la ocupacin de terrenos de monte pblico de titularidad de la Comunidad Autnoma por parte de personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, por razones de inters pblico o particular por concesiones administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte.”

Nueve. Se modifica el artculo 199, relativo a la Tasa por autorizacin de cambio de uso forestal a agrcola, quedando redactado como sigue:

“Artculo 199. Beneficios fiscales.

Estarn exentas del pago de esta tasa las solicitudes de cambio de uso forestal a agrcola, cuando la superficie afectada est incluida en un rea cuya transformacin en regado haya sido declarada de inters general por la Administracin competente y se derive de la aplicacin de un Plan de Regados que concrete las zonas a transformar como consecuencia de dicha declaracin.”

Diez. Se modifica el artculo 208, relativo a la Tasa por autorizacin para pruebas deportivas en el medio natural, quedando redactado como sigue:

“Artculo 208. Devengo.

La tasa se devengar cuando se presente la solicitud que inicie la prestacin de los servicios administrativos, que no se tramitar sin que se haya efectuado el pago correspondiente.”

Once. Se modifica el artculo 214, relativo a la Tasa por autorizacin de excepciones al rgimen general de proteccin de las especies silvestres y sus hbitats, quedando redactado como sigue:

“Artculo 214. Beneficios fiscales.

Estarn exentas del pago de la tasa por autorizaciones para las excepciones al rgimen general de proteccin de las especies silvestres y sus hbitats, las Universidades Pblicas, la Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas y las Entidades que integran la Administracin Local, as como los organismos pblicos dependientes de cualquiera de las anteriores, y las entidades colaboradoras y las entidades de custodia a que se refieren los artculos 5 #(025777) ar.5# y 6 #(025777) ar.6# del Decreto 23/2012, de 14 de febrero.”

Doce. Se añade un apartado 2 al artculo 225, relativo a la Tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de pesca continental, que queda redactado como sigue:

“2.En las tarifas por expedicin de licencia de pesca continental 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.5, cuando el solicitante de la licencia sea un extranjero en situacin de estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 30.1 #(000009) ar.30# de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integracin social, o norma que la sustituya, que opte por la tramitacin de la solicitud de licencia a travs de otra persona o entidad, sern sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, quienes tramiten la solicitud.

El sustituto deber repercutir ntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo.”

Trece. Se añade un apartado 2 al artculo 230, relativo a la Tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza, que queda redactado como sigue:

“2. Cuando el solicitante de la licencia sea un extranjero en situacin de estancia, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 30.1 #(000009) ar.30# de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integracin social, o norma que la sustituya, que opte por la tramitacin de la solicitud de licencia a travs de otra persona o entidad, sern sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, quienes tramiten la solicitud.

El sustituto deber repercutir ntegramente el importe de la tasa sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo.”

Artculo 82. Modificacin de la Ley 7/2023, de 24 de julio #(056236)#, de creacin de los Cuerpos Superior y Tcnico de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca.

Se modifica la disposicin adicional cuarta de la Ley 7/2023, de 24 de julio #(056236)#, de creacin de los Cuerpos Superior y Tcnico de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional cuarta. Cobertura de los puestos adscritos al Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca por personal funcionario del Cuerpo Superior de Administracin A1.1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 8, los puestos del Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca que se encuentren vacantes podrn ser cubiertos de forma transitoria por personal funcionario de las distintas especialidades del Cuerpo Superior de Administracin A1.1, por cualquiera de los procedimientos previstos en la normativa vigente en materia de funcin pblica, hasta que queden adscritos al Cuerpo Superior de Intervencin y Auditora de la Administracin de la Junta de Andaluca todos los puestos a los que se refiere la disposicin transitoria primera de esta ley.”

TTULO IV

Medidas en materia de educacin

Artculo 83. Modificacin del Decreto 109/1992, de 9 de junio #(018244)#, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Rgimen General.

El Decreto 109/1992, de 9 de junio #(018244)#, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Rgimen General, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artculo 2, que queda redactado como sigue:

“3. La tramitacin de los procedimientos establecidos en el presente Decreto se realizar de forma exclusivamente electrnica. Para ello, las personas interesadas formularn las correspondientes solicitudes a travs de la Secretara Virtual de la Consejera competente en materia de educacin, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 16.4.a) #(013300) ar.16# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. Asimismo, podrn consultar sus expedientes y presentar por medios electrnicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trmite de audiencia.”

Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artculo 5, que queda redactado como sigue:

“1. El procedimiento de autorizacin administrativa para la apertura y funcionamiento de un centro docente privado en el que se impartan enseñanzas de rgimen general se iniciar mediante la presentacin, por la persona promotora del centro, de una solicitud dirigida a la persona titular de la Consejera competente en materia de educacin, en la forma prevista en el apartado 3 del artculo 2.

2. La solicitud contendr los siguientes datos:

a) Persona fsica o jurdica que promueve el centro.

b) Denominacin especfica que se propone.

c) Municipio, localidad, cdigo postal, va y, en su caso, nmero en que se va a ubicar el centro.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorizacin.

e) Nmero de unidades y puestos escolares con que contar el centro.

f) Declaracin o manifestacin de que la persona fsica o jurdica promotora del centro no se encuentra incursa en alguno de los supuestos previstos en el artculo 3.”

Tres. Se suprime el apartado 3 del artculo 5 y se renumeran los apartados 4 y 5, que pasan a numerarse como 3 y 4, respectivamente, que queda redactado como sigue:

3. Asimismo, deber adjuntarse el proyecto de obras que hayan de realizarse para la construccin del centro, que deber tener en cuenta las instalaciones y condiciones establecidas en la normativa que resulte de aplicacin. Si se trata de inmuebles ya existentes, debern presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual y, en su caso, el proyecto de obras previstas para su acondicionamiento. En cualquier caso, se aportar el ttulo jurdico que justifique la posibilidad de utilizacin de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorizacin.

4. En el supuesto de que los documentos requeridos se encontraran ya en poder de la Administracin de la Junta de Andaluca, la persona interesada podr ejercitar el derecho previsto en el artculo 84.3 #(006103) ar.84# de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, siempre que indique la fecha y el procedimiento en que los present.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el rgano competente podr requerir a la persona solicitante su presentacin o, en su defecto, la acreditacin por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulacin de la propuesta de resolucin.

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 6 al artculo 7, que queda redactado como sigue:

“6. Siempre que no sea necesaria la realizacin de obras, por tratarse de inmuebles ya existentes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, se prescindir de los trmites previstos en este artculo.”

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artculo 8, que queda redactado como sigue:

“1. Si el informe a que se refiere el artculo 7.3 fuera favorable o no fuera necesaria la realizacin de obras, la persona interesada presentar la relacin del personal del que dispondr el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicacin de sus titulaciones respectivas. Esta relacin podr ser sustituida por el compromiso de aportarla antes del inicio de las actividades docentes.”

Artculo 84. Modificacin del Decreto 193/1997, de 29 de julio #(018250)#, sobre autorizaciones de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artsticas.

El Decreto 193/1997, de 29 de julio #(018250)#, sobre autorizaciones de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artsticas, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 9, apartados 1 y 2, que queda redactado como sigue:

“1. La tramitacin de los procedimientos establecidos en el presente Decreto se realizar de forma exclusivamente electrnica. Para ello, las personas interesadas formularn las correspondientes solicitudes a travs de la Secretara Virtual de la Consejera competente en materia de educacin, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 16.4.a) #(013300) ar.16# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. Asimismo, podrn consultar sus expedientes y presentar por medios electrnicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trmite de audiencia.

2. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Consejera competente en materia de educacin, contendrn los siguientes datos:

a) Persona fsica o jurdica que promueve el centro.

b) Denominacin especfica que se propone.

c) Municipio, localidad, cdigo postal, va y, en su caso, nmero en que se va a ubicar el centro.

d) Enseñanzas para las que se solicita autorizacin, haciendo mencin expresa, en su caso, de las especialidades o ciclos.

e) Nmero de puestos escolares con que contar el centro.

f) Declaracin expresa de responsabilidad de la persona promotora del centro de que no se encuentra incursa en alguno de los supuestos previstos en el artculo 7.”

Dos. Se suprime el apartado 3 a) del artculo 9, pasando a ser el apartado a) el actual apartado b), ordenndose correlativamente el resto de subapartados, que queda redactado como sigue:

3. La solicitud ir acompañada de la siguiente documentacin:

a) Proyecto bsico de obras que hayan de realizarse para la construccin del centro o acondicionamiento del existente, que deber cumplir los requisitos mnimos en cuanto a instalaciones exigidas por la normativa vigente.

b) Si se trata de inmuebles ya existentes, que no precisen de obras de adecuacin o acondicionamiento, debern presentarse los planos de las instalaciones en su estado actual.

c) En cualquier caso, se aportar el ttulo jurdico que justifique la posibilidad de utilizacin de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorizacin.

d) Relacin del profesorado de que dispondr el centro desde el momento del inicio de su actividad con indicacin de su titulacin. Esta relacin podr ser sustituida por el compromiso de aportarla antes del inicio de las actividades docentes.

Tres. Se modifica el apartado 1 del artculo 18, que queda redactado como sigue:

“1. La solicitud de modificacin de la autorizacin, dirigida a la persona titular de la Consejera competente en materia de educacin, se presentar en la forma prevista en el apartado 1 del artculo 9.”

Artculo 85. Modificacin del Decreto 233/1997, de 7 de octubre #(012956)#, por el que se regulan las Escuelas de Msica y Danza.

El Decreto 233/1997, de 7 de octubre #(012956)#, por el que se regulan las Escuelas de Msica y Danza, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artculo 13, que queda redactado como sigue:

“1. La tramitacin de los procedimientos establecidos en el presente Captulo se realizar de forma exclusivamente electrnica. Para ello, las personas interesadas formularn las correspondientes solicitudes a travs de la Secretara Virtual de la Consejera competente en materia de educacin, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 16.4.a) #(013300) ar.16# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas. Asimismo, podrn consultar sus expedientes y presentar por medios electrnicos las alegaciones, los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en el trmite de audiencia.

2. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Consejera competente en materia de educacin, contendr los siguientes datos:

a) Persona fsica o jurdica que promueve la escuela.

b) Denominacin especfica que se propone.

c) Municipio, localidad, cdigo postal, va y, en su caso, nmero en que se va a ubicar la escuela.

d) Oferta educativa, haciendo mencin expresa de si se trata de una escuela de msica, una escuela de danza o una escuela de msica y danza.

e) Declaracin expresa de responsabilidad de la persona promotora de no encontrarse incursa en alguno de los supuestos previstos en el artculo 12.3.

3. La solicitud ir acompañada de la siguiente documentacin:

a) Documentacin acreditativa de la personalidad y capacidad de la persona promotora.

b) Documentacin acreditativa de que el profesorado cumple los requisitos de titulacin u homologacin previstos en este Decreto.

c) Documentacin en la que se acrediten los mritos acadmicos y pedaggicos de la persona que va a ejercer la direccin del centro.

d) Planificacin de las materias que se van a impartir, del profesorado, as como de los horarios de dedicacin de ste al centro y dems aspectos organizativos y pedaggicos.

e) Valoracin del nmero y caractersticas del alumnado que se pretende atender.

f) Planos de las instalaciones de la escuela y relacin detallada de la dotacin en equipamiento.

g) Certificaciones de las condiciones arquitectnicas, higinicas, acsticas, de habitabilidad y seguridad previstas en la legislacin vigente de carcter general.

h) En cualquier caso, se aportar el ttulo jurdico que justifique la posibilidad de utilizacin de los inmuebles afectados a los fines objeto de la autorizacin.”

Dos. Se modifica el apartado 3 del artculo 15, que queda redactado como sigue:

“3. La solicitud de modificacin de la autorizacin, dirigida a la persona titular de la Consejera competente en materia de educacin, se presentar en la forma prevista en el artculo 13.”

Artculo 86. Modificacin del Decreto 21/2020, de 17 de febrero #(052439)#, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria, educacin especial, educacin secundaria obligatoria y bachillerato.

Se modifica el apartado 3 del artculo 43 #(052439) ar.43# del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria, educacin especial, educacin secundaria obligatoria y bachillerato, que queda redactado como sigue:

“3. La solicitud correspondiente a una persona menor de edad o mayor de edad sometida a patria potestad prorrogada y tutela deber ser firmada por alguna de las personas que ejercen su representacin legal y que ostentan la guarda y custodia. En el caso de que dicha persona no sea el padre o la madre y no pueda recabarse la informacin necesaria mediante medios electrnicos que acredite dicha circunstancia, deber presentarse copia autenticada del documento que acredite la tutela legal. Asimismo, en el caso de menores en situacin de acogimiento, la solicitud ser firmada por alguna de las personas que ostentan la guarda, y en caso de que no pueda recabarse la informacin necesaria mediante medios electrnicos que acredite dicha circunstancia, deber presentarse copia autenticada del documento que acredite el acogimiento.”

Artculo 87. Modificacin de la Orden de 20 de febrero #(052481)# de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria, educacin especial, educacin secundaria obligatoria y bachillerato.

Se modifica el apartado 5 del artculo 17 #(052481) ar.17# de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento de admisin del alumnado en los centros docentes pblicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educacin infantil, educacin primaria, educacin especial, educacin secundaria obligatoria y bachillerato, que queda redactado como sigue:

“5. A efectos de acreditar la situacin de adopcin u otras medidas de proteccin de menores a que se refiere el artculo 20.4 #(052439) ar.20# del Decreto 21/2020, de 17 de febrero, la Consejera competente en materia de educacin recabar, a travs de medios electrnicos, la informacin necesaria de los registros administrativos correspondientes, salvo que la persona que suscribe la solicitud se oponga a ello, en cuyo caso deber aportar copia autenticada del documento que lo acredite.”

