Andalucía completa la reforma judicial con su implantación en 12 grandes ciudades

La reforma judicial que transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia con secciones y servicios comunes, frente al modelo tradicional de juzgados unipersonales, entra hoy en vigor en las ocho capitales andaluzas, las ciudades gaditanas de Algeciras, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María y la localidad granadina de Motril.

Juntadeandalucia.es 31.12.25

Se trata de los 12 partidos judiciales más grandes de los 85 existentes en Andalucía, en los que trabajan unos 5.000 funcionarios dependientes de la Junta de los casi 9.000 profesionales de la comunidad.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública culmina así la adaptación de 1.444 órganos (incluidos 700 Juzgados de Paz transformados en Oficinas de Justicia Municipales) a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada por el Ministerio el 2 de enero sin memoria económica y con un exigente calendario de aplicación que Andalucía ha cumplido con gran esfuerzo y la colaboración de todos los operadores jurídicos, asumiendo en solitario un coste de 56 millones de euros.

La adaptación a la ley de los partidos judiciales más grandes es la tercera y última fase prevista en la ley estatal. También la más compleja, ya que son los partidos judiciales con más órganos, que desde hoy se aglutinan en un tribunal de instancia único con secciones especializadas, y más personal, que desde ahora ya no trabajan para un juzgado concreto sino en servicios comunes.

Al igual que en las dos primeras fases, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha coordinado la transformación con los jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y ha negociado con los sindicatos las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de cada uno de los partidos judiciales, acoplando al personal funcionario a sus nuevos puestos conforme a la nueva estructura.

Ampliación de plantilla

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que Andalucía es de las pocas comunidades que ha ampliado las plantillas para reforzarlas ante la profunda reforma del servicio, pese a que el Gobierno no ha incorporado más jueces a la comunidad este año. En total, se han creado o estabilizado un centenar de nuevas plazas, entre ellas 12 en los partidos judiciales de la tercera fase (dos en el Tribunal de Instancia de El Puerto, tres en el Registro Civil de Almería, una en el Registro Civil de Algeciras y seis en las Oficinas de Justicia Municipales de Níjar, Vícar, Armilla, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria y Mairena del Aljarafe).

El trabajo en secciones y servicios comunes exige mayor coordinación, para lo que se han creado en estos 12 partidos judiciales un total de 228 puestos de jefatura que antes no existían (218 en los Tribunales de Instancia y 10 en los Registros Civiles) a los que han podido concursar los funcionarios y que conllevan un complemento salarial.

También se han transformado 24 puestos genéricos en especializados en Violencia sobre la Mujer -que también conllevan un complemento salarial- para reforzar el personal en estos órganos ante el incremento de carga de trabajo con las nuevas competencias asumidas el 3 de octubre, ya que la Ley establece que deben asumir también los delitos de índole sexual (3 en Almería, 1 en Cádiz, 2 en Algeciras, 1 en Jerez, 2 en Córdoba, 3 en Granada. 1 en Huelva, 1 en Jaén, 5 en Málaga y 5 en Sevilla).

Solo en personal, esta tercera fase supone un coste anual para la Consejería de 1,4 millones de euros, a lo que hay que sumar la adaptación de los equipos y sistemas informáticos, así como las obras realizadas en varias sedes para adecuarlas a la nueva estructura de organización del personal, que requiere espacios más amplios y diáfanos. También para reforzar los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), a los que ahora hay que acudir antes de interponer una demanda civil o mercantil, si bien Andalucía se adelantó a la norma y antes de su aprobación puso en marcha medidas y servicios pioneros de mediación.  

En total, la inversión ronda los 56 millones que la Junta asume en solitario. El consejero de Justicia ha lamentado que el Ministerio no haya destinado recursos económicos para ayudar a las comunidades a implantar una reforma estatal que no fue negociada ni consensuada con los territorios que tienen las competencias transferidas. Además, cuando se publicó la ley Andalucía ya había aprobado sus presupuestos para 2025.

Pese a todo, la Junta ha cumplido con los plazos fijados y no solicitó una prórroga como otros territorios en la Conferencia Sectorial del pasado 22 de diciembre, la única celebrada en este año de transformación. A propuesta del Ministerio, se acordó además cierta flexibilidad para realizar ajustes durante el primer trimestre de 2026.

Reconocimiento en la Conferencia Sectorial

En dicha reunión, el Ministerio reconoció que Andalucía es una de las comunidades más adelantada y donde mejor ha evolucionado el servicio en los partidos judiciales transformados en las dos primeras fases (73 de los 85). Las sentencias sin ejecutar se han reducido un 69%, más del doble que la media del resto de comunidades (30%) y los actos de comunicación pendientes han bajado un 43,8%, también por encima de la media (36%).

En concreto, el 31 de julio se adaptaron a la ley los 70 partidos judiciales más pequeños donde solo existían Juzgados Mixtos (algunos con competencias en Violencia sobre la Mujer), con unos 4.000 funcionarios en total. El 1 de octubre se adecuaron los partidos judiciales con Juzgados de Primera Instancia, de Instrucción y específicos de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son tres (todos en Málaga): Marbella, Torremolinos y Fuengirola, con unos 370 funcionarios.

El consejero ha incidido en agradecer a todos los profesionales que trabajan en el servicio público de Justicia en Andalucía su colaboración para afrontar este reto.

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