El Gobierno dará ayudas por los incendios a 50 municipios de la Comunidad Valenciana

El Gobierno ha cifrado en 50 los municipios de la Comunidad Valenciana que recibirán ayudas para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales establecidas en el real decreto ley aprobado el pasado mes de septiembre.

El Mundo 25.10.12

En concreto, se trata de 38 municipios de la provincia de Valencia, seis de la de Alicante y seis de la de Castellón, según la orden del Ministerio del Interior que publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

Los municipios a los que se aplicarán las ayudas son, en la provincia de Alicante, los de Alcoy, Benifallim, Benimantell, L'orxa, La Torre de les Maçanes y Penàguila, mientras que en la de Castellón es el caso de Altura, Bejís, Jérica, Sacañet, Teresa y Viver.

En la provincia de Valencia serán los municipios de Ador, Alborache, Alcublas, Alfauir, Andilla, Benagéber, Carlet, Castellonet de la Conquesta, Catadau, Chelva, Chiva, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Estubeny, Llíria, Llocnou de Sant Jeroni, Llombai, Macastre, Manuel, Millares, Montesa y Montichelvo.

También se aplicará el real decreto a Montroy, Ontinyent, Real, Riba-roja de Túria, Senyera, Tavernes de la Valldigna, Terrateig, Torrent, Tous, Tuéjar, Turis, Vallanca, Vilamarxant, Villalonga, Villar del Arzobispo y Yátova.

La orden señala que el real decreto-ley del pasado 7 de septiembre por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias autonomías establecía que una orden determinaría los términos municipales a los que se aplicará.

El Ministerio expone que la "gran cantidad y diversidad de comunidades autónomas (doce) y provincias afectadas (veintinueve)" a las que serán de aplicación las medidas ha implicado "un esfuerzo de depuración para determinar, con el nivel de concreción necesario", los municipios siniestrados.

"Un empeño tan ambicioso, a pesar de todos los recursos dedicados al mismo, tiene como consecuencia un retraso en la inmediatez de la aprobación de esta norma, pero que ve justificado y compensado por la obligación de los poderes públicos de no olvidar a los ciudadanos" que necesitan su ayuda, recoge la orden.