TTULO V

Medidas en materia de comercio

Artculo 88. Modificacin del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo #(025802)#, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andaluca.

Se modifica el artculo 19 #(025802) ar.19# del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andaluca, que queda redactado como sigue:

1. El nmero de domingos y das festivos en los que los comercios podrn permanecer abiertos al pblico en la Comunidad Autnoma de Andaluca ser de diecisis das.

2. El calendario anual, fijando los referidos das, se establecer, previa consulta al Consejo Andaluz de Comercio, mediante orden de la Consejera competente en materia de comercio interior, que se publicar en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca con anterioridad al 1 de septiembre del año inmediatamente anterior al que haya de aplicarse.

3. Las Corporaciones Locales, por acuerdo motivado del rgano correspondiente, podrn permutar hasta dos de los domingos y festivos habilitados en el calendario anual regional por otros en atencin a las necesidades comerciales de su trmino municipal, conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de este artculo.

Cuando, como consecuencia de la fijacin de una festividad local, se produzca la coincidencia de dos o ms das continuados no aperturables comercialmente, el Ayuntamiento solicitar la permuta de uno de ellos por otro domingo o festivo del calendario autonmico. Excepcionalmente, en el caso de que el Ayuntamiento no solicite dicha permuta, la Consejera competente en materia de Comercio podr decidir la permuta para un mbito municipal determinado.

Con carcter general, dichas permutas podrn solicitarse a la Direccin General competente en materia de comercio interior, en las siguientes fechas: antes del 1 de noviembre del año inmediatamente anterior, las que vayan a materializarse a lo largo de todo el año siguiente; antes del 1 de febrero, las que vayan a materializarse en los trimestres segundo, tercero y cuarto del año en curso; antes del 1 de mayo, las que vayan a materializarse en los trimestres tercero y cuarto del año en curso; y antes del 1 de agosto, las que vayan a materializarse en el cuarto trimestre del año en curso. A efectos del cmputo de los plazos de solicitud de las permutas, ambas fechas, deben estar dentro de los perodos establecidos anteriormente, tanto el da de apertura ya autorizado, como el da que se solicita de nueva apertura.

Excepcionalmente, si con posterioridad a la concesin de la permuta solicitada se producen circunstancias sobrevenidas justificadas, el Ayuntamiento podr renunciar a la misma y, en caso de que lo considere necesario, solicitar por el rgano municipal competente una nueva permuta conforme a los criterios establecidos en el apartado 4 de este artculo, siempre que se solicite con anterioridad a la fecha de la permuta concedida y, en todo caso, con un mes de antelacin a la nueva fecha solicitada.

En ningn caso podrn ser objeto de permutas, aquellos domingos o festivos, incluidos en alguno de los supuestos de libertad horaria establecidos en el artculo 20.

La Direccin General competente en materia de comercio interior resolver previa consulta del Consejo Andaluz de Comercio. Las permutas estimadas sern publicadas en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca.

4. Para la determinacin de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los apartados anteriores, se deber atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los das para las personas consumidoras y las empresas comerciales, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La apertura obligatoria de al menos un da festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o ms das festivos continuados.

b) La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los perodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales. Se entender que los perodos tradicionales de rebajas son dos, el de rebajas de invierno, que comprende desde el 7 de enero al 7 de marzo, y el de rebajas de verano, que comprende desde el 1 de julio al 31 de agosto; todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 25 #(000336) ar.25# de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacin del Comercio Minorista.

c) La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turstica en la Comunidad Autnoma, previo informe de la Consejera competente en materia de turismo.

d) La apertura en los domingos y festivos de la campaña de Navidad, que comprender desde el domingo posterior al cuarto jueves de noviembre al 24 de diciembre, y de Reyes, que comprender del 26 de diciembre al 5 de enero”.

Ttulo VI

MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD

Artculo 89. Modificacin de la Ley 4/1997, de 9 de julio #(001343)#, de prevencin y asistencia en materia de drogas.

La Ley 4/1997, de 9 de julio #(001343)#, de prevencin y asistencia en materia de drogas, queda modificada como sigue:

nico. Se modifica el artculo 17.1.a) y b), que queda redactado como sigue:

“1. Los Centros de Atencin a las Adicciones se clasifican conforme a la siguiente tipologa:

a) Comunidades Teraputicas: Son Centros especializados en la atencin a las personas con problemas de adicciones, con carcter residencial, donde se realizan actividades de prevencin, asistencia sanitaria que incluye diagnstico, tratamiento y deshabituacin, adems de rehabilitacin e incorporacin social. Pueden contar con una Unidad de Desintoxicacin Residencial.

b) Centros de Desintoxicacin Residencial: Centros especializados en la atencin a las personas con problemas de adicciones, con carcter residencial, que ofrecen asistencia sanitaria para la desintoxicacin de sustancias.”

Artculo 90. Modificacin de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre #(025340)#, de Salud Pblica de Andaluca.

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre #(025340)#, de Salud Pblica de Andaluca, queda modificada como sigue

Uno. Se modifica el artculo 56, que queda redactado como sigue:

“1. Se sometern a informe de evaluacin del impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administracin de la Junta de Andaluca con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboracin y aprobacin vengan exigidas por una disposicin legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y as se determine en el acuerdo de formulacin del referido plan o programa.

b) Los siguientes instrumentos de ordenacin urbanstica de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andaluca:

1.º Los instrumentos de ordenacin urbanstica general.

2.º Los planes de ordenacin urbana, los planes parciales de ordenacin y los planes de reforma interior, salvo en los supuestos del apartado 3.c).

3.º Los planes especiales de adecuacin ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares y los que tengan por objeto la ordenacin de servicios, infraestructuras o equipamientos.

4.º Las revisiones y modificaciones de los instrumentos de ordenacin urbanstica anteriores.

c) Aquellas actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevencin y control ambiental establecidos en los prrafos a) del artculo 16.1 #(005932) ar.16# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, se sometern a evaluacin de impacto en salud aquellas actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevencin y control ambiental establecidos en los prrafos b) y d) del artculo 16.1 #(005932) ar.16# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental, y que se encuentren incluidos en el Anexo I de la presente Ley.

En estos supuestos, la resolucin de los instrumentos señalados anteriormente contendr el informe de evaluacin de impacto en la salud.”

d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el prrafo anterior, que se determinen mediante decreto del Consejo de Gobierno, sobre la base de la evidencia de su previsible impacto en la salud de las personas.

2. En el informe de impacto en la salud de las actividades y obras a que se refieren los prrafos c) y d) del apartado anterior, se podr establecer la necesidad de delimitar una zona de seguridad para la proteccin de la salud con limitaciones de uso para las actividades humanas que especficamente se determinen.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artculo, no se sometern a evaluacin del impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por las Administraciones Pblicas y que tengan como nico objeto la defensa nacional o la proteccin civil en casos de emergencia, as como aquellos de carcter estrictamente financiero o presupuestario.

b) Las actuaciones a las que hacen referencia los prrafos b) y c) del apartado 1 de este artculo, que no presenten impactos significativos en la salud y as se determine expresamente por la Consejera competente en materia de Salud. Este pronunciamiento tendr lugar en el proceso de cribado inserto en el trmite de consultas previas al procedimiento de evaluacin del impacto en la salud previsto en el artculo 59.5, al que con carcter potestativo podrn acogerse las personas promotoras de las actuaciones anteriormente citadas.

c) Los planes parciales de ordenacin y planes de reforma interior que desarrollen la ordenacin pormenorizada de los instrumentos de ordenacin general vigentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluca que hayan sido objeto de evaluacin de impacto en la salud, a menos que exista un pronunciamiento expreso en dicha evaluacin que implique la necesidad de someterlo a Evaluacin de Impacto en Salud.

d) Aquellas actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos que se localicen, con carcter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial.

Dos. Se modifica el Anexo I, queda redactado como sigue:

ANEXO I

Actividades sometidas a EIS

Parte I: Actividades extradas del Anexo I de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre #(032901)# de Evaluacin Ambiental

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadera.

f) Instalaciones destinadas a la cra intensiva de ganado que dispongan de ms de:

1.º 55.000 plazas para pollos.

5.º 750 plazas de vacuno de leche y 1.100 plazas para vacuno de cebo.

Grupo 2. Industria extractiva.

d) Los proyectos consistentes en la realizacin de perforaciones para la exploracin, investigacin o explotacin de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpa, que requieran la utilizacin de tcnicas de fracturacin hidrulica. No se incluyen en este apartado las perforaciones de sondeos de investigacin que tengan por objeto la toma de testigos previos a proyectos de perforacin que requieran la utilizacin de tcnicas de fracturacin hidrulica.

Grupo 4. Industria siderrgica y del mineral. Produccin y elaboracin de metales.

b) Plantas integradas para la fundicin inicial del hierro colado y del acero.

Grupo 6. Proyectos de infraestructuras.

b) Ferrocarriles:

1.º Construccin de nuevas lneas de ferrocarril de ms de 5 km.

2.º Ampliacin del nmero de vas de una lnea de ferrocarril existente en una longitud continuada de ms de 10 km.

c) Proyectos de aeropuertos, segn la definicin del artculo 39 #(000345) ar.39# de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegacin Area, con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud igual o superior a 2.100 metros.

d) Construccin de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t.

e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusin de los muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitacin de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el artculo 69 #(000267) ar.69#, letra a), del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre #(013933)#.

Grupo 7. Proyectos de ingeniera hidrulica y de gestin del agua.

a) Se incluyen:

1.º Grandes presas segn se definen en el artculo 4 #(053685) ar.4# del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas tcnicas de seguridad para las presas y sus embalses.

2.º Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla de forma permanente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 10 hectmetros cbicos, o que supongan una inundacin nueva o adicional de ms de 100 ha.

3.º Nuevas presas o azudes que ocupen modifiquen, supongan embalsamiento o alteren el rgimen de caudales en ms de un 5 % cualquier mes, en espacios naturales protegidos incluyendo, las reservas fluviales, las masas de agua en estado muy bueno, las reas crticas para la conservacin de especies protegidas o hbitats catalogados como en peligro de desaparicin.

d) Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes-equivalentes.

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestin de residuos.

a) Instalaciones de incineracin de residuos peligrosos definidos en el artculo 2.añ) #(054696) ar.2# de la Ley 7/2022, 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economa circular, as como el depsito de seguridad o tratamiento qumico.

b) Instalaciones de incineracin de residuos no peligrosos definidos en el artculo 2.an) #(054696) ar.2# de la Ley 7/2022, de 8 de abril, o de eliminacin de dichos residuos mediante tratamiento fsico-qumico con una capacidad superior a 100 t diarias.

Parte II: Actividades extradas del Anexo I Ley de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental.

(*) Nota:

CA: La actuacin est sometida a Calificacin Ambiental.

CA (Anexo II): La actuacin est sometida a Calificacin Ambiental y adems est en el Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluacin Ambiental #(032901)#. Por lo que en caso de que no proceda realizar informe EIS, ser necesario hacer informe de efectos en salud cuando as se solicite por parte del rgano competente.

Artculo 91. Modificacin de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre #(006265)#, de Farmacia de Andaluca.

La Ley 22/2007, de 18 de diciembre #(006265)#, de Farmacia de Andaluca, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 31, que queda redactado como sigue:

“Artculo 31. Tipos de poblacin.

1. La poblacin de derecho es la que consta en el Padrn Municipal vigente.

2. La poblacin de hecho residente y no censada es la que consta mediante la oportuna certificacin emitida por el Ayuntamiento o informe de la entidad correspondiente de donde procedan los datos.

3. La poblacin estacional comprende la de segunda residencia y la de las zonas con afluencia turstica, definidas de la siguiente manera:

a) La poblacin de segunda residencia. Ser la resultante de multiplicar el nmero de viviendas secundarias que constan en el Censo de Viviendas por 3,5 personas y 92 das, y dividir el resultado por 365 das.

b) La poblacin en zonas con afluencia turstica, consideradas como aquellas en las que las plazas de alojamientos tursticos superen el 5% de la cifra de poblacin segn el Padrn Municipal vigente. Ser la resultante de multiplicar las plazas de alojamientos tursticos por el grado de ocupacin, conforme a los datos oficiales del Instituto de Estadstica y Cartografa de Andaluca.”

Dos. Se modifica el artculo 40.1.b), que queda redactado como sigue.

“b) Por no haber transmitido la oficina de farmacia en el plazo de veinticuatro meses, contados a partir de la fecha en que se produzcan los hechos causantes:

1.º Declaracin judicial de ausencia.

2.º Incompatibilidad legal.

3.º Incapacidad laboral permanente, total o absoluta.

4.º Fallecimiento.

No obstante, si dicho plazo resultara insuficiente, ste quedar ampliado por doce meses ms si se presenta, dentro del plazo de veinticuatro meses tras el hecho causante, comunicacin de las personas interesadas manifestando su voluntad a favor de dicha ampliacin.

En los supuestos de cotitularidad de la oficina de farmacia, podr seguir al frente de la misma aquella persona cotitular que no se encuentre afectada por el hecho causante.”

Tres. Se modifica el artculo 41.1, que queda redactado como sigue:

“1. El procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia se realizar de oficio mediante concurso pblico, en el que podrn participar los farmacuticos y farmacuticas que renan los requisitos establecidos en esta Ley y dems normas de desarrollo.

