II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030

Acuerdo de 7 de octubre de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030 (BOJA de 13 de octubre de 2026). Texto completo.

ACUERDO DE 7 DE OCTUBRE DE 2026, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA LA FORMULACIÓN DE LA II ESTRATEGIA ANDALUZA DE CIBERSEGURIDAD 2027-2030.

La transformación digital de la sociedad, de la economía y de los servicios públicos constituye uno de los principales vectores de desarrollo de Andalucía. La creciente digitalización de los servicios públicos, de la actividad económica y de las relaciones de la ciudadanía ha ampliado las oportunidades para mejorar la competitividad, la eficiencia administrativa, la innovación y la cohesión territorial, al tiempo que ha incrementado de forma sustancial la dependencia de las redes, los sistemas de información, los datos y los servicios digitales, aumentando la exposición a ciberamenazas cada vez más sofisticadas, persistentes y transversales.

En este contexto, resulta imprescindible garantizar un entorno digital seguro y resiliente que proteja los servicios públicos, los activos digitales y la información, y refuerce la confianza de la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas en el uso de las tecnologías digitales. La ciberseguridad adquiere así un carácter transversal que alcanza a la Administración de la Junta de Andalucía y al conjunto del sector público andaluz, así como a la ciudadanía, las empresas, los operadores de servicios esenciales, los sectores estratégicos y el ecosistema de innovación, y requiere una actuación coordinada y sostenida en el tiempo, basada en la cooperación institucional, la gestión del riesgo, el fortalecimiento de la resiliencia operativa, la capacitación y la concienciación.

En Andalucía, el Consejo de Gobierno aprobó mediante Acuerdo de 18 de octubre de 2022, la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, prorrogándose su vigencia durante 2026 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2025. Este instrumento ha articulado las políticas autonómicas en torno al fortalecimiento de la gobernanza, la prevención, detección y respuesta ante incidentes, la cooperación, la protección del tejido empresarial, el desarrollo de la industria especializada, el talento y la cultura de ciberseguridad.

La ejecución de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025 ha permitido consolidar un modelo de ciberseguridad en la Junta de Andalucía y desarrollar capacidades institucionales y operativas que constituyen la base del nuevo ciclo de planificación estratégica. Entre sus principales resultados destacan el fortalecimiento de la gobernanza de la ciberseguridad, con la creación y consolidación del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), cuyo despliegue y desarrollo de infraestructura, servicios y capacidades ha estado respaldado por una inversión de 74 millones de euros; el robustecimiento del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Junta de Andalucía y el refuerzo de las capacidades de prevención, detección y respuesta frente a ciberincidentes; el impulso de un ecosistema empresarial especializado y de iniciativas para el desarrollo y atracción de talento; la promoción de la cultura de ciberseguridad mediante actuaciones de formación y concienciación dirigidas a la ciudadanía y a las empresas; y la dinamización de la cooperación con administraciones públicas, entidades privadas y otros agentes del ecosistema de ciberseguridad.

Estos avances se han traducido en logros que evidencian el impacto de la Estrategia. En materia de gobernanza y cumplimiento, Andalucía se ha consolidado como una de las comunidades autónomas de referencia en el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), alcanzando 109 sistemas de información certificados. En el ámbito operativo, durante 2025 el SOC gestionó 13.539 incidentes de ciberseguridad, amplió la prestación de servicios a 138 entidades del sector público andaluz y extendió la protección mediante soluciones de detección y respuesta en los dispositivos finales (EDR) a aproximadamente 145.700 equipos corporativos.

La Estrategia ha contribuido igualmente a fortalecer el ecosistema andaluz de ciberseguridad mediante el impulso de la cooperación institucional, la innovación y la especialización tecnológica. En este ámbito destacan la creación e impulso del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía, que reúne a más de 60 entidades del sector, la participación de Andalucía en iniciativas nacionales como el Foro Nacional de Ciberseguridad y el desarrollo de actuaciones en el marco del programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), orientadas a impulsar la industria andaluza de la ciberseguridad y la securización de proyectos de inteligencia artificial (IA) e internet de las cosas (IoT), entre las que destaca un laboratorio especializado en productos y servicios aplicados a la salud y las ciudades inteligentes, respaldado por una inversión cercana a 2,2 millones de euros.

En materia de talento y cultura de ciberseguridad, la Estrategia ha impulsado un modelo estable de formación y concienciación dirigido al personal empleado público, a la ciudadanía y al tejido empresarial. Durante 2025 se desarrollaron 44 actividades de formación y jornadas especializadas, se elaboraron 38 materiales de sensibilización y participaron más de 6.800 personas en actuaciones de capacitación y concienciación. Estas actuaciones se complementaron con la colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública para el desarrollo de programas formativos especializados. Estas actividades se han incrementado en gran medida en el transcurso de 2026, solos los datos del primer semestre arrojan una producción de 156 materiales y acciones formativas con una participación de más de 7.350 personas.

