SUMA, un nuevo modelo de gestión tributaria en la Administración pública

Mejorar la eficacia en el cobro de los impuestos locales a través de una gestión integral. Reducir costes. Aumentar los niveles de recaudación. Mejorar la lucha contra el fraude para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Generar más liquidez y unos ingresos más estables en las arcas municipales. Son las principales ventajas que valoran los ayuntamientos de la provincia de Alicante que delegan en SUMA la gestión de sus tributos municipales.

Cincodias.com 23.09.16

Se trata de un modelo de gestión pionero, que ya presta servicio a 139 de los 141 municipios de Alicante y que se está convirtiendo en un referente nacional, de la mano del actual equipo directivo que, liderado por Manuel Bonilla, ha incorporado al organismo perfiles profesionales del ámbito ejecutivo, financiero y digital, y que ha implementado un modelo más propio de una startup que de una Administración pública para promover unos mayores niveles de eficacia, ahorro, atención al contribuyente y transparencia.

Desde el IBI al IAE, el impuesto de vehículos, las plusvalías o las tasas de basura, agua potable y alcantarillado, SUMA gestiona los tributos locales de más de dos millones de contribuyentes, de los que el 20% son extranjeros. El organismo, con cerca de 500 trabajadores, tiene una facturación anual próxima a los 1.000 millones de euros.

SUMA ha implementado un modelo más propio de una startup que de una Administración pública para promover unos mayores niveles de eficacia, ahorro y transparencia

En los últimos seis meses se ha consolidado el interés de distintas Administraciones de España de establecer diversas vías de colaboración con la entidad para mejorar la gestión de sus tributos locales. Una iniciativa que SUMA ya mantiene de facto con el Cabildo de Canarias, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Majadahonda.

De esta manera, la entidad quiere alcanzar la excelencia a través de un mayor crecimiento tanto dentro como fuera de Alicante, promover la digitalización y la innovación transversal, mejorar la eficiencia y la transparencia y potenciar el compromiso social.

Además, ha experimentado en los últimos seis meses una importante reestructuración que se constata en el cierre de la primera campaña de cobro de los tributos locales (impuesto sobre vehículos y otras tasas municipales), con los mejores resultados de recaudación de los últimos cinco años tras un incremento cercano al 2% respecto de 2015.

Un periodo en el que más contribuyentes se han podido beneficiar de un plan de pago personalizado para poder hacer frente a sus obligaciones tributarias de una forma más flexible y adaptada a su capacidad económica.

Pionero en cumplir en un tiempo récord de seis meses con la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas normas impulsoras de la implantación de la administración electrónica.

La aplicación de esta ley permitirá, entre otras cosas, que los contribuyentes puedan realizar cualquier gestión relacionada con sus impuestos a través de su página web, sin tener que desplazarse a las oficinas, cómodamente y desde cualquier dispositivo digital.

En ese sentido, ha lanzado su nueva web para garantizar una mayor información, transparencia y accesibilidad y una página de Facebook que, en solo tres meses de recorrido, ya cuenta con más de 4.500 seguidores y se ha convertido en un importante canal adicional de comunicación y atención al usuario.

La innovación y la economía digital se han convertido así en uno de los pilares principales del organismo, que actualmente desarrolla proyectos de big data, en colaboración con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, para dar una mejor respuesta a las necesidades de todos los ayuntamientos a los que presta servicio.

Igualmente, y con el fin de garantizar la máxima transparencia en el control del gasto, SUMA está desarrollando una aplicación informática de compras y contratación, que facilita el acceso a los proveedores y garantiza la igualdad de condiciones a la hora de optar a la prestación de cualquier servicio o suministro al organismo autónomo. Se trata de la primera fase de un proyecto más ambicioso dirigido a reforzar la transparencia a todos los niveles.