La Consejería de Presidencia tramita unas nuevas bases para los concursos de traslados del personal funcionario

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, inicia este mes los trámites para la aprobación de las nuevas bases generales que regulen los concursos de traslado de personal funcionario de carrera de la Administración, con la realización de una consulta pública previa a la ciudadanía en la que las personas interesadas en este asunto podrán formular sus propuestas y sugerencias.

Gobiernodecanarias.org 13.02.26

La finalidad de estas nuevas bases generales es configurar de una forma adecuada y actualizada los distintos méritos profesionales del personal funcionario de nuestra Administración, a fin de permitir una correcta cobertura de los puestos de trabajo que lo son por concurso de méritos, valorándose cuestiones tales como la formación y el perfeccionamiento del personal, los méritos preferentes de los puestos de trabajo o la prestación previa de servicios.

La aprobación de las citadas bases generales permitirá sustituir a las que están actualmente vigentes que datan del año 2012 y responde a lo solicitado por la mayoría de los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de negociación.

Al ser un proceso normativo de rango reglamentario, tras la consulta pública, la Dirección General de la Función Pública convocará a las organizaciones sindicales para la negociación del proyecto de bases generales.

Esta iniciativa de la Dirección General de la Función Pública forma parte del paquete medidas que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha en la actual legislatura para fomentar y reforzar el papel del personal funcionario de la Administración.

Cabe señalar al respecto que el Gobierno de Canarias, a propuesta de esta Consejería, aprobó, de urgencia, un Decreto Ley, luego tramitado como Ley de medidas urgentes en materia de empleo público, que contiene una serie de medidas que actualmente se están aplicando y que tienen por finalidad fomentar y reforzar al funcionariado de la Administración.

Así, se establece por primera vez en la Comunidad Autónoma la figura de la promoción interna temporal del personal funcionario que permite a este personal desempeñar puestos de superior categoría de forma temporal que les computará además como mérito profesional. Al mismo tiempo fomenta la participación en los procesos selectivos de promoción interna que han sido objeto de una nueva regulación que contiene medidas destinadas precisamente a promover esa participación como, por ejemplo, el aumento de la reserva de plazas a dicha promoción o el derecho a la conservación de calificaciones de procesos anteriores.

En la actualidad, las convocatorias de nuevos procesos selectivos, así como las que se realicen para el concurso de traslado, incluyen como mérito a valorar, la participación del personal funcionario en órganos de selección y provisión.

La Dirección General de Función Pública está apostando también por una mayor eficacia y eficiencia en la selección de las futuras generaciones de personal funcionario, acortando los tiempos y diseñando las pruebas selectivas de una forma más adecuada a los tiempos actuales lo que se ha traducido en la aprobación de unas nuevas bases generales que regulan el turno libre y que ya se están aplicando en los nuevos procesos selectivos.

Otra medida va en la línea de mejorar la clasificación de una parte importante del personal funcionariado de esta Administración, permitiendo emprender procesos de reclasificación del Cuerpo Auxiliar o la integración de los Administradores Generales en la Especialidad Jurídica cuando cuenten con la titulación en Derecho, que ya ha sido objeto de un acuerdo de Gobierno al respecto.

Esta Ley también prevé el establecimiento de medidas que incentiven la jubilación del personal funcionario de nuestra Administración. En este sentido, el Gobierno de Canarias abordará la regulación concreta de la jubilación parcial del personal funcionario cuando lo regule el Estado al ser una competencia básica estatal.

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