Asimismo, el Congreso de Ciberseguridad de Andalucía ha consolidado una trayectoria de crecimiento sostenido entre 2022 y 2026, reforzando su papel como principal encuentro del ecosistema andaluz de ciberseguridad. En cinco ediciones ha pasado de cerca de 1.600 asistentes presenciales en 2022 a más de 2.700 en 2026, superando además los 3.700 participantes entre formato presencial y streaming. Paralelamente, ha mantenido una elevada capacidad de atracción del sector, con 30 empresas patrocinadoras en 2022 y en torno a 35 patrocinadores en las ediciones posteriores, junto con una programación estable que en el 2026, entre charlas, mesas de debate y talleres presenciales, superaron las 50 sesiones especializadas a cargo de 75 ponentes. A ello se suma la participación en eventos como Digital Enterprise Show (DES) y Talent Land España, que han contribuido a reforzar su proyección en los ámbitos de la ciberseguridad y la transformación digital.

Al mismo tiempo, durante los últimos años se ha producido una transformación sustancial del entorno de riesgo, caracterizada por una mayor dependencia de los servicios digitales, un incremento de la superficie de exposición, una creciente interdependencia tecnológica y una evolución acelerada de las capacidades empleadas por los actores maliciosos. La amenaza evoluciona a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta de las organizaciones.

La IA, la automatización de los ataques, la creciente inestabilidad geopolítica, la dependencia de proveedores tecnológicos y la interconexión de las cadenas de suministro están incrementando la sofisticación, la frecuencia y el impacto potencial de las ciberamenazas sobre las administraciones públicas y los servicios esenciales. En este contexto, el Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial señala que el 94% de los líderes considera que la IA será el principal factor de transformación de la ciberseguridad durante el 2027 y advierte de una brecha creciente de ciberresiliencia en el sector público, donde el 23% de las organizaciones considera insuficientes sus capacidades de ciberresiliencia, más del doble que en el sector privado (11%). En la Unión Europea, el ENISA Threat Landscape 2025 sitúa a la Administración pública como el sector más afectado por los incidentes analizados, concentrando el 38,2% del total.

Este cambio de escenario tiene ya un reflejo directo en España, donde la ciberdelincuencia ha alcanzado una dimensión estructural y creciente. Durante 2025 se registraron 488.426 ciberdelitos, un 5,1% más que el año anterior, hasta representar el 19,8% del total de la criminalidad registrada. La Fiscalía General del Estado registró durante 2025 un total de 34.350 procedimientos judiciales y diligencias de investigación vinculados a la ciberdelincuencia, lo que supone un incremento del 24,69% respecto al año anterior. Paralelamente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó 122.223 incidentes de ciberseguridad e identificó 237.028 sistemas vulnerables. Estos datos evidencian que la exposición al riesgo digital ha dejado de constituir un fenómeno excepcional para convertirse en un desafío permanente que afecta a las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía. En lo que respecta a Andalucía, en el primer semestre de 2026, el SOC ha gestionado 9.286 ciberataques, lo que supone 1.550 incidentes mensuales y más de 50 ciberataques diarios. Respecto al mismo periodo de 2025, el número de ciberincidentes se ha incrementado un 34%.

La acelerada evolución tecnológica está transformando el panorama de ciberamenazas y aumentando la complejidad de los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. En particular, la utilización ofensiva de la IA está permitiendo incrementar la escala, velocidad y sofisticación de los ataques, facilitando la automatización de técnicas de fraude, ingeniería social y explotación de vulnerabilidades. Organismos como la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y el Centro Criptológico Nacional (CCN) alertan ya de la incorporación efectiva de estas capacidades en campañas reales de ciberataque, lo que refuerza la necesidad de anticipar estos riesgos y adaptar las capacidades de protección, respuesta y resiliencia del sector público a un entorno tecnológico en constante transformación.

Otro de los avances tecnológicos que incorpora un nuevo vector de riesgo es la computación cuántica. Algoritmos criptográficos considerados hoy inexpugnables podrían quedar obsoletos, permitiendo descifrar información confidencial, falsificar identidades digitales y comprometer la confianza en sistemas críticos, administraciones públicas y servicios esenciales. Certificados digitales, firmas electrónicas y mecanismos de autenticación que actualmente garantizan la seguridad de las transacciones y las comunicaciones podrían dejar de ser fiables, exponiendo información estratégica, datos personales y secretos corporativos. Algunas estimaciones apuntan a que procesos criptográficos que requerirían miles de años de cálculo para ser comprometidos mediante superordenadores clásicos podrían ser resueltos en cuestión de horas o días por un ordenador cuántico lo suficientemente avanzado, transformando radicalmente los fundamentos de seguridad sobre los que se sustentan las comunicaciones, la identidad digital y los servicios esenciales.