El procedimiento constar de tres fases:

a) En la primera fase solo podrn participar los farmacuticos y farmacuticas que, a la fecha de publicacin de la convocatoria, sean titulares de oficina de farmacia abierta al pblico en municipios, ELA o EATIM, o ncleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de mil habitantes, de la Comunidad Autnoma de Andaluca. Asimismo, debern haber mantenido la titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mnimo, durante los diez años anteriores a la fecha de publicacin de la convocatoria.

En esta fase se adjudicar como mximo el 50% de las oficinas de farmacia convocadas.

b) En la segunda fase podrn participar los farmacuticos y farmacuticas interesados que no sean titulares o cotitulares de oficina de farmacia situada dentro o fuera de la Comunidad Autnoma de Andaluca a la fecha de publicacin de la convocatoria, ni lo hayan sido los ltimos cinco años anteriores. En esta fase se adjudicarn las oficinas de farmacia convocadas y no adjudicadas en la primera fase.

c) En la tercera fase podrn participar los restantes farmacuticos y farmacuticas interesados, as como aquellos que no hayan resultado adjudicatarios en las fases anteriores. En esta fase se adjudicarn las oficinas de farmacia que no hubieran sido adjudicadas en las fases anteriores, as como las vacantes que hayan quedado por resultar sus titulares adjudicatarios de otra oficina de farmacia en la fase primera o en la propia fase tercera.

Las fases del concurso se realizarn de acuerdo con el baremo que reglamentariamente se establezca y en el que, necesariamente, se tendrn en cuenta los mritos acadmicos, la formacin posgraduada y la experiencia profesional.

El concurso reservar un cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad.

El procedimiento de adjudicacin finalizar por medio de una resolucin nica, en la que se incluirn todas las oficinas de farmacia adjudicadas en las distintas fases del procedimiento.”

Cuatro. Se modifica el apartado 7.b) del artculo 41, que queda redactado como sigue:

“b) Que esta oficina de farmacia se hubiese convocado por resultar vacante al ser su titular adjudicatario de otra oficina de farmacia en la fase primera o tercera.”

Cinco. Se modifica el apartado 1.b) del artculo 43, que queda redactado como sigue:

“b) Que la oficina de farmacia que pretende trasladarse haya permanecido un mnimo de tres años consecutivos, inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del traslado, en la misma ubicacin.”

Seis. Se modifica el apartado 2 del artculo 47, que queda redactado como sigue:

“2. La transmisin de la totalidad o una parte indivisa de la oficina de farmacia solo podr llevarse a cabo a favor de otra u otras personas licenciadas o graduadas en farmacia, en las condiciones siguientes:

a) Si se trata de la primera transmisin de una oficina de farmacia adjudicada por concurso pblico, debern haber transcurrido al menos diez años desde su apertura inicial al pblico.

b) El resto de las transmisiones solo podr llevarse a cabo a favor de otro u otros farmacuticos o farmacuticas siempre que el establecimiento haya permanecido abierto al pblico durante un mnimo de cinco años, con la misma persona titular o cotitulares.

c) Los plazos previstos en los epgrafes a) y b) anteriores no sern de aplicacin en los supuestos de fallecimiento, incapacidad laboral permanente, total o absoluta, declaracin judicial de ausencia o establecimiento de curatela con funciones representativas o remocin de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 40.1.b) de esta Ley.”

Artculo 92. Modificacin del Decreto 95/2001, de 3 de abril #(018330)#, por el que se aprueba el Reglamento de Polica Sanitaria Mortuoria.

El Decreto 95/2001, de 3 de abril #(018330)#, por el que se aprueba el Reglamento de Polica Sanitaria Mortuoria, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 13, que queda redactado como sigue:

“Artculo 13 Traslado de cadveres.

1. Tendr la consideracin de traslado el transporte de un cadver entre la Comunidad Autnoma de Andaluca y otras Comunidades Autnomas o el extranjero, y se realizar conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. Salvo en los casos de intervencin judicial o en los cadveres de los grupos 1, el traslado de cadveres del grupo 2 desde Andaluca hasta el domicilio del difunto, velatorio, tanatorio o depsito de cadveres del cementerio que se ubiquen en cualquier Comunidad Autnoma, podr realizarse una vez emitido el certificado mdico de defuncin y la licencia de enterramiento o incineracin.”

Dos. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

“Artculo 14. Requisitos para el traslado de cadveres.

El traslado de cadveres del grupo 2 desde Andaluca hasta el domicilio del difunto, velatorio, tanatorio o depsito de cadveres del cementerio que se ubiquen en cualquier municipio fuera de la Comunidad Autnoma de Andaluca, no conllevar Autorizacin Sanitaria y podr realizarse una vez emitido el certificado mdico de defuncin y la licencia de enterramiento o incineracin. En caso de que se trasladen al extranjero se estar a lo dispuesto en la normativa estatal.

En caso de cadveres intervenidos judicialmente se estar a lo que se disponga por el rgano jurisdiccional.”

Tres. Se modifica el artculo 23.4, que queda redactado como sigue:

“4. La exhumacin, conduccin y traslado de restos cadavricos estn exentos de autorizacin sanitaria. El rgano competente del cementerio o lugar de enterramiento regular dicha actividad de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y/o el Reglamento de Rgimen Interno.”

Artculo 93. Modificacin del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre #(035007)#, por el que se establece el procedimiento de Evaluacin de Impacto en Salud de la Comunidad Autnoma de Andaluca.

El Decreto 169/2014, de 9 de diciembre #(035007)#, por el que se establece el procedimiento de Evaluacin de Impacto en Salud de la Comunidad Autnoma de Andaluca, que queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 3, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artculo 3. mbito de aplicacin.

1. De acuerdo con lo establecido en el artculo 56 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a evaluacin de impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administracin de la Junta de Andaluca con clara incidencia en la salud, siempre que su elaboracin y aprobacin vengan exigidas por una disposicin legal o reglamentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y as se determine de acuerdo con los criterios contenidos en el Anexo II del presente Decreto o en el acuerdo de formulacin del referido plan o programa.

b) Los siguientes instrumentos de ordenacin urbanstica de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andaluca:

1.º Los instrumentos de ordenacin urbanstica general.

2.º Los planes de ordenacin urbana, los planes parciales de ordenacin y los planes de reforma interior, salvo en los supuestos del apartado 2.c).

3.º Los planes especiales de adecuacin ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares y los que tengan por objeto la ordenacin de servicios, infraestructuras o equipamientos.

4.º Las revisiones y modificaciones de los instrumentos de ordenacin urbanstica anteriores.

c) Aquellas actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse al instrumento de prevencin y control ambiental establecido en el prrafo a) del artculo 16.1 #(005932) ar.16# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental. Asimismo, se sometern a evaluacin de impacto en salud aquellas actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de prevencin y control ambiental establecidos en los prrafos b) y d) del artculo 16.1 #(005932) ar.16# de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestin Integrada de la Calidad Ambiental, y que se encuentren incluidos en el Anexo I de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre #(025340)#, de Salud Pblica de Andaluca.”

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior del presente artculo, conforme a lo establecido en el artculo 56.3 #(025340) ar.56# de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, no se sometern a evaluacin de impacto en la salud:

a) Los planes y programas que se elaboren o aprueben por las Administraciones pblicas y que tengan como nico objeto la defensa nacional o la proteccin civil en casos de emergencia, as como aquellos de carcter estrictamente financiero o presupuestario.

b) Las actuaciones a las que hacen referencia los prrafos b) y c) del apartado 1 de este artculo que no presenten impactos significativos en la salud y as se determine expresamente por la Consejera competente en materia de salud en el proceso de cribado inserto en el trmite de consultas previas regulado en los artculos 13, 16 y 17 del presente decreto, al que con carcter potestativo podrn acogerse las personas promotoras de las actuaciones anteriormente citadas.

c) Los planes parciales de ordenacin y planes de reforma interior que desarrollen la ordenacin pormenorizada de los instrumentos de ordenacin general vigentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre #(054323)#, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andaluca que hayan sido objeto de evaluacin de impacto en la salud, a menos que exista un pronunciamiento expreso en dicha evaluacin que implique la necesidad de someterlo a Evaluacin de Impacto en Salud.

d) Las actividades y obras, pblicas y privadas, y sus proyectos que se localicen, con carcter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial”. En estos casos, la evaluacin sobre los efectos para la salud de la actividad u obra y sus proyectos se efectuar sobre el estudio de impacto ambiental, dentro del procedimiento de tramitacin del instrumento de control y prevencin ambiental correspondiente.”

Dos. Se modifica el artculo 5, que queda redactado como sigue:

“Artculo 5. rgano competente.

1. Corresponde a la persona titular del rgano directivo competente en materia de salud pblica de la administracin autonmica la competencia para la emisin del informe de EIS de aquellas actuaciones cuyo mbito territorial sea superior a la provincia.

2. Corresponde a la persona titular de las Delegaciones Territoriales o Provinciales de la Consejera competente en materia de salud la competencia para la emisin del informe de EIS de aquellas actuaciones cuyo mbito territorial sea inferior o igual a la provincia. En expedientes que se consideren especialmente complejos, se podr solicitar la conformidad del contenido del informe de EIS al rgano directivo competente en materia de salud pblica de la administracin autonmica.”

Artculo 94. Modificacin del Decreto 36/2018, de 6 de febrero #(039844)#, por el que se regula el procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia.

El Decreto 36/2018, de 6 de febrero #(039844)#, por el que se regula el procedimiento de adjudicacin de nuevas oficinas de farmacia, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2.a del artculo 3, que queda redactado como sigue:

“a) Los datos de la poblacin a la que se refiere el artculo 31 #(006265) ar.31# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, en su apartado 1. En su caso, se considerarn de manera adicional los tipos de poblacin contemplados en sus apartados 2 y 3, conforme a la estancia media y otros factores correctores que ayuden a determinar dichas necesidades.”

Dos. Se modifica el artculo 4, que queda redactado como sigue:

“Artculo 4. Fases del procedimiento de adjudicacin.

Las oficinas de farmacia adjudicadas en cada concurso sern las ofertadas en la convocatoria, as como las que se pudieran incorporar en la fase tercera en ese mismo concurso. De conformidad con el artculo 41 #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, el procedimiento constar de tres fases:

a) En la primera fase solo podrn participar los farmacuticos y farmacuticas que, a la fecha de publicacin de la convocatoria, fuesen titulares de oficina de farmacia abierta al pblico en municipios, Entidades Locales Autnomas y Entidades de mbito Territorial inferior al Municipio, o ncleos poblacionales aislados, todos ellos de menos de mil habitantes, de la Comunidad Autnoma de Andaluca. Asimismo, debern haber mantenido la titularidad sobre la citada oficina de farmacia, como mnimo, durante los diez años anteriores a la fecha de publicacin de la convocatoria.

En esta fase se adjudicar como mximo el 50% de las oficinas de farmacia convocadas.

b) En la segunda fase podrn participar los farmacuticos y farmacuticas interesados que no sean titulares o cotitulares de oficina de farmacia situada dentro o fuera de la Comunidad Autnoma de Andaluca a la fecha de publicacin de la convocatoria, ni lo hayan sido los ltimos cinco años anteriores. En esta fase se adjudicarn las oficinas de farmacia convocadas y no adjudicadas en la primera fase.

c) En la tercera fase podrn participar los restantes farmacuticos y farmacuticas interesados, as como aquellos que no hayan resultado adjudicatarios en las fases anteriores. En esta fase se adjudicarn las oficinas de farmacia que no hubieran sido adjudicadas en las fases anteriores, as como las vacantes que hayan quedado por resultar sus titulares adjudicatarios de otra oficina de farmacia en la fase primera o en la propia fase tercera.”

Tres. Se modifica el artculo 8.4, que queda redactado como sigue:

“4. Adems de los anteriores requisitos, se debern reunir los requisitos especficos de participacin exigidos en el artculo 41.1 #(006265) ar.41# de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, en las fases primera y segunda del procedimiento.”

Cuatro. Se modifica el artculo 17, que queda redactado como sigue:

“Artculo 17. Oferta de oficinas de farmacia a quienes participan en la fase tercera del procedimiento.

1. Una vez terminados los actos para ratificar la conformidad para la adjudicacin en las fases primera y segunda, por resolucin publicada en el Boletn Oficial de la Junta de Andaluca, se determinarn:

a) Las oficinas de farmacia que se oferten en ese momento, en la fase tercera, conforme los criterios determinados en el artculo 4.c).

b) El plazo para que las personas participantes que estn admitidas en la fase tercera presenten su correspondiente orden de preferencia respecto de las oficinas de farmacia ofertadas en dicha resolucin, cumplimentando para ello la hoja de orden de preferencia que figura en el Anexo II.

2. Con posterioridad a la finalizacin del plazo citado en el apartado 1 se publicar anuncio a travs del Portal de la Junta de Andaluca, incluyendo en el mismo los datos identificativos de las solicitudes de las personas participantes que hubieran presentado hoja de orden de preferencia debidamente cumplimentada para la fase tercera y que cumplieran los requisitos para ser adjudicatarias en dicha fase. Esta publicacin se realizar como mnimo con diez das de antelacin a las convocatorias previstas en el apartado siguiente.

3. Una vez publicada la lista referida en el apartado anterior se publicarn anuncios a travs del Portal de la Junta de Andaluca y en los tablones de anuncios en los que se convocar a las personas solicitantes admitidas en la fase tercera que hayan presentado su orden de preferencia, señalndose el lugar, fecha y hora, para la realizacin de los actos para ratificar la conformidad para la adjudicacin de la oficina de farmacia que les haya correspondido de acuerdo con su puntuacin final y orden de preferencia solicitado, aplicndose las reglas establecidas en los artculos 15.1 y 16, hasta que se ratifiquen todas las oficinas de farmacia ofertadas o en su defecto, hasta que finalicen los actos de todas las personas convocadas para la fase tercera.

