El Ministerio de Justicia seguirá trabajando por los derechos de las personas con discapacidad

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, ha participado en la inauguración de las Jornadas Derecho a decidir con apoyos organizadas por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, con las que se pretende crear un foro de debate entre agentes jurídicos y sociales en torno a los derechos de las personas con discapacidad intelectual cuya capacidad jurídica ha sido modificada.

En su intervención, Sánchez-Cortés, ha recordado las reformas que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia en la X Legislatura en el marco de la Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, que sirve como referencia para las políticas públicas que se desarrollen en España en materia de discapacidad. Entre ellas, ha destacado la suspensión por un plazo de dos años de los desahucios que afectan a familias con algún miembro con discapacidad superior al 33% y el aumento de las penas en los casos de delitos que afecten a personas discapacitadas, cuyos derechos se ven reforzados gracias al Estatuto de la Víctima del Delito, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La secretaria de Estado ha recordado asimismo, que se ha suprimido la exclusión de ciegos, sordos y mudos como testigos en los testamentos, así como la referencia a las personas que no están en su sano juicio. Desde el punto de vista de la integración en el ámbito de la función pública, se ha elevado al 7% el cupo para personas con discapacidad. Este Gobierno, ha explicado, también ha tenido en cuenta a los menores con discapacidad, a los que se les han reforzado los apoyos especializados en los procesos judiciales y en los casos en los que deban ingresar en centros específicos de protección.

Además, el nuevo baremo de accidentes de circulación incrementa la protección a las víctimas mediante una indemnización suficiente y con una rápida resolución de los conflictos. Se reconoce, asimismo, el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato y a quienes, a causa de un accidente, acrediten secuelas permanentes y requieran de ayuda para las actividades de la vida diaria.

Para Sánchez-Cortés, la defensa de las personas con discapacidad debe ser una obra permanente, por lo que se ha comprometido a seguir trabajando para que las futuras leyes incluyan mejoras en torno a la capacidad jurídica, al acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva. En esa línea, ha hecho un llamamiento al diálogo y al consenso entre todos los agentes jurídicos y sociales para construir una Estrategia Nacional de Justicia que impulse una Justicia centrada en las personas.

La celebración de este encuentro coincide con el décimo aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.