Desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública

La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que plantea la desaparición de las secretarías de la Función Pública y de Seguridad Pública, además de que da nuevas atribuciones para las de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Reforma Agraria, así como a la Oficina de la Presidencia.

EL SOL DE MÉXICO – 13/12/2012

La minuta del Senado de la República fue avalada en lo general con 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones. Mientras que la votación del artículo 27, fracción XVI último párrafo, el que determina que el Senado de la República ratifique los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se aprobó en sus términos con 228 votos a favor, 38 en contra y 195 abstenciones de la bancada del PRI.

La Secretaría de la Función Pública desaparecerá sólo hasta que se haya integrado una nueva institución autónoma, mientras que la Secretaría de Gobernación absorbe las funciones de la desintegrada Secretaría de Seguridad Pública.

El documento aprobado señala que la Oficina de la Presidencia se encargará de dar seguimiento permanente a las políticas públicas federales y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones.

En cuanto a la Secretaría de la Reforma Agraria, se le cambia la denominación, por la de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y se le asignan nuevas facultades entre las que destacan:

Impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, así como la regularización de la propiedad agraria y participar en el desarrollo urbano con criterios de planeación de crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas.

La Secretaría de Hacienda establecerá las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información y combate a la corrupción, mismas a las que tendrán que ajustarse las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia.

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