4. Si una vez finalizados estos actos resultase que ha ratificado la conformidad al menos una persona titular o todas las cotitulares de una oficina de farmacia de la Comunidad Autnoma de Andaluca, y se considerase necesario adjudicar dicha vacante o vacantes, se proceder a ofertar dichas oficinas de farmacia en esta fase tercera aplicando lo establecido en los apartados anteriores.

5. Una vez transcurrido el plazo estipulado en la ltima resolucin que al amparo del apartado 1 se dicte en el procedimiento, se entender que renuncian a su admisin y participacin en la fase tercera del concurso las personas admitidas en dicha fase que no hayan presentado en tiempo y forma una hoja de orden de preferencia respecto de las oficinas de farmacia ofertadas en al menos una de las resoluciones dictadas conforme a dicho apartado.”

Cinco. Se modifica el artculo 19.1.b), que queda redactado como sigue:

“b) Que la oficina de farmacia se hubiese ofertado por resultar vacante al ser su titular persona adjudicataria de otra oficina de farmacia en la fase primera o tercera.”

Artculo 95. Modificacin del Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca.

El Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el Ttulo del Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“Decreto 62/2018, de 6 de marzo #(039928)#, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud de Andaluca.”

Dos. Se modifica el Prembulo, que queda redactado como sigue:

“El artculo 149.1.16.a) #(000001) ar.149# de la Constitucin Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinacin general de la sanidad y el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andaluca establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, el rgimen estatutario y la formación del personal que presta servicios en el sistema sanitario público, así como la formación sanitaria especializada y la investigación científica en materia sanitaria. Por otra parte, en el artículo 46.1a del Estatuto de Autonomía se le asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno y en el artículo 47.1.1a, la competencia exclusiva en el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de organización propia de la Comunidad Autónoma, y en la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo #(003160)#, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dedica su Capítulo III a los profesionales sanitarios, a los que considera elemento esencial en la modernización y calidad del sistema sanitario. En este sentido, la citada Ley dispone, en su artculo 34, que la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal deben orientarse a la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud.

De igual modo, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre #(003442)#, de ordenacin de las profesiones sanitarias, pretende garantizar, entre otros aspectos, que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la proteccin de la salud. Para ello, la Ley abord, en su Ttulo II, Captulo III, importantes modificaciones en el panorama de la formacin especializada en Ciencias de la Salud, definindola como una formacin reglada y de carcter oficial que tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, tcnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultnea a la progresiva asuncin por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autnomo de la misma. En este sentido, el artculo 20 de dicha Ley establece que la formacin del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud tendr lugar por el sistema de residencia en centros acreditados, conforme a los criterios que define en su apartado 2.o As mismo, el artculo 20 dispone que el Gobierno regular la relacin laboral especial de residencia. Esta previsin legal ha sido cumplida mediante el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre #(005260)#, por el que se regula la relacin laboral especial de residencia para la formacin de especialistas en Ciencias de la Salud.

Para seguir completando el proceso de reforma iniciado por la Ley 44/2003, de 21 de noviembre #(003442)#, se aprob tambin el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero #(006374)#, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formacin sanitaria especializada. En este sentido, el Real Decreto recoge los diferentes elementos relativos a la estructura y el procedimiento de formacin del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud incluyendo las caractersticas de los ttulos, las unidades docentes, los rganos de supervisin y organizacin de la formacin y los procedimientos de evaluacin. Se establece as un modelo general comn estatal de formacin sanitaria especializada que reconoce la necesidad de reforzar las estructuras docentes para que incidan favorablemente en el proceso de aprendizaje del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud. Este modelo general supone un esfuerzo de sistematizacin al incorporar conceptos unitarios en la configuracin abierta y flexible de las unidades docentes, en la regulacin de los aspectos bsicos de los distintos rganos colegiados y unipersonales que intervienen en el proceso formativo, y al establecer una regulacin comn para todo el sistema de las evaluaciones del personal especialista en formacin con instrumentos que constaten que ste ha cumplido los objetivos cuantitativos y cualitativos y que ha alcanzado las competencias profesionales segn las previsiones del correspondiente programa formativo y posibilitando la revisin de las evaluaciones. De igual modo, el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero #(006374)#, en su disposicin transitoria primera contempla un plazo de adaptacin normativa en cuanto a las comisiones de docencia y las personas que ejercen la tutora hasta tanto las Comunidades Autnomas dicten las correspondientes disposiciones de desarrollo.

El Real Decreto 589/2022, de 19 de julio #(054977)# por el que se regulan la formacin transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo ttulo de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de rea de capacitacin especfica, y la revisin de los establecidos, y el acceso y la formacin de las reas de capacitacin especfica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formacin en especialidades en Ciencias de la Salud, establece las competencias comunes principalmente actitudinales que deben adquirirse durante el periodo de formacin en centros acreditados, y que formar parte del programa formativo oficial de todas las especialidades.

Este Decreto supone un avance significativo en cuanto a la integracin y sistematizacin en un instrumento normativo del conjunto de los elementos que conforman el modelo de formacin sanitaria especializada del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud en la Comunidad Autnoma de Andaluca y que han permitido un importante desarrollo significativo de la calidad de los procesos de formacin en el mbito de las especialidades en Ciencias de la Salud.

Desde esta perspectiva de plena implicacin de la estructura asistencial del Sistema Sanitario de Andaluca de mbito pblico y privado, adems de otras estructuras no asistenciales que puedan participar en el proceso de formacin del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud, la ordenacin que realiza el Decreto confirma, adems, la trascendencia de la actividad docente que se desarrolla en las unidades asistenciales y no asistenciales de los centros y con ello, la importancia de la actividad de transferencia del conocimiento y entrenamiento en competencias clnicas que los diferentes profesionales sanitarios llevan a cabo en su actividad habitual. Junto a ello, el Decreto presta especial atencin a la tarea docente que, en particular, desarrollan las personas que ejercen la tutora del personal especialistas en formacin para quienes establece medidas de reconocimiento e incentivacin.

Este Decreto refuerza y profundiza diferentes aspectos bsicos para la formacin del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud. De igual modo se concretan aquellos aspectos relacionados con la graduacin de la supervisin y se modula la responsabilidad progresiva del personal especialista en formacin, y se define el conjunto de todos los dispositivos asistenciales, de gestin, tcnicos del Sistema Sanitario o no sanitario de Andaluca como potenciales espacios docentes. Se trata, por tanto, de definir un sistema de formacin del personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud orientado hacia la innovacin docente centrado en el que aprende y que desarrolla nuevos modelos de evaluacin de la formacin basados en competencias.

As, el presente Decreto pretender avanzar en la configuracin de un modelo global de formacin sanitaria especializada basado en criterios de calidad, que promueva la adquisicin de las competencias necesarias para un ejercicio profesional acorde a las necesidades de la organizacin sanitaria y de la ciudadana, que apueste por la innovacin docente y que articule la red de estructuras docentes que supervisan y apoyan el cumplimiento de los programas formativos, de igual modo que se garantiza una formacin flexible e integrada en el conjunto de la organizacin sanitaria y su entorno.

Conforme a lo dispuesto en el artculo 5 #(018791) ar.5# de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promocin de la igualdad de gnero en Andaluca, en la elaboracin de este Decreto se ha tenido en cuenta la perspectiva de la igualdad de gnero.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, conforme a los artculos 21.3 #(005329) ar.21# y 27.9 #(005329) ar.27# de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autnoma de Andaluca, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andaluca y previa deliberacin del Consejo de Gobierno, en su reunin del da 6 de marzo de 2018.”

Tres. Se modifica el artculo 1 #(039928) ar.1# del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“1. El objeto del presente Decreto es la ordenacin del sistema de formacin sanitaria especializada en Ciencias de Salud en Andaluca de conformidad con la legislacin bsica del Estado en esta materia.

2. A los efectos de la presente norma, se considera como personal especialista en formacin en Ciencias de la Salud el que, tras haber accedido a una plaza de formación sanitaria especializada a través de la correspondiente convocatoria nacional, esté adquiriendo en unidades docentes acreditadas del mismo, mediante el sistema de residencia, las competencias profesionales propias de la especialidad que esté realizando, mediante una prctica profesional programada y supervisada destinada a alcanzar de forma progresiva, los conocimientos, habilidades, actitudes y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autnomo y eficiente de la especialidad.

3. La ordenacin del sistema de la formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud ser de aplicacin a los centros, comisiones de docencia y profesionales que participen en la formación del personal especialista en formación de Andaluca.”

Cuatro. Se modifica el artculo 2, que queda redactado como sigue:

“1. Las unidades docentes acreditadas y las entidades titulares responsables de las mismas, desarrollarn las actuaciones necesarias para garantizar que el personal especialista en formación pueda alcanzar las competencias y capacidades contempladas en los programas formativos oficiales de las especialidades.

2. Los centros en los que se integren las unidades docentes:

a) Facilitarn la integracin de las actividades asistenciales, formativas, organizativas, tcnicas, investigadoras y docentes del personal especialista en formacin, mediante el sistema de residencia. b) Incorporarn los correspondientes objetivos relacionados con la formacin del personal especialista en formacin.

c) Garantizarn que las unidades docentes destinen su capacidad docente con carcter prioritario para la formacin del personal especialistas en formacin.

d) Incentivarn la incorporacin del personal especialista en formacin a las actividades de investigacin, docencia y gestin de la unidad asistencial.

Cinco: Se modifica el artculo 3, que queda redactado como sigue:

“1. La formación del personal especialista en formación se desarrollará en las unidades docentes acreditadas por el Ministerio competente en materia sanitaria.

2. De conformidad con lo dispuesto por el artculo 4 #(006374) ar.4# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formacin sanitaria especializada, la unidad docente se define como el conjunto de recursos personales y materiales, pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigacin o de cualquier otro carcter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para impartir formacin reglada en especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas especialidades.”

Seis. Se modifica el artculo 4, que queda redactado como sigue:

“Las personas responsables en las que se integre el personal especialista en formación colaborarn con las jefaturas de estudio, desde su mbito de competencias, en la aplicacin de las decisiones de la comisin de docencia y en la mejora continua de la calidad de la formación del personal especialista en formación para lo que llevarn a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Analizar la capacidad docente de la unidad asistencial a la que se adscribe el personal especialista en formacin de las especialidades acreditadas de su mbito, oda la jefatura de estudios.

b) Intervenir en la acogida del personal especialista en formacin que hayan obtenido plaza en su unidad.

c) Fomentar la incorporacin del personal especialista en formacin a todas las actividades de la unidad.

d) Incentivar y facilitar la labor de las personas que ejerzan la tutora del personal especialista en formacin, dotndoles del tiempo necesario en su jornada laboral para la realizacin de la tutorizacin y la organizacin de las actividades docentes de la unidad asistencial. A estos efectos, sern los responsables de estos profesionales que ejercen la tutora, quienes concreten la distribucin de los tiempos para el desarrollo de esta tarea docentes, conforme a lo dispuesto en el artculo 22.5.

e) Emitir cuantos informes facultativos consideren adecuados sobre la docencia, la asistencia y la participacin de la unidad en la formacin del personal especialista en formacin.”

Siete. Se modifica el artculo 5, que queda redactado como sigue:

“1. Las solicitudes de acreditacin de centros y unidades docentes para impartir formación sanitaria especializada que se formulen en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Andaluca, deben dirigirse por la direccin gerencia del hospital, distrito o rea de gestin sanitaria al centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada de la Consejera competente en materia de salud, quien, previo informe, dar traslado al Ministerio competente en materia sanitaria, en el plazo establecido para ello.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior es tambin aplicable a las solicitudes de modificacin de la acreditacin inicial y de desacreditacin de centros y unidades docentes.

3. El centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada podr establecer criterios de calidad mnimos relativos a las solicitudes de acreditacin de las unidades asistenciales correspondientes.”

Ocho. Se modifica el artculo 6, que queda redactado como sigue:

“El centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada, mediante resolucin expresa, adscribiŕ cada una de las unidades docentes a la comisin de docencia del centro del que dependan o a una comisin de docencia propia. A estos efectos, la adscripcin se determinará en virtud del nmero de unidades docentes, su dispersin territorial, el nmero de personas especialistas en formación y la singularidad del proceso formativo. En el caso de las unidades docentes multiprofesionales se atendeŕ igualmente al mbito en el que se realice mayoritariamente la formación.”

Nueve. Se modifica el artculo 9, que queda redactado como sigue:

“1. El mbito de actuacin de las comisiones de docencia vendr determinado por el centro directivo competente en formacin sanitaria especializada de la Consejera competente en materia de salud.

2. Con carcter general y de acuerdo con lo previsto en el artculo 9 #(006374) ar.9# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, se constituirn comisiones de docencia de centro que agruparn a las unidades docentes de las especialidades que se formen en su mbito.

3. En funcin del total de personal especialista en formación, de su distribucin geogrfica o de criterios funcionales podrn, igualmente, constituirse comisiones de docencia de unidad docente.”

Diez. Se modifica el artculo 10, que queda redactado como sigue:

1. Las comisiones de docencia dependerán directamente de la dirección gerencia del centro que determine el centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejería competente en materia de salud.

2. A estos efectos, el citado centro directivo favorecerá la constitución de comisiones de docencia próximas al ámbito asistencial donde se desarrolle la actividad del personal especialista en formación.

Once. Se modifica el artculo 11, que queda redactado como sigue:

“1. Las comisiones de docencia se constituirn, modificarn o extinguirn por el centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada de la Consejera competente en materia de salud.