A los riesgos derivados de la evolución tecnológica se suma un entorno regulatorio cada vez más exigente en materia de ciberseguridad y resiliencia. La entrada en vigor de nuevas disposiciones europeas y nacionales, entre las que destaca la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) núm. 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2), amplía significativamente las exigencias en ámbitos como la gobernanza, la gestión de riesgos, la supervisión, la notificación de incidentes y la responsabilidad de las organizaciones. Paralelamente, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) continúa consolidándose como el marco de referencia para la protección de los sistemas de información del sector público. Este contexto convierte el cumplimiento normativo en un elemento estratégico, obligando a las administraciones públicas a reforzar de forma continua sus capacidades de seguridad y resiliencia para responder a un marco regulatorio cada vez más amplio y exigente, garantizando tanto la protección de los servicios públicos como el cumplimiento de las obligaciones regulatorias presentes y futuras que sean de aplicación.

En diciembre de 2024 la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad publicó el primer Informe sobre el Estado de la Ciberseguridad en la Unión Europea. El informe ofrece una visión general basada en evidencias de la situación de la madurez en materia de ciberseguridad en la Unión Europea, así como una evaluación de sus capacidades de ciberseguridad. El informe también incluye recomendaciones para abordar las deficiencias detectadas y aumentar el nivel de ciberseguridad en la Unión Europea.

El nivel de amenaza a la ciberseguridad en la Unión Europea se evaluó como sustancial. Es decir, es probable que las entidades sean objetivo directo de los agentes de las amenazas o estén expuestas a brechas a través de vulnerabilidades recién descubiertas, lo que hace posible que puedan ocurrir perturbaciones graves en entidades críticas e importantes o en las instituciones de la Unión Europea.

El informe identifica cuatro áreas prioritarias: implementación de políticas, gestión de cibercrisis, cadena de suministro y habilidades. Una de las recomendaciones más importantes del informe consiste en promover un enfoque unificado, armonizando los esfuerzos, para lograr un alto nivel común de concienciación sobre la ciberseguridad entre los profesionales y los ciudadanos.

De otro lado, el reciente Informe ENISA NIS360 (mayo de 2026), de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, supone una mirada exhaustiva y transversal a la madurez y criticidad de la ciberseguridad. Es muy significativo que las Administraciones Públicas se encuentran entre los sectores dentro de la zona de riesgo y que es el tercero de menor madurez entre los 22 analizados. El informe apuesta por el refuerzo de capacidades y la concienciación y formación del personal empleado público, y enfatiza la importancia de compartir información y de la colaboración. Asimismo, identifica una serie de factores que condicionarán la evolución de la ciberseguridad sectorial, siendo el más relevante la inteligencia artificial. Según el informe, las ventajas de la IA se están materializando con mayor rapidez para los atacantes que para los defensores. Las organizaciones tendrán que detectar y responder en plazos más cortos, incluso ante varias campañas simultáneas.

Ante este escenario, invertir en ciberseguridad es una decisión de responsabilidad pública y continuidad institucional. Se deben reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta, proteger el dato a lo largo de todo su ciclo de vida, trasladar las exigencias de seguridad a la cadena de suministro, formar al personal, y probar los planes de recuperación de forma periódica. Si la Administración no se anticipa, un incidente de ciberseguridad puede convertirse en una crisis de servicio público. El coste de anticipación y preparación ante posibles ciberataques será siempre menor que el de recuperar sistemas, servicios y una confianza ciudadana perdida.

Por todo ello, una vez próxima la finalización del actual marco estratégico vigente, se hace necesaria la formulación de una nueva Estrategia Andaluza de Ciberseguridad para el horizonte 2027-2030, que permita dar continuidad al modelo desarrollado durante el ciclo anterior, reforzar la madurez de las capacidades de ciberseguridad de la Junta de Andalucía y responder a los nuevos retos tecnológicos, normativos y operativos que plantea el actual contexto de transformación digital y uso de la inteligencia artificial.

