La Audiencia vuelve a imputar a los abogados acusados de ocultar el patrimonio de Correa

Admite a trámite un recurso de la Fiscalía, que imputa a Delgado y López Rubal por un delito de blanqueo de capitales

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha vuelto a imputar a los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal en el marco de la causa en la que se investigan las actividades ilícitas de la trama de corrupción 'Gürtel', al considerar que existen indicios de su "relevante contribución al diseño de actos con apariencia de delictivos" para ocultar fuera de España el patrimonio del líder de la red, Francisco Correa.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que atribuye a los dos letrados un delito de blanqueo de capitales, ha admitido de esta forma un recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira de archivar la causa contra los dos imputados.

Aunque el tribunal no ha podido "contrastar específicamente todos y cada uno de los elementos indiciarios incriminatorios" apuntados por el Ministerio Fiscal, sí constata la "certeza y solidez" de sus razonamientos y revoca el auto de archivo al entender que la imputación de los dos letrados estaba "fundada". En este sentido, apunta que existen en el procedimiento conversaciones que implican a los imputados sobre las que no existe "ninguna resolución de invalidez".

La Fiscalía sostiene que tanto Delgado Solís, que defendió a Francisco Correa y su primo, Antoine Sánchez, como López Rubal, que representó a Pablo Crespo y a Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes', "se excedieron del legítimo ejercicio de su profesión de abogados" y, "más allá del asesoramiento legal", intervinieron en "el diseño y ejecución de estrategias dirigida a ocultar el origen y la propiedad del patrimonio" de Correa.

"Salvo que se quieran amparar impunidades, no puede confundirse el derecho de asesorar profesionalmente a un cliente al objeto de aminorar hasta lo legalmente posible las consecuencias adversas de la imputación de un delito, con la realización de conductas dirigidas a eludir las responsabilidades penales y civiles derivadas del ilícito penal", apuntaba el recurso del Ministerio Público.

EVASIÓN DE CAPITALES

En concreto, a los dos abogados se les investiga porque conociendo el "origen ilícito" de los fondos de Correa, utilizaron como testaferro al primo de éste, Antoine Sánchez, para que se hiciera pasar como titular de sus bienes y sociedades, trataron de lograr el permiso de residencia del líder de la trama primero en Panamá y luego en Argentina y desvincularon todas las sociedades de éste del despacho Blanco-Guillamot, que había sido objeto de un registro. De hecho, Delgado y el número dos de la trama, el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, viajaron con este cometido al país centroamericano.

La defensa de los dos letrados argumenta que "en momento alguno" han formado parte de ningún órgano de gestión, administración o dirección de las sociedades investigadas, que no participaron en el movimiento de sus fondos y que sólo diseñaron la "estrategia de defensa" de las personas que fueron imputadas por el juez Baltasar Garzón. Su misión, según esta parte, se limitaba a la de "penalistas" sin desarrollar tareas como "asesores legales ni mercantiles".

Pedreira, que instruyó el 'caso Gürtel' en el TSJM, archivó en diciembre de 2010 la causa que se seguía contra los dos letrados argumentando que "de una lectura reflexiva y resposada de la investigación" no podía deducirse que "estos dos profesionales incurriesen en comportamientos delictivos". "Nos estamos refiriendo a dos profesionales de la abogacía en el ejercicio de la misma que han realizado correctamente su función y ejercicio", afirmaba el juez instructor.

FONDOS EN SUIZA

Del sumario del 'caso Gürtel' se desprendía que el 24 de febrero de 2009 López Rubal mantuvo una conversación con Crespo, en la que éste ordenó al abogado la "ejecución" de los fondos que la red habría ocultado en Suiza, según se apuntaba en varios informes policiales.

Otro de los aspectos recogido en el sumario es que presuntamente los letrados trataron de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas".