El juez prorroga un mes más el secreto de sumario del caso ERE para seguir investigando nuevos delitos

El juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, ha decidido prorrogar durante un mes más el secreto de sumario sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que dictó el pasado día 6 de noviembre con el objetivo de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que solicitó al juez que decretase el secreto sumarial de las actuaciones, petición que fue aceptada por Iván Escalera "teniendo en cuenta que se interesan" por parte de la Guardia Civil "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias" que se interesan.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, tras una reunión mantenida en la mañana de este miércoles con los fiscales Anticorrupción y con agentes de la UCO, el juez Iván Escalera ha decidido prorrogar durante un mes más el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde el pasado 6 de noviembre, y que concluía este mismo jueves, decisión que ha adoptado el sustituto al seguir la juez Mercedes Alaya de baja por enfermedad.

Por medio de un auto dictado el día 6 de noviembre, y consultado por Europa Press, el juez decretó el secreto "total" de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", todo ello a fin de que la UCO "complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento" de los delitos referidos.

De este modo, una vez "examinada" la petición realizada por la UCO "y teniendo en cuenta las evidencias expuestas", el juez consideró "imprescindible" adoptar el secreto de sumario a fin de "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones" que la Guardia Civil "viene efectuando actualmente".

EL OBJETIVO, EVITAR LA "DESTRUCCIÓN" DE PRUEBAS

El juez no detalló en el auto dictado el 6 de noviembre los hechos expuestos por la Benemérita ya que, según entiende, "frustraría la finalidad del secreto ahora decretado, habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma", de manera que "el secreto natural que llevan aparejadas las actuaciones queda desvirtuado y hacen necesario decretar el secreto total".

Así, el juez subrayó que adopta esta medida "ante la posibilidad de que el conocimiento de los hechos expuestos" por la Guardia Civil, "indiciariamente constitutivos de nuevos ilícitos penales, y de las personas implicadas, podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial y judicial", cuya finalidad "no es otra que asegurar el valor constitucional de la Justicia determinando la existencia de delitos y, en su caso, la identidad de sus presuntos autores".

El juez ha prorrogado el secreto de sumario por tiempo no superior a un mes a fin de que la UCO complete las investigaciones iniciadas, de cuyos resultados se dará traslado a las partes una vez se alce el secreto, "a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción".

LA JUEZ ALAYA SIGUE DE BAJA POR ENFERMEDAD

La decisión del juez sustituto se produce cuando la magistrada titular, Mercedes Alaya, se encuentra de baja laboral por enfermedad, baja que se extiende ya desde el pasado 12 de septiembre y que recientemente fue ampliada otros 20 días.

En el tiempo que la juez lleva de baja, el sustituto también ha tomado alguna otra decisión de calado, como rebajar a 50.000 euros la fianza impuesta al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que abonó dicha cantidad y pudo abandonar el 22 de octubre la cárcel de Sevilla-I donde estaba interno desde el mes de marzo.