2. Mediante Orden de la persona titular de la Consejera competente en materia de salud se establecer el procedimiento a travs del cual el centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada crear, modificar o extinguir las comisiones de docencia.

3. El centro directivo competente en materia de formación sanitaria especializada de la Consejera competente en materia de salud mantendŕ actualizada la relacin de unidades docentes de la Comunidad Autnoma de Andaluca y las comisiones de docencia y la publicará a travs de PortalEir y del Portal de la Junta de Andaluca.”

Doce. Se modifica el artculo 12, que queda redactado como sigue:

“1. La direccin gerencia de las entidades titulares responsables del centro o unidad docente o dispositivo correspondiente atendeŕ, con cargo a los propios medios materiales y recursos humanos de aquellas, la constitucin y el funcionamiento de las comisiones de docencia. A tal fin, facilitará que las comisiones de docencia, en funcin de sus caractersticas y nmero del personal especialista en formación, cuenten con los medios materiales y recursos humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones.

2. Los criterios generales relativos a las necesidades de medios y recursos de las comisiones de docencia quedarn establecidos en los objetivos docentes del Plan de Gestin Estratgico del centro y en el Plan de Gestin de la Calidad Docente de la formación sanitaria especializada del centro.”

Trece. Se modifica el artculo 13, que queda redactado como sigue:

“1. La comisin de docencia estar integrada por:

a) La Presidencia, que corresponder a la persona titular de la jefatura de estudios de formacin sanitaria especializada del centro sanitario o unidad docente.

b) Un mximo de 20 vocalas, de las cuales:

1.º Una vocala en representacin de la Comunidad Autnoma.

2.º En el caso de contar con unidades docentes para la formacin del personal especialista en formacin en el mbito de la profesin enfermera, una vocala corresponder a la persona que ocupe la presidencia de la Subcomisin de Enfermera.

3.º Una vocala en representacin de la direccin gerencia del centro al que se encuentre adscrita

4.º El resto de las vocalas, sin superar el nmero mximo, ser en representacin de las personas que ejercen la tutora y del personal especialista en formacin, de forma paritaria.

c) La secretara, con voz, pero sin voto.

2. En funcin de la dimensin del centro docente, se podrn distribuir las vocalas por reas de conocimiento, año de formacin y, en su caso, reas funcionales, en particular rea quirrgica, rea mdica, que incluir salud mental, rea de tocoginecologa y pediatra, rea de anestesiologa, cuidados crticos y emergencias y rea de servicios generales.

Catorce. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

“1. Las vocalas representantes de las personas que ejerzan la tutora y del personal especialista en formacin sern designadas por la presidencia de la comisin de docencia y se elegirn de la siguiente manera:

a) Vocalas en representacin de las personas que ejerzan la tutora, sern elegidas por todas las personas tutoras dependientes de la comisin de docencia para un perodo de 4 años, renovable de forma indefinida, por sufragio, libre, igual, directo y secreto de entre aquellas personas tutoras que voluntariamente presenten su candidatura.

b) Vocalas en representacin de las personas especialistas en formacin, sern elegidas por todas las personas especialistas en formacin para un perodo de 2 años, no renovable, por sufragio libre, igual, directo y secreto de entre quienes voluntariamente presenten su candidatura. Se garantizar la incorporacin a estas vocalas de personal especialista en formacin de otros niveles asistenciales.

c) Sern causas de cese de estas vocalas las siguientes:

1.º Renuncia expresa presentada por escrito ante la persona titular de la presidencia.

2.º Transcurso del plazo para el cual fueron nombrados, si no se produce renovacin.

3.º La ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas de la comisin.

4.º Prdida de la condicin de persona tutora o personal especialista en formacin.

2. En caso de vacantes por ausencia de candidaturas, la comisin de docencia articular mecanismos que garanticen la presencia equilibrada de personal especialista en formacin y de personas que ejerzan la tutora.

3. La vocala en representacin de la direccin gerencia del centro sanitario de la que dependa la comisin de docencia seŕ designada por la misma por un periodo de cuatro años, determinada por criterios de idoneidad de representacin, siendo el no cumplimiento de estas funciones causa posible de cese

4. La vocala en representacin de la Comunidad Autnoma de Andaluca ser designada, por un periodo de cuatro años, por el centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada de la Consejera competente en materia de salud, mediante resolucin expresa, recayendo en la persona que se considere ms adecuada para el cargo a desempeñar que, en todo caso, ser un profesional con experiencia en la gestin de formacin sanitaria especializada y gestin de la calidad.

5. La secretara de la comisin de docencia atendeŕ el funcionamiento administrativo de la misma y ser designada por un plazo de cuatro años renovables, por la direccin gerencia del centro u rgano directivo de la entidad titular al que esté adscrito la comisin de docencia, a propuesta de la presidencia de la misma, entre profesionales auxiliares administrativos y administrativos, con experiencia en el mbito de la gestin de los procesos de formación.”

Quince: Se modifica el artculo 16, que queda redactado como sigue:

“Las funciones de las comisiones de docencia sern aquellas contempladas en la normativa bsica estatal, y en particular:

a) Comunicar al centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada los cambios que se produzcan en su composicin.

b) Utilizar el PortalEir y el Portal de la Junta de Andaluca garantizando la actualizacin de los datos correspondientes a la comisin de docencia.

c) Facilitar la integracin de las actividades formativas y de las del personal especialista en formacin, en la actividad ordinaria del centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los rganos de direccin.

d) Facilitar la implantacin del Plan de Gestin de Calidad Docente.

e) Elaborar y aprobar los Protocolos de Supervisin del personal especialista en formacin.

f) Aprobar y difundir el Plan de Gestin de Calidad Docente del centro.

g) Aprobar el reglamento del comit de evaluacin.

h) Informar al centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada, en tiempo y forma, de las solicitudes de acreditacin que presente la entidad titular del centro donde se ubique la unidad docente, conforme a lo establecido en la normativa.

i) Aprobar y mantener actualizadas, a propuesta de las personas que ejercen la tutora de cada especialidad de su mbito, las guas o itinerarios formativos tipo de las especialidades, as como publicarlas y difundirlas, antes de los actos de adjudicacin de la convocatoria anual, en soporte electrnico a travs de PortalEir y del Portal de la Junta de Andaluca.

j) Garantizar que todo el personal especialista en formacin que se forme en su centro o unidad cuente con el correspondiente plan individual de formacin en soporte electrnico a travs de PortalEir y el Portal de la Junta de Andaluca, verificando en colaboracin con las personas que ejerzan la tutora de la especialidad correspondiente, su adecuacin a la gua o itinerario formativo tipo.

k) Elaborar, aprobar y publicar una memoria anual docente del centro, que incluya los resultados de los objetivos docentes contemplados en el contrato programa.

l) Facilitar la formacin continuada de las personas que ejercen la tutora.

m) Tener un registro actualizado de la formacin en competencias docentes que realizan las personas que ejercen la tutora en las diferentes unidades docentes que dependen la comisin de docencia.”

Diecisis. Se modifica el artculo 18, que queda redactado como sigue:

“1. La jefatura de estudios es el rgano unipersonal al que corresponde la gestin, coordinacin y organizacin de la formacin sanitaria especializada del centro sanitario.

2. El procedimiento para la seleccin de la jefatura de estudios se iniciar mediante la correspondiente convocatoria pblica efectuada por la direccin gerencia del centro al que se encuentre adscrita la comisin de docencia, que se difundir en todos los centros sanitarios del mbito asistencial que abarque la comisin de docencia.

3. En la convocatoria se harn constar los mritos a valorar que, en todo caso, contemplarn la trayectoria profesional asistencial, docente, de investigacin y de gestin, la formacin en metodologa docente, la acreditacin vigente del nivel de la competencia profesional y la presentacin de un proyecto de gestin docente de formacin sanitaria especializada para el centro.”

Diecisiete. Se modifica el artculo 19, que queda redactado como sigue:

“1. La designacin de la persona que ejerza la jefatura de estudios se llevar a cabo mediante resolucin de la persona titular de la direccin gerencia del centro al que se encuentre adscrita la comisin de docencia y en ningn caso implicar el traslado de la plaza bsica de la que, en su caso, sea titular.

2. La jefatura de estudios de formacin especializada tendr autonoma de gestin, en el mbito de la formacin sanitaria especializada, respecto de las jefaturas de las unidades.

3. El desempeño de la jefatura de estudios de formacin especializada ser incompatible con el de cargos intermedios. De igual modo, tambin ser incompatible con la tutora de especialistas en formacin.

4. Corresponden a la persona que ejerza la jefatura de estudios de formacin especializada las siguientes funciones, sin perjuicio de las previstas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero #(006374)#, y en la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisin de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la composicin y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formacin especializada y al nombramiento del tutor:

a) Asumir la presidencia de la comisin de docencia y formar parte de los rganos de direccin de los correspondientes centros y servicios sanitarios, con el fin de asegurar y garantizar la incardinacin de la docencia en la actividad asistencial ordinaria, continuada y de urgencias de dichos centros.

b) Trasladar a la comisin de docencia para su validacin la capacidad docente del centro, una vez analizadas las propuestas de capacidad docente de las direcciones de las unidades asistenciales.

c) Garantizar y supervisar la aplicacin y el desarrollo del Programa de Formacin en Competencias Transversales del personal especialista en formacin de su centro o unidad.

d) Garantizar la utilizacin del PortalEir y del Portal de la Junta de Andaluca.

e) Proponer a las personas responsables de las unidades donde estn adscritas las personas tutoras, la asignacin de tiempo de dedicacin directa y expresa a la docencia por parte de las personas tutoras, conforme al artculo 22.5.

f) Aquellas otras que le asigne el centro directivo competente en materia de formacin especializada y las dems normas que regulen la formacin sanitaria especializada.”

Dieciocho: Se modifica el artculo 20, que queda redactado como sigue:

“1. Conforme a lo previsto en el artculo 10 #(003442) ar.10# de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, las funciones de la jefatura de estudio tienen la consideracin de funciones de gestin clnica y, por tanto, han de ser evaluadas y reconocidas. El desempeño de la jefatura de estudios tendr carcter temporal y estar sujeta a evaluaciones cuatrienales a efectos de su continuidad.

2. La direccin gerencia responsable de la designacin de la persona que ejerza la jefatura de estudios realizar anualmente la evaluacin del desempeño, nivel de cumplimiento de objetivos y balance de la gestin. Se valorar, entre otros, el cumplimiento de los objetivos del contrato-programa, las auditoras docentes recibidas y, en su caso, los resultados en la encuesta anual de satisfaccin del personal especialista en formacin de la Comunidad Autnoma.

3. La jefatura de estudios de formacin sanitaria especializada ser un elemento de apoyo a la direccin gerencia del Centro y participar en la gobernanza de las unidades.

4. La labor desarrollada por la jefatura de estudios ser reconocida en el modelo de acreditacin del nivel de la competencia profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisin de puestos de trabajo, y a los efectos de evaluacin del Complemento al Rendimiento Profesional (CRP).

5. Sin perjuicio de su actividad asistencial, docente e investigadora, el tiempo de trabajo asignado a la jefatura de estudios, habr de ser suficiente para realizar sus funciones y tendr carcter variable en funcin de su mbito de actuacin, complejidad, nmero de unidades docentes acreditadas y la existencia o no de otras figuras docentes. A esos efectos, la direccin gerencia del centro o entidad de la que dependa garantizar que la persona titular de la jefatura de estudios que tenga a su cargo cincuenta o ms personas especialistas en formacin, pueda disponer de un tiempo no inferior al 50% de su jornada laboral ordinaria, en cmputo mensual, para el ejercicio de las funciones propias de la jefatura de estudios. En caso de tener a su cargo menos de cincuenta personas, el porcentaje de tiempo se concretar de forma proporcional.”

Diecinueve. Se modifica el artculo 21, que queda redactado como sigue:

“Artculo 21. Finalizacin del desempeño de la jefatura de estudios. La persona titular de la jefatura de estudios podr ser removida mediante resolucin expresa de la persona titular de la direccin gerencia del centro sanitario al que se encuentre adscrita la comisin de docencia por las siguientes causas:

a) A peticin propia.

b) Rendimiento insuficiente.

c) Cuando la evaluacin sea negativa, de acuerdo con lo establecido en el artculo 20.2.

d) Prdida de su vinculacin profesional con la entidad titular a la que se adscriba la comisin de docencia, que implique no estar en situacin de servicio activo o equivalente.

e) Fallecimiento.”

Veinte. Se modifica el artculo 22, que queda redactado como sigue:

1. La persona que ejerce la tutoría es aquel profesional con título de especialista en Ciencias de la Salud y en servicio activo que, estando nombrado por el órgano directivo correspondiente, tiene la misión de planificar y participar activamente en el aprendizaje de las competencias del personal especialista en formación a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la especialidad de que se trate.

2. La persona que ejerce la tutoría será responsable del proceso de enseñanza- aprendizaje del personal especialista en formación, por lo que mantendrá con éste un contacto continuo y estructurado, cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el proceso formativo en cada momento.

3. La persona que ejerce la tutoría, con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevistas periódicas con colaboradores docentes y demás profesionales que intervengan en la formación del personal especialista en formación, con quienes analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes de evaluación formativa, que incluirán las de las rotaciones realizadas.

4. Conforme a lo previsto en el artículo 11.3 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero #(006374)#, la persona que ejerce la tutoría, que será la misma durante todo el período formativo, salvo causa justificada, tendrá asignadas hasta un máximo de cinco personas especialistas en formación.

