La reforma local toma nuevo impulso y la FEMP prevé reunir a sus portavoces

La reforma de la Administración Local, que previsiblemente se aprobará en septiembre, podría tomar un nuevo impulso en los próximos días cuando se reúna la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para debatir las alegaciones al anteproyecto y consensuar un texto único.

ABC.es. 20.08.2012

Así lo han expresado a Efe fuentes de la FEMP, que han asegurado que en lo que va de mes no ha habido reuniones y sí conversaciones telefónicas aunque la convocatoria de la Junta de Portavoces, con un representante de cada partido político, abriría un escenario nuevo.

El objetivo de la FEMP es alcanzar el consenso entre todos los grupos políticos por lo que una reunión reabre el debate que cobrará toda su intensidad en la última semana de agosto.

El pasado 30 de julio, los ayuntamientos se comprometieron con el Gobierno central a cumplir el déficit cero en 2013, 2014 y 2015, y fijar su techo de deuda en el 3,8 por ciento del PIB, pero también acordaron con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una negociación sobre la reforma de la Administración local.

Este acuerdo fue alcanzado en el marco de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) que avanzó entonces que se celebraría una nueva reunión en septiembre, tras las negociaciones de agosto, para abordar ya de manera directa el anteproyecto de Ley.

En esa reunión el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, animó a las corporaciones locales a seguir con sus esfuerzos y "eliminar las entidades públicas que no tienen ningún sentido económico", además de seguir trabajando en la "correcta financiación" de la economía española.

En este proceso de reforma de la Administración local abierto por el Gobierno, una de las claves es plantear la posibilidad de aumentar la participación de los municipios en los ingresos de las comunidades autónomas, según reveló recientemente el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna.

El anteproyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros en el mes de julio, clarifica las competencias de los ayuntamientos, elimina las mancomunidades, suprime el 30 por cien de los concejales y, en definitiva, reduce las estructuras políticas y burocráticas