Crea una tasa, que algo queda

Las dificultades económicas de los ayuntamientos han favorecido la redacción de ordenanzas fiscales que abordan cada vez más aspectos de la actividad ciudadana.

Diario de Sevilla. 2.07.2012.

Las dificultades económicas de los ayuntamientos están favoreciendo la proliferación de ordenanzas y tasas que abordan aspectos no regulados hasta ahora en la actividad municipal o en los que se está yendo al detalle: desde una boda civil, pasando por la tendencia de una mascota o el uso de un escudo, hasta el uso de un local público, los carteles publicitarios o la expedición de cualquier documento. Es decir, la crisis no sólo ha liquidado el gratis total -o casi- que se practicaba en algunos casos, incrementando las tasas o acabando con la laxitud en su cobro, sino que está potenciando la creación de otras nuevas.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) es revelador del esfuerzo de imaginación que se ha hecho en este sentido desde que arrancó el mandato municipal, junto a las sucesivas subidas de impuestos que afectan más directamente a todo el conjunto de la población. Entre enero y junio de 2012, hay más de 210 referencias a modificaciones o aprobación de ordenanzas fiscales, una actividad muy importante que no ha menguado avanzado el semestre, cuando los municipios dejaban orientados sus presupuestos.

Destacan ordenanzas de nueva creación que, efectivamente, supondrán un buen pellizco para las arcas locales. Los Palacios ha publicado una tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, que conlleva que puede cobrar un porcentaje de la facturación en la localidad de estas compañías. Este 1,5% ya se aplicaba a Endesa por la electricidad, a Telefónica o al Huesna, por el agua, pero que no se había regulado para el negocio de telefonía móvil. Un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) considera que el concepto reportará hasta 130.000 euros al año al Ayuntamiento. La ordenanza ha sido incorporada por otras localidades, como Carrión. Los Palacios estudia además cobrar a los bancos por los cajeros automáticos, algo que ya se ha aprobado en otros ayuntamientos, como El Coronil (600 euros al año por cajero) y La Rinconada (242 euros), a la espera de que las empresas no lo recurran.

El BOP ha dado oficialidad en estos meses a las ordenanzas sobre tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial elaboradas por Albaida, Santiponce, Palomares del Río o Castilleja de la Cuesta, ésta lugar de paso para otros pueblos del Aljarafe y con importantes problemas de tráfico. Este marco, en el que quedan establecidos qué se puede hacer y qué no en todo lo que respecta a la movilidad urbana, desde aparcamientos a la retirada por la grúa de vehículos o zonas azules pasando por la circulación en bici, supone una referencia precisa para que la Policía Local pueda actuar y, en su caso, imponer sanciones aunque, de entrada, ningún ayuntamiento reconoce que la regulación se haga con ese objetivo.

Otro clásico está siendo la regulación de veladores y terrazas en los bares cuando el buen tiempo y la prohibición de fumar en el interior de los locales han favorecido su proliferación. Entre mayo y junio han publicado de forma inicial o definitiva ordenanzas, con sus respectivas tasas y sanciones, municipios como Tocina y Los Rosales, Sanlúcar la Mayor, Bollullos de la Mitación, Gines, Pruna o Mairena del Alcor. En la mayoría de los casos se fijan precios por metro cuadrado ocupado y día con mesas y sillas, dependiendo de la temporada o si se usan toldos o no, entre otros conceptos. El alcalde de Gines, Manuel Camino (PSOE), insiste sin embargo en que la regulación era también una demanda del sector, con el que se ha consensuado al igual que con el resto de partidos. Antes sólo se cobraba por ocupación de la vía pública, ahora todo se detalla más y, aunque reitera que el afán no es recaudatorio, como toda ordenanza lleva aparejadas sus tasas precisas y la descripción de infracciones y sanciones económicas.

Pruna, La Puebla del Río o Marchena han abordado ordenanzas y tasas por la instalación de quioscos en la vía pública. La Roda de Andalucía, sobre limpieza, vallado y cierre de solares, con multas que van de 300 a 1.000 euros cuando la crisis ha parado la edificación de muchas de estas fincas, con las que también se está siendo mucho más estricto aplicando ordenanzas que ya existían al respecto en La Algaba.

Alcalá de Guadaíra ha desarrollado la tasa por prestación de servicios urbanísticos, que regula lo que se tendrá que pagar por la expedición de informaciones o cédulas en este sentido o instrumentos de gestión urbanística, entre otras muchas cosas. Esta norma cobra importancia de cara al PGOU que el gobierno local quiere impulsar y cuyos ingresos ha previsto en el presupuesto de este año, y aborda cuestiones como la declaración de asimilación a la de fuera de ordenación, la fórmula con la que, según el último decreto de la Junta sobre el problema de las construcciones sobre suelo rústico, se reconocerán estas edificaciones para que al menos puedan realizar obras de conservación y contratar luz y agua. En el caso de Alcalá será de un 1,3% sobre el coste efectivo de las obras, del 4,1748% cuando sea sobre suelo no urbanizable, la mayoría. También ha abordado un incremento de la tasa en este sentido Morón de la Frontra. Utrera ha establecido una tasa por "legalización de edificios" del 1,20% sobre el coste de ejecución de la obra. En muchos casos, estas nuevas tasas o el incremento de los gravamenes que ya se venían aplicando para este tipo de gestiones se han unido planes de inspección específicos. Alcalá de Guadaíra también ha regulado las tasas por los expedientes de calificación de viviendas protegidas, una función que ha pasado de la Junta a los ayuntamientos y que han plasmado en ordenanzas otros núcleos, como Olivares o Salteras.

Palomares, Gelves, en el área metropolitana, o Cañada Rosal y El Rubio, en la Sevilla más rural, han regulado la tenencia de animales de compañía, especialmente las especies consideradas peligrosas. En los primeros casos, con infracciones que pueden llegar a los 30.000 euros, que se quedan 15.000 en El Rubio, o con tasas previstas por concesión y renovación de licencias y de inscripción en el registro municipal de 45 y 25 euros, respectivamente, en Cañada Rosal.

Palomares, uno de los municipios más activos en la aprobación de ordenanzas, ha sacado una reguladora de las actividades publicitarias en su término, que, entre otras cosas, prevé cobrar por dar licencia a un cartel, de cualquier tipo, cerca de cuatro euros por metro cuadrado, el doble si corona un edificio, el 50% más si es luminoso y el 75% si es perpendicular a la fachada.

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