La Abogacía llama a concentrarse el lunes ante los juzgados de toda España para protestar contra la Ley de Tasas

Pide a Justicia que escuche a todos los operadores jurídicos y abandone "experimentos" que recortan el acceso a la Justicia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha convocado concentraciones de protesta para el próximo lunes ante las sedes judiciales de toda España para exigir la "inmediata" retirada del proyecto de Ley de Tasas impulsado por el Ministerio de Justicia y tramitado por vía de urgencia en el Parlamento.

La Comisión Permanente de la Abogacía ha acordado por unanimidad en una sesión extraordinaria exigir la retirada de este proyecto de ley, que el miércoles llegará al Pleno del Senado, porque consagra "una Justicia de ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la Justicia a un gran número de ciudadanos".

A su juicio, esta iniciativa se ha adoptado por culpa de la "ineficacia" de las reformas acometidas hasta ahora y el "muy presumible empeoramiento de la situación con gravísimas afecciones al Estado de Derecho".

Por todo ello, los Colegios de Abogados convocarán concentraciones de protesta ante las sedes judiciales el próximo lunes a las 12.00 horas.

En este contexto, piden al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón que "aúne voluntades", escuche y "no separe" a todos los operadores jurídicos con el fin de superar el "lamentable" estado de la Administración de Justicia.

MANIFIESTO CON PROPUESTAS PARA MEJORAR LA JUSTICIA

La Comisión ha aprobado por unanimidad un manifiesto en el que expone la necesidad de someter la Justicia a "un exhaustivo estudio y serio e análisis" por parte de quienes conocen en profundidad el día a día de los tribunales.

Insta a "dejar de lado, de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia".

"La hora de las grandes palabras ha terminado hace tiempo y se precisan personas capaces, expertas e imaginativas, que traigan soluciones eficientes y eficaces", indica, para reclamar al Ministerio que se mueva en esta línea.

La Abogacía ha expuesto una serie de propuestas para mejorar la Administración de Justicia, entre las que llama a firmar un "generoso Pacto de Estado" en cuya redacción sean oídos los colectivos profesionales que a diario "padecen" la "precaria" situación de este sector, como son jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores de los tribunales y consumidores y usuarios.

Solicita la participación "real" y "efectiva" de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo. En este punto, exige la retirada del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dicho esto, pide potenciar la independencia de los jueces y el "buen gobierno" del Consejo General del Poder Judicial, así como una Fiscalía autónoma y "una Abogacía libre e independiente".

"ABUSOS" EN MATERIA DE DESAHUCIOS

El manifiesto aborda también el problema de los desahucios. A este respecto, llama a reformar inmediatamente la Ley para superar el "cúmulo de errores y omisiones, abusos o fraudes" sucedido en una materia "tan sensible" para los derechos fundamentales. Emplaza también a fortalecer los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos.

El escrito ahonda en la necesidad de actualizar la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual, manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas, que "son objeto de constantes reducciones porcentuales completamente injustas e indignas".

Para la Abogacía, deberían establecerse también dotaciones adecuadas para el buen funcionamiento de la mediación y del arbitraje para solucionar los conflictos y reducir el colapso judicial. En su opinión, debería ponerse fin "de una vez por todas" a las deficiencias organizativas que ocasionan una sobrecarga de trabajo en los juzgados y suponen "extraordinarias dificultades" para conciliar la vida profesional y familiar de los trabajadores de la Justicia.