5. Se incentivará la tutorización mediante la dotación de tiempo dentro de la jornada laboral para la realización y gestión de las tareas docentes. A este fin los responsables de las unidades, a propuesta de la jefatura de estudios, con carácter anual y en el marco de la contribución de las personas que ejercen la tutoría al cumplimiento de los objetivos docentes de las unidades, asignarán el tiempo de dedicación directa y expresa a la docencia de este grupo de profesionales, que en ningún caso podrá ser inferior a 60 horas al año.

Veintiuno. Se modifica el artculo 23, que queda redactado como sigue:

1. El nombramiento del tutor se efectuar por el rgano directivo de la entidad titular de la unidad docente, a propuesta de la comisin de docencia y previo informe del jefe de la unidad de la especialidad correspondiente o, en su caso de enfermera, entre profesionales previamente acreditados, que presten servicios en los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten el ttulo de especialista que proceda, de acuerdo con lo establecido en la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero.

2. La comisión de docencia propondrá mediante convocatoria pública las plazas vacantes o necesarias para no superar una ratio de 5 personas especialistas en formación por persona que ejerza la tutoría.

3. En la convocatoria pública se determinará el perfil correspondiente. Serán requisitos imprescindibles poseer el título de especialista en Ciencias de la Salud de la misma especialidad que esté cursando el personal especialista en formación que deberá tutorizar, una experiencia mínima de un año en el centro, servicio o unidad desempeñando una actividad especfica de su especialidad y prestar servicios en cualquiera de los dispositivos que integran la unidad docente.

4. A los efectos de la selección de las personas que ejerzan la tutoría se valorará la actividad profesional asistencial, investigadora y docente, la acreditación vigente del nivel de la competencia profesional, así como la formación previa en competencias docentes y la experiencia como personal colaborador docente.

5. Una vez concluido el procedimiento expuesto, la comisión de docencia realizará la valoración oportuna y, oída la dirección de la unidad correspondiente, propondrá a la dirección gerencia del centro titular de la unidad docente, el nombramiento de las personas tutoras de su ámbito.

6. La comisión de docencia, previo informe de la unidad correspondiente y oída la persona tutora, podrá proponer a la dirección de la entidad titular de la unidad docente el cese como persona tutora de la persona designada, cuando ésta haya dejado de cumplir sus obligaciones o de reunir las condiciones necesarias para su función docente.

7. De igual modo, el desempeño de la tutoría finalizará en los siguientes supuestos:

a) Petición propia.

b) Pérdida de su vinculación profesional con la entidad titular a la que se adscriba la comisión de docencia, que implique no estar en situación de servicio activo o equivalente

c) Fallecimiento.

Veintids. Se modifica el artculo 25, que queda redactado como sigue:

“Artculo 25. Evaluacin y reconocimiento de la persona que ejerza la tutorizacin.

1. La comisin de docencia evaluar peridicamente el desempeño de la labor desarrollada por las personas que ejerzan la tutorizacin en sus unidades docentes.

2. Las personas que ejercern la tutora sern un elemento de apoyo a la direccin de la unidad e intervendrn en el sistema de gobierno y participacin profesional de la misma.

3. La labor de tutorizacin desarrollada tendr un reconocimiento en el modelo de acreditacin profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisin de puestos de trabajo y a los efectos de evaluacin del complemento al rendimiento profesional (CRP) o equivalentes del mbito profesional de la persona tutora.

4. Las personas que ejercen la tutora tendrn acceso a una formacin continuada que asegure la adquisicin, mantenimiento y mejora de competencias docentes con metodologa innovadora.”

Veintitrs: Se modifica el artculo 26, que queda redactado como sigue:

“Artculo 26. Otras figuras docentes.

1. De conformidad con el artculo 13 #(006374) ar.13# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, cada unidad docente contar con personas colaboradoras docentes, y las comisiones de docencia podrn incorporar personal para la asesora en investigacin.

2. Cada unidad docente contar con profesionales que colaboren de forma activa en las tareas de formacin y evaluacin de personal especialista en formacin en cumplimiento de su Plan Individual de Formacin, o cuando roten en los distintos dispositivos que conforman la unidad docente. El personal que ejerza como colaborador docente ser designado por la comisin de docencia correspondiente, a propuesta de la persona tutora del personal especialista en formacin. La persona colaboradora docente tendr la funcin de asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos del plan docente individual del personal especialista en formacin y de realizar la evaluacin formativa de estas rotaciones a demanda de la persona que ejerza la tutora. Su tarea ser reconocida en los procesos de seleccin de las personas que ejercern la tutora, en el modelo de acreditacin profesional, en los baremos de la carrera profesional, en los procesos selectivos y de provisin de puestos de trabajo y a los efectos de evaluacin del complemento al rendimiento profesional (CRP) o equivalentes del mbito profesional de la persona colaboradora docente. De igual manera su tarea ser evaluada por parte de la persona especialista en formacin, a travs de encuestas de satisfaccin.

3. Las comisiones de docencia podrn incorporar la figura de personal para la asesora en investigacin para fomentar la participacin del personal especialista en formacin en estudios y proyectos de investigacin que se lleven a cabo, o en los que participe, la unidad docente. Corresponder a este personal apoyar las lneas de investigacin de la unidad docente y que confeccione un itinerario de investigacin como parte de la Gua o Itinerario Formativo Tipo para el personal especialista en formacin de la especialidad. Este itinerario debe establecer las directrices generales por las que conducir la actividad investigadora del personal especialista en formacin que se vaya incorporando a la misma.

4. Mediante Orden de la Consejera competente en materia de salud, se podrn crear figuras docentes.”

Veinticuatro: Se modifica el artculo 27, que queda redactado como sigue:

“Artculo 27. Protocolos de supervisin.

1. Los protocolos de supervisin son aquellos documentos que recogen las polticas y procedimientos aprobados por las comisiones de docencia para graduar la supervisin de las actividades que lleve a cabo el personal especialista en formacin en los diferentes mbitos profesionales.

2. Los centros, unidades y dispositivos docentes contarn con los correspondientes protocolos de supervisin del personal especialista en formacin.

3. La supervisin y responsabilidad progresiva del personal especialista en formacin estar establecida en un protocolo de supervisin, que existir en todas las reas por las que rote el personal especialista en formacin y especialmente en el rea de urgencias, en dispositivos asistenciales que realicen actividades quirrgicas y gabinetes con tcnicas intervencionistas y, en general, en toda aquella rea de alta sensibilidad e impacto en los pacientes.

4. Corresponder a la comisin de docencia velar por el cumplimiento de los protocolos de supervisin y la actualizacin peridica de los mismos cuando se estime necesario en funcin de modificaciones estructurales o funcionales de los centros o los dispositivos y, en todo caso, cada cuatro años.

5. La comisin de docencia y la direccin gerencia de los centros dispondrn lo necesario para la adecuada difusin de los protocolos de supervisin entre el personal especialista en formacin, las personas que ejerzan la tutora, las personas colaboradoras docentes y el conjunto de profesionales que desarrollen su actividad en los dispositivos de las diferentes unidades docentes.

6. El protocolo debe garantizar la supervisin de la persona especialista en formacin de primer año, de presencia fsica y por profesional del centro o unidad por los que est rotando. Debe incluir el visado de documentos por parte de una persona profesional de plantilla de la unidad asistencial correspondiente, incluyendo las altas hospitalarias.”

Veinticinco. Se modifica el artculo 29, que queda redactado como sigue:

“Artculo 29. Planificacin de la Calidad Docente.

1. El centro directivo competente en materia de formacin de personal especialistas en formacin en Ciencias de la Salud planificar las actuaciones que aseguren la calidad docente de acuerdo con el Modelo de Formacin de Personal Especialistas en formacin en Ciencias de la Salud.

2. La Direccin Gerencia de los centros y las comisiones de docencia llevarn a cabo las actuaciones necesarias para ajustar los procesos de formacin del personal especialista en formacin a lo previsto en el Plan de Gestin de Calidad Docente.”

Veintisis. Se modifica el artculo 30, que queda redactado como sigue:

“Artculo 30. Instrumentos para la accin tutorial.

1. Cada unidad docente dispondr de la correspondiente Gua o Itinerario Formativo Tipo de la especialidad, que deber ser aprobada por la Comisin de Docencia, de acuerdo con lo establecido en el artculo 18.4 #(006374) ar.18# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

2. Las Guas o Itinerarios Formativos Tipo se publicarn a travs de PortalEir y del Portal de la Junta de Andaluca.

3. Las unidades docentes contarn igualmente con los correspondientes Planes Individuales de Formacin de cada una de las personas especialistas en formacin de la misma, que sern actualizados, como mnimo, anualmente donde se especifican las diferentes rotaciones planificadas y los objetivos formativos, docentes e investigadores.

4. Los Planes Individuales de Formacin estarn, en todo caso, soportados en formato electrnico y se ubicarn en PortalEir del Portal de la Junta de Andaluca. Estos planes individuales de formacin se entregarn al especialista en formacin en los primeros treinta das del inicio del año formativo, con independencia de que se modifique a lo largo del mismo.

5. A fin de minimizar la variabilidad de los procesos de formacin en la Comunidad Autnoma, el centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada podr establecer recomendaciones o establecer modelos para la elaboracin de las Guas o Itinerarios Formativos Tipo y los Planes Individuales de Formacin.”

Veintisiete. Se modifica el artculo 31, que queda redactado como sigue:

“Artculo 31. Adquisicin de competencias transversales.

1. La adquisicin por parte del personal especialista en formacin de competencias transversales tiene carcter obligatorio y podr adquirirse a lo largo de la residencia con el resto de las competencias y a travs de la formacin especfica que la comisin de docencia determine.

2. En el caso de existir un programa formativo especfico para la adquisicin de dichas competencias establecido por la Comisin de docencia o por el rgano competente en materia de formacin sanitaria especializada de la Comunidad Autnoma, la realizacin y superacin del mismo por parte del residente, supondr dentro de la evaluacin su valoracin como competencias adquiridas.”

Veintiocho. Se modifica el artculo 35 #(039928) ar.35# del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“Artculo 35. Solicitudes de rotaciones externas.

1. Las solicitudes de rotaciones externas se realizarn, en formato electrnico, a travs de PortalEir y del Portal de la Junta de Andaluca. Una vez cumplimentada telemticamente y en todos sus extremos, la peticin deber ser suscrita y fechada, en los apartados al efecto, por parte de la direccin gerencia del centro, hospital, rea o distrito de la que dependa el contrato del especialista en formacin.

2. En todo caso, las solicitudes de rotacin externa debern ir acompañadas de la autorizacin previa y motivada de la persona que ejerza la tutora del personal especialista en formacin y del informe favorable de la comisin de docencia, de conformidad con lo previsto en el artculo 21 #(006374) ar.21# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

3. Las rotaciones externas se autorizarn mediante la correspondiente resolucin expresa de la persona titular del centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada.”

Veintinueve. Se modifica el artculo 38 #(039928) ar.38# del Decreto 62/2018, de 6 de marzo, por el que se ordena el sistema de formacin sanitaria especializada en ciencias de la salud en el Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, que queda redactado como sigue:

“Artculo 38. Estancias para la cooperacin internacional.

1. El personal en formacin como especialista en Ciencias de la Salud podr incorporarse a los diferentes programas de cooperacin promovidos o subvencionados por las Instituciones Pblicas de la Junta de Andaluca y a aquellos otros que por su especial trascendencia se consideren oportunos por la Direccin Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

2. La duracin de las estancias para la cooperacin internacional no podr superar el periodo de treinta das en cada año de formacin sanitaria especializada.

3. La autorizacin de las estancias que se tramitar conforme al procedimiento que al respecto contemple la entidad titular de la unidad docente exigir, en todo caso:

a) La autorizacin previa y motivada de la persona que ejerza la tutora del personal especialista en formacin.

b) El informe favorable de la comisin de docencia

4. Las estancias para la cooperacin internacional podrn tener carcter de rotacin externa de forma excepcional, previa evaluacin de objetivos, cuando la comisin de docencia que la tramite indique la persona profesional sanitaria que supervisar al personal especialista en formacin y que ejercer de colaboradora docente hacindose cargo del cumplimiento y evaluacin de los objetivos de la misma. En el caso de no tener carcter de rotacin externa, la evaluacin anual del especialista en formacin computar sobre 10 meses en lugar de 11 meses.

Treinta. Se modifica el artculo 39, que queda redactado como sigue:

“Artculo 39. Encuesta anual de satisfaccin.

1. Conforme a lo dispuesto en el artculo 29 #(006374) ar.29# del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, con la finalidad de efectuar el seguimiento de la calidad de la formacin especializada, se realizar una encuesta anual y annima a todo el personal especialista en formacin que se forme en sus respectivos mbitos, para comprobar su grado de satisfaccin en cuanto a la formacin recibida.

2. Los resultados analizados, con el objetivo de establecer un ciclo de mejora continua, tendrn carcter pblico y sern difundidos entre las comisiones de docencia, mantenindose, en todo caso, el anonimato de las personas participantes.

3. La evaluacin desfavorable de la actividad docente de un centro o unidad implicar que, por parte del centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada, se realice el correspondiente anlisis para delimitar las causas de los resultados de la evaluacin y, en su caso, decidir las acciones correctoras que se consideren.

4. Los resultados de las encuestas anuales de satisfaccin sern tenidos en consideracin a los efectos de valorar la participacin de la persona tutora en la consecucin de los objetivos cuantitativos y cualitativos asignados al centro o unidad en la que preste servicios.”

Treinta y uno. Se modifica el artculo 40, que queda redactado como sigue:

“Artculo 40. Objetivos docentes en el contrato programa.

El centro directivo competente en materia de formacin sanitaria especializada establecer, con carcter anual, objetivos relacionados con la formacin del personal especialista en formacin como parte de los objetivos del contrato-programa que se establezca entre la Consejera con competencias en salud y las diferentes entidades titulares de los centros acreditados para la formacin del personal especialista en formacin.

