Sin temor a tomar medidas; por Enrique López, Magistrado

El día 16 de octubre de 2012, se ha publicado en el Diario La Razón, un artículo de Enrique López, en el que el autor habla del deterioro que sufre la imagen de determinadas instituciones públicas en España.

SIN TEMOR A TOMAR MEDIDAS

Los datos muestran la insatisfacción de una mayoría de la población con las penas vigentes.

En los últimos años se ha producido un cierto deterioro de la imagen de todas las instituciones públicas españolas. El alargamiento de la crisis económica y sus enormes consecuencias sociales han devaluado la confianza de los españoles en todas sus instituciones, incluida la Administración de Justicia. Pero la actividad social, política y judicial continúa con la crisis económica. En estos momentos, otoño del año 2012, España tiene abierto un debate político y técnico sobre en qué temas sería conveniente reformar el Código Penal. Un asunto que esencialmente se está centrando en la tipificación de nuevos delitos y en el cambio de las penas asociadas a muchos delitos ya tipificados.

Desde el Observatorio sobre la Actividad de la Justicia hemos querido generar un instrumento de reflexión que enriquezca el debate que el Gobierno de España ha abierto al anunciar esta iniciativa. El Código Penal es un instrumento legal de extraordinaria importancia en una sociedad que deposita con carácter exclusivo la resolución de los conflictos penales a la ley y, en última instancia, a la decisión judicial. Los datos del III Barómetro muestran, sin duda, la insatisfacción de una mayoría de la población con las penas vigentes en el Código Penal para algunos delitos de enorme referencia en un sistema penal. En concreto, a una mayoría por encima del 60% les parece que el Código Penal considera penas de prisión insuficientes para delitos de enorme importancia como la violación, el asesinato, los incendios forestales o la malversación de dinero público. El sentimiento expresado por los españoles en la encuesta y los cambios que se han producido en el modo de criminalidad en los últimos 20 años en España, unido a una mayor sensibilidad social, justifica un reexamen del Código Penal de 1976, y todo ello, sin temor a adoptar medidas que tiendan a hacer mucha más eficaz la respuesta penal ante los crímenes más graves. A su vez, considero que la Audiencia Nacional tiene un papel predominante en la lucha contra el crimen organizado y debe tenerlo mucho más en el futuro

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