Los grupos presentan 255 enmiendas a la ley de contratos del sector público

Los grupos parlamentarios han presentado en el Senado un total de 255 enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, donde ahora comienza su tramitación tras recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados el pasado mes de julio.

Eleconomista.es 14.09.17

Más de la mitad de las enmiendas han sido presentadas por el PSOE, con un total de 148. Por su parte, Unidos Podemos ha planteado 68 cambios, el PDCat otras 24, el Grupo Mixto ha presentado cinco, en el caso de ERC ha sido cuatro y PNV y PP, tres cada una.

Las enmiendas del PP corrigen tres artículos, pues en ellos no puede establecerse que una empresa haya de cumplir lo establecido en un convenio sectorial si cuenta con un convenio colectivo propio.

Entre las enmiendas socialistas se encuentran varias que apuestan por unificar todos los contratos del sector público en una única categoría y sometidos al mismo régimen jurídico.

Mientras, entre las propuestas de Unidos Podemos se encuentra una para que se reduzca el recurso a los contratos por subasta electrónica. OBJETIVOS LEY

Con esta norma se transponen al ordenamiento jurídico español una serie de directivas europeas de febrero de 2014. Entre los objetivos de texto se encuentran reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan trabas burocráticas y administrativas.

Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.

Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

La norma prevé que las administraciones reserven entre el 7% y el 10% de determinados tipos de contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.

Además, se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.