Treinta y dos. Se modifica la disposicin adicional primera, que queda redactado como sigue:

“Disposicin adicional primera. Otras actividades de formacin durante el periodo de residencia.

1. Durante el periodo de formacin especializada en Ciencias de la Salud, se fomentar y facilitar que el personal especialista en formacin participe en todas las actividades formativas de los centros, siempre que se realice fuera de la jornada laboral que corresponde a la relacin laboral especial del personal especialista en formacin.

2. La formacin complementaria que se realice directamente, relacionada con el programa de formacin de la especialidad y se desarrolle en los centros, podr ser reconocida tras finalizar el periodo de residencia.”

Treinta y tres. Se modifica la Disposicin adicional segunda, que queda redactado como sigue:

“Disposicin adicional segunda. Personal especialista en formacin con discapacidad.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 589/2022, de 19 de julio #(054977)#, por el que se regulan la formacin transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la propuesta de un nuevo ttulo de especialista en Ciencias de la Salud o diploma de rea de capacitacin especfica, y la revisin de los establecidos, y el acceso y la formacin de las reas de capacitacin especfica; y se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formacin en especialidades en Ciencias de la Salud.

Treinta y cuatro. Se modifica la Disposicin adicional cuarta, que queda redactado como sigue:

“Disposición adicional cuarta. Protección integral contra la violencia de género”.

Las unidades docentes y las direcciones gerencias de los centros facilitaran las adaptaciones de los planes individuales de formacin al personal especialista en formacin, vctimas de violencia de gnero.

Artculo 96. Modificacin del Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca.

El Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el artculo 7.2 c), que queda redactado como sigue:

c) Establecer mecanismos de control en colaboracin con el rgano competente en materia de inspeccin de servicios sanitarios para supervisar que todos los proyectos de investigacin que se vayan a realizar, en el mbito de este Decreto, hayan sido evaluados favorablemente por un CEI, estn autorizados por la autoridad competente cuando la normativa legal lo requiera, de conformidad con lo previsto en el artculo 16 #(005862) ar.16# de la Ley 14/2007 de investigacin biomdica, de 3 de julio, y se desarrollen conforme a los protocolos de investigacin aprobados.

Dos. Se modifica el artculo 7.3, que queda redactado como sigue:

“3. Sern funciones del Comit Coordinador de tica de la Investigacin Biomdica las atribuidas en el artculo 12.2 #(005862) ar.12# de la Ley 14/2007, de 3 de julio, en relacin con proyectos, ensayos u otras actuaciones que se desarrollen en varios centros, y las que se relacionan a continuacin:

a) Establecer los mecanismos adecuados de coordinacin de la ponderacin metodolgica, tica y legal de proyectos de investigacin biomdica, para garantizar la unidad de criterio y la existencia de un dictamen nico en Andaluca.

b) Evaluar o remitir para su evaluacin a los Comits de tica de la Investigacin de Centros, los proyectos de investigacin asignados, de acuerdo con los criterios de coordinacin que a tal efecto se establezcan, en funcin de su especializacin. Para que las decisiones de evaluacin de un protocolo sean vlidas se requerir la participacin de una persona de las vocalas ajena a las profesiones sanitarias.

c) Promover y asignar la especializacin de los Comits de tica de la Investigacin de Centros en las distintas reas temticas de investigacin biomdica, con criterios de complementariedad entre los mismos.

d) Autorizar, dentro del mbito de sus competencias, los proyectos de investigacin con clulas humanas pluripotentes obtenidas mediante reprogramacin celular que no requieran del informe previo favorable de la Comisin de Garantas para la Donacin y Utilizacin de Clulas y Tejidos Humanos.

e) Supervisar y coordinar el seguimiento que realicen los Comits de tica de la Investigacin sobre los proyectos de investigacin desarrollados en el rea geogrfica de actuacin de estos.

f) Proponer cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la efectividad de los derechos de las personas incluidas en alguna actividad investigadora realizada en los centros.

g) Coordinar y elaborar procedimientos normalizados de trabajo a seguir por los Comits de tica de la Investigacin.

h) Coordinar la elaboracin de la memoria anual de actividades de los Comits de tica de la Investigacin en Andaluca.

i) Realizar funciones de control de los Comits de tica de la Investigacin y de los CEIm, sin perjuicio de las competencias atribuidas al rgano competente en materia de inspeccin de servicios sanitarios de la Consejera competente en materia de salud.

j) Resolver las discordancias que pudieran surgir en los Comits de tica de la Investigacin.

k) Resolver las cuestiones que, motivadamente, le sean planteadas por los Comits de tica de la investigacin.

l) Establecer criterios y procedimientos comunes de evaluacin tica de las solicitudes de cesin de muestras y datos asociados a las mismas.

m) Ejercer las funciones correspondientes al comit externo de tica del Biobanco del SSPA, de conformidad con lo previsto en el artculo 15.3 #(025189) ar.15# del Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos bsicos de autorizacin y funcionamiento de los biobancos con fines de investigacin biomdica y del tratamiento de las muestras biolgicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organizacin del Registro Nacional de Biobancos para investigacin biomdica, y en el artculo 13.2 del Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula la autorizacin para la constitucin y funcionamiento de Biobancos con fines de investigacin biomdica, se crean el Registro de Biobancos de Andaluca y el Biobanco del Sistema Sanitario Pblico de Andaluca, salvo en relacin a proyectos de investigacin que impliquen cesin de muestras biolgicas que deban ser informadas por el Comit Andaluz de tica de Investigacin con muestras biolgicas de naturaleza embrionaria y otras clulas semejantes, de conformidad con el Decreto 368/2015, de 4 de agosto #(036340)#.

n) Remitir al Comit de Biotica de Andaluca las solicitudes de dictamen realizadas por los Comits de tica de la Investigacin y los CEIm.

ñ) Asignar, por necesidades organizativas, la evaluacin de un proyecto de investigacin a un Comit de tica de Investigacin al que no est adscrito el centro en el que se desarrolle o al propio Comit Coordinador.

o) Velar por el cumplimiento de las normas de buena prctica clnica en el desarrollo de la actividad investigadora.

p) Emitir Informes sobre los proyectos de investigacin realizados en los centros de investigacin biomdica y en ciencias de la salud de carcter no asistencial, vinculados a la Consejera competente en materia de salud.

q) Elaborar una memoria anual de actividades. Esta memoria se incluir, a efectos de publicidad, en la web de la Consejera competente en materia de salud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 2.

r) Emitir informe previo en relacin al uso de datos personales seudonimizados con fines de investigacin en salud pblica y, en particular, biomdica, as como en relacin a la reutilizacin de datos personales con fines de investigacin en materia de salud y biomdica cuando, habindose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para finalidades o reas de investigacin relacionadas con el rea en la que se integrase cientficamente el estudio inicial, de conformidad con la disposicin adicional decimosptima de la Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre #(050868)#.

s) Cualesquiera otras que le atribuya la legislacin vigente.

Tres. Se modifica el artculo 8.2, que queda redactado como sigue: “h) Dos personas a propuesta del Comit de Biotica de Andaluca.”

Cuatro. Se modifican los apartados 4 y 5, que queda redactado como sigue:

“4. En el caso de que la cobertura del Comit integre a ms de un centro del SSPA, podr contar con una persona adscrita a cada uno de ellos.

Las Universidades Pblicas podrn constituir su propio Comit y, en caso de no existir este, debern estar adscritas a un Comit y ser miembro del mismo la persona titular del Vicerrectorado con competencias en materia de investigacin o la persona en quien delegue.

5. El CEI contar entre sus componentes con una persona miembro perteneciente al Comit de tica Asistencial del centro o institucin sanitaria adscrito a ese CEI, con formacin experta acreditada en Biotica”.

Cinco. Se modifica el artculo 21.5, que queda redactado como sigue:

“5. Los dictmenes de evaluacin emitidos por los Comits de tica de la Investigacin acreditados sern preceptivos y vinculantes para que un proyecto de investigacin sea aprobado por la autoridad competente. El Comit dispondr de un plazo mximo de tres meses desde que la fecha de solicitud haya tenido entrada en el registro electrnico para dictar y notificar los dictmenes de evaluacin. Transcurrido dicho plazo sin haber notificado dictamen expreso se entender estimado el proyecto de investigacin por silencio administrativo. Los citados dictmenes y recomendaciones podrn ser difundidos pblicamente, con absoluto respeto a la confidencialidad de los datos de pacientes, profesionales de la salud y dems personas implicadas en la investigacin; as como del contenido de las deliberaciones realizadas por el propio Comit y, en particular, sobre el contenido de los protocolos sometidos a su deliberacin”.

Seis. Se modifica el artculo 23, que queda redactado como sigue:

Se introduce un nuevo apartado 5 al artculo 23 por el que se anexan los modelos de formularios normalizados para la presentacin de la solicitud de acreditacin de los rganos de tica.

“5. El modelo de solicitud estar disponible a travs de la sede electrnica general de la Administracin de la Junta de Andaluca. La presentacin de la declaracin se realizar por medios electrnicos en el Registro Electrnico nico de la Junta de Andaluca, estando obligado el profesional a relacionarse a travs de medios electrnicos con la Administracin, de conformidad con el artculo 14.2.c) #(013300) ar.14# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, al ejercer una actividad para la que se requiere colegiacin obligatoria. A dichos efectos, conforme a lo establecido en el artculo 10.5 #(013300) ar.10# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sern vlidos los certificados de persona fsica de la FNMT, as como el DNI electrnico para acreditar la identidad del profesional sanitario que formula la declaracin”.

Siete. Se modifica el artculo 25, que queda redactado como sigue: “9. En el caso de renovacin de la designacin, por el transcurso de cuatro años, de los miembros interesados en formar parte del Comit, bastar la presentacin oficial de una declaracin responsable en la que se haga constar su inters en seguir formando parte del mismo y dejando constancia del mantenimiento, a esa fecha, de los requisitos que motivaron su designacin.”

Ocho. Se añade una Disposicin adicional cuarta, que queda redactada como sigue:

“Disposicin adicional cuarta: Aprobacin de los modelos normalizados de solicitud de acreditacin del Comit Coordinador de la Investigacin Biomdica de Andaluca y sus anexos y de solicitud de acreditacin de los Comits de tica de la Investigacin de Centros de Investigacin Biomdica y sus anexos.

Se aprueban los modelos normalizados de solicitud de acreditacin del Comit Coordinador de la Investigacin Biomdica de Andaluca y sus anexos (Cdigo de procedimiento 23081) y de solicitud de acreditacin de los Comits de tica de la Investigacin de Centros de Investigacin Biomdica (Cdigos de procedimiento 20631; 20632) que se insertan como Anexo I al presente Decreto-ley.

1. SOLICITUD ACREDITACIN COMIT COORDINADOR DE TICA DE LA INVESTIGACIN BIOMDICA DE ANDALUCA

(Cdigo de procedimiento: 23081)

1.1. ACREDITACIN COMIT COORDINADOR DE TICA DE LA INVESTIGACIN BIOMDICA DE ANDALUCA

COMPOSICIN DEL COMIT (Cdigo de procedimiento: 23081)

1.2. ACREDITACIN COMIT COORDINADOR DE TICA DE LA INVESTIGACIN BIOMDICA DE ANDALUCA

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIN DE ACTIVIDADES E INTERESES

(Cdigo de procedimiento: 23081)

1.3. ACREDITACIN COMIT COORDINADOR DE TICA DE LA INVESTIGACIN BIOMDICA DE ANDALUCA

GARANTA DE TIEMPO DISPONIBLE (Cdigo de procedimiento: 23081)

1.4. ACREDITACIN COMIT COORDINADOR DE TICA DE LA INVESTIGACIN BIOMDICA DE ANDALUCA

INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARA TCNICA

(Cdigo de procedimiento: 23081)

2. SOLICITUD ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

(Cdigo de procedimientos: 20631; 20632)

2.1. ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

COMPOSICIN DEL COMIT (Cdigo de procedimientos: 20631; 20632)

2.2. ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACIN DE ACTIVIDADES E INTERESES

(Cdigo de procedimientos: 20631; 20632)

2.3. ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

GARANTA DE TIEMPO DISPONIBLE (Cdigo de procedimientos: 20631; 20632)

2.4. ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

SEDE DEL COMIT Y MBITO GEOGRFICO DE ACTUACIN (Cdigo de procedimientos: 20631; 20632)

2.5. ACREDITACIN COMITS DE TICA DE LA INVESTIGACIN DE CENTROS DE INVESTIGACIN BIOMDICA

INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DISPONIBLES Y RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARA TCNICA

(Cdigo de procedimientos: 20631; 20632).”

Nueve: Se modifica la Disposicin final primera del Decreto 8/2020, de 30 de enero #(052390)#, por el que se regulan los rganos de tica asistencial y de la investigacin biomdica en Andaluca, que queda redactada como sigue:

Disposicin final primera. Desarrollo y ejecucin. Se faculta a la persona titular de la Consejera competente en materia de salud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicacin y desarrollo de este Decreto, as como a la actualizacin de los modelos de solicitud previstos en los anexos.

Artculo 97. Modificacin del Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologacin de Centros Hospitalarios y de suscripcin de convenios y conciertos entre la Consejera o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto pblicas como privadas, para la prestacin de asistencia sanitaria en los mencionados Centros.

