levante_emv.com 28/02/2012
El Ayuntamiento de Vila-real ratificó ayer en el pleno su apoyo a los vendedores ambulantes de la localidad y a la decisión tomada entre las dos partes de trasladar el mercado ambulante utilizando el Raval de Carmen como uno de los puntos fuertes del nuevo mercado, así como la plaza Mayor, la Bayarri y la calle Comte Albay. El consistorio aprobó, con el voto en contra del Partido Popular, la ordenanza fiscal que actualiza las tasas para la instalación de las paradas y establece distintos precios en función de las diferentes ubicaciones previstas en la ordenanza. Según recordó Pasqual Batalla en el pleno, "era necesario actualizar también las tarifas de la actual ordenanza fiscal vigentes desde el año 1997, ya que habían quedado obsoletas y desfasadas".
Según el primer teniente alcalde, las tarifas "se han aplicado de manera racional y acorde con los criterios establecidos por los municipios vecinos y en todo momento se ha aplicado la cuantía menor que se ha podido establecer". De este modo, esta modificación de calles que se ha establecido "después de un proceso intenso de diálogo para trasladar el mercado al centro histórico de la ciudad, sólo afecta a la ordenanza fiscal y no a la ordenanza de venta no sedentaria". Por tanto, la ordenanza fiscal entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día en que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, exceptuando las tarifas que afectan al mercado del miércoles y sábado que entrarán en vigor en el momento en que se produzca el traslado a las nuevas ubicaciones.
Desperfectos en el Espai Jove
En otro sentido, el pleno aprobó la creación de una comisión especial informativa que estudiará las causas de los desperfectos que se han producido en el Espai Jove de Vila-real tanto en la fachada como en el interior del local debido a la mala construcción del edificio. El concejal de Juventud, Xavier Ochando, aseguró que se trata de una cuestión que se arrastra "desde el año 2007 porque existen unos informes que así lo demuestran". En otro orden de cosas, aprobaron la resolución del contrato de alquiler del local donde se encuentra la actual oficina del Prop, que se reubicará al edificio de Servicios Sociales.
Otro de los asuntos tratados en el pleno de ayer fue la resolución de los precios acordes con la revisión del IPC por el suministro de contadores e instalación de acometidas por los servicios y trabajos de Facsa. Además, el grupo municipal socialista presentó una moción en la que insta a la Generalitat Valenciana al pago de las deudas adquiridas. A este respecto, el PP también presentó una moción en los mismos términos.
Finalmente, por urgencia, se aprobó la moción de Iniciativa donde se pedía la dimisión de la delegada de Gobierno, Paula Sánchez de León, por su actuación en las movilizaciones de los estudiantes del IES Lluís Vives. El PP pidió que se condenara la violencia.
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