El artículo 15.1 del Decreto del Presidente 9/2026, de 9 de julio, por el que se crean las Vicepresidencias y se reestructuran las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de Andalucía, le atribuye a la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, entre otras competencias, la gestión de políticas y estrategias autonómicas de IA, tecnologías de la información, telecomunicaciones, interoperabilidad, ciberseguridad, desarrollo tecnológico y estrategia, economía y emprendimiento digital. Así mismo, el artículo 15.2 del mencionado decreto adscribe la Agencia Digital de Andalucía a dicha Consejería.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6.3.ñ) y 6.3.o) de los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía, aprobados mediante el Decreto 128/2021, de 30 de marzo , corresponde a la Agencia el desarrollo y ejecución de las políticas de seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de su sector público instrumental, así como la gestión de las capacidades corporativas de prevención, detección y respuesta frente a incidentes y amenazas de ciberseguridad y el impulso de la confianza y la seguridad digital. En atención a estas competencias, la formulación de la Estrategia será coordinada y elaborada por la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, a través de la Agencia Digital de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.12 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de octubre de 2026, se adopta el siguiente

ACUERDO

Primero. Formulación de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030.

Se aprueba la formulación de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030 (en adelante, la Estrategia), cuya elaboración y aprobación se realizará conforme a las determinaciones establecidas en el presente acuerdo.

Segundo. Fines.

La Estrategia se configura como el instrumento general de planificación de las políticas de ciberseguridad de la Junta de Andalucía para el periodo 2027-2030, respondiendo a los nuevos requerimientos y retos identificados para este nuevo periodo.

Los fines que orientarán su formulación son los siguientes:

1. Reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes de ciberseguridad en la Junta de Andalucía, impulsando servicios avanzados de protección y resiliencia digital.

2. Promover la alineación de las políticas y actuaciones de ciberseguridad de la Junta de Andalucía con los marcos normativos, regulatorios y de gobernanza aplicables en los ámbitos europeo y nacional.

3. Cooperar y colaborar con las entidades del sector público andaluz, las administraciones locales y las Universidades, así como con otros actores, con el fin de fortalecer su seguridad y resiliencia, especialmente en los servicios críticos y esenciales frente a las amenazas emergentes.

4. Favorecer la mejora del nivel de ciberseguridad del tejido empresarial andaluz facilitando el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

5. Fortalecer el ecosistema andaluz de ciberseguridad, promoviendo la innovación, la transferencia tecnológica, la competitividad y la proyección de la industria especializada.

6. Analizar el impacto y afrontar el reto de las tecnologías emergentes, como la IA y la computación cuántica, consolidando su adopción segura y el desarrollo de capacidades que permitan afrontar los riesgos y oportunidades asociados a ellas.

7. Fomentar una cultura de ciberseguridad en Andalucía basada en la confianza digital impulsando el talento especializado, la capacitación del personal empleado público y del tejido empresarial, y la concienciación de la ciudadanía.

Tercero. Contenido de la II Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2027-2030.

La Estrategia incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1. Un análisis del contexto y de la evolución de la ciberseguridad en Andalucía.

2. Un diagnóstico de la situación de partida, desde una perspectiva interna y externa, que incorpore la evaluación del grado de ejecución y de los resultados de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, prorrogada durante 2026, y permita realizar un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).

3. La definición de los objetivos estratégicos que deberán alcanzarse durante el periodo de vigencia de la Estrategia.

4. La definición de las líneas de trabajo y de las actuaciones que deberán acometerse para alcanzar los objetivos establecidos.

5. La definición del modelo de gobernanza de la Estrategia.

6. El establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia.

7. La estimación de la dotación presupuestaria prevista para su ejecución, sin perjuicio de su concreción en los correspondientes instrumentos presupuestarios.

Cuarto. Proceso de elaboración y aprobación.

La Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, a través de la Agencia Digital de Andalucía, será la responsable de coordinar e impulsar la elaboración de la Estrategia. El proceso de elaboración será el siguiente:

1. La Agencia Digital de Andalucía elaborará un borrador de la Estrategia. Para ello contará con la participación de aquellas Consejerías y entidades con competencias en el ámbito de la confianza y seguridad digital, el gobierno abierto, las empresas, la salud, el empleo y la educación, sin perjuicio de que, durante la elaboración de la Estrategia, se incorporen otras Consejerías y entidades si fuese necesario. Así mismo, la Agencia Digital de Andalucía podrá ser asesorada por personas expertas y referentes en esta materia.

2. El borrador de la Estrategia será sometido al trámite de información pública por un plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 30.2 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se anunciará en el apartado correspondiente de la sección de transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

3. Asimismo, se recabarán los informes preceptivos exigidos por la normativa general de aplicación.

4. Una vez examinadas las aportaciones recibidas y recabados los informes preceptivos, la Agencia Digital de Andalucía propondrá a la persona titular de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública el texto de la Estrategia, que se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Quinto. Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública para adoptar los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de este acuerdo.

Sexto. Eficacia.

El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.