Se modifica el artculo 2.1 del Decreto 165/1995, de 4 de julio, por el que se regulan los procedimientos de homologacin de Centros Hospitalarios y de suscripcin de convenios y conciertos entre la Consejera o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto pblicas como privadas, para la prestacin de asistencia sanitaria en los mencionados Centros, que queda redactado como sigue:

1. Los centros sanitarios que pudieran suscribir convenios y conciertos debern estar, al inicio de la prestacin efectiva del servicio, autorizados y homologados en las unidades sanitarias precisas para la realizacin del proceso asistencial a convenir o concertar as como inscritos en el Registro de Centros, y Establecimientos Sanitarios de la Consejera competente en materia de salud, de acuerdo con la normativa vigente.

El procedimiento ser nico, de tal forma que la autorizacin sanitaria conllevar tambin la homologacin y acreditacin.”

TTULO VII

Medidas en materia de agricultura

Artculo 98. Modificacin del Decreto 96/2016, de 3 de mayo #(037373)#, por el que se regula la prevencin y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspeccin de equipos para la aplicacin y se crea el censo de equipos de aplicacin de productos fitosanitarios.

El Decreto 96/2016, de 3 de mayo #(037373)#, por el que se regula la prevencin y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspeccin de equipos para la aplicacin y se crea el censo de equipos de aplicacin de productos fitosanitarios, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el prrafo sexto del Prembulo, queda redactado como sigue:

“Por otra parte, el Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto #(054134)#, por el que se dictan disposiciones para la aplicacin en España de la normativa de la Unin Europea relativa a las medidas de proteccin contra las plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia y el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, por el que se establecen y regulan el Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproduccin, y se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura, desarrolla determinados aspectos del referido Titulo II de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre #(002586)#, de sanidad vegetal y establece las disposiciones para aplicar, entre otros, en el territorio nacional el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de proteccin contra las plagas de los vegetales, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nm. 228/2013, (UE) nm. 652/2014 y (UE) nm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE y 2007/33/CE del Consejo; as como sus actos delegados o de ejecucin.”

Dos. Se suprime el prrafo noveno del Prembulo.

Tres. Se modifica el prrafo b) del apartado 2 del artculo 2, queda redactado como sigue:

“b) Artculo 2 #(054134) ar.2# del Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto.”

Cuatro. Se modifica el ttulo del Captulo II del Ttulo II, que queda redactado como sigue:

“Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG)”.

Cinco. Se modifica el artculo 8, queda redactado como sigue:

“1. El Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG) en Andaluca, establecido en el artculo 3 #(054368) ar.3# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, estar adscrito a la Consejera competente en materia de agricultura, y depender de la Direccin General competente en materia de agricultura.

2. El ROPVEG tiene carcter pblico, y funcionar de acuerdo con los principios de coordinacin y comunicacin con la Administracin General del Estado, conforme a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre #(007722)#, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el artculo 13 #(013300) ar.13# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y lo dispuesto en la normativa en materia de proteccin de datos personales.”

Seis. Se modifica el artculo 9, queda redactado como sigue:

“1. El ROPVEG, cuyo nmero de registro se determina segn lo indicado en el artculo 8 #(054368) ar.8# Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, contendr los datos establecidos en el artculo 9 de dicho Real Decreto y la georreferenciacin de las instalaciones permanentes y campos de cultivo.

2. Las actualizaciones de los datos contenidos en el ROPVEG se harn conforme a lo indicado en el artculo 7 #(054368) ar.7# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.”

Siete. Se modifica el artculo 10, que queda redactado como sigue:

“1. Los operadores profesionales que deben inscribirse en ROPVEG son lo que se indican en el artculo 4.1 #(054368) ar.4# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. Los operadores profesionales indicados en el artculo 4.2 #(054368) ar.4# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, estn exentos de la obligacin de inscripcin en ROPVEG.

3. La clasificacin de los operadores profesionales en el ROPVEG segn su actividad seguir lo indicado en el artculo 5 #(054368) ar.5# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.”

Ocho. Se modifica el artculo 11, que queda redactado como sigue:

“1. Los operadores profesionales señalados en el apartado 1 del artculo anterior, debern presentar la oportuna solicitud exclusivamente de manera electrnica en el Registro Electrnico de la Administracin de la Junta de Andaluca, de acuerdo con lo establecido en el artculo 14.2 #(013300) ar.14# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblica.

2. Para la presentacin electrnica las personas interesadas debern disponer de un sistema de firma que permita garantizar y acreditar la autenticidad de la expresin de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 11 #(013300) ar.11# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. En relacin con los medios vlidos, a efectos de firma electrnica, se estar a lo dispuesto en el artculo 10.2 #(013300) ar.10# de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los artculos 15 #(053640) ar.15# y 26 #(053640) ar.26# y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, y en los artculos 21 #(052303) ar.21# y 22 #(052303) ar.22# del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.”

Nueve. Se modifica el artculo 12, que queda redactado como sigue:

“1. Le corresponder a la persona titular de la Delegacin Territorial o Provincial de la Consejera competente en materia de agricultura dictar y notificar la resolucin que proceda a los interesados, considerando lo indicado en los apartados 5 y 8 del artculo 6 #(054368) ar.6# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. El plazo para resolver y notificar la solicitud de inscripcin ser de tres meses desde que la misma tuvo entrada en el registro electrnico de la Administracin competente para su tramitacin.”

Diez. Se modifica el artculo 13, que queda redactado como sigue:

“1. Sern obligaciones de los operadores inscritos en ROPVEG las recogidas en el Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, y en concreto las establecidas en el artculo 10, sobre Declaraciones a presentar por el operador profesional registrado. En el momento de la inscripcin han de cumplir con lo establecido en el apartado 7 del artculo 6. Para aquellos operadores que sean productores o acondicionadores de grano han de cumplir, antes de su inscripcin en el registro, lo establecido en el apartado 2 del artculo 6.

2. Para aquellos operadores inscritos en el registro y que tengan la categora de productores han de cumplir con lo establecido en el Captulo III del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre #(054368)#, y para aquellos inscritos que estn autorizados a la expedicin del pasaporte fitosanitario han de cumplir con lo establecido en el Captulo IV de dicho Real Decreto.”

Once. Se modifica el artculo 14, que queda redactado como sigue:

“1. La actualizacin o baja en el registro se realizar conforme al artculo 7 #(054368) ar.7# del Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre.

2. Se proceder a la cancelacin de la inscripcin, que conllevar la baja en el registro y la consecuente prdida del derecho a ejercer la actividad, en los siguientes casos:

a) Cuando como resultado de la tramitacin de un procedimiento sancionador en el que se constate el incumplimiento de la legislacin vigente en materia de sanidad vegetal, se imponga como sancin accesoria el cese o interrupcin de la actividad, de conformidad con el artculo 60.2 #(002586) ar.60# de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

b) En ejecucin de sentencia judicial firme.

3. La baja del Registro podr efectuarse a peticin del interesado o tras la constatacin de forma inequvoca.

por parte de la autoridad competente de que ya no se realiza ninguna de las actividades que motivaron la inscripcin en el ROPVEG, previo trmite de audiencia.”

Doce. Se añade una nueva disposicin transitoria, que queda redactada como sigue:

“Disposicin transitoria tercera. Obligatoriedad de la presentacin electrnica exclusiva.

La obligatoriedad de la presentacin electrnica exclusiva de las solicitudes entrar en vigor de forma simultnea a la orden que regule los procedimientos de inscripcin, formularios y herramientas de gestin electrnica para los operadores profesionales de material vegetal.”

Trece. Se elimina el Anexo I y el Anexo II del Decreto 96/2016, de 3 de mayo #(037373)#, por el que se regula la prevencin y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspeccin de equipos para la aplicacin y se crea el censo de equipos de aplicacin de productos fitosanitarios.

Artculo 99. Modificacin del Decreto 190/2018, de 9 de octubre #(050662)#, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andaluca y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales.

El Decreto 190/2018 de 9 de octubre #(050662)#, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andaluca y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el Prembulo, que queda redactado como sigue:

“La Unin Europea ha llevado a cabo un extenso desarrollo normativo en lo referente a legislacin alimentaria, con el objeto entre otros, de garantizar la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios.

Un hito significativo en el desarrollo de la normativa sobre legislacin alimentaria lo constituyen el Reglamento (UE) nm. 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislacin alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria y el Reglamento (CE) nm. 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril del 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, el cual establece en el artculo 6, que los operadores de empresa alimentaria deben notificar a la Autoridad los establecimientos en los que se realicen operaciones de produccin, transformacin o distribucin de alimentos, con el fin de proceder a su registro y adems, establece las condiciones que se deben cumplir en materia de higiene.

Mediante el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero #(035263)#, por el que se regulan las condiciones de aplicacin de la normativa comunitaria en materia de higiene en la produccin primaria agrcola se crea, en su artculo 5, el Registro General de la Produccin Agrcola (REGEPA), en el que se inscribirn las explotaciones agrcolas que se encuentren dentro del mbito de aplicacin de dicho Real Decreto, nutrindose de los datos de los diferentes registros autonmicos. A tales efectos y mediante el presente decreto, se procede a la creacin del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andaluca (REAFA) en el que se recogern los datos y la informacin correspondiente a nuestra Comunidad Autnoma.

“El Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre #(055510)#, por el que se establece y regula el Sistema de informacin de explotaciones agrcolas y ganaderas y de la produccin agraria, as como el Registro autonmico de explotaciones agrcolas y el Cuaderno digital de explotacin agrcola establece en su artculo 1.2 que su mbito de aplicacin afecta a todo el territorio nacional y en su artculo 6 la obligacin de las comunidades autnomas de establecer y gestionar un Registro Autonmico de Explotaciones Agrcolas en formato electrnico, con el contenido mnimo definido en el Anexo I, que contendr toda la informacin general de la explotacin agraria y la relativa a las unidades de produccin agrcola.”

Asimismo, a travs del REAFA se facilitar el cumplimiento de algunos de los objetivos de la Ley 2/2011, de 25 de marzo #(012345)#, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andaluca, como son, el establecimiento de las normas necesarias para garantizar el origen y asegurar, en este mbito, la proteccin de los derechos y legtimos intereses de los agentes econmicos, operadores y de las personas consumidoras finales, garantizando a stas una informacin correcta sobre la trazabilidad de los productos, convirtindose en un instrumento esencial para llevar a cabo las actuaciones de control necesarias por parte de la Administracin para garantizar la seguridad alimentaria.

En el mbito forestal tambin resulta necesario contar con un instrumento que facilite el cumplimiento de los objetivos recogidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio #(002841)#, Forestal de Andaluca, en materia de ordenacin y planificacin de los recursos forestales as como de los contenidos en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre #(003441)#, de Montes, relativos a la planificacin forestal en el marco de la ordenacin del territorio, siendo el REAFA el instrumento que viene a cubrir esta necesidad, posibilitando tambin reconocimiento y visibilidad a las actividades de uso y los aprovechamientos de las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales destinadas a obtener resultados en pro de la conservacin y mejora de la biodiversidad.

“De esta manera, las actividades y los aprovechamientos agrarios y forestales se integrarn y convivirn en el REAFA, atendiendo a la diversidad de nuestro territorio. Esta receptividad se expresa de forma particular en el reconocimiento de la categora de explotacin agroforestal como aquella que tiene un carcter mixto, en la cual confluyen los aprovechamientos agrarios y forestales.”

“Asimismo, el REAFA se convierte en el instrumento a travs del que atender los mandatos expresos del artculo 6.1 #(013859) ar.6# de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, constituyndose como Registro Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andaluca; el artculo 145 del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en lo que respecta al registro vitcola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilacin de informacin para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivincola en los trminos expuestos; el referido artculo 5 #(035263) ar.5# del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, constituyndose como Registro General de la Produccin Agrcola de Andaluca; el artculo 5 #(033944) ar.5# del Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicacin de la normativa comunitaria en materia de autorizacin de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la produccin de brotes, constituyndose como Registro de Operadores Productores de Brotes de Andaluca; y a la Seccin 1.ª del Captulo III del Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre #(055510)#, por el que se establece y regula el Sistema de informacin de explotaciones agrcolas y ganaderas y de la produccin agraria, as como el Registro autonmico de explotaciones agrcolas y el Cuaderno digital de explotacin agrcola.”

Por otro lado, la Ley 17/2011, de 5 de julio #(013035)#, de seguridad alimentaria y nutricin, establece que las Administraciones Pblicas, en el ejercicio de sus competencias, crearn o mantendrn los registros necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones, de las que puedan derivarse acciones de intervencin en materia de seguridad alimentaria. Adicionalmente, el artculo 6.6 #(012345) ar.6# de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andaluca establece que en el supuesto de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulacin de productos alimentarios o materias y elementos para la produccin y comercializacin alimentarias habr de ir acompañado de un documento, en el cual constarn los datos necesarios para que los receptores o consumidores de la mercanca tengan la adecuada y suficiente informacin.

La trazabilidad es una exigencia legal y un instrumento eficaz para garantizar la seguridad alimentaria, ya que permite seguir un alimento a travs de todas las fases de produccin, transformacin y distribucin, fundamental, en caso de deteccin de peligros, para localizar el origen de partidas y facilitar una rpida reaccin en caso de contaminaciones de origen alimentario. Para asegurar dicha trazabilidad en la distribucin de los productos agrcolas y forestales que carezcan de gua especfica, se incorpora, a travs del presente decreto, el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales (en adelante DAT) que servir para acreditar su origen y destino durante la fase de su transporte dificultando tambin la sustraccin ilegitima y posterior venta de estos productos.

La proporcionalidad del presente decreto dimana de la necesidad, ope legis, anteriormente justificada, de creacin del REAFA y el DAT y de la regulacin bajo el criterio de mnima intervencin -que se suma a los de eficacia, eficiencia, transparencia y seguridad jurdica- permitiendo obtener un escenario en e