El Parlament aprueba la ley de simplificación administrativa e impulso de la actividad económica

El Parlament ha aprobado este jueves el proyecto de ley sobre la simplificación administrativa y de impulso de la actividad económica con el apoyo de CiU, ERC, PP y C's, y el voto en contra de PSC, ICV-EUiA y la CUP.

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa establece los principios y los criterios que deben seguir las administraciones para suprimir o reducir los trámites para iniciar una actividad económica, agilizar y simplificar la actividad administrativa, simplificar las relaciones entre las administraciones y mejorar la coordinación, y hacer efectivo un acceso ágil y eficiente a la actividad económica.

El debate ha llegado al pleno después de que PSC e ICV-EUiA pidieran dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que no detectó vulneraciones de la Constitució ni el Estatut, salvo en el punto relativo a la emisión de informes en el proceso administrativo, al que CiU, PP, PSC e ICV-EUiA presentaron enmiendas para proponer cambios en su redacción.

La diputada del PSC Alicia Romero ha justificado la oposición de su grupo porque consideran que es una pequeña ley ómnibus que pretende cambiar muchas cosas "que nada tienen que ver con la simplificación administrativa", por lo que considera que es más una norma escaparate que permite la suspensión de servicios públicos si no se puede garantizar su financiación y que, además, modifica preceptos que afectan a la autonomía local y les traspasa responsabilidades.

Desde el PP, la diputada Alicia Alegret también ha criticado que en su contenido se ha intentado "camuflar una reforma de ley de gobiernos locales" cuando, a su juicio, tendría que presentarse a parte en el Parlament, aunque ha añadido que comparten gran parte de la ley pese a apuntar que tendría que ser más ambiciosa.

"GRAN LEY ÓMNIBUS"

Uno de los más críticos ha sido el diputado de ICV-EUiA David Companyon, que ha pronosticado que la norma hará que las inspecciones y el control quede en manos de las corporaciones locales, que no tienen recursos suficientes para asumirlo, además de apuntar que es la ley más neoliberal que se aprobará esta legislatura: "Es una gran ley ómnibus que se aprueba tarde y muy rápido, a las puertas de unas elecciones, y una ley cobarde que no se atreve a tirar adelante la ponencia de la ley de gobiernos locales",

La diputada de C's Carina Mejías ha cargado contra los que se oponen a la iniciativa, a los que ha acusado de criminalizar la actividad económica y el empresariado y, pese a argumentar que se queda corta, ha defendido que "no pueden haber licencias paralizadas por la gran cantidad de problemas que había".

Tanto el diputado de ERC Sergi Sabrià como el de CiU David Bonvehí han reivindicado las bondades del contenido negando así las críticas de los que se oponen, y el republicano ha querido puntualizar que la ley facilita la apertura de negocios pero no desregula: "Es una ley digna que nos ayudará y hará un paso adelante modesto pero imprescindible".

Sin embargo, la diputada de C's Isabel Vallet ha lamentado que ERC apoye dicha norma, tras advertir de que entre simplificar y desregular hay un paso abismal, acaba con potestades municipales y no beneficiará la actividad económica: "Está impregnada de una ideología neoliberal y de derechas que asusta".

En declaraciones posteriores en los pasillos del Parlament, el conseller de Economía, Felip Puig, ha asegurado que su aprobación permite adaptar el ordenamiento jurídico en este ámbito al siglo XXI, ha negado las críticas de los que les acusan de desregular y de dar facilidades a la iniciativa privada y les ha acusado de querer una sociedad más intervenida y controlada.